Las pruebas de los supuestos asesinatos masivos de sudafricanos blancos que Donald Trump prresentó a su homólogo de Sudáfrica en una tensa reunión en la Casa Blanca el miércoles eran, en algunos casos, imágenes de la República Democrática del Congo, o imágenes de la propia Sudáfrica, pero que nada tenían que ver.

“Todos son agricultores blancos que están siendo enterrados”, señaló Trump, mostrando una copia impresa de un artículo acompañado de una foto durante la polémica reunión en el Despacho Oval con el presidente Cyril Ramaphosa. La imagen que acompañaba al artículo era una captura de pantalla de un video publicado por Reuters el pasado 3 de febrero y posteriormente verificado por el equipo de la agencia de noticias; en ella se veían trabajadores humanitarios levantando bolsas que contenían cadáveres en la ciudad congoleña de Goma (este). La imagen fue extraída de un video de Reuters grabado tras los cruentos combates con los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda.

La Casa Blanca no ha respondido a las preguntas de Reuters sobre el empleo de esas imáganes.

Durante la reunión, Trump también tendió una emboscada a Ramaphosa reproduciendo un vídeo que, según el mandatario, demostraba que se estaba cometiendo un genocidio contra la población blanca de Sudáfrica. En ese vídeo había imágenes que, según Trump, mostraban las tumbas de más de mil agricultores blancos, marcadas con cruces blancas.

Las imágenes, tomadas en una carretera que conecta las pequeñas localidades de Newcastle y Normandein en Sudáfrica, eran de un lugar conmemorativo, de hecho. Rob Hoatson, quien erigió el monumento para captar la atención del público, ha declarado a la cadena BBC que no es un cementerio: “Era un monumento conmemorativo. No era un monumento permanente, era un monumento temporal”, ha explicado. Fue eregido tras el asesinato de dos agricultores afrikáneres (blancos de origen europeo) en esa zona.

El video reproducido por Trump el miércoles contenía varias falsedades e inexactitudes, con el objetivo de respaldar su ofrecimiento de “asilo” a los agricultores blancos perseguidos, lo que ha indignado al Gobierno sudafricano, que niega las acusaciones. La Casa Blanca afirmó que las imágenes eran pruebas del genocidio de agricultores blancos en Sudáfrica. Esta teoría de la conspiración, que ha circulado entre la extrema derecha durante años, se basa en afirmaciones falsas.

En esa grabación aparecía Julius Malema, un político incendiario conocido por su retórica radical, con la boina roja de su partido populista de inspiración marxista, los Luchadores por la Libertad Económica (EFF), coreando llamamientos a “cortarle el cuello a la blancura”, así como una controvertida canción antiapartheid: “Maten al bóer, maten al agricultor”.

Trump afirmó falsamente que Malema era un funcionario del Gobierno, insinuando que sus lemas incendiarios reflejaban una política oficial contra la minoría blanca de Sudáfrica, pero lo cierto es que es un político de la oposición que cobró relevancia al promover reformas radicales, como la redistribución de tierras y la nacionalización de sectores económicos clave.

El partido quedó en cuarto lugar en las elecciones del año pasado en Sudáfrica, con el 9,5% de los votos. Durante la reunión en el Despacho Oval, Ramaphosa y su delegación se distanciaron del discurso de Malema. El ministro de Agricultura, John Steenhuisen, miembro de la Alianza Democrática de centroderecha, dijo a Trump que él se unió a la coalición multipartidista de Ramaphosa “precisamente para mantener a esta gente fuera del poder”.

Ramaphosa visitó Washington esta semana para intentar mejorar las relaciones con Trump tras sus persistentes críticas de las políticas de Pretoria y después de la llegada a EEUU de medio centenar de afrikáneres —como se conoce a los descendientes de los antiguos colonos neerlandeses– bajo la categoría de “refugiados”.

Con información de las agencias Reuters y AFP

Ataque de India con misiles sobre territorio de Pakistán. Un portavoz del Ejército paquistaní ha afirmado que India ha lanzado este martes por la noche misiles contra varias zonas del país. Según la agencia Reuters, varios testigos informaron de fuertes explosiones en la región de Cachemira administrada por Pakistán, cerca de las montañas que rodean la ciudad de Muzaffarabad, poco después de la medianoche del martes, hora local. Tras las detonaciones, la ciudad quedó sin suministro eléctrico, según los mismos testigos. Según The Guardian, un portavoz militar ha informado de 26 civiles muertos y 46 heridos.

El ataque se produce en medio de una escalada de tensión entre India y Pakistán, tras el atentado registrado el pasado 22 de abril en Cachemira, en el que murieron 26 ciudadanos indios y al menos otras 10 personas más resultaran heridos, cuando los atacantes abrieron fuego en un popular destino turístico.

La región de Cachemira es objeto de disputa entre la India y Pakistán desde la partición de los dos países del Imperio británico en 1947. Ambos países han librado varias guerras y otros enfrentamientos de menor entidad por el control de este territorio.

Desde 1989, la región se ha sumergido en una revuelta armada contra el dominio de Nueva Delhi, un conflicto en el que han muerto decenas de miles de personas, mientras que India acusa a Pakistán de ser cómplice de la insurgencia e Islamabad lo niega.

India afirma haber atacado nueve objetivos en Pakistán

Las fuerzas armadas indias confirmaron que atacaron nueve ubicaciones en Pakistán y en la región de Jammu y Cachemira bajo administración paquistaní, como parte de la denominada “Operación Sindoor”.

“Hace unos momentos, las Fuerzas Armadas de la India lanzaron la ‘OPERACIÓN SINDOOR’, que ha golpeado infraestructuras terroristas en Pakistán y en Jammu y Cachemira bajo ocupación paquistaní, desde donde se han planeado y dirigido ataques terroristas contra India”, señaló el comunicado oficial. “En total, se han alcanzado nueve objetivos”, añade el texto.

Las autoridades indias aseguraron que se tratan de acciones “precisas, mesuradas y de carácter no escalatorio”, y que “no se atacaron instalaciones militares paquistaníes”. Además, subrayaron que “India ha mostrado una considerable contención en la selección de objetivos y en el método de ejecución”.

La ofensiva, según el comunicado, se produce en respuesta al “salvaje” atentado en Pahalgam, Cachemira. En una publicación en X (antes Twitter), el Ejército indio escribió: “Se ha hecho justicia” y “¡Jai Hind!”, junto al hashtag #PahalgamTerrorAttack, en referencia al ataque que mató a 26 personas el mes pasado.

Los servicios de inteligencia indios indicaron la previsión de nuevos ataques contra la India, provenientes de módulos terroristas con base en Pakistán, lo que creó una “obligación tanto de disuadir como de prevenir”, según el secretario de Relaciones Exteriores indio, Vikram Misri.

Pakistán asegura que derriba cinco aviones indios

El portavoz militar paquistaní, citado por ARY News, declaró que India disparó misiles desde su espacio aéreo, impactando en las zonas de Kotli, Muzaffarabad y Bahawalpur. Añadió que la Fuerza Aérea de Pakistán respondió de inmediato, activando sus sistemas de defensa y evitando que aviones indios penetraran en su espacio aéreo.

“Lo diré sin rodeos: Pakistán responderá a esto en el momento y lugar que considere apropiado. Esta atroz provocación no quedará sin respuesta”, declaró el teniente general Ahmed Sharif Chaudhry, según cita el diario Dawn. Horas después, la cuenta de X del gobierno pakistaní informó del derribo de cinco aviones indios como respuesta “contundente y apropiada”.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, calificó el ataque indio de “cobarde”, e insistió en que Pakistán estaba respondiendo de manera “firme”.

Diez civiles muertos por disparos

Por otra parte, los disparos entre tropas indias y paquistaníes en la frontera de facto entre ambos países en Cachemira dejaron al menos otros 10 civiles muertos entre la noche del martes y las primeras horas del miércoles, según una fuente militar consultada por EFE. Además de los fallecidos, varias personas resultaron heridas y viviendas situadas cerca de la línea de frontera sufrieron daños, especialmente en el sector de Uri, en el norte de Cachemira, según informó a la agencia un residente local por teléfono.

La ONU ha expresado su preocupación por la operación india y ha llamado a la calma. “El secretario general [António Guterres] está muy preocupado por las operaciones militares indias a lo largo de la Línea de Control y la frontera internacional. Llama a las dos partes a ejercer la máxima contención”, ha dicho un portavoz. “El mundo no se puede permitir un enfrentamiento militar entre India y Pakistán”, subrayó. Similares llamadas a la calma se han producido desde China (que también tiene disputas territoriales con India en el noreste de Cachemira), Rusia, Francia o Reino Unido.

Dos sospechosos han sido arrestados en relación con el robo, la semana pasada, del bolso de la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, mientras comía en un restaurante de Washington DC, informaron las autoridades este domingo.

El bolso de Noem fue sustraído el domingo 13 de abril y, según los informes, contenía unos 3.000 dólares (unos 2.790 euros) en efectivo, además de sus llaves, carné de conducir, pasaporte y placa del Departamento de Seguridad Nacional. El departamento explicó que Noem llevaba efectivo para pagar regalos, cenas y otras actividades familiares durante la Semana Santa.

Según un comunicado de Matt McCool, agente del Servicio Secreto en Washington, un sospechoso fue detenido sin incidentes en la capital tras una investigación conjunta del Servicio Secreto de EEUU y del Departamento de Policía Metropolitana.

La detención se produjo el sábado, según indicó el departamento de policía.

En una declaración oficial, McCool describió al sospechoso como un “delincuente reincidente” y señaló que no había indicios de que Noem hubiera sido atacada debido a su cargo.

El Departamento de Policía Metropolitana señaló que, gracias a pruebas de vídeo, el sospechoso también estaba vinculado a otros dos robos de bolsos en restaurantes de Washington ocurridos este mismo mes. El sospechoso fue acusado de robo por estos otros incidentes.

Noem dio las gracias a las agencias de seguridad “por encontrar y arrestar al delincuente que robó mi bolso el Domingo de Pascua mientras compartía una comida con mi familia”.

“Este individuo es un delincuente habitual que ha estado en nuestro país de manera ilegal durante años”, añadió Noem en un comunicado. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a la petición de más detalles sobre el estatus migratorio del sospechoso.

Más tarde el domingo, el Servicio Secreto informó de que un segundo sospechoso, presuntamente cómplice en el robo del bolso de Noem y en otros hurtos, había sido arrestado en Miami con la colaboración de la policía de Miami Beach y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE).

La administración de Donald Trump ha abierto investigaciones sobre las importaciones de productos farmacéuticos y semiconductores como parte de un plan para imponer aranceles a ambos sectores “por motivos de seguridad nacional”, según muestran avisos publicados este lunes en el Registro Federal a los que ha tenido acceso la agencia Reuters.

Los documentos, que se publicarán oficialmente este miércoles, establecen un plazo de 21 días a partir de esa fecha para la presentación de comentarios públicos sobre el tema, e indican que la administración tiene la intención de aplicar los gravámenes bajo la autoridad que le otorga la Ley de Expansión Comercial de 1962. Estas investigaciones deben completarse en un plazo de 270 días tras su anuncio.

La administración de Trump ya ha iniciado estudios, en el marco de la sección 232 –aranceles para proteger la seguridad nacional–, sobre las importaciones de cobre y madera. Las gestiones realizadas durante el primer mandato de Trump sirvieron de base para los aranceles aplicados desde su regreso a la Casa Blanca en enero, en sectores como el acero, el aluminio y la industria automotriz.

EEUU comenzó a aplicar aranceles a estos sectores del 10% sobre las importaciones el 5 de abril. Los productos farmacéuticos y los semiconductores están exentos de esos gravámenes de momento, pero Trump ha declarado que ambos sectores sufrirán aranceles específicos.

Trump afirmó el domingo que anunciará en el transcurso de la próxima semana un arancel para los semiconductores importados, y agregó que habrá cierta flexibilidad con algunas empresas del sector.

EEUU depende en gran medida de semiconductores importados desde Taiwán, algo que el entonces presidente, Joe Biden, intentó revertir otorgando miles de millones de dólares a través de la Ley de Chips, para atraer a los fabricantes a ampliar su producción dentro del país.

La investigación anunciada este lunes incluirá tanto medicamentos como ingredientes farmacéuticos, así como otros productos derivados.

Las compañías farmacéuticas han advertido que los aranceles podrían aumentar el riesgo de desabastecimiento y reducir el acceso de los pacientes a los medicamentos. Aun así, Trump ha defendido la imposición de estos recargos, argumentando que EEUU necesita fortalecer su capacidad de producción interna para no depender del suministro extranjero.

Las empresas del sector han presionado a Trump para que los aranceles a los productos farmacéuticos importados se apliquen de forma gradual, con el objetivo de amortiguar su impacto y ganar tiempo para trasladar parte de la producción.

Los grandes laboratorios cuentan con redes de producción globales, principalmente en EEUU, Europa y Asia, y trasladar una mayor parte de la producción al territorio estadounidense requeriría una inversión considerable de recursos y podría llevar varios años.

Donald Trump anunció el nombramiento de Peter Navarro el pasado diciembre a través de Truth Social, su red social, como hizo con muchos otros, en su manera poco convencional de presentar a los miembros del gabinete. “Me complace anunciar que Peter Navarro, un hombre que fue tratado horriblemente por el 'Estado profundo', o como quieran llamarlo, asumirá como mi consejero principal para Comercio e Industria”, dijo Trump en la publicación.

Trump calificó a Navarro como “tenaz”, dijo que ayudó a renegociar acuerdos de libre comercio y que su enfoque se centraría en los aranceles, una de sus principales promesas de campaña.

Y así ha sido. Aunque no para gusto del resto del mundo, incluidos algunos de sus propias filas, como el hasta ahora protegido por Trump, Elon Musk, quien ha protagonizado una disputa cargada de insultos en redes sociales con Navarro, en su calidad de artífice de la guerra arancelaria.

En respuesta a un vídeo que Navarro publicó explicando los motivos de la administración para los aranceles, Musk atacó el máster en Economía de Navarro por la Universidad de Harvard. Hizo lo mismo en respuesta a un comentarista que elogió el vídeo de Navarro, escribiendo: “Este tipo no ha construido ni una mierda”.

“Esto son cosas de chicos”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser preguntada al respecto en una rueda de prensa.

Así, la guerra entre Musk y Navarro sigue abierta, después de que, en unas declaraciones a NBC News, Navarro señalara que en la Casa Blanca y entre la población estadounidense entienden que Elon Musk es “un fabricante de coches”.

“Pero él no es un fabricante de automóviles. Es un ensamblador de automóviles”, añadió el asesor en declaraciones a NBC News, en las que destacaba que los componentes de sus coches provienen de distintas partes del mundo, como China, Taiwán o Japón.

Navarro insistió en que, aunque Musk desee “componentes extranjeros baratos”, el Gobierno, por el contrario, aspira a que los coches se fabriquen enteramente en Estados Unidos, citando la economía del país y su seguridad nacional.

En respuesta a un vídeo donde se recogían estas declaraciones, Musk aseguró que lo que dice Navarro es “demostrablemente falso” y añadió que “Tesla tiene la mayoría de sus coches fabricados en Estados Unidos”.

“Según cualquier definición, Tesla es el fabricante de automóviles más verticalmente integrado de Estados Unidos, con el mayor porcentaje de contenido estadounidense”, insistió en otra publicación dentro del mismo hilo en X.

“Navarro debería preguntar al falso experto que inventó, Ron Vara”, concluyó.

Navarro, ex presidiario

Lo que no mencionó directamente Trump en su anuncio al nombrarlo para esta legislatura es la condena a cuatro meses de prisión que recibió Navarro, después de que se negara a cooperar con el comité de la Cámara de Representantes que investigaba la insurrección del 6 de enero. Apeló su caso hasta llegar al Tribunal Supremo, aunque fue rechazado en todas las instancias. Navarro aseguró que su caso no trataba sobre la autoridad del Congreso, sino sobre un ataque contra el poder Ejecutivo.

“Esto no va de mí”, dijo Navarro al entregarse en una cárcel de Miami. Y afirmó que su procesamiento fue “un ataque sin precedentes contra la separación constitucional de poderes y contra la doctrina del privilegio ejecutivo, una herramienta crítica que se remonta a George Washington para una toma de decisiones presidencial eficaz”.

El libro de Navarro, The New Maga Deal: The Unofficial Deplorables Guide to Donald Trump’s 2024 Policy Platform, se publicó el 16 de julio de 2024, un día antes de salir de prisión. En su relato sobre el asalto al Capitolio de EEUU el 6 de enero de 2021 —el punto culminante del intento de subvertir las elecciones, en el que desempeñó un papel central—, Navarro comete errores y omisiones.

“Mucha de la violencia del ‘J6’”, escribe, “... no fue instigada por simpatizantes de Trump, sino por agentes provocadores —incluidos informantes del FBI”.

Tal como han documentado fuentes como Poynter, un grupo apartidista de verificación de hechos, no hay evidencia de que el FBI haya orquestado el 6 de enero.

Navarro también afirma que “la violencia del J6 aparentemente fue facilitada por agentes de policía del Capitolio, algunos de los cuales retiraron barricadas y saludaron a los manifestantes para que pasaran”.

Daniel Dale, verificador de hechos de CNN, ha escrito: “La afirmación de que los manifestantes fueron invitados a entrar al Capitolio es falsa… alrededor de 140 agentes de policía fueron agredidos mientras intentaban detener a la turba. Hubo enfrentamientos que duraron horas... decenas de oficiales lucharon cuerpo a cuerpo contra los manifestantes en un esfuerzo desesperado por mantenerlos fuera del edificio”.

Navarro asegura que Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara, “rechazó los 10.000 efectivos de la Guardia Nacional que Trump solicitó antes del J6”.

Como escribió Politico en respuesta a la versión de Trump sobre este mismo tema durante su debate con Joe Biden: “Trump nunca hizo tal ofrecimiento, y Pelosi nunca lo rechazó, como afirmó Trump. El alto mando militar ha confirmado que no se hizo ninguna oferta formal, a pesar de algunos comentarios privados en los días previos al 6 de enero”.

Navarro luego comete dos errores especialmente chocantes respecto a seguidores de Trump que murieron en el Capitolio. Afirma que Rosanne Boyland fue “golpeada hasta la muerte por la policía del Capitolio”, si bien Boyland murió aplastada. Videos que supuestamente muestran a policías golpeándola han sido desacreditados.

Navarro, inventor de “Ron Vara”

The New Maga Deal no es el primer libro de Navarro. El anterior, Taking Back Trump’s America: Why We Lost the White House and How We’ll Win It Back, se publicó en 2022. Para entonces, Navarro ya era una figura controvertida.

Antes de entrar en el mundo Trump, fue un economista con doctorado en Harvard, activista ambiental, crítico acérrimo de China y frustrado candidato político, que llegó a publicar trabajos citando a “Ron Vara”, un supuesto experto cuyo nombre era un anagrama de su apellido.

Eso no impidió que fuera nombrado asesor de Trump.

En 2016, Navarro fue designado jefe del Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca y director de políticas comerciales e industriales.

Alcanzó mayor notoriedad en 2020, durante la caótica respuesta a la pandemia de COVID-19, y como uno de los principales arquitectos del intento de Trump por revertir su derrota frente a Biden.

Las declaraciones de Navarro sobre sus esfuerzos para cambiar los resultados en estados clave —especialmente a través de un plan que llamó “Green Bay sweep”— lo pusieron en el punto de mira del comité del Congreso sobre el 6 de enero.

Alegando que su trabajo para Trump estaba protegido por el privilegio ejecutivo, Navarro se negó a cooperar. Un jurado en Washington no estuvo de acuerdo y lo condenó en septiembre de 2023. Fue sentenciado en enero de 2024; su apelación al Tribunal Supremo de EEUU fue rechazada en marzo, y Navarro ingresó en una prisión de Florida. Mientras lo hacía, promocionaba su libro.

En The New Maga Deal —cuyo título alude al lema “Make America Great Again” de Trump—, Navarro intenta “articular claramente lo que representa Maga”, en sus palabras, un “triángulo de hierro del nacionalismo económico populista” que busca “solo paz, prosperidad y seguridad nacional”.

Al delinear lo que considera deberían ser las prioridades legislativas para el segundo mandato de Trump, Navarro incluye aportaciones de Russ Vought, exdirector de la Oficina de Administración y Presupuesto de Trump; el abogado ultra Mike Davis; y Frank Gaffney, analista de seguridad nacional conocido por sus ideas islamófobas.

La introducción está escrita por Steve Bannon: al igual que Navarro, exasesor de Trump en la Casa Blanca y condenado por cargos criminales.

Y también como Navarro, Bannon pasó por una prisión federal, tras haber sido condenado por desacato al Congreso por negarse a colaborar con el comité del 6 de enero. También sentenciado a cuatro meses, el exestratega jefe de la Casa Blanca comenzó su condena en Connecticut en julio.

En el libro, Bannon afirma que la obra de Navarro ofrece a los lectores “lecciones aprendidas del rock star del primer mandato de Trump… estimulante de leer, energizante de pensar… Bravo, hermano Navarro”.

James Boasberg, el juez federal cuya destitución pide Donald Trump por los procedimientos judiciales relacionados con su política de expulsar a venezolanos a El Salvador sin garantías, está llevando a cabo una vista sobre una demanda presentada por el llamado “Signalgate”.

Trump se quejó de Boasberg este jueves por la mañana, con un extenso ataque en Truth Social en el que calificó la asignación del juez como “vergonzosa” y le acusó de parcialidad en su contra.

“Boasberg, quien es el juez principal del Tribunal del Distrito de DC, parece estar quedándose con todos los ‘casos de Trump’ para él solo, aunque se supone que no debería ser así”, escribió Trump, y añadió: “La buena noticia es que probablemente no importe, porque es prácticamente imposible para mí obtener un fallo honesto en D.C. ¡Los tribunales de nuestra nación están rotos, con Nueva York y D.C. siendo los más destacados en corrupción y radicalismo! ¡Debe haber una investigación inmediata de este sistema amañado antes de que sea demasiado tarde!”.

Politico informa de que Boasberg ha comenzado su vista del jueves con “una explicación detallada del proceso de asignación aleatoria de casos, enfatizando que él no solicitó ni obtuvo este caso de manera proactiva”.

Boasberg también ha “ordenado a las agencias que participaron en el chat de Signalgate que conserven todos los mensajes de Signal entre el 11 y el 15 de marzo y que proporcionen una actualización al tribunal sobre sus gestiones para hacerlo”.

“Signalgate” se refiere al caso del chat grupal sobre ataques aéreos en Yemen entre altos asesores de seguridad nacional, que contenía información clasificada, y al que el asesor de seguridad nacional Mike Waltz agregó por error a Jeffrey Goldberg, editor de The Atlantic Monthly.

Demanda

La demanda por “Signalgate”, vista por el juez James Boasberg en Washington DC este jueves por la tarde, fue presentada por American Oversight, un grupo independiente de defensa de la transparencia.

El grupo explicó que su moción para una orden de restricción temporal (TRO, por sus siglas en inglés) buscaba obligar a la administración Trump “a detener de inmediato cualquier destrucción adicional de registros federales de vital importancia relacionados con el uso de Signal por parte de la administración para discutir planificación militar”.

“La moción solicita al tribunal que ordene a los demandados —el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el director de la CIA, John Ratcliffe; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; y el secretario de Estado y archivista interino, Marco Rubio— que cumplan con sus obligaciones legales bajo la Ley de Registros Federales”.

Rubio es efectivamente el archivista nacional interino, además de secretario de Estado y jefe de USAID.

Chioma Chukwu, directora ejecutiva interina de American Oversight, declaró: “Utilizar aplicaciones de mensajería con función de autodestrucción para planificar operaciones militares altamente sensibles no es solo un problema de transparencia, sino una crisis de seguridad nacional y, potencialmente, un delito. Estos funcionarios eligieron plataformas diseñadas específicamente para no dejar rastro de decisiones que pueden costar vidas y afectar la estabilidad global”.

Cuatro soldados del ejército de Estados Unidos murieron en Lituania durante un entrenamiento, según informó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mientras visitaba Varsovia este miércoles.

“Justo mientras hablaba, salió la noticia sobre cuatro soldados estadounidenses que han muerto en un incidente en Lituania”, dijo Rutte a los periodistas, agregando que no conocía los detalles.

El ejército de Lituania informó más previamente que estaban buscando a cuatro soldados de EEUU y un vehículo blindado que habían desaparecido el martes por la tarde.

Un comunicado de la oficina de asuntos públicos del ejército de EEUU en Europa y África, con sede en Wiesbaden, Alemania, indicó que los soldados estaban llevando a cabo un entrenamiento táctico programado en ese momento.

“Se ha identificado una posible zona y se ha puesto en marcha una operación de búsqueda y rescate”, informó el ejército lituano en un comunicado, que añadió que se proporcionará más información a medida que hubiera novedades.

La emisora pública lituana LRT informó de que cuatro soldados de EEUU y un vehículo fueron catalogados como desaparecidos el martes por la tarde durante un ejercicio en el campo de entrenamiento General Silvestras Žukauskas, en Pabradė, una localidad situada a menos de 10 km de la frontera con Bielorrusia.

Los países bálticos de Lituania, Letonia y Estonia son miembros de la OTAN y han mantenido relaciones frías con Rusia, un aliado clave de Bielorrusia, desde que declararon su independencia de la Unión Soviética en 1990.

Las relaciones se deterioraron aún más tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, y el presidente lituano, Gitanas Nausėda, ha sido uno de los más firmes defensores de Ucrania en su lucha contra las fuerzas rusas.

Una jueza federal bloqueó este jueves que el llamado departamento de eficiencia gubernamental (DOGE), de Elon Musk, pudiera acceder a los registros de la Seguridad Social en su búsqueda de fraude y despilfarro bajo la administración de Donald Trump, calificando el empeño como una “expedición de pesca”.

La jueza Ellen Hollander concedió una orden de restricción temporal que impide a los trabajadores de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) permitir que el DOGE acceda a registros que contienen información personal identificable.

Musk, el hombre más rico del mundo y un gran mecenas político para Trump, ha sido encargado por el presidente de EEUU de reducir costes y empleados en el gobierno federal, una misión que ha causado caos y disrupción en todo el país debido a despidos masivos y a la cancelación de numerosos proyectos y contratos gubernamentales.

La administración de Trump afirma que el DOGE cuenta con un equipo de 10 empleados federales en la SSA, de los cuales siete han recibido acceso de solo lectura a los sistemas de la agencia o a información personal identificable.

La demanda que impugna el acceso de DOGE a estos registros sensibles fue presentada en febrero por la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (AFSCME, por sus siglas en inglés), la Alianza para los Jubilados de América y la Federación Estadounidense de Maestros.

Los abogados del gobierno argumentaron que el acceso de Doge no se desviaba significativamente de las prácticas normales dentro de la agencia, donde los empleados suelen tener permitido buscar en sus bases de datos. Sin embargo, los abogados de los demandantes calificaron este acceso como algo sin precedentes.

En su fallo, Hollander también ordenó a Doge “devolver y eliminar” cualquier dato no anonimizado obtenido de la SSA desde la llegada de Trump al poder y declaró que la agencia no puede instalar ni acceder a ningún software en los sistemas de Seguridad Social.

Los pagos de la Seguridad Social son un sustento vital para millones de estadounidenses mayores en todo el país, y cualquier intento de recortar el sistema es un campo político minado. No obstante, Musk ha afirmado –sin aportar pruebas– que el sistema está plagado de fraudes.

Un juez federal ha dictaminado este martes que Elon Musk y su llamado “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE) probablemente violaron la Constitución de EEUU al cerrar USAID, ordenando a la administración de Trump revertir algunas de las acciones que tomó para desmantelar la agencia.

La decisión del juez de distrito de EEUU Theodore Chuang representa un revés significativo para la emblemática operación del gobierno destinada a desmantelar las oficinas federales.

Como parte de una orden judicial que obliga a la administración de Trump a dar marcha atrás, el juez ha detenido los trabajos para despedir a funcionarios y contratistas de USAID y ha ordenado restablecer el acceso de los exempleados a sus correos electrónicos gubernamentales, así como a los sistemas de seguridad y pagos.

El juez también ha ordenado a la administración permitir que USAID regrese a su sede, actualmente clausurada, en el edificio Ronald Reagan, en caso de que prospere el caso que impugna el cierre de la agencia. Se espera que la administración apele el fallo.

La demanda, presentada en un tribunal federal de distrito en Maryland por más de dos docenas de exempleados anónimos de USAID, cuestiona el papel de Musk en la eliminación del sitio web de USAID y el cierre de su sede.

Chuang escribió en su opinión de 68 páginas que Musk probablemente violó la cláusula de nombramientos de la Constitución al actuar con los amplios poderes de un “funcionario de los Estados Unidos”, una designación que requiere confirmación del Senado.

El tribunal considera “que las acciones tomadas por los demandados para cerrar USAID de manera acelerada, incluida la aparente decisión de clausurar permanentemente la sede de USAID sin la aprobación de un funcionario debidamente designado de la agencia, probablemente violaron la Constitución de los Estados Unidos en múltiples formas. Además, estas acciones perjudicaron no solo a los demandantes, sino también al interés público, ya que privaron a los representantes electos en el Congreso de su autoridad constitucional para decidir si, cuándo y cómo cerrar una agencia creada por el Congreso”.

“Si un presidente pudiera eludir el escrutinio de la cláusula de nombramientos permitiendo que asesores fueran más allá del rol tradicional de comunicar las prioridades del presidente a los jefes de agencia”, escribió Chuang, “la cláusula de nombramientos se reduciría a nada más que una formalidad técnica”.

La administración de Trump ha afirmado durante semanas que las medidas para desmantelar USAID fueron llevadas a cabo por los máximos dirigentes de la agencia —actualmente el secretario de Estado, Marco Rubio, y el administrador interino, Pete Marocco—, quienes implementaban recomendaciones de Musk.

Sin embargo, Chuang rechazó esa afirmación en relación con el cierre de la sede de USAID y la eliminación de su sitio web, señalando que la administración no presentó pruebas de que esas acciones fueran autorizadas formalmente por un funcionario de USAID.

En estas circunstancias, las pruebas favorecen la conclusión de que, contrario a la afirmación general de los demandados de que Musk actuó solo como asesor, Musk tomó la decisión de cerrar la sede de USAID y su sitio web, a pesar de que carecía de la autoridad para tomar esa decisión, escribió Chuang.

La orden judicial llega después de seis semanas de agitación sin precedentes en USAID, donde 5.200 de sus 6.200 programas globales fueron cancelados abruptamente, el personal fue bloqueado del acceso a instalaciones y sistemas, y empleados recibieron órdenes de destruir documentos clasificados usando trituradoras y bolsas de incineración.

La fuerza laboral de la agencia se ha reducido drásticamente, pasando de más de 10.000 empleados a solo 611. Rubio ha descrito los programas restantes como “listos para ser absorbidos” por el Departamento de Estado, lo que recientemente calificó como una “reforma histórica y necesaria desde hace mucho tiempo”.

La sede de USAID se convirtió en un punto clave de la controversia cuando varios empleados informaron al Guardian en febrero que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) habían realizado extensas inspecciones en las instalaciones, aparentemente para hacerse cargo del edificio mientras los empleados de la agencia seguían sin poder ingresar.

Posteriormente, Politico informó que CBP había tomado oficialmente el control del espacio de oficinas y firmado un contrato de arrendamiento, según un portavoz de la agencia. El plazo de 14 días establecido en la orden judicial para que la administración confirme que USAID puede regresar a su edificio sugiere que el espacio ya podría haber sido reasignado.

La orden judicial también prohíbe a DOGE publicar información personal sin censura de los contratistas de USAID y detiene más acciones de desmantelamiento, incluidas terminaciones de contratos, cancelaciones de contratos y eliminación permanente de registros electrónicos.

Esto podría representar un problema legal serio para Musk y el resto de DOGE, ya que un correo electrónico interno obtenido por el Guardian reveló que el personal había recibido instrucciones de pasar el día destruyendo documentos clasificados como “SECRETOS”, lo que podría haber violado la Ley de Registros Federales. Esta ley prohíbe la destrucción de documentos gubernamentales antes del período de retención designado, que generalmente es de al menos dos años.

Mark Carney, nuevo primer ministro de Canadá, es un exbanquero central con experiencia en crisis que está a punto de enfrentarse a su mayor desafío: gestionar los aranceles de Donald Trump.

A sus 59 años, será la primera persona en asumir el cargo sin haber sido parlamentario ni haber ocupado un puesto en el gabinete.

En tiempos normales, sus credenciales como ajeno a la política habrían acabado con su candidatura. Sin embargo, su distancia con el primer ministro saliente, Justin Trudeau, y su exitosa carrera en el sector bancario jugaron a su favor. Carney sostiene que es la única persona preparada para hacer frente a Trump.

“Sé cómo gestionar crisis... En una situación como esta, necesitas experiencia en gestión de crisis y habilidades de negociación”, afirmó Carney durante un debate a finales del mes pasado.

Carney sostiene que Canadá debe responder a los aranceles de Trump con represalias equivalentes, dólar por dólar, y diversificar sus relaciones comerciales a medio plazo.

“El presidente Trump probablemente cree que Canadá cederá. Pero vamos a plantar cara al matón, no vamos a echarnos atrás. Estamos unidos y vamos a responder”, declaró en febrero.

Carney ha calificado las amenazas de Trump como “la crisis más grave de nuestra vida” y afirmó el domingo: “Estados Unidos quiere nuestros recursos, nuestra agua, nuestra tierra, nuestro país”.

Daniel Béland, director del Instituto de Estudios Canadienses de la Universidad McGill, describe a Carney como un “tecnócrata”. “Es un tipo aburrido que, en general, no tiene mucho carisma”, señaló. Sin embargo, añadió que su competencia rigurosa y sin estridencias podría resultar atractiva en un momento en el que Canadá está sacudido por el caos comercial de Trump y sus ataques a la soberanía del país.

“Carney proyecta la imagen de alguien tranquilizador, que sabe de lo que habla”, dijo Béland.

De banquero a líder político

Nacido en Fort Smith, un pequeño pueblo en los remotos Territorios del Noroeste, donde sus padres eran profesores, Carney creció en Edmonton, la capital de Alberta. Estudió en Harvard, donde jugó como portero de hockey sobre hielo, y posteriormente en Oxford.

Se hizo millonario como banquero de inversión tras 13 años en Goldman Sachs, trabajando en Nueva York, Londres, Tokio y Toronto, antes de ser nombrado vicegobernador del Banco de Canadá en 2003. En 2008, con apenas 42 años, asumió el cargo de gobernador del banco central.

Carney fue elogiado por su gestión de la crisis financiera de 2008, cuando creó nuevos mecanismos de préstamos de emergencia y dio orientaciones claras sobre mantener los tipos de interés en niveles históricamente bajos durante un periodo determinado.

Desde entonces, los rumores sobre su posible entrada en política con los liberales han sido constantes, aunque a menudo ha respondido con negativas ante esa posibilidad.

El Banco de Inglaterra lo fichó en 2013, convirtiéndolo en el primer gobernador extranjero en los más de 300 años de historia de la institución y en la primera persona en dirigir dos bancos centrales del G7. En su nombramiento, el entonces ministro de Finanzas británico, George Osborne, lo calificó como “el mejor banquero central de su generación”.

Sin embargo, su etapa en Londres no estuvo exenta de dificultades. Se enfrentó a una inflación cercana a cero y al caos político del Brexit.

Carney tuvo problemas para aplicar su estrategia de anticipar la evolución de los tipos de interés. Esto llevó al diputado laborista Pat McFadden a calificar al Banco de Inglaterra bajo su mandato como un “novio poco fiable”.

Además, enfureció a los partidarios del Brexit al advertir sobre los posibles daños económicos de la salida de la UE. El conservador Jacob Rees-Mogg lo llamó el “sumo sacerdote del proyecto del miedo”, pero Carney insistió en que su deber era alertar sobre esos riesgos.

Cuando la libra esterlina se desplomó tras el referéndum de 2016, Carney apareció en televisión para tranquilizar a los mercados y asegurar que el banco estaba preparado para inyectar liquidez si era necesario.

“Mark tiene una capacidad poco común para combinar la mano firme de un banquero central con la visión de futuro de un reformista político”, dijo Ana Botín, presidenta ejecutiva del Banco Santander, en un comentario enviado a Reuters. Añadió que Carney “mantuvo el barco a flote” en el Reino Unido tras el Brexit.

Un político con retos de comunicación

Tras dejar el Banco de Inglaterra en 2020, Carney trabajó como enviado especial de la ONU para finanzas y cambio climático. En 2021 lanzó la Alianza Financiera de Glasgow para el Cero Neto, un grupo destinado a coordinar los esfuerzos del sector financiero en la lucha contra la crisis climática.

Carney anunció su candidatura al liderazgo político de los liberales canadienses el 16 de enero. Aunque su camino al puesto de primer ministro ha sido inusual, afirmó en un mitin en Edmonton: “Vivimos tiempos que no tienen nada de ordinario”.

Sin embargo, su mandato podría ser breve. Se espera que las elecciones generales se celebren antes del 20 de octubre, y las encuestas dan una ligera ventaja a los conservadores, liderados por Pierre Poilievre, un político de carrera con poca experiencia internacional.

Lori Turnbull, profesora de la Universidad de Dalhousie, advirtió de que Carney podría tener dificultades para conectar con el electorado. “No es un gran comunicador con el público”, dijo. “Está excepcionalmente preparado para gestionar crisis económicas, pero es difícil triunfar en política si no eres capaz de convencer a la gente”.

“El Partido Conservador está intentando retratarlo como un elitista que no entiende los problemas de la gente común. Si no logra comunicarse bien, corre el riesgo de quedar encasillado en ese papel”, advirtió Turnbull.

Jeff Bezos, el propietario del Washington Post, ha enviado un correo electrónico este miércoles a los empleados del periódico anunciando un cambio en la sección de Opinión del diario que parece alinearlo más estrechamente con la derecha política.

“Les escribo para informarles sobre un cambio que llegará a nuestras páginas de opinión. Vamos a escribir todos los días en apoyo y defensa de dos pilares: las libertades personales y los mercados libres”, afirmó Bezos.

“Por supuesto, también cubriremos otros temas, pero los puntos de vista que se opongan a esos pilares serán publicados por otros. Hubo un tiempo en que un periódico, especialmente uno con monopolio local, podía considerar un servicio llevar cada mañana a la puerta del lector una sección de opinión amplia que buscara cubrir todos los puntos de vista. Hoy en día, internet hace ese trabajo”, ha añadido.

La decisión de Bezos de inyectar una orientación más frecuente y contundente hacia el conservadurismo también provocará la salida del editor de opinión, David Shipley, aunque no está claro si fue despedido por oponerse a la nueva dirección de Bezos o si decidió renunciar.

Shipley, quien se unió al Washington Post en 2022 como editor de la página editorial, fue una de las voces más destacadas de protesta cuando Bezos bloqueó la publicación de un respaldo editorial a Kamala Harris, la rival demócrata de Donald Trump, antes de las elecciones presidenciales de noviembre pasado.

Sin embargo, en enero defendió la decisión del Post de no publicar una caricatura satírica de Ann Telnaes, ganadora del premio Pulitzer, que mostraba a Bezos y a otros magnates de los medios arrodillados ante una figura gigante de Trump, ofreciéndole bolsas de dinero.

Telnaes renunció, sumándose a un número creciente de empleados de alto perfil que han abandonado el periódico en un momento de gran agitación. Tras el bloqueo del respaldo a Harris, el Post perdió 250.000 suscriptores, y varios de sus escritores estrella se unieron a publicaciones rivales.

“No todo juicio editorial refleja una fuerza malintencionada”, dijo Shipley en su momento, agregando que había hablado con Telnaes y le había pedido que reconsiderara su renuncia: “Mi decisión estuvo guiada por el hecho de que acabábamos de publicar una columna sobre el mismo tema que la caricatura y ya teníamos programada otra columna —esta vez satírica— para su publicación”.

En su mensaje del miércoles, Bezos enfatizó que está “a favor de Estados Unidos y orgulloso de serlo” y que ofreció a “David Shipley, a quien admiro profundamente, la oportunidad de liderar esta nueva etapa”.

“Le sugerí que si su respuesta no era un ‘claro que sí’, entonces tenía que ser un ‘no’. Después de considerarlo detenidamente, David decidió dar un paso al costado. Este es un cambio significativo, no será fácil y requerirá un compromiso del 100%— respeto su decisión”, escribió, agregando que el periódico ahora está “buscando un nuevo editor de opinión que lidere esta nueva dirección”.

Tras el correo de Bezos, Jeff Stein, reportero de economía del Washington Post, criticó la decisión del magnate.

“Enorme intromisión de Bezos en la sección de opinión del Washington Post— deja claro que las opiniones disidentes no serán publicadas”, escribió en X y Bluesky: “Aún no he sentido interferencia en mi trabajo periodístico en la sección de noticias, pero si Bezos intenta intervenir en el área de noticias, renunciaré de inmediato y se los haré saber”.

Cerca del 40% de los contratos federales que la Administración de Trump afirma haber cancelado como parte de su programa estrella de reducción de gastos no ahorrarán dinero al Gobierno, según los propios datos de la Administración, tal y como recoge una información de Associated Press.

El llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk publicó la semana pasada una lista inicial de 1.125 contratos que fueron rescindidos en las últimas semanas en toda la administración federal. Los datos publicados en el “portal de recibos” del DOGE muestran que más de un tercio de las cancelaciones de contratos, 417 en total, no generarán ahorros.

Esto se debe, en la mayoría de los casos, a que el valor total de los contratos ya ha sido completamente comprometido, lo que significa que el Gobierno tiene la obligación legal de gastar esos fondos en los bienes o servicios adquiridos y, en muchos casos, ya lo ha hecho.

Decenas de esos contratos corresponden a suscripciones ya pagadas a AP, Politico y otros servicios de medios que la Administración dijo que dejaría de utilizar. Otros incluyen estudios de investigación ya adjudicados, capacitaciones realizadas, software comprado e incluso contratos para becarios que ya han concluido su trabajo.

Un miembro del Gobierno afirmó que tenía sentido cancelar contratos considerados como posibles lastres, incluso si esas cancelaciones no generan ahorros. El funcionario no está autorizado para hablar públicamente del tema y no puede revelar su identidad.

Contraorden de Trump al DOGE

El idilio entre Elon Musk y el presidente Donald Trump se ha encontrado con un bache: la oposición de algunos miembros de la propia administración republicana a aplicar el ultimátum que lanzó el propietario de X contra los trabajadores federales. Ya sea síntoma de una incipiente rebelión interna contra la arbitrariedad del tándem Trump-Musk u otra consecuencia más del caos desatado, los altos funcionarios del gobierno han contradicho la amenaza que lanzó el multimillonario contra la plantilla federal. 

El fin de semana, el grupo de trabajo DOGE, que teóricamente lidera Musk —aunque la Casa Blanca dijo en un documento judicial que no era el administrador— envió a los funcionarios un correo electrónico en el que les daba 48 horas para explicar qué habían hecho la última semana. De no responder antes de la medianoche de este lunes, se les despediría. La oposición por parte de numerosos altos funcionarios de la administración, incluidos fieles seguidores de Trump como Kash Patel, el nuevo director del FBI, ha derivado en una retirada momentánea por parte de Musk. 

Cuando faltaban pocas horas para la medianoche, el multimillonario ha publicado un nuevo tuit en el que anunciaba que se daba una segunda oportunidad a los trabajadores federales. “A discreción del presidente, se les dará otra oportunidad. Si no responde una segunda vez, se dará por terminado el contrato”, ha escrito en X. 

Galatasaray ha acusado a José Mourinho de hacer “declaraciones racistas” y ha anunciado que iniciará acciones legales contra el entrenador del Fenerbahce por sus comentarios tras el empate 0-0 en la Superliga turca el lunes.

Aunque no está claro a qué declaraciones se refiere el Galatasaray, Mourinho afirmó que el banquillo del equipo local estaba “saltando como monos” y que el partido habría sido un desastre si un árbitro turco hubiera estado al cargo. El encuentro del lunes fue dirigido por el esloveno Slavko Vincic, después de que ambos clubes solicitaran que el árbitro no fuera turco.

Galatasaray afirmó en X que Mourinho había “emitido persistentemente declaraciones despectivas dirigidas al pueblo turco” desde que asumió su cargo en la Liga del país. “Hoy, su discurso ha escalado más allá de simples comentarios inmorales y se ha convertido en una retórica inequívocamente inhumana”, señaló el club.

“Por la presente, declaramos formalmente nuestra intención de iniciar acciones penales por las declaraciones racistas de José Mourinho y, en consecuencia, presentaremos denuncias oficiales ante la UEFA y la FIFA”.

Ni Mourinho ni el Fenerbahce respondieron de inmediato a una solicitud de reacciones por parte Reuters, formulada fuera del horario laboral en Turquía.

Mourinho ya ha sido sancionado y suspendido anteriormente por sus comentarios sobre los árbitros turcos. Tras el partido, el portugués volvió a criticar a los árbitros del país en una rueda de prensa.

“Fui al vestuario de los árbitros después del partido”, dijo. “Por supuesto, el cuarto árbitro estaba allí, un árbitro turco. Le dije [a Vincic]: ‘Gracias por venir, porque has venido para un gran partido y eres responsable de un gran partido’”.

“Y luego me dirigí al cuarto árbitro y le dije: ‘Si tú hubieras sido el árbitro de este partido, esto habría sido un desastre’. Y cuando digo ‘él’, me refiero a la tendencia general”.

Mourinho también elogió a Vincic por no mostrar una tarjeta amarilla al defensor Yusuf Akcicek en los primeros minutos del encuentro, a pesar de la airada reacción del banquillo del Galatasaray tras una entrada.

“También tengo que agradecer al árbitro, porque con un árbitro turco, después de la gran simulación en el primer minuto y con su banquillo saltando como monos sobre el chico, con un árbitro turco habríamos tenido una tarjeta amarilla en el primer minuto y, a los cinco minutos, habría tenido que sustituirlo”, afirmó.

Steve Bannon se declaró culpable este martes de un cargo de fraude relacionado con el engaño a donantes que aportaron dinero para construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos, un caso que el estratega conservador había calificado como una “persecución política”.

Bannon, viejo aliado de Donald Trump, llegó a un acuerdo de culpabilidad que le evita una pena de cárcel en el caso de la campaña “We Build the Wall” (Construimos el Muro).

Se declaró culpable de un cargo de conspiración para defraudar y recibió una condena condicional de tres años, lo que significa que deberá evitar futuros problemas con la justicia para eludir mayores sanciones.

Al salir del tribunal, Bannon respondió a los periodistas sobre cómo se sentía: “Como un millón de dólares”.

Más tarde, habló con la prensa y pidió a la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, que iniciara una investigación penal contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

El acuerdo de Bannon llega pocos días después de que Bondi ordenara al Departamento de Justicia investigar lo que el presidente calificó como la “instrumentalización del poder judicial con fines políticos”.

El juicio estaba programado para comenzar el 4 de marzo.

La oficina de Bragg presentó cargos contra Bannon en un tribunal estatal después de que Trump le concediera un indulto en 2021, lo que anuló los cargos federales por las mismas acusaciones.

En noviembre, la jueza April Newbauer dictaminó que los fiscales podrían presentar ante el jurado ciertas pruebas, incluido un correo electrónico en el que, según ellos, Bannon expresaba preocupación de que la recaudación de fondos fuera “una estafa”.

Bannon había planeado una defensa agresiva y recientemente contrató a un nuevo equipo de abogados dispuestos a presentar el caso como una persecución selectiva y malintencionada.

En enero, sus abogados presentaron documentos pidiendo a la jueza Newbauer que desestimara el caso, argumentando que se trataba de una “aplicación selectiva inconstitucional de la ley”. Sin embargo, el acuerdo de culpabilidad alcanzado el martes dejó sin efecto esa solicitud.

Bannon, de 71 años, se había declarado no culpable en septiembre de 2022 tras ser acusado en un tribunal estatal de lavado de dinero, fraude y conspiración.

Se le acusó de prometer falsamente a los donantes que todo el dinero recaudado para la campaña “We Build the Wall” se destinaría a la construcción del muro en la frontera entre EEUU y México. En realidad, los fiscales alegaron que los fondos fueron utilizados para el enriquecimiento personal de Bannon y otros involucrados en el proyecto.

La campaña, lanzada en 2018 después de que Trump despidiera a Bannon como su principal estratega, recaudó rápidamente más de 20 millones de dólares y construyó unos pocos kilómetros de valla en la frontera. Sin embargo, pronto enfrentó problemas con la Comisión Internacional de Límites y Aguas, fue objeto de una investigación federal y recibió críticas del propio Trump, a pesar de que la iniciativa supuestamente apoyaba su política migratoria.

Bragg, un fiscal demócrata, retomó el caso después de que Trump indultara a Bannon a nivel federal en las últimas horas de su mandato en la Casa Blanca. Sin embargo, los indultos presidenciales solo aplican a delitos federales, no a los estatales.

Durante la recaudación de fondos, Bannon llegó a cuestionar la viabilidad del proyecto, según declararon los fiscales en una audiencia en noviembre.

“¿No es esto una estafa? No se puede construir el muro con tan poco dinero”, escribió Bannon en un correo electrónico, según el fiscal Jeffrey Levinson. Luego añadió: “Los estadounidenses pobres no deberían estar gastando su dinero ganado con esfuerzo en algo que no se puede hacer”.

Dos de los implicados en el proyecto, Brian Kolfage y Andrew Badolato, se declararon culpables de cargos federales y fueron condenados a prisión. Un tercer acusado, Timothy Shea, fue condenado y también recibió una pena de cárcel.

Bannon ya había cumplido una condena de cuatro meses en prisión el año pasado por desacatar una citación del Congreso en la investigación sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Fue liberado en octubre.

La semana pasada, Bondi creó un “Grupo de Trabajo contra la Instrumentalización” en el Departamento de Justicia para examinar casos que, según ella, parecen haber sido motivados por “objetivos políticos o intereses indebidos”, incluido el proceso penal de Bragg contra Trump.

La Administración Trump ha confirmado sus planes de integrar a la USAID dentro del Departamento de Estado. Una renovación significativa que reducirá la plantilla de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional y reordenará sus gastos de acuerdo con las prioridades de Donald Trump.

Con empleados cesados temporalmente y otros que están perdiendo el acceso a la sede de la agencia en Washington DC, el secretario de Estado, Marco Rubio, se ha autoproclamado el administrador en funciones de USAID.

Trump ha confiado a Elon Musk la supervisión del proyecto de integración. El multimillonario lidera la campaña del presidente para reducir gastos en el Gobierno federal. Sin aportar ninguna prueba que fundamentara sus afirmaciones, Musk dijo que la agencia era una “organización criminal” y que le había llegado “la hora de morir”.

Trump dijo el domingo que la agencia estaba “dirigida por un grupo de lunáticos radicales”. “Los estamos sacando”, añadió. 

¿Qué es USAID y cómo se financia?

USAid fue creada en 1961 por el presidente John F. Kennedy, del Partido Demócrata. En plena Guerra Fría, el objetivo era contrarrestar la influencia de la Unión Soviética coordinando mejor la ayuda exterior, que en ese momento ya era una de las claves de la política exterior estadounidense.

En torno al 60% de la ayuda exterior estadounidense es administrada actualmente por la agencia, que en el ejercicio fiscal de 2023 desembolsó 43.790 millones de dólares [en torno a 42.350 millones de euros]. La financia el Congreso, en función de las peticiones del Gobierno. Según un informe publicado este mes por el Servicio de Investigación del Congreso [CRS, por sus siglas en inglés], los 10.000 trabajadores de la agencia están prestando ayuda en unos 130 países. Aproximadamente, dos terceras partes de su personal trabaja fuera de Estados Unidos.

Según el CRS, USAID ayuda a “países importantes estratégicamente y a países en conflicto; lidera las políticas de EEUU para reducir la pobreza, las enfermedades y las necesidades humanitarias; y contribuye a los intereses comerciales de EEUU apoyando el crecimiento económico de los países en desarrollo y fomentando la capacidad de los países para participar en el comercio mundial”.

En 2023 sus principales receptores de ayuda fueron Ucrania, Etiopía, Jordania, República Democrática del Congo, Somalia, Yemen, Afganistán, Nigeria, Sudán del Sur y Siria.

¿Cuánto gasta en ayuda EEUU?

Según las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para el año 2020, aunque la ayuda total que aporta el Gobierno de EEUU es mayor que la de ningún otro país, cuando se mide la relación entre esa ayuda y la renta nacional, EEUU figura entre las naciones ricas que menos aportan.

En el año 2023 Noruega lideraba la lista, con un 1,09% de su renta nacional bruta; con Estados Unidos rezagado en un 0,24%, junto a países como España, Eslovenia y la República Checa.

De acuerdo con un informe que el centro de estudios Brookings Institution publicó en septiembre, el gasto de EEUU en ayuda ha rondado el 0,33% del PIB en los últimos años.

En la década de los cincuenta, cuando se puso en marcha el plan Marshall para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, ese porcentaje llegó a un máximo del 3%. Durante la Guerra Fría oscilaba entre el 1% y un poco menos del 0,5%.

Aún así, en el año fiscal 2023, EEUU distribuyó un total de 72.000 millones de dólares en ayuda por todo el mundo [unos 69.700 millones de euros]. Eso representa un 42% de toda la ayuda humanitaria, según las mediciones de Naciones Unidas de 2024. Los fondos cubrieron desde programas para mejorar la salud de las mujeres en zonas de conflicto hasta el acceso al agua potable, pasando por tratamientos contra el VIH y programas de seguridad energética y de lucha contra la corrupción.

¿Por qué se opone Trump a la labor de la agencia?

En una orden ejecutiva del 20 de enero, Trump anunció una pausa de 90 días en la mayor parte de la ayuda exterior argumentando que “la industria y la burocracia de la ayuda exterior de Estados Unidos no están alineadas con los intereses de EEUU y en muchos casos han ido en contra de los valores de EEUU”. “Sirven para desestabilizar la paz mundial promoviendo en países extranjeros ideas que van directamente en contra de unas relaciones armoniosas y estables dentro de los países y entre ellos”, decía.

En una circular, la Administración instó a los empleados de USAID a alinearse con el 'Americs First' para transformar la forma en que Washington asigna la ayuda, amenazando con medidas disciplinarias a los que ignorasen las órdenes.

La orden ejecutiva hizo sonar la alarma en todo el mundo, desde los campos de refugiados en Tailandia hasta las zonas de guerra en Ucrania, con organizaciones humanitarias y agencias de la ONU explicando que la medida recorta de manera drástica su capacidad de distribuir alimentos, refugio y asistencia médica.

Según una persona con conocimiento de la operativa de USAID, la integración de la agencia en el Departamento de Estado supondrá un gran cambio. En ocasiones pasadas, USAID ha podido asistir con ayuda humanitaria a países con los que Washington no mantiene relaciones diplomáticas, como Irán o Corea del Norte, lo que ha contribuido a tender puentes. Esa ventaja podría desaparecer si las operaciones de la agencia pasan a depender exclusivamente de objetivos políticos.

¿Los dos partidos apoyan la ayuda exterior?

Aunque los presidentes y legisladores del Partido Demócrata han sido históricamente más partidarios de la ayuda exterior que los del Partido Republicano, hasta la llegada de Trump, todos los presidentes de posguerra han defendido con firmeza la necesidad de la ayuda exterior, tanto los demócratas como los republicanos, según el informe de Brookings.

El informe también recuerda que la propuesta de la primera Administración Trump de recortar en un tercio el presupuesto de asuntos internacionales de EEUU fue rechazada, al igual que el intento de retrasar la consideración en 2024, por parte del Congreso, de legislación para ayuda exterior suplementaria.

En una votación que contó en junio con el apoyo de los dos partidos, el 80% de los miembros de la Cámara de Representantes (liderada por el Partido Republicano) rechazó una enmienda que pretendía sacar a la ayuda exterior del presupuesto fiscal para 2025.

Tradución de Francisco de Zárate

Donald Trump planea aprovecharse de una rebuscada ley del siglo XVIII para facilitar la deportación de inmigrantes indocumentados, informa Reuters.

Tras jurar el cargo, el presidente de EEUU dio de plazo hasta el 3 de febrero a las agencias federales para prepararse para invocar la Alien Enemies Act, de 1798 –Ley de Enemigos Extranjeros–, una ley que permitiría deportar a los migrantes sospechosos de actividades ilegales sin una vista judicial que normalmente debe producirse antes.

Se espera que el empleo de esta ley, que ha sido utilizada para justificar los internamientos de estadounidenses de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, se enfrente a recursos legales. La medida podría permitirle eludir los derechos del debido proceso y expulsar rápidamente a los inmigrantes.

Trump regresó a la Casa Blanca con la promesa de deportar a millones de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Así, firmó una catarata de decretos para reorientar recursos militares para reforzar las deportaciones, y facultó a los funcionarios de inmigración de EEUU para hacer más detenciones, incluidas las escuelas, iglesias y hospitales, ante las protestas de grupos de derechos civiles.

Pero Trump tendrá que enfrentarse a unos tribunales de inmigración desbordados en los que los casos de asilo pueden tardar años en resolverse.

El presidente de EEUU apuesta por un proceso de deportación rápido, conocido como expulsión acelerada, pero sólo se aplica a quienes llevan en EEUU dos años o menos, y, en todo caso, sigue dando a los inmigrantes la posibilidad de solicitar asilo.

La Ley de Enemigos Extranjeros podría permitir a Trump deportar rápidamente a los inmigrantes al considerarlos parte de una “invasión o incursión depredadora”, un uso novedoso de una ley que antes sólo se invocaba en tiempos de guerra. Los republicanos se refieren con frecuencia a la inmigración ilegal como una invasión y presentan a los migrantes como criminales peligrosos y “en edad militar”.

Elon Musk, que está encargado de los propósitos de Donald Trump para reducir el gobierno federal, ha dicho que están trabajando para cerrar la agencia de ayuda internacional USAid, en una discusión en X a primera hora del lunes.

La conversación, en la que participaron el excandidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy y los senadores republicanos Joni Ernst y Mike Lee, comenzó con Musk diciendo que estaban trabajando para cerrar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAid).

“No tiene arreglo”, dijo Musk, añadiendo que Trump estaba de acuerdo en que debía cerrarse.

Este domingo, Reuters informó de que la administración Trump destituyó a dos altos miembros de seguridad de USAid durante el fin de semana después de que intentaran impedir que representantes del llamado “departamento de eficiencia gubernamental [DOGE]” del multimillonario Musk, accedieran a partes restringidas del edificio, según informaron tres fuentes.

USAid es el mayor donante de ayuda del mundo. En el año fiscal 2023, EEUU desembolsó 72.000 millones de dólares de ayuda en todo el mundo, desde la salud de las mujeres en zonas de conflicto hasta el acceso al agua potable, tratamientos contra el VIH/sida, seguridad energética y lucha contra la corrupción.

USAid proporcionó el 42% de toda la ayuda humanitaria registrada por las Naciones Unidas en 2024.

El sitio web de USAid parecía seguir caído el sábado, y algunos usuarios no pudieron acceder a él el domingo. USAid tiene una plantilla de más de 10.000 personas.

Trump ha ordenado la congelación de la mayor parte de la ayuda exterior estadounidense como parte de su política de “América primero”, que ya está provocando terremotos en todo el mundo.

Los hospitales de campaña en campos de refugiados tailandeses, la retirada de minas antipersona en zonas de guerra y los medicamentos para tratar a millones de personas que padecen enfermedades como el VIH son algunos de los programas que corren el riesgo de ser eliminados.

Hablando en términos más generales sobre la reducción de los gastos y el fraude en EEUU, Musk estimó que la administración Trump puede recortar 1 billón de dólares del déficit estadounidense el próximo año.

Eso sí, Musk no ofreció ninguna prueba en apoyo de su afirmación sobre el fraude ni explicó cómo había llegado a la cifra de 1 billón de dólares.

Afirmó, por ejemplo, que “redes profesionales de fraude extranjeras” están robando grandes sumas de dinero haciéndose pasar por ciudadanos estadounidenses.

El debate en X se produce en medio de la preocupación por el acceso de Musk al sistema del Tesoro, del que informó por primera vez el New York Times, que envía más de 6 billones de dólares al año en pagos en nombre de las agencias federales y contiene la información personal de millones de estadounidenses que reciben pagos de la seguridad social, devoluciones de impuestos y otras partidas del gobierno.

El demócrata Peter Welch, miembro del comité de finanzas del Senado, pidió explicaciones sobre por qué Musk había recibido acceso al sistema de pagos y a lo que, según Welch, incluía datos sensibles de los contribuyentes.

“Es un grave abuso de poder por parte de un burócrata no electo y demuestra que el dinero puede comprar el poder en la Casa Blanca de Trump”, dijo Welch en un comunicado enviado por correo electrónico.

Musk cuenta con el apoyo de Trump. Cuando se le preguntó el domingo si Musk estaba haciendo un buen trabajo, Trump se mostró de acuerdo. “Es un gran recortador de costes. A veces no estaremos de acuerdo con él y no iremos donde él quiere ir. Pero creo que está haciendo un gran trabajo. Es un tipo inteligente. Muy inteligente. Y está muy por la labor de recortar el presupuesto federal”.

Los entrenadores rusos de patinaje sobre hielo y ex campeones del mundo Evgenia Shishkova y Vadim Naumov estaban a bordo del avión de American Airlines que se estrelló en el río Potomac, cerca de Washington DC, el miércoles por la noche, según informaron los medios estatales rusos.

Shishkova y Naumov, que estaban casados, ganaron el campeonato del mundo de patinaje artístico por parejas en 1994 y vivían en Estados Unidos, donde entrenaban a jóvenes patinadores sobre hielo.

Se teme que su hijo Maxim también estuviera a bordo del avión, según informaron las agencias rusas de noticias Tass y RIA.

Maxim había estado compitiendo en los campeonatos de patinaje artístico de Estados Unidos en Wichita (Kansas), según la página web del evento.

Un comunicado del organismo rector del patinaje artístico estadounidense confirmó que en el avión siniestrado viajaban atletas, entrenadores y familiares.

“Atletas, entrenadores y familiares regresaban a casa desde el campamento nacional de desarrollo celebrado en el marco de los campeonatos estadounidenses de patinaje artístico en Wichita, Kansas”, señala el comunicado: “Estamos desolados por esta tragedia indescriptible y llevamos a las familias de las víctimas en el corazón. Seguiremos pendientes la situación y publicaremos más información a medida que esté disponible”.

Un avión regional de pasajeros de American Airlines y un helicóptero Black Hawk del ejército estadounidense se estrellaron en el Potomac tras una colisión en pleno vuelo cerca del aeropuerto nacional Reagan de Washington el miércoles por la noche, según informaron las autoridades.

Un avión de American Airlines con 60 pasajeros y cuatro tripulantes se ha estrellado tras colisionar en pleno vuelo con un helicóptero Black Hawk del ejército estadounidense mientras aterrizaba en el aeropuerto nacional Ronald Reagan, cerca de Washington DC. “Creemos que no hay supervivientes”, ha señalado el jefe de emergencias de la ciudad. Cerca de 30 cadáveres han sido recuperados.

“En este momento no sabemos por qué la aeronave militar se situó en el camino del avión”, ha señalado el CEO de American Airlines, Robert Eisen. El secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, ha señalado que la noche era clara y que tanto el helicóptero como el avión estaban en un patrón de vuelo estándar.

Entre los pasajeros a bordo estaba un grupo de patinadores artísticos, sus entrenadores y familiares, según ha informado la federación de Patinaje Artístico de Estados Unidos. “Estos atletas, entrenadores y miembros de la familia volvían a casa después de un campeonato en Wichita. Estamos devastados por esta tragedia indescriptible”, han dicho.

Todos los despegues y aterrizajes del aeropuerto, el más próximo a la capital, se han interrumpido durante varias horas mientras los helicópteros de las fuerzas de seguridad de toda la región sobrevolaban el lugar en busca de supervivientes. Después ha comenzado el rescate de los cadáveres y se ha recuperado poco a poco el tráfico aéreo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que el choque podría haberse evitado. “La noche estaba CLARA, las luces del avión estaban encendidas, ¿por qué el helicóptero no subió, bajó o giró? ¿Por qué la torre de control no le dijo qué hacer en lugar de preguntar si vio el avión? Esta es una mala situación que parece que debería haberse evitado. ¡¡¡NO ESTÁ BIEN!!!”, escribió en su red social, Truth Social.

La Administración Federal de Aviación ha informado de que el accidente en pleno vuelo se produjo alrededor de las 9 de la noche –hora local–, cuando un avión regional que había partido de Wichita, Kansas, colisionó con el helicóptero militar mientras se aproximaba a una pista de aterrizaje del aeropuerto.

El accidente se produjo en uno de los espacios aéreos más estrechamente controlados y vigilados del mundo, a poco más de cinco kilómetros al sur de la Casa Blanca y el Capitolio.

Sin embargo, según un informe interno preliminar de la Administración Federal de Aviación revelado por el New York Times, durante la noche del miércoles había apenas un controlador disponible en la torre de control encargado tanto del tráfico de aviones como del de helicópteros, y no los dos controladores habituales.

Los investigadores intentarán reconstruir los últimos momentos de las aeronaves antes de la colisión, incluido el contacto con los controladores aéreos y la pérdida de altitud del avión de pasajeros.

El vuelo 5342 de American Airlines se dirigía al aeropuerto Reagan National a una altitud de unos 400 pies y a una velocidad de unas 140 millas por hora cuando sufrió una rápida pérdida de altitud sobre el río Potomac, según los datos de su transpondedor de radio.

El bimotor Bombardier CRJ-701, de fabricación canadiense, fue fabricado en 2004 y puede configurarse para transportar hasta 70 pasajeros.

Unos minutos antes del aterrizaje, los controladores preguntaron al avión comercial si podía aterrizar en la pista 33, la más corta, del Reagan National, y los pilotos respondieron que sí. Los controladores autorizaron al avión a aterrizar en la pista 33. Menos de 30 segundos antes del accidente, un controlador aéreo pregunta al helicóptero si tiene a la vista el avión que llega. El controlador hace otra llamada de radio al helicóptero momentos después:“PAT 25 pase por detrás del CRJ”. Segundos después, las dos aeronaves colisionan.

El transpondedor de radio del avión dejó de transmitir a unos 2.400 pies de la pista, más o menos en medio del río. La torre comenzó inmediatamente a desviar otros aviones del Reagan.

El vídeo de una cámara de observación del cercano Kennedy Center mostró dos conjuntos de luces consistentes con aviones que parecían unirse en una bola de fuego.

El accidente está sirviendo como una prueba importante para dos de los nuevos integrantes de la administración Trump. Pete Hegseth, nombrado hace días como secretario de Defensa, publicó en las redes sociales que su departamento estaba “supervisando activamente” la situación en la que se ha visto involucrado a un helicóptero del Ejército.

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, que acaba de jurar su cargo a principios de esta semana, dijo en un mensaje en las redes sociales que estaba “siguiendo de cerca la situación”.

El aeropuerto Reagan National está situado a orillas del río Potomac, justo al suroeste de la ciudad. Es un aeródromo popular porque está mucho más cerca que el aeropuerto internacional de Dulles, de mayor tamaño y en Virginia.

El incidente recuerda al accidente de un avión de Air Florida que se precipitó al Potomac el 13 de enero de 1982, matando a 78 personas. Aquel suceso se atribuyó al mal tiempo.

El último accidente mortal de una aerolínea comercial estadounidense se produjo en 2009 cerca de Buffalo (Nueva York). Murieron todas las personas que iban a bordo del avión de hélice Bombardier DHC-8, incluidos 45 pasajeros, dos pilotos y dos auxiliares de vuelo. También murió otra persona en tierra, con lo que el número total de víctimas mortales ascendió a 50.

La investigación posterior determinó que el capitán provocó accidentalmente que el avión entrara en pérdida cuando se aproximaba al aeropuerto de Búfalo.

“Dinamarca es un país pequeño con aliados fuertes. Y forma parte de una comunidad europea fuerte en la que juntos podemos hacer frente a los desafíos a los que nos enfrentamos... Con una guerra en el continente y los cambios en la realidad geopolítica, la unidad es crucial”. Así de claro se expresa la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien viaja este lunes a Berlín, París y Bruselas.

Su viaje se produce después de una reunión similar el fin de semana, en la que recibió en Copenhague a los primeros ministros de Suecia y Noruega, y al presidente de Finlandia.

La danesa Frederiksen ha hablado este martes en Berlín, donde ha comenzado su gira europea con el canciller alemán, Olaf Scholz. No se refirió explícitamente al presidente estadounidense, Donald Trump, ni a Groenlandia, pero sí lo hizo de forma indirecta: “Hoy nos enfrentamos a una realidad más incierta, una realidad que exige una Europa aún más unida y una mayor cooperación. Nuestros lazos están arraigados en nuestra historia, nuestros valores y nuestros intereses, en Europa y también al otro lado del Atlántico. Necesitamos una Europa cada vez más fuerte y decidida, capaz de defender y promover Europa y los intereses europeos. Corresponde a Europa definir el futuro de nuestro continente. Creo que debemos responsabilizarnos más de nuestra propia seguridad. Europa, nuestro continente, se basa en la idea de que la cooperación y no la confrontación conducirán a la paz, al progreso, a la prosperidad: hagamos honor a esa idea”.

En su intervención junto a Frederiksen, el canciller alemán, Olaf Scholz, fue más allá al hacer un comentario sobre la integridad territorial, que sonó como una indirecta muy directa hacia Trump. Hablando en alemán, aparentemente sobre Ucrania, dijo: “Apoyaremos a Ucrania en su soberanía y su libertad, el tiempo que haga falta. Con nuestros socios en Washington. Por eso estamos de acuerdo en que esta guerra debe terminar, pero no debe ser una paz dictada. Putin debe tener claro que está enviando a sus soldados a una batalla sin sentido. La inviolabilidad de las fronteras es un principio fundamental del derecho internacional. Rusia rompió este principio con su ataque a Ucrania”. Y añadió: “El principio [de la inviolabilidad de las fronteras] debe aplicarse a todos. Volví a dejarlo claro hace unos días: las fronteras no deben cambiarse por la fuerza”.

A continuación, añadió Scholz en inglés: “A quien corresponda”.

Refuerzo de la seguridad danesa en el Ártico

Este lunes, Dinamarca anunció planes para 2.000 millones de euros para reforzar su seguridad en la región ártica con nuevos buques, drones de largo alcance y satélites para vigilar la zona.

El ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, dijo que los servicios secretos del país advirtieron de un nivel de amenaza en la región superior al habitual, más allá de los rusos y chinos.

Incluso dejando a un lado la presión militar, Estados Unidos es el mayor mercado de exportación de Dinamarca, con productos farmacéuticos, maquinaria y equipos técnicos. Cualquier perturbación, por ejemplo, a través de la palabra favorita de Trump últimamente, “aranceles”, haría daño y llevaría a una escalada, ya que sería respondida previsiblemente por la UE como bloque –la Comisión Europea tiene competencias en política comercial–.

El presidente del Parlamento danés, Søren Gade, declaró este martes que las palabras de Trump sobre Groenlandia le sentaron “como una patada en las tripas”, tras años de estrecha cooperación en el seno de la OTAN, con tropas danesas uniéndose a las misiones estadounidenses en Irak y Afganistán.

En una táctica deliberada para evitar una mayor confrontación pública con Trump, la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, trató de restar importancia a la situación cuando se dirigió este lunes a los periodistas en Bruselas. Respaldó a Dinamarca, pero insistió: “No estamos negociando sobre Groenlandia, y no deberíamos entrar también en especulaciones sobre qué pasaría si... porque esta no es la situación ahora mismo”.