Hace justo un año que asumimos la coordinación nacional de los Comuns con un claro objetivo: relanzar el proyecto y fortalecer la organización para hacerla más cohesionada, más arraigada y más útil para el país. Desde entonces hemos hecho un trabajo intenso y constante para recuperar musculatura organizativa, reconectar con el territorio y volver a situar a los Comuns como el espacio que impulsa y marca el rumbo de la izquierda catalana.

En paralelo hemos estado trabajando para construir un proyecto amplio, plurinacional y ganador, capaz de articular mayorías transformadoras en Catalunya y en el Estado. Hemos mantenido conversaciones con todas las fuerzas de izquierdas, tanto catalanas como del ámbito estatal, y el balance está claro: las izquierdas todavía afrontamos retos importantes e inaplazables. Queremos poner estos retos sobre la mesa y compartirlos, con el objetivo de abrir espacios de reflexión y acción entre todos aquellos que se niegan a resignarse ante la creciente amenaza de la extrema derecha.

En primer lugar, la gente no quiere peleas estériles entre las fuerzas de izquierdas. Y ese cansancio es perfectamente comprensible. La política debe ser también conexión, esperanza y la sensación de que existe una luz al final del túnel. Debe ofrecer certezas y horizontes compartidos, al tiempo que mantiene la contundencia y la valentía necesarias para afrontar los grandes retos del país.

En segundo lugar, es necesario hacer autocrítica, la gente no quiere grandes discursos ideológicos desconectados de su día a día; necesita ver cómo las políticas impactan de forma inmediata en su vida. La política ideológica sólo tiene sentido si va acompañada de una política pública rápida y tangible. Es ahí donde se juega la credibilidad de las izquierdas.

Si hoy la gente se siente desconectada de las izquierdas, si vemos con miedo cómo la extrema derecha crece, es porque en estos últimos años todas hemos hecho sólo una parte del trabajo. La crisis de la vivienda es el ejemplo más sangriento de ello, y evidencia que todavía tenemos mucho trabajo por delante. Pero la autocritica no debe llevarnos al inmovilismo. Por eso de cara al próximo ciclo electoral creemos que las fuerzas progresistas tenemos tres tareas que son igualmente imprescindibles e inseparables.

La primera es coordinarnos, trabajar juntas y levantar un auténtico muro de contención democrática frente a la extrema derecha. Y aquí los Comuns tenemos claro que queremos ser el pal de paller, el anclaje que haga posible esta cooperación no sólo con partidos políticos sino también con la sociedad civil organizada. Porque sabemos perfectamente qué ocurre cuando este muro falla: basta con mirar los gobiernos autonómicos en los que Vox tiene secuestrado al PP. Como el del País Valencià con Mazón, que ha desmantelado políticas de igualdad, ha perseguido el valenciano y con la DANA ha demostrado una gestión desastrosa. Primero recortan lo público, luego no asumen responsabilidades, encubren negligencias y se aferran al cargo. Nos jugamos mucho.

La segunda labor es igual de decisiva: ofrecer resultados inmediatos, tangibles, que la ciudadanía pueda notar de hoy para mañana. La gente necesita soluciones que se vean y se toquen. Anunciar 210.000 viviendas es imprescindible para el futuro, pero no da respuesta hoy a uno de cada cinco catalanes y catalanas que deben destinar más de la mitad de los ingresos a pagar la vivienda. Por el contrario, prohibir las compras especulativas sí tiene un impacto directo y visible. Y todos los gobiernos, ya sea el del Estado o el de Catalunya y todas las fuerzas políticas, desde el PSC hasta ERC, la CUP o los Comuns tenemos una responsabilidad directa. Hoy disponemos de las mayorías para hacer posible estos cambios, no las desperdiciemos.

Por último, la tercera tarea es hablar claro. Las izquierdas debemos hablar claro y abrazar los miedos de la población: si los servicios públicos están saturados y bajo una presión enorme, lo que hay que hacer es decirlo, reconocerlo e inmediatamente buscar los recursos para cambiar esta situación. Hablar claro es decir que hay que subir los impuestos a los multimillonarios y no culpar a los recién llegados. Si la gente se siente insegura en sus barrios y ciudades, necesitamos escucharles y explicarles que el orden público sólo se puede garantizar desde el Estado y no con escuadristas como Desokupa sembrando el miedo en los barrios. La solución pasa por reconstruir el Estado del Bienestar que durante tanto tiempo ha sido maltratado. Y para ello es necesario un gran pacto nacional entre todas las fuerzas del catalanismo democrático.

Y debemos hacerlo sin claudicar. Nos encontrarán de frente ante quienes organizan cacerías como las de Torre Pacheco, o cuando quieran romper la convivencia en Mataró, en Sabadell o en Salt. Utilizaremos todas las herramientas que tengamos para ello: por eso nos hemos personado como acusación popular contra el grupo ultra Deport Them Now, un grupo neonazi que podría estar detrás de muchas agresiones contra personas migrantes y que habría organizado las de Torre Pacheco o Mataró.

Este ha sido nuestro camino el último año: trabajar, unir, avanzar. Y es también el horizonte en mayo del 2027. Las municipales son la primera trinchera del muro democrático que debemos construir. En nuestras ciudades y pueblos se decidirá si la extrema derecha echa raíces o si la combatimos con política útil, cotidiana y valiente. El triunfo de Aliança Catalana o Vox no es inevitable. Cuando existe proyecto, valentía y resultados, la democracia gana. Lo estamos viendo en Nueva York, donde un candidato musulmán que defiende congelar los alquileres y hacer el transporte público gratuito será el próximo alcalde. Con radicalidad cotidiana, puede ganarse.

La ampliación del aeropuerto de El Prat de Llobregat es un proyecto que comporta un impacto muy negativo en la crisis climática y que se ha discutido mucho desde una vertiente política, económica y ambiental, pero poco se ha hablado de la repercusión que tendría en la salud y el bienestar de la ciudadanía. Como manifiesta la Declaración de emergencia climática en Barcelona, la crisis climática es la mayor amenaza para la salud de este siglo.

Recientemente y gracias a la prensa hemos podido conocer, no sin perplejidad, que, a pesar de la oposición de instituciones, organizaciones y entidades sociales y vecinales, el Gobierno del Estado y la Generalitat han llegado a un acuerdo para llevar a cabo esta ampliación.

En términos de impacto en la salud, el incremento de la contaminación del aire fruto de la propia aviación, así como del transporte motorizado para desplazarse entre aeropuerto y ciudad, puede incidir en el aumento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias y en un aumento de la mortalidad prematura. Según Iopscience, se cuantifica en 16.000 el exceso de muertes prematuras que se producen cada año en el mundo por la exposición a partículas pequeñas (PM_2,5) y al ozono atribuidas a la aviación.

También la pérdida del espacio natural de La Ricarda, justo en medio del área metropolitana, tendrá un efecto negativo sobre la salud, ya que este es un espacio proveedor de servicios ambientales a la ciudad y muy valioso en cuanto al ámbito educativo y de ocio para el bienestar físico y emocional de la ciudadanía.

Estudios recientes prevén con la ampliación un incremento de 20 millones de pasajeros, 10 millones de ellos turistas, que añadirían más presión a Barcelona, impactos en consumo de servicios y tensiones en acceso a vivienda, aspectos que afectan a la salud colectiva. 

Cabe subrayar, también, que el ruido afecta negativamente a la salud. Esta ampliación e incremento de pasajeros puede generar más presión sobre el ocio y la movilidad, y agravar los problemas de ruido en la ciudad. Además, el ruido puede tener repercusiones en la salud mental, provocar trastornos en el sueño o hipertensión a las personas que vivan en los alrededores del aeropuerto.

Más allá de estos efectos, la ampliación es contradictoria con las políticas orientadas a afrontar la emergencia climática, tanto del Estado como de Cataluña, siguiendo el Acuerdo de París y los compromisos de la Unión Europea. El impacto sería el equivalente al esfuerzo que habrá hecho Barcelona en diez años de transformación sostenible con la generación de placas fotovoltaicas de energías renovables, la actualización de viviendas para mejorar su eficiencia energética, la transformación de la movilidad y la promoción de una dieta más saludable y de proximidad, entre otras medidas.

No es demasiado tarde para revocar la propuesta del aeropuerto. Como manifiesta la Declaración de emergencia climática en Barcelona, las evidencias científicas y los efectos de la crisis climática global que ya estamos sufriendo nos llevan a actuar de manera urgente y contundente. Desde los gobiernos debemos apostar firmemente por políticas de defensa del derecho a la salud. No podemos perder más tiempo si queremos construir ciudades saludables y que apuesten por la vida.

En los últimos años en Barcelona se observa un descenso en la incidencia de la infección por el VIH. Esto es consecuencia del esfuerzo que se ha realizado desde todos los ámbitos (asistencial, comunitario y de salud pública) pero, a pesar de esta buena noticia, el VIH sigue siendo una de las enfermedades de declaración obligatoria más frecuente en nuestra ciudad. En este sentido, tenemos que mencionar que existe una proporción de personas infectadas y no diagnosticadas, aproximadamente una cuarta parte de los casos, que pueden transmitir el virus sin saberlo. Es una de las razones por las cuales la epidemia todavía es difícil de controlar del todo.

La administración de fármacos antirretrovirales utilizados como profilaxis preexposición (PrEP) en personas no infectadas y expuestas al VIH se ha demostrado altamente eficaz para evitar la infección en personas que forman parte de colectivos vulnerables, como es el caso de hombres que tienen sexo con hombres. El número de parejas sexuales, el tipo de prácticas sexuales y el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual (ITS) son factores que permiten identificar a las personas con mayor riesgo de contraer el VIH.

Actualmente en Barcelona se están llevando a cabo diversos estudios de implementación de la PrEP. Son necesarios para definir procedimientos y circuitos de dispensación; determinar su aceptabilidad y potencial impacto; identificar responsabilidades de los diferentes niveles de actuación y analizar los aspectos económicos. De esta manera se puede complementar la información necesaria para establecer recomendaciones de usos de la PrEP. Porque en definitiva, la PrEP tiene que incluirse en los programas de prevención y control de la infección por VIH de forma integrada con el resto de estrategias de eficacia contrastada como son la promoción de la salud sexual, el uso del preservativo, la formación, el consejo asistido, el diagnóstico y el tratamiento precoz de las personas infectadas. Todas ellas tienen que seguir siendo piezas clave en la lucha contra el VIH y el sida.

La PrEP tiene que ser prescrita en unidades asistenciales que reúnan unos requisitos mínimos para garantizar el correcto funcionamiento de la intervención, aunque en la captación de personas susceptibles para su uso se podrían incorporar centros comunitarios.

La agencia del medicamento estadounidense fue la primera en incluir la PrEP en abril de 2012. Hoy en día está incorporada en la US National HIV/AIDS Strategy publicada en julio de 2015 como un componente más de la prevención. Actualmente, otros países han aprobado esta ampliación de la indicación o están en vías de hacerlo. El 22 de julio de 2016, el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos emitió una opinión positiva sobre la PrEP, en combinación con otras medidas preventivas y prácticas sexuales más seguras para reducir el riesgo de infección por VIH en adultos con alto riesgo.

Después de esta opinión positiva, en agosto de 2016 la Comisión Europea adoptó la resolución por la que se modificó la autorización de la comercialización del medicamento relativo a la PrEP (Truvada®) para incluir su uso en la profilaxis preexposición. A continuación, el laboratorio titular de la autorización tiene que iniciar los trámites para que cada Estado Miembro adopte una decisión sobre su precio, financiación y las condiciones de uso efectivo en el contexto de sus políticas y servicios de salud.

El proceso de implementación de la PrEP en España se encuentra detenido en algunas actuaciones administrativas como son la fijación de precios, la implementación, el informe sobre el posicionamiento terapéutico y la consulta pública de la cartera de servicios. De esta manera, las personas interesadas en la utilización de la PrEP solo la pueden conseguir fuera del circuito normal de la sanidad pública o privada y, además, no se realizan los controles médicos de seguimiento, adherencia y efectos adversos, lo cual puede conducir a asumir riesgos substanciales. Adicionalmente, no podemos obviar que el VIH es una de las infecciones declaración obligatoria más frecuente en nuestra ciudad. Por todo ello, es preciso incorporar un instrumento más en la lucha contra el sida, regulando la utilización de la PrEP y incluyéndola en las prestaciones sanitarias.

El pasado día 16 de noviembre, la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley que instaba al Gobierno a facilitar el proceso para implementar la PrEP e incluirla en la cartera de Sistema Nacional de Salud. Desde el Ayuntamiento de Barcelona nos sumamos a la demanda al Gobierno para que próximamente la implementación de la PrEP sea una realidad. Mientras tanto, e Barcelona seguiremos impulsando todas las estrategias preventivas para hacer frente al VIH: la promoción de la salud sexual, el uso del preservativo, la formación, el consejo asistido y el tratamiento precoz de las personas infectadas. Todo ello, a partir del trabajo de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), del apoyo a las entidades comprometidas que trabajan en esta dirección y también del impulso de las organizaciones sanitarias de la ciudad.

Va néixer per solucionar un problema, però s'està convertint en un problema més gros. L’Avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics sembla haver entrat en un carreró sense sortida, víctima del compte enrere del final de legislatura i del foc creuat dels qui defensen els interessos de les empreses mercantils concertades amb el CatSalut i dels qui defensem un model amb una clara preferència per la provisió pública. Majories transversals comencen a aprovar mocions municipals que en demanen la retirada, i la seva capacitat d'aglutinar una majoria parlamentària queda en fort entredit.

El projecte va néixer per adaptar a l'actual “model sanitari català” la Directiva Europea de contractació pública de 2014, que obliga a qualsevol empresa privada a concursar i reserva els encàrrecs directes a les entitats públiques, afectant els concerts a les empreses privades en l’entorn de salut. En aquest marc, planteja establir una excepció per les entitats d’economia social, sense afany de lucre, o de base associativa, mantenint la possibilitat de concertar amb elles sense que aquestes hagin de concórrer amb la resta d’empreses mercantils: intenta així adaptar al nou context normatiu els principis de la LOSC, i defuig i posposa fins a una altra legislatura el debat sobre la nova Llei de Salut de Catalunya. Però la seva suposada inocuïtat i bon propòsit de reglamentar la prioritat a la provisió social per davant de la mercantil, es contradiuen amb una sèrie d'elements tot menys que neutres, que fan molt difícil construir un consens social o despatxar-la com una llei estrictament tècnica.

Què es considera “economia social” en l'actual projecte de llei? El que estableixi la normativa específica, encara pendent en l'àmbit català, i en el seu defecte, els principis poc concrets que formula el propi projecte: finalitat d’assolir l’interès col·lectiu dels seus integrants, i/o l’interès general econòmic o social; primacia de les persones i de la finalitat social sobre el capital; aplicació dels resultats obtinguts en funció del treball desenvolupat per les persones que integren l’entitat i, si escau, a la finalitat social de l’entitat; promoció de la solidaritat interna; independència respecte dels poders públics.

Com que fins i tot això semblava massa estricte per alguns, al seu pas pel Consell de Direcció del CatSalut s'afegia la cua “o sense afany de lucre”, de manera que qualsevol societat amb fórmula jurídica nomenada no lucrativa quedaria exempta de demostrar l'adhesió a aquests principis per acollir-se a la concertació directa. Aquesta omnicomprensivitat i interpretació excessivament laxa esdevé una oportunitat perduda per delimitar amb criteris clars i contrastables les fórmules jurídiques i pràctiques que han de definir l’economia social que es pot considerar proveïdora preferent de serveis públics.

Partint d’una preferència i prioritat per la gestió pública directa allà on sigui possible, és imprescindible la regulació clara d’un sector que presta una part important dels serveis sanitaris de finançament públic (a Barcelona, un 21% per entitats privades, 9% sense afany de lucre i un 12% amb afany de lucre).

A fi d’avançar cap a un Sistema Sanitari públic al servei només de la salut, cal assegurar que les entitats concertades compleixin principis d’Economia Social i Solidària (ESS). L’ESS s’ha de definir a partir d’uns elements transformadors com són no tant sols posar l’economia al servei de les persones i del bé comú per sobre del servei al capital; sinó també la propietat en gestió democràtica i participativa de tots els membres; i el compromís amb la comunitat, amb l’equitat, la sostenibilitat ambiental, la solidaritat, la creació d’ocupació de qualitat i el vincle amb el territori i els moviments socials transformadors. I cal assegurar que es compleixin amb criteris clars, objectivables i auditables.

Menció especial mereix el cas de les Entitats de Base Associativa (EBA). La primera idea de les EBA era de ser cooperatives de professionals amb autonomia de gestió i finançades pel CatSalut per la prestació de serveis sanitaris dins de la xarxa pública en un territori concret. Amb els anys, la propietat de diverses EBA s’ha anat concentrant en mans d’uns pocs socis accionistes, ja que la resta de treballadors estan assalariats pels primers, amb diferències de remuneracions i possibilitat d’enriquiment amb la venda de participacions.

L’avantprojecte avala la consideració d’aquestes societats mercantils de professionals com a economia social, i modifica molt tímidament la seva definició que marcava la LOSC de 1990: poden continuar sent Societats Limitades, es permet fins a un 25% d’acumulació de quotes en un sol individu i fins a un 49% en persones jurídiques, no treballadores... En definitiva, no s’asseguren els canvis necessaris en la propietat, en el repartiment d’excedents, ni en la gestió democràtica i participativa.

Entenem que aquestes definicions extremadament laxes esdevenen una oportunitat perduda per forçar canvis reals en el sector. Aquest projecte de llei només té sentit si permet un canvi cap a un model inequívocament no lucratiu, amb representació i participació democràtica dels treballadors i ciutadans, on per concertar s’exigeixen la mateixa transparència i pràctiques socials, laborals i ambientals que apliquen al sector públic.

Aquesta major exigència i concreció justificarà poder utilitzar prioritàriament aquest sector allà on la gestió pública no arriba, i al mateix temps establirà un marc de referència clar i model cap a on tendir per les empreses obligades a concursar (en licitacions amb fortes clàusules socials i ambientals), incrementarà l'autonomia i la implicació de tot el personal en la gestió. Un canvi que defensarien moltes veus en el propi Tercer Sector i en les pròpies EBA, i que cal promoure des de la legislació pública.

Finalment preocupa i no s'entén que s'aprofiti aquesta llei per regular altres aspectes no menors del model, que caldria deixar per la futura Llei de Salut. Un d’ells és la regularització de la possibilitat d’autoritzar l’ús de béns immobles del CatSalut a qualsevol proveïdor de serveis sanitaris, amb o sense contraprestació: una vegada més, sense debatre ni legislar sobre l’activitat privada en centres públics. Un altre és la fixació arbitrària en un 40% de la proporció de l’encàrrec que rebin els mitjans propis públics que pot ser subcontractat a tercers. Un darrer és la delimitació dels que la llei anomena serveis complementaris que aniran inequivocadament per concurs. Es condemna així a l'externalització perpètua el transport sanitari i la rehabilitació ambulatòria, entre altres.

Els problemes de salut que es tracten en els processos de rehabilitació ambulatòria i domiciliària són dels més freqüents i dels que més influeixen en les desigualtats en salut, tant de gènere com socioeconòmiques. Aquesta línia assistencial no pot continuar sent una “germaneta pobre” externalitzada, hem de garantir que s'integri plenament en la xarxa de provisió pública. Per més sorpresa, incloure-la entre els serveis complementaris és totalment incoherent amb l'ENAPISC, que situa la rehabilitació entre els serveis de la Xarxa d'Atenció Primària.

En definitiva: és un projecte que aixeca sospites i que no demostra amb els fets el propòsit de moure l’statu quo cap a un model públic, social, democràtic. Quines vies queden? Aparcar el projecte fins haver tingut el debat necessari i obert, que se’ns va prometre en l’anomenat Procés Constituent, sobre com ha de ser i com s'ha de gestionar el nostre Servei Nacional de Salut, i integrar la regulació de les fórmules de gestió en la nova Llei de Salut de Catalunya. O, si és realment urgent, “despullar” el projecte de tot objecte que no sigui la regulació de les fórmules de contractació, acotar amb una definició estricta i inequívoca la preferència per l'economia social i solidària i l'exigència de la mateixa transparència i pràctiques socials, laborals i ambientals que apliquen al sector públic, i tirar-lo endavant establint al mateix temps les bases pel debat més ampli que la ciutadania reclama i mereix.

Nació para solucionar un problema, pero se está convirtiendo en un problema más grande. El Anteproyecto de ley de fórmulas de gestión de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos parece haber entrado en un callejón sin salida, víctima de la cuenta atrás del final de legislatura y del fuego cruzado de los que defienden los intereses de las empresas mercantiles concertadas con el CatSalut y los que defendemos un modelo con una clara preferencia por la provisión pública. Mayorías transversales empiezan a aprobar mociones municipales que piden su retirada, y su capacidad de aglutinar una mayoría parlamentaria queda en fuerte entredicho.

El proyecto nació para adaptar al actual “modelo sanitario catalán” la Directiva Europea de contratación pública de 2014, que obliga a cualquier empresa privada a concursar y reserva los encargos directos a las entidades públicas, afectando los conciertos a las empresas privadas en el entorno de salud. En este marco, plantea establecer una excepción para las entidades de economía social, sin ánimo de lucro, o de base asociativa, manteniendo la posibilidad de concertar con ellas sin que éstas tengan que competir con el resto de empresas mercantiles: intenta así adaptar al nuevo contexto normativo los principios de la LOSC, y escapa y pospone hasta otra legislatura el debate sobre la nueva Llei de Salut de Catalunya. Pero su supuesta inocuidad y buen propósito de reglamentar la prioridad a la provisión social por delante de la mercantil, se contradicen con una serie de elementos todo menos que neutras, que hacen muy difícil construir un consenso social o despacharla como una ley estrictamente técnica.

¿Qué se considera “economía social” en el actual proyecto de ley? Lo que establezca la normativa específica, aún pendiente en el ámbito catalán, y en su defecto, los principios poco concretos que formula el propio proyecto: fin de lograr el interés colectivo de sus integrantes, y/o el interés general económico o social; primacía de las personas y del fin social sobre el capital; aplicación de los resultados obtenidos en función del trabajo desarrollado por las personas que integran la entidad y, en su caso, a la finalidad social de la entidad; promoción de la solidaridad interna; independencia respecto de los poderes públicos.

Como incluso eso parecía demasiado estricto para algunos, a su paso por el Consejo de Dirección del CatSalut se añadía la cola “o sin ánimo de lucro”, por lo que cualquier sociedad con fórmula jurídica nombrada no lucrativa quedaría exenta de demostrar la adhesión a estos principios para acogerse a la concertación directa. Esta omnicomprensividad e interpretación excesivamente laxa se convierte en una oportunidad perdida para delimitar con criterios claros y contrastables las fórmulas jurídicas y prácticas que tienen que definir la economía social que se puede considerar proveedora preferente de servicios públicos.

Partiendo de una preferencia y prioridad para la gestión pública directa allí donde sea posible, es imprescindible la regulación clara de un sector que presta una parte importante de los servicios sanitarios de financiación pública (en Barcelona, un 21% por entidades privadas, 9% sin ánimo de lucro y un 12% con ánimo de lucro).

A fin de avanzar hacia un sistema sanitario público al servicio sólo de la salud, hay que asegurar que las entidades concertadas cumplan principios de Economía Social y Solidaria (ESS). La ESS se definirá a partir de unos elementos transformadores como son no sólo poner la economía al servicio de las personas y del bien común por encima del servicio al capital; sino también la propiedad en gestión democrática y participativa de todos los miembros; y el compromiso con la comunidad, con la equidad, la sostenibilidad ambiental, la solidaridad, la creación de empleo de calidad y el vínculo con el territorio y los movimientos sociales transformadores. Y hay que asegurar que se cumplan con criterios claros, objetivables y auditables.

Mención especial merece el caso de las Entidades de Base Asociativa (EBA). La primera idea de las EBA era ser cooperativas de profesionales con autonomía de gestión y financiadas por el CatSalut para la prestación de servicios sanitarios dentro de la red pública en un territorio concreto. Con los años, la propiedad de varias EBA se ha ido concentrando en manos de unos pocos socios accionistas, ya que el resto de trabajadores están asalariados por los primeros, con diferencias de remuneraciones y posibilidad de enriquecimiento con la venta de participaciones.

El anteproyecto avala la consideración de estas sociedades mercantiles de profesionales como economía social, y modifica muy tímidamente su definición que marcaba la LOSC de 1990: pueden seguir siendo Sociedades Limitadas, se permite hasta un 25% de acumulación de cuotas en un solo individuo y hasta un 49% en personas jurídicas, no trabajadoras... En definitiva, no se aseguran los cambios necesarios en la propiedad, en el reparto de excedentes, ni en la gestión democrática y participativa.

Entendemos que estas definiciones extremadamente laxas se convierten en una oportunidad perdida para forzar cambios reales en el sector. Este proyecto de ley sólo tiene sentido si permite un cambio hacia un modelo inequívocamente no lucrativo, con representación y participación democrática de los trabajadores y ciudadanos, donde para concertar exigen la misma transparencia y prácticas sociales, laborales y ambientales que aplican al sector público.

Esta mayor exigencia y concreción justificará poder utilizar prioritariamente este sector donde la gestión pública no llega, y al mismo tiempo establecerá un marco de referencia claro y modelo hacia dónde tender por las empresas obligadas a concursar (en licitaciones con fuertes cláusulas sociales y ambientales), incrementará la autonomía y la implicación de todo el personal en la gestión. Un cambio que defenderían muchas voces en el propio Tercer Sector y en las propias EBA, y que hay que promover desde la legislación pública.

Finalmente preocupa y no se entiende que se aproveche esta ley para regular otros aspectos no menores del modelo, que habría que dejar por la futura Llei de Salut. Uno de ellos es la regularización de la posibilidad de autorizar el uso de bienes inmuebles del CatSalut por cualquier proveedor de servicios sanitarios, con o sin contraprestación: una vez más, sin debatir ni legislar sobre la actividad privada en centros públicos. Otro es la fijación arbitraria en un 40% de la proporción del encargo que reciban los medios propios públicos que puede ser subcontratado a terceros. Un último es la delimitación de los que la ley llama servicios complementarios que irán inequivocadament por concurso. Se condena así a la externalización perpetua el transporte sanitario y la rehabilitación ambulatoria, entre otros.

Los problemas de salud que se tratan en los procesos de rehabilitación ambulatoria y domiciliaria son los más frecuentes y los que más influyen en las desigualdades en salud, tanto de género como socioeconómicas. Esta línea asistencial no puede seguir siendo una “hermanita pobre” externalizada, tenemos que garantizar que se integre plenamente en la red de provisión pública. Para más sorpresa, incluirla entre los servicios complementarios es totalmente incoherente con la ENAPISC, que sitúa la rehabilitación entre los servicios de la Red de Atención Primaria.

En definitiva: es un proyecto que levanta sospechas y que no demuestra con los hechos el propósito de mover el statu quo hacia un modelo público, social, democrático. ¿Qué vías quedan? Aparcar el proyecto hasta haber tenido el debate necesario y abierto, que se nos prometió en el llamado Proceso Constituyente, sobre cómo debe ser y cómo se debe gestionar nuestro Servicio Nacional de Salud, e integrar la regulación de las fórmulas de gestión en la nueva Llei de Salut de Catalunya. O, si es realmente urgente, “desnudar” el proyecto de todo objeto que no sea la regulación de las fórmulas de contratación, acotar con una definición estricta e inequívoca la preferencia por la economía social y solidaria y la exigencia de la misma transparencia y prácticas sociales, laborales y ambientales que aplican al sector público, y sacarlo adelante estableciendo al mismo tiempo las bases para el debate más amplio que la ciudadanía reclama y merece.

Hi ha marge per avançar en la desprivatització i desmercantilització dels serveis públics i reforç de la presència pública en la provisió de serveis

L’Ajuntament de Barcelona està analitzant en totes les seves àrees quins serveis amb gestió externalitzada val la pena internalitzar, i com reforçar les clàusules de contractació per tal d’afavorir l’economia social per davant de la mercantil. En aquest sentit, i per tal de poder estendre aquest treball al Consorci Sanitari de Barcelona del que formem part, al març d’aquest any vam presentar un informe que per primer cop mostrava públicament amb quins tipus d’entitats s’estava concertant o contractant la provisió dels serveis de la sanitat pública a la ciutat.

Anàlisi de la despesa pública en assistència sanitària a Barcelona

A partir d’aquest informe, el Servei Català de la Salut també ha assumit la necessitat de constituir una comissió mixta en el marc del Consorci per poder compartir dades i línies d’acció envers la privatització de la provisió de serveis. Segons les dades elaborades pels serveis tècnics del CSB arran dels encàrrecs de la comissió mixta, al 2015 la despesa en entitats que presten serveis assistencials a la ciutat va ser de 1.919.326.131 euros, repartits entre 84 entitats proveïdores. 655 milions (34%) a l’Institut Català de la Salut, 864 milions a altres 10 entitats del sector públic (45%), 180 milions (9%) a 32 entitats de propietat privada i sense afany de lucre, i 220 milions (11%) entre 41 empreses privades amb afany de lucre.

Aquests 220 milions estan força repartits entre diferents línies assistencials, i inclouen: 58 milions a l’Hospital Sagrat Cor, l’únic hospital gestionat per una empresa privada mercantil, corresponent a un 4% del total de despesa en atenció hospitalària; 23 milions a sis Entitats de Base Associativa (EBAs), el 10,5% del pressupost d’atenció primària; 52 milions a 8 empreses privades amb lucre amb 13 centres sociosanitaris (el 48% de tota la contractació d’aquesta línia); 17 milions a 4 entitats amb afany de lucre en salut mental (20% del seu total); 8 milions a les 6 UTEs mercantils que es van adjudicar lots de rehabilitació ambulatòria (el 53% de tota la línia); i la resta en altres serveis com l’hemodiàlisi ambulatòria (2 privades amb lucre, 29,5 milions), el transport sanitari (una UTE, 21 milions), la teràpia respiratòria domiciliaria (4 empreses, 5,5 milions), les interrupcions voluntàries de l’embaràs (8 clíniques, 3 milions).

Tot i que caldria restar la despesa que representa el tractament de pacients, sobretot per procediments de terciarisme, que els 4 grans hospitals de Barcelona fan a usuaris de la resta de Catalunya i altres comunitats, la gran despesa continua sent a 2015 dels hospitals: un 72% en front d’un 13% de l'Atenció Primària.

Què hem de fer davant d’aquesta situació?

Davant d’aquesta situació, les institucions públiques tenim molt marge d’actuació. Cal recuperar políticament amb fermesa i convenciment els valors dels serveis públics com els més equitatius, justos, sostenibles i de qualitat tot aplicant l’esperit primerenc de la LOSC i la llei General de Sanitat: el que pugui fer el sistema públic amb els seus recursos no ho ha de contractar a altres proveïdors. Cal trencar la dinàmica (i la cultura heretada) d’inèrcia (i interessos econòmics, polítics i de corrupció) de la concertació automàtica, sense avaluar si la millora de la gestió d'allò públic podria assumir els serveis amb menys recursos. Cal acabar amb les retallades indiscriminades i retornar els recursos públics eficients perduts.

Partint de la complexa situació actual del Sistema amb 84 entitats proveïdores d’assistència sanitària, 41 d’elles empreses privades que fan negoci, amb una despesa de 220 milions a l’any, caldrà anar per parts, fent un esforç de priorització i pensant en el curt i llarg termini. Un cop disposem, en el marc de la comissió mixta, dels terminis de finalització de contracte amb els proveïdors i de la diagnosi de la capacitat estructural dels centres públics en comparació amb l'activitat contractada, des de l’Ajuntament pensem que cal reforçar les següents línies d'acció:

Creiem que hi ha marge per avançar en la desprivatització i desmercantilització dels serveis públics i reforç de la presència pública en la provisió de serveis. La radiografia de la situació ens permet afirmar que combinant les accions mencionades és possible, amb voluntat política, reduir d'aquí a tres anys, com a mínim, a la meitat els 220 milions d'euros de contractació a entitats mercantils de propietat privada, a l'hora que es manté i millora la qualitat i es reforcen els valors de servei públic de tot el sistema.

Hay margen para avanzar en la desprivatización y desmercantilización de los servicios públicos y refuerzo de la presencia pública en la provisión de servicios

El Ayuntamiento de Barcelona está analizando en todas sus áreas que servicios con gestión externalizada vale la pena internalizar, y cómo reforzar las cláusulas de contratación para favorecer la economía social por delante de la mercantil. En este sentido, y para poder extender este trabajo en el Consorcio Sanitario de Barcelona del que formamos parte, en marzo de este año presentamos un informe que por primera vez mostraba públicamente con qué tipo de entidades se estaba concertando o contratante la provisión de los servicios de la sanidad pública en la ciudad.

Análisis del gasto público en asistencia sanitaria en Barcelona

A partir de este informe, el Servicio Catalán de la Salud también ha asumido la necesidad de constituir una comisión mixta en el marco del Consorcio para poder compartir datos y líneas de acción hacia la privatización de la provisión de servicios. Según los datos elaborados por los servicios técnicos del CSB raíz de los encargos de la comisión mixta, el 2015 el gasto en entidades que prestan servicios asistenciales en la ciudad fue de 1.919.326.131 euros, repartidos entre 84 entidades proveedoras. 655 millones (34%) en el Instituto Catalán de la Salud, 864 millones a otras 10 entidades del sector público (45%), 180 millones (9%) a 32 entidades de propiedad privada y sin ánimo de lucro, y 220 millones (11%) entre 41 empresas privadas con ánimo de lucro.

Estos 220 millones están bastante repartidos entre diferentes líneas asistenciales, e incluyen: 58 millones en el Hospital Sagrat Cor, el único hospital gestionado por una empresa privada mercantil, correspondiente a un 4% del total de gasto en atención hospitalaria; 23 millones a seis Entidades de Base Asociativa (EBAS), el 10,5% del presupuesto de atención primaria; 52 millones a 8 empresas privadas con lucro con 13 centros sociosanitarios (48% de toda la contratación de esta línea); 17 millones a 4 entidades con ánimo de lucro en salud mental (20% de su total); 8 millones a las 6 UTEs mercantiles que se adjudicaron lotes de rehabilitación ambulatoria (53% de toda la línea); y el resto en otros servicios como la hemodiálisis ambulatoria (2 privadas con lucro, 29,5 millones), el transporte sanitario (una UTE, 21 millones), la terapia respiratoria domiciliaria (4 empresas, 5,5 millones), las interrupciones voluntarias del embarazo (8 clínicas, 3 millones).

Aunque habría que restar el gasto que representa el tratamiento de pacientes, sobre todo por procedimientos de terciarismo, que los 4 grandes hospitales de Barcelona hacen usuarios del resto de Cataluña y otras comunidades, el gran gasto sigue siendo en 2015 de los hospitales: un 72% frente a un 13% de la Atención Primaria.

¿Qué hacer ante esta situación?

Ante esta situación, las instituciones públicas tenemos mucho margen de actuación. Hay que recuperar políticamente con firmeza y convencimiento los valores de los servicios públicos como los más equitativos, justos, sostenibles y de calidad aplicando el espíritu temprano de la LOSC y la ley General de Sanidad: lo que pueda hacer el sistema público con sus recursos no lo tiene que contratar a otros proveedores. Hay que romper la dinámica (y la cultura heredada) de inercia (e intereses económicos, políticos y de corrupción) de la concertación automática, sin evaluar si la mejora de la gestión de lo público podría asumir los servicios con menos recursos. Hay que acabar con los recortes indiscriminados y devolver los recursos públicos eficientes perdidos.

Partiendo de la compleja situación actual del Sistema con 84 entidades proveedoras de asistencia sanitaria, 41 de ellas empresas privadas que hacen negocio, con un gasto de 220 millones al año, habrá que ir por partes, haciendo un esfuerzo de priorización y pensando en el corto y largo plazo. Una vez dispongamos, en el marco de la comisión mixta, de los plazos de finalización de contrato con los proveedores y de la diagnosis de la capacidad estructural de los centros públicos en comparación con la actividad contratada, desde el Ayuntamiento pensamos que hay que reforzar las siguientes líneas de acción:

Creemos que hay margen para avanzar en la desprivatización y desmercantilización de los servicios públicos y refuerzo de la presencia pública en la provisión de servicios. La radiografía de la situación nos permite afirmar que combinando las acciones mencionadas es posible, con voluntad política, reducir de aquí a tres años, como mínimo, a la mitad los 220 millones de euros de contratación a entidades mercantiles de propiedad privada, a la vez que se mantiene y mejora la calidad y se refuerzan los valores de servicio público de todo el sistema.

Ara ja coneixem el que ha passat a la sanitat pública aquests darrers anys fruit de les polítiques del govern de la Generalitat. Han retallat el pressupost dels centres públics en un 14% (1.500 milions menys des del 2010), 160.000 pacients en llista d’espera per operar i 200.000 esperant una prova diagnòstica, retallades de sous als treballadors del sector de fins a un 25% a l’ICS i pèrdua de 6.000 llocs de treball, dificultats financeres per renovar el material tecnològic i manteniment. Això ha comportat aprimar i degradar el sistema sanitari públic, retallant pressupostos, precaritzant les condicions laborals dels treballadors i professionals, tancant serveis als hospitals i als centres d’atenció primària, provocant amb aquestes mesures pèrdua de qualitat assistencial, dolor, angoixa i complicacions.

Com que el sistema públic no podia complir bé amb qualitat i accessibilitat per culpa d’aquestes retallades, el govern aprofitava per portar a terme la seva política de privatitzacions i externalitzacions donant diners públics per fer assistència a empreses concertades privades amb afany de lucre, derivant pacients que no podien atendre els centres públics pel tancament de serveis, a aquestes empreses privades que fan negoci amb la nostra salut amb diners públics. D’això nosaltres en diem privatitzar la sanitat, que vol dir pagar a privats del negoci el que hauria de fer el sistema públic.

Posarem l’exemple de Barcelona ciutat, on tenim concertats pel Servei Català de la Salut -que és el qui paga els concerts amb diners dels pressupostos públics- vuit hospitals. Un d’ells, el de Vall d’Hebron és propietat de la Generalitat, quatre són concertats amb entitats públiques (Consorcis -Hospital Clínic, Parc de salut Mar i Dos de Maig- i Fundacions-hospital de Sant Pau-) amb participació majoritària de la Generalitat en els seus òrgans de direcció, dos són hospitals privats sense afany de lucre i amb vocació i valors de servei públic (Sant Rafael i Plató) i un hospital que és de propietat i gestió d’una empresa multinacional privada amb afany de lucre (Sagrat Cor). A aquest hospital, els seus accionistes volen a final d’any els seus beneficis econòmics (si no, tancaran l’empresa o demanaran un rescat) fet pel qual part dels diners públics que donem amb el seu concert no aniran a fer salut sinó a mans d’uns quants accionistes.

Durant aquests cinc anys de crisi el govern ha aprofitat per retallar en un 14% el pressupost de Salut als serveis públics mentre que a aquest hospital privat amb afany de negoci li ha anat derivant pacients que no podien atendre al sector públic retallat, augmentant a aquesta empresa el seu concert en un 26% entre el 2010 i el 2014, any en què els quatre grans hospitals de la ciutat i alguns de fora van haver de derivar 4.000 pacients per ser operats a aquest hospital privat. A això nosaltres en diem privatitzar els recursos públics. Malauradament, aquest hospital no és l’únic exemple, ja que les empreses amb afany de lucre són presents en tots els nivells assistencials, i fins i tot majoritàries en centres sociosanitaris, rehabilitació o transport sanitari, entre altres.

Si tornem a obrir plantes d’hospitalització tancades, si tornem a obrir quiròfans i contractem al personal que s’ha acomiadat aquests anys, podrem fer, en els centres públics sense negoci, amb els mateixos diners que teníem el 2010, tota la feina de qualitat que els ciutadans i les ciutadanes d’aquest país necessiten i la tenen com un dret. Per això volem treballar amb el nou Govern i nou Parlament de Catalunya per revertir aquestes polítiques, i per defensar aferrissadament la protecció de la salut i l’atenció en el sistema sanitari públic, universal i de qualitat, per defensar els drets dels ciutadans i ciutadanes i per no convertir la salut en una mercaderia. En aquest camí ens trobaran, com a Ajuntament de Barcelona, a col·laborar i responsabilitzar-nos per fer-ho possible.

Ahora ya conocemos lo que ha pasado en la sanidad pública estos últimos años fruto de las políticas del gobierno de la Generalitat. Han recortado el presupuesto de los centros públicos en un 14% (1.500 millones menos desde 2010), 160.000 pacientes en lista de espera para operar y 200.000 esperando una prueba diagnóstica, recortes de sueldos a los trabajadores del sector de hasta un 25% en el ICS y pérdida de 6.000 puestos de trabajo, dificultades financieras para renovar el material tecnológico y mantenimiento. Esto ha conllevado adelgazar y degradar el sistema sanitario público, recortando presupuestos, precarizando las condiciones laborales de los trabajadores y profesionales, cerrando servicios en los hospitales y en los centros de atención primaria, provocando con estas medidas pérdida de calidad asistencial, dolor, angustia y complicaciones.

Como el sistema público no podía cumplir bien con calidad y accesibilidad por culpa de estos recortes, el Govern aprovechaba para llevar a cabo su política de privatizaciones y externalizaciones dando dinero público para hacer asistencia a empresas concertadas privadas con ánimo de lucro, derivando pacientes que no podían atender los centros públicos por el cierre de servicios, a estas empresas privadas que hacen negocio con nuestra salud con dinero público. A esto nosotros lo llamamos privatizar la sanidad, que significa pagar a privados del negocio lo que debería hacer el sistema público.

Pondremos el ejemplo de Barcelona ciudad, donde tenemos concertados por el Servicio Catalán de la Salud -que es el que paga los conciertos con dinero de los presupuestos públicos- ocho hospitales. Uno de ellos, el de Vall d'Hebron es propiedad de la Generalitat, cuatro son concertados con entidades públicas (Consorcios -Hospital Clínic, Parc de Salut Mar y Dos de Maig- y Fundaciones -Hospital Sant Pau-) con participación mayoritaria de la Generalitat en sus órganos de dirección, dos son hospitales privados sin ánimo de lucro y con vocación y valores de servicio público (Sant Rafael y Plató)y un hospital que es de propiedad y gestión de una empresa multinacional privada con ánimo de lucro (Sagrat Cor). En este hospital, sus accionistas quieren a finales de año sus beneficios económicos (si no, cerrarán la empresa o pedirán un rescate) por lo que parte del dinero público que damos con su concierto no irán a hacer salud sino a manos de unos pocos accionistas.

Durante estos cinco años de crisis el gobierno ha aprovechado para recortar en un 14% el presupuesto de Salud a los servicios públicos mientras que a este hospital privado con ánimo de negocio le ha ido derivando pacientes que no podían atender al sector público recortado, aumentando a esta empresa su concierto en un 26% entre 2010 y 2014, año en el que los cuatro grandes hospitales de la ciudad y algunos de fuera tuvieron que derivar 4.000 pacientes para ser operados en este hospital privado. A esto nosotros lo llamamos privatizar los recursos públicos. Desgraciadamente, este hospital no es el único ejemplo, ya que las empresas con ánimo de lucro están presentes en todos los niveles asistenciales, e incluso mayoritarias en centros sociosanitarios, rehabilitación o transporte sanitario, entre otros.

Si volvemos a abrir plantas de hospitalización cerradas, si volvemos a abrir quirófanos y contratamos al personal que se ha despedido estos años, podremos hacer, en los centros públicos sin negocio, con el mismo dinero que teníamos en 2010, todo el trabajo de calidad que los ciudadanos y las ciudadanas de este país necesitan y tienen como un derecho. Por eso queremos trabajar con el nuevo Govern y el nuevo Parlament de Catalunya para revertir estas políticas, y para defender a capa y espada la protección de la salud y la atención en el sistema sanitario público, universal y de calidad, para defender los derechos de los ciudadanos y para no convertir la salud en una mercancía. En este camino nos encontrarán, como Ayuntamiento de Barcelona, a colaborar y responsabilizarnos para hacerlo posible.