En las mismas semanas que ENCE defendía su proyecto de instalar una incineradora de residuos vegetales y urbanos a barlovento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el peor sitio posible, con una chimenea de más de 60 metros de altura, es noticia en la prensa nacional la entrada en territorio español de dos peligrosos mosquitos, uno de origen asiático, el Tigfre, que transmite el virus chikunguya, después de pasar por toda Europa escondidos en los coches, y otro brasileño, del género Aedes, que además de esta enfermedad tranmsmite el dengue y la fiebre amarilla, patologías hasta ahora desconocidas en España.

La globalización y la ausencia de controles eficientes fitosanitarios en frontera ha permitido que Canarias haya sido objeto de una permanente invasión de plagas de distinta naturaleza, que han ocasionado gravísimos daños a la agricultura. La primera ‘gran revolución’ fue la del ‘tryp’ californiano, que acabó con los cultivos de fresas del norte de Gran Canaria; el ‘virus de la cuchara’, cuyo origen está al parecer en Israel, fue el más “terrorífico”, según los agricultores, para el tomate. Consecuencia de él y de su capacidad destructora fue el cambio de todas las semillas, hasta la fecha. Más recientemente, pero no es el único, la aparición del ‘picudo rojo’, que viaja en las palmeras que las urbanizaciones turísticas del sur compraban en Egipto, afectó a esas palmeras y a los palmerales canarios, protegidos legalmente de casi todo menos de la insensatez de puertas abiertas a especies y cargas animales o vegetales que pueden tener efectos demoledores en la biodiversidad y en la agriculturas de las islas. La aparición de un nuevo animal, la serpiente californiana, cuya erradicación se está demostrando más difícil de lo previsto, necesita no solo un fuerte presupuesto sino medios de los que aún de carece. El control sanitario en ‘llegadas’ portuarias sigue siendo, desgraciadamente, una asignatura pendiente, para los gobiernos de España y de Canarias, de especial gravedad en un ecosistema tan frágil como el isleño.

Con este panorama de riesgo, varios políticos y algunos empresarios defensores del todo vale si hay euros y dólares por medio, un relativismo moral que es una bomba de racimo para la sociedad, no han puesto inconveniente económico a una ocurrencia que en sí, además de los perniciosos efectos para la salud de los ciudadanos que viven hasta a tres kilómetros de la chimenea más de 300.000, tiene graves riesgos para la economía regional. Regional, porque si las plagas llegan en barco desde otros países, Brasil, Colombia, Bolivia, o el golfo de Guinea, pueden perfectamente desplazarse ‘low cost’ entre las islas. Ninguna queda a salvo.

Es una paradoja curiosa, y aleccionadora de la capacidad de triquiñuelas para lograr subvenciones retorciendo su sentido original, que la mayor incineradora de biomasa y residuos de Europa se pretenda instalar precisamente en uno de los territorios europeos con menos biomasa, que en el caso de Gran Canaria es resultado de una paciente reforestación, tras la desertización inducida por las ‘inversiones’ para el desarrollo y la subsistencia en los siglos XVII, XVIII y XIX. Alrededor de la palabra ‘biomasa’ se ha pretendido armar un discurso falsamente conservacionista manipulando las palabras. Hay dos clases de biomasa, pero que son biomasa: la fósil, como el petróleo, y la no fósil, como la madera. Ambos tienen su base en hidratos de carbono: o sea, carbono más hidrógeno. Los efectos en la producción de partículas y de óxido de nitrógeno son comunes, aunque la madera no produce óxidos de azufre. No son los únicos elementos nocivos: hay hasta 55 sustancias de distinto grado de toxicidad.

Las plantas de biomasa deben estar en consonancia con su entorno. Por eso las que se instalan en Europa no son un peligro ni para la salud, ni para la propia biomasa forestal. En Finlandia las plantas de biomasa son adaptadas a la biomasa de Finlandia. Una planta de las características de la que se ha pretendido situar en La Luz se convierte, por su dimensión, en una depredadora de la escasa biomasa local y en un enemigo público para la salud. Además, como las islas no producen ni el diez por ciento de la materia prima necesaria para su producción óptima, hay que importar madera desde los países productores a los que les sobre, y al mejor precio. Se construye, entonces, un servicio marítimo regular de plagas que se desplazan cómodamente en grandes cargueros. Los puertos ni tienen capacidad de controlar fitosanitariamente estos cargamentos, ni es juicioso que se almacenen a cielo abierto en las instalaciones portuarias 62.000 toneladas de forma permanente para echar a las calderas. “Sería la ruina de la agricultura canaria”, nos ha dicho un dirigente agrícola. “El martillazo final”.

Hay otro peligro: el riesgo de explosión en calderas de biomasa no se puede descartar. Basta con consultar Google para comprobar que el número de explosiones es significativo. En el puerto de Las Palmas de Gran Canaria las calderas y los depósitos permanentes de madera al descubierto estarían a pocos metros de los grandes depósitos de combustible y de una estación de ferrys interinsulares.

A pesar de lo que digan algunos ingenuos, o desinformados, o con intereses profesionales, corporativos o empresariales creados, el único problema no es la situación en el puerto de La Luz. Su incorporación a la maquinaria acelerante del cambio climático, por sus emisiones, hace que Canarias incumpla Kyoto, y el reciente acuerdo mundial de París. Canarias trata de que no se le computen las emisiones de los aviones, que cruzan los cielos llenos de turistas, y que, en todo caso, siempre proceden de fuera de las islas o, al menos, enlazan las islas con otras regiones o países. No es la mejor señal de compromiso con la lucha contra el cambio climático que hoy, nadie, en su sano juicio, pone en duda; y la imagen, como cada año se demuestra en Fitur y en Berlín, vende. Y Canarias, como cualquier otra parte del mundo, ocupa un lugar en la Tierra y lo que haga o no haga hay que sumarlo con lo que hacen o no hacen en otros lugares.

ENCE ha reconocido, en dos ocasiones, que su proyecto tenía fallos serios, unos fallos que habían sido detectados por los técnicos de Sanidad Medioambiental, que supieron cumplir con su deber: detectar los efectos perjudiciales sobre la salud pública, a pesar de las presiones ‘ambientales’ que pueden verse en numerosas declaraciones de altos cargos y representantes políticos y económicos.

Hay que darles a las palabras el significado para el que fueron creadas. La biomasa es una energía renovable, allí dónde hay biomasa; la biomasa es una energía limpia, dentro de lo que cabe, si se utiliza para su transformación en energía métodos limpios y no incineración dura y materia prima peligrosa; la biomasa es sostenible si su tratamiento está despojado del interés económico y se centra en el interés y la necesidad del entorno. Es obvio que es preferible, en zonas boscosas, convertir la biomasa sobrante en luz que tirarla a un vertedero. No es el caso de Canarias, en donde no hay biomasa local. Lo que se consigue, encima, con plantas desproporcionadas, es destruir la biomasa tropical.

Y al contrario, en Canarias la biomasa de importación aumenta la dependencia energética, porque para sostener la incineradora a pleno rendimiento (igual a pleno negocio) hay que depender del suministro exterior. Parece mentira, pero en un momento en que la Unión Europea está modificando su sistema de producción eléctrica y de aprovisionamiento de gas, por la inestabilidad de los productores árabes, y por el uso estratégico que como arma económica y política hace Putin de Gazpron, sobre Ucrania pero también sobre los países de Centroeuropa, sectores clave de la política, el pensamiento y la economía de las islas parecen vivir en Belén con los pastores.

Desde los años 80 tanto las universidades canarias como los expertos de defensa y seguridad han defendido la necesidad de disminuir drásticamente la dependencia del exterior, y han planteado como la mejor opción estratégica y económica para la seguridad nacional y el interés de España, y de Canarias, generalizar el uso de las energías eólica y solar. Son las únicas que hay en Canarias, y que según lo expertos de la NASA, dispondrá la Tierra en los próximos cuatro millones de años, que son los que, algunos estudios, le dan al sol. Cuatro millones de años es tiempo suficiente para amortizar las inversiones que se hagan…

El Ministerio de Industria, pues, debería hacer lo que indica el interés nacional: dejar de ponerle puertas al viento y al sol gratuito, e impulsar decididamente las energías eólica y solar en un marco de libre competencia en el que las grandes empresas y las pymes tengan igualdad ante el riesgo y la ventura. ADAPA (Asociación de Amigos de los Arboles y el Paisaje) considera incomprensible que se boicotee la energía eólica aduciendo que consumen muchas ayudas, y se otorgue más ayudas a una producción a base de residuos forestales menos eficientes y con más subvenciones. Son esas subvenciones desviadas de su debida intención la clave del problema, y del peligro del que, por ahora, hemos escapado los canarios.

La Comunidad de Madrid acaba de aprobar por unanimidad una PNL en la que pide al gobierno de la nación que promueva el autoconsumo. Nosotros se lo pedimos, se lo exigimos, en nombre de la sensatez, al Gobierno de Canarias y a todos los grupos en el Parlamento regional: que hagan lo mismo y exijan que de una vez la energía eólica y la solar dejen de ser en España rehenes de intereses inconfesables, pero presentidos, mientras EEUU, Alemania, Francia, los nórdicos, han declarado prioritaria esta fuente de energía limpia, renovable y con una materia prima gratuita. Mantener el actual bloqueo a la energía eólica y a la solar, y al autoconsumo, es, en pocas palabras, una traición a los intereses de Canarias y de España. Como dice un refrán “camarón que se duerme se lo lleva la corriente”.