Los medios se han llenado en los últimos días de debates sobre la izquierda que parten siempre de una misma pregunta: “¿Quiénes?”. Sorprendentemente, nadie parece tener demasiado interés en plantear otra cuestión: “¿Para qué?”. Pero, a mi juicio, el dilema determinante para combatir el ascenso de la derecha y la extrema derecha no es el de los nombres, es el del método, porque la unidad no se construye en torno a una foto, sino a un proyecto.

Si la clave para evitar que gobierne la derecha fuese ir todos juntos, ¿cómo se explica que las grandes transformaciones de la pasada legislatura –que en último término fueron las que detuvieron el avance del PP y Vox el 23J– hayan sido posibles gracias a fuerzas políticas que nunca nos hemos presentado juntas a las elecciones, como Unidas Podemos, ERC o EH Bildu? Si ir todos juntos es un fin en sí mismo, ¿por qué nadie sigue ese argumento de la unidad hasta sus últimas consecuencias y propone ir también con el PSOE, más cuando las fuerzas que gobiernan actualmente en España dicen estar más cerca del PSOE que de otras fuerzas de izquierdas? 

En Podemos pensamos que es el momento de bajar el balón y pensar con calma sobre lo que han representado las dos últimas legislaturas. Echemos la vista atrás por un instante: ¿Por qué en la pasada se debatía de vivienda, ecologismo y leyes feministas, mientras que en la presente legislatura los titulares solo hablan de corrupción, puteros y gasto militar? ¿Acaso han desaparecido problemas como el precio de los alquileres o el poder adquisitivo de los salarios? ¿O es que la izquierda ha perdido la capacidad de liderar la conversación y de transformar la realidad?

A Podemos se le ha acusado de muchas falsedades, pero una era cierta: nos gusta el ruido. Mientras compartimos Gobierno con el PSOE, nuestro objetivo fue empujar a Sánchez más allá de su zona de confort, ya fuese con el control del precio de los alquileres, con el tope al gas o con la ley trans, tres de los avances a los que los socialistas se oponían y que, muy a su pesar, tuvieron que aceptar por la presión política y social que se logró acumular.

Con sus aciertos y errores, el debate en la coalición sobre las medidas más eficaces para afrontar los problemas de la gente ocupaba la conversación pública, estrechándole el carril a la derecha y la extrema derecha, y se traducía en avances en derechos –y también en votos–: la prueba más evidente es que, en la campaña del 23J, Sánchez articuló su discurso en torno a políticas que le había arrancado Podemos, como la subida del SMI o el Ingreso Mínimo Vital, y logró revalidar la mayoría para gobernar.

Justo después, sin embargo, se expulsó a Podemos del Gobierno y se sustituyó por una izquierda dócil que abogó por “una nueva relación con el PSOE” basada en no incomodar. Sánchez tomó nota e hizo lo que mejor hace el PSOE cuando gobierna: decepcionar a la izquierda, ya sea por su inacción ante la emergencia habitacional, por meter el feminismo en un cajón o por realizar el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país. Y, en los últimos meses, por los graves casos de corrupción y machismo en Moncloa y Ferraz.

Pese a esos escándalos, formaciones como las que todavía hoy integran Sumar, ERC o EH Bildu han defendido durante la legislatura que es necesario sostener a Pedro Sánchez y su Gobierno a cualquier precio, incluso si ello implica asumir recortes en el subsidio a mayores de 52 años, mirar hacia otro lado mientras el Ejecutivo vendía armas a los genocidas o comprar el discurso racista que vincula inmigración y delincuencia. El malmenorismo, es decir, la renuncia a transformar por miedo a incomodar al PSOE y a pagar el precio que ello implica, es el mayor fracaso de la izquierda y una alfombra roja para la derecha. No me parece menor que la medida social más importante –y probablemente la única de esta legislatura–, la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas migrantes, la haya conseguido Podemos con su método. Han hecho más cuatro diputadas que cinco ministerios.

Pedro Sánchez afirmó en su última comparecencia que el crecimiento de Vox no tiene nada que ver con él, sino con el PP, y que quien diga lo contrario, miente. En Podemos no estamos de acuerdo: el crecimiento del bloque de las derechas se dispara cuando el Gobierno es incapaz de resolver los problemas materiales de la gente y el malestar social se acumula; cuando en demasiados espacios mediáticos se normaliza el discurso clasista, racista y machista de la derecha –no así en RTVE, cuya renovación pactó el PSOE con Podemos–; y cuando una parte de la izquierda prefiere pedir perdón por existir antes que empujar políticas valientes.

Por eso, ahora que esa receta se ha demostrado fracasada, ahora que sabemos que este Gobierno y el descontento que genera es una fábrica de ultraderechistas, es el momento de que cada partido a la izquierda del PSOE y cada formación soberanista o independentista decida entre ahondar en la senda fallida de esta legislatura o corregir el rumbo. Nosotras lo tenemos claro: es la hora de volver a poner en pie a la izquierda inconformista e insumisa.

Por eso, cuando se plantea el debate sobre lo que debe hacer la izquierda, lo más honesto es empezar por responder a la pregunta de “para qué”: si es para pasar de las palabras a los hechos, si es para plantear y llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias un proyecto alternativo y diferente al proyecto del PSOE, y para poner toda la fuerza en la batalla contra la derecha y la extrema derecha, se puede contar con Podemos. Si es para culpar al feminismo, a las personas migrantes y al colectivo LGTBIQA+ del avance de la extrema derecha, Podemos con seguridad no estará.

En los últimos diez años hemos conformado las alianzas más amplias de la izquierda desde la Segunda República, y una vez más nos proponemos presentar en las próximas generales la candidatura más ambiciosa y plural para recuperar la capacidad de transformar la realidad y disputar el poder. Y esa disputa pasa, en estos momentos, no solo por hablar entre formaciones políticas, sino por establecer un diálogo permanente con todos los sectores sociales, organizaciones, trabajadores, feministas, antirracistas, personas del colectivo LGTBIQA+ y con esa mayoría social desencantada con el PSOE que necesita organizarse, porque es la única que puede parar a la extrema derecha en nuestro país.

El miércoles se anunciaba el cierre del acuerdo sobre el nuevo Pacto de Migración y de Asilo de la Unión Europea, todavía bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Cinco acuerdos que vienen a enterrar definitivamente el derecho de asilo en Europa. A partir de ahora las personas que lleguen a nuestras costas y quieran solicitar asilo estarán en una “ficción de no entrada”, detenidas en lo que sólo pueden ser considerados como campos de concentración, incluidos los niños y niñas, y los Estados Miembros podrán pagar hasta 20.000 euros para rechazar acoger a estas personas que huyen de los conflictos, de la emergencia climática, del expolio de sus recursos naturales y de una profunda desigualdad.

La extrema derecha no gobierna pero manda en Europa, mandan sus ideas, sus propuestas racistas que dicen que algunas personas no tienen derechos por el hecho de haber nacido en otro país o ser personas racializadas. La extrema derecha ha mandado sobre una socialdemocracia incapaz de defender con la valentía suficiente los principios fundacionales de Europa. Dicen que así vendrán menos personas migrantes a Europa, a pesar de que sabemos muy bien que lo único que ocurrirá es que habrá más muertes en nuestras fronteras y que las personas deportadas a los mal llamados países seguros verán sus derechos humanos cruelmente vulnerados. No hay más que recordar cómo Túnez abandona en el desierto a personas migrantes para que mueran de sed y hambre.

La socialdemocracia europea, incluido el PSOE, ha dejado pasar la oportunidad de apostar por un acuerdo sobre la cuestión migratoria que defienda la realidad, que necesitamos vías legales y seguras para migrar como única forma de acabar con las muertes en las fronteras. Si las personas migrantes pueden pagar miles de euros por subirse a un cayuco o a una barcaza, perfectamente pueden pagar un billete de avión a Francia o a España. El problema, como siempre ha ocurrido, es que ninguno de los países europeos les da el visado para poder hacerlo legalmente. La extrema derecha ha logrado imponer su tesis, conseguir que las personas migrantes tengan que venir así, criminalizadas, humilladas, jugándose la vida, para poder construir sobre ellas el relato de una amenaza que no existe, pero que alimenta a sus votantes y sus planteamientos políticos racistas.

La firma de este Pacto coincide además con la profunda inacción de la Unión Europea ante el genocidio en Palestina. Con todo ello, la UE entierra gran parte de su identidad, de su credibilidad y legitimidad. Si la democracia, sus derechos sociales y políticos, no son para todos, entonces no es democracia. Necesitamos, hoy más que nunca, volver a lo que fuimos, aunque ya casi no lo recordemos. Volver a la esencia de una Europa que cree en los derechos humanos, no porque le interese sino porque forman parte de sus convicciones. Estoy convencida de que este pacto no representa la voluntad mayoritaria de una ciudadanía europea que quiere paz, cohesión social y vidas buenas para todas las personas. Es hora de salir a defender esa voluntad con todas nuestras fuerzas.

El señor Rubiales está desorientado, no entiende muy bien qué está pasando. O no quiere entender. Probablemente lo que hizo con Jenni Hermoso o cosas parecidas lo lleva haciendo mucho tiempo y nunca ha pasado nada. Hasta ahora.

Quizás al señor Rubiales le pasó desapercibido el asesinato de Nagore Laffage hace ahora 15 años en unos Sanfermines que nos marcaron a muchas y las movilizaciones feministas que vinieron después. O el hecho de que el único ministro del Partido Popular dimitido de toda una generación criada entre algodones de corrupción fuese el que intentó acabar con el derecho de las mujeres españolas a la interrupción voluntaria del embarazo. Posiblemente el señor Rubiales estaba demasiado ocupado escalando en el entramado oligopólico del fútbol español cuando las mujeres organizamos la primera huelga feminista de trabajo, cuidados y educativa que cambió para siempre nuestra sociedad en 2018. O durante las movilizaciones masivas del 8M de 2019 y siguientes, llenas a rebosar de mujeres de la edad de las jugadoras de la Selección.

Seguramente no le interesó mucho al todavía Presidente de la Federación española de fútbol lo que tenían que decir las cientos de miles de mujeres que salimos a la calle en protesta por la sentencia de la Manada gritando hasta dejarnos la voz: “sólo sí es sí, ”no es abuso es violación“ y lo más importante para su caso particular, ”hermana, aquí está tu manada“.

No sabemos qué pensará el señor Rubiales del bulo extendido sobre la Ley sólo sí es sí que, a pesar de los datos que demuestran lo contrario, extendió la derecha política, mediática y judicial. Lo que es seguro es que este hombre, y otros, se ha perdido una década de la Historia de España. Una década en la que las mujeres hemos dicho basta, hemos alzado la voz y ya no aceptamos que nos digan si algo tiene o no importancia. Una década en la que las mujeres hemos puesto sobre la mesa debates clave para el futuro de nuestra sociedad, sobre cómo reorganizar los cuidados, la sostenibilidad de la vida, los derechos de las trabajadoras más precarias. Ahora las mujeres en España llamamos violencia sexual a lo que es violencia sexual. El consentimiento ya está en el centro. Ese es uno de los grande triunfos de esta ola feminista imparable que vivimos en España. El sentido común ya ha cambiado y más pronto que tarde estoy segura de que volverá al código penal como tanto peleamos con el Ministerio de Igualdad e Irene Montero a la cabeza.

Las campeonas del Mundial de fútbol ya han ganado, las que fueron y las que renunciaron a ir por la situación insostenible de la Federación. Han demostrado que las mujeres, juntas, somos capaces de cambiarlo todo. Hasta el fútbol, territorio vedado como pocos. Váyase señor Rubiales y, sobre todo, que tomen nota todos los que alguna vez hayan pensado que el cuerpo de las mujeres estaba a su disposición. Por Jenni Hermoso, por nuestras hijas, por nuestras madres, por nosotras. Por todas las que alguna vez hemos oído justificaciones a cosas que no la tenían cuando nuestro jefe decidió tocarnos el culo sin consentimiento en la fiesta de la empresa aprovechando que bailábamos, al amigo que nos metió mano cuando dormíamos cerca en un campamento, al que le pareció gracioso restregarse contra nosotras en el transporte público o hacer comentarios sobre nuestra vida sexual. Las jugadoras de la Selección lo han dicho más claro de lo que podemos decirlo cualquiera. Por ellas, por todas, se acabó.

El Gobierno de coalición ha rebasado la mitad de la legislatura haciendo gala de una gran estabilidad, a pesar de haberse enfrentado a la gestión de las peores crisis económicas de las últimas décadas, consecuencia de una pandemia mundial y de una guerra en el corazón de Europa. Todo ello en medio del discurso catastrofista del bloque reaccionario formado por PP y VOX, que no ha dejado de intentar deslegitimar al Gobierno, demostrando que su compromiso con la democracia sólo existe cuando ganan, y de otras voces que definen como “ruido” los debates esperables entre dos formaciones políticas de trayectorias distintas. 

Hemos abordado las crisis económicas construyendo dos escudos sociales que nos han permitido parar lo peor del golpe y proteger a la gente en los momentos más difíciles, realizando el mayor despliegue de protección social de la Historia de nuestro país. Esto ha demostrado algo muy importante frente al mantra neoliberal de la austeridad, que se puede gestionar una crisis económica poniendo a la gente a cubierto, al mismo tiempo que se hace evidente que hemos tomado las mejores decisiones desde el punto de vista económico. Las más de 20 millones de personas cotizando a la Seguridad Social, cifras que no se daban en España desde 2008, nos avalan.

Sin embargo, es posible que el Gobierno de coalición se enfrente ahora a su mayor reto, frenar la inflación y dejar de posponer las reformas estructurales que nuestro país lleva tanto tiempo esperando. Para ello es fundamental apostar por más Gobierno y más coalición, demostrar que queremos seguir gobernando juntos y fortalecer el bloque democrático de la investidura que es la única vía de gobernabilidad estable frente al PP y VOX.

Pienso que es urgente que el Gobierno despliegue todo su potencial político y fije las prioridades políticas para el final de la legislatura. Es hora de gobernar, gobernar y gobernar. Sólo así vamos a lograr que la ciudadanía se sienta orgullosa del país que estamos construyendo, como lo está cuando subimos el Salario Mínimo Interprofesional a 1000 euros, aprobamos una nueva ley del aborto que es vanguardia, la ley de eutanasia o la limitamos las subidas del alquiler. Y en ese camino, es evidente que las transformaciones feministas deben seguir ocupando un papel protagonista. Son, sin duda, las que con más claridad ponen la vida en el centro y generan los mayores consensos y los cambios más profundos. 

Si el Gobierno despliega políticas valientes y ambiciosas y se muestra convencido del futuro que está dibujando, estoy segura de que la ciudadanía volverá a depositar su confianza en nosotros en las próximas elecciones. Por el contrario, si se sigue insistiendo en que la movilización del electorado progresista vendrá del miedo a VOX, volverá a pasar como en Andalucía. No podemos olvidar, ni dejar que nadie olvide, que por mucho que el PP hable más bajito y a veces no lleve corbata, sigue aplicando las mismas políticas fundamentalistas de recortes salvajes de lo público, de corrupción legal e ilegal y de privatizaciones que les llevaron a salir del Gobierno en 2018, a consecuencia de una moción de censura. Ni tampoco que VOX es poco más que una escisión del PP, una exaltación de sí mismos. 

En Podemos tenemos claro que a la derecha se le frena ampliando el sentido común progresista, con la ley de familias, con un decreto anticrisis valiente y eficaz, con una política migratoria respetuosa con los derechos humanos, con una reforma fiscal ambiciosa que haga que de una vez por todas las grandes empresas y las grandes fortunas paguen lo que les corresponde o derogando, de una vez por todas, la ley mordaza. No sería tampoco mala idea tomarse en serio el impulso a una empresa pública de energía que gestione las renovables en las que España es líder o estudiar una renta garantizada que ponga fin a los problemas del Ingreso Mínimo Vital. Para ello, unos Presupuestos Generales del Estado que frenen la inflación y protejan a las familias deberían ser una prioridad absoluta del ejecutivo. 

Además, es imprescindible cuidar el bloque de gobernabilidad progresista que hizo posible este Gobierno, atendiendo y escuchando las demandas que van a hacer posible un diálogo real y sincero con Cataluña y sus representantes. La alianza con todas las fuerzas progresistas del Estado es clave para que los derechos sociales y políticos avancen.

El 15M primero y el 8M después impulsaron en España un ciclo de cambio que ha dado frutos. En él, Podemos ha sido el principal motor de las conquistas más importantes de estos años, además del articulador de las alianzas estratégicas con otras fuerzas que las hacen posibles, pero tenemos que seguir trabajando para consolidar ese cambio, dejando atrás los parches y avanzando en la transformación profunda de nuestro país. 

Vivir mejor. Esa es la promesa que Gabriel Boric le ha hecho al pueblo chileno y con la que se convertirá en presidente tras ganar este domingo las elecciones al ultraderechista José Antonio Kast. La victoria del candidato de Apruebo Dignidad simboliza un antes y un después para Chile, para América Latina y para todos los proyectos transformadores internacionales. Los chilenos y chilenas han marcado con claridad el camino hacia un nuevo ciclo.

El domingo pasado Chile no solo decidía el futuro de su país, sino que también era el escenario de una competición entre las dos salidas a la crisis del neoliberalismo. Por un lado, se presentaba la internacional reaccionaria, el nuevo proyecto de las élites económicas que apuesta por el nacionalismo excluyente y la persecución del diferente. Pero por otro, se ha construido un proyecto ilusionante de unidad popular basado en la igualdad, los derechos humanos, la protección del planeta y el ensanchamiento de los horizontes democráticos. Un proyecto que ha logrado recoger el mandato de cambio que reclamaba el pueblo chileno desde el estallido social y que luego dio paso a la Convención Constitucional. Han sido los chilenos y chilenas los que han llevado la candidatura hasta la Moneda y han logrado frenar a la ultraderecha con una movilización masiva y emocionante.

El “vivir mejor” del que Gabriel Boric ha hecho su eje de campaña se alinea, precisamente, con los principios esenciales que sustentan la Agenda 2030. Ante un agotamiento evidente del modelo económico, existe una alternativa que tiene en su base la vida en común, el cuidado de las personas y el planeta y la dignidad de los pueblos. Los chilenos y chilenas han elegido un proyecto que trabaje por un futuro mejor para todos y todas.

Boric es también el representante de una generación que lleva años pidiendo paso. Ahora Sebastián Piñera tendrá que ceder el poder a uno de los muchos hombres y mujeres que se levantaron contra sus políticas, un líder que surgió de la protesta estudiantil. Es una potente lectura sobre los resultados a los que lleva la organización política y la participación popular. Hoy Boric lanza un mensaje a todos los ciudadanos y ciudadanas: si algo no te gusta, si no funciona bien, organízate para cambiarlo.

Apruebo Dignidad representa una lección poderosísima para todos los espacios y alianzas progresistas. Nuestros pueblos nos están demandando certezas y futuro ante el evidente fracaso de las políticas neoliberales. Chile ha demostrado que si logramos trenzar proyectos ilusionantes y amplios podemos derrotar a la desafección, que constituye uno de los ralentizadores más potentes del cambio político. Es el momento de construir juntos y mirando hacia delante. Como dice el nuevo presidente: “Somos unidad. Somos esperanza. Somos más cuando estamos juntos”. 

Por esta misma razón, sabemos que el camino más difícil de Boric empieza ahora. A la tarea de construir un sistema universal de salud, pensiones públicas robustas o la condonación de la deuda educativa se le sumará la de derribar resistencias sistémicas. La campaña electoral del ultraderechista Kast ha estado llena de difamaciones, noticias falsas, tensión inyectada en la sociedad y de nostalgia autoritarista. El objetivo era evitar el triunfo de Boric, incluso con falta de transporte público durante la misma jornada electoral.  Su victoria es un portazo al pinochetismo y la confirmación de que no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza, como dijo Salvador Allende.

El presidente electo ha ganado tejiendo para el pueblo chileno una esperanza, un proyecto de futuro que implica transformaciones profundas, un camino que Boric ha prometido hacer como se hacen todas las cosas importantes: “peldaño a peldaño” y “con los pies en la calle”. No se lo pondrán fácil en un país que ha servido como experimento de las políticas neoliberales que se han exportado después a otras regiones. Todos y todas las demócratas estamos mirando a Chile, y sabemos que es el principio de una ola de cambio que llegará a Brasil o a Colombia en esta nueva página de la historia.

Una de las frases más representativas de la campaña de Boric ha sido que la esperanza iba a vencer al miedo. Nosotras decimos que esta es siempre una tarea cotidiana, algo que hay que construir cada día.  Este domingo, Chile ha demostrado que creer y construir esperanza es la única forma de ganar el futuro.

Se ha argumentado que la reciente subida del precio de la luz es fruto del temporal de frío y nieve que azota nuestro país. Efectivamente, es cierto que la demanda se ha incrementado durante la pasada semana, el precio internacional del gas ha crecido y ha caído la producción de las energías renovables –las más baratas– por la falta de viento y sol. No obstante, el principal motivo que explica las subidas de la factura eléctrica a las que hemos asistido no es el frío, sino la disfuncional regulación de nuestro mercado eléctrico.

Durante estos últimos días los precios de la luz se han incrementado en algunos momentos hasta un 100%, mientras que los costes de generación de esa energía apenas se incrementaban en un 4%, tal y como señala Jorge Fabra (ex­ presidente de Red Eléctrica de España y Vocal Consejero de la Comisión Nacional de la Energía entre 2005 y 2011).

Esta incapacidad del mercado eléctrico para revelar correctamente –tanto en momentos puntuales, como de forma estructural– los costes reales de la generación de energía constituye un importante problema para nuestro país, que viene de lejos y se explica fundamentalmente por la regulación establecida en 1997 por el gobierno de Aznar.

Las 'subastas marginalistas' del mercado mayorista puestas en marcha entonces por el Partido Popular han articulado un sistema subordinado a los intereses de un poderoso oligopolio empresarial, que genera notables disfuncionalidades en nuestra economía: los precios de la electricidad para las familias españolas son los quintos más caros de la UE, lo que lastra la capacidad de consumo de muchos hogares y contribuye a un alto nivel de pobreza energética (6,8 millones de personas sufren en España temperaturas inadecuadas en la vivienda o retraso en el pago de recibos). Además, los elevados precios de la electricidad en nuestro país conllevan problemas de competitividad para millones de empresas españolas, por los sobrecostes que se ven obligadas a asumir.

El funcionamiento del mercado mayorista de electricidad poco o nada tiene que ver con cualquier otro mercado, dado que su configuración refleja desde hace más de dos décadas el extraordinario poder que ejercen las empresas eléctricas dominantes: las distintas tecnologías que participan en el pool ofertan electricidad a precios muy diferentes y, de entre todas las centrales que son necesarias para cubrir la demanda en una hora determinada, la que ha hecho la oferta más cara marca el precio al que cobran las demás. Como se suele decir, al final del día en la subasta eléctrica, pagamos zumo de piña al mismo precio que el champán más caro. Este procedimiento es particularmente problemático si tenemos en cuenta que el precio finalmente fijado en estas subastas es, en muchas ocasiones, el que perciben las empresas propietarias de algunas tecnologías –nucleares e hidroeléctricas– que presentan costes de generación bajos y que ya han recuperado sobradamente sus costes de inversión. Recordemos que cuando se produjo la “liberalización” del sector, a estas empresas se les reconocieron unos Costes de Transición a la Competencia con la finalidad de garantizar a los propietarios la recuperación de su inversión inicial.

El resultado de la ecuación a nadie se le escapa: este mecanismo de fijación de precios viene generando los denominados “beneficios caídos del cielo” –del orden de 700 millones de euros anuales en término medio desde 1997, según algunas estimaciones– para un oligopolio en el que cinco grandes compañías poseen la mayor parte de la capacidad instalada, y controlan la totalidad de las redes de distribución.

Este Gobierno de Coalición ha dado ya en 2020 algunos pasos para abaratar la factura de la luz: un fuerte impulso a las energías renovables –son las que hoy presentan menores costes de generación–, y la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que permitirá que parte de los costes fijos asociados al régimen retributivo de las renovables dejen de formar parte del recibo de la luz. Estos son pasos adelante en la estrategia de electrificación de nuestro sistema, que en todo caso requieren de medidas más audaces para abaratar realmente los costes del suministro eléctrico y evitar episodios como los que hemos vivido durante los últimos días.

El Acuerdo de Coalición Progresista entre el PSOE y Unidas Podemos incluye una medida crucial en este sentido, como es “realizar los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como ”beneficios caídos del cielo“) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión”. La reciente subida de la factura de la luz evidencia que no podemos esperar más, debemos cumplir con urgencia esta medida del Acuerdo de Coalición.

Para ello se deberían auditar los costes remanentes de nucleares e hidroeléctricas y, a partir de ahí, limitar el precio al que estas centrales pueden cobrar la electricidad en el mercado (mediante un WindfallTax, o con contratos por diferencias similares a los que se han diseñado para las nuevas subastas de renovables). La diferencia entre el precio de mercado y ese límite se consideraría un ingreso del sistema eléctrico que se destinaría a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores.

La agenda en materia de reforma del mercado eléctrico tiene además otros elementos cruciales, contemplados tambiénen el Acuerdo de Coalición y que deberán ir desarrollándose a lo largo de la legislatura: la revisión de los pagos por capacidad (para limitarlos a medidas condicionales), la modificación de la factura eléctrica con el objetivo de reducir el porcentaje que representa el término de potencia, o el desarrollo de una auténtica estrategia de transición justa paralela al ambicioso despliegue de energías renovables previsto por este gobierno. La lucha contra la pobreza energética precisará asimismo de un nuevo bono social “multicombustible” (que incluya la electricidad y el gas), asumido por las comercializadoras y cuyo fin sea permitir que cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía.

Avanzar de manera decidida en todas estas medidas para reformar el sistema eléctrico, y reducir así la factura de la luz, es la mejor hoja de ruta para poder cumplir con la Agenda 2030 y alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número 7, que exige a los países garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Como bien señala este gran acuerdo internacional, de nada sirve avanzar en energías limpias o en eficiencia energética si al mismo tiempo miles de personas son privadas, mediante precios abusivos, de poder acceder a estos suministros.

Y, en todo caso, la transición que precisa nuestro modelo energético no solo debe perseguir su electrificación, para reducir drásticamente las emisiones de CO2. Dadas las condiciones oligopolísticas actuales, esta transición también debe impulsar la democratización del sistema. Favorecer la generación distribuida mediante el desarrollo de inversiones en autoconsumo y fotovoltaica de tejado puede ser una realidad en los próximos años, si parte del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE se destina a tal propósito.

Asimismo, pensamos que una empresa pública de energía que favorezca la competencia en un sector oligopolístico, y que saque a la luz la información real sobre el sistema y sus costes de generación, puede contribuir también a los objetivos de reformar y democratizar el mercado eléctrico, reducir la factura y garantizar el suministro a precios asequibles para toda la ciudadanía.

Un ejemplo de la utilidad que puede llegar a tener una empresa pública lo vemos estos días en La Cañada Real Galiana. Durante tres meses Naturgy, junto con el Gobierno de Ayuso, han consentido que miles de familias vulnerables permanezcan sin electricidad, incluso en pleno temporal de frío y nieve. Seguramente esto no habría pasado con una empresa pública de energía que se rija por criterios de servicio público y que atienda al cumplimiento de los derechos humanos. Tomemos nota de ello. 

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2015, junto a otros 192 países, la Agenda 2030. Después se apresuró a guardarla en un cajón, donde estuvo durmiendo el sueño de los justos hasta que el Alto Comisionado para la Agenda 2030 la rescató y comenzó a colocarla en el lugar que le corresponde, la primera línea de la política española. Apenas unos meses antes el movimiento feminista tumbaba la carrera política de Alberto Ruiz-Gallardón, tras tres años de dura tramitación de la reforma de la ley del aborto. Lo que no pudieron durante tanto tiempo los escándalos por corrupción, lo pudieron en aquel momento las mujeres. Premonitorio.

A pesar de haber transcurrido apenas cinco años, pareciera que hablamos de otro siglo. Hoy, por primera vez, la Agenda 2030 ha adquirido rango de vicepresidencia y podemos afirmar sin temor a equivocarnos que se ha hecho más para hacerla realidad en el primer mes del Gobierno de coalición que en todos los años de Gobierno del Partido Popular. Este mismo martes, el Consejo de Ministros daba luz verde a la ley del “solo sí es sí”, impulsada por el Ministerio de Igualdad. Una ley que el movimiento feminista se ha ganado peleando en las calles y que hace apenas unos meses era simplemente inimaginable en los términos en los que ha salido adelante.

Son buenos tiempos para la igualdad y para el cumplimiento de la Agenda 2030 porque este Gobierno ha trabajado, desde el primer momento, para poner en marcha políticas que sitúen en el centro la vida de la gente, como la subida del salario mínimo a 950 euros, la actualización de las pensiones o la declaración de emergencia climática; y por frenar de golpe las contrarreformas impulsadas por las derechas que no solo no nos acercaban al cumplimiento de la Agenda 2030, sino que nos alejaban del mismo. Empieza un tiempo nuevo en el que reconocemos abiertamente la verdad, que en esta década perdida los movimientos y colectivos sociales, y muy especialmente el movimiento feminista, han hecho más para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que las administraciones públicas.

Desde el nuevo Gobierno tenemos ahora la obligación y la responsabilidad de ponernos a la altura de las mujeres y de la ciudadanía de nuestro país impulsando políticas públicas modernas y ambiciosas que pisen el acelerador. A nadie se le escapa que hemos perdido mucho tiempo y que la gestión ineficiente del PP nos ha dejado a la cola de Europa en muchos ámbitos. Por eso es el momento de trabajar todas juntas y poner todos los medios para que la Agenda 2030 sea una realidad en nuestro país. En este sentido, las políticas públicas por la igualdad de género deben ser una prioridad absoluta y contar con un ministerio feminista va a ayudarnos sobremanera a cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, el de la igualdad de género, y con todos y cada uno de los demás objetivos. Porque no hay trabajo decente si no hay igualdad retributiva entre hombres y mujeres, no hay educación de calidad si no se pone coto a la segregación escolar por sexo y no hay salud y bienestar si no hay acceso a servicios públicos de salud sexual y reproductiva o se prohíben las esterilizaciones forzosas.

Medidas como estas representan lo que significa luchar por la igualdad de género en la España del siglo XXI. Significa defender políticas que redistribuyan la riqueza y eleven el suelo que pisan millones de mujeres en nuestro país, que ven como sus escaleras tienen muchos más escalones que las de los demás. España tiene una cuenta pendiente con todas esas mujeres, en su mayoría racializadas, que trabajan en nuestros hogares y todavía no están incorporadas al régimen general de la seguridad social, con todas las mujeres que se cogen preferentemente los permisos y reducciones de jornadas para cuidar de niños/as y mayores, con todas las que no pueden abandonar una situación de violencia por motivos económicos.

Avanzar en políticas feministas nos va a permitir alcanzar más rápido el resto de objetivos de desarrollo sostenible. Porque un país verdaderamente feminista es un país económicamente más justo y medioambientalmente más sostenible. Con feminismo, ganamos las mujeres y ganamos todos. Con feminismo en 2030 podremos decir que cumplimos.

He escuchado muchas veces que la Historia se repite. Es un dicho muy popular. Creo que hasta ahora había sido demasiado joven para tomar conciencia de hasta qué punto la Historia se repite de verdad, pero ahora ya no. El tiempo tiene esa manía tozuda de pasar para todas y hasta las más jóvenes somos menos jóvenes cada vez. Tras las elecciones del 20D y la inacción de un M. Rajoy que, a pesar de haber ganado las elecciones cosechaba el peor resultado del PP desde su aparición (lejos eso sí, del de Casado en este 2019), Pedro Sánchez encabezaba los intentos de formación de gobierno. La lógica parlamentaria, numérica y programática habría aconsejado intentar un gobierno con Podemos, Izquierda Unida y las fuerzas hermanas que en ese momento acumulaban 6 millones de votos. Sin embargo, Sánchez firmó un acuerdo con Ciudadanos y estuvo a punto de hacer vicepresidente a Rivera con un programa 80% liberal.

Este primer conato “socioliberal” continuista con políticas económicas austericidas que profundizan la brecha social e incapaz de acometer la imprescindible regeneración democrática que necesita nuestro país, fue evitado única y exclusivamente por el “principio democrático” que rige Podemos y que mantiene las decisiones clave de la formación en manos de los inscritos e inscritas. Personas normales que ven cómo su factura de la luz es cada día más alta y cómo tienen que abandonar alquileres porque no pueden asumir las subidas. El mandato de los inscritos fue unánime, como lo fue el grito de las personas concentradas ante la sede de Ferraz el pasado 28 de abril: ¡Con Rivera, no! Este principio democrático evitó que los y las dirigentes de Podemos acabáramos cediendo a una presión interna y externa insoportable para abstenernos en ese gobierno de Rivera presidido por Sánchez. Sólo meses después supimos por boca del propio Sánchez (cuando no tenía nada que perder) que había recibido presiones de aquellos que “mandan sin presentarse a las elecciones” para que no formara Gobierno con Podemos. Tuvieron que pasar dos años, y dos mociones de censura mediante, para demostrar que teníamos razón y que sí había números para echar a Rajoy de la Moncloa. Demostramos, una vez más, que sí se puede.

Algunos parecen olvidar en estos días que un PSOE al que hemos tenido que empujar hasta el agotamiento para que subiera el SMI, recuperara el subsidio por desempleo a los 55 años o ampliara los permisos de paternidad y maternidad, convocó elecciones en el momento que mejor le venía a su partido, no a España. Bien posible era haber conformado un gobierno de coalición en junio de 2018 y haber dado dos años de estabilidad y avances a nuestro país. Sin embargo, al PSOE sólo le preocupa el partido socialista y al partido socialista sólo le preocupa el PSOE. Convocó elecciones sabiendo que no estaba dispuesto a hacer más de lo que ya había hecho, como derogar la reforma laboral del PP, derogar las leyes mordaza o exigir el rescate bancario, y que el tiempo jugaba en su contra. La implantación territorial de un partido con décadas de historia frente al joven Podemos haría el resto en las elecciones autonómicas y municipales. Ahora, la Historia se repite.

El buen resultado del PSOE le da la oportunidad de elegir entre Ciudadanos y Unidas Podemos; y la CEOE y toda la banca internacional ya han mostrado sus preferencias de una forma obscenamente explícita. Esta preferencia contrasta con el Gobierno que contaría con más apoyo social según las encuestas, que es el de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE, porque como todo el mundo sabe, un gobierno del PSOE en solitario tampoco asumiría los grandes retos de nuestro país. En estos días Ciudadanos levanta el veto al PSOE, ese que aplicó para la campaña electoral, y vuelve a demostrar que el partido de lo que haga falta está en plena forma. Nada nuevo bajo el sol.

Esta repetición de acontecimientos, el evidente cordón sanitario a Podemos y a Pablo Iglesias para que no forme parte de un gobierno en el Estado, la utilización de cualquier argumento que no sirve para ningún otro partido: “piden sillones”, “han sacado un mal resultado en otras elecciones”, evidencia que el problema no son los resultados de las elecciones autonómicas, el problema ha sido siempre Podemos. Ni siquiera los ex dirigentes de Podemos que montaron un partido más amable y menos picajoso a la hora de pactar con Ciudadanos son un problema.

El problema es Podemos porque está sujeto al principio democrático, porque nos hemos atrevido a desnudar las vergüenzas de los poderes mediáticos y económicos corruptos que manejaban los hilos de la política de nuestro país bajo una omertá pesada y dolorosa. El problema es Podemos porque al poder no le gusta la democracia y hay representantes políticos que, aunque puedan ser elegidos, no se les permite gobernar. El problema es Podemos porque todo el mundo sabe que este proyecto es la única garantía que tienen los pensionistas, las mujeres, los jóvenes, los parados, los taxistas, las Kellys, los migrantes, los niños y todos los colectivos a quienes los de siempre han reservado la quinta fila de nuestra sociedad de que, incluso en los peores momentos, alguien va a defender sus intereses, cueste lo que cueste. Y los que no quieren que formemos parte de él saben perfectamente que eso, desde el Gobierno de España, se hace mucho mejor y con más fuerza.

Por último, toda esta constatación no puede, ni debe, llevarnos al desánimo. Cuando exigíamos el cierre de los CIE o el fin de los desahucios desde los movimientos sociales, cuando salimos a las calles en el 15M a decir que no nos representan, cuando cada 8M defendemos la igualdad entre hombres y mujeres, sabíamos y sabemos que la transformación social no se consigue de un día para otro. Hoy estamos mucho más cerca que entonces de poder hacer realidad políticas que mejoren la vida de la gente, como la subida del SMI a 900 euros, desde el Gobierno. Juntas, en alianza con la sociedad civil organizada, hemos demostrado que podemos conseguir cosas importantes. Y ahora, lo volveremos a demostrar.

En menos de una semana se han sucedido tres ataques a centros de menores de jóvenes que han migrado solos a España. Uno en Casteldefells, otro en Canet de Mar y el último en la Zona Franca de Barcelona. La violencia hacia estos chicos no es nueva. Dos murieron en Melilla cuando estaban bajo la tutela de centros de menores el año pasado. Soufiane había perdido un pie haciendo “risky”, intentando cruzar a la Península. Mamadou sufrió varias paradas cardiorespiratorias aparentemente después de que le redujera la seguridad privada del centro. Ninguna institución pública informó a su familia y la cruel respuesta del consejero del PP cuando se le reprochó esto fue “que los padres hubieran venido antes y no a por su cadáver”.

Todo esto está pasando mientras nuestro país sigue rozando un 30% de pobreza infantil, mantenemos una ley educativa que expulsa a los alumnos y alumnas fuera del sistema educativo, ya sea a centros de educación especial o a FPs básicas, y no conseguimos que ningún Gobierno se comprometa de verdad con el Buen Trato hacia la infancia y articule una ley estatal que proteja a los niños y las niñas de todas las formas de violencia. Ahí está el quid de la cuestión. El trato que reciben los niños y niñas que migran solos, con pruebas que incluyen desnudos integrales para decidir cuál es su edad nada más llegar, incluso aunque tengan documentación, es el espejo en el que se mira España cuando hablamos de derechos de la infancia. Un sistema de protección que abandona institucionalmente a la infancia que se encuentra en la situación más límite, la de afrontar un proyecto migratorio en solitario, es un sistema fallido.

Nuestro país incumple de manera sistemática no solo la propia legislación española, sino también los tratados internacionales que ha firmado, como la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia. Este tratado recoge que los niños y niñas migrantes sean siempre tratados antes como niños y niñas que como migrantes porque es lo que son. Justo lo contario de lo que está haciendo el Partido Popular cuando pretende repatriarlos como si fueran adultos en situación irregular. No digamos ya la confusión que parece tener Pablo Casado entre protección de derechos y conculcación de los mismos, como hemos visto con su estrambótica propuesta sobre las mujeres migrantes que den a luz en España. El racismo junto con el sexismo y la situación socioeconómica cosifica a las personas migrantes, se extiende como una mancha de odio por los discursos políticos de la derecha y no se detiene en los niños y niñas.

Sus propuestas políticas con respecto a la infancia migrante están imbuidas de xenofobia, de racismo, sexismo y clasismo. Las declaraciones de Pablo Casado en este sentido ejemplifican perfectamente hasta dónde puede llegar un político irresponsable, que quiere pescar votos en cualquier caladero, sin importarle qué consecuencias futuras tengan sus declaraciones de hoy, ni qué derechos se conculquen, aunque sean niños y niñas de quienes estamos hablando. Migrar es ante todo un derecho humano, como recoge la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, y, en ese sentido, pensamos que la propia Ley de Extranjería es racista e injusta con todas las personas migrantes, pero lo es más aún si hablamos de niños y niñas. Las firmantes de esta reflexión hemos podido comprobar cómo se somete a los niños migrantes a condiciones inhumanas en pleno Madrid. En el centro de Hortaleza, por ejemplo, hemos visto cómo los niños duermen hacinados en el suelo, sin atención educativa, jurídica o material mínima. Somos un país que no respeta los derechos de la infancia.

Y cuando hablamos de niños y de niñas no hablamos solo de los más vulnerables, de los que migran solos, de los que viven en la pobreza. Nos referimos a toda la infancia, a los que son abusados sexualmente y se enfrentan a un proceso judicial, a los que son víctimas de procesos de divorcio o son víctimas de malos tratos dentro de la familia.

Además, cuando conocemos el horror que viven muchos de estos niños, solo por migrar, solo por ser niños, solo por ser pobres, entonces es irremediable preguntarse: ¿dónde están las niñas? Y de las niñas sabemos únicamente que, o bien son captadas por las redes de trata de seres humanos, con toda la integralidad que implica esta vulneración de derechos, o bien son violadas y/o acosadas sexualmente, o bien son víctimas de diferentes vulneraciones de sus derechos sexuales y reproductivos. Por migrar, por ser pobres, por ser niñas. Sus relatos no suelen ser creídos en los tribunales o ante los profesionales que deberían protegerlas, por ser niñas. Pareciera que no es importante hacerse esta pregunta, porque son niñas. Pareciera que su inclinación natural debe ser satisfacer las necesidades de esos mismos hombres blancos de alta clase social que legislan los silencios que van a soportar sobre sus propios cuerpos. Porque son niñas. En el mejor de los casos, todo el sistema recaerá sobre sus cuerpos y su sexo para ser socializadas como seres complacientes con los intereses masculinos. Sin deseos propios. Porque solo son niñas.

Ponerles en el centro significa protegerles de la violencia institucional, de la necesidad material, de los malos tratos. Significa que necesitamos una cultura política feminista que entiende la importancia de preservar una vida digna para la infancia de forma integral. Proponemos que se les garantice una atención jurídica adecuada, que se les escuche y, sobre todo, que se reconozca su derecho a participar en las decisiones que les afectan. Estamos hablando de cambiar nuestras prioridades con respecto a la infancia; de reconocer, en definitiva, que niños y niñas son sujeto de derechos y no objetos a proteger desde una postura paternalista y adultocéntrica. Necesitamos, pues, avanzar hacia un mundo en el que la infancia deje de ser considerada simple objeto de protección y pase a ser sujeto de derechos, pues esta errónea consideración es la que provoca la vulneración de todos sus derechos. Parece obvio, casi sencillo, pero las instituciones ni siquiera se lo plantean. Si conseguimos construir una sociedad en la que la infancia esté en el centro, entonces habremos conseguido una sociedad mucho mejor y más justa para todas y todos sí, también para los que somos adultas y adultos y para nuestros mayores. Significará que habremos entendido que una sociedad hostil hacia la infancia está más cerca de serlo para las mujeres y nuestros mayores. Sabremos que una sociedad en la que cabemos todos y todas es una sociedad que protege, además, su propio futuro.

El feminismo se ha puesto de moda. Tan de moda que encontramos escritoras como Edurne Uriarte, que en 2007 escribía Contra el feminismo, y ahora acaba de publicar un nuevo libro titulado Feminista y de derechas. Al margen del debate sobre si es posible ser feminista y de derechas –cosa que dudo–, cada vez más personas, mujeres, y también hombres, se definen como feministas y tratan, con aciertos y errores, de dar pasos adelante en la construcción de una sociedad igualitaria. Una muy buena noticia para los movimientos feministas que, tras décadas de lucha, han visto cómo sus exigencias se han generalizado y más gente que nunca defiende que 'Solo sí es sí', que las mujeres tenemos que cobrar igual que los hombres o que el asesinato Laura Luelmo, asesinada cuando salió a correr, es violencia machista y hay que abordarlo como tal.

Corremos el riesgo, no obstante, de que los árboles no nos dejen ver el bosque. Adriana Guzmán pertenece al Movimiento Feminista Antipatriarcal de Bolivia y nos recuerda una premisa importante: el machismo y el patriarcado son cosas relacionadas, pero diferentes. Por eso, nuestra lucha no consiste solo en que nuestros compañeros aprendan a cambiar pañales, a lavar la ropa o que cuiden al 50%. Está bien y es imprescindible que erradiquemos los comportamientos machistas, pero nuestro objetivo es mucho más ambicioso. Recordemos, quién se beneficia de que las mujeres asuman las tareas de casa no es solo su compañero sino, ante todo, el empleador que puede hacer que trabaje doce horas al día.

Nuestro objetivo es comprender, explicar y cambiar una realidad brutal, el hecho de que vivimos en un sistema económico y social creado y mantenido sobre la explotación de las mujeres, sobre la asunción de que los trabajos, los saberes y las formas de relacionarse femeninos no tienen valor y no merecen consideración. Por eso, a las médicas de la Edad Media las llamaban brujas, sorgiñes, meigas… y las quemaban. Por eso ser “amo de casa”, en el caso de los hombres que lo hacen, sigue siendo a los ojos de alguna gente poco más que una humillación. Este sistema es capitalista en lo económico y prioriza que la banca, las eléctricas y el resto de empresas del IBEX35 ganen miles de millones anteponiendo sus intereses a la sostenibilidad de la vida de las personas.

La vida de las personas desahuciadas no vale nada, los beneficios del banco, sí. Que la gente pase frío no es importante si pueden seguir haciendo caja con beneficios caídos del cielo. No importa si estamos contaminando ríos, océanos y hasta el aire que respiramos, o dando de comer basura a la gente mientras las empresas puedan seguir haciéndose de oro. Eso es el patriarcado. Mientas la élite mundial de hombres blancos como Isidre Fainé o Amancio Ortega tengan los bolsillos llenos, lo demás no importa.

Pero además este sistema es racista porque se sostiene, como un enorme iceberg bajo el océano del que solo se ve la punta, sobre la explotación de los cuerpos de millones de mujeres negras, latinas o moras que están desposeídas de su tierra (las mujeres poseen un porcentaje mínimo de la propiedad de la tierra del mundo). Estas mujeres cuando migran son atravesadas por las violencias del tránsito migratorio y, a menudo, son sometidas a trabajos en régimen de semiesclavitud cuando logran llegar “al norte”. De hecho, el régimen de “interna” existente en España, ya desaparecido en muchos países de Europa, no es otra cosa que la esclavitud del siglo XXI. Mujeres de todo el mundo sufren en su vida cotidiana el machismo, pero el lugar del sistema en el que les ha colocado su color de piel, su lugar de nacimiento, su poder económico o su orientación sexual puede hacer que las violencias que sufren se multipliquen por mil. ¿Cuántas mujeres hace falta explotar, echar de sus tierras o asesinar para que Coca-Cola siga siendo una empresa millonaria? ¿Los cuerpos de cuántas mujeres camareras de piso, en su mayoría migrantes, hay que destrozar a dos euros la hora para que España pueda seguir siendo líder en turismo?.

Ese es el sistema que debemos cambiar, por eso el feminismo debe ser antirracista, y es tan importante el lugar visible y protagónico que muchas mujeres racializadas y migrantes están ocupando ya, liderando luchas sociales e impulsando en primera línea movimientos sociales emancipatorios. Porque la explotación que sufren es la base de todo el sistema económico, histórico y social que habitamos cada día. Porque sin ellas, sí que sí, se para el mundo.

La semana pasada alcanzábamos un acuerdo presupuestario importante con el Gobierno del partido socialista para ponerle punto y final a la década perdida en la que el Partido Popular ha sumido nuestro país. Una década plagada de Gürteles y Púnicas, de “no nos metamos en eso”, de buenos gestores que acabaron dejando la deuda pública de nuestro país por encima del 100% del PIB. Una década que se ha llevado por delante la hucha de las pensiones, los empleos dignos y en la que miles de catalanes y catalanas han dicho que se quieren ir de España. La década en la que la burbuja hipotecaria se transformó en una enorme burbuja del alquiler.

Muchas personas están agradeciendo a Unidos Podemos en los últimos días que haya sido capaz de arrancar al Gobierno la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros al mes, la recuperación del subsidio por desempleo a los 52 años, los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, empezando por un permiso de paternidad de 8 semanas el año que viene, o la creación de un nuevo tipo de alquiler cuando el casero es un fondo buitre, para proteger más a los inquilinos e inquilinas.

No hay nada que agradecer, este acuerdo no es de Unidos Podemos, es de todas vosotras y vosotros. Vivimos en un país que tiende a la desmemoria y por eso en momentos como este, de esperanza, es más importante que nunca echar la vista atrás y reflexionar sobre cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Alguien cree que el acuerdo habría incluido la ley integral por la libertad sexual de las mujeres, la ley de “sólo sí es sí”, si no fuera por las millones de mujeres que se han echado a las calles este año? ¿Alguien cree que las pensiones se actualizarían con el IPC real en 2018 y 2019 si no fuera por los miles de pensionistas que se han manifestado, a veces bajo la lluvia, y a veces bajo los empujones, en el último año? Yo tengo claro que no.

Este acuerdo es fruto del esfuerzo conjunto y la colaboración virtuosa entre la ciudadanía de nuestro país y el espacio político del cambio, que ha hecho valer sus cinco millones de votos. Ahí reside su fortaleza y su capacidad transformadora. No se trata de un acuerdo parlamentario, es un acuerdo que pone encima de la mesa algunas grandes demandas del nuevo país que ya está en la calle. Es un acuerdo que empieza a aplicar la agenda de la España del cambio y le abre el paso para que empiece a gobernar nuestro país.

Y es que los números daban desde junio de 2016. Lo sabe todo el que sepa hacer una suma aritmética simple. Daban los números desde que M.Rajoy no consiguió sumar 176 apoyos en la moción de censura de la dignidad de Unidos Podemos. Y los números siguieron dando durante todo el final de 2017, cuando se apaleó gente que quería votar el 1 de octubre, se aplicó el artículo 155 y cuando el PP aprobó unos presupuestos de recortes y precariedad con la confluencia canaria del partido socialista. Nosotras lo dijimos desde el principio y los grandes medios de comunicación lo silenciaron, dijeron que era imposible. Era mentira, sí se podía echar al PP corrupto del Gobierno.

Ahora, los que mandan en nuestro país sin presentarse a las elecciones van a volver a decir que no se puede. Dirán que no se puede reducir los privilegios fiscales de los grandes patrimonios, ni de la banca o las grandes empresas tecnológicas como Facebook, ni forzar a los que ganan más de ¡130.000! euros al año a que arrimen un poco el hombro. Y de nuevo será mentira. El problema es que estas medidas recortan su capacidad de enriquecerse y seguir mandando. Así que os necesitamos. Os necesitamos a todas y a todos porque este acuerdo sólo se va a hacer realidad si desde la calle y desde las instituciones nos corresponsabilizamos de él y lo hacemos nuestro. Os necesitamos para seguir marcándonos el camino. Este acuerdo es de todas las que crean que hay que controlar las casas de apuestas deportivas, bajar las tasas universitarias o aumentar las ayudas a la dependencia. Este acuerdo es nuestro y es vuestro, y tenemos la responsabilidad de defenderlo entre todas para arrastrar al Gobierno al lado de la gente, evitando que se ponga del lado de los buitres financieros.

Este acuerdo presupuestario es un paso más en la construcción de un nuevo país, una España del cambio que proteja a las personas y asegure su sanidad y su educación, una España feminista, que cuide el medio ambiente y garantice el bienestar de las generaciones futuras. Este acuerdo es un paso más, como lo han sido los Ayuntamientos del Cambio y el posibilitar Gobiernos autonómicos en Valencia, Baleares,  Navarra o Castilla La Mancha. No obstante, aún queda mucho por hacer. Echando al Partido Popular cumplimos con nuestro compromiso con la regeneración democrática y con la gente de nuestro país. Este acuerdo cumple hoy con nuestro compromiso de no dejar pasar ni una sola oportunidad de mejorar la vida de la gente. Sin embargo, para que algunas cosas cambien, para transformar social y políticamente de verdad nuestro país y que no haya ministras que tengan trato con Villarejo, la jefatura del Estado deje de ser la institución perfecta para la corrupción, se deroguen las reformas laborales o se cierren las puertas giratorias para tener las manos libres para bajar el precio de la luz, es imprescindible que gobierne Unidos Podemos. Esto es hoy más posible que nunca, aunque vuelvan a decir que no se puede.

Antes incluso de que las personas a bordo del Aquarius pudieran poner los pies en tierra española después de ocho larguísimos días en alta mar, nuestro país despertaba ya con una portada del ABC haciendo gala del más genuino discurso racista. El “efecto llamada” es uno de esos conceptos que viene de antiguo y que hace temblar incluso a sectores progresistas que esta semana han aplaudido el gesto del nuevo gobierno de acoger a las 600 personas rescatadas en el Mediterráneo Central y rechazadas por Italia.

Hemos dicho muchas veces que la primera obligación de un demócrata es ser antifascista. Lo es también ser antirracista. Para ello, es necesario recuperar los valores de solidaridad, acogida y Derechos Humanos abandonados por una Unión Europea que ha derivado en Europa Fortaleza y defender que hay una España del cambio que ha mostrado con firmeza en estos últimos años que “queremos acoger”, queremos cuidar y construir un país con derechos para todas nuestras vecinas y vecinos.

Además de eso, necesitamos reforzar nuestros argumentos, poner los puntos sobre las íes y desenmascarar a una derecha que miente y que va a tratar de enfrentar a los penúltimos contra los últimos. Y, por desgracia, las políticas de recortes del Partido Popular han dejado un buen reguero de penúltimos en nuestro país. Toca estrujarse la cabeza y, más que nunca, contribuir a tejer alianzas entre las clases populares y las clases medias de nuestro país que hagan avanzar a la España del cambio, inmunizándonos contra la ofensiva racista y xenófoba a la que vamos a asistir. Toca, en primer lugar, defender la verdad frente a las mentiras interesadas de muchos, incluido el ABC.

¿Existe el “efecto llamada”? El efecto llamada es básicamente mentira. Los datos de Naciones Unidas muestran que sólo un 3,2% de la población mundial reside fuera de su país de nacimiento y, por tanto, una aplastante mayoría de personas vive y reside siempre en el país en el que nació. En los últimos años hemos asistido a un aumento de desplazamientos de personas provenientes de países en conflicto, como Siria, que en su mayoría acaban residiendo en países del entorno, como Jordania o Líbano. Este último es un país de 6 millones de habitantes que ha acogido a más de 1 millón de personas refugiadas. Es evidente que Europa ha tenido y tiene la posibilidad de acoger a un número de personas muy superior al actual, que es una cifra ridícula.

¿Estamos ante una “invasión”? No. Cada año con la llegada del buen tiempo, y ahora también ante los enormes riesgos de tomar la “ruta libia”, aumenta la llegada de pateras a través de la Frontera Sur española. Desde que tengo memoria cada año los grandes medios de comunicación muestran esa realidad como algo peligroso, desmesurado y novedoso. Nada más lejos de la realidad. Apenas el 3% de las personas que llegan a nuestro país lo hacen a través de la Frontera Sur (Ceuta, Melilla y la costa de Andalucía). El número de personas que llegaron el año pasado por esta vía apenas representa el 0,06% respecto al total de la población española. Sin duda, para quién sí es peligrosa esta realidad, es para las personas que se juegan la vida en las travesías. Por eso una medida urgente e imprescindible del nuevo gobierno debe ser articular vías legales y seguras para migrar a España, que eviten más muertes.

Además, lo que sí es radicalmente cierto es que nuestro país ha sido durante toda la crisis económica, un país que ha visto como su generación mejor formada se iba a trabajar a otros países por falta de oportunidades. Sólo en 2013 se fueron 400.000 personas de nuestro país. Eso no ocupará probablemente ninguna portada.

¿Para qué sirve elevar las vallas y poner concertinas? Para provocar terribles lesiones y generar muchísimo sufrimiento. Nunca la militarización de una frontera ha logrado impedir que las personas migren. El caso de EEUU es el más claro. Simplemente cambian las formas de cruzar y las rutas se hacen cada vez más peligrosas. Las que sí salen beneficiadas de todo esto son las mafias que trafican con personas. Las vías legales están actualmente cerradas en nuestro país. No se puede conseguir un visado en el Consulado de España en Senegal para viajar legalmente, ni solicitar asilo en embajadas o consulados de terceros países como en Jordania, porque el Gobierno no lo permite.

¿Es la inmigración un problema? La inmigración no es un problema sino una realidad social inherente a la humanidad. Así lo piensa también la sociedad española puesto que, según el CIS, apenas el 4.7% de la gente considera la inmigración un problema. Ni los medios de comunicación, ni ningún representante público deben contribuir por activa o por pasiva a hacer pensar a la gente que la inmigración es un problema.

La portada del ABC de este domingo, como suele ocurrir, abre una veda. Quiénes queremos un país donde las personas tengan los mismos derechos sin importar dónde nacieron o el color de su piel tenemos que encontrar la forma de luchar unidas contra el racismo. Queda mucho por hacer desde la convicción de que la diversidad es siempre una riqueza y que las personas tienen el derecho de migrar y el derecho de no tener que hacerlo.

Al Partido Popular le ha entrado la fiebre de los pactos de Estado. El partido que está bloqueando la actividad parlamentaria para que el Congreso no legisle, vetando todas las leyes de la oposición como la subida del salario mínimo interprofesional o la reforma del sistema de pensiones, quiere aparentar voluntad de consenso y capacidad de acuerdo. Para ello, hace ahora un año, el PP apoyó la creación de una subcomisión para el Pacto de Estado de Educación. Ésta se aprobó en diciembre de 2016 y comenzó sus trabajos en febrero de 2017. Poco sabe la opinión pública, y especialmente la comunidad educativa, de lo que ha ocurrido a lo largo de todo este año en dicha subcomisión, aunque lo que en ella sucede es de interés primordial para todos. Veamos aquí algunas claves para entender lo que está pasando en el Congreso.

Una subcomisión no es un pacto. El trabajo parlamentario es deliberadamente opaco y un buen nombre puede esconder más bien poco. Así es en este caso. Una subcomisión no es un pacto de Estado, ya que las conclusiones en las que estamos trabajando ahora no son vinculantes para el Gobierno; únicamente son recomendaciones que éste puede seguir o no. Y ya sabemos lo que suele hacer el PP con las recomendaciones…

Aún así, el Partido Popular tiene capacidad de veto. El PP y el PSOE han acordado una fórmula de votación de las conclusiones que permite al Partido Popular bloquear casi cualquier conclusión de la subcomisión. Para aprobar una conclusión es necesario contar con una mayoría de 3/5. Como las reuniones de la subcomisión son dos veces a la semana, muchos partidos minoritarios tienen serias dificultades para asistir y es prácticamente imposible para Unidos Podemos lograr mayorías alternativas al PP. De esta forma, por ejemplo, ha sido imposible incorporar a las conclusiones que el sistema educativo público de nuestro país ha sufrido un brutal recorte de 9.000 millones de euros y que, actualmente, se encuentra en estado de infrafinanciación.

Si la situación es tan grave y la educación es un tema de gran interés para toda la ciudadanía, ¿por qué no te estás enterado de nada? Básicamente porque, a diferencia del resto de comisiones del Congreso, las subcomisiones son a puerta cerrada. Es decir, no se graban y tampoco se publican las actas de los debates. Desde Unidos Podemos hemos pedido a la Mesa del Congreso que la subcomisión se emita en directo o, en su defecto, que se publiquen las actas y las votaciones. El Partido Popular y el PSOE (con el apoyo de Cs) se han opuesto frontalmente afirmando que eso podría “influir” en las conclusiones a las que lleguemos.

Está previsto que la subcomisión del pacto de Estado de Educación finalice sus trabajos a mediados de mayo. Nuestra mayor preocupación es que el resto de partidos parece haber asumido con normalidad la LOMCE, la ley educativa más regresiva de la democracia que se aprobó con toda la oposición en contra y miles de personas protestando en la calle. La derogación de la 'Ley Wert' no puede ser el punto de llegada de las conclusiones de la subcomisión, sino el punto de partida. Del mismo modo que sin una recuperación efectiva de la financiación de la escuela pública de nuestro país, no hay pacto que valga. Alcanzar un 5,6% de inversión en educación en esta legislatura (y un 7% en 2024), así como recuperar al menos los 23.000 docentes que ha perdido la pública, no es algo que pueda negociarse, es un deber de los poderes públicos.

Mientras la subcomisión sigue funcionando, Méndez de Vigo gana tiempo y continúa aplicando la LOMCE, con los costes que eso tiene para los niños y niñas de hoy y para la ciudadanía de mañana. El Partido Popular utiliza la estrategia de los falsos pactos de Estado para ahogar la iniciativa legislativa del resto de partidos, pasar esta legislatura al 'tran tran' y poder seguir aplicando las leyes que aprobó con su mayoría absoluta.

Por eso es importante que seamos conscientes de que un mal pacto, un pacto que priorice la educación privada, perpetúe la LOMCE y no recupere la inversión en educación, es peor que la ausencia de pacto. Y el momento de que la comunidad educativa y la ciudadanía tomen cartas en el asunto es ahora. El mes que viene quizás sea tarde. Nosotras, mientras tanto, seguiremos defendiendo hasta el final a la pública, con orgullo, en la subcomisión.

Un impresionante viaducto nos da la bienvenida a la entrada de Guadalupe, uno de los mayores referentes emocionales de Extremadura. Esta obra de ingeniería es uno de los vestigios de la vía férrea Talavera de la Reina-Villanueva de la Serena, que nunca llegó a  entrar en funcionamiento y que quedó definitivamente abandonada en 1960, junto con el resto de la obra.

Como esta, muchas obras ferroviarias casi finalizadas fueron abandonadas durante la dictadura franquista. En 1985, esta situación se vería agravada por el cierre de más de 300 kilómetros de línea férrea de la Ruta de la Plata entre Plasencia y Astorga, acordado por el Gobierno de Felipe González. Y más recientemente, en 2012, Extremadura vivió la supresión del servicio ´Lusitania’ desde Madrid, en su recorrido por Cáceres hasta Lisboa.

El abandono ferroviario de Extremadura es, por tanto, una deuda histórica en nuestro país, profundizada por los sucesivos gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular. Las consecuencias son evidentes. En la actualidad, esta región no tiene ni un sólo kilometro de vía ferroviaria electrificada, en el país con más kilómetros de Alta Velocidad del mundo, sólo por detrás de China. Los extremeños y extremeñas tardan cinco horas y media en llegar a Madrid desde Badajoz, si las averías lo permiten, y para ellos es prácticamente imposible viajar de norte a sur y de este a oeste en condiciones mínimas de velocidad y fiabilidad.

No sólo eso, exportar los productos agroalimentarios de primera calidad que produce Extremadura es extraordinariamente caro porque debe hacerse por carretera.  La línea ferroviaria que permite transportar mercancías, la de Braza tortas-Puertollano, es la más antigua de España, con traviesas de madera del siglo XIX, lo que implica serias limitaciones de velocidad (30 km/h.) y de tonelaje. Un anacronismo a todas luces.

Además, los viajeros y viajeras vienen denunciando un sinnúmero de incidencias, averías y retrasos en los trenes procedentes y con destino Extremadura. Sin ir más lejos, entre julio y agosto de este año se produjeron más de 30 averías y sólo el jueves 13 de julio se produjeron 4 averías, incluido un incendio en uno de los trenes.

Es más que evidente que Extremadura necesita y exige un tren digno para sus ciudadanas y ciudadanos. En los últimos meses esta reivindicación histórica de la ciudadanía extremeña ha adquirido los mejores tintes del 15M o Gamonal, y plataformas como “Milana Bonita” han adquirido una gran visibilidad en todo el país. Este es, desde nuestro punto de vista, el camino a seguir. Los representantes públicos debemos reforzar y apoyar una demanda ciudadana que debe ser protagonizada por la gente, porque es la gente quien sufre cada día las consecuencias de tener un tren del siglo XIX.

Las actuaciones de Fernández Vara en nada están contribuyendo a avanzar en la consecución de un tren digno para Extremadura. Desde su connivencia con el Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, hasta sus esfuerzos por invisibilizar a las plataformas ciudadanas como “Milana Bonita”, pasando por el desmantelamiento de la red ferroviaria norte de Extremadura, el señor Vara no hace sino dificultar que los extremeños y extremeñas tengan un tren digno. Parece que para él esta justa demanda ciudadana sólo sirve como elemento de autopromoción política. La ciudadanía extremeña está cansada ya de las falsas promesas y argumentarios en prensa del ministro de Fomento y del presidente de la Junta.

Desde Podemos apostamos sin duda por un Tren de Altas Prestaciones para Extremadura, y así lo hemos defendido a todos los niveles, tanto autonómico y local, como estatal. Una infraestructura y servicios de Altas Prestaciones permitirían transportar viajeros respetando un número de paradas adecuado a la distribución de la población extremeña y a la potencial afluencia de usuarios desde otros puntos. Además, reduciría significativamente los tiempos de viaje y facilitaría la interconexión con otras opciones de transporte público. Una vía de Altas Prestaciones permitía, por otro lado, la circulación de trenes de mercancías que puedan conectar dos de los principales puertos de la Península Ibérica como son Sines y Valencia. Esta conexión ofrecería una alternativa a la A5 para el transporte de mercancías extremeñas hasta Madrid, su gran centro de consumo cercano, además de diversificar las posibilidades de exportación, ya sea por puertos, por Madrid o mediante la conexión con el corredor mediterráneo.

Más aún, la necesaria sustitución del diésel, no puede verse sino como una oportunidad para apostar por un nuevo modelo de consumo energético, por la eficiencia, la innovación y la investigación, que contemple la electrificación de la vía, pero también otras opciones. En concreto, es urgente una apuesta en la misma dirección que otros países como Alemania, Japón o Estados Unidos,  que plantean el uso de tecnologías alternativas como las baterías o el hidrógeno que puedan alimentarse con electricidad a partir de fuentes renovables, en líneas con una baja densidad de tráficos regionales.

No podemos olvidar, además, que uno de los grandes inconvenientes del diésel es la dependencia energética del exterior, frente al uso de fuentes renovables que redundan en una mayor soberanía energética y económica. Esto es especialmente importante en una Comunidad Autónoma como Extremadura que exporta el 76% de la energía eléctrica que produce. La apuesta por la electricidad y por combustibles alternativos a partir de fuentes renovables, también en el ferrocarril, es una forma de fomentar el desarrollo del I+D y de la promoción de las energías limpias en Extremadura, facilitando la transición hacia un nuevo modelo productivo sostenible que fomente la producción y la eficiencia.

Por último, si bien el ferrocarril es clave para un sistema de transporte eficiente, accesible y sostenible, su planificación y operación desde una óptica de intermodalidad es esencial para lograr consolidar un buen sistema de transporte. La conexión de las estaciones extremeñas con las comarcas y con las localidades más pequeñas mediante autobuses y otros servicios de transporte, deben contar con una planificación integral, de la que ha carecido hasta ahora la gestión del transporte realizada por el Gobierno de la Junta. La reclamación de un tren digno también es una reivindicación para conectar Extremadura con el aeropuerto de Barajas y con el resto del mundo.

Extremadura tiene derecho a un tren digno, un tren a la altura de su gente. Desde Podemos hemos defendido y seguiremos defendiendo un modelo de país que no deje a ningún territorio, ni a nadie atrás. Para ello no vamos a dejar de apoyar a la ciudadanía organizada que ha clamado por un tren sostenible, ecológico y de primer nivel.

Cerca de 60.000 estudiantes de la Comunidad de Madrid que cursan 4º de la ESO dejan este viernes a un lado sus clases habituales para realizar, durante toda la jornada, las polémicas pruebas conocidas como reválidas. Unas pruebas que, entre otras cosas, supondrán un coste para las arcas públicas de 420.000 euros, que irán a parar a una empresa externa (ODEC, S.A.) que analizará los datos obtenidos. El resto de comunidades –a excepción de La Rioja– ha optado por no externalizar, por el momento, la realización y análisis estadístico de estas pruebas.

Mucho se ha hablado de las reválidas durante este curso, y no es para menos. La última de las medidas de la controvertida LOMCE que quedaba por implantar supone el apuntalamiento definitivo de un nuevo modelo educativo.

Este modelo se articuló discursivamente sobre la calidad, entendida únicamente en base a los resultados de nuestro país en pruebas estandarizadas internacionales como PISA. Poco pareció importarle al Partido Popular que la propia OCDE llevara años reconociendo que la incidencia de las reformas legislativas sobre los resultados finales de estas pruebas es muy limitada, o destacando que son los sistemas continuos y globalizados de evaluación, acompañados del apoyo regular, temprano y sostenido a los alumnos/as lo que mejora la calidad del sistema educativo. Tampoco le hizo falta al Partido Popular convencer a nadie de las bondades de las reválidas, contaba entonces con mayoría absoluta en las Cortes.

Sin embargo, la nueva aritmética parlamentaria que acompañó el comienzo del curso 2016/2017, unida a la movilización de la comunidad educativa, ha obligado al Gobierno a paralizar la implantación de las reválidas tal como se diseñaron en el proyecto original.

Tenemos ahora nuevo ministro y nuevo Gobierno. O no tan nuevos. Recordemos que el señor Méndez de Vigo fue el relevo de Wert cuando este pasó literalmente a mejor vida como embajador español de la OCDE, con un sueldo de 10.000 euros, mansión y coche oficial con chófer. No tan nuevo es tampoco un Gobierno que ha tenido que teñir su discurso con los tonos del diálogo y el talante una vez perdido el cheque en blanco de la mayoría absoluta.

Estos nuevos adalides del diálogo acceden por fin a la exigencia de la comunidad educativa y paralizan las reválidas, convirtiendo en “muestral” una prueba de evaluación final que, en principio, iba a ser obligatoria para todo el alumnado. Sin embargo, la preocupación de buena parte de la comunidad educativa y la sociedad no ha terminado. ¿Por qué?

Echando la vista atrás, las evaluaciones muestrales como la que se está realizando hoy en Madrid no son nuevas en nuestro sistema educativo. La LOE ya establecía las conocidas como Evaluaciones Generales de Diagnóstico en todo el Estado. La cuestión de la evaluación de nuestro sistema educativo no ha estado nunca exenta de polémica. El error fundamental de este Gobierno y de su ley es que confunde evaluar el sistema con evaluar al alumnado. Este error tampoco es tan nuevo ni tan bienintencionado como pudiera parecer. Ya sabemos lo que pasa cuando la calidad de un centro se mide por el alumnado que escolariza, y eso los expertos y expertas de la segregación lo conocen bien. Parece, bajo esa óptica, que los recortes, las aulas masificadas y la falta de material escolar no tienen ningún efecto en los resultados académicos, cuando sabemos que influyen y mucho.

Las reválidas o evaluaciones finales tienen el objetivo de seleccionar al alumnado que titula en las enseñanzas de Secundaria y Bachillerato en base a criterios externos a los centros y los equipos docentes. Suponen por tanto una re-evaluación del alumnado y siembran la desconfianza en el profesorado, al que se le cuestiona su capacidad para evaluar y decidir sobre la promoción de sus estudiantes.

Tanto rechazo han generado las reválidas que estas han acabado transformándose en un sistema de evaluación que no es en sí mismo ni una prueba final, ni una evaluación de diagnóstico. Suponen por tanto una chapuza pedagógica y política de primer orden, que el Gobierno no parece tener intención de reparar. Sindicatos y profesionales de la educación han cuestionado ya el escaso valor estadístico de una prueba que variará en cada Comunidad y cuyas muestras no serán equiparables.

Las nuevas reválidas no servirán tampoco para detectar dificultades en el alumnado e incidir sobre ellas, ya que se hacen en el último curso de la educación secundaria, cuando el alumnado sale del centro para cursar (o no) estudios post-obligatorios. Queda en cuestión por tanto el carácter formativo y orientador que se le atribuye a esta prueba. Algunas administraciones, como la Comunidad de Madrid, han determinado necesario que los centros elaboren planes de mejora en función de los resultados obtenidos hoy. Se podría cuestionar entonces la validez de un plan de mejora que se realiza para incidir en los resultados de un alumnado que ya no estará en el centro cuando este se ejecute.

Ante la evidencia de que estas pruebas no contribuyen a la mejora del sistema educativo, ponen en duda el magnífico trabajo de las y los profesores y sobrecargan al alumnado con re-evaluaciones ineficaces, ¿qué podría estar detrás del interés del Partido Popular en su implantación? ¿Tendrá algo que ver con el suculento negocio de la externalización de las pruebas ahora que la Ley lo permite?

Nos preocupa, en último término, que pretendiendo mejorar los resultados en estas y otras pruebas de evaluación estemos mandando a nuestro alumnado un mensaje claro: “No nos importa lo que aprendáis en nuestras escuelas o cómo lo hagáis, sólo nos importa la nota que saquéis en los exámenes”. La conclusión es clara, de nada sirve aprender lo que no se pregunta en las pruebas. El problema es que en la vida y en nuestra sociedad no hay una única respuesta correcta para cada situación, y hacerles pensar lo contrario, supone un flaco favor para aquellos y aquellas de quienes esperamos tanto.

La sociedad civil organizada ha permitido que las plataformas ciudadanas municipales y los Ayuntamiento del cambio hayan podido abanderar la lucha institucional por el cierre de los CIE

Decía Dilma Rousseff que “para convertir nuestros sueños en realidad debemos superar las líneas de lo posible”. Muchas personas en los últimos años hemos soñado con cosas que parecían, a todas luces, imposibles. Algunas personas soñaban con que la vivienda fuese un derecho y no un bien con el que especular. Otras imaginábamos, por ejemplo, una sociedad sin ciudadanas de primera, segunda y quinta categoría. Seguimos soñando. Ese sueño tiene para nosotras varias escenas. Una de ellas está protagonizada, sin duda, por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

El surgimiento de estos centros en la legislación española se remonta a 1985. Sí, efectivamente, el Gobierno el PSOE, presidido en aquel momento por Felipe González, había articulado la existencia de estos centros, auténticas cárceles racistas, cuando las personas migrantes representaban un porcentaje mínimo de la población de nuestro país.

Hace apenas unos años el cierre de los CIE parecía una realidad inalcanzable que no todo el mundo planteaba con igual firmeza. El horizonte de cierre no podía apenas vislumbrarse. En este tiempo hemos aprendido que los sueños se construyen escalón a escalón, trazando una escalera que nos lleve hasta el cielo. A veces esos escalones adoptan formas inesperadas que nos enseñan sobre el arte de lo posible. La sociedad civil organizada, a través de una lucha incansable, en condiciones casi imposibles, ha puesto muchos de esos escalones y ha permitido que en el último año, las plataformas ciudadanas municipales y los Ayuntamiento del cambio hayan podido abanderar la lucha institucional por el cierre de los CIE. Las primeras construyendo espacios amplios que han atraído a colectivos, entidades y personas alejadas, a priori, de la defensa de los derechos de las personas migrantes. Las segundas recogiendo un testigo justo y defendiendo, desde lo municipal, ciudades que permitan a sus vecinos y vecinas vivir en libertad.

Nos encontramos ahora ante una batalla crucial en la guerra que nos enfrenta a quienes defienden un país y una Europa racista que considera, como diría Judith Butler, que hay vidas que importan y otras que, sin embargo, no merecen ser lloradas, defendidas, ni cuidadas. El Ayuntamiento de Barcelona, atendiendo al mandato democrático de más de 250 colectivos y entidades, y al acuerdo del pleno, ha decidido mover ficha para hacer efectivo cierre del CIE de Zona Franca. En este caso el escalón que nos acerca a nuestros sueños va vestido de legalidad. Resulta que a los defensores del orden y la ley que gobiernan en funciones se les podría aplicar aquello de “dime de qué presumes y te diré de qué careces”. El CIE de zona Franca no tenía licencia de actividad, ni plan de emergencia contra incendios. Sin embargo, el mismo día que el Ayuntamiento informaba de ello al Ministerio, éste reabría el centro de forma inmediata. Un pulso en toda regla. Un pulso desigual, pero un pulso al fin y al cabo. Un pulso significa que, esta vez sí, podemos ganar.

Sin embargo, es un pulso importante para el que el Ayuntamiento de Barcelona va a necesitar muchas manos. Necesitará todo el apoyo institucional que podamos reunir, necesitará otros Ayuntamientos del cambio investigando sus CIE, averiguando si también incumplen normativas. Pero, ante todo, necesitará a una ciudadanía consciente, organizada, movilizada, que no consienta que el CIE de Zona Franca comience a funcionar. Necesitará lo que es, realmente, la única condición sine qua non que permite trascender las líneas de lo posible, una mayoría soñando una sociedad sin CIE. Como diría Eduardo Galeano, “mucha gente pequeña, en lugares pequeñas, haciendo pequeñas puede cambiar el mundo”.

En España existen 8.300.000 niñas, niños y adolescentes, lo que supone un 17,7% de la población. Sin embargo, quizás porque no vota, la infancia es uno de los colectivos más invisibilizados en la vida pública de nuestro país, especialmente en lo que respecta a la representación política. Esto no debería extrañarnos si tenemos en cuenta que nuestro sistema político es demasiado rígido como para posibilitar la participación de los colectivos sociales que más barreras encuentran para ello. Estamos, por lo demás, ante un ejemplo más de la forma tradicional de proceder de nuestras élites políticas: fuerte con los débiles y débil con los fuertes. No tener derecho al voto se convierte así en un argumento definitivo para no tener ninguna presencia en la vida política de nuestro país. Y sucede que lo que no se nombra no existe.

Sin embargo, los niños, niñas y adolescentes están sufriendo (con escasa posibilidad de réplica) tanto o más que la población adulta las consecuencias de las políticas austericidas del Partido Popular. A lo largo de la anterior legislatura, organizaciones de la sociedad civil con un importante peso específico como Cáritas, Save the Children o Unicef han denunciado reiteradamente que España es el segundo miembro de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza infantil, sólo por detrás de Rumanía. Esta situación debería resultar intolerable a cualquier gobierno digno si tenemos en cuenta que, como decíamos, la infancia representa casi una quinta parte de nuestra población, y es nuestro presente y nuestro futuro como país.

En la misma línea, en sus observaciones finales a España en 2010, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó su preocupación por los altos índices de pobreza infantil en España,así como por la ausencia de políticas específicas para combatir la pobreza infantil y la exclusión social. En este sentido, el órgano de seguimiento de la observancia de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de los Estados miembro recomendó a España que formulara “[…] políticas públicas para, en particular, abordar el problema de la pobreza infantil y elabore un plan nacional de lucha contra la pobreza infantil […]”.

Los esfuerzos del Gobierno del Partido Popular por atender a estas recomendaciones han sido escasos, por no decir inexistentes. En 2013 se aprobó el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PENAIN) 2013-2016, que el Gobierno quiso presentar como la aplicación de la Recomendación de la UE Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas (2013/112/UE). No obstante, en dicho plan la infancia es un elemento transversal, por lo que no puede considerarse un plan específico de lucha contra la pobreza infantil con una visión integral de este complejo problema de ramificaciones tan diversas. Amén de que carece de objetivos concretos, de indicadores de cumplimiento al medio y largo plazo, y de suficiente dotación presupuestaria.

La situación continúa siendo de extrema gravedad, y en el nuevo ciclo político que inauguramos se requieren representantes públicos a la altura de las circunstancias, representantes públicos que posibiliten dar voz a las voces que hasta ahora menos se han oído, en aras de recomponer los consensos sociales fundamentales. Las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes en nuestro país ha sufrido un enorme deterioro. La pobreza ha aumentado y crecido en intensidad, sí; pero lo ha hecho mucho más en la población infantil. Según datos del Comité Español de Unicef, el 30,5% de los menores de 18 años se encuentran en riesgo de pobreza, y el 35,8% de la población infantil, en situación de riesgo o exclusión social. Un factor que se ha revelado especialmente dramático es que partidas con un impacto directo en las condiciones de vida de la infancia, como servicios sociales, prestaciones de desempleo, educación y sanidad, se han visto gravemente afectadas por los recortes de los últimos años. Además, medidas como el aumento del IVA han mermado el poder adquisitivo de las familias y han dificultado el ejercicio de derechos como la educación, el juego y el ocio. Cuestiones que nadie pareció tener demasiado en cuenta a la hora de legislar.

La puesta en marcha de un Pacto de Estado por la Infancia que implique una amplia participación de diferentes actores de la sociedad civil, blinde los derechos y garantice la igualdad de oportunidades entre niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad absoluta del nuevo Parlamento, independientemente del Gobierno que se conforme. En el marco de este Pacto de Estado, es crucial aprobar un Paquete de medidas urgentes contra la pobreza infantil y la exclusión social, desarrollando una estrategia estatal de reducción de la pobreza infantil que incorpore un presupuesto desglosado y transparente en los PGE, que iguale la inversión en infancia a la media europea (2,3%; mientras que en España es del 1,4%).

Para ello, el nuevo Parlamento debe dotarse de herramientas adecuadas y centradas en la infancia. La primera de ella tendría que ser, sin lugar a dudas, una Comisión Parlamentaria Legislativa (CPL) de Infancia, más allá de la necesaria transversalización del tema en el resto de comisiones parlamentarias. Es indispensable promover una cultura de defensa de los derechos de la infancia que promueva el cumplimiento de los más altos estándares internacionales y nacionales desde un enfoque de derechos.

Creemos que la infancia debe estar en el corazón de las prioridades de las políticas sociales y que no es admisible su exclusión de los beneficios sociales, políticos y económicos. Los niños, niñas y adolescentes deben tener reconocidos sus derechos por el mismo hecho de ser ciudadanos/as; pero sobre todo porque no son futuro, son presente; no son menores, son sujetos. Y, una vez más, voten o no, tienen que participar en la vida pública, ya que la participación no es una opción, sino un derecho fundamental; y debe ser construida no desde lo individual, sino desde lo colectivo.

La recuperación social y económica no se pueden concebir sin la plena consideración de la infancia, y las consecuencias de otra legislatura más que no la pusiese en el centro de las políticas públicas serían devastadoras en sus vidas, en su desarrollo y en sus oportunidades de futuro.

Es el momento de poner las instituciones al servicio de la gente, de toda la gente, incluidos niñas y niños. Nos debemos a nuestro país, también a la parte del país que no vota, y por eso tomamos la iniciativa haciendo propuestas que permitan revertir las desigualdades, mejorar la participación y la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Aceptarán nuestra propuesta los partidos de lo viejo? Nosotros lo tenemos claro: las niñas, niños y adolescentes ya han esperado demasiado, no pueden esperar más.

Irene Montero es miembro de la ejecutiva de Podemos y Ione Belarra es Responsable del Área de Ciudadanía, Diversidad y Justicia Social de Podemos. Ambas han sido elegidas como diputadas en el Congreso, por Madrid y Navarra, respectivamente.