Que se ejecuten desde Servicios Sociales algunas de las medidas que el gobierno de la nación ha decretado, -en todos los niveles, local, autonómico y estatal-, puede evitar mucho sufrimiento social en estos momentos de crisis sanitaria que deviene ya en grave crisis económica y social. Pero además y sobre todo, que se ejecuten y amplíen las medidas sociales sobre las que tiene competencias el Ayuntamiento de Murcia, es urgente y necesario.

Como bien sabe, Sr. Ballesta, y si no, se lo recuerdo yo, los invisibles hablan. Justo antes de comenzar nuestro confinamiento – ejemplar comportamiento ciudadano, a pesar de algunos irresponsables que no lo llevan a cabo-, los Servicios Sociales Municipales de Murcia seguían la dinámica de dejar atrás a mucha de la ciudadanía más necesitada. Lo hacía unas semanas antes de esta crisis, bloqueando las “Ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales” -conocidas popularmente como ayudas de emergencia-, aquellas que siempre utilizó el ayuntamiento para facilitar de forma puntual ayuda económica a familias de escasos recursos, y que suponían una bocanada de aire para solucionar algún que otro problema en el hogar.

Lo hacía cuando se deja retrasar citas durante meses. Lo hacía cuando se deja retrasar procedimientos y acumular expedientesde ayudas en los despachos de las Unidades de Trabajo Social (UTS) produciendo así situaciones de cortes de luz, de no provisión de ingresos para alimentos y medicamentos, y otras necesidades básicas sin cubrir, de familias con menores y personas mayores, entre otras. Lo hace cuando contabiliza una ayuda para pagar recibos de luz por pobreza energética como una ayuda de emergencia, y no permite acceder a esas ayudas por segunda vez, algo que no es legal, ya que las ayudas para pobreza energética tienen una subvención propia de la comunidad autónoma.

Le recuerdo que desde Servicios Sociales se ha llamado a familias vulnerables para comunicarles que hasta nuevo aviso, los procedimientos abiertos para la provisión de ayudas quedan cancelados. Así podría seguir, y seguir, pero no hace falta, usted lo conoce más o menos casi todo a través de la fiscalización que le hacen los concejales y concejalas de la oposición, aunque eso no aparezca en los medios de comunicación.

Y por eso, Sr. Ballesta, en Murcia usted tiene que tomar las riendas de los servicios públicos municipales que son básicos e indispensables para la vida de sus vecinos y vecinas en esta situación de estado de alarma, -que esperemos, no sea necesario cambiar por estado de excepción-, y que seguro seguirá siendo durante bastante tiempo, una situación de emergencia social. E insisto, servicios públicos municipales, y no dar pábulo a anuncios de promoción institucional de voluntariado –bastante tienen los voluntarios con lo que hacen desde sus organizaciones-, en una nueva versión de la política y la caridad del espectáculo, de sobra sabido, inútiles.

Y no es una crítica, es un aviso constructivo, para que de importancia y afine la puntería con la aplicación de medidas, sobre todo desde Servicios Sociales, desde las grandes empresas públicas municipales y las privatizadas de facto, pero en la que el Ayuntamiento tiene poder como máximo accionista, como Emuasa/Hidrogea –de la que usted es presidente-. No se trata de salvar el mundo ni de ser solidario, se trata de responsabilidad gubernamental, justicia social y voluntad política, para poner todo el colchón posible que tiene el Ayuntamiento en sus manos a disposición de quienes más lo necesitan.

¿Y por dónde empezar?

1. Recursos económicos para Servicios Sociales Municipales Públicos.

Si el Decreto-Ley 8/2020 (insuficiente, pero decidido y con unas primeras medidas que seguro serán ampliadas), contempla una medida por la que el ayuntamiento tiene capacidad para endeudarse en materia de Servicios Sociales, no hagan como siempre que desde la ingenuidad le pidan que suba el presupuesto de Servicios Sociales, y entonces en su gobierno se frota las manos, aprueba la medida, y desvía más recursos económicos a las áreas 'sociales' de empresas privadas o a entidades sociales privadas amigas. No, Sr. Ballesta. Aprovisionar, ampliar y reorganizar los Servicios Sociales Municipales Públicos, ya lo tienen desde hace unos años encima de la mesa, comenzaron a hacerlo y lo abandonaron. Ahora, ejecútenlo, tienen toda la infraestructura de atención primaria para hacerlo ya.

(Cualquier sociedad que se precie, concibe sus Servicios Sociales de Atención Primaria como un servicio público esencial en momentos de emergencia sanitaria como este. Revisen sus decretos municipales).

2. Contratación de profesionales y coordinación estratégica de la mano de obra activa.

Hay profesionales de todo el campo de lo social en sus bolsas de trabajo. Servicios Sociales tiene las UTS cercanas a cada barrio (gran conquista social, la cercanía del servicio, hoy muchas cerradas y sin coger siquiera el teléfono, y otras que lo cogen ¡derivando usuarios a Cáritas!). Tiene al SEMAS (hoy desbordado en la atención de las personas sin hogar). Y más. Es decir, tiene ya un ejército de profesionales en el Ayuntamiento para poner en poquísimo tiempo a funcionar una maquinaria que sobre todo, sabe bien dónde y cómo está la población más vulnerable. En estos momentos muchos de estos buenísimos profesionales (trabajadoras sociales, educadoras sociales, psicólogas, juristas, etc.) están en sus casas esperando a que los organicen, sin saber qué hacer. ¡Dos semanas después del comenzar esta situación de emergencia! Tome las riendas Sr. Ballesta, organice a estos empleados públicos, y coordínelos junto a los profesionales de las ONG privadas que subvencionan y que complementan el trabajo público -y que se están dejando la piel y también están desbordadas–. Necesitan que les digan qué tienen que hacer de una vez por todas.

3. Medidas para que las empresas de las que es responsable el Ayuntamiento, se pongan al servicio de las necesidades sociales y sanitarias.

Empresas públicas privatizadas como Ayuda a Domicilio o el servicio de comidas a domicilio, tienen que ampliar la contratación de profesionales –que también pertenecen al campo social- y abarcar toda persona mayor sola, o a quien necesite sus servicios (suministro de productos alimentarios donde no hay ingresos, medicinas, higiene etc.), situaciones que conocen bien Servicios Sociales.

Las empresas de servicio de agua a nivel municipal y regional deberían paralizar su obtención de beneficios mientras estemos en estos tiempos de emergencia, y derivarlos a cubrir las necesidades materiales, entre otras, que se estipulen por los equipos técnicos de esta emergencia sanitaria y social. Por otro lado, esta empresa no sólo tendría que aplicar la medida del gobierno central de prohibir los cortes de agua; sino que además tendría que reponer el agua a las familias que las tenían cortada con anterioridad a la crisis (que las hay porque estos días les han llegado sus demandas); suministrar agua potable a las personas que viven en infraviviendas, edificios ocupados, etcétera. Ya sabe, para autoresponsabilizarse con las recomendaciones de higiene.

Y lo mismo con las demás empresas que dependen del ayuntamiento, públicas o privadas. Hay que ponerlas al servicio de la ciudadanía en este estado de emergencia.

4. Las ayudas existentes tienen que agilizarse y ejecutarse flexibilizando los requerimientos a las familias o personas que las necesiten… reforzando así el #yomequedoencasa.

Las ayudas municipales se pueden tramitar vía telefónica. Que no se pueda visitar un domicilio en estos momentos, no es óbice para gestionarlas. Los cientos de procedimientos de ayudas paralizados hay que terminarlos y ejecutarlos, y ahora es el momento. Disponen de información social, de información de hacienda sobre las rentas, disponen de los número de teléfono, de casi toda la población vulnerable de nuestra ciudad, tramiten los expedientes retrasados y no tengan miedo de tramitar nuevas ayudas.

Tramiten ya el acceso a alimentos de quienes tenían becas escolares de comedor. Lo anunciaron, y después de dos semanas, aún sin activar.

La tramitación de Renta Básica regional –aunque no sea una renta básica real- es una herramienta excelente para estos momentos. Tramiten los expedientes abiertos y hagan nuevos, sin miedo. Si por teléfono no se puede firmar el contrato del proyecto de inserción necesario, pospongan esa firma, y acuerden por teléfono. No tener firma digital no puede ser tampoco impedimento, como lo está siendo. Coordínense con el IMAS, sólo hace falta voluntad y mando.

Empujen para que el SEPE tramite las RAI, muchas afectan a mujeres que han sufrido violencia de género, tanto los expedientes abiertos como las nuevas solicitudes. Y de nuevo, por favor ¡no les pidan firma digital!

Aseguren desde ya que quienes solicitaron ayuda de alquiler municipal, este año también la van a obtener. Llámenlos, negocien, saben quienes son y tienen sus números de teléfono.

Esto es sólo el comienzo, hay mucho más, pero la urgencia apremia y los artículos no pueden ser tan largos. La crisis social durará un tiempo que es imposible calcular ahora, por lo que debemos empezar a poner en valor y mejorar nuestros servicios públicos, también los municipales. Y no somos los que estamos en la base de la jerarquía, quienes tenemos que decir cómo hacer las cosas, para eso hay técnicos especialistas en la CC.AA. y en el Ayuntamiento para pensar estratégicamente sobre lo que hay que hacer en esta situación de emergencia. Pero por favor, ¡un Plan de Emergencia! El ejemplo lo tenemos en nuestro sistema de salud, disminuido por las políticas privatizadoras, pero un sistema del que ahora más que nunca nos sentimos orgullosos.

Y lo que vale para Murcia, Sr. Ballesta, dígale al Presidente, Sr. López Miras, que vale también para el resto de la región.

La estafa de iDental presenta el marco perfecto en el que la financiarización de la economía es capaz de introducirse en las mentes y en los cuerpos de las personas hasta dejarles sin dientes. Esta salvaje hipótesis se ha hecho realidad en este país, donde hemos visto a personas de todas las edades, sin muchas de sus piezas dentales, tras haber caído en la trampa de contratar un tratamiento bucodental y un préstamo financiero para sufragarlo (a través de las entidades Evo Banco, Sabadell, Cetelem o BBVA). Y esta no es una estafa aislada, es parte estructural del modelo económico global en el que deambulamos.

Las estafas en las cadenas de clínicas dentales se han vuelto una práctica habitual en España, porque antes de iDental, las han pergeñado también Vitaldent, Fannydent… y atentos a las que vendrán. Y es que la mano invisible del mercado aprieta y ahoga en un país con más de 25.000 clínicas dentales y con 34.500 dentistas (Consejo General de Dentistas de España), entre los cuales hay jóvenes dentistas trabajando en condiciones precarias en estas empresas mercantiles que compiten entre ellas abaratando costes y precios. Y mientras el mercado hace de las suyas, no parece que desde la sanidad pública se esté haciendo mucho para integrar el servicio de salud bucodental entre sus prestaciones, aunque proclame que del mal cuidado dental se derivan muchas enfermedades y a veces graves problemas para nuestra salud.

Pero volvemos sobre el modelo económico. El geógrafo David Harvey acuñó el concepto de “Acumulación por desposesión” para dar compresión a esta estrategia neoliberal. Este concepto remite procesos en los que el capital, tras momentos de gran acumulación especulativa –como en la burbuja inmobiliaria que llevó a la crisis- sigue acumulando a partir de sustraer a las capas más precarias y pobres de la sociedad lo poco que les queda.

Lo más cruel de esta dinámica de desposesión se desempeña robándoles aquello que es imprescindible para la vida. Lo podemos observar con estos más de 10 años de desahucios por hipotecas (viviendas que bancos y fondos de inversión utilizan ahora para controlar el mercado de alquiler); lo vemos ahora con la generación de una nueva burbuja inmobiliaria a partir de la especulación con el mercado de la vivienda de alquiler; lo hemos visto con la privatización de la gestión del agua en municipios endeudados tras la crisis, lo que ha generado la subida del precio y el aumento de los impagos y cortes de agua; lo vemos con la proliferación de casas de apuestas y juegos; lo hemos visto con la disminución del gasto en sanidad y educación pública y el aumento de la privatización de ambas; y ahora lo vemos a través de la especulación con los dientes de las poblaciones con menos recursos económicos.

Se trata, en definitiva, de que todo aquello que estaba o debería estar protegido, porque tiene el objetivo de satisfacer necesidades básicas de la gente, como la vivienda, la educación, la protección de la salud, de la alimentación, el acceso al agua potable… es ahora objetivo primordial del capital, desposeyendo así al que menos tiene, repito, de lo poco que le queda. Este mantenimiento voraz y cruel del sistema es quizás lo más semejante a una guerra sin armas, que está dejando un mar de heridos con cicatrices que se encarnan en sus mentes y en sus cuerpos, a veces de forma irresoluble (y que me perdonen aquellos territorios en guerra de este mundo). Las fotos de un grupo de mujeres en una protesta, mujeres de diferentes edades afectadas por iDental, con cara de rabia y con las bocas abiertas sin dientes, es la imagen de la distopía que no nos anunciaron los “dentistas con corazón”, como así se presentaban los de iDental.

¿Y quién lleva a cabo esta brutalidad? La empresa iDental es en realidad un conglomerado de empresas. Entre ellas, ya ha quebrado “Medical Global Investments”, sobre la que el informe del acreedor señaló: “Ha desplazado toda su actividad y giro comercial a otra entidad”, con el objetivo de “ocultar responsabilidades, para el alzamiento de bienes y para la defraudación a los acreedores”(…) “iDental es un monumental fraude que arrastra a los clientes/pacientes/damnificados con escasos recursos monetarios hacia la más absoluta ruina económica y a irremediables perjuicios e incontrolables secuelas nocivas para su salud”.

No es gracioso saber que, antes de esta situación, antes de que supiéramos que nuestros dientes valían tanto, el fondo buitre Weston Hill Asset Management se había quedado con iDental por 25 millones de euros, supuestamente, para salvar la empresa. Está claro que era imposible intuir dónde se estaba metiendo una persona cuando decidió entrar a una sede de iDental a preguntar que “¿qué es eso de que nos beneficiamos de subvenciones para ayudar a arreglar la boca a quien no tiene muchos ingresos?”. Aquí no vale eso que ha dicho algún odontólogo refiriéndose a las víctimas: “Ellos eligieron lo que querían hacer”. Aquí no hay azar ni igualdad de oportunidades, hay estrategia, hay estafa y hay crueldad.

Así, tras unos meses cerradas las clínicas, se abrió la vía judicial de la “estafa iDental” gracias a que los afectados y afectadas se han organizado y se han puesto manos a la obra. Y la lucha no es fácil, pero ya es mucho que en tan pocos meses la estafa iDental haya sido reconocida y categorizada como tal desde las instituciones públicas. El juez de la Audiencia Nacional, José de La Mata, apunta los supuestos delitos de estafa, administración fraudulenta, falsedad documental, lesiones apropiación indebida, delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales. Casi nada.

Y esto nos abre también muchas preguntas: ¿Dónde están los controles públicos para haber evitado esta situación? ¿Cómo es posible que este tipo de estafa se repita con diferentes empresas durante años? Se van a exigir responsabilidades a las empresas -si encuentran a sus propietarios-, pero ¿y las responsabilidades del Estado por no controlar estas prácticas? ¿Qué se puede hacer desde las diferentes instituciones públicas para abordar el problema?

De momento, las instituciones políticas que han aprobado medidas, el Congreso de los Diputados y, en nuestra comunidad, la Asamblea Regional, tienen que esforzarse por ejecutarlas con todas las garantías y celeridad posibles. Y también el sistema judicial tiene que hacerse valer adoptando sentencias valientes para responsabilizar a los culpables y reparar en todo lo posible los derechos vulnerados. Así, quizás, se haga saber a la sociedad quién es el culpable –que nunca es el vecino o la vecina-; se pueda aprender mínimamente cómo se ha podido llegar a materializar esa estafa; y, lo más difícil, se pueda hacer sentir que las instituciones hacen todo el esfuerzo para poder reestablecer la salud y la economía de quienes menos tienen y han sido estafadas.

Mientras seguiremos pergeñando la ilusión de democratización de nuestras sociedades, y sobre cómo llegar y cómo puede ser un nuevo “Contrato Social” que evite estos y otros muchos desastres del neoliberalismo.

Aunque muchos analistas dicen que aún no estamos en una nueva burbuja inmobiliaria provocada por los progresivos aumentos de los precios del alquiler, de tanto decirlo, sabemos que la tenemos muy cerca

Y es así que si Murcia es la séptima ciudad de España por número de habitantes, es la única de esas siete que no tiene en ejecución un Plan Municipal de Vivienda.

Si observamos con atención algunas noticias que ponen en entredicho la acción política de los gobiernos regional o municipal (en el caso de Murcia) en torno a la cuestión social vemos que uno de los hábitos de estos gobiernos es responder con una cifra de los usuarios que han sido atendidos o se van a atender, o del dinero gastado o se van a gastar, y que sigamos sin ver que los datos ni la vida de las personas que sufren esos problemas sociales mejoren.

Así, en los últimos días hemos observado cómo el nuevo Gobierno de la nación ha anunciado que va a reorientar el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 hacia la vivienda pública y de alquiler o que va a promover un parque de 20.000 viviendas públicas en el plazo de cuatro años.

También hemos podido leer en los medios regionales cómo el coste del alquiler en la Región de Murcia ha aumentado un 8,5% en el último trimestre, -la subida más alta de todo el país-.

Ante estas noticias, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha dicho que 21.000 familias de la Región se beneficiarán de los 80 millones en ayudas del nuevo “Plan Regional de Vivienda 2018-2021”. Un plan cuyas medidas están primordialmente dirigidas a financiar al sector inmobiliario más que a hacer efectivo el derecho a la vivienda (PAH, 2018). Además, el Presidente se vanagloria de reglamentar la última reforma de la Ley de Vivienda Regional –reglamento que nadie ha visto y que lleva casi un año de retraso-, reforma de ley elaborada y aprobada por la oposición, y a la que el Partido Popular se opuso contundentemente recurriéndola ante Tribunal Constitucional.

Lo que evidencia esta política del espectáculo que nos habla de futuro es que el acceso a la vivienda digna para muchos vecinos y vecinas de la Región se presenta oscuro, y ello porque, aunque muchos analistas dicen que aún no estamos en una nueva burbuja inmobiliaria provocada por los progresivos aumentos de los precios del alquiler, de tanto decirlo, sabemos que la tenemos muy cerca.

Y los remedios y la prevención necesitan de voluntad política. En este caso, en la política de vivienda, también las entidades locales, los ayuntamientos, tienen mucho que decir y hacer.

En este sentido, si nos damos un paseo por algunos de los datos al respecto sobre el municipio de Murcia el escenario para los próximos años no augura un futuro tranquilo: el 30,7% de la población del municipio sufre riesgo de pobreza o exclusión social y el 11,4% ha tenido retrasos en pagos relacionados con la vivienda (EAPN, 2018); los desahucios por alquiler, han aumentado en el último trimestre un 38,2% (CGPJ, 2018); más de 600 personas sin hogar en la ciudad de Murcia (Observatorio Exclusión 2016); más 200 sistemas infravivienda extrema y crónica en Murcia, sobre todo familias (Habito, 2015); aumento 23% precio alquiler últimos 5 años (Apimur y COAPI, dic 2017); casi 30.000 viviendas vacías en el municipio de Murcia (SitMurcia, 2017); una media anual de alrededor de 1200 demandantes de vivienda social municipal (Servicio Vivienda Ayto Murcia).

La acción política municipal en materia de vivienda brilla por su ausencia. Si bien se presentó desde la oposición un Plan Municipal de Vivienda en Alquiler, no se ha ejecutado, y a toda vista, sólo los programas de alquiler no pueden abarcar las necesidades de vivienda que demanda gran parte de la población afectada.

Por otro lado, los programas que se están ejecutando desde el Ayuntamiento tienen un impacto mínimo sobre la población afectada. Así, sólo cinco propietarios de viviendas vacías se suman al programa municipal para alquilar sus casas, o sólo dos familias de chabolismo crónico han sido realojadas, de las más de 20 previstas desde 2015 con la provisión económica obtenida de Fondos Europeos.

En este sentido, la administración local tiene que tomarse en serio de una vez por todas las políticas de vivienda social en el municipio, y cambiar su concepción de que los problemas de vivienda sólo se pueden solucionar a través del mercado a una concepción como la que el Parlamento de la Unión Europea apuntaba a las entidades regionales y locales en 2013, a saber que “la vivienda social no debe considerarse un coste a recortar, sino una inversión que se amortiza a largo plazo, por medio de un mayor bienestar social y en materia de salud, el acceso al mercado de trabajo y la capacitación de las personas”.

Y es así que si Murcia es la séptima ciudad de España por número de habitantes, es la única de esas siete que no tiene en ejecución un Plan Municipal de Vivienda. Mientras en todos esos municipios se está poniendo suelo municipal para la provisión de vivienda social, en Murcia llevamos más de 10 años, desde el comienzo de la crisis, con sólo siete nuevas viviendas de promoción pública -vivienda social- construidas.

De hecho, el anuncio del Gobierno de España incide en que va a impulsar un parque de 20.000 viviendas públicas destinadas de forma indefinida al alquiler en aquellos municipios que tengan una “demanda acreditada”. Es por tanto urgente en Murcia, en vista de los datos, hacer un diagnóstico de vivienda y suelo, y la elaboración de un plan de vivienda municipal que facilite las diversas coordinaciones y colaboraciones institucionales y el acceso a las ayudas que se promuevan desde las diversas instancias supramunicipales.

Un plan municipal de vivienda para abordar los problemas de acceso y mantenimiento de la vivienda digna que ya se están vislumbrando en los servicios y organizaciones sociales y que afectan a jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres solas con menores, familias de bajos ingresos, etc.

Y tiene que ser un plan ambicioso, que aproveche las ayudas regionales y estatales para la promoción de vivienda y/o alojamiento públicos en alquiler, en régimen de cooperativas de cesión de uso y otras fórmulas posibles; la puesta en el mercado de viviendas vacías; la compra de viviendas vacías para programas de alquiler social; programas de permutas de viviendas a familias con necesidades especiales; mantenimiento y rehabilitación del parque público; promover algunas de estas actuaciones en suelo municipal prestando especial atención a que se promuevan acciones de vivienda en los suelos procedentes de la cesión del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento, entre otras.

Es tiempo de comenzar a cambiar la práctica política municipal que prioriza supuestas ciudades inteligentes, cuando la inteligencia se convierte en un objetivo eufemístico si se olvida combatir la desigualdad y promover las condiciones básicas para ejercer nuestro derecho a la ciudad.

*Miguel Ángel Alzamora Domínguez es concejal del grupo municipal Ahora Murcia

Acabar con los cortes de agua era lo urgente, y la recuperación del servicio para que este pudiera ser gestionado públicamente al cien por cien un paso necesario y a más largo plazo, que debía ser acompañado con otras medidas como crear mecanismos de control democrático sobre todo el proceso de gestión. El ejemplo al que siempre aludimos ha sido el proceso de remunicipalización de París. En su primer año de agua municipalizada París alcanzó los siguientes logros: el reconocimiento del Derecho Humano al agua; la disminución de la factura de agua un 8%; la creación de consejos ciudadanos –incluso por barrios- para el control de la gestión; la obtención de 35 millones de euros de beneficio que retornaban a las arcas municipales; y la puesta en marcha de importantes medidas para hacer frente al cambio climático.

En definitiva, frente a aquellas voces (interesadas) que claman a menudo que no se puede, París es una muestra actual e incontestable de que desde lo público se puede gestionar mejor que desde lo privado, trabajando siempre sobre la prioridad del bien común.

Mientras, con mucho trabajo y luchando contra fuerzas muy poderosas, en Murcia vamos dando pasos en la consecución de ese objetivo, y algunas cosas hemos conseguido ya. La principal: aliviar el sufrimiento de cientos de familias frenando los cortes de agua. Pero estamos muy lejos aún de conseguir los objetivos municipalizadores del Pacto por el Agua Pública que desde la plataforma Asamblea Agua Pública 100% presentamos en Murcia, allá por octubre de 2014.

El panorama nacional no es mucho más halagüeño. Aunque se van consiguiendo algunos objetivos, el paisaje que nos rodea tiene que ver menos con la remunicipalización y el bien común que con la mercantilización del agua, y sus nefastas consecuencias para la población y para la corrupción de los sistemas políticos de los que se apodera. El saqueo de los bienes comunes atraviesa todo el país. La instructora del caso 'Pokémon' lo dejó bien claro: “Los directivos de Aquagest han urdido un plan organizado y preconcebido destinado a saltarse las barreras de las Administraciones Públicas”. Las empresas de Agbar —en cualquiera de sus denominaciones que quiera esconderse como Aquagest, Hidraqua, Hisdrobal, Canaragua, Asturagua, Aquarbe, Aquara, Hidrogea, Hidralia, Aquanex, Viaqua— están bajo el ojo de la justicia tras las denuncias de una presunta trama mafiosa interpuestas en Galicia, Asturias y Cataluña debido a irregularidades en las contrataciones municipales. Los imputados se enfrentan a presuntos actos ilícitos —delitos— como cohecho, falsedad en documentos mercantiles, privados y públicos, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, uso de información privilegiada, prevaricación, delito contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y, quizás el que mejor simboliza este tipo de tramas empresariales, el delito de asociación ilícita. El papel crucial que se otorga en las diligencias a “los conseguidores” de la trama incluye cargos públicos relacionados con gobiernos municipales del PP y del PSOE, pero también a gobernantes de Comunidades Autónomas.

Y no acaban ahí los tentáculos: Este último mes hemos podido asistir de nuevo al descubrimiento de otra presunta trama que se dedicaba a saquear los recursos públicos —también en la Región de Murcia—. El caso Acuamed es otro ejemplo de la tupida red empresarial y de administraciones públicas que describe muy bien aquello que David Harvey llamaba “procesos de acumulación por desposesión”. Porque en última instancia, quienes pagamos la cuenta de las privatizaciones y la redistribución de los beneficios entre empresarios y políticos somos la ciudadanía.

Moraleja: una empresa pública y estatal como Acuamed, sin mecanismos de control democrático, es una empresa potencialmente corrupta. Eso sí, de la mano siempre de grandes organizaciones empresariales privadas —en este caso se empiezan a oír los nombres de Acciona y FCC, entre otras—como beneficiarias de estas presuntas prácticas mafiosas. Por ahora van trece imputados, cinco de ellos ya en la cárcel, y el proceso abierto ha costado la dimisión del subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas, miembro de pleno derecho de la cúpula del Partido Popular. Y uno no sabe si reír o si llorar cuando recordamos las palabras del exministro Arias Cañete —aludido también por el caso Acuamed— cuando en 2014 decía defender para Murcia una política de agua pensando en el bien común.

Nuestra labor ahora es seguir descubriendo y desmontando en cada municipio, en cada región, este tipo de prácticas, el tipo de prácticas que nos roban los servicios públicos para convertirlos en beneficios privados. Nuestras pequeñas batallas se hacen grandes gracias a una sociedad civil cada vez más organizada, que ejerce de control de las malas prácticas y apoya el trabajo institucional digno que tiene como objetivo recuperar los derechos usurpados.

Los signos de que el imaginario colectivo está cambiando los encontramos, entre otras cosas, en la primera Iniciativa Ciudadana aprobada por la Comisión Europea —tras conseguirmás de un millón y medio de firmas—, en la que se exigeque el agua sea reconocida por nuestras instituciones como un Derecho Humano. También en sentencias judiciales que resuelven que no podemos seguir pagando un “precio” —sujeto a las fluctuaciones del mercado— por el agua, sino que este servicio público debe regularse como una “tasa”.

Estos son quizás los mejores argumentos, nuevos, esperanzadores, que podemos usar para trabajar el problema como ciudadanos en nuestro entorno, territorialmente, para desmontar esa idea del agua como mercancía que representaba el insidioso: “Agua para todos”. Nuevos argumentos, esperanzadores, para dar a conocer a la ciudadanía el desastroso impacto que ha tenido en nuestras vidas del “agua mercancía”, que inevitablemente se convierte en agua corrupción. Nuevos argumentos, esperanzadores, para elaborar una estrategia efectiva que recuperé nuestro control democrático sobre el agua… agua, que, no debemos olvidarlo nunca, es nuestra.