Fijarse en países extranjeros no es ni mucho menos negativo. Todos podemos aprender de otras experiencias, implementar soluciones a similares problemas e incluso copiar ideas. Lo que no es trasladable es una política a una sociedad distinta. Ejemplos de fracasos de este tipo existen a decenas.

¿Pero por qué fijarnos sólo en otros países con los que en ocasiones no compartimos más que espacio geográfico cuando tenemos en nuestro propio país ejemplos de buenas políticas educativas?

Si habláramos hoy del sistema sanitario español a nadie escaparía que tendríamos que comenzar hablando de su gran calidad. Son evidentemente mejorables muchas cuestiones, de las que podremos hablar en otra ocasión, pero coincidimos en que es, al menos, razonablemente bueno. En cambio, otro de los pilares del Estado social, la educación, no goza de similar calificación. Este juicio, sin embargo, cambia si descendemos a ver qué se hace a nivel educativo en cada región española.

La descentralización de las políticas sociales que se llevó a cabo en los años noventa se tradujo, con el tiempo, en la generación de diecisiete estados sociales autonómicos, cada uno con pequeñas particularidades que, si bien no difieren (legislativamente hablando) en lo troncal, sí lo hacen en cuestiones que marcan importantes diferencias. Esta circunstancia, que desde otro punto de vista vemos de forma negativa, es paradójicamente positiva si pensamos en la política educativa.

La última reforma educativa demostrará una vez más que la ley no es nunca la solución a un problema. Los objetivos de la LOMCE no son discutibles -salvo con criterios partidistas como los que pretenden su modificación sin haber esperado a observar sus resultados-, pero sí lo es, sin entrar a valorar en este momento más, que sólo mediante una ley se vaya a mejorar la calidad educativa.

De hecho, no es necesario investigar mucho para observar políticas educativas regionales que han incidido directamente en la calidad educativa sin que ello se traduzca en hiperinflación normativa. Un extraordinario ejemplo es la apuesta por el bilingüismo que realizó la Comunidad de Madrid hace ya una década y que tan buenos resultados ha dado.

En el curso 2004-2005 se ponía en marcha el programa de bilingüismo de la Comunidad de Madrid en 26 centros públicos. Hoy, una década después, llega a la mitad de los colegios, un tercio de los institutos y son 150.000 los alumnos que se benefician de este programa.

La idea de este programa bilingüe demuestra como bajo una misma ley educativa pueden desarrollarse distintas políticas que se traduzcan en grandes resultados educativos, como los que de hecho presenta Madrid en las pruebas internacionales.

Este programa, avalado, y evaluado, por prestigiosas instituciones como el Trinity College y la Universidad de Cambridge sólo requería una posición firme desde el Gobierno regional para ponerla en marcha. Un gobierno entonces presidido por Esperanza Aguirre que, frente a las habituales críticas del sector inmovilista, no dudó en emprender políticas en las que el centro fuera siempre el ciudadano, y no el mantenimiento del estatus quo de, en este caso, otros actores educativos.

Uno de los aspectos fundamentales para conseguir verdaderamente la igualdad de oportunidades de los alumnos madrileños, y, consecuentemente, una mejora en la calidad de la prestación del servicio, era facilitar a los estudiantes herramientas que les permitieran competir en un mundo globalizado. Precisamente en ello estaba en el origen de este proyecto. Sólo podría hablarse de igualdad de oportunidades para los alumnos si, en este caso, el aprendizaje de inglés en la escolarización obligatoria dejaba de depender del poder adquisitivo de los padres.

De esta forma, todos los alumnos madrileños gozaban, gracias a la voluntad inquebrantable de Aguirre y su deseo de mejorar el sistema educativo, de la posibilidad de aprender en inglés en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid. No es de extrañar que al anunciar su dimisión en septiembre de 2012 se refiriera al sistema bilingüe como la mejor herencia que dejó tras sus nueve años al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La experiencia de la Comunidad de Madrid en la implantación del bilingüismo, así como en otros programas que hacen de la Comunidad de Madrid un referente educativo en nuestro país, debe hacernos reflexionar sobre la utilidad de insistir en políticas educativas centradas en incrementos presupuestarios, en lugar de en aquellas que buscan solucionar problemas y en las que el presupuesto es sólo un medio que facilita su consecución.

Es obvio que para llevar a cabo cualquier política se necesita un soporte presupuestario, pero ello no implica que un mayor nivel de recursos se traduzca, necesariamente, en una mejor calidad. Así, en el ámbito educativo está ampliamente demostrado que a partir de un determinado nivel de inversión educativa no se obtiene un mayor rendimiento de ella. Esto es precisamente lo que ocurre en nuestro país. Destinamos un importante nivel de recursos a políticas educativas, pero ello no se traduce en mejor calidad de nuestro sistema. ¿No debería hacernos ello pensar que el problema de nuestro sistema educativo no es un problema de recursos sino de políticas, de ideas? En definitiva, de voluntad política por lograr un verdadero cambio en nuestro sistema educativo.

El sistema bilingüe madrileño es, sin ninguna duda, un ejemplo de lo anterior. Naturalmente fueron necesarios recursos económicos, personales, y por supuesto, el apoyo de las familias para llevarlo a cabo, pero todo ello no hubiera funcionado si no hubiera existido un proyecto, un objetivo claro, una idea de hacia dónde tenía que tender la política educativa.

Frente a los que piensan, y abogan, por lograr la calidad mediante leyes, incremento de gasto público, o, en definitiva, con mayor intervención estatal, la Comunidad de Madrid debería de servir de ejemplo al resto de España de con valentía política, situando al ciudadano en el centro de su acción de gobierno y teniendo siempre presente que es éste el destinatario de cualquier acción de gobierno, es posible implantar y desarrollar medidas que incidan directamente en la calidad de la prestación de los servicios públicos.