Desde Sí se puede, nos opusimos porque luchamos por una educación infantil canaria, pública, universal, gratuita y de calidad, de 0 a 6 años. Además, hay aspectos concretos de la ordenanza que nos parecen enormemente injustos y desproporcionados, como que paguen 15 euros mensuales, salvo excepciones, las familias con ingresos brutos comprendidos entre 532,51 y 798,80 euros. Esos límites, basados en el IPREM, no tienen en cuenta, por ejemplo, los gastos de la unidad de convivencia ni tampoco las diversas necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar.

Debatíamos de esto en la sesión plenaria, cuando Óscar García, concejal de Atención Social, afirmó que era “educativamente positivo” que esas familias pagaran las cuotas propuestas en las escuelas infantiles municipales. Es decir, este edil del PP parece opinar que cuanto más se exprima y presione a las familias en situación de precariedad económica, más se pondrán las pilas para salir de la misma. Es como una especie de cínica ampliación de aquel lema que defendieron sus antepasados ideológicos (“La letra, con sangre, entra”), fundido con el mantra que repite la derecha cada vez que hace un recorte: “La mejor política social es el empleo”. Esta falacia pasa por alto que en Canarias no hay, actualmente, empleos suficientes para la cuarta parte de la población activa y que, por tanto, las situaciones de paro y de precariado no son, mayoritariamente, responsabilidades de quienes las sufren.

Aunque los Servicios Sociales faciliten la promoción educativa e intenten romper con el asistencialismo, que tienen que hacerlo, con ello no se erradicará una pobreza que es consecuencia del sistema neoliberal global y del modelo productivo fomentado por el caciquismo nacional. Lo que realmente sería educativamente positivo es que los gobiernos estableciesen un sistema de rentas que protegiesen el derecho a la vida; la educación, con el estómago lleno y la tranquilidad de tenerlo garantizado, “entraría” más y mejor.

Por supuesto, sería muy educativamente positivo que las escuelas infantiles fueran públicas, gratuitas y de calidad para todas las familias. Sabemos que son los gobiernos estatal y canario quienes deben implantarla, pero el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de empujar en esa dirección. También sería educativamente positivo contratar a profesionales de la Educación Social y de la Animación Sociocultural para que trabajasen en todos los distritos, como lo sería el dar permiso y tiempo a las trabajadoras sociales municipales para que pudieran hacer intervención familiar y comunitaria.

Y, por último, creo que sería educativamente positivo para Óscar García (cuyo salario bruto con extras prorrateadas supera los 4.500 euros mensuales) irse solo, una temporada, a criar y a educar a un bebé y a una niña, mientras trabaja 30 horas semanales limpiando pisos y retretes ajenos, gana 600 euros brutos mensuales e intenta pagar alquiler, luz, agua, teléfono, comida, pañales, etc. Conozco a una vecina del barrio de La Salud que lo hace, pero hay muchas otras personas en circunstancias semejantes, en su mayoría mujeres que sobreviven gracias a convertirse en heroínas y a la solidaridad familiar y vecinal.

¿Se pondrá en su lugar el concejal de Servicios Sociales? Si lo hiciera, no creo que tuviera estómago para cobrarles por las escuelas infantiles ni, muchísimo menos, para dar lecciones sobre lo que es educativamente positivo.

                                                        Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife