El gesto, respondía a la propia desesperación que vive la población marroquí por la corrupción, el paro, la pobreza y la desigualdad, y que recuerdan a la inmolación del joven vendedor tunecino que en 2011 desencadeno “las primaveras musulmanas”.

La muerte de Fikri, provocó una oleada de protestas para exigir justicia al Gobierno y al palacio Real y levantó de nuevo a un pueblo acostumbrado a luchar y defender sus derechos.

Recuerdo, que durante mis 4 años que viví en Alhucemas, solía subirme a las ruinas del cuartel general de Abdelkrim el Hattabi y mientras observaba toda la bahía, imaginaba como aquel héroe local consiguió unir a todas las tribus del Riff y hacer frente a la potencia española que bajo la excusa de un protectorado, buscaba explotar sus recursos y colonizarlos.

La historia posterior, que merecería ser contada en los libros de historia que estudiamos en los institutos, ha sido la historia de un pueblo en constantes luchas por defender su territorio, cultura, tradiciones y mejoras sociales, políticas y económicas para una población a la que Hassan II condenó al olvido.

Aunque el actual Rey se comprometió a revertir el aislamiento al que les sometió su padre, esos avances han sido lentos y la sensación de la gente, sigue siendo la de un pueblo olvidado por sus gobernantes.

La muerte de Fikri, puede que fuera la gota que colmó el vaso, pero ha sido la que ha vuelto a levantar al pueblo de Alhucemas y del Riff, que lleva ya más de 8 meses de movilizaciones, y que ha hecho nacer un movimiento ciudadano de contestación social (El Hirak) de carácter pacifista y al que ya se le están uniendo otras regiones de Marruecos.

Frente a las manifestaciones, el Gobierno de Rabat ha contestado reforzando la presión de policías y antidisturbios, acampando centenares de militares en tiendas de campaña a las afueras de las principales ciudades de la Región de Alhucemas.

Y la respuesta al diálogo propuesto por los manifestantes y los líderes locales, la actuación del Gobierno ha sido la detención de sus principales líderes y la instauración del estado del miedo. Con más de 300 detenidos, con varias personas ya procesadas y condenadas a 18 meses de cárcel, acusadas de “atentar contra la seguridad interior del Estado, incitar a cometer delitos y crímenes, humillar a funcionarios públicos y cometer hostilidades contra los símbolos del reino en reuniones públicas”.

La propia Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), ha denunciado que las acusaciones y detenciones se han producido dentro de un clima de graves violaciones de sus garantías jurídicas, agresiones i persecuciones a los activistas y dirigentes del Movimiento Ciudadano, cuyo único delito, más que manifestarse, ha sido el de reclamar de manera pacífica mejoras sociales, económicas, culturales y el cumplimiento de los derechos humanos.

El Rif se ha levantado en una lucha que nunca fue tan justa, y nunca una respuesta fue tan injusta. Vivi cuatro años en el Rif, pero trabajé con su gente durante más de diez, tiempo más que suficiente para ayudarme a entender el compromiso que el pueblo español tiene y debe tener con el Norte de Marruecos. Lo demostramos en 2004, cuando nos solidarizamos con una gran movilización de fondos para ayudarles en la emergencia que supuso el terremoto en el que murieron más de 600 personas y en el que muchas familias lo perdieron todo.

En estos momentos, El Riff vive otra emergencia, una emergencia social, en la que debemos mostrar toda nuestra solidaridad hacia su pueblo.

Por estos motivos, el pasado 14 de junio, en el pleno de les Corts, presentamos una declaración institucional de apoyo a las reivindicaciones del Hirak, denunciando las graves violaciones de los derechos humanos, la instauración del estado del miedo y la liberación inmediata de todos los detenidos, tal como reclama el AMDH. Lamentablemente, el Partido Popular, no la quiso firmar y por tanto no se pudo aprobar. Según ellos, Marruecos es un país amigo, con el que se tiene un compromiso en materias estratégicas y al que no hay que molestar.

Según nosotros, nuestro compromiso, es y será siempre con la gente. El compromiso y la solidaridad del pueblo valenciano debe ser con el pueblo de Alhucemas, apoyando sus demandas de diálogo frente a la instauración del estado del miedo.

Nuestros vecinos, nuestros amigos, son el pueblo de Alhucemas y del Rif, al que apoyamos en sus reivindicaciones de mejoras sociales, económicas y políticas.

*David Torres, economista. diputado de Podemos en las Corts Valencianes

Hoy, tres años después, somos parte de esas instituciones en múltiples ámbitos territoriales. Estamos en el Parlamento Europeo, en el Congreso y Senado, en los parlamentos autonómicos y en los municipios, donde concurrimos con candidaturas de unidad popular. Somos una fuerza política que cuenta con un nutrido grupo de representantes en las instituciones. Y todo en un tiempo récord. Increíble, espectacular resultado. Pero no ganamos. Y la pregunta es, cuál es el margen de acción que nos queda desde la oposición. Hay quién piensa que debemos reguardecernos, atrincherarnos, que las instituciones nos quedan grandes. Otros defendemos que nos corresponde liderar la iniciativa, avanzar propuestas que ofrezcan solución a los problemas de la gente, hacer que las otras fuerzas políticas debatan sobre nuestras propuestas. Evitar que nos arrinconen, y menos aún arrinconarnos.

Desde junio de 2015 hacemos parte de las instituciones, somos diputados por Valencia en les Corts Valencianes. Y en todo este tiempo, sabemos bien qué es ser útil, ser dirigente antes que gobernante, sabemos lo que es tener iniciativa mientras tanto. Hemos sido partícipes de ese ímpetu en no pocos momentos, en los que hemos sido capaces de llevar al rincón de pensar a todas las fuerzas políticas del arco parlamentario. Son muchos los casos en los que ese impulso se ha traducido en reformas de calado para la ciudadanía valenciana. De ello dan cuenta varias e importantes iniciativas nuestras, hoy convertidas en leyes. Es el caso de la ley de cuentas abiertas, que permitirá que la ciudadanía pueda acceder a las cuentas de la Administración pública valenciana; el de la ley de Emergencia Ciudadana, que acorta los trámites en el pago de ayudas; o el de la ley de creación de una Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en un territorio saqueado por todos los frentes, que ni PSOE ni Compromís querían en un principio que fuera independiente y que tuviera capacidad de sanción, pero que ha acabado afortunadamente conservando esas dos características que la hacen tan potente. También hemos visto aprobada hace unos días nuestra propuesta contra la pobreza energética, que evitará cortes de suministros sin el informe de los servicios sociales. En todas ellas, en todas, hemos trabajado con el impulso y el apoyo de la calle, de los movimientos sociales, de los colectivos. Una colaboración responsable, productiva, entre la calle y la institución.

Esta capacidad de iniciativa nos acompaña a cada paso en la institución, porque pez que no nada se lo lleva la corriente. Los debates presupuestarios son también momentos para defender con fuerza los derechos de la ciudadanía. Hay margen de acción. Lo hemos comprobado impulsando la aprobación de una reforma fiscal más progresiva para la ciudadanía valenciana de la que proponía el Consell de la Generalitat, que gravará menos a los que menos tienen y hará pagar más a los que más ingresan. Lo hemos visto al instalar el concepto de pobreza farmacológica en la agenda política y, lo que es más importante, en la consignación presupuestaria. Hoy, gracias a Podemos, hay fondos para cubrir esos gastos farmacológicos para menores en familias con escasos recursos económicos, o para que la justicia valenciana vuelva a ser bandera. También aquí el viento de la calle nos ha insuflado aire.

Prometimos en nuestro juramento poner las instituciones, las valencianas y todas, al servicio de la ciudadanía y de sus derechos. Ningún escaño debiera destinarse a cavar trincheras. El tiempo es oro. Quienes peor lo pasan no pueden vernos arrinconados, ausentes; han de vernos audaces, capaces de darles certezas, mostrarnos como dirigentes. Es tiempo de desplegar las velas. Sólo así seremos más. Así, seremos millones.

Fabiola Meco y David Torres son diputados de Podemos en las Corts Valencianes.

Nos anunciaba la semana pasada la Encuesta de Población Activa (EPA) que cerrábamos el año 2015 con 49.000 personas desempleadas menos en la Comunitat Valenciana y 678.200 en España, muchas de las cuáles, la mayoría, llevaban al menos un año sin trabajo y corrían el riesgo de convertirse en paradas de larga duración.

Pero más allá de la euforia que viven algunos partidos, si algo hemos aprendido en estos años los que desde fuera de la vida política analizábamos la realidad social es a mirar con lupa los datos y estudiar qué se esconde detrás de ellos y de los titulares que los acompañan.

Por ejemplo, nos sorprendía que se pasaran por alto que durante esta última legislatura de Rajoy tenemos 560.000 persones menos activas, que hay 60.000 ocupadas menos y 174.000 inactivas más. Efectivamente el desempleo se ha reducido en 500.000 personas en 4 años, pero no a costa de que haya más ocupados, sino de una importante salida de población del mercado de trabajo y de un reparto espurio de los empleos, ya que se han generado empleos de pocas horas y muy bajos salarios. Por lo que asistimos a un escenario con más inactivas y más empleo precario, y por tanto, a una pérdida generalizada de derechos y a un drástico cambio de relaciones laborales.

Una “supuesta” mejora, basada en la precariedad que ha estado repartiendo el PP con su reforma laboral, que la UE pide que se amplíe y que C's pretende agravar con su propuesta del contrato único, una propuesta que abanderaron y que han tenido que esconder cuando ya todas sabemos que supondría un retroceso y un recorte en los derechos laborales, teniendo que estar al menos 8 años como indefinida para poder igualar tus indemnizaciones a las contempladas actualmente. Un incentivo claro para fomentar la temporalidad o acercarnos al despido casi libre.

Por desgracia, o suerte, los datos del Ministerio de Empleo de esta última semana ponen luz y taquígrafo sobre los datos de la EPA, no por el aumento de las personas desempleadas, que evidentemente tienen un componente estacional, sino por lo que esconden otros datos que son muy preocupantes y que destapan cual es el modelo económico del PP y para quien van dirigidas sus políticas de empleo.

Preocupante que en enero se han perdido 200.000 cotizantes en España, lo que afecta de forma directa al Fondo de Reserva de las pensiones. Por si fuera poco, este modelo de empleo envenena las pensiones. Con la misma población activa que en 2011 la seguridad social recauda hoy 300 millones menos al mes y para sostener las pensiones de nuestros mayores hay que garantizar la estabilidad laboral y mejores salarios para nuestros jóvenes. En lugar de eso, el PP ha esquilmado más de la mitad de la hucha de las pensiones la última legislatura y ha provocado un éxodo masivo de nuestros jóvenes al extranjero.

Pero además, Han subido los parados en 57.000 y el 72% de los desempleados no recibe ningún tipo de prestación.

La reforma laboral sigue conduciéndonos como reses al barranco y los contratos temporales y a tiempo parcial siguen creciendo, síntomas de precarización que se ven reflejados en la duración media de los contratos, que ha bajado de 79 días en 2006 a 53,4 en 2015. Trabajos de menos horas, menor productividad, menor capacidad adquisitiva y por tanto menor demanda interna, que es lo que atrae a la inversión extranjera: una noria a la que se le drena una y otra vez el agua y se para de mover.

Temporalidad, precariedad y un alto índice de paro, un lastre histórico del mercado laboral español que ni el PSOE con su primera reforma laboral ni el PP con la segunda, han sido capaces de atajar, es más, el PP, con su reforma laboral, ha intentado hacer el milagro de los panes y los peces, solo que sin milagro; en lugar de multiplicar empleos, los ha partido en varios, no para crear trabajo, sino repartir miseria.

Por estos motivos, una de las principales propuestas de Podemos que debería llevar a cabo de forma urgente un futuro gobierno, es la de derogar la reforma laboral del PP y redirigir el rumbo de las políticas laborales para aplicar políticas de empleo expansivas y recuperar derechos laborales, que no son sólo una cuestión de justicia, sino de eficiencia. Gente que no trabaja es gente que no consume, y entonces nuestras pymes se quedan sin demanda. Una lógica simple, pero que no quieren ver aquellos que trabajan de espaldas a las personas y de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.