Basta con ver la información oficial publicada por el Imserso, organismo nada sospechoso de tener sesgo político contrario al partido que nos gobierna, para comprobar cómo en lo que llevamos de legislatura, las personas en situación de dependencia han sido despojadas de forma sistemática y controlada de todos los derechos y coberturas que venían disfrutando y a las que tenían derecho bajo el paraguas de Ley de Dependencia.

Los datos son asépticos y también tozudos: a fecha de 31 de enero de 2016, según los últimos datos publicados por este organismo, en Canarias solicitaron la valoración de dependencia 42.221 personas, de las que a 35.511 se les hizo dictamen (84,11 por ciento de las solicitudes) y a 29.999 se les reconoció el derecho a prestación (84,48 por ciento de las que tenían dictamen).

El PP de Canarias se olvida de decir que en esta legislatura del Gobierno de los populares, a 66.762 familias se les ha arrebatado la prestación económica para cuidar a su familiar dependiente. Esto significa que a dos personas dependientes, cada hora, durante 41 meses seguidos se les ha robado el derecho que tenían reconocido.

Durante esta legislatura presidida por Mariano Rajoy Brey se han multiplicado por todo el país los ‘milagros marianos’, milagros por los que, de un día para otro, un gran dependiente dejaba de serlo y se producía su ‘curación milagrosa’.

Mariano Rajoy está incumpliendo, en concreto, la obligación del Gobierno de la Nación de financiar el 50 por ciento del coste del sistema de atención a la dependencia, ya que, en realidad, sólo lo hace con un 17 por ciento, de tal manera que incluso las personas dependientes están aportando más que el propio Estado, el 19 por ciento.

Por otra parte, tenemos en Canarias el menor número de personas en lo que se conoce como limbo de la dependencia desde que entró en funcionamiento el sistema. Personas cualificadas relacionadas con este ámbito afirman que se ha producido un avance cualitativo y cuantitativo del sistema de atención a la dependencia en Canarias desde que la vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales ha asumido el área. Asimismo, la ley de atención a las personas dependientes y de promoción a la autonomía personal preveía en el año 2015 que el 1 por ciento de nuestro PIB estaría destinado a la protección social de las personas dependientes, pero en 2015 sólo el 0,3 por ciento del PIB se destinó a este fin.

Desde el año 2012, los recortes económicos para la dependencia han sido muy graves. En toda España, el ahorro del Estado en la protección social a las personas dependientes en fue de 7.155 millones de euros. El Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y las diferentes leyes de presupuestos estatales ha sido un látigo para la atención a las personas dependientes de Canarias, ya que ha supuesto recortes tales como retraso del derecho de entrada de los beneficiarios del grado 1, disminución de las intensidades de protección de las prestaciones, disminución de las cuantías de las prestaciones económicas y simplificación de los grados de dependencia, disminución del nivel mínimo, regulación del modelo de copago, suspensión del nivel conveniado o supresión bonificación cuota de la Seguridad Social del cuidador.

De todos ellos, el que adquiere mayor relevancia es la suspensión del nivel conveniado, porque ha supuesto que esta Comunidad Autónoma no haya podido generar nuevas plazas para la atención a las personas dependientes. Ello supone que las listas de espera para acceder a una plaza pública sean cada vez mayores.

Decía Jorge González Moore, escritor y poeta colombiano, que no hay mayor cinismo que el de aquellos que reclaman para sí lo que nunca han dado. La atención a las personas dependientes debe ser una de las prioridades de un buen gobierno, por lo que resulta vergonzoso que tras cuatro años de desmantelamiento sistemático de la Ley de Dependencia llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular, esta formación política en Canarias intente presentarse ahora ante la opinión pública como el adalid de los derechos sociales.

Esta responsabilidad es mayor cuando hablamos de políticas sociales, esas que nos conectan directamente con el ciudadano. Y más en estos momentos tan críticos, donde la economía y las políticas neoliberales se han unido para atacar de manera directa los derechos y los deberes de un Estado del Bienestar que tanto costó instaurar y que ahora resiste de manera encomiable los embates del mercado y discursos políticos de mérito y supervivencia del más fuerte.

Una responsabilidad que aumenta por el hecho de vivir en un territorio ultraperiférico, con tantas singularidades y sometido a una brutal dependencia del exterior, como todo el mundo sabe, como es el canario, donde las administraciones públicas se convierten en agentes muy importantes para el mantenimiento de políticas sociales dirigidas a la población más vulnerable.

Canarias ha sido un ejemplo de lucha contra las adversidades y de un costoso y arduo camino para que los derechos sociales de los ciudadanos y los deberes de las administraciones públicas, cualquiera que sea su rango, no solamente se apliquen, sino que se amplíen a medida que la crisis económica arrojaba a amplios sectores de la población a situaciones que solamente la gestión pública podía paliar.

Sorprende entonces que un político de la talla de Román Rodríguez, que ha ejercido las más altas responsabilidades en Canarias y que fue uno de los artífices del sistema público de derechos y deberes sociales que regía esta autonomía, hable ahora de la irrelevancia de las políticas sociales del Gobierno canario que él mismo contribuyó a construir y en cuyo proceso ha estado presente, tanto en las labores de gobierno como en las de la oposición.

Sus aceradas críticas al anterior Ejecutivo por su neoliberalismo y a la gestión de la anterior consejera de Asuntos Sociales le fueron muy rentables políticamente y en esa línea parece que quiere mantenerse, con un acendrado y agudo instinto político, pero que en realidad es solamente eso, instinto y oportunidad política, sin entrar realmente en lo que toca ahora, un ejercicio responsable de lo público en materia de políticas sociales, donde la experiencia de lo anterior debe servir para corregir actitudes y programas que no deben ser más aplicados y que deben ser abandonados a su suerte.

La nueva legislatura que todos hemos comenzado tiene ante sí nuevos retos, nuevos objetivos y eso lo han entendido los que ahora dirigen las políticas sociales. Y su labor ha sido ordenar, clarificar, buscar soluciones nada irrelevantes, convencidos de la enorme responsabilidad que tenemos los políticos hacia los ciudadanos.

Hay que darles una vuelta a las políticas sociales, pero no desde la crítica fácil y demagógica. Queda muy bien ante la galería usar palabras altisonantes, manejando información supuestamente certera, pero que, bien mirada, debe matizarse. En políticas sociales hay que ser prudente, deben mirarse todos los factores y cuidar los detalles, porque estamos jugando no con números, sino con personas.

Esa responsabilidad está en el ADN de los socialistas canarios a todos los niveles y la llegada a las políticas sociales es una magnífica oportunidad de hacer cosas relevantes, de importancia, poniendo realmente a las personas donde se merecen, como en su día dijo otro presidente del Gobierno canario, aunque él no quiso o no supo aplicar.

Los problemas, las preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables están en la agenda de los responsables socialistas, tanto en el Gobierno como en el Parlamento de Canarias, y su relevancia, a pesar de las palabras de alguien tan relevante como Román Rodríguez, es uno de los principios claves para esta legislatura, que en pocos meses ya ha visto avances que jamás hubiese pensado uno que se darían, como en la PCI, en vivienda o en discapacidad y dependencia.

¿Hay mucho que hacer? Sí y el trabajo no es fácil. Pero no podemos, por la responsabilidad que trae aparejado, afianzarnos en la crítica fácil e injusta, interpretando a nuestra manera datos y análisis. Y más cuando se ha estado también en estas labores de Gobierno y de compromiso con la sociedad.

Debemos cuidar tanto el continente como el contenido. Las políticas sociales como materia sensible requieren, de todos nosotros, esfuerzos para contenerse, para no caer en la tentación del politiqueo, del discurso que puede rentarnos ante los electores, pero que al final es como la tierra quemada, donde nada puede crecer.

Hoy es momento de diálogo, de acercamiento, de responsabilidades, esas que unen distintas sensibilidades políticas. Por eso el lenguaje debe ser equilibrado, pero sobre todo justo. Hay todo un mundo entre lo relevante e irrelevante. El primero es el que nos obliga a mantener y ampliar el estado del bienestar, lo segundo, a debilitarlo, a ponerlo en evidencia. Y eso es peligroso, muy peligroso.