Hay ideas que no mueren. Solo cambian de nombre. 

Cuando Estados Unidos inició la conquista del Oeste en el siglo XIX, necesitó algo más que armas y colonos. Necesitó un relato moral que justificara la expansión, el despojo y la violencia. Lo encontró en el llamado Destino Manifiesto: la convicción de que el pueblo estadounidense estaba predestinado —por voluntad divina o superioridad moral— a extenderse, dominar y “civilizar” el continente. 

Aquella idea sirvió para expulsar pueblos indígenas, para arrebatar territorios a México y para construir una nación sobre la base de una supuesta misión histórica incuestionable. No era solo expansión territorial; era hegemonía presentada como virtud. 

Ese impulso no se detuvo en las fronteras continentales. En 1898, Estados Unidos libró una guerra contra España que marcaría un punto de inflexión en su papel internacional. Bajo el pretexto de liberar a Cuba y tras el episodio del acorazado Maine, Washington derrotó a una potencia colonial en declive y se hizo con Puerto Rico, Guam y Filipinas, además de convertir a Cuba en un protectorado de facto. Aquella guerra inauguró una nueva etapa: la del imperio que no se reconoce como tal, pero actúa como si lo fuera. 

Poco después, esa visión se consolidó doctrinalmente. En 1823 había nacido la Doctrina Monroe, resumida en la conocida fórmula “América para los americanos”. Con el paso del tiempo —y especialmente tras 1898— dejó de ser una advertencia frente a Europa para convertirse en una herramienta de hegemonía regional. 

El siglo XX confirmó esa deriva. Durante la Guerra Fría, el Destino Manifiesto se recicló en clave de seguridad nacional y anticomunismo. En los años setenta, Estados Unidos apoyó o toleró dictaduras militares en América Latina para frenar proyectos políticos que consideraba una amenaza. El golpe de Estado en Chile en 1973, que derrocó a un gobierno democráticamente elegido, no fue una excepción. 

Ese apoyo se articuló de forma sistemática a través de la Operación Cóndor, una coordinación represiva entre varias dictaduras del Cono Sur —Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil— con el conocimiento y respaldo de Estados Unidos. Secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones cruzaron fronteras nacionales en nombre del orden y de la lucha contra el comunismo. La Doctrina Monroe operaba entonces no como declaración pública, sino como arquitectura del miedo. 

Pensar que todo eso pertenece al pasado sería un error. En las últimas décadas, esa lógica ha reaparecido con nuevos métodos: intervenciones indirectas, sanciones económicas, guerras híbridas, presión diplomática y reconocimiento selectivo de gobiernos. 

El caso de Venezuela es ilustrativo. Y conviene decirlo con claridad: a todas luces, Nicolás Maduro es un sátrapa y el régimen chavista no es un régimen democrático. Negarlo sería faltar a la verdad y a los principios democráticos más elementales. Pero dicho esto, resulta igualmente evidente que la actuación de Estados Unidos en Venezuela nada tiene que ver con la imposición de un régimen democrático ni con el acompañamiento honesto de un proceso de transición democrática. La política aplicada responde, una vez más, a intereses estratégicos, energéticos y geopolíticos, no a una vocación altruista de defensa de la democracia. 

No se trata de defender regímenes claramente antidemocráticos ni de no exigir el cumplimiento de los derechos humanos allá donde son vulnerados. Se trata de recordar que la democracia no se impone, se construye. Y que cuando una potencia decide quién gobierna, cuándo debe caer un gobierno y bajo qué condiciones, deja de ser un actor internacional para convertirse en un colono. 

El Destino Manifiesto ya no habla hoy de territorios por conquistar, sino de áreas de influencia que controlar. Pero el fondo es el mismo: una visión jerárquica del mundo en la que unos se arrogan el derecho a decidir por otros. 

Europa —y España, con su propia historia en América— debería mirar estos procesos con memoria democrática y responsabilidad política. América Latina no necesita nuevas versiones de doctrinas viejas. Necesita respeto, cooperación y multilateralismo. 

Porque cada vez que reaparece el Destino Manifiesto, alguien pierde soberanía. 

Y casi siempre, también pierde la posibilidad de decidir su propio destino. 

La política internacional contemporánea vive un punto de inflexión que marcará las próximas décadas. La vuelta de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos —y, sobre todo, la orientación de su proyecto político— reabre un debate profundo sobre el liderazgo global, la erosión democrática y el lugar que ocuparán las grandes potencias en el nuevo orden mundial. Nada de esto ocurre en el vacío: responde a un clima geopolítico convulso y a un desgaste interno que recuerda, en muchos aspectos, al declive del Imperio Romano.

Estados Unidos arrastra desde hace años un proceso de polarización extrema y de fatiga institucional. Trump no es la causa, sino el catalizador de un malestar sistémico que ha debilitado la cohesión social y la autoridad moral de un país que durante décadas se definió como guardián del orden liberal internacional. Su lema “America First” fue, en realidad, una forma de repliegue, un síntoma inequívoco de imperio cansado.

Pero si algo ha acelerado la percepción de declive ha sido la ruptura deliberada del derecho internacional. Durante su primer mandato, Trump normalizó acciones que socavan pilares elementales del orden global: desde operaciones extraterritoriales letales sin coordinación ni cobertura jurídica internacional, hasta la amenaza pública de invadir Venezuela, formulada al margen de cualquier resolución de Naciones Unidas y en abierta contradicción con el principio de no intervención. Estas decisiones, lejos de proyectar fortaleza, reflejan el comportamiento típico de imperios en fase descendente: actuar sin reglas porque ya no se confía en la legitimidad propia ni en la solidez de las alianzas.

En política exterior, Trump ha desconfiado de la Unión Europea, presionado a la OTAN, relativizado la importancia de los derechos humanos y reducido la diplomacia a una transacción. Esta lógica es muy similar a la que se observó en la fase tardía del Imperio Romano, cuando la incapacidad de sostener redes de alianzas y la creciente dependencia de decisiones personalistas aceleraron la descomposición del sistema. A medida que Roma perdía liderazgo y se encerraba en sí misma, aumentaban las tensiones internas y se multiplicaban los conflictos en sus fronteras. La historia, como tantas veces, ofrece ecos que deberíamos escuchar.

La política migratoria de Trump es otro ejemplo elocuente. El muro fronterizo, la militarización de la frontera sur y la criminalización del migrante no solo representan un retroceso ético; también expresan un miedo profundo a la transformación demográfica y cultural del país. Roma también vivió esa ansiedad. En los siglos finales, la llegada de pueblos diversos fue interpretada como una amenaza, no como una oportunidad de renovación, y la respuesta fue la fortificación, el control y la exclusión. La estrategia, como sabemos, fue inútil: ni detuvo el declive ni reforzó la legitimidad del poder. Trump reproduce ese patrón, convirtiendo la cuestión migratoria en un símbolo identitario que divide, alimenta prejuicios y erosiona la convivencia.

Desde Europa —y especialmente desde España— debemos analizar este fenómeno con claridad y sin ingenuidades. La estabilidad internacional depende, en gran medida, de que Estados Unidos mantenga un compromiso firme con la democracia, el multilateralismo y el respeto al derecho internacional. Cuando la principal potencia del mundo adopta un liderazgo basado en la confrontación, el aislamiento y la erosión de normas compartidas, el riesgo global aumenta. Y Europa, siempre expuesta a las tensiones geopolíticas, no puede permitirse un Estados Unidos errático, replegado o tentado por el autoritarismo.

La pregunta clave es si estamos ante un episodio pasajero o ante un cambio de época. Roma tampoco supo distinguir, en su momento, cuándo empezaba realmente la decadencia. Lo que sí sabemos es que la fortaleza de las democracias se mide por su capacidad de resistir líderes que intentan doblegar las instituciones a su voluntad. Esa es la prueba que Estados Unidos enfrenta hoy, y cuyo desenlace tendrá implicaciones directas para el equilibrio global.

Trump se presenta a sí mismo como el hombre capaz de restaurar la grandeza perdida, pero la historia sugiere que los liderazgos basados en la nostalgia y en la promesa de poder absoluto suelen acelerar el deterioro del sistema que dicen defender. En el espejo de Roma vemos un aviso: los imperios no caen solo por aquello que viene de fuera, sino sobre todo por sus propias fracturas internas. Y Trump, como un último emperador simbólico, encarna precisamente esa tensión entre el poder personalista y el agotamiento de un modelo que necesita renovarse, no retroceder.

Europa debe estar preparada para esta nueva etapa. No para imitar la lógica del repliegue, sino para fortalecer su autonomía estratégica, defender sus valores y construir un proyecto común capaz de resistir la tormenta geopolítica que se aproxima. En tiempos de incertidumbre, la claridad política no es un lujo: es una obligación. Porque, mientras el orden internacional se resquebraja y las instituciones que sostuvieron décadas de estabilidad se debilitan, Trump continúa actuando como un último emperador, un líder que confía más en su intuición que en la razón, más en el espectáculo que en la diplomacia, más en el conflicto que en el consenso. La historia recuerda a Nerón tocando la lira mientras Roma ardía; hoy, el mundo contempla a Trump en una actitud similar: interpretando su propia melodía, ajeno al incendio político y moral que se expande a su alrededor. Y esa, precisamente, es la señal más clara de que un imperio ha entrado en su fase de decadencia.

Hace una década concurrí a unas primarias para ser candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias por mi partido, y dije en aquel entonces, y lo mantengo diez años después, que Canarias no funciona. Y no es una exageración, ni es catastrofismo, es una conclusión a la que cualquiera puede llegar. Interpréteseme bien, nuestras islas son competitivas, están llenas de talento, somos potencia mundial en el sector turístico, en el reciclado y tratamiento de agua, hemos dado un salto en las energías renovables, etc. Cuando digo esto lo que quiero expresar es que una buena parte de la sociedad de las islas tiene la sensación desde hace años de que el ascensor social no funciona, que la pobreza se perpetúa de padres a hijos, que no hay posibilidad para la mayoría de articular un proyecto digno de vida, y que la riqueza no se distribuye de manera justa. Las causas de esto son múltiples y complejas, no debemos caer en el simplismo, ( el sector turístico no es el responsable o no el único ),  pero no es ese el objeto de estas líneas. Y esa sensación que está en la calle a poco que uno la pise, en estos tiempos postpandemia, en los que se supone que íbamos a salir mejores, cuando todos arrimamos el hombro en forma de ayudas para que la economía no se hundiera, es el sentir extendido entre la clase media trabajadora de las islas. Una clase media trabajadora que observa como hemos vuelto a cifras récord en el sector turístico pero que sus condiciones de vida no mejoran proporcionalmente. Una clase media trabajadora que se ve atrapada en infinitas colas en las autovías, que tiene dificultades para acceder a una vivienda, y que no encuentra una mejoría significativa en los servicios públicos que necesita. Únicamente se pide un mejor reparto.

Y llegados a este punto, no creo que lo que debamos hacer es buscar responsables. Todos lo somos. Las fuerzas políticas que han tenido responsabilidad de gobierno en estos 40 años de autonomía, los sindicatos, las organizaciones empresariales, y también la ciudadanía que debe ejercer también la misma con responsabilidad. Los datos de abstención en los comicios electorales son un ejemplo. Canarias necesita un nuevo pacto social, un pacto entre todos y todas de futuro. Un pacto que combine el crecimiento económico con el reparto justo de la riqueza, que los beneficios empresariales vayan de la mano de la mejora de las condiciones laborales, que los servicios públicos mejoren sus prestaciones, que la educación pública sea una garantía de formación. En definitiva, de un proyecto común que nadie sienta que se le deja atrás. Para eso debemos decidir que queremos ser, cuantos queremos ser y como queremos lograrlo. No podemos decir si a todo, pero tampoco no a todo. Requerirá de diálogo, de concesiones por parte de todos, de compromiso y de audacia colectiva. Ese es el camino. 

Decía el escritor sobre esta obra suya que estos dos países “comparten una cultura que no es rigurosamente europea (…) y deberían hacer un gran esfuerzo de entendimiento mutuo para resistir a las presiones de la cultura europea”.

Pues bien, probablemente, el Nobel portugués, lanzaroteño de adopción, estaría hoy dibujando una nueva fábula en la que la Península Ibérica regresa al continente europeo tras conocer el resultado del reciente Consejo Europeo en el que España y Portugal han logrado algo más que un acuerdo energético histórico en el seno de la Unión, un reconocimiento a nuestra realidad y al peso que ahora tienen España y Portugal en el nuevo contexto postCOVID y tras la invasión de Putin a Ucrania.

La “excepción ibérica” que logró este viernes el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con su homólogo portugués, António Costa, tras diez horas de intenso debate y de firme resistencia a las fuertes presiones lideradas por Alemania y Países Bajos permitirá mitigar el impacto de los precios de la energía. El concepto de Península como “isla energética” por su baja interconexión ha sido comprendido y reconocido por Europa, algo que hoy nos acerca más a un continente que admite tal singularidad. Pero como he dicho, es algo más. Es el reconocimiento a unas singularidades que desde ahora -así funciona la UE- estará presente en cada negociación, en cada acuerdo, en cada paso en la construcción de la nueva Europa. Significa haber logrado el peso y el respeto que estratégicamente corresponden a España y Portugal y el hecho cierto de que el resto de los países de la UE son conscientes de que en el nuevo tablero geopolítico somos necesarios; somos un socio leal que se ha ganado la confianza a base de liderar un innegable compromiso europeísta.

No sabemos si, como en el realismo mágico, la balsa de piedra de Saramago ha influido en el imaginario que ha llevado a reconocer la “isla energética” de España y Portugal, pero sí que estamos seguros de que el genio portugués con corazón isleño hoy estaría abriendo su cuaderno.

La Europa periférica, esa “isla de piedra”, cambia el rumbo de su viaje y regresa a su lugar. Esta metáfora representa, también, un cambio en las relaciones, donde el mensaje político -y también humano- de la novela de Saramago cobra plena vigencia.

Gustavo A. Matos Expósito

Presidente del Parlamento de Canarias

Vicepresidente de CALRE

El intenso debate desarrollado durante esta última semana en el seno de la Conferencia de Presidencias de Parlamentos de España (Coprepa) no ha hecho sino ratificar la idea de la necesidad de una reflexión profunda sobre el reto demográfico en nuestro país. 

En la sede de la Asamblea de Extremadura y bajo la presidencia de Blanca Martín, he tenido la oportunidad de introducir en el debate entre parlamentos el reto demográfico que afronta Canarias y, al hacerlo, vuelvo a constatar que mientras se habla sin complejos ni prejuicios sobre la ‘España vaciada’, continúa produciendo cierto temor plantear la urgencia de articular medidas ante la superpoblación que se produce en determinadas zonas de comunidades como la nuestra.

‘Teruel existe’, ‘Soria ya’ y tantos y tantos movimientos ciudadanos que se han constituido en España en estas dos últimas décadas para frenar la despoblación, para hacerse ver y hacerse escuchar frente al olvido y el abandono, son la cara más visible de una moneda en cuya cruz estarían comunidades como Canarias.

Las jornadas de trabajo han tenido lugar en Extremadura, un territorio que se coinvierte en paradigma perfecto del problema en cuestión: su población es de poco más de un millón de habitantes y su densidad demográfica está en torno a unos 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Badajoz y Cáceres son la primera y segunda provincias más extensas de toda España y, sin embargo, de los 388 municipios con que cuentan, 217 de ellos no tienen ni mil habitantes. Menos del 30 por ciento de los extremeños y extremeñas viven en las tres ciudades con más de 50.000 habitantes, y el mayor índice de densidad poblacional se sitúa en unas 50 personas por kilómetro cuadrado. La superficie total de la comunidad es de 41.635 kilómetros cuadrados y es la decimotercera comunidad de España en población.

Miremos ahora hacia Canarias: nuestra densidad media de población casi alcanza los 300 habitantes por kilómetro cuadrado, en una superficie total de 7.447 kilómetros cuadrados donde vivimos 2,2 millones de personas. En determinadas zonas, como podría ser Arrecife, la cifra se dispara hasta las 2.700 personas por kilómetro cuadrado. La presión demográfica en ciertos espacios como ese es, simplemente, insoportable, insoportable desde el punto de vista de los servicios, de los espacios públicos o de la sostenibilidad. 

Desde Canarias hemos puesto sobre la mesa, ante el plenario de Coprepa, una enmienda que ha sido apoyada de manera unánime por el resto de parlamentos y asambleas. En el texto introducido a la declaración institucional aprobada al finalizar el encuentro, hemos defendido la necesidad de que se afronte con determinación un reto, el de nuestro territorio insular, donde el exceso de población y el crecimiento poblacional están teniendo como consecuencia un impacto negativo en la sostenibilidad y equilibrio entre población y territorio. 

Se trata de incorporar la perspectiva demográfica en la elaboración de las leyes desde el respaldo de los parlamentos, de tal forma que la respuesta a estos desafíos –despoblación y superpoblación- sea un elemento a valorar de forma preferente en el ámbito europeo, en particular de cara al marco financiero plurianual de la Unión Europea 2021-2027.

Quiero destacar de manera muy especial la acogida brindada por todos los parlamentos y asambleas, sin excepción, a las propuestas realizadas desde nuestra Cámara. También resultan ejemplarizantes y un verdadero orgullo la unidad demostrada, las ganas de trabajar en la misma dirección y la fuerza que, aun en estas complicadísimas circunstancias como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se desprende de todas estas instituciones. 

Siendo consciente de que el debate del territorio nunca estará exento de polémica -¿cómo regularlo sin entrar en confrontaciones?-, resulta tremendamente oportuno afrontarlo con valentía, aprovechar este punto de inflexión que está siendo la pandemia para intentar encontrar puntos de encuentro sobre los que construir propuestas que permitan trazar una hoja de ruta con que definir cuántos queremos ser y cuántos puede soportar un territorio como Canarias sin continuar poniendo en riesgo su extrema fragilidad. 

Para siempre quedará aquella reflexión de José Luis Sampedro, donde decía que Europa es “como un jefe que nunca se pone al teléfono”, frase tan acertada en todos esos años en que las recetas que dio la Unión a los problemas de entonces no fueron las adecuadas. La desconexión era evidente.

Hoy, la UE ha respondido ante la ciudadanía y ha demostrado estar a la altura de las demandas, de las urgencias. El COVID nos ha puesto a prueba en todos los ámbitos y en todos los sentidos; ha venido a removernos la conciencia y a decirnos que únicamente desde la unidad de los Estados miembros y las regiones, solamente desde su defensa de la equidad, de la igualdad, solo desde la convicción de que si queremos podemos y únicamente si somos capaces de reinventarnos podremos aspirar, con cierta decencia, a estar a la altura de una ciudadanía que ve en sus parlamentos y asambleas regionales las terminales nerviosas con las que se conecta a Europa.

Desde CALRE estamos trabajando sin descanso para lograr compromisos en todos los estadios: nos hemos sentado a hablar con las presidentas del Congreso y del Senado de España, con los ministerios, con las presidencias de los parlamentos y asambleas de nuestro país, con las regiones que integran CALRE… y el sentimiento es unánime: el proyecto europeo será con las regiones o no será. 

Entramos en un proceso de recuperación que a día de hoy es sencillamente impensable sin el papel de las regiones. Estamos ante un nuevo proyecto basado en convicciones y en certezas, donde existe, por primera vez en décadas, espacio para el acuerdo, para las alianzas, para caminar juntos mirando hacia adelante.

Desde que el Parlamento de Canarias fuese elegido en diciembre de 2019 para asumir la responsabilidad de la presidencia de CALRE durante 2020 y reelegido para esa función en enero de 2021 para continuar al frente de la conferencia hasta diciembre de este año, nos hemos centrado en el relanzamiento de este foro, que durante los últimos años permaneció sumido en una cierta parálisis.

En estos tiempos en que los parlamentos y asambleas regionales con capacidad legislativa representan la voluntad de nada menos que 200 millones de habitantes de la UE, podemos decir, con orgullo, que estamos en posición de afirmar que los valores fundacionales del proyecto europeo están más vigentes que nunca: el respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, estado de derecho y defensa de los derechos humanos. 

En este punto, es necesario subrayar el valor de la solidaridad entre los Estados como fórmula para afrontar, desde la unidad, los retos que Europa tiene por delante en este cambio de era que suponen “los años de la pandemia”, como representantes del ámbito científico ya vaticinaron en pleno confinamiento en 2020. 

Ejemplo nítido del proyecto es la puesta en marcha por la UE de un plan de salud sin precedentes como reacción inmediata ante el virus. La respuesta ha sido contundente y los Estados miembros afirman abiertamente que es necesario avanzar hacia una mayor resistencia de la sanidad, una mejor capacidad de respuesta y, en consecuencia, una colaboración adecuada en el seno de la UE que aporte seguridad a la Europa de los 27. Los fondos Next Generation son una consecuencia más de este nuevo comportamiento de las instituciones europeas. 

Si Europa por fin se ha puesto al teléfono ha sido, en gran medida, gracias al papel que están desarrollando los parlamentos y asambleas regionales con capacidad legislativa de la UE en la construcción del proyecto. Sigamos trabajando.

*Presidente del Parlamento de Canarias. Presidente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la UE (CALRE)

Llegamos a este 30 de mayo aún en plena lucha contra el COVID-19, pero de manera muy diferente. Hoy, las palabras de nuestro día a día son, por fortuna, otras: hablamos de apertura, de comienzo, de esperanza, de reactivación.

Ese mensaje de optimismo, no obstante, no nos hace olvidar a las más de 700 personas fallecidas en nuestro archipiélago desde que el 31 de enero de 2020 se diagnosticó el primer caso de la enfermedad. Por ellos, por ellas hemos de continuar unidos sin bajar la guardia, porque aún no está andado todo el camino.

Un año después de que el Parlamento de Canarias acogiese, por primera vez en su historia, el acto institucional del 30 de Mayo, nos situamos en este Día de Canarias 2021 celebrando, en primer lugar, el valor y determinación del pueblo de Canarias, que ha sabido crecerse ante uno de los mayores desafíos de su historia reciente. La ciudadanía de las ocho islas ha dado ejemplo diario de resistencia y madurez, asumiendo con enorme responsabilidad una situación que ha impuesto condiciones y normas en muchos casos realmente complicadas.

Celebramos hoy también la tenacidad de los hombres y mujeres que en este largo año se han mantenido firmes en su lucha, desde primera línea, contra la pandemia. Para siempre quedarán en nuestra retina las imágenes de la solidaridad, del acompañamiento, de la protección, del apoyo.

Eso es Canarias. Canarias es esa gente anónima que no duda ni por un instante en ofrecerse para echar una mano en lo que resulte necesario. Canarias son tantas y tantas personas que han sacado lo mejor de sí mismas para salvar vidas. Canarias es la respuesta colectiva a un enemigo común.

Canarias es, también, espacio de libertad y convivencia. Cuando nuestro foro de diálogo y representación por excelencia, el Parlamento de Canarias, se prepara para cumplir cuarenta años en esta décima legislatura, podemos decir con orgullo que hemos sabido manejar con acierto y habilidad los mecanismos que nos otorga el sistema democrático para demostrarle al mundo que en estas ocho islas, las diferencias y discrepancias construyen debates que enriquecen.

Canarias es Europa. Nuestra lejanía no resta ni un ápice de sentimiento europeísta y, desde la defensa del papel indiscutible que juegan las regiones en la construcción de un proyecto europeo cuya solidez se exige más necesaria que nunca, reclamamos, en un proceso justo de recuperación, ser escuchados y tenidos en cuenta. Solamente así se estará a la altura de los desafíos que afrontamos, desafíos como pueden serlo el reto demográfico o los movimientos migratorios.

Canarias es respeto, concordia y tolerancia. Como pueblo emigrante, sabemos lo que significa partir hacia lo desconocido, tener que abandonar nuestro hogar para labrarnos un futuro mejor. Por tanto, ante la crisis humanitaria que afrontamos, la respuesta debe ser acorde a los valores de un territorio, Europa, que ha de garantizar los derechos, la libertad y la dignidad de las personas Canarias es capacidad de reinventarnos, de convertir en oportunidades las adversidades. Por esa razón, este punto de inflexión que representa el COVID- 19 debe ser el momento para resetearnos, para decidir lo que queremos para nuestra tierra a partir de ahora y defender cuanto seamos capaces de mejorar.

Nuestros aciertos y errores de hoy forjarán la Canarias del mañana, la que dejaremos de herencia a nuestros hijos y nietos.

La Comisión Europea, a través de su presidenta, Úrsula Von der Leyen, ha sido contundente en la defensa de la EU4Health: es necesario avanzar hacia una mayor resistencia de la sanidad, una mejor capacidad de respuesta y, en consecuencia, una colaboración adecuada en el seno de la UE que aporte seguridad a la Europa de los 27.

Es precisamente seguridad, capacidad de actuación y solvencia lo que demanda la ciudadanía europea. Si algo hemos aprendido de la pandemia es que no se puede titubear ante una amenaza grave, por desconocida que sea. La irrupción del COVID-19 ha puesto de manifiesto, por un lado, la plena vigencia de los valores fundaciones del proyecto europeo, pero también los déficits que todavía arrastra una Unión llamada a una cooperación plena que se le resiste una y otra vez. No debe resultar sencillo poner de acuerdo a los sistemas sanitarios de la UE cuando vemos las enormes diferencias que existen entre ellos en cuestiones básicas como el modelo implantado -Beveridge o Bismark-, la población, los hábitos, la esperanza de vida o la mayor o menor importancia que en forma de recursos dan sus instituciones a la salud.

Debemos tener la suficiente madurez institucional como para identificar los errores, aprender de ellos y lograr convertirlos en el impulso necesario para avanzar. La COVID-19 es un claro ejemplo de ello, una demostración de lo esencial que resulta trabajar codo con codo.

En Europa, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes son las principales causas de muerte prematura. Se cobran la vida de más de medio millón de personas cada año, más de medio millón de personas que se encuentran en edad de trabajar. Ahora, la UE presenta el más ambicioso plan de salud hasta la fecha –unos 5.100 millones de euros- y lo hace como reacción a la pandemia. Esta respuesta de la ‘casa europea’, para que funcione, requiere retroalimentación y cooperación entre estados: por mucho dinero que tenga, ninguna familia funciona si sus miembros no hablan entre ellos, si no colaboran.

La sanidad es competencias de los Estados, pero se trata de optimizar la coordinación ante nuevas amenazas que pudieran aparecer y continuar fortaleciendo la ansiada colaboración. Debemos entender que lo que ocurre en un Estado o en una región ocurre en toda la Unión y que no se puede abandonar a nadie a su suerte.

Aquí resultan fundamentales las autoridades regionales, cuyo papel es clave para garantizar la cohesión económica, social y territorial, objetivos principales de la Unión Europea. Cuando se obstaculiza u obvia esa función, aparece el grave riesgo de que muchas de estas regiones puedan quedar rezagadas en procesos tan prioritarios ahora como puede ser la recuperación en toda Europa.

Para apuntalar una UE de la salud lo suficientemente sólida, universal, igualitaria, equitativa en el acceso y con capacidad real de afrontar los retos que se avecinan, en cada paso que se dé no puede perderse de vista el papel vital que juegan la innovación y modernización como condiciones para la eficiencia y resistencia ante las amenazas.

Es especialmente destacable la propuesta de la Comisión de un nuevo reglamento sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud, con los objetivos de reforzar la participación, fortalecer la vigilancia o mejorar la notificación de datos, entre otras cuestiones.

El camino hacia una Unión Europea de la salud lleva aparejada una apuesta irrenunciable por la sanidad pública. Nunca antes como ahora resultó tan evidente la necesidad defenderla y protegerla, y nunca antes vimos tampoco, con tanta nitidez, su calidad ni la profesionalidad y compromiso de sus trabajadores y trabajadoras.

La otra apuesta pasa, de forma inequívoca, por una renovación del marco jurídico, así como por el aumento de la capacidad de respuesta de agencias como el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). La optimización de recursos adopta una especial singularidad en todo este proceso, en esta apuesta firme por invertir en la sanidad del siglo XXI que queremos para Europa.

Aquel 23 de febrero de 1981, se vivieron en el Congreso de los Diputados, también en toda España, las diecisiete horas y media más largas de una recién estrenada democracia que se vio amenazada por quienes, mediante el uso de la fuerza, no aceptaban la apuesta mayoritaria del pueblo español por los valores de una nueva etapa que se abría paso en nuestro país, por dejar atrás décadas de totalitarismo y avanzar hacia una democracia plena y homologable al resto de las democracias del mundo. 

Esos momentos de angustia, de tensión, de incertidumbre, lo fueron también de convicción absoluta en la Constitución y en lo que significaba y significa como pacto de convivencia, de rechazo a la violencia y de apuesta por un espacio de libertades sustentado en la tolerancia y el respeto. Ese episodio representó una exigente prueba para aquella joven democracia y, posiblemente, el hecho que la consolidó durante las siguientes cuatro décadas. 

El 23F sirvió para poner a prueba la solidez de las nuevas instituciones, la valentía y la fortaleza de las y los demócratas. Esa provocación autoritaria obtuvo una respuesta en el sentido contrario del pretendido por los golpistas: reforzó el compromiso del pueblo español con el proyecto democrático iniciado seis años antes y ratificó, ya en ese entonces, que en nuestro país no volvería a haber espacio nunca más para la fuerza, para la violencia ni para la vuelta a tiempos de restricciones de libertades, que un marco de convivencia de libertades y garantías sería el lugar común de convivencia entre las españolas y los españoles. 

Resulta hoy imprescindible reflexionar colectivamente sobre el hecho de que la democracia, su sistema de libertades y garantías deben ser reforzados día a día, que existe un resurgir en el seno de las democracias liberales de pulsiones autoritarias y que la mejor forma de defender la democracia es con más democracia, justo como lo hicieron quienes nos precedieron en la acción pública y política hace ahora cuatro décadas.

Las imágenes recientes del asalto al Capitolio en Estados Unidos, una de las cunas de las democracias occidentales, ponen de manifiesto que los demócratas debemos entender que cualquier conquista en libertades y derechos debe ser defendida y reforzada cada día. Debemos igualmente redoblar el esfuerzo para transmitir a las nuevas generaciones que han crecido en libertad -y que deberán velar por ella en el futuro- que la fortaleza de la democracia estriba justo en su debilidad y que no siempre vivimos en el espacio de convivencia del que ellos y ellas, por fortuna, disfrutan.

Justo cuarenta años después, cuando en nuestro país disfrutamos de una democracia plena, la historia ha querido que esta fecha coincida con la celebración de un pleno del Parlamento de Canarias, el espacio de la palabra, del debate y del acuerdo entre los canarios y las canarias, un Parlamento que en esta décima legislatura también cumplirá cuarenta años de existencia. Recordemos con respeto a todos los hombres y mujeres que en estas cuatro décadas han dado lo mejor de sí mismos para consolidar el Estado de derecho en nuestro país y reiterar el compromiso con la democracia. 

Aquel 23 de febrero de 1981, se vivieron en el Congreso de los Diputados, también en toda España, las diecisiete horas y media más largas de una recién estrenada democracia que se vio amenazada por quienes, mediante el uso de la fuerza, no aceptaban la apuesta mayoritaria del pueblo español por los valores de una nueva etapa que se abría paso en nuestro país, por dejar atrás décadas de totalitarismo y avanzar hacia una democracia plena y homologable al resto de las democracias del mundo. 

Esos momentos de angustia, de tensión, de incertidumbre, lo fueron también de convicción absoluta en la Constitución y en lo que significaba y significa como pacto de convivencia, de rechazo a la violencia y de apuesta por un espacio de libertades sustentado en la tolerancia y el respeto. Ese episodio representó una exigente prueba para aquella joven democracia y, posiblemente, el hecho que la consolidó durante las siguientes cuatro décadas. 

El 23F sirvió para poner a prueba la solidez de las nuevas instituciones, la valentía y la fortaleza de las y los demócratas. Esa provocación autoritaria obtuvo una respuesta en el sentido contrario del pretendido por los golpistas: reforzó el compromiso del pueblo español con el proyecto democrático iniciado seis años antes y ratificó, ya en ese entonces, que en nuestro país no volvería a haber espacio nunca más para la fuerza, para la violencia ni para la vuelta a tiempos de restricciones de libertades, que un marco de convivencia de libertades y garantías sería el lugar común de convivencia entre las españolas y los españoles. 

Resulta hoy imprescindible reflexionar colectivamente sobre el hecho de que la democracia, su sistema de libertades y garantías deben ser reforzados día a día, que existe un resurgir en el seno de las democracias liberales de pulsiones autoritarias y que la mejor forma de defender la democracia es con más democracia, justo como lo hicieron quienes nos precedieron en la acción pública y política hace ahora cuatro décadas.

Las imágenes recientes del asalto al Capitolio en Estados Unidos, una de las cunas de las democracias occidentales, ponen de manifiesto que los demócratas debemos entender que cualquier conquista en libertades y derechos debe ser defendida y reforzada cada día. Debemos igualmente redoblar el esfuerzo para transmitir a las nuevas generaciones que han crecido en libertad -y que deberán velar por ella en el futuro- que la fortaleza de la democracia estriba justo en su debilidad y que no siempre vivimos en el espacio de convivencia del que ellos y ellas, por fortuna, disfrutan.

Justo cuarenta años después, cuando en nuestro país disfrutamos de una democracia plena, la historia ha querido que esta fecha coincida con la celebración de un pleno del Parlamento de Canarias, el espacio de la palabra, del debate y del acuerdo entre los canarios y las canarias, un Parlamento que en esta décima legislatura también cumplirá cuarenta años de existencia. Recordemos con respeto a todos los hombres y mujeres que en estas cuatro décadas han dado lo mejor de sí mismos para consolidar el Estado de derecho en nuestro país y reiterar el compromiso con la democracia.

Los meses de confinamiento, con las pantallas como casi únicas ventanas al exterior, han servido para acelerar, en gran medida, un modelo de entretenimiento y de acceso a contenidos que ya compiten y que, en muchos casos, superan los tradicionales. Las nuevas generaciones y los no tan jóvenes buscan su entrenamiento lejos de las fórmulas de televisión clásicas, no se informan por los medios tradicionales e, incluso, determinadas redes sociales que para sus padres o hermanos mayores fueron una revolución hace pocos años las observan con desdén y las consideran obsoletas. En este nuevo mundo que se abre y que cambia a toda velocidad, la palabra ‘youtuber’ se ha incorporado a nuestro léxico con naturalidad y hoy vemos ese sector como uno de los principales objetivos comerciales de publicistas y patrocinadores por la tremenda repercusión que las opiniones de esos profesionales tienen entre su público. 

Sencillamente les siguen millones de personas y eso no solo es un cambio cultural, sino un cambio en muchos modelos de negocio. Esta combinación de elementos ha hecho que un puñado de jóvenes, de pronto, desde la habitación de su casa, con muy pocos medios, hayan dado un salto económico sin precedentes. Haríamos mal en despreciar el fenómeno de los youtubers y en no entender que son una manifestación más de un mundo cambiante, que es más útil entender el secreto de su éxito y, desde luego, no generalizar. Los hay malos, buenos, inteligentes, soeces, ingeniosos, burdos, como en casi todas las manifestaciones del entretenimiento o de la difusión de contenidos. 

Como digo, aparejado al boom de los youtubers viene, indefectiblemente, su despegue económico. Nada nuevo en nuestro modelo económico. Y a renglón seguido viene otro debate de nuestras sociedades: la tributación de los beneficios que se obtienen de sus actividad y, como en otras actividades económicas -deportistas, artistas, empresarios-, algunos de ellos han decidido irse “fugando” de nuestro país para mudar su domicilio fiscal especialmente a Andorra. 

El Rubius, Vegetta777, Willyrex, TheGrefg, Makiman131 o Alexby11 ya lo han hecho y la polémica se ha trasladado de manera inmediata a las redes y medios de comunicación tradicionales, cuestionándose la ética de que alguien que obtiene sus principales beneficios -tanto económicos como de popularidad- en nuestro país tribute en otro con tipos impositivos menores y, de esa manera, no contribuir con sus impuestos al mantenimiento de los servicios públicos en su país, algo que en esta pandemia hemos visto que son esenciales y que solo se mejoran con más recursos. Lo de la gestión de esos recursos no pude ser un excusa para largarse. Eso se arregla votando, echando a los malos gestores y exigiendo una eficaz gestión de los recursos, no marchándose a otro país. 

Pongamos el ejemplo de un youtuber muy conocido, quien más seguidores tiene: en Andorra pagará unos 400.000 euros en impuestos. En España pagaría 2 millones. Recordemos que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2021 aparece un nuevo tramo del IRPF del 47% para las rentas superiores a los 300.000 euros al año. Andorra tiene un único tramo de IRPF: el 10%.

En la cara B de la moneda están esos otros youtubers contrarios a este éxodo desde argumentos diversos: contribuir con sus impuestos a los servicios públicos en España, estar cerca de sus amigos y familia… Es el caso de Ibai Llanos o AlexElCapo. Haciendo honor a su capacidad de influencia, Ibai Llanos volvió a hacerse viral estos días pero, en esta ocasión, no para diseccionar las entrañas de un videojuego, sino para reivindicar la bondad del pago de impuestos. “Es un bien común para el país y un acto de responsabilidad. Siento que mi dinero aporta algo más allá del bien individual”, decía contundente a través de su canal. 

Y aquí es donde realizo el siguiente planteamiento: los youtubers y modelos de negocio similares basados en las posibilidades que generan los actuales modos de conexión, de generación de contenidos, etcétera seguirán teniendo sus seguidores y seguirán generando, por tanto, ingresos. En consecuencia, en algún lugar tendrán que seguir tributando por los mismos, más allá de que la actividad nos pueda parecer más o menos interesante. Al fin y al cabo, hablamos básicamente de entretenimiento y generación de ciertos contenidos. Es entonces cuando surge la pregunta: ¿qué se conoce de Canarias y su especial régimen fiscal en el resto de España y en el mundo? ¿Saben estos youtubers asentados en la fría y triste Andorra que, frente al 21% de IVA en España, en la soleada Canarias tenemos un tipo de IGIC al 7%? ¿Saben que el 25% del impuesto de sociedades de España -en Andorra el tipo máximo es del 10%- es en Canarias el más bajo de Europa, reduciéndose hasta el 4%? ¿Conocen las ventajas fiscales de la Zona Especial Canaria (ZEC)?

Es muy probable que no los sepan o que sus asesores fiscales, por alguna razón, no han terminado de ver las oportunidades de las especificidades fiscales de Canarias como una opción real y éticamente correcta de seguir tributando en su país y contribuir al mantenimiento de los servicios públicos del lugar en el que generan su actividad. Por ejemplo, la ZEC permite, cumpliendo algunos sencillos requisitos (entre ellos acogerse a un modelo societario) y bajo la estricta garantía de la Unión Europea, esa baja tributación al gravamen especial del 4%. Por otra parte, algunos servicios digitales encuentran en Canarias una tasa de retorno más alta si generan empleo alrededor de esa actividad. 

Por tanto, tenemos la más que demostrada solvencia que otorga la actualización del REF en la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2019, tenemos unas condiciones fiscales únicas en España y en el territorio de la UE. A un escenario tributario muy atractivo se unen otras condiciones que deberían hacer de nuestras islas un destino obligado para el asentamiento de actividades económicas similares a la que generan los  youtubers. Buen clima, seguridad personal y sanitaria, buena conexión a la red y la posibilidad de estar en cualquier capital europea de modo directo en apenas unas horas de vuelo.             

Hace apenas tres meses, Canarias se promocionaba como destino idóneo para el teletrabajo. La realidad impuesta por el virus nos ha obligado a inventar nuevas fórmulas para seguir trabajando y, también, para buscar otros canales por los que atraer inversión a nuestras islas a la vista del parón que sufre nuestro principal motor económico, el turismo.  Es un ejemplo más de lo que Canarias puede ofrecer y por dónde puede ir un futuro menos dependiente del sector turístico. Hablamos de actividades con casi ningún impacto sobre el territorio y que no requieren de grandes infraestructuras. Los sectores, además, no solo son compatibles, sino complementarios. La publicidad y promoción que se puede generar para Canarias a través del alcance de las audiencias de estos modelos de entretenimiento son precisamente los canales más eficaces para llegar a millones de personas. Las campanadas de fin de año de Ibai en Twitch han sido un buen ejemplo. Así que mejor Canarias que Andorra. 

* Presidente del Parlamento de Canarias

Durante los últimos años, una parte de la derecha europea y también en nuestro país le han venido riendo las gracias al fenómeno Trump y a su modo mezquino de hacer política, pulverizando todos los días una línea roja de las reglas de la convivencia democrática, desprestigiando las instituciones pero ejerciendo el poder de manera despiadada y sin moral ni ética algunas. Todo ello con la colaboración, por acción u omisión, de determinados grupos de comunicación que han sido el altavoz imprescindible de mentiras, bulos, noticias falsas, y disparatadas teorías conspirativas. No nos engañemos; en el fondo lo de siempre: mantener los privilegios de unos pocos frente a la mayoría. 

Muchos, mayoritariamente desde la izquierda, hemos denunciado ese modo de hacer política, el riesgo que suponía aceptar en el discurso político como normal ese modo de estar en el espacio de debate público, el daño irreparable que suponen los atentados de baja intensidad hacia el sistema democrático que se van tolerando día a día. Es un veneno que se va inoculando no de golpe, sino en pequeñas dosis, porque no se persigue acabar con el envenenado, sino que termine por acostumbrarse al emponzoñamiento y así acabar completamente colonizado por el veneno, normalizándolo.

Se ha roto algo que era hasta ahora, en el debate político, incuestionable: la verdad de los hechos. Lo decía Barack Obama recientemente en una entrevista. Si no se acepta ni siquiera la verdad sobre los hechos, el debate sobre la política es imposible. Y la tolerancia, la complicidad, la simpatía hacia esa forma de hacer política -que se ha copiado en otros países del mundo, con un Steve Bannon de apóstol por Europa y por algunos países de Latinoamérica- nos ha llevado, desde aquellos inicios cuando se mintió, se manipuló y se armó una historia inventada sobre la partida de nacimiento de Barack Obama, hasta el asalto al Capitolio. Ahora, las derechas (no todas) que le han reído las gracias al trumpismo, que le han copiado el estilo, que vieron en ello un modo rápido y simple de contrarrestar el discurso de la izquierda tras la crisis financiera de la pasada década, que ponen en duda la legitimidad de gobiernos democráticos, que han extendido la idea de que solo hay un modo de ser un buen patriota, el suyo, y que han ido inoculando el veneno también en nuestras democracias europeas, se han visto retratadas y han querido desmarcarse a toda velocidad tras ver lo sucedido en Washington.

Pero en una buena parte, no lo han hecho condenando lo sucedido sin más y reivindicado la vuelta a los valores democráticos y a la fortaleza de las instituciones, como ha hecho un buen número de políticos del GOP en Estados Unidos, sino que han corrido a defenderse del trumpismo con una estrategia al más puro estilo trumpista: comparar lo sucedido en el Capitolio con otros movimientos ciudadanos y políticos y, de ese modo, tapar sus propias vergüenzas trumpistas con más de lo mismo. “Así acaban todos los populismos” es la frase más recurrida para salir del atolladero que suponía tener que condenar lo sucedido en la toma del Capitolio sin admitir lo obvio y resistirse a decir la verdad. Y han llegado en su viaje al trumpismo profundo a comparar las protestas democráticas en el exterior de los parlamentos y asambleas legislativas con el asalto y la profanación del Capitolio en Washington. Pero lo de Trump no es populismo; es fascismo puro y duro y lo han estado engordando. El chat de sables oxidados de militares españoles proponiendo acabar con 25 millones de ciudadanos es un ejemplo. Y cuanto más tardemos en decirlo claramente, más pondremos en riesgo nuestra convivencia y las reglas del sistema democrático. Repito, lo de Trump no es populismo, es fascismo. 

La base ideológica del movimiento político que ha liderado Donald Trump se ha basado en varias de las recetas clásicas del fascismo: odio al extranjero, odio a otras razas, teorías de conspiración,  odio a las creencias dentro del propio país que no se ajusten a las del estándar del ‘amercian white man’ y, obviamente, una supremacía racial. Lo vimos claramente en los asaltantes al Capitolio. Ni un hombre o mujer de raza negra, banderas confederadas y símbolos claramente fascistas. Por eso, no es populismo. El ‘America first’ es una revisión de los eslóganes fascistas de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini. Lo usó ya un grupo de estadounidenses pronazis que se oponía a que Estados Unidos combatiera a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. 20.000 personas reunieron en el Madison en febrero de 1939. El uso de la violencia es el último nivel para distinguirlo. Lo vimos en el Capitolio y en otros puntos de Estados Unidos. Ya había habido avisos, como la masacre de Charlottesville. Trump tardó días en condenar a los supremacistas y al propio Ku Klux Klan. Sus primeras palabras fueron de condena a “la violencia de muchas partes”, como si la violencia hubiera sido ejercida desde unos y otro manifestantes. Muy parecido al “así acaban todos los populismos” de los que les cuesta decir sencillamente fascismo. Una equidistancia para que todo parezca igual, pero no lo es. No es populismo, es fascismo. 

*Presidente del Parlamento de Canarias

Presidente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la UE - CALRE

Durante el mandato de Barak Obama la ultraderecha norteamericana, furiosa por la victoria de un demócrata de raza negra, comenzó una despiadada caza del presidente. Esa cacería no tuvo límites ni éticos ni morales. Toda valía con tal de abatir al primer presidente afroamericano de la historia de Estados Unidos. Esta cacería alcanzó su auge en relación con las dudas sobre el lugar de nacimiento de Obama. Como sabemos, para poder ser presidente de los Estados Unidos se exige el requisito de haber nacido en el país. La ultraderecha norteamericana con toda su artillería mediática inició una campaña, a la que se sumó alegremente Donald Trump, para poner en duda que Obama hubiera nacido en Estados Unidos, y afirmar que realmente el presidente había nacido en Kenia. El acoso fue tal, y la difamación y la campaña tan despiadada y llena de mentiras, que Obama y la Casa Blanca terminaron por hacer público el certificado de nacimiento del presidente. Lo hizo en abril de 2011. No quedaron dudas de que se trataba de una campaña mezquina y de cacería hacia Obama. No había nacido en Kenia, sino en Estados Unidos. Pero al trumpismo y a los creadores de las fake news, es decir de mentir como bellacos a sabiendas de que lo hacían, les daba igual el certificado de nacimiento, les importaba un pito la verdad. Y aún hoy esa ultraderecha norteamericana sigue creyendo que Obama no nació en su país. No fue hasta el 2016 en el que el propio Trump, con la boca pequeña dejó de poner en duda el lugar de nacimiento de Obama. Ahora el modelo se ha exportado a nuestro país.

A la derechona patria, social, mediática y política por la que están peleando Rivera y Casado por ver quien la representa mejor, les importa un pito si la tesis doctoral de Pedro Sánchez está o no publicada, si la hizo o no de manera correcta, si tiene o no calidad, etc. Empezaron negando su existencia y terminarán por decir que no les gusta la encuadernación. Cada exigencia de transparencia que se cumple sobre la tesis doctoral de Sánchez coloca el nivel del trumpismo cañí en el siguiente escalafón. Les da igual, porque el trumpismo español no busca la verdad, busca extender el odio y la furia contra quien representa un cambio político en España y parar su propia sangría electoral. El nivel de cinismo es tal que los mismos que durante años justificaron a un presidente que mandó mensajes de ánimo a un tesorero corrupto, la destrucción de ordenadores a martillazos para ocultar pruebas, un presidente que mintió en sede judicial, que se pagara la reforma de la sede del PP con dinero negro, las comparecencias por plasma, los correas, los González, los bigotes, los zaplanas y los camps, ahora cuando el listón ético y moral lo ha colocado el presidente Sánchez a la altura de la sociedad a la que se pretende representar, ahora esos mismos exigen lo que ni ellos mismos han sido capaces de cumplir. Un Casado que está siendo investigado por su máster, que nos tomó a todos el pelo con sus estudios en Aravaca, un portavoz del PP lanza aceitunas que ha mantenido oculta su tesis doctoral mientras fustigaba al presidente por la suya, o un Rivera que posee un curriculum modalidad Benjamin Buton que va decreciendo con los años.

Pero si paramos un poco el ruido furioso del trumpismo español, podemos darnos cuenta de que la batalla ética ya la han perdido antes de empezar. Puede que amarren así a una parte más ultra de su espectro electoral, pero han perdido el debate. Este gobierno ha cesado a dos ministros en menos de cien días por cuestiones que hasta ahora quedaban por encima del nivel de tolerancia a los comportamientos que se les exigían a los representantes públicos. Hasta hace muy poco observábamos con envidia democrática las dimisiones que otros países de nuestro entorno se producían por plagiar un trabajo o por cargar al erario público la comida de la mascota. Pedro Sánchez cuya llegada a la presidencia se fraguó por la resistencia del PP a permanecer sin hacer nada en la pestilencia de la Gurtel, y por la necesidad de abrir una nueva etapa política de regeneración en España, ha conseguido que hoy el listón moral se haya elevado. Hoy debatimos sobre lo ético de falsear un curriculum, hasta hace no mucho lo hacíamos sobre encontrar un jaguar en el garaje, encargar trajes a medida o inflar las facturas sobre la visita oficial del Papa a España. Pedro Sánchez y la ética pública que ha impuesto ya ha ganado.

Llevamos asistiendo desde hace ya algunos meses a raíz de la colocación de lazos amarillos en espacios públicos de Cataluña a uno de esos debates que se reactualizan a medida que en nuestra democracia surgen nuevos conflictos democrático o políticos, en esta ocasión en relación con el uso político o partidista del espacio público. Debería ser un debate hace largo tiempo despejado tras cuarenta años de democracia en España, pero es evidente que no es así, y que merece la pena reflexionar acerca de las distintas opiniones que se están generando en relación a esto. El debate está siendo tan intenso que estos días hemos visto a dos dirigentes políticos, en este caso de Ciudadanos, no colocando mensajes o símbolos políticos propios, sino retirando ellos mismos lazos amarillos de un concreto espacio público. Lo hicieron el municipio de Alella, rodeados de cámaras de televisión y dando por tanto publicidad a su propio acto de retirada, haciendo declaraciones acompañando a ese acto trasmitiendo su opinión sobre la situación política en Cataluña, la actuación del Gobierno de España, y la colocación de lazos amarillos en la calles de esa comunidad autónoma. Albert Rivera explicaría luego a través de un tuit su acción en estos términos “ Las calles son de todos, seguiremos defendiendo la neutralidad del espacio público y limpiándolo de propaganda separatista ilegal o ideológica ”. Con ello, el líder de ciudadanos trasmite una concreta forma de interpretar el uso del espacio público desde un punto de vista político que es el que está ahora en el centro del debate, y que merece por tanto ser examinada.

La primera idea que lanza Albert Rivera al retirar los lazos amarillos en Alellaes que el espacio público es “ neutro ”. Y por tanto, es esta la primera cuestión que cabe analizar. ¿ es el espacio público neutro en el sentido de que no se pude utilizar para la expresión de ideas políticas ?, ¿ se refiere con neutro a que sólo se puede utilizar ese espacio público para trasmitir ideas políticas que sean “ neutras ” ?, ¿ existe un limite al uso en ese sentido del espacio público ?, ¿ el espacio público es uno sólo o hay distintos espacios público cuyo uso es también distinto ?.

En realidad el espacio público en nuestro país no puede considerarse “ neutro ” en el sentido que lo quiere utilizar Rivera. Es decir, en el sentido de que en el espacio público no pueden expresarse ideas políticas, o que no puede servir para la colocación de mensajes políticos. De hecho, la propia retirada de los lazos amarillos por parte del líder de Ciudadanos en la manera en la que lo hizo, con medios para explicitar su acción, trasladando un mensaje sobre sus ideas relativas a la situación de Cataluña, es en si mismo un acto políticoen un espacio público que trasmite un mensaje partidista propio. O lo que es lo mismo, el propio Rivera vulnera su propia idea de espacio político neutro, lo que indica claramente que parece difícil de defender esa idea de neutralidad. Por otra parte y desde un punto de vista estrictamente democrático, el espacio público no sólo no es “ neutro ” sino que no debe serlo. El espacio público debe ser espacio para el debate, para la expresión pacífica de ideas políticas y reivindicaciones. Andar en la dirección opuesta nos acerca más a un régimen dictatorial y autoritario en el que en el espacio público está vedadoa cualquier manifestación de carácter reivindicativo. Seguramente si pudiéramos explicar en tornoa dos o tres ideas básicas un sistema democrático, al margen de poder votar, obviamente lo definiríamos con un sistema político en el que el espacio público en ningún caso es neutro. Resulta evidente enesta línea, que la colocación de mensajes políticos en el espacio público es consecuencia del derecho constitucional a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, previsto en el apartado a) del artículo 20 de la Carta Magna, que añade un segundo apartado estableciendo que el ejercicio de estos derechos no puede limitarse mediante ningún tipo de censura previa, y estableciendo en su apartado 4 que esas libertades tendrán su limite en el respeto a los otros derechos fundamentales reconocidos por la propia Constitución. Por consiguiente, si entendemos que la colocación de mensajes políticos en la vía pública es un modo de ejercicio de la libertad de expresión del artículo 20 de la Constitución, su colocación no permite censura previa de ningún tipo, encontrando su limite en la posible vulneración de otros derechos constitucionales. Lo que no parece que concurra en el caso de los lazos amarillos. Por lo tanto, el ejercicio de la libertad de expresión y a difundir ideas políticas en el espacio público no parece que pueda limitarse a priori.

Sin embargo, como ya hemos apuntado, la colocación de mensajes o símbolos políticos en el espacio público no es un derecho ilimitado, como no lo es ninguno en un sistema de libertades y derechos. Se puede encontrar un límite justificable en el caso de que las ideas políticas o mensajes de partido pudieran ser considerados ilegales por el ordenamiento jurídico. Es el caso de la exhibición de banderas que representen ideologías que inciten al odio en los recintos deportivos, dado que la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, así lo determina. En Españasin embargo, no existe una legislación que impida la exhibición de símbolos en el espacio público que representen ideas extremistas, incluso banderas franquistas, siempre que quien las porte o el acto en el que se muestren no incite expresamente al odio o a la xenofobia lo que les colocaría en la órbita del artículo 510 del Código Penal, pero su exhibición sin más en el espacio público no se encuentra limitada. Por tanto, lo mismo resulta de aplicación a las ideas independentistas y los posibles símbolos de adhesión a esa causa que pudieran colocarse en el espacio público. Dicho lo cual, si esto no está expresamente prohibido, obviamente no lo está el portar lazos amarillos en señal de protesta por la encarcelación de los políticos responsables de la declaración unilateral de independencia de Cataluña a los que se les ha imputado varios delitos por parte del Tribunal Supremo. Más allá de que se comparta o no la decisión de la justicia española o se esté en contra de la declaración unilateral de independencia o con el denominado “ proces ”.  La prueba la hemos tenido en este país durante décadas en las que la colocación de mensajes a favor del acercamiento por ejemplo de presos de ETA no ha sido nunca prohibida por ningún tribunal, siendo un caso en teoría más duro de aceptar dado que tras de esas manifestaciones y mensajes se encontraban presos condenados por delitos de sangre y terrorismo. Otra cosa es el enaltecimiento del terrorismo, previsto en el artículo  578 del Código Penal, y será en ese caso el Tribunal el que deberá determinar si en cada caso el uso de esos símbolos pudo constituir un medio para cometer el delito o éste se cometió en un acto en donde se exhibieron este tipo de símbolos o se colocaron en el espacio público. Pero esta es otra cuestión, y desde luego, la colocación de lazos amarillos no entraría en ninguno de estos supuestos.

Donde si encontramos un claro caso de limitación al uso del espacio público es en el denominado espacio público institucional. Ahí si que existe un deber jurídico de neutralidad por parte de las instituciones, derivado del deber general de objetividad y neutralidad de la Administración ex artículo 103.,1 de la Constitución Española, y respecto a las entidades locales en lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Bases de Régimen Local que establece que las entidades locales sirven con objetividad a los intereses públicos que les están encomendados. Respecto a esto ya ha tenido entre otros el Tribunal Supremo ocasión de pronunciarse en relación con la colocación de símbolos independentistas en las fachadas de los Ayuntamientos por ejemplo en periodo electoral, determinando que la neutralidad propia de las administraciones públicas impiden el uso partidista de símbolos que solo identifiquen a una parte de la población y que ese uso del espacio público institucional no es ajustada al deber de neutralidad de los Poderes Públicos y Administraciones. En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en sentencias como la del pasado 5 de julio de 2018, en la que ha prohibido el izado de una bandera estelada en un mástil de una plaza pública realizado por el Ayuntamiento de Sant Cugat. Dicho esto, es obvio que no es el supuesto relativo a la colocación de lazos amarillos en el espacio público cuando se realiza por particulares u organizaciones políticas en bancos, farolas, semáforos, etc.. Es decir, existe una diferencia entre que un Ayuntamiento cuelgue una bandera independentista o un lazo amarillo de su fachada o en un mástil de una plaza pública, y que un grupo de ciudadanos coloquen en el espacio público no institucional los mismos símbolos. Es lo que explica que nada impida a priori que al lado de un lazo amarillo alguien coloque un símbolo político que apoye el encarcelamiento de los dirigentes políticos del “ proces ”. En este sentido el acto de Rivera de retirar unilateralmente símbolos de expresión de un determinado sentir político aunque no se comparta es más criticable que su propia colocación desde un punto de vista estrictamente democrático del uso del espacio público que como hemos dicho no es neutral. Más bien debe ser plural, debiendo merecer mayor protección la colocación de símbolos políticos que su retirada unilateral por quienes no la compartan pues estos siempre tendrán la opción del uso de ese espacio público con la misma intensidad para la defensa de sus propias ideas. La retirada unilateral de símbolos políticos del espacio público en todo caso si merece por tanto cierto grado de reproche y así sucede en las campañas electorales cuando las diferentes candidaturas proceden a dañar o retirar por la vía de los hechos consumados publicidad electoral de rivales políticos del espacio público, pudiendo incluso incurrirse en un delito electoral regulado en el artículo 144 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Se trata de propiciar un uso pacífico del espacio público y limitar la decisión de retirar o no la publicidad o símbolos políticos a la autoridad administrativa o judicial competente, obviamente siempre alegando una causa que justifique tal medida, pero nunca de modo unilateral. Rivera por tanto debió en todo caso acudir a la vía administrativa o judicial, pero nunca retirar por la vía de los hechos consumados expresiones políticas con las que no está de acuerdo.

Encontramos en todo caso algunos supuestos controvertidos. Por ejemplo la resolución de la Junta Electoral de Tortosa que exigió a varios Alcaldes la retirada de lazos amarillos y otros símbolos que simpatizaban con las ideas de apoyo al “ proces ” de la vía pública. Pero es obvio que esaresolución aunque discutible es razonable dado que se tomó en medio de un proceso electoral, el del 21 de diciembre, y que esos símbolos que pueden ser sin problema calificados de partidistas estaban colocados fuera de los espacios reservados para la propaganda y la publicidad electoral. Pero estamos en un caso especial en el que en medio del proceso electoral el uso del espacio público está regulado y tampoco se permite la retirada unilateral de aquello que se considere pude vulnerar las reglas del proceso electoral. Por tanto, supuesto muy distinto al uso del espacio público fuera de los procesos electorales mediante mensajes o símbolos que no piden el voto sino que expresan una determinada idea política. No obstante, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tortosa acabó archivando la causa contra el Alcalde de L’Ampolla por un presunto delito electoral por no proceder a la retirada de los lazos que se encontraban fuera de los espacios reservados a la publicidad electoral.

Igualmente discutible resulta los intentos de retirar lazos amarillos o cualquier otro símbolo de carácter político acogiéndose a la ley 4/2015 de seguridad ciudadana y además sancionar a quienes la colocan, dado que resulta difícil de encajar en uno de los supuestos en los que se pueda considerar falta administrativa vinculada a desordenes públicos.

Por último, es evidente que los Ayuntamientos a los que corresponde en gran parte la regulación del uso del espacio público si tienen la obligación de regular la colocación de todo tipo de simbología política. Delimitando zonas en la que se puede colocar publicidad o mensajes políticos, horarios, etc. Y estableciendo un régimen sancionador a quienes incumplan dicha ordenación, pues esa regulación como ocurre en los procesos electorales no supone una limitación al derecho a la participación política ni a la libertad de expresión. Generaría seguridad jurídica e igualdad de oportunidades para los distintos actores políticos en el espacio público. Y quizá sea este el camino correcto para dotar de cierto orden a las ciudades y comunidades en las que distintas opciones políticas desean trasladar mediante símbolos o mensajes su ideario o posición política. Por tanto, en esta democracia viva como la nuestra, en la que estamos en permanente debate sobre los limites de los derechos y libertades, en una etapa en la que vivimos en el riesgo de profundas regresiones democrácticas, conviene no tener un concepto restrictivo del uso político del espacio público como lugar de debate de ideas y de libertas de expresión de los ciudadanos bien de manera individual bien de manera colectiva. Y es esa interpretación la que fortalece el sistema democrático y por tanto garantiza mejor la libertad de todos. Retirar unilateralmente propaganda política de los adversarios o calificar el espacio público como “neutro” es sencillamente un enorme paso atrás.

Hoy en Canarias tenemos a un presidente del gobierno que como un servidor es ochentero y lagunero. De jóvenes nos cruzamos muchas veces en los lugares comunes de los jóvenes de aquella época, y aunque no recuerdo verle ni por el entrañable Pachá, ni por el mítico Golden Fruit de la calle Heraclio Sánchez, no es difícil que alguna vez hubiéramos coincidido en aquellos templos de los videojuegos. Acabamos de terminar el debate del estado de la nacionalidad y mientras escuchaba el discurso del presidente del Gobierno de Canarias y sus réplicas a los portavoces de la oposición, no pude dejar de imaginar que en el videojuego de Fernando Clavijo había aparecido la palabra Game Over, y que para desgracia de Coalición Canaria al presidente ya no le quedaba en la mochila ninguna moneda en forma de ocurrencia con la que seguir la partida. Y lo pensé justo cuando el presidente Clavijo le dedicó una buena parte de su discurso a los e-sports, herederos de los arcades de los ochenta, mientras que no tuvo espacio para hablar de la educación de cero a tres años, y eso que le sobró casi media hora del tiempo que tenía asignado para exponer su visión sobre las islas. Lo pensé al escuchar un discurso más virtual que real de una Canarias edulcorada que nada tiene que ver con la realidad de miles de personas que contemplan atónitas cómo se baten récords de turistas, que el motor está a pleno rendimiento, y sin embargo ellos no notan mejoría alguna en sus vidas diarias. Una realidad digital, con un croma verde, que hace que el presidente en su particular Matrix crea que el día a día en las urgencias hospitalarias, en la educación pública, la de las camareras de piso o la de quienes buscan su primer empleo, ha desparecido con un golpe de joystick como en un videojuego. Por desgracia para los canarios y canarias su realidad cotidiana no es un arcade, las colas en las autopistas de las grandes islas no son una ficción pixelada, ni las dificultades de final de mes se arreglan con un cofre de monedas.

Terminó el debate y mi sensación fue la del fin de un ciclo. Se notó en el discurso del presidente. Sin convicción, sin pasión, plano y aburrido. Solitario. Apoyado solo puntualmente por ASG que también olfatea el fin de la etapa. Y sinceramente creo que es la sensación que tenemos todos y todas. Las elecciones del 2019 están a la vuelta de la esquina, y no hay nadie que a estas alturas no admita que la próxima legislatura abrirá un tiempo nuevo en las islas. Un tiempo en el que entrarán nuevas fuerzas políticas en el Parlamento, incluso sin reforma electoral, y dará lugar a una legislatura en el que ya este juego en el que Coalición Canaria puede llegar a gobernar casi en cualquier escenario se diluirá. Un escenario en el que habrá más posibilidades de que por primera vez en décadas el presidente del Gobierno no pertenezca a Coalición. Habrá nuevas aritméticas parlamentarias, y vetos cruzados entre fuerzas que dificultarán los acuerdos que abrirán un nuevo tiempo. Flotó en el Parlamento la sensación de que entramos en un tiempo de descuento. Y que como pasó con los viejos arcades y los salones recreativos, esta etapa política en las islas va a desaparecer poniendo fin a una larga partida. Game Over.

Efectivamente querido alumno, tal y como te han enseñado ya en la Universidad, el derecho al secreto del voto como cualquier otro derecho en este país es renunciable. Una garantía para quien quiere preservar su anonimato electoral pero no es una obligación, y quien ejerce ese derecho puede libre y voluntariamente renunciar a él sin tener que dar más explicaciones. Es una decisión libre e individual que puede hacerse por el votante del modo en que considere que mejor le parece. Enseñar la papeleta antes de la votación, manifestar públicamente el sentido del voto, etc. No existe norma o precepto ni constitucional, ni legal, ni reglamentario que impida manifestar el sentido de lo que uno tiene pensado votar. Por tanto, y no siendo discutible que los ciudadanos si lo desean libremente pueden decir lo que van a votar o lo que votaron, o enseñar su papeleta en el colegio electoral, es igualmente evidente que revelar el voto propio no vulnera el derecho de quien desee permanecer en el secreto del suyo. Sostener lo contrario es sencillamente ridículo. 

Dicho esto, la polémica de la semana no tiene que ver con el derecho al voto de los ciudadanos y su carácter secreto. Sino el carácter secreto del voto de los diputados y diputadas autonómicos en una votación concreta. Te sorprenderá además saber que la enorme polémica con rasgadura de vestimentas constitucionales incluida, no se produjo en una votación que decidera un tratado internacional, o el derecho a la vivienda. Se produjo en una votación para cubrir las vacantes del consejo rector de la televisión autonómica. Donde obviamente no había cuestiones insalvables desde un punto de vista moral o ético para los diputados llamados a votar. El pasado día 6 de marzo los diputados y diputadas socialistas en el Parlamento de Canarias decidimos libre y voluntariamente ( existen actas y 18 testigos de esto ) en una reunión del Grupo Parlamentario, sin coacciones, y donde cada cual pudo decir lo que pensaba, por unanimidad y sin oposición, identificar nuestro voto para cubrir las vacantes de la Radio Televisión Canaria. No fue un gesto de desconfianza entre nosotros, ni una imposición de nadie, fue un gesto dirigido a otros donde pensábamos que se había producido la fuga del voto, un acto de defensa colectiva. Fue un acto hacia afuera, no hacia dentro. Si hubiera sido así hubiera bastado con mostrarlo entre nosotros. Todos y todas lo aceptamos libremente, ninguno de los 15 diputados y diputadas se opuso y decidimos hacerlo como lo hicimos. Marcando con un bolígrafo rojo nuestro voto y enseñándolo a todos. Por tanto, querido alumno de primero de Derecho, como ves, lo que te han explicado sobre el carácter secreto del voto es correcto. Es un derecho no una obligación, revelar tu voto voluntariamente no es una vulneración de nada y mucho menos de derechos de terceros. Ni un atentado contra los pilares básicos de la democracia y el parlamentarismo. Ni siquiera el Reglamento del Parlamento obliga a que esta votación sea secreta. Sería bueno que alguno lo repasara. Y no olvidemos que la votación más importante que realiza sobre personas el Parlamento como es la elección del presidente del Gobierno es por llamamiento y en voz desde el escaño de los diputados. A nadie en su sano juico se le ocurre decir que es una vulneración democrática. Te diré además que esta práctica de que los miembros de un grupo parlamentario o municipal por ejemplo, acuerden hacer público su voto antes de una votación, o más aún, que incluso te den desde la dirección del grupo al que perteneces la papeleta ya marcada es algo normal y habitual. En mi caso te diré que lo he vivido en ocasiones también en otras instituciones de las que he formado parte. Por ejemplo, cuando formé parte del Grupo Municipal del Ayuntamiento de La Laguna y desde la dirección del grupo se me entregaba la papeleta para votar a nuestro candidato a Alcalde. Nunca me pareció mal. Ni entendí que se vulnerase ningún derecho ni mío ni de mis compañeros. Demasiado cinismo he detectado estos días al respecto de quienes cuando han tenido que hacerlo han ejercido el poder orgánico como en un gulag siberiano. 

Pero por si fuera poco querido alumno, seguro que también ya has estudiado la paradoja que se da en nuestro sistema parlamentario entre el conocido como mandato representativo y un sistema de electoral de listas cerradas y bloqueadas. Entre la prohibición del mandato imperativo y la disciplina de voto de los diputados. Eso significa que cada diputado o cualquier otro cargo se presenta en una lista electoral aprobada por un partido político y por tanto, cuando acepta esto queda vinculado en las votaciones a las decisiones que los órganos de ese partido decidan con el funcionamiento que cada partido tiene. Algo que consolida como obligación de los militantes el artículo 8 de la Ley de Partidos Políticos. No seré yo quien se oponga a una revisión de todo esto. Es más, soy ferviente defensor de listas abiertas, de que los cargos tengan una mayor vinculación con los ciudadanos que con las cúpulas de los partidos. Incluso llegado el caso votar lo que uno considere cuando la decisión en la organización política a la que pertenece se haya tomado de manera irregular o en contra del programa político con el que se concurrió a las elecciones. La votación para la investidura de Rajoy fue un buen ejemplo. Pero de momento, este es el marco en el que nos movemos. 

Termino querido alumno con unas reflexiones. Algunos me han preguntado de que me reía cuando antes de la votación el presidente del Gobierno se acercó a mi escaño y yo le mostré mi bolígrafo rojo con el que iba a marcar mi papeleta. No soy sospechoso de reírle las gracias a Clavijo. Yo no he gobernado nunca con él, me opuse en solitario al acuerdo de Gobierno y a la renovación del pacto, o a su proyecto de ley del suelo. Sonreía porque creía firmemente que nadie en mi bancada iba a fallarle a los otros catorce diputados y que les íbamos a dar una lección a quienes habían arrojado sospechas sobre nosotros. Marque mi papeleta con el bolígrafo rojo del PSOE, de sus militantes y de tantos miles de canarios que nos votaron. Lo hice para que hubiera dos mujeres en el consejo de la Radio Televisión Canaria y para después renovar el órgano. Lo volvería a hacer, y lo volveré a hacer. Porque llevo 26 años sin cambiar de partido, con el mismo bolígrafo que además nunca he usado para firmar un pacto con Coalición Canaria, en esto algunos me llevan ventaja. Y además con la sonrisa de saberme que estoy donde quiero estar.

Toda una generación, y la que les precedió confiaron en ustedes y en lo que hacían. Encontraron en los momentos complicados, cuando era muy difícil tomar decisiones con altísimo riesgo de que las cosas salieran mal, o que simplemente se equivocaran, compresión y apoyo. Y sin eso, no hubiera sido posible. Por eso hoy, cuando el país afronta la crisis institucional y democrática más profunda desde la transición, solo les pedimos lo mismo que otros les dieron a ustedes para que lo hicieran posible hace cuarenta años. Lealtad y confianza. 

Hoy el PSOE sigue siendo en esencia el mismo de hace 130 años o de hace cuarenta. Las cuadernas ideológicas siguen siendo las mismas que diseñaron nuestros fundadores y que mantuvieron durante más de un siglo distintos dirigentes en distintas épocas. Pero hoy al frente del mismo hay una secretario general, Pedro Sánchez, y una dirección federal, elegida directamente por la militancia en un proceso ejemplar e impecable desde el punto de vista democrático. En ese sentido, el secretario general más legitimado desde ese punto de vista de la historia de nuestro partido. Un secretario general, una dirección y un PSOE que tiene que hacer frente a una compleja situación donde en medio de los discursos extremistas se hace muy difícil abrir hueco a nuestra propuesta para solucionar el desafío independentista que hoy vive España basada en la convivencia, en proponer una reforma constitucional y un modelo federal para nuestro país.

No es sencillo. Es una tarea de extrema dificultad. Muy parecida a la que ustedes vivieron hace 40 años cuando encontraron confianza y generosidad de parte del resto de compañeros y de otros que les habían entregado el testigo del PSOE. Por eso, humildemente les pido abiertamente que se sumen a la unidad, a la lealtad y la generosidad en tiempos difíciles. La carta abierta que han enviado a través de los medios nos debilita, nos muestra divididos, y no son momentos para eso. No podemos liderar políticamente esta situación tan compleja y créanme que solo si la lideramos los socialistas habrá una solución para este país, si nosotros mismos no respetamos nuestros propios espacios de convivencia como partido. 

Los representantes políticos debemos siempre conceder el beneficio de la duda y dar en primer término presunción de veracidad a los informes técnicos de los profesionales de la administración pública que velan por la seguridad de la salud. Vivimos en un entorno seguro desde el punto de vista de la salud y eso es un valor que debemos tener en cuenta. Como máximo representante de la protección de los consumidores que he sido en esta Comunidad Autónoma es una máxima que no me puedo saltar. Por ello, no pondré en discusión que el fenómeno de las cianobaterias no tiene una relación directa con los vertidos ilegales al mar, o aguas deficientemetne tratadas, ni que no suponen un riesgo grave para la salud. Es lo que han dicho los técnicos, y no desconfío de ellos, aunque el debate técnico y científico sobre estas dos cuestiones existe y no podemos obviarlo. Hay técnicos que sostienen contrariamente a lo mantenido por el Gobierno de Canarias que si hay una relación entre la proliferación de las cianobacterias y las aguas mal depuradas vertidas al mar, así como que que el contacto humano con ellas puede tener problemas de salud que irían más allá de una simple urticaria. Pero más allá de la discusión técnica, la crisis de las microalgas ha sido un dislate desde el punto de vista de la gestión política. Mala comunicación, contradicciones, falta de previsión en el cariz social que iba adquirir, falta de coordinación entre administraciones, mensajes contradictorios sobre su origen y sus efectos. Porque al mismo tiempo que hay que confiar en primer término en los informes de los técnicos, no es menos cierto que en materia de seguridad para la salud lo más peligroso es la desinformación, la información contradictoria y la inseguridad que eso genera en la población, y justamente eso es lo que este Gobierno, con su presidente a la cabeza, han conseguido este verano. Ser más peligrosos que las cianobacterias. Su mejor consejo es pedirle a los canarios que no dijéramos nada porque dábamos mala imagen, cuando lo cierto es que no hay peor imagen que una playa sucia y un Gobierno inoperante. Ha faltado dirección política y liderazgo, algo a lo que este gobierno está peligrosamente acostumbrándonos cuando se produce una crisis que requiera de una actuación gubernamental eficaz. Los ciudadanos han carecido de información puntual sobre la evolución de la aparición de las microalgas, algo que científicamente no es tan complejo. Debían levantarse cada mañana y mirar su trozo de costa para ver si había habido suerte y no aparecían en su playa. Ni un mísero mapa en el WEB del Gobierno para advertirnos de donde habían aparecido ese día. Las redes sociales y la ciudadanía han suplido ese lamentable vacío. Ha habido desinformación a pie de playa. Ni un mísero folleto que explicara algo sobre un fenómeno que dicen ha venido para quedarse, esperemos que este Gobierno termine antes por nuestro bien. Criterios distintos en cada momento. Unas playas prohibidas al baño, otras solo recomendando no meterse en el agua, otras en las que solo se prohibía en una determinada zona. En definitiva un desastre. Mientras, el Gobierno de vacaciones, mandando a los técnicos a dar la cara en un problema que ha sido más de gestión política que técnica. Esperemos a la apertura de puertas del Parlamento para oir al Consejero porque alguien debería terminar por presentar su dimisión en este asunto. Se une a esto algo que no es demagogía, al final nuestra costa y nuestras playas, las que más se han visto afectadas, han sido las que son el espacio de disfrute de la gente de esta tierra que son muchas, que no pueden irse fuera en pleno verano quince días a bañarse y disfrutar de las costas y las playas de otros. Siempre terminan pagando los que menos tienen.

Respecto a la relación entre la proliferación de las cianobaterias, los emisarios submarinos y el vertido de aguas indebidamente tratadas al mar, aunque demos por bueno lo que dicen los técnicos de que no hay una relación, es evidente que tenemos un problema con esto. Con o sin cianobaterias, y es posible que esta discusión haya servido para que finalmente tomemos conciencia de que el mar no es un vertedero. Lo cual además es bastante absurdo teniendo en cuenta que vivimos en una isla, es tanto como decir que hemos convertido la isla en el centro de un gran basurero. Tenemos un grave problema con el tratamiento de las aguas que vertemos al mar. Lo tenemos hace tiempo. Pero como esa mugre bajo la alfombra no éramos consciente de que cada vez había más mugre y menos alfombra para taparla y ha acabado inundándolo todo. Este debate debemos tenerlo, y está ligado a lo que queremos hacer con las islas, con el modelo de desarrollo y hacia dónde queremos ir. Nos visitan al año 14 millones de turistas y subiendo. Catorce millones de personas más de carga ambiental a nuestras islas. Que generan residuos y que tienen un impacto en nuestro medioambiente obvio. Nos hemos preocupado de hacer terminales de aeropuerto, carreteras, jardines. Pero tenemos una asignatura pendiente obvia con nuestras infraestructuras medioambientales. Hace décadas que no hay una planificación suficiente ni inversión para tomarse el tema de los emisarios y la depuración del agua en serio. Y algunos hablan de llegar a los 20 millones de turistas pero con infraestructuras de hace 20 años. Esto es de extremada importancia para nuestro futuro. Me atrevería a decir que uno de los principales retos para las próximas décadas y para nuestra próxima generación. Tener una relación más respetuosa y mayor conciencia sobre la importancia de nuestro medio marino. Y no es una cuestión solo de políticos. Que lo es evidentemente, y debemos pensar ya en la planificación y coordinación con todas las administraciones implicadas. Un pacto político por el mar, por su sostenibilidad. Pero también es un reto colectivo y como sociedad. Las viejas bicicletas, baterías en desuso, la nevera desvencijada o el somier roñoso que a veces se sacan del fondo del mar cuando se limpia una playa no ha sido arrojado por ningún político incompetente. Lo hemos hecho uno de nosotros. Lanzo por ello esta idea. Hagamos ese gran pacto por el mar, por nuestras playas y costas. Yo me sumo ya.

Pertenezco, junto a otros compañeros y compañeras de los socialistas de Canarias, a un grupo que desde que tuvimos conocimiento del texto y de como se estaba gestando entendimos que el mejor servicio que le podíamos prestar al PSOE y a Canarias era no permanecer en un silencio cómplice con un texto que imponía un modelo de territorio donde los socialistas de Canarias éramos irreconocibles. Defender los acuerdos del PSOE en esta materia adoptados democráticamente en el seno de sus órganos previos los correspondientes debates, o el programa electoral, también debatido y aprobado en los órganos del partido, que obtuvo el mayor respaldo ciudadano en las elecciones de 2015. Programa electoral que se comprometía en la agilización y simplificación de los procesos urbanísticos pero reforzando el papel de la COTMAC como órgano autonómico de evaluación ambiental. No permitir que una decisión como esa que nos comprometía como proyecto político se tomara por unos pocos, y que fueran una vez más los órganos del PSOE quien previo debate fijara la posición sobre este texto de la ley del suelo. Lo que finalmente se produjo en una ejecutiva de los socialistas de Canarias y luego en un comité regional. Fue esa también una pelea por un modelo de partido, algo en lo que ahora estamos en pleno debate los socialistas de las islas. No fueron momentos fáciles. Fue paradójico recibir todo tipo de ataques y descalificaciones por algo tan sencillo como defender los acuerdos del PSOE y un modelo de urbanismo que entroncara con la tradición de los socialistas de Canarias en la defensa del territorio y del medioambiente. Recuerdo como anécdota cuando a varios diputados del Grupo Parlamentario se nos invitó a no hacer declaraciones sobre el texto y a no acudir a reuniones donde el mismo se debatiera junto a otras fuerzas de izquierda o instituciones sociales claramente identificables con la lucha por la defensa del territorio y del medioambiente. Lo doy por bueno. Con la perspectiva del tiempo me siento orgulloso de no haber cedido junto a otros muchos socialistas a la imposición de unos pocos y de haber sostenido la bandera de una visión progresista sobre el territorio que finalmente volvió a ser la posición del PSOE de Canarias en esta materia. En el pleno del Parlamento finalmente el PSOE votó junto a las fuerzas progresistas del parlamento contra la parte de la Ley que introduce un modelo neoliberal y desregulatorio del territorio, las mismas con las que se nos invitó a no estar, y con ello hay una ventana abierta al cambio cuando sumemos más diputados en el hemiciclo. Se ve que no estábamos tan locos.

Esta ley del suelo ha estado rodeada de debates falsos introducidos por los partidos partidarios de la misma que con la excusa de desatascar los problemas burocráticos para arreglar un muro en una finca agrícola nos han colado una buena dosis de arbitrariedad en el urbanismo en Canarias. Han querido llevar el debate a una discusión sobre la mayoría de edad de los ayuntamientos mientras que se introducía una enorme dosis de intervención e injerencia en la autonomía local por parte del Gobierno de Canarias, se desestimaban las enmiendas de la FECAM o se diferenciaba entre municipios grandes y pequeños. Se ha hablado de la enorme litigiosidad del actual sistema mientras que la ley va abocada a una inevitable conflictividad judicial con lo que ello conlleva en relación con quienes no tengan la capacidad económica de embarcarse en largos y costosos pleitos. Justo lo contrario de lo que se ha defendido. Se ha tratado de hacer una dicotomía que es artificial entre simplificación y regulación. Entre agilización y garantías medioambientales. Entre autonomía local y una idea común de Canarias. Se ha troceado el urbanismo y se ha puesto a competir a los territorios. Por desgracia el gobierno de Clavijo junto al PP y la Agrupación Socialista Gomera que representan menos ciudadanos que PSOE, Nueva Canarias y Podemos han impuesto su visión sobre el territorio. Esperemos pronto ser también mayoría en diputados y forzar democráticamente una nueva regulación sobre el territorio de nuestras islas.