La Contratación Pública, entendida como el aprovisionamiento público de bienes y servicios por parte de las diferentes administraciones, es una actividad económica de primordial interés que posibilita el funcionamiento eficiente de los servicios públicos de un país. Una de sus funciones más destacables es la de potenciar acciones encaminadas a proteger y ampliar los márgenes del Estado del Bienestar para el conjunto de la ciudadanía, sin importar la ubicación geográfica o nivel económico. Junto a ello también debe servir para conseguir nuevos objetivos sociales y medioambientales ya prometidos.

Es un hecho que los poderes públicos, el desarrollo de la democracia y la universalidad de los derechos humanos son indisolubles, sin embargo todo ello debe ir acompasado de buenas prácticas en la implementación de las propias políticas públicas.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se elaboró precisamente para modificar el arquetipo de funcionamiento de la Contratación Pública que hasta entonces prevalecía en nuestro país, donde se anteponía la burocracia, la falta de transparencia y el factor precio, sobre la calidad del servicio prestado y la sensibilidad hacia quienes los desarrollaban y donde, por desgracia, también operaba alguna dosis de corruptela. Esta nueva normativa suponía la incorporación al ordenamiento jurídico español de las posibilidades abiertas por la legislación europea en orden a garantizar una contratación pública socialmente responsable, en beneficio de la Administración contratante, de los trabajadores y trabajadoras asignados a los servicios y de las empresas respetuosas con la normativa vigente.

A finales de 2019, CCOO de Construcción y Servicios puso en marcha el Observatorio Sectorial de la Contratación Pública, OSCP, como instrumento de vigilancia del cumplimiento de la legislación. Desde entonces realiza un seguimiento para los tres niveles de la Administración, estatal, autonómico y local, de las adjudicaciones públicas en sectores como la construcción, la limpieza de edificios y locales, la seguridad privada, el saneamiento urbano, la recogida de residuos, el servicio de ayuda a domicilio y jardinería, por citar los más representativos. Tras más de un año de andadura, ya se dispone de lo que ha supuesto el proceder de los poderes públicos en la gestión de su contratación durante el pasado año.

De enero a diciembre de 2020 se han registrado y analizado un total de 10.568 expedientes de contratación pública. Estos contratos suponen una gestión de más de 5.000 millones de euros licitados por los tres niveles competenciales de la administración pública en todo el territorio nacional. Tras el desarrollo de los procedimientos, los diferentes organismos gestores han aplicado una rebaja media del 15%, cifra que supone haber dejado de invertir en los servicios públicos más de 757 millones de euros que ya estaba presupuestado. En el caso del sector de jardinería, el más llamativo en porcentaje, la reducción llega a ser del 24,3%, o lo que es lo mismo se dejó de invertir casi 22 millones de euros. No obstante, la cifra más relevante por su envergadura es el del sector de la construcción, donde el porcentaje de reducción, siendo más bajo que el de jardinería, el 18,2% dejó de emplear más de 498 millones de euros. Si nos detenemos en sectores esenciales por su papel trascendental en tiempos de pandemia observamos que en el sector de la limpieza se ha llevado a cabo una reducción anual del 12,3%, lo que se traduce en una rebaja de 82 millones;  mientras que el sector de ayuda a domicilio el porcentaje ha sido del 3,4% privando a un servicio tan vital por su papel social de más de 5 millones de euros. Cantidades sin duda impactantes cuya reducción no siempre se debe a unos criterios justos basados en la eficiencia. Se evidencia, entre otras cuestiones, la preponderancia del criterio económico identificando la oferta más baja como la deseable, sin tener en cuenta unas garantías de suficiente capacidad para cumplir con lo contratado a ese menor coste.

Entre otras consecuencias de lo anterior es frecuente que se detecten deficiencias como incumplimientos en los pagos a trabajadores y trabajadoras o insuficiencia de medios para la protección de su salud, así como impagos de las obligaciones fiscales y de Seguridad Social.

Es de temer, además, que se intenten solventar en parte los actuales problemas económicos consecuencia de la situación sanitaria, empeorando las condiciones de trabajo de sectores tan sensibles al precio como son los de limpieza, seguridad privada, ayuda a domicilio o jardinería. Sectores muy castigados, de forma prácticamente estructural por condiciones de precariedad laboral: bajos salarios, temporalidad y parcialidad.

Asimismo, la división competencial en la gestión de los distintos procedimientos y sus organismos implicados han admitido reducciones en el precio muy dispares. La Administración General del Estado y todos sus organismos dependientes son las que aceptan con mayor frecuencia, a lo largo de los diferentes meses, reducciones mayores con una media del 16,7%. Las Entidades Locales, por su parte, se sitúan en una reducción media del 15,9%. En todo caso, son las Comunidades Autónomas las que aplican una menor reducción media con el 13,2%. Por encima de esta media se sitúan Ceuta (26,7%), Asturias (21,5%), Murcia (20,7%), la Rioja (20,1%), Navarra (20,1%), Comunitat Valenciana (16,5%) Castilla y León (16,1%) y Melilla (13,4%); por debajo de la misma: Galicia (12,8%), Aragón (12,5%), Baleares (12,3%), Castilla La Mancha (11,9%), País Vasco (10,6%), Andalucía (10,4%), Canarias (11,2%), Madrid (9,9%), Extremadura (7,7%), Catalunya (6,3%) y, por último, Cantabria (5,7%)

Durante todo el 2020 este OSCP ha encontrado ciertas deficiencias en los procesos de licitación como es el hecho de no poder recibir la información completa del mismo; falta de cumplimentación de datos; división por lotes que “dividen poco”; carencia de documentos como actas que reflejen un procedimiento claro de gestión; dificultad de acceso a la información detallada;  importes de licitación y adjudicación incorrectos o parciales; falta de desglose con y sin impuestos como el IVA; variación sobre información de anuncio en total de importe y publicación  de importe/hora de un servicio etc. Así como en un gran número falta de publicación de motivos para considerar justificada una propuesta con baja temeraria.

En este sentido no se debe olvidar que tanto empresas como la propia Administración Pública a la hora de interactuar en el ámbito de la Contratación Pública, que en definitiva no deja de ser una actividad que en la práctica afecta a todos los mercados, deben ser conscientes de hacerlo bajo el paraguas de la sostenibilidad, pues afecta directamente a la productividad del país, a los precios, la calidad, la innovación y de manera especial a los niveles de bienestar a disposición de la ciudadanía; o lo que es lo mismo, hagamos efectivo el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 de Naciones Unidas: Producción y Consumo responsable.

Obremos, en definitiva, por una Contratación Pública ética, social y sostenible.

Invertir en el sector de los cuidados es avanzar en la igualdad de género

Desde 2008, millones de personas han participado en eventos promovidos el 7 de octubre como Día Mundial para el Trabajo Decente. Este año, los sindicatos internacionales ponemos la mirada en los trabajos de cuidados, uno de los sectores laborales más precarizados y feminizados. En el caso español los realizan mayoritariamente mujeres, pero con circunstancias laborales muy diferentes según uno de los tres colectivos al que pertenezcan.

En primer lugar, existen servicios públicos de atención domiciliaria, ofertados y gestionados normalmente por los ayuntamientos en forma de concierto con empresas privadas. Un derecho social ofertado dentro del Estado de Bienestar, conformado por aproximadamente 40.000 trabajadoras.

Por otro lado, también realizan servicios de cuidados las trabajadoras del hogar, cuyas cifras en el Régimen Especial al que están adheridas asciende a 400.000 personas, aunque se calcula que en la economía sumergida puede haber más de 200.000 personas. Del total, las estimaciones sindicales señalan que por lo menos la mitad llevan a cabo trabajos de cuidados además de las tareas de limpieza que también se espera que realicen.

Por último, quizás el grueso de dichos trabajos son asumidos directamente por familiares de forma no remunerada. Esta situación es uno de los pilares en los que se asienta la desigualdad de género en todo el mundo.

En su momento, la conocida como Ley de Dependencia, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, supuso un revulsivo en el panorama de los cuidados en nuestro país, entre otras cuestiones, al crear la figura de las cuidadoras no profesionales de personas con dependencia,- normalmente familiares- a quienes el Estado pagaba la cotización a la Seguridad Social. De esta manera, mujeres que estaban sacrificando la posibilidad de un trabajo remunerado con sus correspondientes derechos laborales, se les compensaba con una mínima cotización a la Seguridad Social.

Apenas seis años después de su puesta en marcha, el ejecutivo de Mariano Rajoy eliminó esta medida. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez, desde el 1 de abril de este año, ha recuperado la cotización a la Seguridad Social para este colectivo con Real-decreto ley. Antes de esa fecha 7.460 personas cuidadoras estaban acogidas al Convenio Especial de Cuidadores. Según los últimos datos disponibles de agosto, ya hay más de 43.000 cuidadores no profesionales cotizando a la Seguridad Social. Es decir, se han multiplicado por seis en menos de cuatros meses. Sin embargo, solo uno de cada diez cuidadores es hombre, es decir, son las mujeres las que cargan, en casi todos los casos, con estos trabajos no remunerados y, hasta ahora, tampoco reconocidos por la Administración a efectos de futuras prestaciones. Es decir, teniendo en cuenta que ha sido aprobada como “medidas para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo”, las que asumen este trabajo, que aunque coticen sigue sin ser remunerado, son mujeres en un 90% de los casos.

Para el Estado, es una medida simple y barata para solucionar un problema complejo por el progresivo envejecimiento de la población, pero con un gran potencial para dinamizar la economía. Desde un punto de vista sindical, habiendo una fuerza laboral de mujeres formadas y acreditadas para llevar a cabo este trabajo con plena profesionalidad, defendemos y promovemos un concepto de trabajo asalariado, digno y profesionalizado para llevar a cabo la atención a la dependencia. Es un fenómeno estudiado que, debido a una valoración sexista del trabajo, aquellas tareas desarrolladas tradicionalmente por mujeres conllevan retribuciones económicas más bajas que cualquier tarea realizada tradicionalmente por hombres, existiendo estas diferencias también en los casos en los que las responsabilidades son muy parecidas.

Por otra parte, desde un punto de vista económico, aceptar que las tareas de cuidados necesitan de una formación y profesionalización supone una dignificación y valorización de esos trabajos, que debe traducirse en mejores condiciones laborales. De esta manera, si los cuidados fuesen realizados por profesionales del sector con una remuneración acorde a la responsabilidad, supondría una importante inyección de dinero en las economías locales. Así, además de abordar de una forma muy importante la desigualdad de género, se estaría generando empleos de calidad y riqueza .

En definitiva, para que los trabajos de cuidados dejen de ser precarios, con sueldos bajos, parciales y temporales, y un sector laboral principalmente femenino, es urgente que el Estado y las administraciones apuesten por estos trabajos y pongan de su parte para hacer valer, de verdad, el artículo 50 de la Constitución.

Coincidiendo con el 25 de noviembre, fecha que la ONU ha señalado como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde CCOO Construcción y Servicios queremos hacer un homenaje a nuestra afiliada, amiga y compañera Ana Gilda, asesinada en un contexto de violencia machista, para recordar y poner en justo lugar su valentía.

Para quien no conozca los hechos, la mañana del 17 de mayo de 2017, el que sería su asesino había intentado estrangular a su sobrina en la casa de aquella. Ana Gilda, sola, como están la inmensa mayoría de las mujeres frente a la violencia de los hombres, se interpuso para evitar la tragedia. Valiente y comprometida en su lucha a diario por los derechos laborales, también lo era como mujer, como ser humano a la hora de defender a otra persona de su agresor.

Esa misma mañana su sobrina fue a la comisaría para denunciar a su maltratador. Por la tarde, él buscó a Ana Gilda en el Hogar del Jubilado donde trabajaba, para vengarse clavándole un cuchillo letal. Ella murió, indefensa, en la calle a plena luz del día.

El asesinato de nuestra compañera no figurará oficialmente en las estadísticas de muerte por violencia de género al no existir relación sentimental alguna con su asesino. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en una interpretación estrecha de lo que supone este tipo de violencia, no contempla supuestos como los de Ana Gilda. Sin embargo, el sentido común y las evidencias señalan claramente los hechos como consecuencia de una sociedad machista en la que fallaron los mecanismos de prevención y protección para la parte más débil, la mujer, y como consecuencia lo pagó con su vida.

En lo que llevamos de año han tenido lugar 49 asesinatos de mujeres y otros 10 de menores, catalogados como homicidios machistas según la Ley Orgánica 1/2004. Pero además ha habido otras cinco víctimas indirectas, una muerte a consecuencia de una agresión sexual y 22 menores han quedado huérfanos. Asimismo, hace unas semanas desayunábamos con la noticia de que el sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), que puso en marcha la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior para velar por la protección de las mujeres en riesgo de maltrato y también para tener controlados a sus presuntos agresores, había alcanzado la insoportable cifra de 720 menores de edad, adolescentes en riesgo. Además, el mismo sistema alertaba de que 175 mujeres estaban en peligro alto de morir en manos de un criminal conocido por ellas.

Son cifras intolerables que nos deben hacer reflexionar sobre la imperiosa necesidad de articular medidas que respondan a la violencia de género como sociedad en conjunto. Unas estadísticas que nos deben hacer meditar y recapacitar sobre el tipo de sociedad en el que vivimos y la educación que deberíamos estar dando a nuestros hijos e hijas. No podemos seguir permitiendo que las mujeres se encuentren solas y desamparadas por las instituciones ante las amenazas, coacciones y agresiones machistas.

Los crímenes machistas encuentran sus raíces en la desigualdad de género y en los macro y micro machismos diarios. El Pacto de Estado contra la violencia de género no puede posponerse más y debe contar con los medios económicos y humanos necesarios para prevenir, combatir y eliminar este gravísimo problema social. Es imprescindible la concienciación de la sociedad en todos sus ámbitos, también en el mundo laboral, haciendo que el conjunto de empresas dispongan de planes de igualdad.

Por ello, un paso trascendental ha sido romper la barrera que la propia normativa imponía para extender los planes de igualdad al conjunto de las empresas. El requisito marcado por la Ley es que solo tienen obligación de negociar planes de igualdad las empresas que cuenten con más de 250 empleados, lo que deja fuera a la inmensa mayoría. Ahora hemos logrado bajar este requisito, y lo hemos conseguido en el Convenio General del Sector de la Construcción para todas las empresas a partir de 100 trabajadores. Un compromiso pionero que se debe extender, con trabajo sindical y toma de conciencia patronal, al conjunto de sectores productivos, sumando el granito de arena que a cada cual le corresponde para lograr una sociedad igualitaria de hombres y mujeres, acabando con todas la formas de violencia machista.

La cuestión es si los grandes sindicatos vamos a ser capaces de ampliar nuestras organizaciones con toda la diversidad existente en el mundo del trabajo y adaptarnos a las reglas del juego impuestas unilateralmente por el neoliberalismo

Desde los 80 del siglo pasado llevamos sufriendo un cambio de ciclo basado en una globalización que no hace más que agudizarse. En este sentido, de la misma manera que desde el siglo XIX el sindicalismo de clase es protagonista en la lucha contra las desigualdades, conquistando derechos sociales y laborales, el debilitamiento del sindicalismo viene acompañado de un aumento de la pobreza, empeoramiento de las condiciones de empleo y retrocesos en las libertades sociales. De ahí la importancia de que el sindicalismo se reinvente y consiga de nuevo capacidad de influencia.

La época dorada de los sindicatos coincide con el modelo de los centros de trabajo fordistas, espacios propicios para la afiliación y la acción sindical: empleo estable, condiciones genéricas de trabajo y posibilidades de mejora laboral.

En aquellos tiempos, el enemigo era el sistema capitalista. Sin embargo, junto al proceso de globalización el capitalismo experimenta un proceso de mayor liberalización, convirtiéndose en un sistema económico especulativo y salvaje, que se expande en un afán de lucro que se desentiende de los derechos humanos, entre ellos los laborales, y de la protección del medioambiente.

La economía y las empresas, principalmente las multinacionales verdadero motor de este cambio, llevan actuando desde hace décadas en un marco global, mientras que, a pesar de algunos avances significativos, el sindicalismo sigue fundamentalmente anclado en el ámbito nacional. Como consecuencia, pierde una gran parte de su capacidad de intervención.

Hoy en día, en nuestro mercado de trabajo, encontramos a trabajadores y trabajadoras en paro, precarios, falsos autónomos, a domicilio, pymes y micropymes, subcontrataciones, etc… Así, ante la inmensa diversificación de las condiciones de empleo es muy complicado organizar la acción colectiva en la que se sustenta gran parte del trabajo sindical. Es decir, no todos los trabajadores tienen la oportunidad de participar en esta acción colectiva, para muchos supone un riesgo muy importante y, además, dada la breve permanencia en la empresa los logros obtenidos no son duraderos para dicho trabajador. El neoliberalismo ha cambiado las reglas del juego y el sindicalismo de clase va por detrás con una capacidad de adaptación poco desarrollada.

Ante esto es importante apuntar que en los países más avanzados el segmento principal del sindicalismo pierde su conformación tradicional: obrero masculino de proceso manufacturero. Ahora está formado, cada vez más, por trabajadores y trabajadoras de sectores de servicios públicos y privados.

Sin embargo, lo más grave es que los sindicatos no estamos incorporando entre nuestras filas a un ritmo adecuado a los trabajadores y trabajadoras de segmento secundarios del mercado laboral: temporales, precarios, inmigrantes, de subcontratas, pymes y micropymes, autónomos y “freelance” etc, que en general cuentan con peores condiciones de empleo y son por tanto, los que más necesitan de la acción sindical. Así como de forma muy destacada los jóvenes que son los trabajadores y trabajadoras de los próximos 40 años, como así lo eran los que en su momento lucharon por traer la democracia y un marco de relaciones laborales democráticas a nuestro país

Por todo ello la cuestión es si los grandes sindicatos vamos a ser capaces de ampliar nuestras organizaciones con toda la diversidad existente en el mundo del trabajo y adaptarnos a las reglas del juego impuestas unilateralmente por el neoliberalismo. La respuesta sólo puede ser un: Sí.

No se conocen casos en los que el peso de la ley caiga con tanta fuerza sobre los empresarios que de alguna manera boicotean el derecho a huelga de los trabajadores

Este próximo jueves 11 de febrero en Madrid multitud de organizaciones sindicales están convocando una manifestación para reivindicar algo que parecía tan obvio y superado como que la huelga no es delito.

En estos momentos hay en nuestro Estado más de 300 sindicalistas que podrían afrontar penas de cárcel por ejercer este derecho básico y que se encuentra reconocido en la Constitución Española (artículo 28.2), así como en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo de Relaciones de Trabajo. Igualmente, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea lo incluye expresamente, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Como vemos, hay un amplio sustento legal que protege el derecho a la huelga.

Sin embargo, también hay en nuestro Código Penal un resquicio legal para criminalizarla. Se trata del punto 3 del artículo 315, que contempla la protección de aquellos que, habiendo huelga, quieren ejercer su derecho a trabajar igualmente. Es decir, mediante este apartado se criminaliza de manera feroz la actividad de los piquetes informativos. De esta manera, a los más de 300 afectados se les está acusando fundamentalmente de impedir el acceso al lugar de trabajo de los que no quieren hacer huelga, y con estas acusaciones, mayormente sostenidas sin ningún tipo de prueba, se les hacen cargos penales.

Curiosamente, no se conocen casos en los que el peso de la ley caiga con tanta fuerza sobre los empresarios que de alguna manera boicotean el derecho a huelga de los trabajadores. Es decir, hay una absoluta asimetría entre la protección del derecho a huelga y la protección del derecho a no hacerla. Hasta la fecha, en el mejor de los casos, se dan sanciones administrativas cuando se demuestra que un empleador ha impedido u obstaculizado el ejercicio del derecho de huelga, como en el caso de la contratación de trabajadores para la sustitución de huelguistas o en la utilización de actos de retorsión frente a la huelga, como despidos o sanciones. Estos actos no se consideran en ningún momento con la suficiente gravedad como para tener relevancia penal. Sin embargo, es la vía penal la que preponderantemente se utiliza frente a la actuación de los piquetes de huelga.

Por todo esto, no sólo es importante instar al Gobierno Central a derogar el artículo 315.3 del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, y las Reformas Laborales de 2010 y 2012. También, y sobre todo, debemos denunciar la ausencia de protección del derecho a huelga por parte de los aparatos policiales, los jueces y magistrados en lo que se refiere al esclarecimiento de las conductas delictivas protagonizadas por los empleadores frente al ejercicio del derecho de huelga. Sin duda, la asimetría entre la protección para ejercer el derecho a huelga y el derecho a no hacerla refleja que los aparatos del Estado mantienen en muchos casos pautas continuistas con la jurisprudencia del franquismo.

Es necesario desterrar esa práctica antidemocrática de la incriminación penal de miembros de piquetes de extensión de huelgas convocadas y desarrolladas conforme a la legalidad vigente.

Fuentes: Antonio Baylos, Catedrático de Derecho Laboral; CEOE; Entrevista a José Alcázar, portavoz de los sindicalistas AirbusAntonio Baylos, Catedrático de Derecho LaboralCEOEEntrevista a José Alcázar, portavoz de los sindicalistas Airbus