Son pocas las fotografías de guerrilleros antifranquistas que han llegado hasta nuestros días y menos aún las que fueron realizadas en la clandestinidad. La mayor parte provienen de sus familias, que como un tesoro las han guardado en sus álbumes de fotos. Normalmente fueron tomadas o bien antes de la guerra, o después de haber abandonado el monte hacia el exilio, el destierro o la cárcel. Otra parte pertenecen a los archivos del Estado, y de entre ellas, las más truculentas son aquellas que se hicieron a los guerrilleros tras ser abatidos. 

Las investigaciones que se han sucedido desde los años 80 han mostrado interés en poner cara a los guerrilleros. Sin embargo, las instantáneas captadas mientras estaban en el monte son raras y por varias razones: disponer de una cámara fotográfica no estaba al alcance de cualquier persona, eran escasas y caras; hacer las fotos, revelarlas y poseerlas era un riesgo para la persona que se atreviera. En caso de ser descubierta podía ser interrogada con dureza por la Guardia Civil por su relación con la guerrilla y terminar en la cárcel. Además, en caso de que llegaran a las autoridades, facilitaría la identificación de los guerrilleros en un momento en que ni siquiera se utilizaba la fotografía en los documentos de identidad. Por ello, es fácil de entender que exista una cierta veneración de los mitómanos por estas imágenes y que se repitan una y otra vez en las publicaciones.

Una de estas fotografías es la que encabeza este artículo en la que aparecen tres guerrilleros posando sobre una pared de roca caliza en las estribaciones de los Picos de Europa.

La primera vez que se publicó fue en 1988 en el libro de Pedro Álvarez 'Juanín. El último emboscado de la postguerra española'. En el pie de foto solo se identificaba a Juan Fernández Ayala. A finales de los 90, a través del testimonio de Pedro Roiz, conocimos que su hermano Ceferino Roiz, 'Machado', era un hombre corpulento que al sudar se le empañaban las gafas, lo que le dificultaba la marcha por las peñas. Pedro conservaba en su poder una copia, en la que identificaba a su hermano como el primero por la izquierda de la parte superior de la imagen. Además, le constaba que había sido hecha en las estribaciones del pico La Ventosa y creía que el tercer guerrillero, situado en la parte inferior, podría ser Ramón Manjón. En ese momento teníamos identificados a los personajes de la instantánea, pero ¿qué sabemos de su biografía que justificase que aparecieran en ella?

Ceferino Roiz Sánchez 'Machado', militante del PCE que al estallar el golpe de estado se alistó como voluntario en el ejército de la República, estuvo combatiendo hasta la caída de Gijón y después se refugió en Liébana con otros paisanos. En 1944, por medio del Comité Provincial del PCE, participó en la constitución de la Agrupación Guerrillera de Santander. El 22 de abril de 1945 fue abatido al ser cercado su grupo por la Guardia Civil en las cabañas de Pandébano, mientras celebraban la caída de Berlín. Tras su muerte, su alías, “Machado”, se consolidó como nombre “oficial” del grupo lebaniego.

Juan Fernández Ayala 'Juanín' también fue voluntario del ejército republicano. Cayó preso del ejército sublevado y estuvo encarcelado en la Tabacalera de Santander. Al salir de prisión trabajó en la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones de Potes como asalariado, gracias a la mediación de su hermano. Periódicamente se tenía que presentar ante la Guardia Civil. Por las palizas que recibía se echó al monte el 21 de julio de 1943.

Ramón Manjón era oriundo de Babilafuente (Salamanca), donde fue detenido tras el golpe de estado de 18 de julio de 1936 y juzgado y condenado a pena de muerte. En 1942 fue trasladado a la Prisión Provincial de Santander y desde allí enviado al Campo Penitenciario de Potes, donde bajo la disciplina del PCE estaban organizadas las JSU (Juventudes Socialistas Unificadas). El 28 de agosto de 1943 se fugó junto con Lorenzo Sierra para incorporarse al grupo de 'Machado'. Según el testimonio del guerrillero Marcos Campillo: “Con el tiempo nos dijo que no podía continuar. Que él no valía para eso, que no creía que fuera tan duro. Nos dijo que a ver si podía marcharse a Francia o algún sitio que le hicieran un mapa para marcharse; o si no que se marchaba a Salamanca. Que no sabía lo que haría. Que esa vida no la podía llevar. Entregó las armas, se le dio dinero, y fue a coger el tren que viene de Asturias, el último; que en invierno viene de noche. Después no se volvió a saber más de él”.

De Ramón Manjón Hernández no se conocen más datos que los que se pueden obtener de sus expedientes judiciales. El 28 de abril de 1956 fue detenido en Madrid y trasladado a Santander por haberse fugado del batallón penitenciario, quedando en libertad cinco meses después al ser indultado.

La cueva que sirve como hilo argumental de este artículo había sido descubierta por Jesús Pelayo y Delia Guardo el 3 de enero de 2024 siguiendo las indicaciones que les dio Francisco Verdeja, el abuelo de Delia. Finalmente, la historia dio un salto cualitativo cuando en 2025 la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico de Cantabria encargó a los arqueólogos Rafael Bolado y José Ángel Hierro la excavación de la Cueva Treslasbasnás.

Aunque Francisco no había llegado a entrar en la cueva, recordaba la descripción de su ubicación debido a las conversaciones que de niño mantuvo con el guerrillero Santiago Rey. Sus recuerdos les permitieron a Delia y Pelayo llegar a la cueva que Santiago llamaba “la Bodega” y que era conocida en el Valle de Bedoya como la “cueva de los Rojos”; y una vez allí explorar y hallar la que bautizaron como Treslasbasnás. Este “covaju” permanecía intacto desde hacía 80 años después de que los guerrilleros lo utilizaran para guardar sus pertenencias.

Desde Desmemoriados fantaseábamos con que esta fotografía pudiera estar hecha en ese entorno. ¿Sería posible que se cerrase el círculo: descubrir una cueva con restos intactos de la ocupación de la Brigada Machado y poder vincular estos restos con la fotografía?

Con anterioridad ya habíamos preguntado a varias personas conocedoras de la zona por la posible ubicación de la fotografía con nulo resultado. Las posibilidades de descubrir el lugar exacto se ajustaban totalmente a la expresión “encontrar una aguja en un pajar”. Solo se podía esperar un golpe de suerte o de inspiración, como fue el caso. A Delia, revisitando la fotografía, le pareció reconocer las formas que la roca dibuja en las proximidades de la cueva. Sin demora, subió acompañada hasta la entrada para confirmar su pálpito e intentar reproducir la toma con el ángulo más preciso posible. Tras la comprobación envió el siguiente mensaje al grupo de WhatsApp del que formamos parte los que participamos en la exploración acompañado de una foto de comprobación:

“[12/06/2025 17:03] Delia: SEÑORES!! TENGO UNA GRAN NOTICIA!! O eso creo!!!

Que espero que sume a todo este proyecto!!

[12/06/2025 17:05] Delia: Podemos confirmar que en el entorno de la cueva, se hicieron esta foto Juanín, Ceferino y Ramón Manjón??? Pero esa foto se hizo en la entrada a la cueva “ a bodega”.

[12/06/2025 17:09] Delia: Güelo Paco decía q esa foto se la tenían que haber hecho en esa cueva... y a ver con lupa las cañas que asoman x la parte superior izquierda, nos brillaron los ojos con dudas y sin ellas… y efectivamente“.

Por los datos que conocemos, la foto tuvo que hacerse con posterioridad a que Juanín se echara al monte (julio de 1943) y con anterioridad a la muerte de Machado (abril de 1945). Si damos por cierto que el guerrillero de la fotografía fuese Manjón, tuvo que realizarse antes de que Manjón abandonara el monte, en una fecha indeterminada de 1944. Pero los objetos que aparecieron en la cueva apuntan otra posibilidad. Que el guerrillero que acompaña a Juanín y a Machado fuera Alejandro del Cerro, del que tampoco se conoce ninguna fotografía. ¿Pero, en qué nos basaríamos para valorar esta opción?

La primera razón sería que en la cueva aparecieron pomadas mercuriales que se usaban para las enfermedades cutáneas, como las que 'afectaron' a Alejando del Cerro, lo que le vincula con la Cueva de Treslasbasnás. Esto se ha podido corroborar con la reciente identificación de su letra y de su firma en unas líneas escritas en la portada de un libro de la biblioteca que los guerrilleros guardaron en la cueva, pero esta historia ya la contamos en el Museo Prehistoria y Arqueología de Cantabria, cuando se presentaron los resultados del estudio. Es cierto que no conocemos ninguna fotografía que nos permita comparar e identificar fehacientemente que quien acompaña en la imagen a Machado y a Juanín sea Manjón. Por lo mismo, tampoco podemos afirmar taxativamente que sea Alejandro del Cerro. Sin embargo, la biografía de Del Cerro es coincidente con las fechas que se manejan para situar la instantánea.

Alejandro del Cerro era militante del PCE y de la UGT desde antes de la guerra. Desempeñó cargos de cierta importancia en la organización, siendo nombrado comisario político en el frente. Tras la caída del Frente Norte salió desde el puerto de Avilés hacia Valencia, dónde al terminar la guerra fue apresado. En octubre de 1940 fue trasladado a la Prisión Provincial de Santander para ser juzgado, siendo condenado a 12 años y 1 día. Salió en libertad en 1942 tras haber pasado tres años en prisión y se incorporó al Comité Provincial del Partido. Se echó al monte en el mismo momento que Juanín y Manjón, coincidiendo con ellos en el grupo lebaniego. Permaneció en la Brigada Machado hasta una fecha no determinada de 1948, que se apartó del grupo. Le aquejaba una enfermedad que le producía enormes molestias y le deformaba la cara. Según algunos testimonios, esto acabó trastornándole. El 26 de octubre de 1949, tras ser acorralado por la Guardia Civil, la cabaña del pueblo de Bores en que se refugiaba fue incendiada y Del Cerro terminó suicidándose.

A pesar de todo lo dicho, solo podemos asegurar el nombre de dos de los personajes que aparecen en la fotografía, y, gracias a Delia, el lugar exacto dónde se hizo. Sobre el nombre del tercer guerrillero únicamente podemos esbozar hipótesis, sin poder cerrar la puerta a que fuera otra persona distinta. A medida que el tiempo pasa va a ser más difícil encontrar datos nuevos sobre la captura de ese momento, como por ejemplo identificar a la persona que hizo la fotografía y qué peripecias pasaron desde ese instante hasta que casi medio siglo después la imagen apareciera publicada en un libro. Lo verdaderamente seguro es que sin la memoria de Francisco Verdeja y el empeño de Delia y Pelayo no estaríamos especulando en estas líneas.

Esta historia es deudora de la colaboración de muchos amigos: del equipo que ha investigado la Cueva Treslasbasnás que nos invitó participar de esta aventura, de Delia y Pelayo, descubridores de la cueva, del historiador José Manuel Puente, y sobre todos, de Francisco Verdeja, dado que gracias a su memoria ha sido posible su descubrimiento.

Esto que aquí se cuenta es un modo como otro cualquiera de abrir los ojos a la realidad circundante. Al menos a la realidad laboral en la España de gran parte del siglo XX. Desde luego, no es la única manera, porque cada trabajador, a la hora de adquirir conocimiento de su pertenencia a la clase obrera, en caso de que lo consiga, depende de su tiempo, de su época, de su circunstancia y, cómo no, de su capacidad de discernimiento. 

Hay que decir, en honor a la verdad, que no siempre se conjuga correctamente alguna de todas las variables y, en demasiadas ocasiones, los múltiples señuelos del poder desvían la atención lejos de la conciencia de clase, la solidaridad y el apoyo mutuo.

Pero en este caso sí. Este puede considerarse un ejemplo de cómo se llega a la lucha obrera. Y muchos de aquellos que conocieron a Valentín Andrés Tagle, poco o mucho, algo aprendieron de él, siempre con su cuaderno de notas a cuestas y hablando entre dientes, mascullando palabras, como quien se resguarda de orejas maliciosas, o como fruto poco dudoso de la costumbre y de los años de clandestinidad, cuando la discreción era un bien absolutamente preciado para la preservación de la seguridad y de los objetivos.

Aprendices

Valentín Andrés Tagle nació en Camargo, localidad aledaña a la ciudad de Santander, en el mes de julio de 1935. Aproximadamente con 14 años entró a trabajar en la mina La Paulina, situada en Camargo y dedicada a la extracción de hierro. Sus trabajadores habían protagonizado desde el verano del año 1931 una sonada huelga en pos de sus derechos laborales que tuvo la inusual duración de 30 meses. A punto de comenzar la década de los 50, cuando Valentín se desempeñaba en la mina, La Paulina se encontraba ya en un declive sin retroceso, fruto de su baja rentabilidad, que finalizaría con el cierre definitivo a principios de los años 80.

No obstante, nuestro protagonista dejó su labor allí en 1952, al acceder a un puesto de trabajo en la factoría de Standard Eléctrica de Maliaño.

Según manifestaba en la entrevista que se le realizó como base de este documento, él estaba contento con el trabajo de la mina, puesto que ganaba entonces a la semana tanto como su padre al mes en la Standard. Sin embargo, tanto su padre como un amigo de la familia, hermano del entonces director de la fábrica y marido de la hermana de leche de su madre, coincidieron en que en la mina no había porvenir y que era mejor entrar en Standard.

Con 14 años él ya había hecho un examen de acceso y no había sido admitido, con lo cual tenía alguna que otra reticencia, aunque en esta ocasión se le decía que no pasaba nada, que todo estaba solucionado. Y así fue como entró, recomendado, como todos. Todos entraban recomendados, nos decía Valentín sentenciosamente y con cierto aire desdeñoso a la vez que socarrón.

Los inicios de su trabajo en Standard se desarrollaron en jornada nocturna, que era, según señalaba, el turno habitual para todos los nuevos. En un principio, junto a un grupo de mujeres, aprendió a aislar los hilos telefónicos con papel. Y así estuvo prácticamente desde marzo de 1952 hasta enero de 1953, en que sufrió un grave accidente laboral, por el que le tuvieron que amputar parte del pie y que le tuvo de baja nueve meses.

A su regreso comenzó ya a tener relevos diurnos, lo cual le hizo comprobar la diferencia entre el trabajo nocturno del que había “disfrutado” -casi un balneario en el que no te enterabas del día a día de la empresa- y la dureza de la disciplina, tal como mantiene, que en aquellos años se establecía en el mundo laboral.

Con su reincorporación, obtuvo al principio un cambio de departamento a un puesto en el que podía trabajar sentado, más cómodo, dadas sus circunstancias. Sin embargo, tal situación no llegó a durar más allá de tres o cuatro meses. Luego los jefes comenzaron a mandarle hacer de todo. Paulatinamente se inició una fase de conflictos con enfrentamientos, broncas y castigos por cuestiones irrisorias y ante cualquier oportunidad. Valentín, que entonces se encontraba en la rebelde frontera de los 20 años, empezó a vislumbrar, aunque sea por cuestiones sumamente individuales, los límites entre lo justo y lo injusto. De ahí a una progresiva toma de conciencia obrera, en la España aparentemente adormecida de la posguerra, quedan unos cuantos pasos a poco que se junten voluntades.

El paternalismo industrial

En la España de entonces, terminada en 1939 la guerra que el régimen vencedor de Francisco Franco había mantenido de forma abrumadora contra la clase obrera, se hizo inexorable la necesidad de la misma para la reconstrucción del país. La dictadura, no obstante, precisaba de trabajadores no hostiles.

Para conseguirlo, como bien apuntan Ignacio Alonso del Val y Valentín Andrés Gómez en el capítulo que se dedica a la actuación de Standard Eléctrica en esos años (dentro del libro titulado 'Jornadas de Historia y Fuentes orales. Historia y Memoria del Franquismo. 1936-1978', editado por José Manuel Trujillano y José María Gago, con motivo de las Jornadas celebradas en Ávila en octubre de 1994), el régimen franquista necesitaba “moldear y reducir toda resistencia de esta nueva mano de obra”.

Para ello se aplicó en una estrategia ya ensayada en las primeras décadas del siglo XX a lo largo de Europa, pero que el empresariado en España practicaría con vehemencia durante las primeras épocas del régimen franquista. “Los objetivos eran tres”, según se apunta por los autores mencionados. “El primero de ellos era atraer la mano de obra y retenerla; el segundo, elevar el rendimiento y disciplinarla; y el tercero, apartar al obrero del peligro de la autoorganización e implantar lazos verticales de lealtad y fidelidad, donde la relación salarial se diluyera en favor de una relación afectiva. La Gran Familia. Para ello, el empresario creaba una serie de obras sociales (economatos, viviendas, escuelas, templos, etc.) para hacer la vida de las familias de los obreros más fáciles”.  

A esto se le dio en llamar 'paternalismo industrial'. Una estratagema en la que las relaciones se establecían jerárquicamente, de arriba abajo, de patrón a obrero. “A la autoridad y protección del patrón, se debía responder con el respeto y la fidelidad del obrero”. Y de este modo, no solo Standard, sino muchas otras empresas de calado (Telefónica, Solvay, SEAT…) ejercieron con inusitado esmero la “filosofía” que se menciona.

Y con similar resistencia, mientras iban descubriendo las trampas del entramado, lucharían muchos trabajadores a lo largo del país, introduciéndose en muchos casos en el engranaje del Sindicato Vertical franquista, para derribarlo desde dentro, hasta conformar con los años y no pocos sacrificios el movimiento sindical de nuestros días.  

Valentín Andrés Tagle, desde su puesto de operario en la Standard Eléctrica de Maliaño, no sería ajeno a esos acontecimientos. La toma de conciencia sería paulatina, como suelen ser estas cosas habitualmente en aquellas personas sin un conocimiento específico de la situación o una experiencia previa compartida. En su haber únicamente una curiosidad por el mundo alrededor y una inquietud indefinible ante lo injusto.

Como antecedente, el poder decisorio de los jefes para lo que se daban en llamar “las subidas a dedo” individualmente. Es decir, la facultad para aumentar el sueldo a unos sí y a otros no, dependiendo del comportamiento de los operarios, no solo respecto a su competencia en el trabajo, sino también respecto a la mayor o menor cercanía a los encargados y capataces y su capacidad de hacer méritos extralaborales. Un escenario como el que se describe escondía sin duda una parcialidad injustificable a la vez que ponía de manifiesto la necesidad de aspirar a lo que más tarde se nombraría como “Convenios colectivos” con la publicación de una ley acorde en 1958.

“Esto pasa por esto”

Del 11 al 15 de febrero de 1967, en la factoría de Standard en Maliaño se organizó una huelga extremadamente significativa como presión para la consecución de la firma, precisamente, de un Convenio Colectivo que no dejase excluida a la fábrica de Maliaño respecto a las demás factorías de la empresa. La huelga duró seis días y tuvo una participación mayoritaria.

Sin embargo, pese a que se obtuvieron algunas mejoras, no llegó a consolidarse un convenio efectivo. En gran parte, los motivos del abandono del paro por parte de los trabajadores son las amenazas que se suceden todos los días por la presencia dentro de la fábrica o los aledaños, tanto de la Brigada Político-Social o de la Guardia Civil, como de miembros de La Falange; así como el temor a mayores consecuencias que, finalmente, se materializaron en el despido, como chivos expiatorios, de cuatro enlaces sindicales acusados de organizar la huelga.

Valentín reconoce que hasta el inicio de esta acción él no se había enterado de nada, o de casi nada. Se había presentado por la mañana al trabajo y en su sección no se había movido nada, pero comenzó a ver situaciones extrañas y preguntó. “No, que estamos en huelga…”, le dijeron. Automáticamente se unió a los compañeros. También indica que fue entonces cuando empezó a tener otra visión de las cosas, de cómo actuar. No obstante, también afirma que ya, desde tres o cuatro años antes, solía juntarse para conversar sobre “estos temas”. Le enseñaron mucho dos personas con las que solía juntarse a comer en el bar o tomando los vinos: Uno que trabajaba en la Tejera de Trascueto, que era un viejo socialista y otro, un hombre ya mayor, muy ameno, muy majo con el que hablaba de esas cosas y le decía “esto pasa por esto”.

A partir de la huelga, entre finales de los 60 y comienzos de los 70, ya empezó a relacionarse con amigos y compañeros con una cierta lógica sindical. En ocasiones se reunía gente de Santander y de Maliaño con otros de Torrelavega, de Laredo, de Reinosa… Las reuniones solían ser en el Barrio Pesquero o en la calle Rualasal de Santander. Había gente de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) pero también, tal como dice Valentín, “de todas las ideologías y de ninguna”, comunistas como Coterillo (José López Coterillo, que con la legalización fue secretario general de Comisiones Obreras de Cantabria), también socialistas, o jóvenes que aún eran ideológicamente inexpertos. Otra cosa que recuerda es que había dos personas encargadas de transmitir los lugares de reunión y las horas de la misma: Carlos Palacios y Emilio “el de Flor”.

Valentín acudió dos o tres veces a las reuniones de Rualasal. El solía ir a las que se celebraban en el Pesquero, en casa de Alberto Pico, el cura. Eran en una habitación cerrada y cuando salían, “unos salían por aquí, otros por allá. Para que no te pillaran, claro”. Normalmente eran 12 o 14 personas. Hubo alguna otra que se hizo en la playa de Liencres. Allí, en la playa, se llegaban a reunir veintitantas personas.  

“La misión de los reunidos era la de tratar de coordinar acciones, ir mentalizando a la gente, ir madurando de cara a la lucha en las empresas. Había compañeros, como se demostró después, que ya estaban trabajando sindicalmente dentro de las empresas. En Standard estaban Atilano Amigo, José Fernández, José Duque… En la primera reunión del Pesquero con la primera que me tropecé fue con Inés. Te veías por la fábrica, hablabas con ella, con José Duque…, pero el caso es que nos vimos allí y me dijo: ¿Coño, qué haces aquí? Pues supongo que lo mismo que tú”.

Además de los de Standard, había gente de Talleres del Atlántico, gente de Corcho, gente de Rílez. “Se hablaba sobre todo del Sindicato Vertical (sindicato único creado por el régimen franquista), de cómo funcionaba, de lo interesante que era introducirse en él, de la ordenanza laboral, de unas futuras elecciones. Ibas más bien, un poco por aprender, por no estar solo, por no luchar solo, en una palabra. Luego ya, después, empecé a hablar algo con un compañero que luego fue despedido. Se llamaba Antonio, un andaluz que entró a trabajar por aquellos años. Pero no fue cuando la huelga. Fue después. Le habían cogido con unos papeles, no sé, esto fue después de la huelga”, cuenta. 

Tras aquellas reuniones del Barrio Pesquero comenzaron a reunirse en Maliaño, y de esos encuentros salió lo que luego fue el Frente Sindical. “A partir de ahí, ya en el 73, me vino a buscar un tal Bolado y me dice que hay un grupo de gente que está pensando en presentarse en bloque a las elecciones sindicales, y yo le digo que sí. Entonces empiezo a participar en todas las reuniones. Había una o dos a la semana. Lo mismo nos reuníamos en un bar que había en Cacicedo, que en la Iglesia del Cristo. Donde más nos reuníamos era en el bar, que casi no tenía movimiento, nos metíamos al reservado con la excusa de comer unas morcillas y tomar un vino y se aprovechaba”.

En aquellas elecciones, aún con el sistema franquista de sindicato único, correspondía la elección de 48 miembros entre enlaces sindicales y jurados de empresa. La candidatura del Frente Sindical ganó las elecciones, obteniendo representantes no solo en Standard sino también en otras empresas y en pequeños talleres a nivel comarcal (Camargo y El Astillero).

“Nos metimos en el sindicato (vertical) y lo ocupamos todo, desde la presidencia comarcal hasta las presidencias de las distintas comisiones. Las asambleas las conducíamos nosotros, había que reunirse con el abogado y éramos nosotros los que le decíamos lo que había que poner en el parte. Si él quería poner algo y no nos gustaba, le decíamos que así no”.  

Una vez consolidado ese primer paso a nivel local, el siguiente pasaría por hacerse con la UTT provincial (Unión Territorial de Trabajadores), que implicaba abrirse las puertas también del Sindicato Vertical en Santander. Para ello, se inició un trabajo previo de toma de contacto con trabajadores del metal de distintos lugares de la provincia (Laredo, Ampuero, Castro Urdiales, Reinosa, Torrelavega…) Muchos de esos trabajadores, intuía Valentín, ya pertenecían a sindicatos en la clandestinidad (la UGT y las Comisiones Obreras).

Sin embargo, a la pregunta del entrevistador sobre la posibilidad de que desde los mencionados sindicatos clandestinos se criticara al Frente Sindical por haber entrado a ocupar el Sindicato Vertical, Valentín contesta: “No nos criticaban, nos censuraban. Y nos censuraron hasta la descomposición. Y nos cascaron en la boina hasta la disolución”.

No obstante, a pesar de situaciones como la que se expresa, dado que el movimiento obrero nunca avanzó sin porfías, el Frente Sindical del que formaba parte Valentín Andrés Tagle desde su puesto como delegado en Standard fue quemando etapas en su lucha contra los estertores del franquismo.

El 20 de noviembre de 1974,  junto a sus compañeros y compañeras alentó y participó en una huelga sectorial de las empresas del metal en el ámbito de Camargo y El Astillero con el objetivo de reivindicar la necesidad de convenios colectivos, que continuaba siendo una rara avis al albur de cada empresario, y también mejorar las condiciones de la labor de los representantes sindicales.

La huelga fue considerada como un éxito que cerró la mayor parte de los comercios de la zona, mientras se iban dando pequeños pasos hacia otra realidad laboral. Unos meses después, ya en 1975, se produjo una nueva huelga específica de Standard para conseguir por fin la vieja aspiración de que la factoría cántabra pudiera adherirse al convenio colectivo único en el que ya estaban incluidas el resto de las fábricas de Standard en el país.

A finales de ese año, 1975, murió el dictador y el proceso hacia una democratización de la vida española en todos sus ámbitos se hizo imparable. El Parlamento español aprobó el 1 de abril de 1977 la Ley reguladora del Derecho de Asociación Sindical, con lo que paulatinamente se fueron legalizando cada una de las distintas organizaciones sindicales representativas.

Mayoritariamente, según recuerda, los miembros del Frente Sindical propusieron a UGT y a CC.OO. unirse en bloque a una de sus organizaciones; cuestión que no fue aceptada en ningún caso. La contrapropuesta en la que coincidieron las citadas centrales sindicales fue la de “incorporación sí, pero cada persona de forma individual”.

Valentín acabó sumándose a Comisiones Obreras como afiliado de base, aunque  poco a poco fue dejando sus obligaciones en este campo para integrarse en el pujante movimiento vecinal de entonces. Pero esta es otra historia que merecería contarse aparte.

Hablar de acampar en mitad de una ciudad para reivindicar algo, nos hace pensar en el año 2011 y en ese movimiento conocido como 15-M. Pero antes de aquellos acontecimientos ya habían tenido lugar otras experiencias que utilizaron estrategias similares para dar a conocer sus pretensiones ya sea de manera localizada, por parte de obreros de empresa, ya sea de manera generalizada en distintas poblaciones de España. En 1994 se produjo una de esas movilizaciones en varias ciudades, reivindicando la puesta en marcha, por parte del gobierno, del compromiso adquirido de destinar el 0,7 del Producto Nacional Bruto (PNB) a la ayuda para el desarrollo de los países llamados del Tercer Mundo. Es por esta razón que dicha concentración fue conocida como la 'acampada de la solidaridad'.

0,7: una cifra con muchos años de historia

A finales de los años cuarenta del pasado siglo, comenzó a hablarse de destinar un porcentaje del PNB para ayuda a los países más desfavorecidos, En 1958, el Consejo de las Iglesias, propuso una primera cantidad concreta, el 1 %, desglosado posteriormente en un 0,3% de iniciativa privada y el 0,7% restante asumido por la inversión pública. En 1970, la Asamblea General de la ONU se comprometió a que los países ricos aportasen el 0,7 de su PNB para impulsar el desarrollo de los países empobrecidos. Una bonita declaración de intenciones que no tuvo su reflejo en la política efectiva de esos estados, que siguieron sin incluir en sus respectivos presupuestos, la cantidad formulada. Posteriores cumbres de la ONU, como la de Río de Janeiro en 1992, ratificaron esos acuerdos. Sin embargo, a pesar de las buenas palabras, los países ricos seguían sin asumir, ni de lejos, las cantidades acordadas.

Esa falta de compromiso por parte de los gobiernos impulsó la acción ciudadana, tomando el porcentaje estipulado como bandera de un movimiento en favor de cumplir los compromisos adquiridos; nació así la Plataforma 0,7. En 1993, una de las primeras acciones fue el desarrollo de una huelga de hambre por parte de siete miembros. Pero, sin duda, la campaña que consiguió ámbito nacional y titulares en los periódicos fue la de las acampadas en muchas ciudades en el otoño de 1994. La movilización comenzó en Madrid en septiembre y, como un reguero de pólvora, fue extendiéndose por todas las capitales de provincia y otras ciudades de la geografía española. Y, por supuesto, también llegó a Santander.

La Coordinadora cántabra de organizaciones No Gubernamentales y Colectivos de Solidaridad con el Tercer Mundo inicia sus acciones

El 19 de octubre de 1993, quedó constituida la Coordinadora Cántabra de organizaciones No Gubernamentales y Colectivos de Solidaridad con el Tercer Mundo, que reunía distintas asociaciones con un mismo objetivo: concienciar a las instituciones de la comunidad cántabra de la necesidad destinar parte de sus respectivos presupuestos a la ayuda a los países más pobres de nuestro planeta. Comenzó entonces una campaña que pretendía, por una parte, presionar a la administración para que cumpliera sus compromisos con los más desfavorecidos y, por otra, concienciar a la sociedad de la necesidad de solidarizarse con los países empobrecidos. Uno de sus primeros actos públicos fue la concentración silenciosa convocada para el 15 de enero de 1994, en la plaza del Ayuntamiento de Santander entre las seis y las ocho de la tarde. En dicha concentración se encendieron cirios, cuyo sentido para los miembros de la Coordinadora era “un acto simbólico para dar luz a la pobreza, el hambre, las injusticias, la falta de cultura, de viviendas y de medios de salud”. También se empapelaron los manifestantes con carteles alusivos a la reivindicación que les movilizaba y se colocaron mesas para la recogida de firmas. La campaña llegó a conseguir casi 22.000 adhesiones, que fueron entregadas en la Diputación y en la Asamblea Regional, así como en cada uno de los 102 ayuntamientos de la región. Una cadena humana desde la Delegación de Hacienda a la Delegación del Gobierno fue su siguiente acción, el 7 de mayo.

Buscando una mayor trascendencia pública, se organizó un festival musical, celebrado el 7 de junio, con la idea de hacer llegar a mucha más gente, la reivindicación del 0,7. Contaron para el mismo con la participación del grupo Atlántica, Carlos Telechea y el grupo Crema Negra, que animaron con su música la plaza de Pombo.

Las acciones para reivindicar el 0,7, continuaron y, siguiendo el compromiso de celebrar un acto el día 7 de cada mes, el correspondiente al mes de julio consistió en una concentración ante la Diputación Regional con la reivindicación de incluir en los Presupuestos de la región para 1995, próximos a debatirse, ese 0,7% para la ayuda al desarrollo. Los colectivos convocantes de la concentración eran: Acción Cultural Cristiana, Amigos de Fe y Alegría de Cantabria, Asociación Cántabra de Amigos de Cuba, Ayuda en Acción, Brigadas Internacionales de Paz, Cantabria Acoge, Coordinadora de Solidaridad con el Tercer Mundo de Torrelavega, Comité de Solidaridad con los Pueblos, Cruz Roja de Cantabria, Equipo Técnico de Iniciativas para el Desarrollo, Fundación Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras, Interpueblos, Manos Unidas, MOC, PROYDE y Solidaridad y Universidad y Cultura. Para el presidente regional, Juan Hormaechea, estas concentraciones eran “como un circo cuando vienen 14 asociaciones con una flauta para solicitar el dinero”, en declaraciones al diario Alerta de las que se hizo eco Regino Mateo en un artículo publicado en el mismo diario el día 18 de julio, titulado precisamente así: “El circo del 0,7”. Es la imagen que tenían las autoridades regionales del compromiso por la solidaridad de todas estas personas: un circo. Ese mismo día, pero en el otro diario regional, Joaquín Lobera, médico de Solidaridad Coordinadora Cántabra de ONGs, hacía hincapié en el desprecio de Hormaechea, no solo con los asistentes a la concentración, sino también con las 20.626 personas y las 128 instituciones firmantes de la petición para llevar al Parlamento de Cantabria, el cambio necesario en los presupuestos regionales, para aplicar ese 0,7.

Ese desprecio e ignorancia institucional era nuevamente denunciado por Marisol Payá, de la Coordinadora de ONGs y Colectivos de Solidaridad con el Tercer Mundo, en un artículo publicado el 12 de octubre, días después de la concentración correspondiente al mes de octubre, en el que aludía al escaso 0,3% con el que el gobierno central (PSOE en ese momento), se lavaba las manos en las ayudas al Tercer Mundo. En ese mismo artículo, Marisol Payá destacaba la crisis de Ruanda, que, durante el verano de 1994, encogió los corazones de todo el mundo y contribuyó en buena medida a las grandes movilizaciones en favor del 0,7, desarrolladas en toda España el otoño de ese año. El genocidio de Ruanda, que causó la muerte violenta de más de medio millón de personas, constituye una muestra más de los graves problemas que los colonizadores europeos hemos dejado en el continente africano, tras el período colonial: una supuesta lucha racial, entre hutus y tutsis, división creada artificialmente por los europeos, desembocó en una salvaje matanza, promovida y azuzada desde una emisora de radio, la radio “Mil Colinas”, cuyos envenenados mensajes lanzaban a la población a cometer los más horrendos crímenes; sin duda una lección sobre el peligro del mal uso de los medios de comunicación y que ha hecho de esa emisora, el epítome de los medios manipuladores y envenenadores.

Santander inicia su propio 'Campamento de la Solidaridad'

El siguiente día 7 era ya en el mes de noviembre. En este caso la movilización fue más activa y, ese día, Santander se sumó a otras muchas ciudades españolas que, desde septiembre, habían ido estableciendo campamentos reivindicativos de ese 0,7%; Santander con esta acampada, constituía la número 28. Mientras El Diario Montañés hablaba tan solo de una nueva concentración, como todos los días 7 de cada mes, Alerta informaba del levantamiento de varias tiendas de campaña frente a la Delegación de Hacienda y el Banco de España, en la comúnmente llamada plaza de Farolas. Aurelio Güemes, uno de los miembros de la plataforma expresaba las razones en dicho diario: “Queremos dejar patente nuestra solidaridad con los miles de personas acampadas en Madrid y otros puntos de nuestra nación, para reivindicar que el Gobierno cumpla la promesa que hizo, como respuesta a la huelga de hambre de hace un año”. Esa primera jornada se plantaron ocho tiendas que albergaban una treintena de personas. Ese mismo día recibieron la visita de la policía municipal, primero, y de la nacional, después. Esta última les “animó” a retirar el campamento ante la falta de permisos de acampada y, tras su negativa, les tomó la documentación a cinco de ellos; el diario Alerta se hizo eco al día siguiente de esta “invitación” a disolver el campamento, haciendo mención, además, que era el único caso entre las acampadas de toda España en que se había procedido de tal manera. La Coordinadora cántabra de ONG's y Colectivos de Solidaridad con el Tercer Mundo, emitió un comunicado haciendo constar el hecho de “ser insólito en nuestra ciudad, entre todas las acampadas que existen en el Estado Español”.

El segundo día de la acampada se sumaron dos nuevas tiendas y se montó una carpa donada por la Cruz Roja, lo que costó bastante ya que, a las dificultades propias de plantar tiendas en suelo de baldosa, se unía ese día el viento, que parecía dispuesto a disolver la concentración. De hecho, esa madrugada, las fuertes rachas consiguieron su particular victoria al derribar la carpa sobre algunas de las tiendas acampadas. Ese segundo día, también fue el momento en que se dio a conocer de manera pública, mediante una rueda de prensa, las reivindicaciones de la movilización.

Al siguiente día, los colegios empezaron a acudir con sus alumnos, además de sumarse nuevas tiendas de campaña, hasta un total de 16. Todas las tardes, a las ocho, se efectuaban asambleas y debates, dando a conocer a quienes querían acercarse, las razones que habían llevado a esas personas comprometidas, a soportar las incomodidades de la situación, a las que se sumaba las inclemencias meteorológicas, pues al viento, ya citado anteriormente, se sumaba la lluvia, que también hacía acto de presencia en la acampada; esto no fue óbice para que la acampada continuase creciendo, llegando ya las 60 personas. Al tiempo, tanto UGT, como CCOO manifestaban su solidaridad y apoyo a los concentrados en la Plaza de las Farolas. La universidad se hizo igualmente eco de los acontecimientos; así, el día 11 de noviembre, publicaba la prensa el “Manifiesto por el 0,7”, firmado por el Colectivo de Estudiantes progresistas de la Universidad de Cantabria. El obispo de Santander, José Vilaplana, mostró su respaldo a la causa, tanto en persona, como en sus declaraciones a la prensa en favor de destinar fondos para los países más pobres; también mostro su respaldo con su presencia, la asociación de Cáritas. Ninguna otra autoridad se personó durante toda la acampada. El mundo de la cultura también expresó su apoyo, representado en la figura de Regino Mateo, quién compuso un poema que se leyó el día 12. De este modo, uno de los elementos reseñables de la movilización fue la confluencia de personas y organizaciones del ámbito de la iglesia católica con otras de orientación y trayectoria política marcadamente de izquierda, además del componente intergeneracional de la misma.

Los siguientes días de acampada continuaron con una rutina que iba desde las vistas escolares por la mañana - de centros no solo de la ciudad, sino también de la región- a reuniones y asambleas por la tarde, y, por supuesto, la visita de la policía municipal por la noche para desear a los acampados las buenas noches. Mientras tanto, el número de tiendas no dejaba de crecer hasta alcanzar la cifra de 30 unidades, y se llevaba a cabo una recogida de firmas en el mismo campamento a favor del 0,7. Transcurridos 11 días de acampada, comenzaron a aparecer los primeros síntomas de agotamiento. Según palabras de Marisol Payá: “Todas las cosas tienen un tiempo válido y, si nos pasamos en prolongarlo, se nos va de las manos”. Los activistas, tras votar en asamblea la no continuidad de la acampada, decidieron levantar la misma el 18 de noviembre, tras doce días de acampada. El objetivo de dar visibilidad a la reivindicación del 0,7 estaba cumplido.

Y después de la acampada ¿qué?

Una vez levantado el campamento, las organizaciones implicadas en las protestas dirigieron sus esfuerzos a reclamar y exigir de las instituciones locales y regionales el cumplimiento del compromiso con el 0,7. La falta de respuesta institucional y el hecho de que la escasa ayuda que se logró adoptara la forma de subvenciones a ONGs, tuvo como efecto la progresiva desmovilización de las organizaciones convocantes y de los activistas participantes, que cuestionaban esta forma de financiación por comprometer su libertad de actuación y decisión.

¿Y a nivel estatal? En 1996 tuvo lugar un cambio de gobierno con la entrada del Partido Popular, menos interesado aún que su predecesor en el compromiso del 0,7. Después vendrían la convergencia con el euro, la burbuja inmobiliaria, la crisis de Lehman Brothers, el rescate bancario, etc. Todas fueron razones aducidas para retrasar dicho compromiso ¿Cómo está la situación hoy en día? Las discusiones dentro de la OTAN del pasado mes de junio para incrementar hasta el 5% el gasto en defensa, hacen todavía más ridículo el 0,7% de solidaridad. Y, aun así, resulta más difícil de alcanzar. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), relativos al año 2024, entre todos los países europeos, tan solo Noruega (1,02), Luxemburgo (1,00), Suecia (0,79) y Dinamarca (0,71) superan ese porcentaje; Alemania (0,67) y Reino Unido (0,50), que llegaron a superar esa cifra, en la actualidad están por debajo. ¿Y España? ¿Cuánto aporta España? Pues si seguimos confiando en las cifras de la OCDE, España aporta un exiguo 0,25%, muy lejos de ese 0,7 al que se tiene que llegar en el año 2030 como uno de los objetivos encuadrados en la Agenda 20-30. Pero el aumento del gasto en defensa que se nos exige, es un nuevo muro que se aduce para no llegar a ese porcentaje. Otra vez, los cañones ganan a la mantequilla.

Agradecemos a Marisol Payá su ayuda para la elaboración de este reportaje, tanto personal como de aporte de documentación.

“La historia del mundo se puede conocer a través de la historia del arte, sus artistas, escritores, músicos, filósofos, pensadores, etc. Dejar recuerdo y reconocimiento de ellos en nuestras calles y avenidas es algo necesario y de justicia para con nuestra ciudad… ¿Qué es mejor, ensalzar batallas, guerras, que han supuesto elementos de confrontación, o buscar puntos de encuentro a través de la cultura? Creo sinceramente que los segundos”.

Estas palabras fueron pronunciadas, según recoge El Diario Montañés, por el entonces concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santander, César Torrellas, el 8 de agosto de 2013, con motivo del cambio de nombre de la calle General Mola, que desde ese día fue sustituido por el del músico Ataúlfo Argenta. Es difícil no estar de acuerdo con las palabras de Torrellas; si se han elegido para encabezar este artículo es por el contraste entre esas palabras y la realidad de un callejero que hasta doce años después mantuvo nombres de personas que no destacaron por su pensamiento, sus escritos o su música, sino por vencer guerras que contribuyeron a iniciar y a prolongar.

La nomenclatura del callejero de una ciudad es un buen reflejo de los valores que han dominado a lo largo de su historia. Indagando en ese pasado, la sucesión de nombres delata qué tipo de personajes, acontecimientos o lugares se ha querido resaltar en cada momento. Si la presencia de artistas, literatos, científicos no suele ser objeto de polémica, no ocurre lo mismo con la asignación de vías ciudadanas a dirigentes políticos o acontecimientos susceptibles de valoraciones ideológicas.

En España, la dictadura marca una cesura radical, tanto por el corte profundo que supone con respecto al pasado como por su prolongada duración. Frente a las dudas que suscita una política de memoria en un sistema democrático, la dictadura no tuvo ningún problema en trasformar la ciudad y sus calles, para honrar a sus defensores, empezando por el dictador y siguiendo por dirigentes de ámbito nacional, regional o local. Además de los nombres de las calles, los monumentos, las placas y los símbolos que recordaban la victoria cubrieron los espacios urbanos. En fecha tan temprana como junio de 1938, Franco ya hablaba del “deber de cultivar la memoria” (citado en Colectiva La Vorágine, Caminar sobre lo innombrable. Quién es quién en el callejero romántico franquista de Santander (y de Cantabria), Santander, 2025, p. 9).

Santander no fue una excepción en la política de exaltación de la dictadura; sí lo ha sido, en parte, en la “normalización” del espacio urbano en la democracia. Nuestra ciudad tardó 33 años en retirar la estatua de Franco de su Plaza del Ayuntamiento (llamada del Generalísimo hasta 2001); hasta abril de 2015 una de sus calles estaba dedicada a Falange Española; solo hace escasamente un par de meses el Ayuntamiento ha aprobado la eliminación de los últimos nombres franquistas que aún perduraban, y ello tras la advertencia del Fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos de proceder a la toma de medidas para evitar la contumaz negativa del consistorio a cumplir las leyes de memoria aprobadas por el Gobierno de la nación. Una explicación sencilla de la razón por la que Santander ha tardado más que ninguna otra ciudad en eliminar los restos del franquismo en sus calles y plazas remite a la mayoría detentada sin interrupción por la derecha (PP y sus antecesores AP y UCD) en la capital cántabra desde el final del franquismo. Se trata de la única ciudad española con este comportamiento electoral (las otras ciudades que la izquierda no ha llegado a gobernar desde el final de la dictadura son Bilbao, siempre en manos del PNV, y Ávila, que sí vio una mayoría del CDS).

Lógicamente, la circunstancia obliga a preguntarse por las convicciones democráticas del partido principal de la derecha cántabra y española; si no tiene reparos en mantener en el nomenclátor ciudadano a destacados dirigentes de la dictadura, si no está en contra de ensalzar a personajes que representan un periodo negro de la historia de España, quiere decir que hay una parte de la gramática elemental de una sociedad democrática que no ha sido incorporada al acervo que debería compartir la gran mayoría de su ciudadanía y, por supuesto, los principales partidos del país. Este es el problema que subyace en la “batalla” de la memoria que se libra actualmente en España, plasmada de manera evidente en la aprobación de leyes por parte del Gobierno central y de los gobiernos autonómicos de la izquierda, recibidas con un rechazo frontal por parte de las derechas, que proceden a la abolición de dichas leyes autonómicas en cuanto tienen ocasión, como el Gobierno de Cantabria ha perpetrado hace escasos meses. Las peripecias del callejero de Santander se enmarcan en este contexto en el que, por desgracia, la memoria es un tema divisivo. La paradoja reside en que la división se ha hecho visible cuando ha adquirido presencia pública la reivindicación de las víctimas de la represión franquista, cuando se ha señalado con ánimo de verdad, justicia y reparación a los responsables de esa represión, cuando se ha comenzado a superar ese lenguaje engañoso que igualaba a los fusilados y a sus verdugos, a los presos y a sus carceleros, a los exiliados y a quienes gobernaban. Todo ello tuvo su reflejo, como no podía ser de otra manera, en el callejero ciudadano; el problema es que la evolución política global no invita precisamente al optimismo. Si hasta fechas recientes España podría ser una excepción en el marco de una Europa que compartía una memoria antifascista heredada del desenlace de la II Guerra Mundial, el auge de la extrema derecha ha roto esos consensos que desde el año 45 desterraron a las organizaciones herederas de los movimientos fascistas fuera del espectro político “homologado”. A día de hoy, la memoria ha pasado a constituir un elemento más de confrontación en el marco de esa “batalla cultural” que se libra en el conjunto del continente, y más allá.

Cronología de un desatino

Un recorrido cronológico por las peripecias del callejero santanderino en las últimas décadas ofrece una muestra de la mirada con la que los dirigentes políticos de la capital de Cantabria han abordado el pasado.

No hay una iniciativa sobre el tema desde las mayorías municipales hasta 2001; ese año se designa una comisión de expertos integrada por tres historiadores: Benito Madariaga, Miguel Ángel Sánchez y Carlos Dardé. Esta Comisión elaboró un informe en el que se pedía la retirada de monumentos relacionados con el franquismo, con algunas excepciones. Para no causar trastornos añadidos, proponían aprovechar la realización de obras para retirar los polémicos monumentos. También se aceptaba la retirada de monolitos y monumentos, aunque con matizaciones. Una de ellas era la concerniente a aquellos susceptibles de ser modificados para que en sus leyendas se incluyera una referencia genérica a los combatientes de la guerra civil en ambos bandos. Proponían igualmente la retirada de la estatua de Franco en la entonces Plaza del Generalísimo: “No creemos que la plaza situada frente al Ayuntamiento, la más emblemática de la ciudad, deba llamarse del Generalísimo Franco, ni que en ella deba aparecer la estatua del propio general Franco”. En cuanto al callejero, el grupo de expertos también pedía cambios, pero emplazaba a una decisión política final en la que se valorase técnicamente el coste y los trastornos que se pudieran producir. Desde la alcaldía, Gonzalo Piñeiro se abrió al cambio del nombre de algunas calles, en concreto las que eran conocidas con nombres no oficiales, pero conservados y utilizados en la memoria popular; descartaba, no obstante, el cambio de las calles grandes, invocando de nuevo los trastornos que la modificación originaría. La reiterada invocación a los “trastornos” generados a los vecinos por lo cambios en el callejero puede ponerse en perspectiva recordando la conversión del Paseo del Generalísimo (Madrid) en Paseo de la Castellana, vía de 6,4 Km. de longitud cuya nueva denominación no pareció causar problemas irresolubles (EL PAÍS, 26 de enero de 1980). Desde una perspectiva histórica, los expertos coincidían por unanimidad en sustituir muchos de estos nombres de calles, toda vez que los restos del pasado franquista se situaban en lugares céntricos o muy visitados, “dando a la ciudad un carácter pre o anticonstitucional, anacrónico y llamativo en el conjunto de las capitales de España”. Asimismo, la propuesta era recuperar la denominación tradicional de las vías y plazas principales de la ciudad. El informe concluía recomendando a las autoridades inspirarse a la hora de decidir en el espíritu de concordia y reconciliación predominante durante la transición.

Llama la atención el discurso de la comisión de expertos, que no por tratarse de especialistas ajenos a la política institucional o de partidos, deja de incorporar un lenguaje que pone el acento en términos como concordia o reconciliación, tan repetidos durante la transición. El entonces portavoz municipal del PSOE, Juan José Sota expresaba su satisfacción con el informe, incidiendo en la misma línea: “…esto nos debe llevar a que esta ciudad pase página hacia la reconciliación, hacia la normalización democrática que supone superar el enfrentamiento fratricida”. Contrastan estos términos con los empleados en la actualidad por ese mismo partido, el resto de las fuerzas de izquierda y las asociaciones memorialistas y organizaciones sociales en general, que no dudan en diferenciar los bandos enfrentados en la guerra y en emplear unos términos mucho más definitorios y negativos para caracterizar lo que fue la dictadura.

Pero ni siquiera esta voluntad tan prudente de cambio era unánime. A la altura de 2001, cuando gran parte de las capitales españolas habían procedido a la sustitución de los nombres franquistas de sus calles, los servicios municipales de Estadística, Archivo y Policía del Ayuntamiento de Santander emitían informes, complementarios al de la Comisión, en los que se oponían por unanimidad a cambiar los nombres del callejero vinculados al régimen anterior, “dado el coste económico y las molestias para los vecinos que acarrearían dichos cambios”. El Servicio de Estadística fundamentaba su oposición en las gestiones que deberían hacer los vecinos: desde el cambio de escrituras hasta el DNI, se hacía constar una larga relación de trámites. El Departamento de Policía se oponía por razones similares, mientras que la argumentación del Archivo hacía referencia a cuestiones técnicas vinculadas al trabajo propio de la entidad: “Por lo que se refiere al Archivo, un cambio del callejero supondría una catástrofe similar a un incendio (…) El Archivo apela finalmente al sentido común. Espero que el sentido común impere y no se realice ningún cambio del callejero, pues los habidos desde el último siglo ya suponen un reto. A nuestra historia, a nuestra memoria y, en definitiva, a nuestro trabajo cotidiano” (El Diario Montañés 25-2-2001)

Después de tales peripecias, los cambios fueron mínimos y ejecutados con enorme parsimonia. En el mismo 2001, las plazas del Generalísimo y de José Antonio pasaron a denominarse Plaza del Ayuntamiento y Plaza Pombo, respectivamente. Eran, por otra parte, los nombres con los que la gran mayoría de la población santanderina las nombraba. Entre 2002 y 2015 se procede al cambio de un número muy reducido de calles (Pilar Primo de Rivera, General Mola, Falange Española) y a la retirada de algunos monumentos (monolito del Alto de Miranda, monumento a los italianos de la plaza de Italia, cañón del barco del Almirante Cervera, monumento a los caídos en el barco Alfonso Pérez, el de la explanada del faro de Cabo Mayor, monumento a los Alféreces Provisionales). En 2008 fue retirada por fin la estatua ecuestre de Franco, situada en la Plaza del Ayuntamiento. Asimismo, en 2015 le fue retirado a Franco el título de alcalde honorario, las llaves de la ciudad y la medalla de oro de Santander (Eldiario.es, 29-10-2015).

En 2016 una Comisión de Estudio formada a instancia del Consejo Municipal de Cultura, abordó de nuevo la cuestión del callejero. Estaba integrada por los siguientes miembros:

Francisco Gutiérrez Díaz, Miguel Ángel Castañeda Pérez, Antonio Santoveña Setién, Juan Antonio González Fuentes, Salvador Carretero Rebés y Javier Antolín Montoya y las Sras. Yáñez-Barnuevo, Amparo Coterillo Pérez y Miriam Díaz Herrera, que actuaría como presidenta; así como por las siguientes personas ajenas al Consejo designadas por el Sr. Alcalde en su calidad de expertos: Sres. Ramón Saiz Viadero, Jesús Laínz Fernández y Francisco Ignacio de Cáceres Blanco (Informe Final de la de la Comisión de Estudio constituida en el Consejo Municipal de la cultura sobre la aplicación a nuestro municipio de la Ley 52/2007, Santander, 30 de marzo de 2016). Estos dos últimos miembros declinaron formar parte de los trabajos por no estar de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica.

Se recomendó lo que debería ser una obviedad: la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Para sustituir los nombres que deberían ser eliminados, se proponía introducir nombres de entidades, valores sociales reconocidos, hechos históricos, lugares, fechas significativas para la ciudad, actividades históricas asociadas históricamente a áreas urbanas y a bienes pertenecientes al patrimonio inmaterial de la ciudad. Como criterios específicos, abogaban por conservar o recuperar las denominaciones antiguas u originales, si existiesen. En especial si se trataba de términos populares o arraigados, anteponiendo los que tuvieran vinculación con Santander o Cantabria, pero sin excluir los nombres de relevancia universal. También recomendaban dar mayor visibilidad a los nombres femeninos con el objetivo de ir equilibrando en el conjunto del nomenclátor la presencia de hombres y mujeres. En cumplimiento de estas recomendaciones, el pleno del Ayuntamiento celebrado el 31 de mayo de 2016 acordó retirar del nomenclátor municipal de Santander, las siguientes calles: Alcázar de Toledo, Alto de los Leones, Alféreces Provisionales, Belchite, Brunete, Camilo Alonso Vega, Capitán Cortés, Carlos Haya, Columna Sagardía. División Azul, García Morato, General Díez de Villegas, General Dávila, General Moscardó, Montejurra, Ruiz de Alda, Sargentos provisionales y Zancajo Osorio.

Las recomendaciones de la Comisión tampoco fueron ejecutadas por el Ayuntamiento con especial diligencia. Los años trascurrieron sin que desde la Alcaldía se implementaran los acuerdos del Pleno, hasta el punto de que el acuerdo de 2015 que retiraba los honores concedidos a Francisco Franco no había sido ejecutado mediante los pertinentes trámites administrativos. La irritante lentitud del Ayuntamiento de Santander en proceder a la aplicación de las Leyes de Memoria impulsó las reiteradas demandas de las asociaciones memorialistas para adecuar el callejero santanderino a las mismas. Desmemoriados presentó un escrito al Ayuntamiento de Santander solicitando el cambio de dos de las calles más importantes de la ciudad, por centralidad y longitud (Camilo Alonso Vega y General Dávila). La negativa del Ayuntamiento movió a la asociación a la presentación de un recurso el 3 de mayo de 2023 ante la Fiscalía Superior de Cantabria, incluyendo ya todas las calles que incumplían la Ley de Memoria Democrática, por entender inaceptable que una entidad pública como el Ayuntamiento se negara reiteradamente al cumplimiento de la ley. En junio de 2024, un grupo de ciudadanos/as de Santander, siguiendo el llamamiento de la Plataforma Memoria y Democracia, presentó una nueva denuncia. La Fiscalía Superior de Cantabria no admitió a trámite estos recursos, pero la implantación de la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, cuyo cargo fue ocupado por Carlos Yañéz, permitió por fin conseguir el objetivo. En febrero de 2025, a instancias de cuatro asociaciones memorialistas (Archivo, Guerra y Exilio, Colectivo Memoria de Laredo, Desmemoriados. Memoria Colectiva de Cantabria, y Héroes de la República y la Libertad) el sr. Yáñez envió un requerimiento al Ayuntamiento de Santander que dejaba poco lugar a las dudas, como muestran algunos términos del escrito:

“Ensalzar o enaltecer públicamente a criminales de la dictadura fascista a través de nomenclaturas en las vías públicas del municipio de Santander, constituye un acto de normalización de una realidad criminal, que oculta la historia de los que sufrieron la represión y niega el derecho de reparación de las víctimas”.

También era muy explícito en la valoración de la actitud mantenida por el consistorio santanderino: “El Ayuntamiento de Santander, hasta el día de la fecha, no ha ejecutado sus propios acuerdos para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Memoria Democrática. Se ha situado de forma consiente y deliberada en una posición inadmisible de ”rebeldía“ frente al cumplimiento de la ley. Desde la perspectiva de los servidores públicos, resulta especialmente grave la transgresión pública de la ley mediante acciones, omisiones, dilaciones o transformaciones absolutamente injustificadas”. (Escrito de la Fiscalía Comunidad de Cantabria. Diligencia preprocesal. Dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Santander. Torrelavega, 24 de marzo de 2025).

Ante la dura requisitoria, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, accedió por fin al cambio de la denominación de las calles que constaban en el escrito del fiscal de sala. Igualmente, por fin le fueron retirados a Franco el título de alcalde honorario, las llaves de la ciudad y la medalla de oro de Santander, así como la Medalla de Oro de la ciudad a Luis Carrero Blanco (Resolución publicada en el BOC, 7 de mayo de 2025).

Se trata, sin duda, de un triunfo de la constancia y el esfuerzo de las asociaciones memorialistas, una parte importante de la ciudadanía, organizaciones sociales y partidos políticos (con mención especial para los pocos concejales que chocaron insistentemente contra la tozudez mayoritaria en el Consistorio) que no han dejado de pelear por llevar a las calles de Santander algo de dignidad. No todo el camino está hecho; para hablar de un callejero democrático y trasmisor de valores positivos harían falta más pasos, pero al menos se ha cerrado una etapa demasiado cruel y demasiado larga.

*Agradecemos a Antonio Santoveña y Miguel Saro la información facilitada para la elaboración de este artículo.

Hace unos años el Gobierno cántabro eligió el lema 'Cantabria infinita' para fomentar el turismo en nuestra comunidad. No cabe duda de que fue un éxito y se popularizó de manera casi inmediata utilizándolo como reclamo en FITUR, en la cartelería presente en carreteras y aeropuertos y hasta en la mismísima Feria del Libro del Retiro madrileño. Con él se intentaba identificar nuestra comunidad autónoma con grandes paisajes, playas de arena fina y un clima templado frente a las olas de calor que azotaban y azotan el sur peninsular.

Junto a esta naturaleza extraordinaria, Cantabria cuenta con un impresionante patrimonio histórico y artístico que, como queremos poner de manifiesto, sufre en gran medida la desidia y el abandono de las distintas administraciones e incluso de la Diócesis de Santander.

Si hay un ejemplo paradigmático de lo que estamos hablando, la capital de nuestra comunidad autónoma se lleva la palma. Santander es, sin lugar a dudas, la capital del norte de España que más ha despreciado su pasado y menos ha hecho por conservarlo, refugiada siempre tras los daños causados por la explosión del 'Cabo Machichaco' o el incendio de febrero de 1941.

Ciudad gobernada desde las primeras elecciones municipales democráticas en 1979 por partidos de centro y de derechas, ha visto convertido su paisaje urbano en una amalgama de despropósitos, siempre en torno al tópico de poseer la “bahía más bonita del mundo”.

La ciudad que pretenciosamente titularon como “Atenas del norte” en la década de los 50-60 del siglo pasado se permite, entre otras cosas, dejar que un auténtico tesoro bibliográfico legado a la ciudad por Marcelino Menéndez Pelayo permanezca cerrado a cal y canto desde hace años y en un ignoto estado de conservación después de un incendio que todavía a día de hoy sigue sin aclararse sus orígenes y sus consecuencias. Dicho fuego también afectó al Museo de Arte santanderino cuyo edificio se ha restaurado recientemente aunque su fondo permanezca casi invariable desde hace tiempo.

Otro ejemplo de la “eficacia” del grupo municipal que dirige la ciudad lo encontramos en una zona tan emblemática como El Sardinero, donde al desarrollo urbanístico incontrolado desde 1960 se une la mal llamada “reforma” de la plaza de Italia, plaza del Pañuelo hasta la victoria franquista, donde se ha roto el conjunto urbano que formaba junto al Casino con el pretexto de realizar unas obras que pusieran fin a las habituales inundaciones que sufre la zona.

Pero si algún lugar da muestras de un absoluto abandono lo constituyan las calles del viejo Cabildo, último vestigio perediano de la ciudad. Situado frente al Ayuntamiento, su estado abochorna a cualquier ciudadano con un mínimo de sensibilidad al respecto. Pese a las numerosas promesas realizadas a sus ya escasos habitantes, la situación no ha variado un ápice, posiblemente en espera de algún grupo inmobiliario que pueda construir en una zona tan privilegiada con el visto bueno de los poderes fácticos de la capital.

Estos pocos ejemplos contrastan con la eficacia y rapidez con las que gestiona las obras el Partido Popular cuando las obras son patrocinadas por entidades conocidas por todos los cántabros.

Hablar solo de esta ciudad ocuparía un espacio lo suficientemente extenso como para llenar un denso volumen pero, por desgracia, en el resto de la comunidad nos encontramos con muchos casos similares como se pueden consultar en la Lista Roja que elabora la asociación Hispania Nostra.

El abandono no se centra en un punto sino que se extiende de este a oeste y de norte a sur. Son testigos de ello la ermita de San Juan de Socueva, en la cuenca del Asón, las pinturas del lazareto de Abaño en San Vicente de la Barquera, el ya citado caso de Santander o el daño de restos protohistóricos en Valdeolea, por ejemplo.

Hasta ahora estamos citando edificios o espacios públicos, pero otro punto preocupante lo encontramos en el deterioro que sufre y puede sufrir la enorme riqueza subterránea de Cantabria. Nuestra comunidad cuenta con más de 10.000 cuevas y se calcula que al menos un 10% de ellas tienen interés histórico y posiblemente al menos 100 de ellas contengan arte rupestre y en gran número, carecen de un mínimo de protección poniendo en peligro tanto su interés geológico como prehistórico.

¿Cómo es posible que suceda esto? La respuesta es compleja porque somos muchos los responsables, pero sin duda la mayor responsabilidad recae en la administración autonómica y en la municipal agravada en muchas ocasiones por los intereses particulares, por el desconocimiento ciudadano y por el desprecio hacia lo público.

La principal responsabilidad recaería en la Consejería de Cultura. Sirva como ejemplo la paralización que sufrió la publicación del catálogo monumental de Cantabria que iba a constar de siete volúmenes y solo se publicaron los tres primeros. Sin embargo, nos consta que había documentación recogida por profesores de la Universidad de Cantabria para haber podido continuar con la labor de dar a conocer toda la riqueza artística inventariada, parece ser que razones políticas fueron la causa de su paralización.

Otro de los problemas a tener en cuenta es la atomización en distintas sociedades regionales como es el caso de Cantur o la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, creadas para fomentar el turismo y la cultura pero cuyo fin parece más cercano a satisfacer intereses políticos.

La administración municipal y sus concejalías de Cultura han ayudado en muchos casos a acercar a la ciudadanía los valores de sus pueblos y ciudades contando con fondos muy escasos para desarrollar esta función, pero también es cierto que en algunos casos han priorizado otros intereses.

Por último, hay que señalar que la ciudadanía, con nuestra actitud y nuestro voto, somos corresponsables de cuidar, respetar y divulgar la riqueza de un patrimonio que no nos pertenece, pero tenemos la obligación de respetar y hacerlo respetar.

Si un grafiti es una irrupción de la escritura en un lugar no legítimo, como dice la profesora Leila Gándara en su libro titulado 'Graffiti', o como lo define el diccionario de la RAE, “sin autorización en lugares públicos”, ¿qué es entonces una pegatina? Ese “adhesivo pequeño que lleva impreso un texto o una imagen”, o ambas, nos permitimos añadir al diccionario. 

Una pegatina es lo que te dan cuando vas a una manifestación, cuando participas en tu asociación de vecinos reivindicando alguna mejora para tu barrio. También cuando promocionas el ocio del grupo al que perteneces, o cualquiera de los ejemplos que puedes recordar. Pero siempre como elemento portador de mensaje, reivindicación o lema, que busca, en lo efímero de su soporte, trascender a los media, donde su mensaje nunca llegará. Una pegatina refleja la actividad de un grupo, con una intencionalidad: es un documento. 

Hablemos de pegatinas. En Desmemoriados llevamos más de diez años empecinados en digitalizar para su conservación aquella documentación que puede ayudar a explicar procesos sociales del pasado siglo XX en Cantabria y que por su pequeñez todavía no han sido tenidos en cuenta, por lo que corren el riesgo de desaparecer, con lo que conlleva de pérdida de información. Y pegatinas hemos recopilado unas cuantas.

Siempre que accedemos a las diferentes colecciones en las que se clasifican los fondos ya digitalizados una pegatina llama la atención, una en concreto. No ha sido seleccionada por nosotros. Simplemente el sistema de archivo y posterior publicación web, por alguna razón, la seleccionó en su día para que aparezca ahí, como representación de la categoría ecologismo y es la imagen que encabeza, además, toda la categoría. 

Así que tarde o temprano tenía que ocurrir. Un día decidimos profundizar. Tirar del hilo que conecta la curiosidad con nuestro interés. Veamos: Salvemos las marismas del Asón. Firmada por el Grupo Ecologista Costa Esmeralda, GECE. Con un dibujo de Carlos de 1984 y un extraño texto, para ser una pegatina, donde aparece el Excmo. Ayuntamiento de Laredo.

En el archivo municipal no tienen esa pegatina. Lo que sí tienen es una petición al alcalde de Laredo, realizada en agosto de 1986, para la paralización de unos rellenos en Colindres, en las marismas. Por cierto, el año 1986 fue declarado año internacional para la protección de las zonas húmedas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. El escrito en cuestión está firmado por tres organizaciones: el colectivo ecologista Cuenca del Asón, GRUNAC de Castro Urdiales y nuestro GECE. La contestación fue sencilla: Laredo no es Colindres.

En este caso, la atención no la prestaremos al asunto del documento, sino al nuevo dato que aparece en el escrito: el sello de ese grupo GECE. También aparece una dirección. Buen dato para seguir tirando del hilo. Y ahí se termina el hilo. Más bien se corta. Nadie sabe nada de él, porque era una persona, con nombre y apellidos, que no pondremos aquí, pero que ya nadie recuerda en el vecindario. No podemos solicitar una entrevista para que contara las vicisitudes de ese grupo. ¿Quién fue Carlos? El autor del dibujo. ¿Cuánto duró ese grupo? ¿Por qué se formaron? ¿Cuántos y quiénes eran? Y ya puestos... ¿hicieron más pegatinas?

Buscando podemos encontrar un par de referencias a una Federación Ecologista de la Zona Oriental, en el número 5 de Anjana, pero las preguntas siguen sin poder responderse. Y releyendo nuestra propia reconstrucción de los orígenes del movimiento ecologista en Cantabria no solo encontramos más pegatinas, sino el contexto de efervescencia reivindicativa, la creación, fusión y desaparición de grupos diferentes, etcétera. Pero no conseguimos avanzar. Es lo habitual en estos hilos, se cortan de forma abrupta. Y es imprescindible asumir el fracaso. Asumir la certeza de que no sabremos más.

Vale. Ahora volvamos al principio, las pegatinas. Feli Sanz, siendo directora de la biblioteca de Bidebarrieta escribía sobre el proyecto de un archivo documental del movimiento ciudadano de Bilbao: “Estos movimientos ciudadanos, en definitiva, han formado parte de la historia de la ciudad y, por tanto, toda la documentación producida por ellos o en torno a ellos -libros, revistas, boletines, folletos, carteles, fotografías, etc., constituye una fuente de valor inestimable para el estudio de la historia local, para los investigadores y para los ciudadanos en general. Sin embargo, gran parte de esa producción no ha sido recogida de forma sistemática y corremos el grave riesgo de perderla”.

Esto lo tenemos claro, pero habla de tipos de documentos en su detalle, sobre los que no reparamos en cuanto a su valor documental, y no solo hablamos de pegatinas: libros de contabilidad, folletos, pasquines, carteles, chapas, fotografías... que nos resultan difíciles de recopilar en estos movimientos ciudadanos, asociaciones, grupos o como quieran denominarlo las personas que sobre ellos estudian. Y son imprescindibles para no perder esa parte de la historia. En ocasiones, la única evidencia de su existencia.

Los archivos de este tipo de temáticas sociales tienen claro, tenemos clara, la importancia de estas tipologías documentales marginales. Carlos Travesí de Diego, al hablar del Archivo General de Castilla y León, recuerda cómo, en la Transición, como ahora, las pegatinas eran transmisoras de posiciones políticas. Este valor documental del que estamos hablando. Y nos cuenta el caso de un afiliado a CCOO que desde el año 1984 se dedicó a recopilar pegatinas, puesto que pensó que en algún momento servirían para documentar una historia. Una especie de literatura efímera, como los grafitis, que no se guardaría en ningún sitio sin ese concurso individual de una persona en concreto. Sin ellas, ¿cómo se contaría esa parte de la historia?

Recientemente se ha creado el Archivo de la Democracia Riojana, ADRI, y comparte este objetivo mediante la preservación documental, y las pegatinas ocupan un especial interés para su recopilación y conservación. Pero también los documentos sonoros, audiovisuales, etc. Toda esta recopilación documental para ayudar a las personas que tengan preguntas que hacerse, y quieran encontrar respuestas a partir de evidencias. Certezas documentales, no especulaciones u opiniones. Elena Castro, Historias con-tacto, cuenta ese interés de investigadora y ese acercamiento al grupo social que se estudia a través de esos documentos:

“De hecho, no me siento del todo conectada al archivo hasta que no conozco sus documentos más íntimos: las cartas de amor, las entradas de los diarios, las chapas, las pegatinas de colectivos, los lemas de manifestaciones, las camisetas, los carteles, las cartas de bares de lesbianas, los objetos cotidianos que me acercan estas historias”.

Así que incluso las pegatinas han de ser tratadas con la reverencia con la que tratamos a otros documentos a los que les damos un valor intrínseco superior, solo por su forma o soporte. Pero también podemos terminar dotando a objetos de ese valor documental, si las circunstancias lo exigen o propician.

Invocando un método arqueológico, como usamos el archivístico, las cosas pueden contarnos cosas no escritas por nadie. Pueden corroborar lo que alguien ha contado convirtiéndose en verdaderos documentos que estamos obligados a preservar. Esther López, en El arte de invocar la memoria, cuenta perfectamente esta función de determinados objetos. Y ahora, puede que entendamos la importancia de los hallados en la cueva que sirvió de refugio a la Brigada Machado. Un hito que permitirá documentar y así mejorar, completar, corroborar, la historia que ya sabemos.

Quien guarda halla, y esa es la función de los archivos: guardar. Guarda todo lo que refleje la actividad del grupo al que perteneces. Algún día quizá ayude a entender por qué las cosas sucedieron de una manera y no de otra. Y no confíes en que “la nube” cumpla esa función. No lo hará. Lo perderás todo. No habrás existido, y tu reivindicación tampoco.

En esta historia lo único que es cierto, por palpable, es la carta. Por ella han pasado algunos días menos de 87 años. Por tanto, es una venerable anciana, con su tono amarillento, con sus arrugas y con las señales, tan ciertas como real es la carta, de una decrepitud mal admitida. 

No esperen los lectores habituales de estas crónicas desmemoriadas esa inflexión ligeramente académica, esa sucesión de datos firmes y creíbles que van confeccionando el traje de la verosimilitud, tan propio de cualquier estudio historiográfico que se precie. Ni siquiera esperen esa asepsia en la que se sitúa el narrador para no caer en lo personal, para no inmiscuirse en demasía en lo narrado. No. Aquí estamos hablando de memoria, recordando de memoria; estamos hilvanando las finas y frágiles costuras que unen las evocaciones de una madre ya fallecida con ese vaho en el cristal que son los cuentos antiguos de infancia pobre que guarda en un rincón de su cerebro un hijo en los últimos tramos ya de su madurez.

Estamos, en definitiva, hablando de dos memorias más o menos encadenadas, pero completamente fragmentarias: las que unen las vicisitudes del abuelo en una lejana fecha de abril de 1938 con los difusos y escasísimos pormenores de aquellos días que quedan en la memoria familiar del nieto.

El abuelo nunca hablaba de la guerra. Al menos nunca le hablaba de la guerra al nieto adolescente. El abuelo era más de silencios. O, en todo caso, de pequeñas interlocuciones en las que se entremezclaba la época de sallar las patatas con el momento de ir a segar los prados, o de arrear las vacas al bebedero. No obstante, el abuelo murió hace bastantes años y es posible que sus temas de conversación favoritos se hayan ido muriendo paulatinamente con él. Al menos en los recuerdos de su nieto mayor. 

La que sí hablaba más era su hija. O sea, mi madre.

La recuerdo a ella sentada a la estrecha mesa de la cocina de la casa en la que vivíamos, quinto piso de barrio obrero de aluvión, escuchando 'Simplemente María', la radionovela del momento, o los consejos rancios de una tal Señora Elena Francis, estrictamente dirigidos al público femenino de la época. Pero sobre todo la recuerdo, quizá porque era el rato que más nos gustaba a los dos, atenta a un programa de la radio local en el que los oyentes dedicaban canciones a sus familiares y amigos en el día de sus cumpleaños o de sus santos.

Ahí era cuando, casi diariamente, alguien, vaya usted a saber por qué, solicitaba el 'Corrido de Juan Bedoya', una canción que debía estar de moda entonces y que refería el crimen de un “cuate” mexicano de poco lustre que nada tenía que ver con nosotros, pero que para los cántabros de entonces parecía tener un especial significado. Tal vez es que traía a cuento en las mentes del paisanaje -o quizá era una especie de rebelde contraseña con la intención de no olvidar- el final legendario, unos años antes, de Juanín y de Bedoya, los últimos guerrilleros de la comarca de Liébana. Mi madre, entonces, cuando acababa la canción, me contaba a media voz y con tono de misterio los pocos detalles que trascendían de sus vidas y sus muertes en aquellos años oscuros. Era un poco novelera mi madre. Aunque ahora que lo pienso, quizá yo, ávido de sus fabulaciones, también.

Era después, en el momento en que el clima se ponía apto para las confidencias y para las historias cercanas, mientras se freían los bocartes o se guisaban los caricos para el día siguiente, cuando mi madre contaba sobre el pueblo y sobre la familia.  

Su padre, es decir, mi abuelo, había nacido alrededor de 1910. Algunos de sus hermanos, no todos, marcharon muy jóvenes a hacer las Américas, se radicaron en el estado de Florida y no regresaron jamás. Pero mi abuelo no. Él se quedó en el pueblo y fue agricultor toda su vida. O casi. 

Mi madre nació en 1936. La guerra había empezado justo tres meses antes. Nunca me explicó si para entonces mi abuelo ya se había ido a defender el Frente Norte. Tampoco sé por qué fue. Si obligado por las circunstancias y, en su caso, por el Gobierno legal de la República, como fueron tantos en uno u otro bando, o si había ciertamente una conciencia ideológica o leal que le hizo marchar. La única vez que conseguí hablar con él al respecto no se extendió mucho. Era el comienzo de la Transición y había vuelto la democracia, pero los de mi edad apenas teníamos noción de lo que era y ellos habían olvidado prácticamente para qué servía.

El caso es que no conseguí arrancarle datos concretos, más por mi inexperiencia y desconocimiento que por su falta de interés. Ni dónde había estado, ni en qué batallón, ni cuándo había caído prisionero. Solamente se extendió un poco más para decirme con muchísima ironía que no pensara que yo había sido el primero de la familia en ir a la universidad. Que él había estado antes.

Así me enteré de que su primer destino como preso de la dictadura había sido el campo de concentración que se habilitó en Vizcaya, tras los muros de la Universidad de Deusto. Y nada más. Nada más. El resto de las pocas cosas que a lo largo del tiempo conseguí averiguar se lo debo a mi madre. 

Ella me contó, sin especificar, que en su periplo carcelario como prisionero de guerra el abuelo vagó por otros lugares. 

La carta, esa carta que aparece entre los papeles de mi madre cuando ella fallece, al menos indica dos más. 

Pero antes de continuar, vamos a detenernos por un momento en esa carta, verdadera protagonista de este tortuoso ejercicio de memoria. 

El encabezamiento de la misma es un membrete, elegante y de enormes proporciones (ocupa casi la mitad de la cuartilla), de una fábrica y comercio de muebles con oficinas y almacenes en distintas poblaciones de la cuenca minera de Asturias (La Felguera, Sama de Langreo y Mieres). También aparece el nombre del propietario de la fábrica que es, a su vez, el firmante de la carta: Arturo Ezama. Hago una búsqueda en internet y compruebo con cierta sorpresa que esa empresa de muebles sigue existiendo. Incluso publicita su antigüedad en el ramo (130 años en el mundo del mueble).

Más abajo figura la fecha de envío: 5 de abril de 1938. Y tampoco podía faltar en tiempo de guerra la referencia al comienzo de la misma con aires victoriosos: 2º año triunfal. Para entonces ya había caído todo el Frente Norte y la contienda continuaba por otras latitudes de la península.

A la misma altura que la fecha aparece estampada con típica tinta azul la efigie de Francisco Franco con gorro cuartelero (denominado de forma castiza como chapiri), que se haría usual durante una época en todo tipo de documentos, e incluso en fachadas de edificios, como antecedente sempiterno de su presencia en la vida de este país durante decenas de años.  

La carta se remite a mi abuelo Ángel, natural y vecino de Escalante. Sin embargo, no está dirigida a esta localidad del oriente de la entonces provincia de Santander, sino a la ciudad (o a la provincia) de Orense. En la misiva se menciona también la localidad de Castropol, enclave costero asturiano en el límite con la provincia de Lugo. Lo cual nos da pistas, someras, eso sí, del trayecto que su vida militar siguió desde que fue derrotada la resistencia del ejército leal a la República en la Cordillera Cantábrica, en el límite con la provincia de Burgos, hasta su regreso a casa varios años después.    

A este respecto contaba mi madre que ella recordaba perfectamente el día en que fue bautizada. Tendría más o menos cinco o seis años, caminaba sola, y con cara de asco le dijo alguna inconveniencia al cura cuando, dentro del ritual, este le puso sal en los labios. Todo ello debido a que su madre, mi abuela, se negó a que se bautizara a la primogénita antes de que su marido volviera de la guerra. Esto, calculando, debió producirse hacia 1941 o 1942. Para entonces mi abuelo sumaba al tiempo en el frente, el de su peregrinación por campos de concentración y batallones de trabajo más el tiempo de lo que se dio por llamar “la mili de Franco”, que afectó a muchos soldados republicanos y que solía durar aproximadamente tres años. 

Pero, volvamos a la carta. En la localidad de Castropol, que se menciona en la misma, existió desde agosto de 1937 hasta febrero de 1943 un campo de concentración formado por barracones a la orilla del mar, el de Arnao, que en su primera fase albergó como prisioneros a soldados de la República y posteriormente a familiares, enlaces y colaboradores de la guerrilla. Es muy probable, por tanto, que en el periplo del soldado Ángel Haya Haya el campo de Arnao fuera una de sus estaciones, al menos hasta fechas anteriores al 17 de marzo de 1938, tal como se desprende de la carta que el señor Arturo Ezama le envía desde La Felguera.

Su siguiente destino fue, siguiendo con la misiva, algún lugar indeterminado de la ciudad o de la provincia de Orense. Del mismo modo que, siguiendo con las cavilaciones, antes del campo de Arnao pudo encontrarse detenido de forma transitoria en algún espacio habilitado dentro del área de influencia de La Felguera o de Sama de Langreo, donde pudo conocer quizá a la familia Ezama.   

Del contenido de la carta es posible extraer rasgos de la naturaleza educada y amable de Arturo Ezama, pero es difícil, desde el muro insalvable del tiempo pasado, llegar más allá y muchas preguntas, demasiadas, se quedan en el aire. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué tipo de relación se entabló con la familia Ezama para que el remitente le enviara a mi abuelo recuerdos de su esposa y de los niños? ¿Quién era Roque, el compañero de mi abuelo, y qué fue de él? ¿Era posible que en tiempos de guerra se pudiera establecer algún tipo de relación amistosa entre un prisionero combatiente de la República y una familia perteneciente, presumiblemente, a la burguesía asturiana? ¿Estaremos en nuestras conjeturas completamente desencaminados?

Una de las historias que mi madre me contaba en mi adolescencia era que mi abuelo, estando preso en algún lugar, desde una ventana veía pasar todos los días a una chiquilla camino de la escuela o de su casa y que en una de esas ocasiones se animó a tirar un papelito, una especie de S.O.S., dando su nombre y el de un compañero y solicitando ayuda, algún tipo de provisión que les permitiera sobrellevar de mejor manera la carente alimentación a la que se encontraban sometidos. En el cuento, la niña recogió el mensaje y a partir de unos días después, alguien les hizo llegar de forma reiterada una cantidad suficiente de víveres como para subsistir en aquellos días con cierta largueza.

He de reconocer que a mí, entonces y durante mucho tiempo después, esta narración me sonaba a fábula, a romance de caballeros o de princesas atrapadas en una torre por un ogro o por un padre en exceso celoso. Patrañas de un Segismundo soñador.

También me hablaba mi madre, quizá otra leyenda, del miedo que, según le contaba, atenazaba a mi abuelo en aquellos lugares de amargura y soledad cuando en muchas jornadas, casi siempre al anochecer, llamaban a voz en grito a algunos de sus compañeros de encierro. Gente que salía misteriosamente, y sin apenas despedida, por la puerta de las celdas para no volver.

Hoy, ninguno de los que me transmitieron lo relatado, ni mi abuelo ni mi madre, que de algún modo fue mi memoria de las cosas no vividas, están entre nosotros. Son el humo de la Historia. Y, por tanto, mi memoria es ya solamente este retazo viejo de papel que habla, entre líneas, de unos tiempos que únicamente supongo. Tiempos de desdicha y de fatigas que tal como acostumbraba a decir él, con muchísima sorna en algunas ocasiones, podían ser verdad y no haber ocurrido. 

Isabel Tejerina formó parte de la primera Corporación local constituida en Santander después de la dictadura, tras las elecciones municipales celebradas el 3 de abril de 1979, lo que la convirtió en la primera mujer concejala elegida democráticamente en la ciudad, dado que María Josefa Pérez Vega accedió a una concejalía en el Ayuntamiento de Santander por el tercio familiar en 1970, en plena dictadura. La fragilidad de una democracia surgida de un proceso de transición política imperfecto e incompleto se reveló a lo largo de su accidentado mandato y culminó con su expulsión del cargo, acordado por mayoría en la sesión del Pleno de 2 de septiembre de 1982.

El relato de su trayectoria comienza antes, el día 19 de abril de 1979, con la celebración de la sesión constituyente de la Corporación Municipal de Santander, tras las primeras elecciones municipales celebradas, el 3 de abril, tras 40 años de dictadura. Fue un acontecimiento histórico que generó una gran expectación y convocó a un buen número de ciudadanos que se acercaron al Ayuntamiento que se encontraba, como recogió literalmente el acta de la sesión, “repleto de público que ocupa los pasillos y las escaleras, al no poder tener acceso al interior”.

Un hecho esperanzador e ilusionante en una democracia recién estrenada, resultó sin embargo ser la génesis de un mandato plagado de irregularidades y despotismo, que ocasionó un enorme desamparo en la ciudadanía de Santander, especialmente entre los menos favorecidos. Juan Hormaechea Cazón fue nombrado en esta sesión alcalde de Santander, a pesar de no haber obtenido el mayor número de votos de los concejales recién elegidos. El acta del pleno recoge que el representante del PSOE, Jesús Cabezón Alonso, fue el candidato más votado con diez apoyos, uno más que Juan Hormaechea, aunque no llegó a los 14 necesarios para obtener la mayoría. Su elección se debió a encabezar la lista más votada, la de UCD.

Isabel Tejerina, representaba como concejala al Partido del Trabajo de Cantabria (PTC) y formó parte de una oposición de izquierdas muy minoritaria, junto con los representantes del Partido Comunista de España (PCE) Martín Silván Delgado y José Ramón Saiz Viadero, cuyos planteamientos en algunas ocasiones confluían y en otras muchas se mostraban discrepantes. Esto le llevó a sentirse muy sola e incomprendida en el Ayuntamiento, como ella misma contó en una entrevista realizada el 27 de agosto de 2019: “Yo estuve muy sola en el Ayuntamiento porque no hubo ningún pacto de izquierdas para hacer realmente una política progresista entre los partidos. PSOE y PCE estaban más al consenso, estaban más a sacar alguna cosilla. Que algunas cosas votamos juntos, pero la mayoría de las veces yo estaba bastante sola”, señaló.


Las líneas maestras de la política local que Isabel Tejerina defendió en todas sus actuaciones se encaminaban a lograr una mayor igualdad entre los ciudadanos y justicia social. Persiguió sin aliento la mejora de las condiciones de vida de la ciudad y sus habitantes, incidiendo en los barrios con mayores necesidades, así como la defensa de una mayor participación de los ciudadanos en las políticas locales. Las políticas de vivienda fueron su principal motivo de lucha, en la que contó siempre con el apoyo de su partido, el PTC y de AFEVIC (Asociación de Afectados por la Vivienda en Cantabria), a través su representante Vidal Pérez Bahillo; y a su vez la causa de su expulsión.

Las líneas maestras de la política local que Isabel Tejerina defendió en todas sus actuaciones se encaminaban a lograr una mayor igualdad entre los ciudadanos. Persiguió sin aliento la mejora de las condiciones de vida de la ciudad y sus habitantes, incidiendo en los barrios con mayores necesidades

El primer conflicto al que se tuvo que enfrentar como concejala fue el del inminente desalojo y derribo del poblado 'Canda Landáburu', popularmente conocido como “las casucas” de La Albericia, que habían sido construidas para dar cobijo a las personas que habían perdido sus viviendas en el incendio de Santander en 1941. La anterior Corporación local había cedido los terrenos en los que se ubicaba el poblado a una empresa constructora, ZAFER, S.A., a cambio de un número de viviendas sociales (80), que resultó ser absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades de todos los afectados (156) y cuyo precio estaba fuera de sus posibilidades económicas.

Los vecinos de las casucas se negaron al desalojo hasta ver satisfechas sus pretensiones de conseguir para todos una vivienda digna a un precio asequible. Y para ello solicitaron la ayuda de Isabel Tejerina. En el mes de mayo de 1979 tuvieron lugar varias asambleas de los vecinos, a las que acudieron Isabel y Vidal, y una concentración de apoyo convocada por el PTC y la Organización Revolucionaria del Trabajo (ORT), con los que se logró que se solicitara la celebración de un pleno extraordinario para tratar este tema en profundidad, moción que firmaron los concejales del PTC, PCE, PSOE y PRC. En el pleno, que tuvo lugar el 7 de junio, Isabel Tejerina y Ramón Saiz Viadero defendieron que se adoptara una solución en bloque para todos los afectados de las casucas. Isabel Tejerina, además, propuso que, dado que las 80 viviendas que ZAFER iba a construir eran insuficientes, se acordara la adjudicación prioritaria de las 216 viviendas sociales que el MOPU tenía proyectado construir en Cazoña. El pleno acordó por unanimidad destinar todas las viviendas disponibles a solucionar este problema, aunque no se concretó el modo de llevarlo a efecto.

La construcción de viviendas sociales fue un tema recurrente y causa de numerosas controversias durante los primeros años del primer mandato democrático municipal. Santander, como muchas otras ciudades del país, experimentó un enorme y desordenado crecimiento urbano, derivado del desarrollismo de los años 60 y los consiguientes movimientos migratorios del campo a la ciudad, que dio lugar a un grave problema de vivienda y servicios urbanísticos esenciales.

Ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna por carecer de los medios económicos necesarios, el chabolismo se convirtió en la única opción para muchas familias. La solución debía venir de la mano del Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y las corporaciones locales. En el caso del Ayuntamiento de Santander existía un compromiso de cesión de terrenos municipales al MOPU para que construyese viviendas sociales a un coste que resultase asequible para las personas en peor situación económica.

A este fin, en el pleno ordinario de 4 de octubre de 1979 se aprobó una moción de la Comisión de Servicios Sociales, de la que Isabel Tejerina era vocal, para destinar terrenos urbanizables de Cazoña y La Albericia a la construcción de unas 3.000 viviendas sociales, con lo que se solucionaría el grave problema de vivienda del municipio, y propuso igualmente la elaboración de un censo de necesidades de viviendas sociales, en la que deberían participar los ciudadanos.

Todos los miembros de la Corporación estaban de acuerdo en la necesidad de construir viviendas sociales, pero se discrepaba en el modo de hacerlo. En el pleno ordinario de 17 de abril de 1980 volvió a discutirse este tema en relación a un proyecto para construir unas 2.000 viviendas de protección oficial en el Cierro del Alisal. Había dos posturas muy claras sobre la mesa. La primera, promover viviendas más económicas en promoción directa o a través del MOPU, que ofrecían mejores condiciones a las familias con menos ingresos, postura defendida por Isabel Tejerina y los concejales de PCE, Martín Silván y José Ramón Saiz Viadero. La segunda, la promoción de suelo urbano para construir viviendas de protección oficial, un sistema que imponía precios mucho más altos y peores condiciones de financiación, pero que beneficiaba a las empresas constructoras al darles más margen de beneficio, opción defendida por UCD y que finamente resultó ser aprobada por mayoría.

En el pleno de 5 de marzo de 1981 se aprobó una moción para sacar a subasta la cesión de un solar en La Albericia, propiedad del Ayuntamiento, para la construcción de viviendas sociales, a lo que se opuso Isabel Tejerina y los concejales del PCE por entender que el sistema de subasta encarecería el precio de las viviendas haciéndolas inaccesibles para la mayoría de los trabajadores. El alcalde mencionó que iba a mantener contactos con varias empresas constructoras y que ya tenía una propuesta de la constructora López Pablo. Parece que el alcalde ya había tomado una decisión y comenzado las gestiones para ejecutarla, antes de que la cuestión fuera sometida al Pleno, lo que reflejaba su baja estima por los procesos democráticos.

Hubo otros muchos frentes en los que Isabel Tejerina estuvo en liza con el alcalde, como la subida desorbitada de las tasas municipales, la imposición de contribuciones especiales a los ciudadanos para los financiar los servicios en los barrios más pobres, la oposición a la propuesta para que se concediera al rey Juan Carlos el Premio Nobel de la Paz -en la que se quedó absolutamente sola y que provocó que sus declaraciones fueran llevadas por el gobernador civil al Ministerio Fiscal por entender aquel que podían ser constitutivas de delito-, la compra de los campos del Racing, la adjudicación directa de determinadas obras o la aprobación de los presupuestos municipales de 1982 por el terrible endeudamiento al que había llevado a la ciudad la mala gestión económica municipal.

No hay que olvidar las malas formas y los insultos proferidos por el alcalde hacia ella, algunos de los cuales se pueden leer en el acta del pleno de 6 de noviembre de 1980, que reproducimos literalmente tal y como aparecen en dicha acta: “La considero a usted una persona totalmente indeseable, una persona totalmente irresponsable, totalmente carente de ningún sentido de la dignidad y totalmente carente de la categoría para representar aquí a nadie de Santander”.

Isabel Tejerina fue una fiel defensora de los sectores más castigados de la población. Y estar al lado del más débil defendiendo sus derechos la llevó hasta los tribunales y puso fin a su mandato de concejala de Santander

Se puede decir que Isabel Tejerina fue una fiel defensora de los sectores más castigados de la población. Y estar al lado del más débil defendiendo sus derechos la llevó hasta los tribunales y puso fin a su mandato de concejala de Santander. El día 24 de septiembre de 1979 la Policía Nacional ejecutó el desalojo de Pedro Cruz Martínez, su esposa y sus tres hijos de la vivienda que ocupaban en el Grupo Santos Mártires en la calle Cervantes de Santander, un piso de protección oficial que llevaba ocho años vacío y abandonado por sus propietarios, lo que suponía un flagrante incumplimiento de la normativa sobre viviendas protegidas.

Una vez desalojada la vivienda, acudieron, en apoyo de la familia Cruz, Isabel Tejerina, Vidal Pérez Bahillo y otros activistas del PTC y AFEVIC, que ocuparon de nuevo el piso como medida de presión, en un acto de desobediencia civil. En el exterior de la vivienda tuvo lugar una concentración de protesta que había sido convocada previamente por AFEVIC. La policía reaccionó con violencia; un total de 18 policías nacionales sacaron por la fuerza y detuvieron a los ocupantes, entre ellos Isabel Tejerina, y a algunos manifestantes, que fueron puestos a disposición judicial; tres de ellos, Félix Churiaque, secretario General del PTC, Vidal Pérez Bahillo de AFEVIC y el ocupante de la vivienda Pedro Cruz, pasaron tres días en la Prisión Provincial en régimen de incomunicación.

Isabel Tejerina fue condenada por la Audiencia Provincial en sentencia de 25 de mayo de 1981 por los delitos de desacato y resistencia a la autoridad a tres meses de arresto mayor y 20.000 pesetas de multa, y a las penas accesorias de suspensión de cargo público, profesión y sufragio, mientras durase la condena; sentencia que devino firme el 19 de noviembre de 1981. Haciendo una interpretación torticera de la ley, el alcalde consideró que el pleno de la Corporación, recurriendo a la fórmula de “darse por enterado” de la sentencia, podía declarar la incompatibilidad de Isabel Tejerina con el cargo de concejala y en consecuencia cesarla en el mismo. De tal forma que incluyó la propuesta de cese en el orden del día del pleno de 2 de septiembre de 1982, el último al que acudió Isabel Tejerina, que se defendió con argumentos de peso, como consta en estas palabras que se recogieron en el acta de la sesión.

“Afirma que la Ley que la ha condenado a ella está sujeta a transformación y de hecho se han producido ya sentencias absolutorias a ocupantes de viviendas. Cree que su actuación en la ocupación de la vivienda lo merecía y hasta lo exigía, y que no tiene dolor de corazón ni propósito de enmienda. Defiende que las cosas tienen que modificarse y paga gustosamente el precio político de su posible cese como concejala por ese hecho. Manifiesta su absoluto rechazo al procedimiento seguido y a la misma Ley que elimina de las instituciones a un representante del pueblo como consecuencia de una acción política […] Si deciden mi cese, saldré con la cabeza bien alta a nivel personal, no me siento derrotada, humillada ni ofendida. Mi salida del Ayuntamiento supone mi retirada de la política, quizá provisional, porque mantenga la esperanza de que las cosas han de variar”.

El cese fue votado y aprobado por mayoría, con la oposición de los concejales del PSOE, PCE, PRC y de la propia Isabel Tejerina, y con la desaprobación del numeroso público asistente al pleno que durante toda la sesión mostró su desacuerdo con gritos, silbidos y protestas. El alcalde ordenó el desalojo de la sala y ante la negativa ciudadana, requirió a la Policía Local que lo hiciera por la fuerza. ¿A qué nos recuerda esta forma de proceder? Tal y como se recoge en el acta del pleno, se produjeron “actos de violencia, empujones y gritos, quedando finalmente despejado el recinto de público, tras violentos forcejeos”. Estos acontecimientos tuvieron una gran trascendencia mediática, llegando incluso a la prensa nacional.

Aquí terminó la carrera de Isabel Tejerina dentro de las instituciones políticas, aunque no su lucha por la justicia social en la que perseveró incansable hasta el fin de sus días.

Con el alto el fuego reciente se abre un paréntesis en la tremenda operación de castigo que Israel ha ejecutado en Gaza. Incluso ahora mismo, esa operación no se ha detenido en Cisjordania. En Cantabria ha habido innumerables actos de protesta y solidaridad con el pueblo palestino. Llamó la atención la jornada de abril en Cabezón de la Sal. Este mismo mes de enero en Santander ha habido una imaginativa representación, el sábado 11 en la plaza del Ayuntamiento, y una manifestación el último sábado, día 25. Sin embargo, se puede afirmar que ninguno de esos actos ha alcanzado la repercusión de lo ocurrido en agosto de 1982, en el Festival Internacional de Santander (FIS).

En aquel momento faltaban ocho años para la inauguración del Palacio de Festivales de Cantabria. Aquella edición del FIS todavía se celebró en las instalaciones provisionales que cada verano se montaban en la Plaza Porticada, en las que el repiqueteo de la lluvia no era un acompañante desconocido para la orquesta o las voces de los actores y actrices. Una jornada de aquella edición tuvo una alteración bastante notable. Un intento de boicot al concierto que ofrecía la Orquesta de Cámara de Israel en la ciudad se saldó con algunas magulladuras debidas a una intervención policial desmedida y tuvo repercusiones diversas a escala local, nacional e internacional.

El mismo día en el que dábamos por terminado el primer borrador de este artículo, 15 de enero, se conoció la noticia de un alto el fuego que debería empezar el domingo 19, horas antes de la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos. La situación que se vive en Gaza y Cisjordania desde hace más de 15 meses hace ser muy incrédulos respecto a una solución efectiva y duradera del conflicto. Ya nos preguntamos al empezar a preparar este artículo qué había ocurrido entonces para que, en una ciudad como Santander, en pleno verano, se diera una acción semejante. Año 1982 y un intento de boicot a una orquesta de Israel. Inmediatamente, idea de una respuesta a la matanza en los campos de refugiados de Sabra y Chatila, en Beirut. Pero cuando se inicia la comprobación, hay que ir más allá. La jornada alterada del FIS ocurrió exactamente un mes antes de esos hechos. No sirve la explicación simple y hay que seguir indagando.

Resumir el marco histórico de un conflicto que ya sobrepasa los tres cuartos de siglo no es tarea sencilla. Tampoco es el propósito de este artículo y no se puede olvidar lo ya mencionado: el conflicto lleva ahora mismo más de 15 meses en las primeras planas de todo el mundo con casi 50.000 víctimas del lado palestino. La respuesta israelí al brutal atentado de Hamás de octubre de 2023 figura ya entre los peores hitos de ese conflicto, que tiene cuatro guerras abiertas –1948/1956/1967/1973– entre Israel y los países árabes vecinos. Con un resultado común, las derrotas árabes y la ampliación territorial de Israel respecto a los límites de 1948.

Además de las guerras ha habido intentos puntuales de paz, los acuerdos de Camp David en 1978, los de Madrid de 1991 y de Oslo de 1993. El reconocimiento de la Autoridad Palestina por parte de Israel, las protestas palestinas por la falta de desarrollo de los acuerdos: Intifadas de 1987 y 2000. La primera operación de castigo en Gaza en 2001, con la destrucción del aeropuerto que durante unos pocos años había dado cierta idea de independencia a los palestinos… el enfrentamiento abierto desde 2007 entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y Hamás, controlando Cisjordania y Gaza respectivamente, en lo que constituye algo muy cercano a una guerra civil con periodos más y menos álgidos. Algo parecido a una tercera Intifada se produjo en 2017 como respuesta al traslado oficial a Jerusalén de la capital del estado de Israel. Entre todos esos hitos del horror, la invasión del Líbano por parte de Israel en el verano de 1982 es la clave que explica la acción de protesta ocurrida en el Festival Internacional de Santander.

Entre 1975 y 1990, diversos grupos aliados con países vecinos lucharon unos contra otros en la guerra civil que asoló Líbano. Las luchas internas y las masacres entre estos grupos se llevaron miles de vidas. A la matanza de Karantina, cometida por las milicias cristianas libanesas con apoyo sirio, respondió la OLP con la masacre de Damour. En agosto de 1976, los falangistas libaneses asesinaron a 3.000 palestinos en el campamento de Tel al-Zaatar. En total, unas 150.000 personas murieron como consecuencia de la guerra civil libanesa.

Desde principios de los años setenta, cuando la OLP fue expulsada de Jordania –Septiembre Negro– empezó el ataque a Israel desde el sur del Líbano y el ejército israelí contestaba bombardeando las posiciones palestinas. Un atentado fallido contra el embajador israelí en Londres por parte de una facción palestina enfrentada a la OLP fue utilizado por Israel para comenzar una invasión del Líbano a gran escala, –junio de 1982– justo en el momento en que la OLP respetaba un alto el fuego como justificaron las fuerzas de interposición de la ONU –UNIFIL–.

Incluso la oposición israelí acusó a su propio gobierno de llevar al país a la guerra. En agosto, Estados Unidos patrocinó un nuevo alto el fuego y la OLP pidió y recibió garantías de los estadounidenses de que los israelíes no entrarían en Beirut Oeste. El 15 de septiembre de 1982, dos divisiones del ejército israelí al mando de Ariel Sharon, ministro de Defensa, entraron en la zona. Este movimiento suponía la ruptura de un acuerdo con Estados Unidos y una violación del alto el fuego. Esa misma tarde los tanques de Israel empezaron el bombardeo de los campamentos de refugiados de Sabra y Chatila… Cuando se producen estos hechos que asombraron al mundo entero, ya había pasado un mes de la acción ocurrida en el Festival santanderino.

Una de las primeras crónicas del suceso ocurrido el sábado 14 en el Festival de La Porticada se publicó en el diario El País del lunes 16 de agosto e iba firmada por Víctor Gijón, corresponsal entonces en Cantabria del periódico madrileño. Tratamos con él de sondear el recuerdo de la jornada sin mucha explicación previa. El periodista exhibe buena memoria sobre los grandes hechos que le tocó colocar en la edición nacional en aquel mes de agosto. La ciudad suele dar titulares importantes, fundamentalmente por actividades de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Por ejemplo, recuerda como a las pocas horas de la convocatoria electoral que daría lugar a la victoria del PSOE en octubre, el vestíbulo del Palacio de La Magdalena estaba lleno de maletas. Hubo un cierto éxodo de todos cuantos creían que, en aquella situación, tenían que estar cerca de Moncloa y de la Carrera de San Jerónimo. También, poco antes del concierto que nos ocupa, fue noticia la destitución como concejala de la recientemente fallecida Isabel Tejerina. Y el mismo fin de semana de los conciertos, ocupó portadas nacionales un acto en la ciudad de Landelino Lavilla, que trataba de mantener la llama del legado de Adolfo Suárez.

Nos da también dos informaciones que no habían salido en los recortes de prensa que habíamos podido reunir. Ambas relacionadas. Uno de los fotógrafos más relevantes de la región estaba en el concierto. Pablo Hojas había hecho diversas tomas desde las primeras filas, junto al escenario, pero cuando surge el incidente en las últimas, las más baratas, dirige hacia allí su cámara y dispara decenas de veces, hasta un momento en que es detenido y no muy bien tratado por la Policía Nacional. Pablo Hojas había inmortalizado la represión bastante radical que se había efectuado sobre los portadores de la pancarta y los situados en las cercanías.

Tenemos ahí un cierto misterio difícil de resolver salvo que el enlace se identifique. Cuando en la Comisaría situada a pocos metros del recinto del Festival le abren la cámara, el carrete no aparece. Pablo dice que se le había olvidado colocarlo. Que le pasa a veces. Nadie se lo cree. En esos momentos el carrete ya está a punto de entrar en alguna rotativa. Pablo se lo ha pasado a un colega de una manera inadvertida para todos menos para los dos protagonistas. No tenemos la identidad del compañero. Pero alguna de las fotos de la violenta intervención policial, publicada en primera página en algún diario, le cuesta el puesto al gobernador civil, destituido dos semanas más tarde. Emilio Contreras Ortega ocupó un puesto en el Ministerio del Interior hasta diciembre, cuando fue relevado tras la toma de posesión del primer Gobierno de Felipe González.

Pocos días más tarde, más cerca de Navidad, una mañana más templada y nubosa, charlamos con Marcos Gutiérrez. Fue uno de los organizadores de la protesta. Tenía poco más de 20 años y acababa de terminar el servicio militar obligatorio. Gozaba de buena forma física, hacía buen papel en las competiciones de 100 metros y eso le libró de pasar por la Comisaría aquella noche. Nos deshace una primera idea preconcebida: El acto de protesta era conocido. Los días previos las organizaciones convocantes Movimiento Comunista (MC), Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y Juventud Obrera Cristiana (JOC) lo habían anunciado mediante el reparto de panfletos, y había sido recogido en la prensa local incluso con alguna foto. Por lo tanto, el despliegue policial era importante y no solo por la proximidad de la Comisaría de la Policía, situada en la entrada trasera del Gobierno Civil, la que se abre a los soportales de La Porticada.

La cifra de participantes que aporta Marcos Gutiérrez no difiere mucho de la publicada en la prensa: Algo más de 30 jóvenes, situados en las filas más altas, las más alejadas del escenario y las más baratas, pero añade que había también en el concierto, en las primeras filas, en las localidades más caras, algunas personas mayores, con empleos estables, que podían acceder a esas localidades más caras, algo así como “vips” comprometidos con la protesta. Entre el público “normal” aunque hubo adhesiones, el rechazo se impuso a la acogida. Incluso alguna figura de la izquierda local se pudo distinguir entre los que rechazaron la protesta, argumentando que una cosa era la cultura y otra la política.

Además de las dos organizaciones de izquierda y la juventud cristiana, en el núcleo organizador hay que situar el antecedente del Comité de Solidaridad con los Pueblos -Interpueblos- que en aquel momento se denominaba ACAPAC, Asociación de Amigos de los Pueblos de América Central. Se puede añadir que en aquella España en Transición tanto la resistencia a las dictaduras del cono sur como los movimientos armados de América Central, Frente Sandinista de Nicaragua, Frente Farabundo Martí de El Salvador… tuvieron mucho apoyo. Volviendo a los recuerdos de Marcos Gutiérrez, añade que la pancarta fue introducida en un capazo playero por Cristina Piris, cántabra que trabajaba en Valencia y que estaba en Santander de vacaciones. Otra nota que creemos absolutamente desconocida es que una de las víctimas del atentado que años más tarde efectuó ETA en La Albericia se había unido espontáneamente a un grupo que repartía panfletos la víspera y participó en la protesta.

Finalmente, hubo participantes que no habían entrado al Festival, pero que estaban en la Plaza, en el trozo que quedaba entre el recinto cerrado y las fachadas traseras de Hacienda y del Gobierno Civil, que abuchearon a la Policía cuando salía golpeando a los participantes e intentando detener a alguno de ellos. Siete fueron llevados a Comisaría y solo uno pasó la noche en los calabozos. Las repercusiones fueron muy variadas. A escala local, la prensa recogió la protesta con no mucho entusiasmo. Días más tarde hubo alguna carta de lectores indignados. Del segundo concierto de la orquesta israelí se destacó la absoluta normalidad en su desarrollo.

La prensa nacional de tono progresista informó de la protesta más ampliamente. Diario 16 llevó a la portada una de las fotos que habían volado milagrosamente de la cámara de Pablo Hojas. Probablemente la que le costó el puesto al gobernador civil. El País publicó además de la amplia crónica de Víctor Gijón, un editorial al día siguiente censurando la violenta actuación policial. La portada de Pueblo, del lunes 16 de agosto, salvo un pequeño recuadro deportivo, dedica todo el resto a noticias relacionadas con el conflicto entre israelíes y palestinos, la protesta de Santander, con foto de aquellas que velaban el rostro de los agentes y, el mayor destacado, al acto que iba a protagonizar también en Santander Landelino Lavilla, donde se esperaba la definición del futuro del centro político. Dos meses más tarde… aquella definición quedó arrasada. Hubo también ecos en prensa local de otras ciudades. Existen reseñas del Diario Palentino y del Baleares, todavía órgano del Movimiento en las islas.

Fuera de la prensa, en la escala local, hay que situar el altavoz que supone cada verano las actividades de la UIMP en La Magdalena. La protesta del sábado 14 de agosto de 1982 no fue una excepción. El mayor eco internacional de la acción de protesta en Santander fue el telegrama de felicitación de la OLP, considerada todavía por algunos países occidentales como una organización terrorista, aunque Yasir Arafat defendía que no fuera únicamente una organización armada. En un discurso famoso ante la Asamblea General de la ONU, diez años antes de estos hechos, Arafat defendió su organización como portadora de la rama de olivo de la paz al mismo tiempo que llevaba también la pistola…

En la prensa local destaca la cobertura que hizo El Diario Montañés. La portada del domingo 15 publica una de las fotos de Pablo Hojas a gran tamaño –cuatro columnas–, sin mencionar al autor. El pie de foto muestra un tono crítico con la protesta; el titular, también a un tamaño bastante exagerado, –“La policía impidió el boicot”–, pero añade que la policía actuó con violencia… En la página 3 hay una amplia reseña firmada por Chemi Pelayo con dos fotos de Pablo Hojas, en este caso firmadas. El tamaño de las fotos y del titular –a toda página–, que repite el de la portada, resalta el éxito policial al impedir el boicot, aunque vuelve a insistir en el carácter violento de la acción policial. Da una explicación confusa al hecho de la detención de Pablo Hojas y el “velado” de su carrete en Comisaría, cuando antes del cierre de esa misma noche ellos mismos publican fotos de ese autor. Se puede leer casi en su totalidad el texto de la pancarta y se confirma que la invasión del Líbano por parte de Israel es el motivo de la protesta.

En la página 11, en la sección de Opinión, un recuadro firmado con seudónimo, Victoria, que a esas horas solo puede haber sido escrito por alguien con acceso muy directo a la cúpula del periódico, se articula un confuso debate entre música y política, que, aunque condena la invasión del Líbano, reparte mucha estopa contra los protagonistas del intento de boicot. En la edición del martes 17, – los lunes todavía no se publicaban diarios, solo la Hoja del Lunes– se recoge la normalidad con la que se efectuó el segundo concierto, el domingo, de la orquesta israelí y se expresa la solidaridad con Pablo Hojas recogiendo también parte del comunicado en el mismo sentido de la Asociación de la Prensa.

La Hoja del Lunes del 16 publica con un tono diferente el comunicado de la Asociación de la Prensa y lamenta el trato recibido por Pablo Hojas, a quien se le habría velado intencionadamente un carrete de su cámara… pero no “el carrete”. En ese mismo número de la Hoja del Lunes hay una viñeta que sustituye la 'S' de Israel por una doble 'SS' que no requiere mucha más explicación.

Y la visión del crítico musical Francis Pardo, en ese mismo ejemplar de la Hoja, sobre lo ocurrido el sábado podría dar para otro artículo. El titular acerca la opinión del crítico: “Haydn, Mozart, la Orquesta de Israel… y los protestantes”. Después, los cifra en “una docena y algo”, rebajando al menos a la mitad la participación. Otro dato común a los desacuerdos con las protestas. Sin embargo, el señor Pardo, al que su amigo Jesús Pindado le atribuye la cualidad de “espía franquista” durante la guerra, abre la posibilidad de debatir si era, si sigue siendo, posible para criticar una acción política, negar la relación de esta con el arte en general y la música en particular. Solo un ejemplo: han pasado dos siglos desde el estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven, la mayoría de quienes la escuchan hoy probablemente la relacionen con la Unión Europea, una versión de la misma es su himno oficial, patrimonio de la Unesco… Sin recurrir a Schiller ni al significado del movimiento romántico o su relación con los nacionalismos de la primera mitad del siglo XIX… ¿Es posible divorciar la política del arte, de la música?

La historia de la Transición en España es eminentemente un relato político en el que las luchas populares suelen tener poco espacio y, menos aún, el movimiento ciudadano. A partir de 1974 las asociaciones de vecinos, las asociaciones de familia y las asociaciones de amas de casa y consumidoras se convirtieron en punta de lanza contra el franquismo y en un fuerte empuje para que los ayuntamientos fueran elegidos democráticamente.

La lucha contra la subida incontrolada de los precios, por una vivienda digna, por la urbanización de las calles, por la dotación de escuelas y centros de salud para los barrios chocaba permanentemente con las autoridades municipales nombradas por el anterior régimen, ya que no fueron elegidos democráticamente hasta las elecciones municipales de 1979. Como ejemplo de la capacidad de movilización que llegó a tener el movimiento ciudadano destaca la concentración contra la carestía de la vida que reunió en la calle Preciados de Madrid el 22 de junio de 1976 a más de 50.000 personas.

Es difícil entender el papel que desempeñó el movimiento ciudadano sin tener en cuenta cómo se construyeron las periferias de las ciudades. A partir de los últimos años 50 y durante la década siguiente se produjo una fuerte migración de las zonas rurales hacia las ciudades en busca de mejorar sus condiciones de vida. La industria y la construcción fueron los sectores que absorbieron la mayor parte de la mano de obra masculina. El espacio que quedaba para las mujeres era el de la familia o el servicio doméstico. A modo de ejemplo, Santander aumentó su población entre 1960 a 1970 en un 23%, pasando de 114.000 a 148.000 habitantes.

El cinturón de las grandes ciudades se llenó de barrios de chabolas y el centro de viviendas compartidas por varias familias. Según el Informe FOESSA de 1970, en la España de 1960 había un déficit de 985.000 viviendas. Los ayuntamientos y la Administración del Estado no solo no planificaron ni vigilaron el crecimiento de las ciudades, sino que dejaron las manos libres a los constructores, que de forma habitual no respetaron ni los planes generales, ni parciales establecidos.

El resultado fue el desarrollo de un urbanismo caótico, de excesiva edificabilidad, de viviendas de mala calidad, con calles mal asfaltadas, con serios problemas de alcantarillado y de insalubridad, que provocaba que en algunos barrios vehículos de servicios públicos, como los taxis o los camiones de basura, se negaran a entrar. Además, tampoco se había previsto la construcción de dotaciones escolares o sanitarias, lo que hizo afirmar al sociólogo Javier Angulo en 1972 que “la periferia depende del centro. El crecimiento anárquico de la ciudad hace que las nuevas barriadas se planteen sin conexión alguna entre sí, como si no la necesitaran. Y la insuficiente dotación de servicios hace que la periferia dependa, como para casi todo, del centro”.

Esto confirió a la población de la periferia una identidad vinculada al espacio que habitaba, el barrio, porque la percepción que tenían de su realidad estaba muy alejada de la que se vivía en el centro. Se refleja en expresiones tan habituales en aquellos años como “bajo a Santander” o “voy a Torrelavega”. Esta identidad y los serios problemas de habitabilidad que padecían favoreció la movilización vecinal ante las autoridades para reclamar que se atendiera a sus necesidades, incluso llegaron a acudir a los tribunales en pleno franquismo.

Las primeras movilizaciones de las que tenemos noticias en Cantabria se remontan a mediados de los años 60, muy anteriores a la creación de las asociaciones de vecinos, relacionadas con el fraude que los constructores estaban cometiendo al no descontar del precio de los pisos la subvención oficial por construir viviendas protegidas. En 1965 vecinos del barrio San Francisco de Santander tuvieron que pleitear porque les habían estafado cinco millones de pesetas. Consiguieron que el constructor les devolviera la mitad de lo cobrado y el compromiso de urbanizar el barrio, obra que no realizó, y que dio origen a que años después se creara la asociación de vecinos. Por las mismas fechas, vecinos del barrio Covadonga de Torrelavega lograron, por la mediación del abogado Mario García Oliva, que el constructor les devolviera lo que había cobrado de más.

La Ley General de Asociaciones de 1964 reguló la creación de asociaciones cuya finalidad fuera la organización de actividades sociales, culturales, recreativas y asistenciales, siempre sujetas a la aprobación de sus estatutos por parte del Gobierno Civil de cada provincia. En los tres años siguientes se crearon 1.700 Asociaciones de Cabezas de Familia, pero no eran fruto de la organización espontánea de la ciudadanía, sino que fueron constituidas a golpe de decreto por parte de los gobernadores civiles para ser portavoces de los intereses familiares dentro del Régimen. Ese mismo año se celebró en Santander la II Asamblea General Provincial de Asociaciones Familiares. Su presidente, en el discurso ante las autoridades, explicitó la idea que inspiraba esta iniciativa: “De los tres pilares básicos del Estado español, familia, municipio y sindicato, puede decirse que solo el primero carecía de posibilidades de expresión en la vida pública”.

Cuando a partir de la mitad de la década de los 70 las asociaciones vecinales empezaron a eclosionar, la actitud de los gobernadores, a pesar de la muerte del dictador, no fue tan solícita, retrasando la aprobación de los estatutos sine die o prohibiendo la convocatoria de sus actos. A modo de ejemplo, recogemos dos comunicados enviados a la prensa de 1977. En el primero, la Asociación de Amas de Hogar y Consumidoras, tras una reunión con el gobernador civil, manifestaba su queja por llevar más de un año esperando que fueran legalizados sus estatutos.

En la misma línea se manifestaron cuatro asociaciones de vecinos “legalizadas” que no entendían como se retrasaba tanto el trámite de aprobación de los estatutos de las que estaban todavía a la espera cuando “los estatutos de las Asociaciones de Vecinos son casi una copia exacta unos de otros” y porque consideraban que “ante la tremenda falta de planificación de Santander, en particular sus barrios de nueva construcción, no se debe privar a los vecinos de una forma legal de defensa frente a la multitud de problemas de toda índole, que tienen actualmente planteados”. En respuesta, las asociaciones empezaron a utilizar la coletilla “en trámite” en sus escritos.

A partir de 1976 se intensificaron las actividades reivindicativas de las asociaciones frente a los ayuntamientos y las delegaciones provinciales de los diferentes ministerios, buscando soluciones a las carencias que tenían los barrios. Debido a la escasa respuesta recibida a sus demandas se multiplicaron las asambleas, escritos de denuncia, concentraciones, cortes de calle, etcétera, al tiempo que se iniciaron contactos entre las asociaciones para coordinarse ante problemas que les eran comunes, circunstancia que condujo a la creación de la Coordinadora Provincial de Asociaciones de Vecinos. El orden del día de la reunión celebrada en Castro Urdiales el 31 de julio de 1976 recogía sus principales preocupaciones: legalización de las diversas asociaciones provinciales; enseñanza y guarderías; publicación de la Revista de la Coordinadora Provincial; y carestía de la vida (informe y comunicado).

Acabado el año 1976 se pierde el rastro de la Coordinadora Provincial, tomando protagonismo la coordinación de las asociaciones dentro del ámbito municipal tanto en Torrelavega como en Santander.

Santander: crónica del turbulento camino hacia un Ayuntamiento democrático

En el mes de marzo de 1977 se presentó la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos a los medios, que agrupaba a siete asociaciones, en una rueda de prensa con público. Poco tiempo después, en el mes de junio, se celebraron las primeras elecciones generales en un contexto de crisis económica, donde las expresiones 'inflación', 'subida de la bolsa de la compra' y 'carestía de la vida' formaban parte recurrentemente de los titulares de los medios de comunicación, y en el que las corporaciones municipales no habían sido renovadas desde 1973.

En junio dimitió el alcalde de Santander, Alfonso Fuentes Alonso, asumiendo el cargo Juan Hormaechea Cazón, hasta entonces teniente-alcalde. Una de sus primeras medidas fue la adquisición del Palacio de La Magdalena por 150 millones de pesetas. El Ayuntamiento justificó la compra como una sustanciosa inversión, pero a las asociaciones no les convencía este argumento mientras las necesidades de los barrios no estuvieran cubiertas. Valentín Andrés, presidente de Asociación de Vecinos San Francisco decía a la Hoja del Lunes: “Decisiones de este alcance no pueden ser tomadas sin consultar al pueblo o a sus representantes, y menos aún si quien la toma es una Corporación antidemocrática como lo es ésta”.

En la misma línea, seguía argumentando que “cualquier precio, por bajo que sea, es un lujo, mientras los barrios sigan estando en estas condiciones. No hay dinero para escuelas y sí para un Palacio”. A lo que añadía Emilio Gutiérrez, presidente de la Asociación de Vecinos de Santiago el Mayor: “Tal cifra condena al pueblo a padecer durante tres años la falta de escuelas, de centros culturales, alcantarillado y una serie de necesidades”.

Por ello, solicitaban la revocación de la compra, y tal como afirmaba José Luis Liaño, presidente de la Asociación de Vecinos de Prado San Roque: “¿Cómo puede decir nuestro Ayuntamiento que ha cerrado el último balance con superávit, con problemas como los de Urbasa, aún sin resolver?”. Pregunta que quedaría clarificada a los pocos meses cuando el Consistorio anunció la subida de las tasas municipales: un 44% el billete de autobús, un 50% el recibo del agua y 167% en la recogida de basuras, lo que desató las movilizaciones de las asociaciones de vecinos y de la Asociación de Mujeres de Hogar y Consumidoras.

En un intento de paralizar las subidas, la Coordinadora convocó el 12 de mayo de 1978 una concentración frente al Gobierno Civil, donde se reunía la Junta Provincial de Precios que debía aprobar la propuesta municipal. La Junta solo anuló la subida del billete del autobús. Una semana después, el 20 de mayo, se concentraron frente al Ayuntamiento unas 2.000 personas. Pretendían hacer llegar un comunicado al alcalde, que no quiso recibirlos. El escrito que no pudo ser entregado contenía tres peticiones: que no tuviera efecto el incremento de las tasas señaladas por suponer unos porcentajes abusivos e inadmisibles; que a partir de este momento se fijase un cauce de participación ciudadana en la gestión municipal, al igual que en otros municipios del país; y que teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones municipales y la renovación de la Corporación municipal, se reiteraban en la exigencia de que no se tomaran acuerdos sin la participación popular por medio de sus asociaciones más representativas. Finalmente, en otra multitudinaria manifestación celebrada el 10 de junio, consiguieron entregar al alcalde el manifiesto contra las subidas, que este justificó por el déficit de los servicios y en que el Servicio de Aguas tenía por norma autofinanciarse.

Según recogió la prensa, la Coordinadora acusaba al Ayuntamiento de “haber realizado una política paternalista, de regalos como son la colocación de farolas o asfaltado de calles o regalos de invitaciones para actos culturales organizados por el Ayuntamiento, mientras se ha ignorado peticiones realizadas por diferentes barrios”. “Igualmente, se llega a pensar, por parte de las asociaciones, de que esta campaña de obras llevada a cabo por el Ayuntamiento esté más bien dirigida hacia la búsqueda de votos en las próximas elecciones que hacia la resolución de los verdaderos problemas que tiene el municipio”, se puede leer en los periódicos de la época.

A partir de aquí el conflicto experimentó una escalada. La Coordinadora propuso tomar contacto con las fuerzas políticas y sindicales con las que acordó impulsar una comisión de control de la gestión municipal formada exclusivamente por Asociaciones con el apoyo de técnicos de los partidos y sindicatos, al tiempo que promovió una campaña para dejar de pagar las tasas municipales.

En octubre, Hormaechea, tras una reunión con la Coordinadora, accedió a entregar a las asociaciones las cuentas del agua y la basura y llevar al pleno la posibilidad de que “las asociaciones de vecinos fiscalicen algunos aspectos de la gestión municipal”, pero sin comprometerse a reducir las tasas. Por su parte, la Coordinadora mantuvo su postura de no pagar las tasas por considerar estas abusivas, y justificó el cambio de actitud del alcalde por la proximidad de las elecciones municipales, pero sin introducir cambios significativos.

Un mes más tarde, la comisión de asociaciones de vecinos y técnicos presentó su informe sobre la financiación del Servicio de Aguas Municipal, en el que se llegaba a la conclusión de que el 50% del dinero recaudado era utilizado por el Ayuntamiento para cubrir gastos diferentes de los propios del servicio de aguas y alcantarillado, por lo que seguían considerando la subida “injusta y abusiva”. Añadían que había otras causas que encarecían el servicio: “La no realización por parte de los constructores de instalaciones de alcantarillado adecuadas a las necesidades que sus construcciones aconsejan. Estas deficiencias constantemente producen costosísimas obras de reparación que desde luego tampoco sufragan, y la benevolencia municipal con amplia tolerancia consiente”.

En enero de 1979, con las elecciones municipales ya a la vista, la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos y la Asociación de Mujeres de Hogar y Consumidoras celebraron un debate público con el alcalde en torno al problema de las tarifas de agua y basura. Juan Hormaechea aceptó las propuestas de la Coordinadora: no subir en 1979 de nuevo la tarifa del agua, ni que se tomara ninguna medida contra los que no habían pagado; que se admitiera una comisión de la Coordinadora de Vecinos para los asuntos municipales tales como subida de tasas, problemas de urbanismo, formas de pago más justas de las tarifas, etcétera, que debería empezar a funcionar inmediatamente. Y, además, que el dinero recaudado por el Servicio de Aguas fuera empleado en solucionar problemas urgentes de suministro y de alcantarillado. Con respecto a la tasa de basura, la Coordinadora mantuvo la postura de no pagar hasta que no se estudiara dentro de la comisión de control.

La Coordinadora tuvo que reiterar su petición varias veces antes de que Juan Hormaechea, renovado en el cargo de alcalde tras las elecciones municipales, llevara al Pleno la constitución de una Comisión Mixta de concejales, técnicos y vecinos. Su primera reunión se celebró en el mes de noviembre con representación de 18 asociaciones para abordar “el tema concreto de las basuras y sus tasas correspondientes, que la mayor parte de los ciudadanos -en consigna dada por la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos- no pagan desde hace tiempo”. La Coordinadora planteó como cuestiones previas que se estudiara la implantación de un impuesto progresivo y la supresión del recargo para las personas que no pagaron la tasa de basuras de 1978. Solucionados estos problemas la Coordinadora empezó a languidecer y no resurgió hasta mediados de los años 80, pero ya fraccionada y enfrentada.

En toda España la consolidación de la democracia, con la legalización de partidos políticos y sindicatos, llevó las reivindicaciones populares hacia una progresiva institucionalización y ello provocó una pérdida de fuerza del movimiento ciudadano. En parte se debió a la desmovilización social, bien porque se delegó en los cargos electos la solución de los problemas, o por el desencanto que generó el alejamiento de los partidos de la vida de los barrios. Pero también, porque en este periodo empezaron a surgir asociaciones con fines específicos (juveniles, feministas, ecologistas, culturales, deportivas…) que crecieron desvinculadas de las asociaciones de vecinos; porque las nuevas administraciones empezaron a desarrollar actividades culturales y sociales que hasta ese momento habían desarrollado en exclusiva las asociaciones; porque miembros activos de las asociaciones accedieron a trabajar en los nuevos servicios creados (escuelas taller, escuelas de adultos, servicios sociales…); y por último, que no menos importante, el intento de las administraciones y los partidos en domesticar a las asociaciones bien a través del clientelismo y la política de subvenciones, cuando no, intentando captar a sus dirigentes para incorporarlos a sus listas electorales. Todo ello sumado a la paulatina mejora de las condiciones de vida en los barrios que las propias asociaciones habían impulsado.

El 3 de abril de 1987 los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria firmaron con el entonces rector, José María Ureña Francés, un acuerdo que ponía fin a un encierro de estos en el Pabellón de Gobierno que duró tres jornadas. Tan solo una semana antes, alumnos de buena parte de las facultades y escuelas universitarias del distrito habían mantenido otra ocupación en las mismas dependencias.

Y es que la primavera de 1987 en Cantabria estuvo marcada por los conflictos sociolaborales causados por el desmantelamiento industrial emprendido en algunas comarcas, especialmente la campurriana y la oriental. La magnitud de los acontecimientos vividos eclipsa otros de menor relevancia, pero que también contribuyen a caracterizar un tiempo de cambio clave en la configuración social y económica de la comunidad autónoma.

Por ejemplo, en el otoño de 1986 los estudiantes de enseñanzas medias iniciaron una serie de manifestaciones y huelgas que pronto se extendieron al ámbito universitario, generalizándose la protesta. Las reformas emprendidas por el Ministerio de Educación, encabezado por José María Maravall, se encontraron con una inesperada respuesta en las aulas que se trasladó a las calles durante el invierno y la primavera. Su magnitud, más grande que la registrada durante el tardofranquismo, abrió un frente de conflictividad a un Gobierno del PSOE que disfrutaba de mayoría absoluta.

Estas protestas estudiantiles fueron paralelas en el tiempo a otras acontecidas en Francia, si bien en este último país se focalizaron más en la búsqueda de mejoras en la gestión y calidad educativa de la universidad. Las movilizaciones en España brotaban en un terreno fértil abonado con los restos del shock que supuso para la izquierda social la pérdida del referéndum de la OTAN, el pujante movimiento por la abolición del servicio militar obligatorio con sus distintas vertientes y formas de acción, así como los nuevos territorios de lucha que se abrían en el momento referido, enmarcados en una atmósfera de incertidumbre con cambios sustanciales en lo económico y lo social.

A todo esto, la situación laboral de España con una tasa de paro muy elevada y creciente, especialmente juvenil, y en pleno proceso de crisis industrial, provocaron la respuesta de una parte de la juventud, en general no demasiado politizada, pero que demostró tener una capacidad movilizadora muy relevante, aunque, del mismo modo, efímera. En definitiva, despertó a una parte de la población, tachada por aquel entonces de “pasota” y a la que el Gobierno y muchos medios de comunicación quisieron criminalizar caricaturizándola con el abusivo empleo de la imagen del 'cojo Manteca' que ha quedado en el imaginario popular durante mucho tiempo. Fue, posiblemente, un movimiento de respuesta que tuvo mucho de generacional y puso fin a un momento clave en la historia de la democracia española.

En Cantabria, siguiendo la convocatoria estatal, se registraron diversas movilizaciones estudiantiles. Especialmente masivas fueron la manifestación del 17 de diciembre, que paralizó las enseñanzas medias y la Universidad, y la huelga del 20 de enero.

En el caso de las enseñanzas medias el conflicto se prolongó hasta finales del mes de febrero. Por parte del Gobierno las negociaciones fueron encabezadas por Alfredo Pérez Rubalcaba en calidad de secretario general del Ministerio Educación, cargo que ocupaba desde 1986. La representación e interlocución de los estudiantes fue variable, siendo la Coordinadora, de carácter asambleario, la organización más activa y en ocasiones enfrentada al Sindicato de Estudiantes cuyo papel también fue destacado.

Las protestas de las enseñanzas medias obligaron a la apertura de un diálogo que condujo al replanteamiento y modulación de las posiciones iniciales del Gobierno, consiguiendo arrancar el compromiso de aumentar el presupuesto educativo, que la Selectividad fuese un proceso de ordenación más que de selección del alumnado, que los precios públicos de la enseñanza media, que ya eran muy reducidos, se eliminaran y los universitarios se contuviesen. Junto a esto, lograron que las políticas de becas se ampliaran, llegando a más sectores, y que las exenciones de matrícula universitaria fueran mucho más generalizadas.

Pero en la Universidad la problemática revestía unas características y alcance diferentes. La intensidad del conflicto en los campus se agudizó en los meses de marzo y abril de 1987.

La conflictividad laboral de aquel periodo en Cantabria, con los sucesos que tuvieron lugar significadamente en Reinosa en torno a la Semana Santa, sacudió la comunidad traspasando sus límites. Aquellos acontecimientos, que han dejado rastro en nuestra memoria colectiva, se solaparon cronológicamente con las movilizaciones universitarias y que, aunque con distinto origen y naturaleza, pusieron un punto y seguido en la protesta social.

La Universidad se encontraba en plena transformación. La necesidad de reformar los planes de estudios para adecuarlos al momento socioeconómico y a los requerimientos externos provocaba muchas dudas a los estudiantes, recelosos con todos los procesos que desde hace años se estaban dando en el seno de una institución que se debatía, como hoy, entre el anhelo de cambio y el peso de la tradición. Los alumnos veían que la estructura organizativa universitaria institucionalizaba en exceso su representación, confinándola en unos órganos donde su papel era residual, provocándoles una gran desconfianza. Reinterpretando a Carlos Vaquero en sus reflexiones sobre el movimiento estudiantil, la percepción de la Universidad como una institución autoritaria provocó una reacción que fue aprovechada para mostrar el rechazo a este autoritarismo que se manifestaba en forma de reglamentaciones y estatutos, que limitaban la forma tradicional de representación estudiantil y el modo en que tomaban sus decisiones.

La organización del alumnado universitario se regía por un sistema marcadamente asambleario, como se recogía en los Estatutos de la Universidad de Cantabria. Una parte significativa de los estudiantes estaba aún bastante politizada, característica típica del periodo 'postransición'. Las diferentes orientaciones y expectativas del alumnado de cada centro terminaban por configurar un sistema de funcionamiento dado a la inestabilidad y de difícil gestión.

Las movilizaciones universitarias fueron recogidas por la prensa local, siendo las más destacadas acaecidas durante los meses de marzo y abril de 1987. Una cronología de las mismas, es la siguiente:

Las movilizaciones estudiantiles siguieron, aunque con un menor impacto a nivel estatal, especialmente las protagonizadas por alumnos de carreras de Humanidades y Ciencias Sociales, afectados por los cambios y con una agenda reivindicativa propia. Finalmente, la normalidad volvió a los campus, el de Cantabria no fue una excepción, como manifiesta la decisión del 12 de abril donde un delegado de la Facultad de Derecho es elegido representante de distrito de la Universidad de Cantabria, pese a ser una de las figuras que más se había manifestado en contra de las movilizaciones llevadas a cabo por los estudiantes durante el periodo anterior.

La Semana Santa puede considerarse el punto de inflexión de aquel periodo, aunque no el final definitivo de las protestas, ya que en el caso de la Filosofía y Letras se alagarían hasta el mes de mayo, ya centradas en una agenda más particular.

El documento base de este artículo, cuyo original se encontraba depositado en la Delegación de Alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, fue publicado en uno de los primeros números de El Bálsamo de Fierabrás, revista de la Comisión de Actividades Culturales de la Delegación de alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras que fue fundada en el curso 1988-89; es decir, aproximadamente dos años después de su firma.

Se presenta como un acuerdo-compromiso entre el Rector de la Universidad de Cantabria y la Asamblea de Alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, rubricado por José María Ureña Francés, rector de la UCM y de la delegada de Facultad, Gema Fernández. Está estructurado en cuatro puntos que reflejan las principales preocupaciones que mostraba el alumnado del centro: la construcción de un nuevo edificio que respondiera a las necesidades de espacio y dotaciones de alumnos, profesores y personal; el apoyo a un nuevo proceso de elaboración de los planes de estudio, más democrático y transparente; redistribución de los presupuestos universitarios; por último, apoyo a la eliminación de tasas universitarias, mayores dotaciones de becas y potenciación de las carreras de humanidades.

Desde su primer curso académico 1978-79, la Facultad de Filosofía y Letras, sección Geografía e Historia, estaba localizada en las dependencias de la Facultad de Medicina, lo que constreñía notablemente su funcionamiento. Proyectos como la instalación en el edificio de Las Salesas, actual sede de los juzgados, no habían cristalizado, por lo que existía un sentimiento de provisionalidad que se prolongaría hasta la construcción del edificio Interfacultativo, inaugurado en el curso 1988-89, que albergó inicialmente los estudios de Magisterio, Derecho y Filosofía y Letras.

Las otras preocupaciones de la agenda de los estudiantes de Geografía e Historia muestran la inquietud por unos planes de estudio que se percibían impuestos, alejados de las demandas de la sociedad y con escasas salidas laborales. El déficit democrático en la representatividad de la comunidad universitaria era, finalmente, otra de las preocupaciones manifestadas, que se completaban con la demanda de mayores dotaciones económicas y recursos y una política de favorecer el acceso al alumnado de recursos económicos limitados.

La firma del documento permitió una salida airosa tanto a estudiantes como a la propia institución basándose en compromisos genéricos, asumibles por difusos para una parte, simbólicos para la otra.

La capacidad de movilización y el sostenimiento de una estructura organizada, combinados con las circunstancias propias de la Facultad, reportaría a corto plazo la consecución de otros logros, como la creación de un vicedecanato de alumnos, cargo para el que fue nombrada Pilar Mantecón, a la que sucedería Manuel Fernández Maneiro en el curso 1988-89. La experiencia no se prolongaría por mucho más tiempo, pero valga como prueba de la pujanza que en algún momento mantuvieron los alumnos.

El balance de las movilizaciones estudiantiles de 1986-87 manifiesta la relevancia de la participación de estos actores en la construcción de un sistema educativo que responda a las necesidades de la sociedad. Por su parte, el descontento y las demandas de los universitarios mostraron la necesidad de adaptar los planes formativos al mercado de trabajo para posibilitar una salida laboral más apropiada.

La conjunción de nuevos factores de todo tipo: legislativo, generacional, los nuevos intereses de la juventud, etc. han propiciado que este tipo de iniciativas y situaciones no se hayan repetido con la intensidad de aquellos años. Sin embargo, puede concluirse que constituye una prueba de que la juventud puede ser un gran activo de cambio que no conviene despreciar.

La reunión en Santander de unos 10.000 afiliados y simpatizantes de las organizaciones socialistas un domingo de agosto de 1933 y el posterior desarrollo de un mitin y una manifestación son los elementos que dieron pie a un artículo del escritor estadounidense John Dos Passos en el que la capacidad de observación e interpretación de aspectos accesorios constituye su principal aportación al conocimiento de una realidad social y política polarizada tras poco más de dos años de proclamarse la II República.

John Dos Passos y su primera mujer, Katherine Smith, viajaron en coche durante el verano de 1933 por distintas localidades y zonas de España, visitando Madrid, El Escorial, Segovia, Ávila, Santiago de Compostela, Pontevedra y Santander, según referencia en el último capítulo de Años inolvidables (The best times, 1966), titulado La cucarachita, nombre que dieron al Fiat de segunda mano que compraron para la ocasión. Su objetivo era escribir una serie de artículos y ensayos sobre la nueva realidad política española con los que, finalmente, sufragar el coste del viaje.

En esa etapa de su vida, el escritor y periodista, nacido en 1896, una de las principales figuras de la Generación Perdida, grupo de escritores estadounidenses nacidos en torno al cambio de siglo del que Hemingway, Faulkner, Steinbeck y Fitzgerald son representantes destacados, defendía un ideario políticamente progresista, internacionalista y antibelicista.

Su estancia en Santander coincide con una jornada organizada por las Juventudes Socialistas que pretendía congregar a una multitud de militantes de las formaciones políticas del entorno socialista (PSOE, UGT y JJ.SS.), principalmente de las provincias cercanas a la de Santander. La capacidad de convocatoria y movilización de las organizaciones deberían redundar en un acto de cohesión interna hacia su interior y de propaganda al exterior, al tiempo que suponer una vía de recaudación de fondos para la adquisición de una nueva rotativa para el por entonces diario El Socialista.

La ciudad había albergado en los últimos meses diferentes actos de partidos y conferencias de destacados líderes políticos, como Miguel Maura, fundador del Partido Republicano Conservador; Alejandro Lerroux, del Partido Republicano Radical; Marcelino Domingo, del Partido Republicano Radical Socialista, o Manuel Azaña, de Acción Republicana. Santander era una ciudad heterogénea social y políticamente, con una actividad educativa y cultural notable. En las elecciones municipales de abril de 1931 se había impuesto la candidatura de la Conjunción republicana-socialista, que reeditaría el triunfo en las de las Cortes Constituyentes que tuvieron lugar dos meses y medio después. El pilar fundamental en la capital provincial eran los socialistas. Sin embargo, tras la ruptura de la coalición en septiembre de 1933 y la convocatoria de elecciones a Cortes, que se celebraron en noviembre, la victoria cambió de bando, imponiéndose la candidatura unitaria de derechas, que concurrió en un solo bloque, frente a la dispersión de los partidos de izquierda y centro.

En tiempos de la II República hubo también en la plaza de toros otros dos 'mítines monstruo', que congregaron a multitudes. El primero de ellos, organizado por el Partido Radical con motivo de un homenaje al político republicano cántabro Isidro Mateo González, se celebró el 20 de octubre de 1931 y contó con la presencia como orador principal del líder de los radicales, Alejandro Lerroux; concurrieron cerca de 13.000 personas. El 15 de septiembre de 1935 tuvo lugar el mitin que más concurrencia registró en esos años en Cantabria. El PSOE consiguió reunir cerca de 16.000 asistentes a un acto en el que intervinieron los diputados Ramón Lamoneda, José Andrés Manso y Jerónimo Bujeda.

Volviendo a los actos que compondrían el desarrollo de la jornada del 27 de agosto de 1933, estos darían comienzo, tras la concentración posterior a la llegada de autobuses y trenes, con un mitin en la plaza de toros y desfile de las banderas de las agrupaciones presentes, de allí partiría una manifestación que finalizaría a las puertas del Gobierno civil, cuyas oficinas estaban provisionalmente ubicadas desde 1930 en un edificio al inicio de la calle Castelar, para después continuar en tono festivo con una 'jira' (comida popular) en las playas de El Sardinero y Los Pinares.

Inicialmente, se barajaron los nombres de Julián Besteiro y Enrique De Francisco, jefe del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, perteneciente a la corriente de Largo Caballero, como cabezas de cartel. Finalmente, el segundo no podría desplazarse por problemas de agenda de última hora. Por su parte, Besteiro, presidente de las Cortes y líder del ala más moderada de los socialistas, sería reemplazado por Fernando de los Ríos, entonces ministro de Estado, en lo que algunos medios afines a la derecha interpretaron como una muestra de las desavenencias internas dentro del PSOE.

La figura del intelectual y político socialista era conocida y respetada en Santander. Como ministro de Instrucción Pública, en el primer gobierno de la II República había creado la Universidad Internacional de Verano de Santander, posteriormente denominada Menéndez Pelayo, y había recibido la distinción de Hijo Adoptivo de Santander en la sesión plenaria del Ayuntamiento del 1 de octubre de 1932, adoptada por unanimidad. Como apuntaba la prensa local, “incluso los votaron los monárquicos”.

Dos Passos no identifica en su artículo a ninguno de los oradores en el mitin. Únicamente proporciona datos de sus cargos institucionales y organizativos (diputado a Cortes, ministro), a veces de forma imprecisa, (“obreros unos y funcionarios de los sindicatos los demás”). Tal vez esto pueda apuntar a que pensaba simplemente en la edición del texto en medios de su país. Posteriormente, en su libro de memorias Años inolvidables aporta el nombre de Fernando de los Ríos, aunque presentándole tan solo como diputado a Cortes por Granada.

Si, como hemos sostenido inicialmente, la finalidad principal de la movilización era de naturaleza propagandística, el posible éxito se sustentaba en presupuestos como la capacidad de movilización y convocatoria, la aptitud organizativa y la proyección de una imagen a la ciudadanía de multitudes ordenadas. ¿Y los mensajes? En actos planteados bajo estas premisas, en los que se trata de mostrar el músculo de la organización, la calidad e importancia de los discursos no suele ser lo fundamental. El mensaje principal es la imagen que se traslada.

Como indicadores de cumplimiento de los objetivos, tanto la prensa local como el propio Dos Passos nos proveen de datos. Las previsiones más optimistas cuantificaban en 11.000 los asistentes al mitin. Finalmente, las cifras que se alcanzaron rondan los 10.000 espectadores, que es el aforo aproximado de la plaza de toros, resaltándose la gran afluencia desde las provincias limítrofes. El ruedo quedó únicamente ocupado por la tribuna de oradores, lo que además posibilitó un desfile de los estandartes y banderas del alrededor de centenar y medio de agrupaciones socialistas representadas.

La unanimidad de los diarios es total en lo que se refiere al éxito de la organización. El Diario Montañés, el medio más hostil con la jornada, señalaba en su edición del día 29 de agosto que el éxito de la concentración socialista se redujo al alarde del espíritu de organización. En el lado opuesto del eje político, La Región valoraba que toda la jornada discurriera ordenadamente y sin incidentes. Por su parte La Voz de Cantabria hacía hincapié en la perfecta organización, disciplina y en la educación ciudadana, y el republicano El Cantábrico valoraba en su titular el desarrollo de los actos como una lección política “en medio de gran entusiasmo y con el orden más completo”. El Socialista, en su información de la jornada también lo dejaba claro: “Otra vez, entre los acordes de La Internacional, la impresión de lo matemático, de lo exacto… Acaso ese sea el resumen de la jornada: cifras y matemáticas”.

Tampoco pasó desapercibido el hecho para John Dos Passos, quien destaca en su texto la disciplina con la que los manifestantes marchaban por el centro de Santander: “Unos a otros se decían entre sí que la consigna debía ser el orden”.

El mitin empezó con algo de retraso motivado por la demora de la comitiva de autobuses procedentes de Vizcaya y del tren procedente de Madrid, que tardaron más de lo previsto en llegar. Tras la interpretación de La Internacional por un coro infantil socialista, Juan Ruiz Olazarán, presidente de la Juventud Socialista de Santander y de la comisión organizadora, figura emergente y de gran relieve durante la República y la Guerra Civil, presentó el acto y a los oradores que le sucederían en el uso de la palabra.

La referencia a la suelta de dos palomas blancas con lazos rojos que John Dos Passos utiliza para titular su artículo no aparece en ninguna de las crónicas publicadas del acto. Partiendo de lo simbólico, de su identificación con los jóvenes socialistas, el hecho de que una de ellas no consiguiera levantar el vuelo será interpretado, tal y como explica en Años inolvidables, como un mal augurio, una alegoría de lo que estaba por venir: “Durante aquel verano no hice otra cosa que ver signos y presagios por todas partes”.

De lo que sí hay constancia es del grito “vivan los hombres honrados” con el que fueron recibidos los políticos socialistas y que Dos Passos incorpora a su crónica de la jornada. El diario La Región  del día siguiente detallaba: “Seguidamente, una atronadora salva de aplausos acoge la presencia de Bruno Alonso, José Castro y Fernando de los Ríos, oyéndose vivas a los hombres honrados, al Partido Socialista, a la U.G.T. y otros diversos”. El mismo año 1934, en su obra En todos los países, el autor estadounidense utilizaría la expresión “la República de los hombres honestos” para referirse, con unas connotaciones no exentas de ironía, a los gobernantes que en el primer bienio republicano habían pactado con la burguesía y que se habían enmarañado en cuestiones burocráticas, tal y como interpretó la filóloga Catalina Montes. Es importante remarcar el año y ponerlo con relación a las afinidades políticas que en aquel momento profesaba el autor de Manhattan Transfer.

José Castro, presidente de la Federación Nacional de Juventudes Socialistas, en un tono apasionado, centró su discurso en la afirmación de los valores socialistas y en el papel de la juventud como freno al capitalismo y al fascismo rampante por Europa. Manifestó que el apoyo a un régimen republicano burgués no debía suponer el abandono de la consecución de los ideales socialistas. Finalmente, reclamó disciplina organizativa a los jóvenes.

Continuó Bruno Alonso, sindicalista, diputado y referente del socialismo en Cantabria, de la línea política de Julián Besteiro, que muy emocionado dirigió al auditorio palabras de agradecimiento por el esfuerzo personal y económico que habían efectuado para responder a la convocatoria. Su alocución se focalizó en la advertencia de los peligros que se cernían sobre la República y los socialistas, expresando que no se toleraría una situación como la que se había producido en Alemania (ascenso del nazismo). En tal caso los socialistas abandonarían el pacifismo y responderían a sus enemigos.

La última intervención fue la de Fernando de los Ríos. A diferencia del tono encendido de sus predecesores, el político granadino utilizó un registro más reflexivo y sosegado. Inicialmente, enfocó su discurso hacia los jóvenes, sobre todo las mujeres, y teorizó sobre los modos de hacer política, contraponiendo dictadura y democracia y declarándose partidario del ejercicio del poder desde el respeto a las libertades. Valoró, desde el posibilismo el esfuerzo que estaba haciendo la República, objeto de ataques permanentes por parte de sus enemigos y estableció tres prioridades en la acción de gobierno: legislar la libertad de pensamiento, pero perseguir la calumnia, modernizar el país con nuevas leyes impulsando la acción del Parlamento y promover la política social. Para finalizar destacó que para que los hombres pudieran ser libres, la economía debería estar esclavizada y que la realización del ideario socialista habría de venir por la libertad y la democracia.

La reacción a los discursos que se publicaron en los diarios de Cantabria y de otras provincias viene determinada por la orientación ideológica de los mismos. El otrora confesional El Diario Montañés señaló que los oradores estaban dominados por la obsesión de la amenaza del fascismo, que la impresión que dejaron fue, literalmente, “deplorable” y que ninguno de ellos abordó cuestiones de Estado. Centrándose en la figura de Fernando de los Ríos, valoró que tuvo un mal día y que “habló totalmente desplazado del auditorio, sus disquisiciones no podían ser digeridas por un público trabajador”.

Entre los medios afines, La Región, ponderó la responsabilidad de los intervinientes; de Fernando de los Ríos dijo en un subtítulo que “dio una lección sujetando su discurso al freno del cargo de ministro, pero, no por ello, dejará obrar a los que van en contra de la República”. Análogamente, la escritora y política Matilde de la Torre ensalzó la intervención del ministro en un artículo titulado La interrogación, publicado en El Socialista: “Nada que decir de su verbo único, de su claridad meridiana, de su lógica legítima…”.

La valoración que efectuó Dos Passos nuevamente hay que entenderla atendiendo al tiempo en que fue escrita. En la colaboración que publicó La Lucha se muestra más crítico. De Bruno Alonso refiere que “habló en términos un tanto vagos”, lo que se acentuó con Fernando de los Ríos. La forma en que este último se dirigió a un auditorio era “como si estuviese hablando a sus discípulos en la Universidad”, “en la clásica forma de las arengas” y “terminó con un párrafo tan engolado que cortó la respiración a los oyentes”. A las críticas en lo formal continuó con las del contenido a partir de una descripción bastante cáustica, que, si nos atenemos a la transcripción casi literal del discurso publicada en El Cantábrico y en La Región, parece que se ajusta más al campo de lo interpretativo que al de lo descriptivo. Años después valoraba que “era un placer” apreciar su uso del idioma, si bien cuestionaba el interés que tal fórmula expositiva tenía para un auditorio mayoritariamente formado por “mineros, mecánicos y agricultores”.

Finalizados los parlamentos, según lo programado, continuó en el ruedo un desfile de las banderas de las diferentes agrupaciones presentes para luego, en manifestación por las principales vías de la ciudad dirigirse hasta las dependencias del Gobierno civil, en la calle Castelar, donde una comisión encabezada por Fernando de los Ríos entregó al gobernador un documento que contenía las motivaciones y solicitudes por las que había sido convocada la marcha. Finalizada la concentración, los participantes se desplazaron hasta la zona de El Sardinero para comer en Los Pinares, tradición de los primeros de mayo santanderinos, y disfrutar de las playas hasta bien entrada la tarde, en que se dio por finalizada la jornada, iniciando los excursionistas desplazados el retorno a su localidad de origen.

El diario La Región informaba, en tono jocoso, del pulso bajo de la ciudad esa mañana de domingo, especialmente en la zona del ensanche burgués, principalmente del Paseo de Pereda: “La burguesía parece haberse puesto al habla para emprender una huida o para sentir un temor escalofriante. Quizá haya las dos cosas, porque la ciudad recogió en sus viviendas o en el campo de la provincia la abigarrada muchedumbre que a diario orla las calles de la capital”.

Siendo notable la información que Dos Passos aporta sobre el mitin y demás actos de la jornada de afirmación socialista en Santander, lo que mayor trascendencia adquiere de su artículo es la captación que un corresponsal extranjero, ilustrado y crítico, realiza sobre la actitud de parte de la sociedad santanderina: la que contempla el paso de la manifestación socialista desde las terrazas de las principales cafeterías de la ciudad, identificable con la burguesía. De hecho, se trata de la parte más citada en las monografías y artículos que han abordado esta crónica.

“Estaban sentados ante las mesas de café, contemplando a los confundidos socialistas, que iban de aquí para allá. Había muchos socialistas; durante largo rato estuvieron desfilando con sus banderas y sus hijos, y sus pañuelos encarnados y sus cestas de merienda. Las miradas de odio que les dirigían los personajes sentados ante las mesas de café les confundían. Talmente parecían un gran rebaño de ovejas en el país de los lobos”.

Pues bien, esa descripción que hizo en 1933, desde un enfoque político claramente alineado a la izquierda, la validaba más de tres décadas después en su libro de memorias, cuando ya su posición estaba afianzada en el lado conservador: “Un signo y un presagio que no era en absoluto imaginario fue el odio en los rostros de las gentes elegantemente vestidas, sentadas en las mesas de los cafés de la calle más importante de Santander, mientras contemplaban a los sudorosos socialistas volviendo de la plaza de toros con sus hijos y sus cestas y sus banderolas. Si los ojos fueran ametralladoras, ni uno solo hubiera sobrevivido aquel día. En mi bloc de notas apunté: Socialistas tan inocentes como un rebaño de ovejas en un país de lobos”.

El último viaje que realizó a España John Dos Passos tuvo lugar en otoño de 1967, un año después de haber publicado sus memorias The best times, literalmente Los mejores tiempos, traducida literariamente como Años inolvidables, cuyo final sitúa el autor en 1937, tras su visita a un país que conocía y amaba y que se encontraba en plena Guerra Civil. El asesinato de su amigo José Robles Pazos, urdido por la policía política soviética, es el punto de inflexión que da pie a su encono anticomunista y a la quiebra de su amistad con Ernest Hemingway, circunstancias narradas espléndidamente por Ignacio Martínez de Pisón en Enterrar a los muertos (2005). Tres décadas después no sabemos qué pensó al ver hechos realidad aquellos augurios. Tal vez se encontrara cómodo en un país con un jefe de Estado convertido en el 'centinela de occidente' o quizá sintiera añoranza de la tierra española por la que luchó Robles. De lo que no cabe duda es que sabía con certeza que sus mejores tiempos hacía muchos años que habían pasado.

Palomas en la plaza de toros es el título del artículo que John Dos Passos escribió acerca de una jornada de movilización socialista que tuvo lugar en Santander el 27 de agosto de 1933. Más allá de su autoría, la calidad de la narración y sus agudas apreciaciones contribuyen también a caracterizar una parte de la sociedad santanderina, cuya animadversión hacia los manifestantes no le pasó inadvertida a un observador de la talla del escritor estadounidense.

La versión original en inglés, Doves in the Bull Ring, fue publicada el 2 de enero de 1934 en la página 13 de la revista estadounidense New Masses. Pocos días después, el 18 de enero, la portada del diario madrileño La Lucha recogía la mencionada colaboración traducida al castellano y titulada según se ha expresado anteriormente.

Ambos medios, New Masses y La Lucha, comparten la particularidad de ser órganos de expresión de los partidos comunistas, de Estados Unidos y de España, respectivamente. La Lucha fue una cabecera efímera, creada con motivo de la suspensión de Mundo Obrero por orden gubernativa en diciembre de 1933, que circuló hasta el mes de marzo de 1934, en el que también fue clausurado tras una huelga general del sector de artes gráficas en Madrid.

Ramón J. Sender ejerció la dirección desde su salida hasta finales de febrero, en lo que constituyó un tránsito personal desde posiciones anarquistas a comunistas, si bien no muy duradero. Sender y Dos Passos se habían conocido en la tertulia de la cafetería madrileña La Granja del Henar y no tardaron en establecer una relación de amistad. De forma análoga, con viaje a la Rusia soviética por medio, el estadounidense simpatizó con la causa comunista en los primeros años de la década de 1930. Por otro lado, el hecho de que el objeto principal de Palomas en la plaza de toros sea una movilización del PSOE sucedida casi cinco meses antes, con unas elecciones a Cortes entre medias, tiene su encaje en un medio del PCE en cuanto a la postura manifiesta de frente único de trabajadores que defendía la dirección comunista y, naturalmente, al prestigio internacional del autor.

Antonio Elorza, gran conocedor de los archivos y la historia del PCE, en un artículo de El País apuntó que la crónica se había publicado inicialmente en La Lucha, si bien con la indicación errónea del título, Palomas en el ruedo, que es como se tradujo y apareció, con alguna modificación en el texto, en libros posteriores del autor. Así, En todos los países (In all countries, 1934), incluye sus viajes por Estados Unidos, México, la Rusia soviética y España y posteriormente Viajes de entreguerras (Journeys between wars, 1938), recopila en un nuevo volumen lo ya publicado cuatro años antes junto con otros textos de viajes realizados anteriormente y algunos ensayos que escribió en la primavera de 1937 para la revista Esquire, con motivo del viaje que hizo a España para participar junto con su entonces amigo, Ernest Hemingway, en el proyecto de la película documental Tierra española, dirigida por Joris Ivens.

A continuación, se reproduce íntegramente el texto de John Dos Passos publicado en el diario La Lucha el 18 de enero de 1934, cortesía del Archivo Histórico del PCE.

La propaganda política clandestina fue uno de los ejes fundamentales de los partidos y movimientos antifranquistas desde el inicio de la dictadura, cobrando una especial relevancia durante el tardofranquismo para difundir sus ideas, objetivos y reivindicaciones y conectar con el conjunto de la sociedad. El trabajo de dos militantes cántabros, Emilio Rodríguez y Julio Soto, responsables del aparato de propaganda del PCE (Partido Comunista de España) y del PTE (Partido del Trabajo de España), fue decisivo para que estas palabras prohibidas y proscritas salieran a la luz.

Desde el inicio de la dictadura, la producción y difusión de propaganda clandestina fue una actividad preeminente y destacada de los movimientos que lucharon contra la dictadura. La expresión “aparato de propaganda” hace referencia a un conjunto de medios personales, organizativos y materiales puestos al servicio de estas tareas, del que se puede afirmar que fue el corazón de las organizaciones antifranquistas. El resultado de este trabajo, la impresión de material muy diverso (libros, revistas, boletines, comunicados, panfletos, octavillas, pegatinas, carteles, etc.), resultó trascendental, como señala Jesús A. Martínez [1], en tres aspectos: primero, organizativo, ya que, al recoger y fijar las líneas ideológicas y de actuación de los movimientos insurgentes, otorgaba unidad y cohesión a su organización y funcionamiento; segundo, didáctico y pedagógico, pues este material era un recurso básico para la formación política, doctrinal y táctica de sus militantes y cuadros; y, tercero, divulgativo, al posibilitar la difusión y el proselitismo, extendiendo, más allá del ámbito de la oposición antifranquista, sus ideas y dando a conocer a una ciudadanía desinformada y silenciada, acontecimientos relevantes de la actualidad política y social, nacional e internacional, con el objetivo de concienciarla y movilizarla.

Las palabras clandestinas desafiaron al régimen franquista, que reaccionó desplegando con fuerza un conjunto de medidas legales, policiales y judiciales de carácter represivo con las que pretendía fulminar por cualquier medio a la disidencia, utilizando el mantenimiento del orden público como argumento que legitimara la barbarie de sus actuaciones. La Ley para la Seguridad del Estado de 1941 impuso penas de reclusión por la impresión, difusión o la simple tenencia de propaganda ilegal; en el mismo sentido se expresaban el Código Penal de 1944 y la Ley de Orden Público de 1959. En el año1963, ante el crecimiento de la contestación a la dictadura y el desbordamiento de las causas por subversión, se creó el Tribunal de Orden Público, que a partir de entonces y hasta 1973, juzgó y condenó, entre otros, los delitos de propaganda ilegal.

La producción de propaganda había experimentado una transformación sustancial en los años 60. Durante las primeras décadas de la dictadura, debido a la escasez de medios materiales, el material propagandístico se producía fuera de España, fundamentalmente en Francia, y era posteriormente introducida de forma encubierta. En los 60, con la mejora de la coyuntura económica del país, mejoraron igualmente las condiciones para el acceso a tinta, papel y maquinaria de impresión, lo que posibilitó que la edición de los escritos pudiera realizarse clandestinamente en el interior. A partir de este momento, la producción de propaganda pasó a ser la actividad más importante de los grupos disidentes, al tiempo que se convertía en el principal objetivo de las autoridades del régimen, conscientes de que, si caía el aparato de propaganda, las organizaciones antifranquistas recibían un golpe del que sería muy difícil recuperarse. Por este motivo, esta era la tarea más secreta, (la ubicación de la maquinaria para imprimir y la identidad del impresor era sólo conocida por dos personas en toda la organización: el que asumía el cargo y el que lo sustituiría en caso de ser descubierto), así como la más arriesgada, peligrosa, y la que mayores sacrificios personales implicaba.

Desmemoriados tuvo la oportunidad de entrevistar a dos activistas que tuvieron a su cargo, en los últimos años de la dictadura, el aparato con el que se imprimía el material propagandístico del PCE y el PTE en Cantabria. Conocer de primera mano su experiencia ha sido de enorme utilidad para comprender mejor y aproximarnos a las formas de organización y funcionamiento de las organizaciones antifranquistas a las que pertenecieron, así como explorar las implicaciones que esta parte del trabajo clandestino en concreto tuvo, tanto en la contienda por derribar la dictadura como en las vidas de quiénes lo llevaron a cabo. 

En Cantabria, los partidos de izquierda que con mayor protagonismo combatieron el régimen franquista en su última etapa, también denominada tardofranquismo, fueron el PCE y el PTE. A pesar de sus diferencias ideológicas (el PCE provenía de la tradición marxista-leninista y el PTE del marxismo-leninismo y del maoísmo), presentaban similitudes en su organización interna: ambos estaban dotados de una estructura organizativa jerárquica y centralizada; las órdenes emanaban de los cuadros directivos nacionales a los regionales, y de allí a los grupos locales más pequeños, denominados “células”, integradas por un máximo de diez personas. La clandestinidad exigía el más absoluto secreto acerca de quiénes eran los militantes en activo, motivo por el que éstos adoptaban un alias o “nombre de guerra”, que preservaba su verdadera identidad, conocida por muy pocos, en caso de que algún miembro pudiera ser arrestado y duramente torturado para conseguir que delatase a sus compañeros de partido.

Dado el excepcional contexto en el que se desenvolvía la disidencia, la disciplina y la obediencia, así como un gran sentido de la responsabilidad, del deber, el trabajo y el sacrificio, eran valores imprescindibles para los militantes, una protección frente al miedo y al desánimo. Los activistas antifranquistas percibieron la lucha contra la dictadura como un deber inexcusable, un imperativo ético que no podían ni querían eludir, producto del momento histórico en el que se encontraban inmersos. Sentían que luchar por la libertad, la justicia y la democracia en España, derribando la dictadura, formaba parte de su destino; no podían ser indiferentes ni mirar a otro lado. Por ello, aceptaron sin vacilar las terribles condiciones de la clandestinidad y antepusieron el interés colectivo al interés individual, tomando decisiones que afectaron no sólo a sus vidas presentes sino también a su destino futuro, ya que muchos de ellos abandonaron sus estudios, arriesgaron su integridad física, su libertad e incluso su propia vida.

Emilio Rodríguez, nació en 1944 en el seno de una familia de izquierdas, de ideología comunista y socialista, que sufrió la represión y el exilio en los primeros años de la dictadura.  Su padre estuvo encarcelado diez años y un tío, Emilio, hermano de éste, 26 años. El resto de la familia quedó desmembrada después de la guerra por la diáspora forzosa de sus miembros, que huyeron y se establecieron definitivamente en Francia, Checoslovaquia y Canadá. Todos estos acontecimientos tuvieron un impacto decisivo en sus ideas y en su comportamiento político, pues de forma muy temprana, con sólo quince años, comenzó a militar, primero en las Juventudes Comunistas y después en el PCE. La figura más relevante en su politización fue su tío Emilio, militante comunista que había estado encargado del aparato de propaganda del PCE, con el que asistió a una reunión de mineros en huelga en la Camocha (Gijón) en enero de 1957. Este acontecimiento fue un hito en la historia del movimiento obrero de España, pues de ella surgió la primera Comisión Obrera; y para el jovencísimo Emilio Rodríguez una experiencia determinante que actuó como un punto de inflexión en su vida, por cuanto, acto seguido y a través de su tío, se incorporó a la lucha antifranquista, en las Juventudes Comunistas, dando inicio a una larga carrera de activismo y compromiso. 

¿En qué momento y en qué circunstancias se hizo cargo Emilio Rodríguez del aparato de propaganda del PCE? Para contestar a esta pregunta tenemos que situarnos en noviembre del año 1968, mes en que el aparato represor del régimen despliega una operación policial masiva en toda la provincia de Santander, en la que se produjeron tal cantidad de detenciones que el PCE y las CCOO quedaron en ese momento prácticamente desestructurados; de ahí que fuera conocida como la caída del 68 (Argos y Gomez, 1982)[2]. Uno de los golpes más duros de esta operación fue la incautación del aparato de propaganda y la detención de su responsable, Veridiano Rojo, en cuyo domicilio se encontró la multicopista. Inmediatamente Emilio Rodríguez lo sustituye y se hace cargo del aparato, labor que desempeña de forma ininterrumpida hasta el año 1972, cuándo, ante el riesgo inminente de ser detenido, huye hacia Suiza, donde permanece tres años. Entre 1968 y 1972 se dedicó de forma exclusiva a imprimir la revista Mundo Obrero y todo tipo de documentación y propaganda (pasquines, octavillas, panfletos, etc.). 

Como se ha mencionado anteriormente, la enorme trascendencia de esta actividad para el funcionamiento del partido obligaba a que se guardase un estricto secreto sobre dónde estaba ubicada la multicopista y quién era el que imprimía la propaganda. Hasta el punto que, como nos cuenta el propio Emilio, sólo lo conocían dos personas, como máximo: nosotros llegamos a tener aquí Secretarios Generales que no sabían dónde estaba […], no sabían dónde teníamos el aparato instalado. Es digno de destacar y de elogiar no sólo los riesgos asumidos por el responsable de la propaganda, sino también los sacrificios sobre suvida personal, que quedaba profundamente afectada por el desempeño de esta función. En el caso de Emilio, tuvo que dejar de participar directamente en las actividades del PCE y buscar una tapadera que le protegiera del descubrimiento, dando una apariencia de normalidad en su actividad cotidiana. Eligió ser presidente de una Asociación de Vecinos en Monte, lo que le permitía cierta libertad de movimientos. Era tal el secretismo de sus actividades que ni tan siguiera su familia conocía a lo que se dedicaba; tenía que inventarse excusas que justificasen sus frecuentes ausencias para imprimir clandestinamente. Emilio tuvo el aparato escondido en varios locales secretos que iban cambiando cuando dejaban de ser seguros; así, a la más mínima sospecha de que podía ser descubierto el aparato, se desmontaba y se volvía a montar en otra ubicación. Nos habló especialmente de un local situado en la planta baja de una casa en la calle Antonio Mendoza, dónde aparentemente se realizaban trabajos de carpintería. Cuenta que ponía la radio a tope y hacía ruido para disimular el que hacía la máquina de imprimir al arrancar; de este modo, trabajaba de forma habitual de domingo a miércoles para tener listo el jueves el Mundo Obrero para su reparto, y en cualquier momento podía ser requerido, de día o de noche, para imprimir todo tipo de propaganda. 

Julio Soto, nació en 1953 y se crio en una familia sin una adscripción ideológica ni antecedentes de compromiso político. Su proceso de socialización política adoptó otros rumbos. Con quince años comenzó a frecuentar junto con sus amigos un club juvenil gestionado por una parroquia progresista, que organizaba actividades de tipo cultural y lúdico, impregnadas de contenido social. Allí tuvo la oportunidad de conocer otras realidades y vivir experiencias en entornos desfavorecidos, lo que lo llevó a tomar conciencia de la pobreza y la injusticia. Su conciencia social se fue transformando en conciencia política, y durante el primer curso de universidad, contactó con estudiantes de la Joven Guardia Roja y el PTE y se afilió a este partido. El siguiente año continuó con sus estudios en Oviedo, donde siguió militando activamente en el PTE asturiano, hasta terminar la carrera en 1975. Al regresar a Santander, el partido le plantea a él y a su pareja hacerse cargo del aparato de propaganda en la entonces provincia de Santander. Hay que remarcar que en Cantabria el PTE no estuvo organizado hasta mediados de los setenta, por lo que fueron los primeros en asumir las tareas de propaganda en un partido que acaba de crearse en Santander.

Existen muchas similitudes en lo que estos dos activistas nos han contado sobre su experiencia, pero también alguna diferencia. Ambos coinciden en que la impresión de propaganda era la tarea más secreta, peligrosa y perseguida de toda la organización, y que, dada su relevancia para el movimiento antifranquista, exigía una extraordinaria precaución y medidas de seguridad. Las diferencias que hemos encontrado tienen que ver con el carácter, más o menos extremo, de las medidas de seguridad adoptadas por estos partidos, así como por la forma en que dichas medidas podían afectar y transformar la vida privada de los militantes. El PTE cuyos planteamientos ideológicos eran más radicales que los del PCE, exigía de sus militantes una férrea disciplina y una confianza y obediencia incondicional, que conllevaba asumir grandes sacrificios por el partido y la lucha antifranquista. Hay que tener en cuenta, además, que el PCE era una organización más grande, con mayor implantación, tanto a nivel nacional como regional, y estaba dotada demás recursos e infraestructura, en comparación con el PTE, que suplía sus carencias materiales con una entrega y dedicación total de sus integrantes. Por poner un ejemplo, la mayor parte de los fondos del PTE, según relata Julio, procedían de las aportaciones de unos pocos militantes, que entregaban prácticamente la mitad de su sueldo. 

Julio Soto en su relato de militancia antifranquista nos ha referido el enorme impacto que tuvo su nuevo cometido en el partido y las renuncias y sacrificios que conllevó, tanto para él como para su pareja, también militante, pues en este caso las responsabilidades del aparato de propaganda recayeron sobre los dos. Al aceptar el cargo, tuvieron que cambiar radicalmente su modo de vida, lo que implicó casarse por la iglesia, romper abruptamente las relaciones con sus camaradas de partido sin poder darles ninguna explicación, y adoptar unas costumbres convencionales, centradas en su trabajo como profesor en un colegio religioso y en su familia. La máquina de impresión se instaló en su piso, lo que les obligó a cuidar y mantener unas excelentes relaciones con el vecindario, con el objeto de no resultar sospechosos de “actividades extrañas”, para lo que resultaron determinantes las destacadas habilidades sociales de su mujer. La rutina de estos dos activistas era la siguiente: durante el día cada uno acudía con normalidad a sus respectivos trabajos, y por las tardes, y sobre todo por las noches, realizaban juntos las labores de preparación e impresión de la propaganda clandestina. Como él mismo cuenta:

Y acabé la carrera, y me vine para Cantabria; fue entonces cuando el partido nos plantea, a mí y a mi pareja, la tarea más gorda, que era montar el aparato de propaganda en Cantabria. Y claro, eso significaba que tenía que venir a vivir a Cantabria, y significaba cambiar radicalmente nuestro proyecto de vida. Porque, si vas a tener en tu casa la multicopista, y vas a ser el que produce los papeles, tienes que dar una imagen…, pues eso, en esos tiempos, de una persona conservadora, que se ajusta a las normas de convivencia razonables, que no va “con pintas”, que no lleva barba o, en fin, no lleva las trencas aquellas que llevábamos todos los rojos. Bueno, había que dar otra imagen, vida familiar, ese tipo de cosas. Entonces, yo estaba organizado en Oviedo, y el partido nos plantea […] que nos casemos, que montemos un piso y montemos el aparato de propaganda.

Durante el día lo dedicábamos a nuestro trabajo, una actividad normal; y cada dos por tres, que era más cada tres que cada dos, pues había que sacar, pues para mañana, diez mil hojas de no sé qué documento, o cientos de copias de un determinado libro, ¿sabes? Sacábamos hasta libros, y eso lo hacíamos por las tardes y, sobre todo, por las noches. Bueno, pues nuestra actividad era esa, cuando no había actividad política de esto, de hacer papeles, pues teníamos que dar una apariencia de normalidad, pues salíamos mucho con nuestros padres y con la familia de excursión, a comer, a pasear; se trataba de que se nos viera.

A través de estas dos experiencias de vida nos podemos hacer una pequeña idea del carácter y la naturaleza del compromiso militante de estos luchadores contra la dictadura durante el tardofranquismo, de su entrega, valentía y capacidad de sacrificio. Por ello, este artículo quiere rendir un homenaje a todas estas personas que generosamente lucharon por un futuro mejor para toda la sociedad y que, conscientes de los peligros y riesgos que conllevaba su actividad militante en esta época (detenciones, torturas, cárcel, exilio e incluso la muerte), los asumieron convencidos de que era lo que tenían que hacer. Un profundo sentido del deber y la responsabilidad se imponía sobre el miedo, ese tenaz sentimiento con el que convivían día a día, y minimizaba sus efectos paralizantes. 

[1] Jesús A. Martínez. (2023). Vietnamitas contra Franco. Letras perseguidas y espacios secretos. Cátedra.

[2] Argós Villar, J.C. y Gómez Díaz, J.E. (1982). El movimiento obrero en Cantabria. 1955-1977. Puntal Libros.

La memoria intermitente.

Sin duda se hace imprescindible comenzar esta crónica manifestando que algunos de los integrantes de lo que hoy es el Colectivo Desmemoriados rozamos fortuitamente, recién comenzada la década de los ochenta y sin abarcar su magnitud, la historia que aquí se cuenta, y que ahora, muchos años después, se nos revela con toda su profundidad. 

Menciona Esther López Barceló en su libro 'El arte de invocar la memoria' (Barlin Libros, 2024) que “decir memoria es nombrar la niebla”; pero a veces esa niebla abandona su intensidad con retazos insospechados que se desvelan caprichosamente permitiendo contemplar el paisaje, aunque ese paisaje sea una pintura repleta de algunas luces y demasiadas sombras. Ese horizonte imperfecto es, evidentemente, nuestra memoria colectiva. La que nos permite conocer, a poco que nos interroguemos, a poco que nos adentremos en ella, de dónde venimos y lo que en realidad somos.

En el verano de 1980, cuando aún faltaban unos cuantos meses para que un inoportuno tricornio con pistola pretendiera devolvernos a unos escenarios de penumbra de los que parecíamos salir a duras penas, los soportales de Potes frente a la Torre del Infantado hervían de excursionistas deambulando entre cafeterías, tiendas de recuerdos y puestos a pie de calle que regentaban vendedores de productos típicos de la comarca de Liébana. En uno de ellos gobernaba con mano firme una señora de ademanes hoscos y edad indefinible, al menos para nosotros, demasiado jóvenes para calibrar con definición los rasgos de la edad adulta. A aquella mujer le comprábamos de vez en cuando algún que otro queso ahumado de Áliva, de los que ya no existen, para subir a Picos de Europa en la mochila o para regalar a la familia en nuestro regreso a Santander. Ella nos atendía habitualmente con gesto adusto y ahorrando palabras como si de monedas de oro se trataran, aunque también a veces, con visibles muestras de impaciencia, nos hacía saber de viva voz lo que opinaba de los jovenzuelos que le hacían perder el tiempo con sus dudas y titubeos. Sin embargo, vaya usted a saber el porqué, volvíamos una y otra vez a mercadear donde aquella señora de carácter aparentemente difícil.

Sin embargo, las coincidencias y las casualidades de la memoria hicieron que muchísimos años después juzgáramos a esa mujer con otros ojos más benignos y, sobre todo, con mayor conocimiento de causa. 

Primera memoria.

Esta señora que vendía quesos y fruta en los soportales de Potes se llamaba Carmen y era conocida por Carmenchu.

Carmenchu, la primogénita, y su hermana Charo eran las hijas mayores de Mariano Cortés Gómez y de Carmen Bores Díaz, que tuvieron dos descendientes más, Josefina y Mariano.

Mariano Cortés era natural de Bilbao y su esposa Carmen era lebaniega de Potes. Ella emigró a Bilbao buscando una vida mejor y allí conoció a Mariano, en la calle Ripa. La familia de Mariano tenía una situación económica cómoda puesto que su padre era abogado y no debió de ver con muy buenos ojos su relación con una campesina recién llegada. Pese a ello, poco tiempo después contrajeron matrimonio en la iglesia de San Vicente, frente a los jardines de Albia. Durante el tiempo de estancia en la capital vasca habitaron sucesivamente en el barrio de Bilbao La Vieja, en los suburbios al otro lado del Casco Viejo, y en el Barrio de Iturrigorri, zonas ambas eminentemente obreras debido a la existencia en las proximidades de canteras y varias minas que fueron explotadas hasta los años 70 del siglo XX. 

Mariano trabajaba en las oficinas de una empresa cementera en Bilbao y en esa ciudad nacieron las dos hijas mayores, Carmenchu y Charo.

No obstante, las condiciones económicas de los años previos a la II República hicieron que la familia se trasladara a Madrid buscando mejores oportunidades laborales con el fin de contribuir a la manutención de una familia que poco a poco iba ampliándose. En Madrid nace Josefina, la tercera hija del matrimonio, en septiembre de 1933 y allí permanecerán durante más o menos un año.

Desde Madrid no regresan a Bilbao, sino que dirigen sus pasos a Potes, tal vez en busca del apoyo que puedan recibir de la familia de la esposa Carmen Bores. 

Y es precisamente en la capital de la comarca lebaniega donde un par de años después a la familia Cortés Bores le sorprende el comienzo de la guerra civil. 

Mariano Cortés, aun naciendo en una familia acomodada, ya había ido adquiriendo en el Bilbao industrial un especial compromiso en materia de justicia social y laboral, de tal forma que al llegar a Liébana colaboró en la sensibilización de los campesinos que debían soportar difíciles condiciones en una comarca austera y con estructuras sociales fuertemente conservadoras. Así, se convertirá en esos tiempos de amargura y enfrentamientos en uno de los responsables de la fundación, el 12 de agosto de 1936, del Radio Comunista de Potes (que así se denominaba entonces lo que hoy entenderíamos como Organización Territorial o Agrupación Comarcal del Partido) que sería en definitiva el germen de la Agrupación Comunista de la comarca lebaniega, con comités locales en gran número de poblaciones de Liébana. En la citada creación del Radio fue nombrado primer Secretario Político, según se menciona en el Acta Fundacional que aparece en el libro del historiador José Manuel Puente Fernández, titulado 'El Guardián de la Revolución. Historia del Partido Comunista en Cantabria (1921-1937)'.

El 2 de septiembre de 1937 ocupan Potes las tropas sublevadas de Franco. Dos días antes, las fuerzas leales republicanas habían dado orden de desalojar la villa en su retirada hacia Asturias. Prácticamente es el final de la República en la llamada entonces provincia de Santander.  

Mariano Cortés Gómez decide, sin embargo, permanecer junto a su familia en Potes y no huir. Fiel a sus principios humanistas, había protegido la vida y los bienes de algunas importantes familias falangistas y de derechas, aun a riesgo de su propia vida, durante el tiempo en que Potes permaneció junto a la República. A pesar de ello, es denunciado, al parecer, por una de estas familias, y posteriormente detenido. Miembros de la Guardia Civil lo conducen inmediatamente a la Prisión Provincial de Santander. El 8 de octubre es juzgado mediante consejo de guerra y se le condena a muerte. Su actividad política en el PCE le hizo blanco de la represión franquista. La sentencia se cumple a las 6 de la mañana del día 27 de octubre de 1937 en las tapias del Cementerio de Ciriego, en las afueras de la capital santanderina. En la fecha de su ejecución tiene 33 años y deja tres hijas (a las que ya hemos mencionado a lo largo del relato) y una esposa embarazada del que habría de ser su cuarto hijo, un varón al que llamarán también Mariano. 

A partir de la trágica fecha de su fusilamiento, y en una España ya muy diferente a la que habían conocido, las circunstancias de la viuda, Carmen Bores, y de sus hijas, Carmenchu, Charo y Josefina, así como la del niño que está a punto de nacer, cambian considerablemente. Pasan de ser ciudadanos a vencidos, con todo lo que de baldón social conlleva.  

De pronto, la viuda se encuentra con la necesidad de subsistir en un entorno rural, muy cerrado y endogámico, en el que tiene que sacar adelante a sus cuatro hijos. Algo común en estos casos es buscar la solidaridad entre iguales, aquellas personas o grupos que se encuentran en una situación similar. El primer nexo es la familia, pero la guerra y la represión posterior hacen que las circunstancias sean complicadas en todos los casos. No es fácil tampoco sobrevivir a una posguerra. Las decisiones se toman acuciados por las penurias.

Carmen Bores se ve obligada a tomar determinaciones que van a producir una diáspora entre sus hijos. Carmenchu, la hija mayor, se quedará en Potes con ella bajando fruta y otros productos de los pueblos de alrededor para vender en las ferias. Su hija Charo y el niño, aún menores de edad, por mediación de unos familiares que habían emigrado, serán acogidos en Argentina. Y por Josefina, la tercera de las niñas, intercedieron unas amistades para que fuera acogida en un colegio de monjas en Madrid. Sin embargo, para Josefina, lo que en principio parecía una mínima solución se transformó en una sustracción del entorno familiar hacia un espacio de reclusión y maltrato psicológico que originaría en ella un sentimiento de frustración y de falta de cariño.

A la muerte de Carmen Bores (1971) su hija mayor, Carmenchu, con un temple y un carácter irreductible, se convertirá en el referente familiar. Con el tiempo, y con tenacidad digna de elogio, rescatará a su hermana Charo de la precariedad argentina, protegerá a su hermana Josefina y será, con su modesto negocio de venta de queso y fruta en los soportales de Potes, un puntal importante para el desarrollo de toda la familia.

Mariano, el hermano más joven, aunque regresó temporalmente en muchas ocasiones desde el país austral, nunca más volvió a residir en España.

La memoria recobrada.

Alfredo Osma Cortés es el nieto de Mariano Cortés y de Carmen Bores. Es el primogénito de los hijos de Josefina Cortés y sobrino de Carmenchu, de Charo y de Mariano, y la persona que ha proporcionado al colectivo Desmemoriados, lo cual le agradecemos enormemente, los rastros sobre su memoria familiar. Una memoria que, como no podía ser de otra manera, es como los claroscuros que adivinan el paisaje entre la niebla. Una memoria probablemente tardía, repleta de silencios acosados por el temor de los que vivieron dramas y tragedias en primera persona, que afectaron significativamente a lo que iban a ser sus vidas a partir de entonces y que legaron a sus descendientes.

Pero el silencio es solo eso, silencio. Afortunadamente raras veces, cuando se ha vivido dolorosamente, es olvido. Por eso, tal vez a duras penas, entre todos, hemos llegado hasta aquí.

Desmemoriados: - ¿Cuándo empezaste a ser consciente de la historia de tu abuelo?  

Alfredo Osma: Yo nací en Bilbao como mi abuelo materno y mis abuelos paternos. De pequeños solíamos pasar temporadas en Potes con mi tía y mi abuela, pero la figura de mi abuelo era para mis hermanos y para mi literalmente desconocida. Una imagen del pasado; no se hablaba de él. Únicamente sabíamos que lo habían matado en la guerra, no conocíamos más ni si lo habían matado en un frente de batalla. De esa época sí me llamaba la atención una bandera española pequeñita que había en casa, en la casa de mi abuela y de mi tía, que vivían juntas. El significado que le doy ahora mismo es que se trataba de un símbolo ideológico cercano al Régimen, por si acaso.

Pero realmente descubro a mi abuelo a principios de los años noventa. En aquellos años mi tía Carmenchu tenía mucho trabajo en verano en la tienda de la plaza con el turismo de montaña; yo la ayudaba en la tienda y ella me ayudaba en los estudios en la universidad. En una de esas ocasiones, en la que estaba con la que entonces era mi pareja, estuvimos en casa de mi tía (Carmenchu) a última hora de la tarde y en un momento determinado, como era ella de espontánea, de natural, de directa, de persona acostumbrada a la ausencia de dobleces, empezó a sacarnos fotografías de la familia, de los que eran mis bisabuelos en Potes, de mi abuela y también de mi abuelo. Y en ese cúmulo de fotografías, de papeles y documentos familiares nos encontramos con un pequeño sobre de color azulado en el que venía el nombre de mi abuela y de mi abuelo, y leímos esa carta. Una carta que es la despedida de mi abuelo a su mujer, a mi abuela, antes de ser fusilado, antes de ser ejecutado, antes de que lo matasen. Era una carta tremenda, sobrecogedora, como uno se puede imaginar que puede ser una carta en la que un condenado a muerte se está despidiendo de su mujer y sus tres hijas, de sus suegros, de toda la familia materna que vivía en Potes. Con un claro carácter de declaración, por un lado, de amor y, por otro, de inocencia. Fue una sorpresa enorme porque le pusimos matices, colores, texturas a una vida que hasta entonces había sido fantasmagórica. De repente se aparece una persona con un sentimiento que cualquier persona con una mínima empatía puede imaginar. Una situación en la que te estás despidiendo porque sabes que te van a matar y te estas despidiendo de las personas que más quieres.

Fue impactante. Recuerdo que mi pareja incluso lloró. Ahí es donde, de alguna manera, reaparece mi abuelo casi 60 años después. Esa documentación de mi abuelo no la conocía absolutamente nadie más que mi abuela y mi tía, que era la mayor y la que se había quedado con mi abuela cuando le matan a su marido.

 D: - ¿Qué sabía tu madre de lo ocurrido a tu abuelo?

A.O.: ¿Mi madre…?

A excepción de Carmenchu nadie conocía la existencia de aquella carta demoledora. Mi madre solo conocía que su padre era muy bueno, que las quería mucho, y que lo mataron en la Guerra. No ha sabido nada más.

A mi madre le contamos todo esto. Para mi madre es un sufrimiento. Es una persona muy marcada por esa sustracción, digamos, familiar. Una persona que luego ha sabido crecer a partir de todo ese dolor. En Potes, además, algunos vecinos las llamaban las rojillas a mis tías. En ese sentido había una significación en los hijos de mi abuelo. Eran tiempos duros para todas las familias, y lógicamente mucho más para aquellas familias que se habían criado sin padre y teniendo que salir adelante.

Probablemente mi abuela sabía todo, porque en Potes se conocía todo el mundo. Lo que le había pasado no solo le había pasado a él, sino también había ocurrido con más personas. Lo más probable es que mi abuela supiera que había sido en Santander, en el cementerio de Ciriego. Pero mi tía Carmenchu tampoco sabía cómo lo habían ejecutado ni dónde estaba enterrado su padre. Por lo que, si mi abuela lo sabía, nunca lo comunicó.

D: - ¿Por qué crees que no lo hizo?

A.O.:  Bueno, esto es una interpretación mía. En las situaciones en las que existen conflictos bélicos traumáticos, siempre se genera un mecanismo psicológico de protección, lo que llaman mecanismos postraumáticos, en los que se puede perder incluso la memoria.

Según las cartas, mi abuela visitó en la prisión en Santander a mi abuelo en alguna ocasión (mi abuelo era conocedor de que su mujer estaba esperando otro hijo) y había personas de contacto que llevaban a mi abuelo sellos, mudas, pantalones, tabaco… Se escribía tanto con su familia de Bilbao, con la que tenía relación (su hermana Adela y su tío Toribio), como con su familia de Potes. Mi abuela debía tener mucha información, pero no trasmitió esa información. Es difícil averiguar el porqué de las cosas, sobre todo en los humanos. Probablemente hay un elemento personal, y cada persona responde de una manera distinta. Mi abuela por su forma de ser y por su carácter se llevó todo ese dolor dentro y de alguna manera no quiso trasmitírselo a sus hijos. Esa probablemente sea una de las causas. Esto es una conjetura personal. Porque contar esto siempre es doloroso y traumático para la persona a la que se lo cuentas, porque son sus hijos, los hijos de la persona que han matado. Por otro lado, existe un elemento de protección seguramente. Evidentemente, cuanta menos implicación haya en la familia con las actividades que han originado la muerte de ese familiar, que es ejecutado, menos complicidad familiar con aquello que le ha producido la muerte. Luego, creo que hay otra explicación importante, que tiene que ver con un mecanismo de control ideológico que funciona a través del miedo. Los humanos tenemos una capacidad de aprendizaje importante. Cuando nosotros vemos que a una persona se le ocasiona un daño irreparable con unos grados de crueldad altos, la persona que ve ese ejemplo, lógicamente, aprende rápidamente por dónde tiene que andar, qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que respetar la ideología que ha originado ese castigo “ejemplarizante”. 

D: - ¿Después de conocer la carta de despedida de tu abuelo cómo se suceden las indagaciones que haces sobre su figura?  

A.O.: Nosotros le habíamos pedido la documentación a mi tía y la habíamos estudiado; para nosotros no dejaba ser un capítulo familiar en el que había sentimientos ambivalentes, por una parte, de atracción y por otro, de rechazo. Advertíamos el dolor que se había producido y también el dolor de no haber conocido al abuelo, pero fundamentalmente de haber descubierto una historia familiar de una forma… de haberla vivido de una forma traumática, viendo los resultados, las llagas de ese dolor. Digamos que le pusimos cara a mi abuelo por medio de las fotografías y una personalidad, una tremenda humanidad a través de esas cartas que él escribió a mi abuela estando en prisión. 

Hace unos 8 años, en una visita que hago a la casa de los padres de mi pareja, veo un libro en su biblioteca con un título curioso 'Rescatados del olvido', y por azar lo cojo y lo hojeo. Y veo que es un libro de Antonio Ontañón, que hizo una investigación de la documentación de la prisión Provincial de Santander en la que recogía datos de las personas que fueron represaliadas en la época de la Guerra Civil y la posterior dictadura. Mientras observo el libro, los que luego serían mis suegros me explican que tenían muy buena relación con Antonio Ontañón, que habían sido compañeros en el trabajo y que conocían su labor memorialista, cómo lo había hecho… Sabían que durante muchas horas fuera de su trabajo visitaba los archivos de la prisión y copiaba, cotejaba fichas, datos, para recomponer esa historia, ese rescate del olvido de las personas que habían sido represaliadas aquí en Santander y en Torrelavega. El libro tiene, entre otras muchas virtudes, la reproducción de muchísimas cartas de personas que iban a ser ejecutadas y que se despedían de sus familiares y de sus allegados. Entonces, ahí compruebo la concordancia de todas ellas con la carta de mi abuelo, veo los listados de las personas, y empiezo a adquirir una conciencia más concreta, más clara de lo que sucedió. Y ahondando más en ese libro había unos listados de personas en los que me resultó muy fácil y muy rápido encontrar el nombre de mi abuelo con una fecha de ingreso en la prisión y con una fecha de ejecución. Cuando ya continúo leyendo el trabajo de Antonio entiendo de una forma más completa los protocolos que se seguían con los prisioneros que se represaliaban: las denuncias, los juicios sumarísimos, los juicios militares, las ejecuciones, dónde, cómo, etc.

D: - ¿Quieres comentar algo más?

A.O.: Hace unos pocos años, antes afortunadamente de que mi tía Carmenchu falleciese en el 2014, la llevé junto a mi otra tía, Charo, a mi madre, Josefina, y a mi hermano al cementerio de Ciriego para que pudiesen ver el lugar en el que habían ejecutado a su padre, para contemplar las fosas comunes donde le echaron junto a otras más de 900 personas represaliadas (hombres, mujeres y algunos niños) y ver los pequeños monumentos memoriales en los que intervino Antonio Ontañón con la asociación Héroes de la República que él preside. Esta asociación es otro ejemplo de recuperación de esa memoria. Lo cuenta en su libro, con ayuda de otras muchas personas pudo hacer unos monolitos y un trilito, en los que aparecen los nombres de las personas que fueron represaliadas, ejecutadas y que fallecieron por culpa de esta represión. Y llevamos unas rosas y leímos unos poemas. De alguna manera pudimos hacer que mis tías y mi madre pudiesen reencontrarse con su padre casi setenta y siete años después. Y de alguna manera intentamos, entre todos, cerrar un círculo.

Hay otro episodio, con un carácter público, que completa este círculo, ocurrido hace solo cuatro años, con una exposición inaugurada en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) sobre la Vida y muerte en Cantabria a través de su historia. Esta muestra contó entre sus materiales expuestos con la carta de despedida de nuestro abuelo junto con una fotografía suya y otra de nuestra abuela con sus cuatro hijos. En aquella exposición vimos a visitantes anónimos emocionarse leyendo la carta de nuestro abuelo. 

Con ello pudimos constatar cómo la figura fantasmal de nuestro abuelo, al que eliminaron físicamente y al que quisieron borrar de nuestra memoria familiar, reaparecía décadas después en una institución pública como humilde testimonio de lo que muchas otras familias padecieron injustamente. 

Hemos repasado en anteriores artículos cómo la Cooperativa SAM había surgido para ofrecer una alternativa al control del mercado lácteo que la Nestlé, desde su implantación en Cantabria, estaba ejerciendo. Pero también cómo su establecimiento constituyó una respuesta implícita para la defensa de los intereses de los viejos sectores socioeconómicos regionales, frente a las alternativas de clase propuestas por la Federación de Casas Campesinas, de la UGT. Con todo ello, lo que era la provincia de Santander se había convertido en uno de los puntos industriales de transformación agroalimentaria más importantes del país.

Hemos repasado también cómo, tras la victoria del bando franquista en la Guerra Civil, la SAM se convirtió en una empresa modelo para el régimen, síntesis de aquellos valores, que especialmente hasta los años 50 pretendieron inculcarse en toda la población. Pero, además, hasta bien mediados los 70, continuó erigiéndose en un importante activo de la industria láctea estatal.

Sin embargo, un análisis más detallado de las cifras que aparentaban un éxito perenne dejaba entrever que “La SAM era una tortilla sin huevos”, como reconocía el que fuera gerente de la Cooperativa, Alfonso Fuente. La secular falta de músculo financiero hacía que cada ampliación de las instalaciones, cada mejora técnica, cada desarrollo de nuevo producto, chocara con la falta de adaptación a la competencia “real” en un mundo capitalista que se abría ante ellos sin los mecanismos que el Estado había puesto a su disposición, hasta entonces, de forma relativamente sencilla.

Este desequilibrio financiero entre el volumen de la producción, la necesidad imperiosa de las ventas para poder disponer de efectivo y un exiguo capital social eran los huevos que faltaban en esa tortilla. Y no constituía una situación coyuntural, como ya se evidenció en la Asamblea de 1968. Aun así, las necesidades de inversión continuaban acumulándose, pero también acometiéndose. El crédito siempre había sido un recurso para la SAM a la hora de afrontar su crecimiento, desde el mismo momento de su fundación. Pero los tiempos cambiaban y el margen de maniobra era cada vez menor.

El diagnóstico en septiembre de 1975 dejaba entrever problemas relevantes: una importante recogida de litros de leche (60 millones anuales), una amplia gama de productos que, a pesar de la gran implantación en el mercado nacional como reconocida marca, era a todas luces excesiva. Una anticuada red comercial incapaz de enfrentarse a la agresiva competencia del sector, especialmente de parte de las multinacionales. Y aquí deberíamos abrir un paréntesis para recordar que en el ámbito de los dietéticos infantiles, en el que la SAM se había distinguido, tanto por el desarrollo de producto, como por el reconocimiento del mercado, es donde esta encarnizada competencia con las multinacionales era más patente. Si proseguimos con el diagnóstico, la ya referida falta de capitalización adecuada al volumen de actividad y una falta de objetivos estratégicos a largo plazo (fruto de tratar de sobrevivir día a día) hacían que realmente, no sólo la falta de huevos, sino la propia tortilla corriera el peligro de desaparecer.

La situación se revelaba tan grave, que en la junta extraordinaria del año siguiente se aprobó una ampliación de capital de 10.000 pesetas por cada uno de los 10.000 socios que en esos momentos contaba la Cooperativa. Sólo 1.019 de ellos lo hicieron. El fin se acercaba.

La falta de compromiso de los cooperativistas fue tan evidente que supone una prueba categórica de que, para entonces, su implicación había desaparecido. Puede que la forma societaria induzca a pensar en una participación colectiva, más o menos horizontal, en la gestión y en la toma de decisiones de la organización. Pero el devenir de tantos años ya demuestra que, desde el mismo momento de su creación, la gestión y los objetivos estaban más del lado de determinados sectores socioeconómicos y políticos que de resolver problemas de ganaderos de forma colectiva. Y esto no es una excepción. Las formas societarias a veces nos confunden, también en la actualidad, donde algunas cooperativas, especialmente las del sector primario, son vistas como empresas de servicios por sus propios cooperativistas y no como formas de autogestión ante los problemas comunes.

Es en esta coyuntura cuando entra en juego un nuevo, aunque viejo, agente: el INI. El Instituto Nacional de Industria había sido creado en el año 1941 como soporte para el proceso de industrialización que el franquismo se planteó tras su victoria. En líneas generales, tuvo un efecto decisivo en la transformación de la economía primaria de postguerra a la economía terciaria de los años 80. Su labor: gestionar y financiar empresas necesitadas de fuertes inversiones, con escasa rentabilidad o en bancarrota. Pero también, paradojas aparte, un instrumento de desindustrialización.

Lactaria Española (LESA), perteneciente al INI, fue quien se hizo cargo de la gestión de la cooperativa SAM y de la venta de sus productos a partir de 1977. Aparentemente comenzaba un nuevo periodo de esplendor: se implantó la botella de plástico de 1,5 litros, se instaló en Renedo de Piélagos la unidad de investigación y desarrollo para las 10 plantas de LESA en el Estado y comenzó la recogida de la leche en camiones cisterna (factor este que supuso el abandono definitivo de los puestos de recogida que todavía hoy podemos ver en estado ruinoso en algunos lugares de Cantabria). 

Hacia el año 1983 la SAM había perdido el escaso control que la entrada de LESA había supuesto. Su mayoría mantenida hasta entonces por el 65% de participación quedó reducida al 35% ante otra oportunidad perdida para afrontar una ampliación de capital. Este tipo de maniobras de agrandar el capital social para quitarse de en medio a socios a través de su incapacidad financiera eran una práctica habitual. Y lo siguen siendo. El caso es que ese año y esta situación constituyó un nuevo punto de inflexión en la deriva de la SAM. Su “expulsión” final de la gestión suponía una refundación de objetivos, volviendo la mirada a los ganaderos, en lugar de a su producto, para desplegar una gama de servicios especializados: piensos, control veterinario, medicinas, ayuda en instalaciones de los asociados, etc.

Además, en el año 1983 sucedió otro acontecimiento que es necesario recordar: las inundaciones que en el mes de agosto asolaron el Norte peninsular. Los ríos Pas y el Nervión y algunos de sus afluentes se desbordaron de forma tan intensa que se cobraron su peaje en vidas humanas. En Renedo fueron tres: Joaquín Diego Trueba, Gumersindo Lujúa Quevedo y Celedonio Gómez Solórzano. Las instalaciones de la SAM fueron arrasadas por el agua, como tantas otras infraestructuras de la localidad. Vecindad y personal de aquella SAM jamás lo olvidarán.

A partir de 1985 daba comienzo un periplo que llega hasta nuestros días, en el que la SAM ya nada tiene que ver con la leche, salvo que sus socios son ganaderos. La mayoría de ellos, además, se fueron orientando hacia al sector cárnico, abandonando la producción lechera. La entrada de España en la Comunidad Económica Europea de entonces propició cambios significativos que, entre otros, afectaron a la relación institucional de los gobiernos en su participación a pérdidas en las empresas estratégicas, siendo otro agente más en todo este complicado proceso de desindustrialización de los años 90. 

En octubre de este año 1992 se hace pública la noticia de que España ha de pagar 28.500 millones de pesetas a la Comunidad Europea por haber pasado la cuota establecida. Se acaban de este modo los amagos de sanciones por la falta de aplicación de las cuotas lácteas en España desde 1986 hasta 1992." (Espejo, C., 1996, p. 4)

Cayetano Espejo, en un artículo publicado en 1996 en una revista especializada radiografía perfectamente la situación: “A pesar de constituirse en una de las de mayor relevancia en la industria agroalimentaria de nuestro país, con una facturación que se acerca al billón de pesetas para el año 1996, está afectada por una profunda crisis como consecuencia de la falta de una estructuración ordenada desde la producción a la comercialización. Fuerte endeudamiento, minifundismo industrial, subvenciones por parte de las Administraciones y la participación agresiva del capital de las multinacionales, son unos de los rasgos estructurales que acarrea este sector.” 

El divorcio de la SAM con el sector lácteo se consumó, por tanto, como parte de un proceso mucho más profundo, en el que tenía pocas capacidades de supervivencia. Salvo el giro estratégico de “abandono” del sector, su reconversión como organización supuso, en cierto modo, volver a sus orígenes ganaderos.

A partir de aquí se desarrollaron dos caminos paralelos. Por un lado, y siguiendo al mencionado Cayetano Espejo, en diciembre de 1995 se produjo la venta de Lactaria Española (LESA) tras la oferta presentada por el grupo cooperativo gallego Leyma, en coordinación con la sociedad también cooperativa Iparlat, en el País Vasco y Navarra. La Administración buscó para LESA una salida que implicara un sólo adquiriente. La falta de un comprador nacional con capacidad para absorber en solitario el potencial de LESA ha determinado que, aunque la compra sea solamente de Leyma, posteriormente la firma se fragmente, pasando una parte, los centros de Vizcaya, Cantabria y la Rioja para Iparlat.

De forma paralela, la “Nueva SAM” generaba nuevas instalaciones específicas para piensos y recibía ayudas del gobierno regional, abandonando así la participación que todavía mantenía en LESA. Además, ha participado en la creación de SERGECAN, una cooperativa de segundo grado que agrupa, al tiempo que la nueva SAM, a la Cooperativa Siete Valles, Cooperativas de Soba, Ruiseñada, cuenca del Besaya y Virgen de Valvanuz.

Es difícil de comprender, y por ende de explicar, cómo esta, como otras industrias de reconocida solvencia técnica, capacidad de desarrollo de producto y clara posición en los mercados, así como una evidente vinculación territorial con sus gentes trabajadoras han sufrido idénticos procesos de desmantelamiento, mientras otras, transnacionales, no han hecho más que seguir creciendo y aumentando cuotas de mercado, de poder. Un siglo prácticamente completo ha visto cómo la SAM se constituyó en referente industrial en el sector agroalimentario, y cómo ha compartido el destino de tantas otras que en mayor o menor medida también lo fueron, aquí y en territorios cercanos. Este proceso de concentración de poder en favor de las transnacionales, que evidencia una pérdida clara del poder de los Estados y una sumisa aceptación del mercado como paradigma, debería ser algún día explicado por quienes lo propiciaron.

Mientras, la SAM seguirá prendida en la memoria de los que hemos bebido leche en Cantabria, seguro que por unos cuantos años más.

“Hormaechea es no ya la derecha pasatista y pútrida, sino un particular etílico y lírico con quien no se pueden cruzar dos palabras y desde luego con quien no se puede firmar ningún pacto (…) Toda la vida de Hormaechea es un continuo episodio (león, borracheras, violencias verbales) que le anula como político y no digo nada como ciudadano y como hombre con alma”.

Este durísimo juicio sobre la figura de Juan Hormaechea Cazón (1939-2020) pertenece al conocido escritor Francisco Umbral. El hecho de que fuera compartido por numerosos cántabros no era incompatible con una aceptación popular que permitió a Hormaechea obtener un respaldo mayoritario en las urnas, tanto en el conjunto de Cantabria como, sobre todo, en la capital, Santander. En las elecciones municipales celebradas el 8 de mayo de 1983, la coalición AP-PDP-UL (Alianza Popular- Partido Democrático Popular-Unión Liberal), cuya lista encabezaba Juan Hormaechea, obtuvo 52.994 votos, el 57,35% de los sufragios válidos emitidos. Aunque la derecha ha ganado todas las elecciones municipales en Santander desde 1979 hasta hoy, nunca ha conseguido recabar un apoyo tan mayoritario de la ciudadanía.

La popularidad alcanzada por Hormaechea superaba con amplitud los apoyos tradicionales de la derecha en Santander y Cantabria, que no han sido pocos antes y después. Su salto a la política autonómica, en 1987, no alcanzó cifras tan extraordinarias, pero le permitieron ganar las elecciones con claridad. Más sorprendente aún resulta el respaldo alcanzado en 1991, cuando la división de la derecha permitió comprobar hasta qué punto la personalidad de Hormaechea era capaz de galvanizar amplias masas de votantes, independientemente del partido por el que se presentara: la UPCA (Unión para el Progreso de Cantabria) partido de nueva creación y de perfiles y programa más bien difusos, alcanzó 99.194 votos y 15 diputados, por 42.714 y 6 diputados del PP (Partido Popular). Quedó claro que la popularidad del que fuera alcalde de Santander estaba por encima de la fidelidad a las siglas del principal partido de la derecha.

Diez años al frente de la Alcaldía de Santander (1977-1987) y ocho (1987-1995) de la Presidencia del Gobierno de Cantabria convirtieron a Juan Hormaechea en el personaje central de la política cántabra durante ese periodo. Aunque nunca traspasó las fronteras de la política autonómica, alcanzó notoriedad en toda España por sus estridencias y por su comportamiento poco convencional.

Su trayectoria reproduce, en línea generales, un recorrido habitual para los cargos públicos en la España de la época: accedió al Ayuntamiento en el tardofranquismo, siendo elegido concejal en Santander por el tercio familiar en 1973; su ascenso hasta la tenencia de Alcaldía le permitió, tras la dimisión del alcalde en ese momento, Alfonso Fuente, convertirse en sustituto de este justo el día siguiente de la celebración de las primeras elecciones democráticas (16 de junio de 1977). Fue desde su puesto en el Ayuntamiento de Santander cuando comenzó a hacerse un nombre en el panorama político, trascendiendo pronto el ámbito estrictamente municipal.

Personalismo, autoritarismo, ignorancia de reglas y normas, desprecio por el adversario, arbitrariedad, apelación directa al pueblo o el recurso a cualquier clase de medios para la consecución de unos fines establecidos por él mismo constituyeron algunas de las características recurrentes en su trayectoria política. Hormaechea resume y concentra perfectamente los caracteres con los que se han venido describiendo a los líderes populistas que tanto han proliferado en el siglo XXI.

El primer mandato de Hormaechea como alcalde transcurrió, por tanto, bajo la legalidad heredada del franquismo y adquirió legitimidad democrática tras las primeras elecciones municipales, celebradas en todo el país el 3 de abril de 1979. Aun manteniendo su condición de independiente, Hormaechea se presentó en la lista de UCD (Unión de Centro Democrático), que fue la más votada, obteniendo, con el 33,78% de los votos, 10 concejales de los 27 que integraban el Consistorio. AID (Agrupación Independiente de Derechas), formación en la que se integró Alianza Popular, consiguió 3 concejales. La izquierda (Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista de España y Partido del Trabajo de Cantabria) sumaba 10, de manera que la mayoría absoluta dependió del PRC, con 4 ediles. La decisión de este partido de votar para la Alcaldía a su cabeza de lista, Eduardo Obregón, permitió el mantenimiento de Juan Hormaechea al frente del Ayuntamiento.

Volviendo la vista atrás, es difícil evitar la idea de la responsabilidad que adquirió el PRC, que de alguna manera ya se vislumbraba en el momento: la sesión municipal resultó extraordinariamente agitada, con numeroso público afeando a los regionalistas su decisión. No se podía en aquel entonces prever la dimensión que alcanzaría en los años sucesivos el fenómeno Hormaechea, pero indudablemente sí se percibían ya los primeros indicios de una personalidad poco compatible con procedimientos democráticos.

Como señala Adrián Magaldi en su artículo 'El primer populismo de la democracia española: El caso de Juan Hormaechea', el ejercicio de Hormaechea como alcalde de una corporación elegida democráticamente, de forma paradójica, reveló el carácter y las formas autoritarias del mandatario en mayor medida de lo que había mostrado en su etapa anterior. Los enfrentamientos con la oposición, la descalificación reiterada y sistemática del adversario, y la compra de voluntades marcaron el sello distintivo del mandato de un alcalde que consideraba que el Ayuntamiento no debía funcionar como un Parlamento, y que la oposición, al ejercer su obligación de controlar al poder, impedía la realización de su programa, de sus obras y de sus impulsos.

Por lo demás, continuó la ejecución de iniciativas destinadas a dejar su legado en la ciudad, siempre de enormes dimensiones y de no menores costes. La popularidad de Hormaechea se fundamentó en estas realizaciones, que ciertamente trasformaron la ciudad y dejaron una huella duradera (recuperación para la ciudadanía de la Península de La Magdalena, adquisición de la Plaza de Toros, nuevo campo del Racing, aparcamientos subterráneos, parques públicos...).

La cara menos amable de su quehacer político incluía esos modos referidos, que dieron lugar a enfrentamientos (entendiendo esta palabra como choques que desbordaban ampliamente las lógicas discrepancias y diferencias de criterio en el desempeño de un cargo público) con múltiples agentes, entre los que se pueden citar, sin ánimo de exhaustividad, a miembros del movimiento vecinal, periodistas, concejales de la oposición, el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Raúl Morodo), el famoso golfista Severiano Ballesteros, o los dos presidentes del Gobierno de Cantabria que lo precedieron (José Antonio Rodríguez y Ángel Díaz de Entresotos).

La popularidad de Hormaechea y las dificultades de la derecha en Cantabria para articular una formación política dotada de estructura, liderazgo y proyecto para la comunidad, analizadas por Ángel Revuelta Pérez en 'La transición en su laberinto. Crisis económica, transformación social e inestabilidad política en Cantabria (1975-1995)', confluyeron para facilitar el lanzamiento y posterior consolidación de Hormaechea como figura indiscutible de ese centro-derecha que le acabó otorgando el liderazgo como garantía de éxito en las urnas, pese a sus repetidas muestras de independencia y de no sometimiento a las directrices de las formaciones políticas cuyas listas encabezaba.

De ahí su periplo por las distintas siglas, en las que no llegó a militar, de manera que constituyeron instrumentos coyunturales para sus objetivos electorales. Así, encabezó la lista de UCD en 1979, de AP-PDP-UL en 1983, y, ya como número 1 para el Parlamento de Cantabria, de Alianza Popular en 1987. Estos partidos se plegaron a sus dictados, sometidos a la voluntad de un líder que mantuvo siempre las manos libres para ejecutar sus políticas.

En las elecciones autonómicas de 1987, la candidatura encabezada por Hormaechea obtuvo 122.964 votos (un 41,22%), frente a los 87.230 (29, 24%) del PSOE. Se trataba de una victoria menos contundente de la obtenida en el Ayuntamiento de Santander en 1983, pero superaba el resultado alcanzado ese año por la derecha en las elecciones autonómicas. No obstante, no logró el objetivo fundamental: la mayoría absoluta de la Cámara. Una vez más, lo que no le otorgaron los ciudadanos fue alcanzado por Hormaechea mediante las concesiones de otro grupo: en este caso, el CDS (Centro Democrático y Social), cuya abstención facilitó la investidura de Hormaechea como nuevo presidente de Cantabria. Su desempeño en el nuevo cargo intensificó las pautas seguidas desde la Alcaldía de la capital; las mayores dificultades que le acarreaba la vida parlamentaria provocaron los continuos choques con el presidente de la Asamblea Regional, Eduardo Obregón (el mismo que facilitó su elección como alcalde en 1979).

La renuencia de Hormaechea a cumplir con los procedimientos democráticos dio lugar a un funcionamiento anómalo de las instituciones, pues a la hostilidad manifiesta hacia los partidos de oposición se añadía la imposibilidad para su propio grupo parlamentario de controlar la actuación del presidente. La defección de dos parlamentarios del Grupo Popular fue replicada con el abandono de dos diputados del grupo por el que habían sido elegidos (el Regionalista) para pasar a apoyar a Hormaechea; igualmente, Antonio Lombardo, que desde la Concejalía había protagonizado fuertes enfrentamientos con Hormaechea, denuncias judiciales incluidas, abandonó el Grupo Socialista para engrosar el Grupo Mixto y pasar a apoyar las iniciativas presidenciales. El transfuguismo, que ya había aparecido en el Ayuntamiento, devino práctica habitual en las instituciones de Cantabria, degradando la democracia.

Las sospechas de que no se trataba precisamente de cambios de posición política, sino lisa y llanamente de compra de voluntades a cambio de dinero o de cargos públicos se hicieron generalizadas cuando fue nombrado consejero de Sanidad Ricardo Conde Yagüe, denunciado por Miguel Ángel Revilla y varios miembros del PRC por haberles confesado que le habían ofrecido 100 millones de pesetas por pasar a apoyar a Hormaechea en las votaciones del Parlamento (existen varias referencias de este episodio en la prensa y en la bibliografía; por ejemplo, en el libro de Víctor Gijón e Isidro Cicero, 'El laberinto cántabro'.

Al igual que ocurriera en el Ayuntamiento de Santander, las audaces iniciativas del presidente cántabro fueron exaltadas por sus partidarios como prueba de su eficacia y de su capacidad para llevar a la práctica lo que el común de los políticos, según percepción extendida, no conseguía trascender más allá de las promesas electorales. Hormaechea solía decir que quería acabar con el barro en los pueblos; por ello la construcción de carreteras y el asfaltado de calles y caminos en los municipios de Cantabria fueron algunas de sus obras más publicitadas. El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, junto a episodios igualmente polémicos como la compra del toro semental canadiense Sultán o la adquisición de un helicóptero para el Gobierno de Cantabria, son muestras de la iniciativa personal de Hormaechea y, al decir de sus partidarios, de una altura de miras que le colocaría muy por encima de los políticos convencionales.

Las tensiones entre Hormaechea y el Partido Popular alcanzaron su punto álgido tras la noche del 31 de octubre de 1990. Un periodista de El Diario Montañés fue testigo directo de los insultos que un Juan Hormaechea en estado de embriaguez dirigió a Manuel Fraga, Isabel Tocino y José María Aznar, además de otros improperios y cantos de cariz fascista. Si la convivencia entre el PP y Hormaechea se hacía imposible por momentos, el incidente fue el detonante que decidió al PP nacional a preparar una moción de censura que expulsara a Hormaechea del poder. El PSOE, que tampoco había mostrado gran entusiasmo por este recurso (solo posible si el PP lo apoyaba, dada la composición del Parlamento), acabó pactando una iniciativa que llevaría a su secretario general, Jaime Blanco, a la Presidencia del Gobierno de Cantabria, con José Luis Vallines, del PP, como vicepresidente.

El cambio de Gobierno tuvo lugar solo seis meses antes de las nuevas elecciones municipales y regionales, para las cuales Hormaechea fundó un partido, UPCA (Unión para el Progreso de Cantabria), nucleado en torno a su figura, con perfiles ideológicos difusos y con ese cierto talante regionalista que siempre acarició Hormaechea, admirador del papel que jugaban Jordi Pujol y su partido (Convergencia i Unió) en Cataluña. El resultado electoral le dio la razón, ya que la UPCA recibió un apoyo netamente superior al obtenido por el PP. El acuerdo alcanzado para que Hormaechea siguiera en la Presidencia y el candidato del PP, Manuel Huerta (con solo 6 concejales sobre 27) en el Ayuntamiento de Santander dinamitó todas las proclamas previas que se habían pronunciado, insistiendo hasta la saciedad en la imposibilidad para el PP de alcanzar acuerdos con Hormaechea. El líder nacional del partido, José María Aznar, comprometió en ello su palabra.

La última legislatura presidida por Hormaechea (1991-95) supuso la culminación de la degradación política, con expresiones tan elocuentes como el hecho de que el Grupo Mixto acabara siendo el más numeroso de la Cámara legislativa, o de que el Gobierno finalizara su mandato con solo dos consejeros. La presentación de varias mociones de censura, fracasadas por la falta de acuerdo entre los grupos políticos, la labor de la comisión de investigación sobre las irregularidades de los gobiernos de Hormaechea, más las querellas que se acumulaban en los juzgados convirtieron los últimos años de vida política de Hormaechea en un lodazal impracticable. Finalmente, el día previo a las elecciones municipales y autonómicas de 1995 llegó la resolución de la justicia que inhabilitaba a Hormaechea por 14 años para el ejercicio de cargo público. Aun cuando en todos los colegios se informó de la sentencia, la UPCA obtuvo un nada desdeñable resultado: 12.435 votos (12,23%). 

Populismo y derecha radical

El siglo XXI es testigo de la proliferación de discursos y personajes que cabe encuadrar en ese espacio que fluctúa entre el populismo y la derecha radical, con fronteras vaporosas y lábiles. El peligro que tales dirigentes y las fuerzas políticas a ellos vinculadas representan para las instituciones democráticas se ha puesto reiteradamente de manifiesto, aunque las numerosas voces que alertan sobre esa amenaza no parecen suficientes para atajar el fenómeno.

En Cantabria se vivió un adelanto de estas políticas en el periodo protagonizado por Juan Hormaechea; el que fuera primero alcalde y posteriormente presidente del Gobierno autonómico representó un caso de populismo con una capacidad indudable de recabar el apoyo de amplios sectores de población, hasta el punto de conseguir las mayorías electorales más contundentes que ha conocido Cantabria desde el final del franquismo. Junto a la dificultad de combatir discursos y prácticas de fácil consumo y de funestas consecuencias, es posible extraer algunas conclusiones de estas experiencias pasadas que pueden ser de utilidad en el presente y para el futuro más inmediato.

Y es que los personajes populistas y autoritarios tienden a surgir, y a tener éxito, en situaciones de inestabilidad de los sistemas políticos, de poca confianza en las instituciones, y de malestar social. En Cantabria, en los años considerados, se asistía a la consolidación de un régimen autonómico que fue posible por la movilización de la izquierda y de grupos defensores de la identidad regional, algunos de los cuales acabarían dando forma al PRC. La derecha contempló la posibilidad de la autonomía entre la indiferencia y el rechazo, acabando por aceptar el nuevo marco. Fue precisamente una derecha dividida y con serias dificultades para articularse políticamente tras la implosión de UCD la que se encargó de gobernar la comunidad autónoma desde sus inicios; una sociedad conservadora otorgó el Gobierno de Cantabria a la derecha en las primeras elecciones autonómicas, celebradas en 1983.

En dichas elecciones, solo en Cantabria y Baleares obtuvo mayoría la derecha, resistiendo la onda expansiva de una hegemonía socialista asentada desde su gran victoria de octubre de 1982. La inestabilidad fue uno de los grandes lastres de los gobiernos de la comunidad desde su constitución, en 1982, hasta la inhabilitación de Hormaechea, en 1995. En esos años, se sucedieron las divisiones, el transfuguismo, las conspiraciones, lo que facilitó el ascenso de una personalidad tan fuerte como la de Hormaechea, quien a su vez con su desempeño político incrementó las tendencias divisivas y corruptas, tanto desde el cargo de alcalde de Santander como desde la Presidencia del Gobierno de Cantabria.

Aún de manera secundaria, hay una parte de responsabilidad que cabe achacar a sus rivales políticos. Hormaechea necesitó de la colaboración necesaria (en forma de abstención) de partidos políticos que no eran el suyo: el PRC en el primer caso, el CDS en el segundo. Si en estos dos casos se trataba de dos votaciones decisivas, a lo largo de los años primó el cortoplacismo, la búsqueda de rentabilidad inmediata por encima de la defensa de unos principios políticos que deberían ser prepartidarios, por afectar al núcleo básico de las reglas de juego y a la moralidad en los comportamientos.

No hubo, en general, por parte de las fuerzas políticas teóricamente rivales una posición clara que permitiera trazar una línea roja frente a un político que no respetaba las normas más elementales de la educación debida entre las personas y el juego político democrático (es cierto que Revilla, olvidada la posición del PRC en la constitución del Ayuntamiento de Santander en 1979, y tras algunos acuerdos tan extraños como efímeros de su partido con Hormaechea, adoptó una posición intransigente y se mostró dispuesto a pactar sin condiciones con todos los partidos para excluir a Hormaechea de la vida política). 

Pero si hay unas responsabilidades por omisión, mucho más graves son las de aquellos que perdieron la dignidad y cualquier atisbo de credibilidad a cambio de los votos que Hormaechea pudiera arrastrar. AP y luego el PP no solo aceptaron el liderazgo de un personaje que siempre se jactó de no someterse a la disciplina de los partidos que le permitían liderar sus listas, sino que facilitaron y permitieron todos los desmanes cometidos desde el abuso de poder, incluidos los desplantes y los desprecios a los propios compañeros de partido.

La falta de moralidad del principal partido de la derecha española alcanzó su punto máximo cuando, tras la moción de censura que encumbró al socialista Jaime Blanco a la Presidencia del Gobierno de Cantabria, apoyado por todos los partidos del arco parlamentario, y después de dar su palabra reiteradas veces de que no se volvería a pactar con Hormaechea, el PP y la UPCA acordaron formar Gobierno en el Ayuntamiento de Santander y en el Ejecutivo regional, volviendo a otorgar la Presidencia a Hormaechea.

Igualmente cabe valorar que lo que no hicieron los partidos políticos ni la ciudadanía lo hizo la justicia, inhabilitando a Hormaechea para el ejercicio de cargo público, lo cual en definitiva vino a suponer el final de su carrera política. En esta ocasión funcionó el poder judicial como pieza básica de un sistema en el que todos los actores, por muy legitimados que se sientan por el apoyo popular, deben respetar la legalidad. No deja de ser una buena lección en tiempos en que el poder judicial está en el centro de todo tipo de debates y polémicas. Sin embargo, también es significativo que, pese a la sentencia condenatoria, Juan Hormaechea no pisó la cárcel. La condena de seis años que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por malversación de fondos quedó en papel mojado por la decisión del Consejo de Ministros, que le concedió el indulto total, aunque la gracia excluyó la condena de inhabilitación especial, que alejó definitivamente a Hormaechea de la política.

En estas páginas se relatan con pocas palabras y expresivas fotos lo que este cambio ha supuesto, lo que es hoy la fábrica de la que, por quienes tienen autoridad para hacerlo, ha sido reiteradamente descrita como la más importante entidad Cooperativa de España y ostenta además desde el pasado 18 de julio, para honra de la Cooperación, el título de Empresa Ejemplar

Cooperativa Lechera SAM — 'Un cuarto de siglo de crecimiento de la fábrica de productos lácteos de la cooperativa lechera SAM'

La incautación de la SAM, ordenada por las organizaciones del Frente Popular y las autoridades gubernativas una vez comenzada la Guerra Civil (se concretó el 18 de agosto de 1936), supuso un paréntesis en el control de la fábrica de Renedo por parte de los fundadores de la misma, que fue recuperado tras la toma de la provincia de Santander por las tropas franquistas a finales de agosto de 1937.

Entre los que perteneció al Consejo de Administración estuvo el político socialista Antonio Vayas Gutiérrez, que fue asesinado por un disparo en la cabeza el 25 de agosto de 1937. Señala Armando Fernández Steinko que la violencia política desatada inmediatamente contra las organizaciones de trabajadores se contextualiza en un marco en el que “las élites empresariales y las clases privilegiadas no pactaron acuerdos políticos con las clases populares simplemente porque estas habían sido derrotadas por las armas y el terror”.

Pero los objetivos de la cooperativa seguían intactos, y se vieron alineados con esa idea de autarquía que caracterizó la política económica de Franco en esos sus primeros años de poder. Había que proteger la producción nacional de competencias exteriores, buscando la autosuficiencia. Y las necesidades de leche diarias de Madrid eran imperiosas, tal y como Miguel Ángel Blanco recoge de entre los informes que los agentes y diplomáticos del Foreign Office enviaban a Londres: “En 1943 en Santillana del Mar (Cantabria), donde hay más vacas que habitantes (5.800 vacas y 5.000 seres humanos), y donde camiones cargados de leche marchan diariamente a las fábricas, es imposible comprar un vaso de leche en ninguna tienda o posada”.

A pesar de la proclama franquista de “ni un hogar sin lumbre, ni una familia sin pan”, la gestión de los recursos orientada a paliar el hambre generalizada constituyó un fracaso que prolongó durante años una situación de miseria que afectó a gran parte de la población y que fue utilizada con una intencionalidad política ligada al control social y la represión.

Puede que esa evidente necesidad de Franco por llevar leche a Madrid hiciera que visitara la fábrica en 1941 tras su paso por Santander, a donde llegó en el crucero de la Armada Almirante Cervera. Desde luego la SAM estaba preparada. Había conseguido el mismo año 1937 un contrato con el Ejército para el suministro de leche condensada y para la Confederación Nacional Católica Agraria (CONCA). Había mejorado sus instalaciones y había superado incluso un intento de la propia CONCA de quedarse con la Cooperativa. Y lo más importante, es en este momento (1941) cuando incluso cancelaron todos sus créditos con el Banco de España: los cimientos para unas décadas de prosperidad estaban asegurados. En el año 1946 fueron aprobados sus nuevos estatutos para así poder cumplir con la normativa de la nueva Ley de Cooperativas de 1942, al tiempo que las íntimas relaciones con el poder se seguirían cultivando. En sus Juntas aparecen banqueros, militares, gobernadores civiles…

Paternalismo empresarial

Título I

Naturaleza Social

Artículo 1: Los Sindicatos Agrícolas Montañeses, sección de ventas en común de la Federación Montañesa Católica Agraria, que desde su fundación en 1930, han venido desarrollando sus funciones cooperativas, se denominará en lo sucesivo Cooperativa Lechera S.A.M. y se regirán, en general, por las disposiciones legales y, en particular, por los presentes Estatutos.

Sus cooperativistas disponían, entre otras, de ventajas económicas y sociales tales como compras en común, ventas en común, créditos, mejoras ganaderas, seguros, servicios veterinarios, construcción de caseríos, escuelas de lechería, becas de estudio… y asesoramiento religioso, médico y social y “cuantas obras inspiradas en el espíritu de caridad cristiana crea convenientes su Junta Rectora para el mejoramiento de las virtudes religiosas, sociales y de cultura de todos sus socios”.

El encaje de estas medidas dentro del modelo de organización laboral y social denominado paternalismo empresarial es manifiesto. Otras iniciativas desplegadas apuntan en la misma dirección. Por ejemplo, la obra social. El Hogar Peña Herbosa, que se impulsó desde 1938; el coro; los premios SAM de Pediatría (30.000 pesetas a la mejor monografía médica sobre alimentación infantil); el boletín de la SAM que desde el año 1958 hasta 1998 mantuvo una constante en la divulgación y el contacto con los cooperativistas; las subvenciones a la Granja Escuela de Heras; el “cuarto de hora” de la SAM en la radio. Todo esto no era solo un ejercicio de primigenio marketing.

Por otro lado, las raíces cristianas de la Cooperativa y sus compromisos con el nacional catolicismo eran evidentes: la visita de Carmen Polo en 1953; el nombramiento de Franco como presidente de honor; el obsequio a sus nietas de dos vacas y sus crías... Antes mencionamos la alineación de objetivos. Evidentemente, lo estaban.

En 1954 podían comprarse productos de la SAM, además de en Madrid, en Bilbao, La Coruña, Barcelona, Málaga, Valencia, Zaragoza o Sevilla. Era obvio que en 1957 recibiera el título de “empresa ejemplar”, coincidiendo con su 25 aniversario. Y esa ejemplaridad empezaba a ser usada para convertirla en objeto de visita a sus instalaciones y modelo, tanto para delegaciones nacionales como extranjeras. La SAM era un exponente de industrialización “social” de la leche, en clara competencia o contraposición con el modelo “empresarial” de la Nestlé.

La SAM, la seguridad alimentaria y la alimentación infantil

Desde el inicio, pero especialmente en estos años, fue muy importante su compromiso con lo que ahora llamaríamos seguridad alimentaria. ¡Claro, que aguar la leche también está en nuestra memoria! Y el agua respondía, de una parte, a la necesidad de cubrir la demanda de leche. Por ejemplo, en Madrid, donde estaba especialmente aguada (a partir del año 1952 se obliga a pasteurizar la leche de venta en las grandes ciudades. El aguado madrileño era del 20% de media, llegando hasta el 60% en alguna ocasión). Pero, de otra parte, aguar la leche también era una herramienta de subsistencia en economías domésticas que lidiaban con el hambre y la precariedad. Charo, ganadera de Soba, lo recuerda perfectamente: “Cuando no venía el inspector, si se podía, sí se echaba algo de agua”.

La Cooperativa desempeñó un importantísimo papel a la hora de implantar procedimientos de higienización en el proceso lácteo y de instaurarlos entre los ganaderos. Y tanto en los procesos industriales como en la comercialización de sus productos. Su red de recogida diseminada por una importante parte de la geografía cántabra hacía que sus órdenes, o recomendaciones, como queramos tomarlas, cundieran. Al menos si querías cobrar.

Por otro lado, y en palabras de Casado Cimiano, “con la harina lacteada, la leche albuminosa y el babeurre, a los que seguirán después las leches aciláctica, maternizada y descremada malteada. La elaboración de estos productos por Nestlé y SAM hará que Cantabria sea la región donde se elabore la mayor parte de los dietéticos lácteos y de la leche condensada, que alimentará a la población infantil española, en unos tiempos, además, de especiales carencias y dificultades”. De hecho, en Santander, durante los años 40 se llegó a prohibir la elaboración de quesos y mantequillas con el objeto de asegurar el suministro de leche a la industria, lo que provocó que pequeñas empresas dedicadas a esa transformación tuvieran serias dificultades. Algunas ya no volvieron a abrir. Todo esto tampoco fue fruto del azar.

Es natural que, tras la guerra, la demografía estuviera entre las prioridades de las políticas del Régimen: “Las dos principales cuestiones que guiarían la política demográfica del régimen franquista en su primera etapa: el problema del descenso de los nacimientos y el drama que seguía mostrando la mortalidad infantil”, señala Bernabéu Mestre.

En este sentido, “la cuestión del descenso de la natalidad y de la excesiva mortalidad infantil aparece ligada, desde el culto a la fecundidad y las virtudes raciales, al objetivo de mejorar la potencialidad demográfica”. Este culto a la fecundidad y las virtudes de la raza, alineados inequívocamente con principios de la Falange importados de Mussolini, hacían que la alimentación infantil fuera un asunto de Estado.

De hecho, ya había sido objeto de preocupación desde finales del XIX, y los avances y conocimientos científicos en las diferentes elaboraciones se sucedían. Pero ahora, además, tenían un interés claramente ideológico. Quizá esto también ayudara al éxito comercial de estos preparados. La lactancia artificial fue claramente promovida y generó buenas ganancias económicas: quién no querría a su hijo como los que aparecían en la publicidad de entonces: guapos, rollizos, alegres.

Los años dorados de la SAM

El periodo autárquico quedó atrás en la década de los cincuenta. La evidencia de los cambios aportados por el Plan de Estabilización Económica de 1959 tuvo también su reflejo en el devenir de la SAM. La década supuso una acreditación del crecimiento, en producción, en trabajadores, en presencia en el mercado, en modernización de instalaciones y en innovación. En aquellos momentos se implantó una tecnología casi única a nivel europeo en lo que a laboratorio lactológico se refiere. Y esto es de interés tanto por lo que significó su desarrollo como por su resultado final.

La importancia que llegó a tener la Cooperativa SAM se puede entrever en estas cifras: más de 13.000 asociados; unos 6.500 proveedores de leche, a 5,29 pesetas el litro; conseguir casi monopolizar la venta en Santander de la leche al prohibirse la venta de leche sin higienizar…

Nada hacía presagiar lo que vendría con el final de siglo y el brillo de los números no fue suficiente para evitar la crisis. Casado Cimiano lo resumía en su libro utilizando una expresión que atribuía al que había sido gerente de la Cooperativa, Alfonso Fuente: “La SAM era una tortilla sin huevos”. Pero el impacto que tuvo la llamada reconversión industrial lo dejamos para la próxima entrega.

Había que luchar en la Montaña contra la usura láctica, es decir, contra la venta forzada de la leche fabril a precio sensiblemente inferior al de costo, insólitamente fijado por el monopolizante comprador, a su conveniencia y capricho. También convenía crear un potente organismo cooperativo que, por su amplio cupo, pudiera, sobre serenos márgenes comerciales asentados, fijar el precio de la leche en la provincia de Santander

Ernesto Alday — Ganadero, sindicalista y político

Si no prestamos mucha atención a las referencias geográficas parecería un texto contemporáneo, con esa problemática general del sector agrario que se cuela en los telediarios, y más específicamente de la ganadería de leche: algo muy cántabro, podríamos decir. Ernesto Alday, director de la Colonia Agrícola Polders de Maliaño, lo escribió en 1957 en un artículo titulado El “río blanco” en la Montaña, publicado en la revista Agricultura. Y lo que contaba, desde su perspectiva, era el proceso de creación de la cooperativa lechera SAM (Sindicatos Agrícolas Montañeses). Si el sector lechero representa muchas veces la imagen colectiva de Cantabria, la cooperativa SAM ha figurado en nuestras vidas a lo largo de muchos años y de varias generaciones, y sigue estando presente en Renedo de Piélagos, donde podemos ver su planta, pero ya bajo otras marcas.

Desde su creación en los años 30 del siglo XX acumula todos los acontecimientos vividos en él, siendo testigo, protagonista o parte damnificada de los procesos que entre nosotros se han desarrollado: económicos, políticos, sociales e incluso culturales. Por esa longevidad, y por esa transversalidad que implica beber leche, nos ha parecido interesante hacer un poco de memoria lechera. Así, nos proponemos acercarnos a sus vicisitudes y contextos. Empezaremos por el proceso que desembocó en la inauguración de sus instalaciones en 1932, en el mismo lugar que sigue ocupando la planta en la actualidad, y su andadura inicial hasta el parón, aunque breve, que supuso el golpe de estado fallido del 36 y la guerra que lo siguió.

Los cambios nunca paran

Parece claro que Alday escribe sobre lo que entiende como un monopolio industrial lechero. Y es que la implantación de La Nestlé en 1905 supuso uno de los elementos desencadenantes de cambios que, junto con otros factores económicos y sociales, participaron activamente en este nuevo ciclo en el que se entiende la creación de la cooperativa SAM. Por un lado, estas nuevas industrias que proliferaron por aquel entonces, aunque todas de tamaño reducido, demandaban un producto específico: la leche. Por el otro, tenemos a los productores. Salvo para venderla directamente al consumidor urbano, la producción no se entendía, hasta esa nueva demanda, como un medio a partir del cual generar beneficios. Por ello, su volumen era escaso, con la excepción del dirigido al mercado de las ciudades cercanas.

Así que la instalación industrial facilitó una “conversión” ganadera que veía en el producto “leche” una oportunidad. Tal circunstancia provocó que el predominio del crédito al consumo característico de la economía campesina tradicional (aparcería y usura o unas relaciones forzadas y controladas) diera paso al crédito a la producción. En realidad, una mini liberación de la relación de dependencia enfermiza que las redes clientelares rurales mantenían como control socio-económico. Y si lo sumamos a la posibilidad, de esos mismos pequeños productores a partir de entonces (o algunos de ellos), de combinar su tiempo y sus rentas con el trabajo en esas mismas instalaciones industriales (y otras como minas, etc.) y su contacto con una nueva realidad obrera, se aclara la visión que pudiéramos tener de aquellos cambios: la pluriactividad familiar como fenómeno económico y social.

Así pues, durante este primer tercio de siglo XX y como una de las ideas a retener, Cantabria se convirtió en el centro de un distrito agroindustrial lácteo caracterizado por una producción de la materia prima diseminada, con un elevado número de explotaciones familiares y una transformación de la misma a cuenta de un grupo de empresas muy concentrado y, por tanto, con gran poder de mercado: La Granja Poch, la Sociedad de Industrias Lácteas y la Sociedad Lechera Montañesa de Torrelavega, la granja Henar de Camargo, etc. Es decir, en este proceso capitalista, la ganadería, el campo, o como queramos entenderlo, tiene su papel protagonista, eliminando así ese lugar común de lo exclusivamente industrial que a veces vemos en él.

Pero aún hay más que destacar. Dos importantes protagonistas: la burguesía agrarista y los sindicatos católicos ganaderos. Y en ambos casos, involucrados con la política y sus relaciones de poder. Unos y otros mezclaban responsabilidades en puestos sectoriales, objetivos económicos, cargos políticos, militancias… Los primeros, ganaderos de salón, vieron una oportunidad de negocio en el novedoso ámbito de la importación de ganado de razas foráneas especializadas en la producción de leche. La mejora genética, la importación y comercialización de todo lo relacionado con ello complementaban la actividad. Por su parte, los sindicatos católicos ganaderos constituían un lobby de defensa de los aspectos más tradicionales de la explotación ganadera. Su aportación: el modelo de financiación. La creación de cajas rurales, microcréditos, fórmulas de cooperativismo o garantías recíprocas era una constante entre ellos. La primera experiencia en este sentido la protagonizó, en 1893, la Sociedad mutua de auxilios contra accidentes del ganado vacuno, en Cueto, Santander. Exigía la responsabilidad solidaria ilimitada de los socios “con sus bienes o con las reses inscritas”, sobre las que había que pagar una cantidad mensual (16 reales) a cambio de lo cual cada animal quedaba asegurado contra accidentes “en el trabajo o fuera de él” (50 ptas.) y contra “muerte repentina” (200 ptas. y el cuero), pudiendo el socio dar de baja sus reses y “retirar el interés que tenga satisfecho” si estaba al día del pago de sus cuotas [Entre 1906, año de la Ley de Sindicatos Ganaderos y 1920 se crearon 29 sociedades de seguros ganaderos y 71 sindicatos agrícolas].

Y ya, por último, como otra idea que recordar, enlazada con lo anterior, se encuentra la función de control social de estos sindicatos agrarios. Así, la presencia de socios honorarios (responsables de las “donaciones” con las que empezaban a funcionar los sindicatos), la condición de “tener buena conducta moral y religiosa” para poder ser socio de número (“No podrá pertenecer a esta Sociedad el que no ajuste en todo su conducta a la moral y religión católica”), la actividad de los consiliarios en las juntas directivas (los sacerdotes que, a propuesta de las mismas, nombrase el arcipreste del partido judicial, y cuya “misión” sería “cuidar de que nunca se realice acto alguno opuesto a la Religión Católica, para lo cual podrá impedir que se discuta cualquier proposición contraria al espíritu de la Iglesia”), o la advocación del sindicato a un santo patrono, constituyen ejemplos de una realidad constatada por varios autores“.

La creación de estas organizaciones pretendía contrarrestar la labor asociativa socialista, utilizando para ello la red de los sindicatos católicos. El círculo se cerraría con la constitución de la Agrupación Regional Independiente, al frente de la cual y con un programa de “orden, propiedad, familia y religión”, salió elegido diputado a Cortes Lauro Fernández González, (consiliario de los Sindicatos Agrícolas Montañeses), que más tarde se integraría en la triunfante a nivel provincial Unión de Derechas Agrarias y en la autodenominada Candidatura Contrarrevolucionaria.

Por lo tanto, nos encontramos ante la constitución de un muy importante polo industrial-ganadero, en el que la burguesía vio una oportunidad de nuevos negocios en los cuales invertir. En este proceso hay factores relevantes: la lucha de poder social y de mantenimiento de la hegemonía económica del tradicionalismo vinculado al terruño, acostumbrado al clientelismo y el control social junto con la Iglesia, su aliado necesario natural. Un incipiente modelo de financiación basado en las relaciones de solidaridad mutua, con claras inspiraciones en las utopías de la época, que tenían presencia en las ciudades, y que pretendían acceder al campo, pero marcando distancias de ellas por lo que suponían de ataque a la propiedad privada. Y sin dejar de lado que el minifundismo era un buen antídoto revolucionario. Además, por supuesto, del hecho que una Guerra Mundial había disparado la demanda de leche en todo el Estado.

Los primeros pasos de la SAM

Tan selectas simientes vindicatorias germinaron vigorosamente en las fértiles almas de don Lauro Fernández, canónigo de nuestra santa iglesia catedral basílica, señor de gran temple y ascendiente rural, y de don José Santos, inteligente y culto notario, orador de grande elocuencia y florida pluma, quienes, con el nombre de Sindicatos Agrícolas Montañeses, sesudamente planearon un conjunto de 'ventas en común' sobre la antigua Federación Montañesa Católico-Agraria

Ernesto Alday — Ganadero, sindicalista y político

Para el verano de 1929 la Federación Montañesa Católica Agraria ya tenía claro que quería presentar cara a la Nestlé y vender leche en Madrid bajo la fórmula financiera de una cooperativa. 2.937 asociados de 72 sindicatos provinciales fueron los primeros en estampar su apoyo, económico y de responsabilidad financiera, para el préstamo inicial proporcionado por el Banco de España. Aparte de las dos evidentes columnas sobre las que se cimentó el proyecto que suponían la presencia de Lauro Fernández, la Iglesia, y José Santos, digamos la conexión directa con el poder político y económico, resulta interesante, al menos desde la perspectiva actual, como un planteamiento innovador que tenían claro.

Y es que no escatimaron en conseguir una patente americana, desplazándose hasta la mismísima Nueva York, para negociar in situ los derechos de uso de un novedoso sistema de envasado a base de papel parafinado, y de encargar la maquinaria necesaria para tal procedimiento. Y todo a partir de la certeza de que conseguirían el dinero, no poco, para toda la operación, incluyendo la necesaria construcción de una planta transformadora, así como los terrenos necesarios. La capacidad para aglutinar a estas casi 3.000 personas en un proyecto “intangible” y su financiación revela el verdadero peso social y político de ambas en aquella provincia de Santander.

El 29 de marzo de 1932 se inauguró la fábrica de Renedo de Piélagos, acto que contó con la presencia del obispo de la diócesis, de representantes de las organizaciones agrícolas y ganaderas montañesas, así como de ganaderos y curiosos de toda la región. Y ya desde sus inicios incorporó no solo la innovación ya señalada del papel parafinado para la leche pasterizada, sino una torre de secado de leche (sin terminar) y una sección de mantequería.

Inmediatamente se abrió despacho en Madrid para vender leche, transportada en camión, y envasada en ese no retornable, que la convertía en única. Y es imprescindible mencionar los refrescos de leche con cacao, Don Lauros, que parece causaron furor en la capital. En 1933 también se despachaba leche en Santander, e incluso continuando con esa innovación, ya se producían leche en polvo y productos dietéticos infantiles en 1935. 

La SAM se convertía de esta manera en un competidor destacado para la Nestlé, que para esos años 30 gozaba de una posición de privilegio, casi monopolio industrial, en el manejo del mercado de la leche y sus productores.

Naturalmente, la industria competidora, alarmada por los avances cooperativistas, intentó torpedear a la novata industria, elevando el precio de las aportaciones lácticas y creando productos similares a precios bajos. Cantos de sirena manaban de los puestos de recepción fabril anticooperativista, ofreciendo el oro y el moro a los ganaderos que se inscribieran en sus centros absorbentes

Ernesto Alday — Ganadero, sindicalista y político

La posición de la SAM respecto a Nestlé pasó de una declaración de no agresión, podíamos decir, a una rivalidad abierta por asegurar productores y competir en productos similares en idénticos mercados. Sin embargo, a ninguna de las dos sociedades les interesaba el avance del incipiente movimiento de Casas Campesinas que por toda la región, y dentro del ámbito socialista, pretendían incidir en los precios de la leche, con una perspectiva de clase, y claramente enfrentados a los sindicatos católicos. Parece que el mismo Gil Robles medió y se recondujo la relación, dado que el adversario social parecía más importante.

Tales "Casas Campesinas" se agruparon en una original Federación, de la que fue nombrado presidente un hombrachón de voz tronante, marxista hasta la medula y de modales bovinos, que, no obstante, me guardó siempre agradecible respeto como presidente del Sindicato lechero y pregonado ganadero. Visto lo cual, procuré establecer, contra la excesiva apetencia fabril, un Frente Único-término muy de moda en aquella época de los "frentes populares"-, extendido desde la extrema derecha, vinculada en el venerable canónigo consiliario de la "S. A. M.", hasta el barbarote "mandamás" de las "Casas Campesinas"

Ernesto Alday — Ganadero, sindicalista y político

Cerrando el primer ciclo

Una vez desencadenada la Guerra, la fábrica fue incautada por el Frente Popular. Para entonces, la provincia de Santander se había constituido como un verdadero polo industrial de transformación agroalimentaria, con un mercado extenso y una gran variedad de productos, si bien también sufría las tensiones propias de la competencia capitalista, especialmente con la Nestlé, así como las incertidumbres sociopolíticas de aquellos años. Las nuevas relaciones que se demandaban entre productores e industria, desde perspectivas de la lucha de clases, se mezclaban con la defensa de los intereses sociales y políticos de los viejos poderes vinculados a los nuevos negocios, pero basados en viejas relaciones clientelares, con la Iglesia como socio indispensable. Y para completar el dibujo, estaban las clases sociales burguesas (o urbanas si se prefiere), más vinculadas con los procesos capitalistas mencionados, interviniendo por sus propios intereses. 

El parón industrial motivado por el desarrollo de las operaciones bélicas en Cantabria no fue muy extenso. Con el régimen franquista, la SAM se convirtió en una empresa modelo, contribuyendo a la difusión de sus valores y cumpliendo el papel que se le encomendó de forma eficiente, especialmente en su importante papel para el establecimiento de los estándares de calidad alimentaria en el sector.

Queremos traer a la memoria el 10 de mayo de 1981, día en que aparecieron los cuerpos mutilados, calcinados y cosidos a balazos de tres jóvenes residentes en Cantabria, Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales, que, tres días antes habían salido desde Santander hacia Pechina, en Almería, para celebrar la primera comunión del hermano de Juan, sin imaginarse el terrible destino que les esperaba. Ya habían llegado a Almería cuando fueron detenidos, torturados y asesinados violentamente por la Guardia Civil al ser confundidos supuestamente con un comando de ETA que días antes había cometido un atentado terrorista. Se trata de uno de los episodios más sangrientos, trágicos y vergonzosos de la mal llamada “pacífica” Transición española.

Las familias de los asesinados iniciaron una incansable lucha, que aún mantienen en la actualidad, en defensa de la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición de estos terribles acontecimientos. ¿Qué se ha conseguido desde entontes? Respecto a la verdad y la justicia, se ha dado un cumplimiento parcial e incompleto a estos principios. Si el 'Caso Almería' no cayó en el olvido fue gracias al empeño y determinación de los familiares de las víctimas que cuestionaron la versión oficial de los hechos y llevaron ante los tribunales a los responsables, aunque finalmente solo se logró condenar a tres de los once guardias civiles que participaron en el secuestro y asesinato, que cumplieron solo una parte de la condena en unas condiciones de privilegio.

La satisfacción de los principios de reparación y garantía de no repetición requiere de dos requisitos o condiciones inexcusables. Primero, el reconocimiento de las víctimas del 'Caso Almería' como víctimas del terrorismo, ampliando el ámbito de aplicación de la actual Ley 29/2011, de 22 de septiembre, con el objeto de incluir a las víctimas de violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales. Segundo, la asunción de responsabilidad por parte del Estado y sus agentes, en este caso el cuerpo de la Guardia Civil, y la petición de perdón a las víctimas y sus familiares. A día de hoy no se ha realizado ninguna modificación de la ley, a pesar del incansable esfuerzo de las familias en este sentido y de algunas declaraciones institucionales: la moción, aprobada por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Santander el 31 de mayo de 2016, y la declaración aprobada también por unanimidad por el Parlamento de Cantabria, el 10 de mayo de 2018, ambas con el fin de devolver la dignidad a las víctimas del 'Caso Almería' y reconocerlas como víctimas del terrorismo. El 20 de enero de 2023 la directora general de la Guardia Civil y el secretario de Estado de Memoria Democrática, en un acto oficial de entrega de diplomas de reparación a los familiares, pidieron perdón a las víctimas y sus familiares. Sin embargo, es necesario aclarar que se trata de actuaciones no vinculantes, que no se han materializado en un cambio legislativo, en un relato oficial que sea fiel a la verdad y en una depuración efectiva de responsabilidades.

Esperamos que esta confluencia de acontecimientos favorezca que, de una vez por todas, se dé cumplimiento efectivo a los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición respecto al 'Caso Almería'

En lo que llevamos de año se han producido varios acontecimientos dignos de destacar. Comenzando por el nombramiento, el 24 de enero de 2024, de Zoraida Hijosa Valdizán, anterior directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica del Gobierno de Cantabria entre 2019 y 2023 como directora general de Atención a las Victimas y Promoción de la Memoria Democrática del Gobierno de España. Más recientemente, el pasado 24 de abril de 2024, el Consejo de Ministros aprobó la creación de tres comisiones gubernamentales para el cumplimiento de la Ley 20/22, de 19 de octubre de Memoria Democrática. Una de ellas es la comisión técnica para el estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas, comisión formada por expertos que ha de elaborar un informe en un plazo máximo de un año. En el acto oficial de 20 de enero de 2023, mencionado en el párrafo anterior, el secretario de estado de Memoria Democrática apuntó durante su intervención que la ley aprobada a finales de 2022 es “ambiciosa” en cuanto a sus propósitos, destacando la disposición adicional decimosexta que “plantea y establece una comisión técnica para un estudio sobre la vulneración de derechos humanos en la Transición entre 1978 y el 31 de diciembre de 1983, señalando posibles vías de reconocimiento y reparación”. Así, ha incidido en que será objeto de estudio de esta comisión la situación de las víctimas y familiares del 'Caso Almería'.

Esperamos que esta confluencia de acontecimientos favorezca que, de una vez por todas, se dé cumplimiento efectivo a los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición respecto al 'Caso Almería', sirviendo este escrito como una interpelación a Zoraida Hijosa Valdizán en su calidad de directora general de Atención a las Victimas y Promoción de la Memoria Democrática del Gobierno de España, para que adopte un compromiso profundo con este objetivo.

En esta terrible efeméride, desde Desmemoriados solo podemos decir a los familiares del 'Caso Almería' que seguiremos luchando y no les olvidamos.