Les cuento el rebereque. Resulta que a una significativa mayoría de la gente que reside en el Valle de Masca -estoy hablando de cerca de un centenar de personas- se le ocurrió la idea de trasladar a los grupos presentes en la institución insular un elaborado relato. Un documento en el que quedaron sintetizadas no solo algunas de sus ideas para mejorar su día a día en ese rinconcito único, sino también la manera en que estas debían abordarse.

Curtidos en el sotavento acallador con que las administraciones desechan las demandas ciudadanas, los habitantes de ese caserío decidieron hacer algo distinto: cambiar de estrategia por ver si así recababan los apoyos suficientes para superar las trabas que pone el Reglamento Orgánico del Cabildo a las propuestas que no llevan el sello de los partidos políticos en él presentes. Una iniciativa ante la que el grupo de Gobierno ha reaccionado, en un primer momento, con excesiva desconfianza, luego con cobardía y finalmente con mala fe, al impedir que esta -ya convertida en moción- pudiera debatirse durante el pleno del pasado mes de septiembre.

No es ningún secreto que esta asociación vecinal no ha encontrado las respuestas que esperaba por parte del ente que preside Carlos Alonso, sobre todo en lo referente al desarrollo de las mejoras que sus moradores llevan décadas solicitando, como la implantación de un servicio de limpieza más eficiente o la activación de un sistema de transporte público adaptado a la zona, amén de otros proyectos que requieren de amplísimos consensus, como la modificación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Teno o la aprobación definitiva de un Plan Especial que proteja su patrimonio material. Compromisos todos que el testimonio rubricado en Masca ha hecho valer para insistir en la necesidad de sensibilizar a las instituciones tinerfeñas con la participación social, tal y como lo recoge el Marco Estratégico Insular de Participación, aprobado por el propio Cabildo en 2014 y reforzado por el contenido de la Ley de Municipios promovida un año después por el Gobierno de Canarias.

Para su desgracia, la actitud de CC y PSOE sirve para despejar muchas incógnitas. Primero, porque desvela el miedo a la ciudadanía que padecen sus principales dirigentes. Un miedo atroz que los empuja a escudarse en la lentitud procedimental y otros subterfugios alegales para ocultar el verdadero origen de su falta de voluntad política: el temor aún mayor a renunciar al control, a perder el poder. No hay otra explicación al portazo que han recibido las personas que viven en Masca, que han visto esfumarse otra oportunidad para equipararse con el resto de la sociedad tinerfeña. Y mira que no era tan difícil... Bastaba con no perturbar su legítimo derecho a tomar partido en la solución colectiva de sus problemas. En definitiva, más democracia.

Roberto Gil-Hernández

Consejero del grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife

Lo ha sido porque al manifestar semejante ocurrencia públicamente, está poniendo en cuestión de forma maliciosa el modelo de gestión que su propia formación está desarrollando a nivel archipielágico. Y lo hace como si pudiera inhibirse de la responsabilidad que le toca como parte activa en la suscripción de un pacto en cascada que sólo ha servido para prolongar el epílogo del insularismo más dañino.

Ciertamente, el Cabildo cuenta con una serie de programas para el empleo que este año sumarán cerca de 4,5 millones de euros. Unos programas que asoman tantas veces en la prensa que producen la sensación de que el grupo de gobierno antepone su popularidad a su efectividad real. De hecho, así parece que lo confirma la estadística, válida para aclarar que los índices de inserción laboral de los programas insulares no suplen ni equiparan a los que promueve la Comunidad Autónoma.

De la mano de la imprudencia, nuestra isla continúa a la cabeza del Archipiélago en cuanto a índices de paro, dando cobijo durante el primer trimestre de este curso a más de 123.000 personas que buscaban trabajo y no lograron encontrarlo. 123.000 personas de las cuales la mitad son mujeres y cerca del 30 por ciento jóvenes desempleados. Lo que dibuja un panorama de emergencia social tan grave que debería obligar a la clase política a repensar las bases sobre las que se sostiene la gestión realizada y el destino de las partidas dirigidas al empleo, en lugar de perder el tiempo en mediatizar su necedad.

En Podemos pensamos que la polémica desatada por el presidente del Cabildo tinerfeño, además de innecesaria, es sencillamente fingida. No obedece a una crítica certera a las políticas que su partido está implementando para tratar el paro en Canarias, y sí a la necesidad de insertar la imagen del falso nacionalismo en la agenda de unos comicios que pintan muy mal para su menguado proyecto político.

Cualquier cosa es válida para Coalición Canaria antes que perder su sitio en las instituciones. Una poltrona que no ha servido para detener los efectos de las perversas reformas laborales que el PSOE primero y luego el Partido Popular han aprobado en Madrid, y que no pretendía derogar el apretón de manos entre Albert Rivera y Pedro Sánchez. Ni tampoco ha sido útil a la hora de abordar el paro de larga duración que en nuestras Islas se cierne peligrosamente sobre más del 50 por ciento de la población desempleada, la cual únicamente en la isla de Tenerife reúne a más de 75.000 personas desde que empezó la crisis.

Si detrás de las palabras de Carlos Alonso hubiera una verdadera preocupación por quienes no consiguen trabajo, él y sus colaboradores darían muestras claras de ello, sentándose con la consejera de empleo autonómica, los alcaldes tinerfeños y por supuesto que también con los técnicos del Servicio Canario de Empleo y otros expertos a diseñar de manera conjunta un Plan Estratégico para combatir el paro. Cuando hay ética política, las instituciones no sirven a los partidos; están al servicio de la gente.

Este es sólo un testimonio de los muchos que nos dejaron nuestros mayores sobre la etapa en la que se puso fin -a través de una coerción dramática- a uno de los usos más antiguos que poseían Las Cañadas del Teide, convertidas desde 1954 en Parque Nacional.

Fue precisamente durante la década de los 50, un tiempo en el que a la tradicional batalla por los recursos hídricos de las cumbres tinerfeñas –en manos desde hacía siglos de la oligarquía terrateniente del Norte y del Sur– se sumaba una nueva disputa: la librada por el control de la explotación económica del recién creado Parque Nacional, cuya gestión implicó de manera forzosa el desalojo de actividades tradicionales como la recolección de pinocha y cisco, el citado pastoreo de cabras y también el de camellos.

A consecuencia de ello, se han ido apagando la voces de cabreras insignes como Candelaria la Loca del Malpaís de Araya o Juan de Izaña. Y con su silencio han sido relegados al olvido infinidad de conocimientos acerca del aprovechamiento de determinados recursos naturales presentes en el Teide. Estoy hablando de saberes vernáculos asociados al ámbito rural, una innumerable toponimia, prácticas mágico-religiosas, informaciones sobre la ocupación de espacios de enorme valor etnográfico y arqueológico y hasta de literatura oral. Todo por decisión unívoca de las administraciones locales e insulares de la época, ilustradas por la manu militari propia de la dictadura.

Sin intención de postergar aún más el debate sobre el mantenimiento de ciertas prácticas tradicionales en el Parque y sus posibles consecuencias para la conservación, como fueron en su día el pastoreo, la extracción de minerales, el aprovechamiento de la leña para las carboneras o de la pinocha para la agricultura… Me parece que lo más correcto es adecuar al signo de los tiempos la gobernanza de un espacio natural y cultural tan importante para Canarias.

Esa es la razón por la que Podemos quiso participar activamente junto a diversos colectivos sociales y ecologistas, trabajadores del Parque Nacional y miembros de su Patronato en una moción sobre la gestión de este espacio que acabó siendo aprobada en marzo como acuerdo institucional del Cabildo tinerfeño. Su título resume nuestras intenciones: aprovechar la delegación de la gestión insular del parque para garantizar su conservación atendiendo a criterios ambientales, históricos, culturales y sociopolíticos. Se trata de apostar por fin por un cambio de mentalidad que conciba el entorno del Teide como un cúmulo de virtudes de la más diversa naturaleza. Y que, en cualquier caso, traspase la mera concepción de sus fronteras como una especie de museo de la naturaleza, donde los usos tradicionales asociados a las clases populares son prohibidos en favor de actividades más elevadas socialmente y para nada inocuas con respecto a su conservación, por muy rentables que resulten.

Ciertamente, nuestro Parque Nacional no puede continuar paralizado por una mitología estéril y su gélida maquinaria tecnocrática. El Teide es un escenario singular donde se desarrolla la vida de infinidad de especies animales y vegetales, y que ocupa a nivel identitario un espacio central para el pueblo canario, nos estemos refiriendo a este como un lugar de ocio o de exclusivo interés científico. Démonos la oportunidad de establecer un nuevo discurso colectivo sobre este espacio. Aprovechemos esta delegación de competencias para enriquecer nuestro imaginario y participar equilibradamente en su gestión. La imagen resultante, a buen seguro, hará crecer su valía, y al mismo tiempo aumentará la estima que le tenemos todas y todos los canarios.

Sustituyamos un pasado de incomprensión por un presente y un futuro de participación social y gestión democrática de los Parques Nacionales de Canarias. Hagamos partícipe a la sociedad del Archipiélago de los retos que el Teide y el resto de escenarios protegidos de las Islas afrontan; tales como definir los servicios con los que estos lugares deberían contar, adecuar sus planes rectores y normativas a los principios por los que se rigen la cultura política de la participación ciudadana, realizar campañas de concienciación que hagan posible un uso mucho más responsable de los mismos, divulgar con mayor eficacia su amplísimo patrimonio, diversificar la oferta turística que a ellos se asocia y, cómo no, afrontar con garantías los problemas derivados del cambio climático sobre su ecosistema, especialmente vulnerable.

En síntesis, y parafraseando una recomendación que se ha convertido con el paso de los siglos en un dicho de entidad al interior de nuestra cultura pastoril: a la participación social, como al ganado, poco corral.

En el exilio, las y los saharauis resisten en unas condiciones cada vez más depauperadas. Alojados en la Hamada argelina -una voz que en su traducción castellana sirve para describir el infierno-, cerca de medio millón de refugiadas y refugiados sobreviven a temperaturas desérticas sobre una tierra yerma en la que la ayuda internacional resulta crucial.

Cercados hacia el Oeste por un campo minado y una vergonzante muralla castrense, este pueblo ha sido capaz de organizarse ante la esperanzadora promesa de regresar pronto a la tierra que nunca debieron abandonar, resultando capaces de desarrollar una estructura institucional que nada tiene que envidiar a muchos de los países que con este comparten la medialuna de El Sahel. La existencia de infraestructuras sanitarias y educativas con el sello de la RASD que acogen a la mayoría de la población, y también la conformación electiva de órganos políticos como el Consejo Nacional Saharaui así lo atestiguan.

Mientras tanto, en los territorios ocupados por Marruecos la situación no mejora. Bajo la amenaza perenne de la represión policial y los planes de “regionalización” orquestados por el monarca Mohammed VI, conviven casi 300.000 almas que perseveran frente a la idea de ser asimilados por la maquinaria colonial alauí. Y buena muestra de esta voluntad ha quedado patente en la lucha por los Derechos Humanos que han protagonizado activistas como Aminatu Haidar o Takbar Haddi, junto al ejemplo de dignidad dado por los más jóvenes en lo que duró el reivindicativo campamento de Agdaym Izik.

Pasan los años y sin embargo, no se resuelve el conflicto iniciado en el Sáhara a causa de la precipitada marcha de este territorio protagonizada por España. Luego, por una cuestión de responsabilidad le corresponde a nuestras instituciones valerse de la efeméride que da nombre a esta moción -el cuarenta aniversario de la proclamación de la RASD- para mostrar su apoyo y solidaridad con la lucha de este pueblo hermano en su incansable búsqueda de una paz duradera y justa, el cumplimiento de la legalidad internacional y el respeto a las resoluciones de la ONU y la OUA sobre el Sáhara Occidental. Un compromiso que, desde nuestra condición isleña, debe impulsarnos a trabajar activamente por la solución de un conflicto que nos conmueve no solo a razón de los lazos históricos y culturales que nos unen al pueblo saharaui, sino que también nos afecta por su colindante dimensión trasnacional*.

*El contenido de este texto formó parte de una moción que el Grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife intentó incorporar al orden del día del Pleno celebrado en el mes de febrero. La parte propositiva incluía el izado de la bandera del Sáhara Occidental en el Palacio Insular y el compromiso de la corporación para que instase al Gobierno de España a reconocer oficialmente la legitimidad de la RASD como Estado y representante de la voluntad colectiva de la población saharaui en el contexto internacional.

Aprovechando tan inusual panorama de fraternidad, en Podemos consideramos que era el momento adecuado para tratar de acercar a las islas de Gran Canaria y Tenerife en lo que al manejo de su ajuar arqueológico se refiere. Y con esa intención intervine en el citado punto del orden del día, con el encargo de dar un metafórico “tirón de orejas” a los responsables directos de que estas divergencias institucionales persistan.

Desafortunadamente, nuestros planteamientos no contribuyeron a lograr el fin con el que fueron inicialmente propuestos y, en lugar de arrancar un sereno compromiso por parte del grupo de gobierno, provocaron que sus representantes se salieran por la tangente, atrincherándose en torno a anodinas argumentaciones. Argumentaciones que fueron desde la defensa -nada coherente- de la heroica labor llevada a cabo por el Museo Arqueológico de Tenerife, excepcional superviviente a la oleada de recortes que el propio Cabildo ha propiciado, hasta aludir a la ya manida cuestión de las “enormes diferencias” existentes entre los grupos humanos que habitaron Canarias en los albores de la modernidad; como si esa pretérita excusa sirviera para justificar su inacción en el presente.

Los trabajos realizados en la isla de Gran Canaria han posibilitado el hallazgo, la delimitación y salvaguarda de importantes yacimientos, hoy convertidos en parques arqueológicos relevantes, como la Cueva Pintada de Gáldar, el Maipés de Agaete, el Cenobio de Valerón o la Necrópolis de Arteara. Enclaves todos articulados gracias a la implicación de las instituciones públicas de la Isla y especialmente útiles a la hora de dar a conocer una porción tan significativa de nuestro pasado, a la par que comprometidos con la labor de concienciar a residentes y visitantes de la necesidad de preservar este tipo de espacios. Unas prácticas que, en esta orilla han brillado por su ausencia, no existiendo en nuestra Isla ni una sola infraestructura de estas características, ni tampoco una campaña para poner en valor este tipo de bienes.

Descrito el panorama, me resultará complicado comprender la reacción desmesurada protagonizada por la consejera socialista Amaya Conde, quien al oírme hacer las afirmaciones descritas defendió con vehemencia la labor del grupo de gobierno en materia arqueológica a través de su participación en el Museo Arqueológico de Tenerife, hoy integrado en la estructura más amplia del Museo de la Naturaleza y el Hombre. Un planteamiento al que respondí precisando que nuestra crítica en ningún caso estaba centrada en la labor de dicha institución y sí en la política de conservación y divulgación implementada por el Cabildo en relación a dicho campo de conocimiento, añadiendo además el dato de que buena parte de las colecciones que conforman el valioso menaje de dicho museo proviene de un contexto signado por un método de excavación muy poco riguroso, cuando no directamente de la expoliación y la destrucción irreversible de muchos yacimientos. Y es que, como la consejera con delegación especial en Museos debería saber, la Arqueología en Canarias, y también la Antropología y en menor medida la Historia, han sido disciplinas carentes de toda sistematicidad, a la par que marcadas hasta el extremo por el romanticismo y otros idearios también controvertidos, como por ejemplo, el racismo científico.

Volviendo al Pleno, el debate propuesto por Podemos terminó sin que se agotaran los turnos de palabra del grupo de gobierno, guardándose para el final una desagradable sorpresa relacionada con este mismo punto del orden del día. Un alegato en forma de ruego que en la boca de Cristina Valido, vicepresidenta segunda del Cabildo, únicamente les sirvió para acusarme falsamente –aunque sin nombrarme de manera directa– de haber tildado el trabajo de los y las trabajadoras de los Museos tinerfeños de “expoliación”.

Cualquier cosa les vale, incluida la deliberada manipulación, y si les resulta necesario, incluso la aplicación sesgada de los reglamentos del propio Pleno, negándome el mismísimo Presidente, Carlos Alonso, el derecho a defenderme de semejante acusación por alusiones. Lo importante es silenciar cualquier planteamiento crítico y, cuando esto no es posible, al menos ensuciarlo. Una práctica que tiene nombre en los entornos rurales de la geografía tinerfeña en que agoniza el menguado patrimonio arqueológico que se ha salvado de la depredación urbanística, o de lo que es peor, de la incompetencia política: marrullería.