El el Partido Popular Europeo celebra este martes y el miércoles su congreso en Valencia. Los conservadores de todos los rincones de Europa vendrán a la región de España que es el paradigma de la alianza del PP con la extrema derecha.

Se supone que, en este cónclave, los conservadores europeos marcarán su hoja de ruta. En un momento de especial convulsión en la política mundial, decidirán cómo quieren seguir avanzando en la construcción del proyecto europeo, si de acuerdo con las fuerzas democráticas proeuropeas o de la mano de partidos políticos de la ultraderecha, cuyo principal objetivo es erosionar a la Unión.

Mientras en países como Alemania la CDU no ha titubeado en ningún momento a la hora de establecer el cordón sanitario para alejar del poder al partido ultraderechista Alternativa para Alemania y ha formado gobierno con los socialdemócratas, su partido hermano de España tampoco ha dudado en ningún momento en todo lo contrario: aliarse con la extrema derecha de este país para gobernar las regiones donde han sumado mayoría para gobernar. 

Cuando los colegas europeos lleguen a la Comunidad Valenciana, los dirigentes españoles deberían explicarles cómo funciona esa alianza, y cuáles son las políticas que se aprueban cuando la extrema derecha marca el paso. Deberían explicarles que con la excusa de aprobar los presupuestos autonómicos para 2025 han recortado partidas para luchar contra el cambio climático, para gestionar la inmigración, para ayudar a los refugiados de Palestina y a la cooperación al desarrollo o para preservar la memoria democrática. Valores y banderas de la Unión Europea como la solidaridad, la justicia social o la sostenibilidad han sido borrados de un plumazo en los presupuestos de una Comunidad de más de 5 millones de habitantes. 

Y todo, para mantener al Gobierno autonómico de Carlos Mazón, responsable de la desastrosa gestión de la dana que costó la vida a 228 personas, y protagonista de uno de los episodios más vergonzosos que hemos vivido en nuestro país, su desaparición por motivos inconfesables mientras los ciudadanos por los que debería velar se ahogaban en la riada. 

Es probable que muchos de estos líderes se asombren al comprobar que mientras en la Eurocámara las fuerzas proeuropeas trabajamos cada vez más unidas frente a los grupos donde se integran las formaciones de Le Pen, Orban o Meloni, el Partido Popular se olvida en España de aplicar el cordón sanitario y se abraza sin pudor a un partido xenófobo, machista, negacionista del cambio climático y de la violencia de género.       

El año pasado arrancamos la legislatura europea con los titubeos del PPE, con un líder desnortado que unas veces sumaba mayorías con los socialdemócratas, liberales y verdes, y otras con las fuerzas de ultraderecha, para perplejidad de muchos de sus dirigentes y votantes. Un Partido Popular Europeo que dejó hacer a sus colegas españoles para desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez aún a riesgo de dejar caer a todo un Colegio de Comisarios. Afortunadamente, los populares europeos recondujeron su posición a tiempo y rompieron el espejismo del Partido Popular español, que llegó a creerse que su Grupo respaldaría semejante irresponsabilidad y juego sucio.

Pero este no es momento de juegos ni frivolidades. La hostilidad de la Administración Trump y el reto arancelario, las guerras de Ucrania y Gaza, que lejos de acabar parecen eternizarse, el cambio geopolítico al que nos enfrentamos con nuevas y viejas potencias disputando su espacio en el tablero mundial, el ascenso de los populismos ultra que amenazan nuestras democracias, y el desafío real del cambio climático para la vida de la población, entre otras cuestiones, nos obligan a estar más unidos que nunca. Porque solo con una Unión Europea fuerte y autónoma conseguiremos mantener nuestro lugar en el mundo. 

Por eso, esperamos que el Partido Popular Europeo haya entendido de una vez por todas que ese es el camino. Confiamos en que actúe en consecuencia en el Parlamento Europeo y el resto de instituciones comunitarias, haga causa común con los partidos proeuropeos y abandone definitivamente la tentación de aliarse con la extrema derecha. Sería deseable, además, que cuando vengan a Valencia, se lo expliquen a sus colegas españoles del Partido Popular, a esos que mantienen pactos con Vox en la Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Aragón o Baleares, al tiempo que insultan a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y miembro destacado del propio Partido Popular Europeo. Y esperamos además que los populares españoles expliquen también sus pactos con la ultraderecha sobre una agenda contraria a la democracia, la igualdad y la justicia social, los valores sobre los que se fundó el proyecto europeo hace más de 60 años y por los que seguimos trabajando cada día. 

Quienes trabajamos en política europea sabemos lo difícil que es avanzar, poner de acuerdo a 27 países miembros. Y más difícil es aún que en un sistema político todavía dominado por estructuras patriarcales, con tics machistas que emergen esporádicamente aquí y allá, se dé un paso decisivo por la igualdad.  No debería sorprendernos, pues, la escena del Sofagate en que líderes mundiales ignoran a la presidenta de la Comisión Europea. No es más que la punta del iceberg. El trato desigual es una realidad cotidiana, y aunque vamos mejorando en igualdad salarial, en acceso a puestos de responsabilidad, su forma más cruel es probablemente la más escondida, y por ello la más difícil de erradicar: la violencia machista.

En los últimos años hemos conseguido importantes avances en materia de igualdad gracias a una insistencia machacona de los grupos progresistas que poco a poco va dando sus frutos: presidentas al frente de la Comisión, del Parlamento y del Banco Central Europeo, un colegio de comisarios y comisarias paritario, y cuotas obligatorias en los consejos de administración de las empresas. Sin embargo, tenemos una asignatura pendiente hacia las mujeres más vulnerables, las víctimas de violencia por el mero hecho de ser mujeres. 

Cada día mueren en la UE siete mujeres por violencia machista, casi siempre a manos de su pareja, y entre el 12 y el 15% de ellas viven este infierno diario. No ocupan portadas y necesitan ayuda para salir de ese círculo de desesperación. Ayuda psicológica, económica y judicial. Los y las socialistas llevamos varios lustros reclamando una Estrategia europea contra la violencia de género que contenga un instrumento vinculante. Por eso, cuando Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo dimos nuestro apoyo al programa de trabajo de la Comisión de la presidenta Ursula Von der Leyen le exigimos que incorporara una propuesta de ley para acabar con esta lacra. Han pasado más de dos años, y por fin tendremos una directiva para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. 

Ante la oposición de algunos gobiernos en el Consejo, aún no hemos sido capaces de identificar la violencia de género como un delito incluido en el artículo 83 del Tratado. La violencia machista es un delito grave, y así debería estar tipificado, al igual que ya se contempla la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres, niños y niñas. La directiva prestará especial atención a las medidas de prevención, servicio de apoyo y medidas de protección de las víctimas. Además, debería incluir obligaciones para los Estados miembros de garantizar que la violencia infligida por la ex pareja sea un factor decisivo al examinar los casos de custodia. 

La vía legal de esta directiva es un elemento más en una estrategia global que aún necesita muchos más instrumentos legales, y por supuesto acciones también coordinadas para acompañar un cambio de mentalidad que exponga la injusticia y el anacronismo que supone subordinar a la mitad de la población, desperdiciar su potencial y denigrar su dignidad. Hay que abordar el acoso sexual en nuevos espacios, como puede ser el del deporte, donde todavía subsisten comportamientos cavernícolas inaceptables en el siglo XXI como el del entrenador del equipo femenino del Rayo Vallecano, hasta el uso de internet y las nuevas tecnologías, pues las mujeres sufren 27 veces más acoso por internet que los hombres.  

Este 8 de marzo damos un paso más con la directiva de la Unión Europea, pero queda mucho camino por recorrer en Europa y en el resto del mundo. No nos olvidamos de las mujeres afganas, con quienes me reuní hace poco en Bruselas y prometí seguir apoyando. Tampoco de las niñas víctimas de la mutilación genital o de matrimonios acordados. Ni de las mujeres en zonas de conflicto, con nuestro pensamiento estos días en las ucranias, en las que han decidido quedarse en el país y en las que han escapado con sus hijos e hijas y buscan estos días un refugio seguro.

El debate político con frecuencia aparece reflejado por los medios como un enfrentamiento, con demasiada crispación y una tensión que inevitablemente se traslada a la ciudadanía. Sin embargo, la política tiene ante todo un lado humano, que aunque raramente ocupa espacios en la opinión pública, resulta imprescindible para quienes amamos esta digna tarea de mejorar la vida de las personas. Ciertamente, la política tiene sus sinsabores, pero hay personas que nos recuerdan ante todo nuestra humanidad, y por eso me siento afortunada del camino compartido con David Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo fallecido en la madrugada del martes.

Periodista de profesión, se acercó tardíamente a la política con una sensibilidad social que lo situaba siempre cerca de los más vulnerables, abierto siempre a tender puentes y buscar espacios de encuentro, aunque siempre intransigente cuando se trataba de defender las causas justas. Fue siempre una voz firme en la defensa de los valores europeos, que son los valores de la socialdemocracia. Preocupado por la verdad, por la solidaridad, por una democracia abierta y participativa, siempre mostró un discurso apasionado contra quienes ponen en peligro el proyecto europeo y buscó a los jóvenes. Su espíritu joven y su idealismo no se dejaban atrapar por la sequedad institucional, sino que impregnaba de espontaneidad y cordialidad cada acto oficial, llenándolo con su mirada sincera y con su humanidad.

Como presidente del Parlamento Europeo estos dos últimos años y medio, le tocó lidiar con la peor crisis que haya conocido el continente desde la posguerra. La pandemia nos sorprendió con su virulencia sanitaria pero también la crisis social, económica y humanitaria que originó. Él se empeñó en que el Parlamento permaneciera abierto y operativo, aunque eso supusiera vivir alejado de su familia y al pie del cañón durante los peores momentos. En circunstancias muy difíciles aprendimos a trabajar juntos, siempre con esa esa amplia sonrisa y esa mano tendida que lo hacía todo más fácil. Por un lado defendimos a capa y espada la necesidad de lanzar una respuesta Europea de solidaridad, con un fondo de recuperación financiado de manera conjunta que conseguimos aprobar en tiempo récord, pero además Sassoli no olvidaba las necesidades más urgentes. Cuando todo estaba cerrado en los peores momentos del confinamiento, montó un comedor social y un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género en las instalaciones del Parlamento Europeo.

Por eso al minuto de silencio que convocamos el día de su fallecimiento frente a la Eurocámara asistieron tantas y tantas personas. Un funcionario de un grupo político en las antípodas ideológicas de la socialdemocracia vino a darme el pésame y a decirme cuánto valoraba el trato que el Presidente siempre les había dedicado. Esta es una de muchas muestras de cariño que una gran mayoría ha experimentado en esta casa: que David era un europeísta apasionado y comprometido, que creía en el diálogo y en el bien común, y que sobre todo era una excelente persona.

La vida nos enseña lecciones, y una de las más importantes para mí es que cada uno de nosotros y nosotras somos fruto de las personas que pasan por nuestras vidas. Hay quienes dejan una huella indeleble, y David pervive en quienes tuvimos la suerte de conocerle.

Los países, como las personas, ponen a prueba sus principios en las dificultades. Cuando todo va bien es fácil mantener las relaciones de buena vecindad. Son los momentos de incertidumbre, necesidad, miedo o escasez los que hacen emerger la verdadera naturaleza de cada uno. Es ahí donde podemos marcar la diferencia. Y es precisamente nuestro modo de hacer frente a la COVID-19 el que manifiesta nuestra confianza en los principios que inspiran la Unión Europea. 

Hace justo un año, cuando aún no conocíamos la magnitud de la pandemia y sus efectos sobre la salud a largo plazo, ni su impacto económico, social y psicológico, pedí en el Parlamento Europeo que globalizáramos la solidaridad, para salir adelante sin dejar a nadie en el camino. Mirando hacia atrás, hemos hecho un gran esfuerzo para mantener abiertas las fronteras, garantizar el suministro de medicinas y de otros bienes, para crear un fondo de ayudas a la recuperación y de apoyo a las empresas y al empleo. Hemos demostrado que juntos somos más fuertes, y que la respuesta más solidaria es también la más eficaz para afrontar las dificultades. Ahora toca demostrarlo en la estrategia europea para la compra, distribución y administración de las vacunas. 

La Unión Europea se basa en la legalidad, la justicia, la igualdad y la cooperación por el bien común, y precisamente estos principios son más necesarios que nunca cuando estallan las crisis. Cuando la maquinaria de la cooperación funciona en el día a día, sin hacer ruido, mejorando la vida diaria de las personas, está capacitada para reaccionar ante sacudidas tan fuertes como ésta de la COVID-19 sin dejarse llevar por el pánico o por supuestos patriotismos trasnochados. Fuera de la Unión Europea, otros sistemas y otros gobiernos actúan en función de otros principios. El de Donald Trump, “América primero”, ha calado entre quienes no confían en el multilateralismo y en la cooperación, porque ven el mundo como una selva en la que todos competimos por la supervivencia. Ese darwinismo social y económico destruye a los más débiles y alimenta el rencor entre personas y entre naciones. 

Por eso el gran éxito de la Unión Europea en esta la crisis del COVID-19, y en su estrategia para las vacunas, consiste en haber materializado nuestros valores en una gestión muy concreta: aquí no hay países fuertes y débiles que deban pelearse por sobrevivir, ni permitiremos que las compañías farmacéuticas jueguen a hacernos competir entre nosotros para sacar mejor tajada. Como tampoco lo permitimos en la negociación del Brexit. 

Antes del verano, cuando no se sabía qué laboratorios tendrían antes la vacuna lista para comercializar, la UE negoció con varias empresas para disminuir el riesgo y garantizar el suministro, previendo que surgirían mil inconvenientes. Es más, la UE pagó por adelantado para cubrir los gastos de las farmacéuticas y que aceleraran el proceso de investigación, gracias a préstamos del Banco Europeo de Inversiones. 

Es comprensible que surjan escollos en la producción a gran escala, y para ello la Comisión Europea, los Estados miembros y la Agencia Europea del Medicamento van a trabajar con las fábricas para potenciar su capacidad de producción. Como es comprensible cierto grado de incertidumbre sobre las próximas vacunas que se aprobarán, su eficacia, su precio y cuándo estarán disponibles. Lo que no es comprensible ni aceptable es que haya laboratorios, como AstraZeneca, que habiendo firmado un contrato con unas condiciones, después pretenda desentenderse porque ha encontrado mejor postor. La UE tomará medidas legales, y seguirá trabajando con otras empresas. En ese sentido, la Comisión Europea debe actuar con firmeza, pero también ayudaría a clarificar la situación una mayor transparencia sobre los contratos, que ni siquiera los miembros del Parlamento Europeo han podido ver. Todos los documentos que no exijan confidencialidad deberían hacerse públicos.

Sí, es hora de acelerar el ritmo de vacunación, y así lo han acordado los líderes de los 27 países miembros. Como también han acordado un protocolo común, para que nadie se vaya a un país vecino esperando tener alguna ventaja: Que durante el mes de marzo se intente vacunar al menos al 80% de la población mayor de 80 años y al 80% de los profesionales de la salud, y al 70% de la población adulta el próximo verano. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades supervisará cómo avanza el porcentaje de población vacunada dentro de la UE, e irá publicando los datos cada dos semanas.  

En algún momento se ha criticado la lentitud en la aprobación de las vacunas por parte de la UE, frente a otros lugares como China, Rusia o el Reino Unido. La diferencia es que en la UE tenemos los criterios más estrictos de comercialización de medicinas y productos médicos. En la búsqueda de la eficacia y la celeridad no se han reducido un ápice la calidad ni la seguridad. Los europeos no competimos con nadie, y no sacrificamos la calidad por la propaganda.

Es precisamente en estos momentos de crisis cuando se exacerban los nacionalismos y la competición contra el vecino. Nos enfrentamos a una crisis global nunca vista, en que todos los países del mundo necesitan la vacuna al mismo tiempo y para vacunar masivamente a toda la población.  La Comisión ha negociado en nombre de los 27 para adquirir a buen precio - sin la escalada que hubiera supuesto una puja abierta entre todos los potenciales compradores - de 2.300 millones de dosis, para una población en la UE de 500 millones de personas. Esto quiere decir que desde el comienzo hemos pensado en un excedente que irá destinado a nuestros vecinos, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Como socialdemócrata, me siento especialmente orgullosa de que la Unión Europea considere que la vacuna contra la COVID-19 es un bien público global, y que por tanto debe ser accesible para todas las personas, vivan donde vivan. Los países ricos, que representan el 14% de la población mundial, se han asegurado el 53% de las vacunas más consolidadas, pero es necesario garantizar un acceso justo y equitativo a todo el mundo. Para ese fin, la UE ha trabajado con la OMS para establecer un mecanismo global, COVAX, que canalice la solidaridad internacional. Pero la UE también debe desarrollar una diplomacia de vacunas propia en coordinación con los Estados miembros, para asegurar que nuestros vecinos y aquellos países menos desarrollados tienen acceso también a la vacuna a tiempo y con garantías. Es nuestra obligación moral, porque sólo podremos estar a salvo del virus unos cuando lo estemos todos, sin excepción. 

Sin duda, la Unión Europea no es perfecta, y queda mucho trabajo por hacer: entre otras cosas crear una verdadera Unión de la Salud. Pero no me cabe duda de que nuestros principios son los que se necesitan para afrontar una crisis global, y nuestra influencia en los organismos internacionales puede ayudar a reforzar las Naciones Unidas y un nuevo orden mundial basado en la legalidad, la justicia y la cooperación. 

La primera crisis que estuvo a punto de hacer descarrilar el proceso de integración europea sucedió tan solo tres años después de la firma del Tratado de la Comunidad del Carbón y del Acero. En 1954, la Asamblea Nacional francesa rechazó ratificar el tratado para una comunidad de la defensa, sumiendo a los líderes de los seis países fundadores en el desconcierto y el desánimo. Entonces Holanda dio un nuevo aliento con una propuesta ambiciosa y valiente: una comunidad económica global y transversal. El banquero y político liberal holandés Johan W. Beyen retaba con esta idea el modelo de integración por sectores económicos que propugnaba Jean Monnet. Monnet incluso expresó sus dudas de que tuviera éxito. Lo tuvo, y permitió la profundización y la ampliación de una comunidad –hoy la Unión– que ha traído paz y prosperidad a millones de europeos y europeas. Un liderazgo valiente e innovador es precisamente lo que necesita hoy la Unión para garantizar su futuro.

El mercado común facilitó la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales. Evolucionó hacia un mercado único con estándares comunes y menos barreras, resultando en una mayor productividad y precios más bajos. Esta integración de las economías de los países europeos ha beneficiado a todos, pero a algunos más que a otros. Según datos de la Comisión Europea, Holanda es, en términos absolutos, el tercer país que más se beneficia del mercado único, con unos ingresos adicionales estimados de 84.020 millones de euros, por delante de Italia y de España, a pesar de que su población es mucho menor.

Pero no es el momento de reproches, ni debemos mirar a la integración europea como un juego de suma cero. Los líderes de la UE tienen la obligación de explicar mejor lo que está en juego para ahuyentar la impresión que puedan tener algunos de que si alguien está en dificultad es porque “no ha hecho los deberes”. Es preciso recordar que la Comisión de Jacques Delors introdujo los fondos estructurales y de cohesión como una forma de compensar por las pérdidas que algunos países o regiones sufrían al entrar en el mercado único. Son un instrumento de la solidaridad, que es el principio sobre el que se sustenta la Unión, y solo con solidaridad conseguiremos que todos ganemos con la integración europea, sin que haya ganadores y perdedores.

La Comisión Delors también lanzó la moneda única, que se introdujo paulatinamente. Durante el período de transición ya se puso de manifiesto la diferencia que existía entre la prima de los bonos de Estado de diferentes países, así como su tasa de interés y de inflación. Aun así, el euro empezó a circular sin que se completaran los instrumentos para gestionarlo, y los efectos de estas deficiencias se notaron dolorosamente durante la crisis del 2008, cuando una serie de países tuvieron que enfrentarse solos a una dura crisis financiera, y se vieron obligados a aceptar programas de rescate a cambio de unas condiciones brutales, cuyos efectos económicos y sociales todavía sufrimos hoy.

En esas circunstancias fue imposible evitar la especulación global contra algunas primas de riesgo, sin los mecanismos tradicionales de gestionar la moneda a nivel nacional, y sin mecanismos europeos porque aún no existían. Fue en este tiempo cuando los países del euro aceptaron crear el Mecanismo Europeo de Estabilidad, para ayudar a los países sometidos a una gran presión presupuestaria. El objetivo era facilitar préstamos de emergencia. Pero a cambio, los países debían acometer programas de reformas de austeridad. Este instrumento se diseñó para afrontar choques asimétricos, con la lógica de que algunos países habían cometido errores sistémicos en el pasado. Pero todo eso no puede aplicarse a la crisis actual, que es simétrica y afecta a todos los países.

A diferencia de lo que expuso Robert Mundell en 1961, el principal problema de las áreas de moneda única no es solo cómo responder a los choques asimétricos. Quedó claro en 2008 que los países de la UE no podían reaccionar individualmente con su política monetaria porque no podían depreciar su moneda. La especulación contra la prima de riesgo golpeó duramente a algunos Estados miembro mientras otros se beneficiaban de la agonía del vecino.

Ahora mismo la UE está viviendo un choque simétrico causado por la Covid- 19, y no sirven los instrumentos que usamos para la crisis del 2008. Esta vez se trata de una crisis existencial de la Unión, porque puede llevar a una completa desafección de muchos gobiernos y de muchos ciudadanos y ciudadanas. Así como la política de cohesión y el mercado único son las dos caras de una moneda, así la emisión de unos bonos comunes para asumir el coste de la recuperación es la otra cara de la moneda única. La economía de los países cuyos gobiernos se oponen ahora a estos bonos –limitados en el tiempo y que no abarcarían la deuda soberana previamente existente– sufrirán también la depresión económica que afecta no solo a sus socios en la zona euro, sino a todo el planeta.

Muchos estudios han demostrado ya que la decisión de crear una moneda única respondió a motivaciones políticas más que a las ventajas económicas. Fueron los líderes nacionales quienes en los años 50, pero también en los 80 y en los 90, decidieron unir nuestros destinos, y nuestras economías. El trabajo está sin acabar, y esta crisis del coronavirus es la mejor oportunidad de demostrar un verdadero liderazgo y de completar los mecanismos de la Eurozona, para asegurar no solo la justicia y la solidaridad, sino también la racionalidad macroeconómica.

El pasado mes de junio la vida de 629 personas se jugaba en el Mediterráneo. Niñas y niños, mujeres y hombres que huían de la muerte, el hambre y las guerras recibían un portazo a las puertas de Italia con la negativa de un gobierno populista que hace de la inmigración un arma letal contra el proyecto europeo.

Y en ese momento el Gobierno de España, con gran sensibilidad, ofrecía los puertos de nuestro país para salvar las vidas de estas personas a la vez que ganaba toda la autoridad moral para exigir al proyecto europeo volver a coger el timón del valor de la solidaridad.

Nadie que conozca medianamente los efectos de la globalización puede obviar que la política migratoria necesita de instrumentos comunes europeos, porque quienes arriesgan sus vidas y las de sus hijos en un viaje infernal lo hacen llamando a las puertas de Europa como sinónimo de esperanza y futuro.

A partir de ese momento, nuestro presidente de Gobierno, en el Consejo europeo de finales de junio y posteriormente a través de encuentros bilaterales con líderes europeos, consigue consolidar la idea de que solo a través de políticas comunes podremos enfrentarnos a esta realidad. Y ha sido esta misma semana cuando tras la petición nuevamente del barco Aquarius de acoger un nuevo grupo de inmigrantes, el Gobierno de España ha impulsado y logrado un acuerdo entre 6 países europeos para recibir a estas personas.  Volvemos a demostrar que solo desde la solidaridad se puede hacer frente a esta realidad.

Europa tiene problemas, de nada serviría ponerse una venda en los ojos.

Los valores europeos que construyeron este proyecto común se ven contestados por aquellos que usan el populismo como respuesta errónea a unos desafíos que debemos afrontar con inteligencia. Y la extrema derecha y los populismos en algunos países (véase la actitud y declaraciones de Salvini en Italia o Víctor Orban en Hungría) acechan como un virus que planea contagiar al resto de Europa.

Y frente a esto, las sociedades modernas y con valores deben responder con firmeza. Esperemos que en nuestro país algunos no tengan la tentación de ir por el camino equivocado, y que la derecha española del PP y Cs demuestre saber comportarse defendiendo Europa como proyecto común. Por desgracia, no es así como están actuando estas últimas semanas, pero todavía estamos a tiempo de apelar a su responsabilidad, porque España necesita en estos momentos una oposición responsable y capaz de contribuir a buscar las soluciones que nuestro país y Europa necesitan.

El Sr. Casado y el Sr. Rivera deberían dejar esa competición por ver quién representa la derecha más rancia y ser capaces de trabajar en un proyecto solidario y justo de país.

Mientras tanto, nuestro presidente de Gobierno Pedro Sánchez no dejará pasar un solo día sin contribuir a construir un país digno y una Europa solidaria. Y seremos muchos y muchas los que estaremos trabajando para conseguirlo.

En una de las regiones más desarrolladas e igualitarias del mundo, todos los días 7 mujeres son asesinadas por su pareja o ex pareja.

Ningún lugar escapa a las insoportables estadísticas de la violencia de género, que no entiende de continentes, ni de condición social ni de edad… porque hunde sus raíces en la creencia de que la mitad de la población es superior a la otra y, por tanto, tiene el derecho de poseerla y controlarla.

En esa misma región del mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual, 1 de cada 20 ha sido violada, 4 de cada 10 han sufrido violencia psicológica y alrededor de 500.000 han sufrido mutilación genital femenina.

Eso ocurre en la Unión Europea, que recoge en sus tratados la igualdad de género como valor fundamental, y donde algunos de sus Estados miembros registran los niveles de igualdad entre mujeres y hombres más altos del mundo.

Los socialistas en el Parlamento europeo reclamamos desde hace años una Directiva Europea contra la violencia de género que incluya leyes de obligado cumplimiento, porque solo desde la coordinación y con medidas eficaces seremos capaces de combatir esta brutal realidad que le cuesta la vida, la salud y el futuro a miles de mujeres europeas cada año, y a millones en todo el mundo.

Ni siquiera tenemos una tipificación legal europea en materia de violencia de género que nos haga entender la dimensión real del problema al que nos enfrentamos. Al no existir una definición común de víctima de violencia de género en el ámbito judicial, lo que en un Estado se considera como tal, en otro no lo es.

Para combatir un problema, lo primero es saber a qué nos enfrentamos, y en el caso de la Unión Europea, hay mucho trabajo por hacer. Tenemos que homogeneizar datos, conceptos y definiciones, y eso es lo que conseguiríamos, entre otras cosas, con la estrategia común que deban cumplir todos los Estados miembros.

Seguiremos exigiendo a la Comisión que ponga en marcha una Directiva europea contra la violencia de género y un Observatorio europeo que nos permita conocer y evaluar con exactitud lo que está sucediendo. Del mismo modo, seremos incansables reclamando a todos los gobiernos europeos que ratifiquen el Convenio de Estambul, un instrumento para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas.

Este Convenio, que fue adoptado por los 47 Estados miembros del Consejo de Europa en 2011, es el primer tratado europeo que aborda de forma específica la violencia contra las mujeres, que recoge medidas preventivas, de protección, enjuiciamiento y desarrollo de políticas integradas. Los países que lo ratifican tienen la obligación de cumplirlo, pero hoy en día solo 14 países de la UE lo han ratificado, algo inaceptable. 

Además de los gobiernos, todas las instituciones comunitarias están obligadas a trabajar de forma transversal para concienciar, prevenir y combatir la violencia de género, porque al machismo violento tenemos que plantarle cara desde todos los ámbitos.

Sin olvidar que detrás de las cifras de asesinadas, detrás de las frías estadísticas se encuentra el dolor, la rabia y la desesperación de mujeres a las que acompañó el silencio y la soledad hasta el final de sus días. Por ellas, por su memoria y por todas las que todavía hoy sufren de esta lacra, tenemos que seguir trabajando; es nuestra obligación.

Otro 8 de marzo, otra vez un motivo para hacer balance de los retos alcanzados, de los pasos desandados y de las piedras que adivinamos en el camino.

Este año, la Unión Europea ha querido llamar la atención sobre la importancia del empoderamiento económico de las mujeres, porque la falta de recursos y de autonomía es una de las causas más directas de la desigualdad.

A día de hoy, las mujeres europeas ganan de media un 16% menos por hora que los hombres. Y de seguir el ritmo actual, hasta 2086 no llegarían a cobrar lo mismo que los hombres.

Una brecha salarial que persiste a pesar de que las mujeres obtienen mejores resultados académicos, llegando a representar el 60% de las graduaciones universitarias de la Unión.

Pero cuando salimos de las aulas y dirigimos la mirada a los núcleos de poder y a los puestos de dirección de organismos públicos y empresas privadas, es sorprendente comprobar que incluso en aquellos sectores dominados por mujeres, ellas están infrarrepresentadas en los puestos de responsabilidad. Y cuanto más alto es el nivel, menor la representación, como demuestra el hecho de que las mujeres no superen el 20% de los miembros de juntas directivas de las mayores empresas que cotizan en bolsa en el territorio de la UE y ni siquiera alcancen el 5% de los puestos de dirección de dichas juntas.

No es comprensible que las empresas desechen más de la mitad del talento y de las capacidades de la sociedad. No sólo es injusto, sino que desde el punto de vista de la eficacia económica es un error, porque valorar a las mujeres por el trabajo que realizan y pagarles por sus competencias y su potencial mejora el rendimiento y la eficacia de una empresa. Y también redunda en beneficios para la sociedad, como recoge un estudio de la Comisión Europea sobre cómo combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres en la UE, que asegura que si la participación en el mercado fuera equitativa, el PIB aumentaría un 30%.

El principio de igual retribución por un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor está consagrado en el Tratado de Roma –que el próximo día 25 cumple 60 años–, y la obligación de las instituciones comunitarias es mejorar la legislación vigente e implementar medidas para cumplir con este compromiso.

Pero es también una cuestión de voluntad política, como vemos en ciertos países que han puesto en marcha medidas específicas para combatir la brecha salarial. Francia, Luxemburgo y Suiza han desarrollado una herramienta en línea –Logib– que permite a  las empresas analizar sus estructuras de pagos y personal; Austria ha creado una calculadora de sueldos y salarios; y en Suiza las empresas obtienen un logotipo que certifica la igualdad de retribución si demuestran que han aplicado una política de salario justo entre mujeres y hombres.

Los salarios más bajos –o directamente la falta de salarios– y el trabajo a tiempo parcial tienen un impacto de largo alcance en la vida de las mujeres, que al final de su ciclo laboral cobran pensiones más bajas y tienen un mayor riesgo de pobreza en la tercera edad.

En Europa, las jubiladas cobran de pensión un 40% menos que los hombres, una brecha que las condena a una vida con menos autonomía, menos poder de acción y a una vejez con menos recursos.

No podemos tolerar que nuestras sociedades desaprovechen el talento y las capacidades de más de la mitad de la población. Ni tampoco nos callaremos ante quienes consideren que la brecha salarial está justificada.

Mientras exista una sola persona que defienda que las mujeres deben cobrar menos porque son más débiles o más pequeñas, seguiremos alzando nuestras voces quienes creemos en la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos.

Y ante las personas que desde su escaño justifican que las mujeres valemos menos, nos levantaremos y les plantaremos cara.

"Cambios que se empezaron a notar en el arranque de esta nueva legislatura, con un Parlamento Europeo más fuerte, capaz de imponer su mayoría a la Comisión Europea", defiende García

Europa ha empezado a girar. Una vez demostrado que la austeridad por sí sola no ha sido capaz de resolver los problemas económicos, sino que al contrario ha provocado grandes injusticias y desigualdad, este gran trasatlántico ha emprendido un cambio rumbo.

Cambios que se empezaron a notar en el arranque de esta nueva legislatura, con un Parlamento Europeo más fuerte, capaz de imponer su mayoría a la Comisión Europea. El primer éxito se lo anotó la Eurocámara cuando conseguimos incluir nuestras condiciones en el Fondo Europeo de Inversiones estratégicas, conocido como Plan Juncker. Logramos un aumento del presupuesto, impedimos el recorte en programas destinados a investigación y desarrollo y reforzamos el sello de garantía juvenil. Es insuficiente, lo sabemos, por eso seguimos peleando para sacarle mayor rendimiento y para que se convierta en una auténtica herramienta para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la Unión Europea.

Y el signo más reciente de ese cambio lo tenemos en la Directiva integral contra la elusión fiscal que ha presentado recientemente el comisario socialista Pierre Moscovici, un paso muy importante en la larga marcha contra esta lacra y los paraísos fiscales en el mundo.

Ahora son más los socialdemócratas que se sientan en el Consejo europeo, y se nota. Suenan más alto las voces que reclaman el fin de la austeridad, un marco de salarios mínimos, una renta mínima europea que haga frente a los más de 120 millones de europeos que viven en riesgo de exclusión social o la flexibilización del cumplimiento del déficit y la deuda pública.

Propuestas prioritarias en la agenda de la socialdemocracia europea que también forman parte del Programa para un gobierno progresista y reformista con el que el Partido Socialista está tejiendo posibles alianzas para formar gobierno y devolver a nuestro país a la senda del crecimiento y la justicia social.

La necesidad de dar respuesta efectiva y urgente a la crisis de los refugiados, impulsar una política común europea de asilo e inmigración o impulsar un plan renovado de derechos humanos son algunas de las medidas que nuestro candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, está proponiendo al resto de fuerzas políticas.

Estamos convencidos de que España debe involucrarse decididamente en la gobernanza mundial, dar lo mejor de sí misma en materia de cooperación y solidaridad para superar los desafíos que tenemos en el tablero internacional, no solo como país sino como Estado miembro de la Unión Europea. Por eso ofrecemos nuestro apoyo a los esfuerzos internacionales para una solución política en Siria y a la coalición global contra el Daesh.

Aquellas propuestas que defendemos para España también las llevaremos al corazón de Europa, porque entendemos que lo que es bueno para nuestro país también lo es para el conjunto de la UE; me refiero, por ejemplo, a la democratización de las instituciones. Para ello proponemos medidas tan concretas como mejorar los controles a los responsables de la UE, que el presidente del BCE comparezca en el Parlamento Europeo en el momento de su elección y que los comisarios rindan cuenta en los parlamentos nacionales.

Son solo algunas de las medidas que recogemos en nuestro programa para ese gobierno progresista y reformista que queremos echar a andar. Un punto de partida en el que la UE no solo está presente sino que es parte esencial.

Como reza en el documento con el que estamos trabajando, nuestras medidas están encaminadas a construir una UE más democrática, comprometida con los derechos humanos, el crecimiento económico y la lucha contra las desigualdades.