¿Es posible que se den elevados niveles de corrupción en un país con un sólido entramado de instituciones de gobierno independientes que se controlen mutuamente?; ¿en un país con una justicia bien dotada, rápida y eficaz?; ¿en un país con un sector público transparente en el que los ciudadanos tengan acceso sencillo a toda la información sobre la acción de gobierno y con una cultura de seguimiento de los asuntos públicos apoyada en medios de información plenamente independientes? Un nivel elevado de corrupción no puede explicarse sin un cierto déficit en la calidad de las instituciones de gobernanza, entendiendo por esta calidad, junto a los bajos niveles de corrupción, factores como la fortaleza del estado de derecho, la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de gobierno y la independencia de los distintos poderes públicos.

La sociedad española ha alcanzado en los últimos años un elevado grado de sensibilización frente a los problemas de corrupción. Sin embargo, otros aspectos de la calidad de las instituciones del país como, por ejemplo, la independencia de las comisiones reguladoras de los mercados o la dotación de medios suficientes para los organismos de control, resultan demasiado lejanos a muchos ciudadanos.

La calidad de las instituciones de gobierno y el control de la corrupción son piezas fundamentales para el desarrollo económico de los países, especialmente cuanto más avanzadas son sus economías. De esa calidad dependen buena parte de los servicios que recibe la ciudadanía y del progreso económico que cabe esperar para el futuro.

La calidad de las instituciones de gobernanza española se sitúa entre el 20% de los países con un mayor nivel en el mundo, según los indicadores del Worldwide Governance Indicators (WGI), elaborados para el Banco Mundial y con información sobre 154 países con más de medio millón de habitantes. Sin embargo, los resultados que obtiene España se sitúan por debajo de lo que le correspondería de acuerdo con el desarrollo de su economía. España obtiene un valor de 6,8 sobre 10 en el indicador combinado de calidad institucional, frente al 8 de la media de Alemania, Francia y Reino Unido, que constituyen modelos de economía avanzada. Ahora bien, se sitúa asimismo por delante de otras economías mediterráneas  como la italiana y la griega, cuya calidad institucional promedio apenas alcanza un valor de 5,8.

El informe Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España, elaborado por los autores de este post gracias al apoyo de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de investigaciones económicas (Ivie), extrae ese indicador combinado de calidad como un promedio de cinco indicadores que proporciona el WGI. En concreto, se analiza la voz y rendición de cuentas (democracia y libertades públicas), la efectividad gubernamental, la calidad regulatoria, el respeto a ley y los contratos y, por último, el control de la corrupción. El nivel de calidad institucional que se obtiene según el indicador combinado de los WGI sitúa a España en torno al percentil 81 (es decir, entre el 20% de países con mejor calidad a nivel mundial). Ahora bien, la productividad española figura notablemente más arriba, en torno al percentil 85 (el país más productivo del mundo ocupa el percentil 100 y el menos productivo ocupa el percentil 1). La calidad institucional aparece, pues, como una debilidad relativa de la economía española. Esa debilidad debe ser compensada por las fortalezas en otros factores. Si todos los factores productivos de la economía española se situasen en ese nivel relativo de la calidad institucional (es decir, si se situasen en el percentil 81 de su distribución mundial), la productividad de la economía española sería un 17% inferior. Esto nos dejaría en los niveles, por ejemplo, de Eslovenia.

El país presenta su mejor desempeño en las categorías de voz y rendición de cuentas, cumplimiento de la ley y los contratos, y efectividad del gobierno. Sin embargo, las mayores debilidades aparecen en los indicadores sobre calidad regulatoria, donde se sitúa 1,2 puntos por debajo de Alemania, Francia y Reino Unido, y, sobre todo, en control de la corrupción (2,3 puntos por debajo). Este último indicador  mide la confianza en los políticos, los funcionarios, el sistema judicial, el sistema de recaudación de impuestos y la existencia de pagos irregulares en contratos públicos. En la comparativa mundial, España aparece en el percentil 75, que es el que corresponde a una productividad por ocupado inferior en un 23% a la de la economía española (en los niveles, por ejemplo, de Eslovaquia).

Por su parte, la calidad regulatoria recoge aspectos como el exceso de regulación y sus costes para las empresas, la facilidad para iniciar negocios, la existencia de posibles impuestos discriminatorios, controles de precios y la libre competencia. En este caso, España se sitúa en el percentil 79 de la distribución mundial, lo que corresponde a una productividad por ocupado inferior en un 21% a la de la economía española, lo que equipararía a España con, por ejemplo, Grecia y la República Checa.

Del análisis de los indicadores WGI se deriva también que la trayectoria española ha sido ligeramente decreciente en calidad institucional, ya que todos los indicadores se sitúan en 2017 a un nivel inferior al de 2003. El indicador global ha descendido desde un 7,8 a un 6,8.

El principal objetivo del informe es mostrar que el déficit de calidad institucional, una de cuyas manifestaciones y consecuencias es la corrupción, tienen un importante coste económico que va más allá del montante de los fondos públicos apropiados indebidamente. La corrupción disminuye la rentabilidad de los proyectos empresariales, incrementa su incertidumbre, reduce los niveles de inversión y desvía recursos humanos y financieros hacia la influencia en los órganos de decisión pública en lugar de asignarlos a actividades productivas, y orientan los esfuerzos hacia la búsqueda de privilegios desincentivando el emprendimiento y la innovación. Se traduce, finalmente, en menor productividad, mayor desempleo y salarios inferiores a los que serían posibles con la tecnología y el capital humano disponible.

Elevar la calidad institucional hasta el nivel que le correspondería dada la productividad del país permitiría incrementar el PIB per cápita en un 16% en un plazo de unos 15 años. Esto significaría  elevar el crecimiento medio anual de la economía española en torno a un punto porcentual a lo largo de un periodo de 15 años.

Estas estimaciones están basadas en el trabajo de un buen número de investigadores en economía que, a lo largo de las últimas dos décadas, han situado la calidad institucional entre los factores fundamentales para el desarrollo económico. Estas investigaciones han permitido estimar el coste medio que tiene la baja calidad institucional en los países, en términos de renta per cápita y productividad, y son la base de los cálculos que se realizan en el informe. En concreto, haciendo uso de esas estimaciones, hemos calculado el impacto que tendría llevar la calidad institucional española desde el lugar que ocupa en la actualidad, hasta el percentil 85 que correspondería a su nivel de productividad.

El impacto positivo que tendría la mejora de la calidad institucional sobre el PIB se produciría indirectamente, a través de mecanismos que aumentarían la inversión y la productividad y, con ellos, la producción y el empleo. La mayor seguridad jurídica, la reducción de la corrupción, la eliminación de trabas administrativas, la mejor regulación, la mayor competencia, etc. incentivarían la inversión nacional y extranjera, harían más fáciles y rentables el emprendimiento y la innovación y mejorarían la asignación de recursos privados y públicos hacia las actividades más productivas.

En la última parte del informe se proporciona una lista de líneas de actuación para la mejora de la calidad institucional en España. La lista no es exhaustiva, ni original puesto que comparte muchos elementos con otros trabajos que han ido apareciendo en los últimos años sobre la necesidad de una regeneración institucional (por ejemplo, Carles Ramió (2016); Javier Andrés y Rafael Domenech (2015); Víctor Lapuente (2016); Carlos Sebastián (2016); Manuel Villoria, José M. Gimeno y Julio Tejedor (2016), entre otros).

Las recomendaciones se ordenan en tres grupos: (i) refuerzo de los controles y contrapesos del poder, (ii) mejora de la independencia, calidad y transparencia de la administración; y (iii) mejora de la efectividad de las elecciones como mecanismo de selección y control.  Dentro del primer grupo, entre otras líneas de actuación, se aboga por mejorar la independencia y los medios del poder judicial, por ampliar los medios para el control parlamentario del ejecutivo (creando, por ejemplo, una oficina de evaluación de las políticas públicas), por fortalecer la independencia y dotar de más medios a otros órganos como los tribunales de cuentas, la AIREF y los consejos de transparencia, y por eliminar las interferencias en los medios de comunicación.

Dentro del grupo de medidas para mejorar la independencia, calidad y transparencia de la administración se defiende la necesidad de, entre otras cuestiones, una simplificación normativa, el refuerzo de la independencia de los organismos de regulación y supervisión y la despolitización de los niveles superiores de las administraciones públicas y sus entes instrumentales. Y dentro del tercer grupo de recomendaciones relativas a la mejora de la efectividad de las elecciones como mecanismo de selección y control, se aboga por el desbloqueo de las listas electorales.

El reto de mejorar la calidad de las instituciones de gobernanza no es, pues, trivial. Con todo, más allá de las cifras y recomendaciones concretas, el mensaje general del estudio es lo imprescindible que resulta mejorar la calidad de la gobernanza en España para consolidar su posición como una economía avanzada y hacer posible el crecimiento de la productividad, los salarios y el empleo a largo plazo.

*Francisco Alcalá Agulló es catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Murcia, research fellow del Center for Economic Policy Research (Londres) e investigador del Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas).

*Fernando Jiménez Sánchez es profesor titular de ciencia política en la Universidad de Murcia y experto del GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción) del Consejo de Europa.

N’hi ha prou de fer una ullada a l’excel·lent article de Joan Romero que publica eldiario.es per a constatar que la corrupció política a Espanya s’ha registrat en quatre àmbits principals amb fortes vinculacions entre si. Es tracta del finançament irregular dels partits, la contractació pública de béns i serveis, l’urbanisme i la distribució de subvencions. Molts d’aquests casos de corrupció en aquestes àrees principals de risc presenten molts elements comuns. En quasi tots, trobem un intercanvi de finançament irregular per als recaptadors del partit a canvi de decisions públiques que afavoreixen els donants, moltes vegades amb incompliment de la normativa. El que més preocupa és que, perquè un partit polític puga aconseguir que les administracions públiques que estan sota el seu control es presten a contribuir a aquests intercanvis, es necessita que els qui treballen en aquestes organitzacions tinguen un sistema d’incentius tal que estiguen disposats a incomplir els mandats legals.

Les administracions públiques dels països del sud d’Europa es caracteritzen en general per l’extensa politització que presenten. Sotiropoulos (2006) assenyalava que aqueix grau més alt de penetració de les influències del partit en la burocràcia pública s’evidenciava mitjançant dos tipus de clientelisme: per dalt i per baix. El clientelisme at the top es refereix a la profunditat que solen tenir els nomenaments polítics en els escalons superiors de l’Administració. A diferència del que ocorre en els països del nord i l’oest d’Europa, en els del sud els nomenaments polítics no es limiten als dels nivells més alts (ministres i secretaris d’Estat o equivalents), sinó que descendeixen bastants nivells fins a llocs clarament tècnics per als quals se selecciona els funcionaris públics que tenen clares simpaties pel partit o pels partits de govern.

El clientelisme at the bottom es refereix al control interessat que els partits de govern exerceixen en la contractació dels que ocuparan els llocs de treball dels escalons inferiors del sector públic. Com assenyalava Víctor Lapuente, aquesta politització de les administracions públiques estén entre els funcionaris i els empleats públics una clara consciència de quines són les verdaderes regles de joc: “Si una jove promesa, que acaba d’entrar en una administració, té ambicions professionals, s’adonarà que dedicar el 100% del seu esforç a fer una faena impecablement professional potser no siga la millor manera d’arribar a la màxima altura”. I és més, amb la màxima freqüència, aquesta politització excessiva de les administracions públiques s’estén també de manera preocupant cap a les agències independents de control (Tribunal Constitucional, Consell General del Poder Judicial, Consell de Transparència i Bon Govern, Tribunal de Comptes, etc.) dificultant amb això l’efectivitat i la imparcialitat amb què necessiten desplegar la seua tasca.

Segurament, els problemes de funcionament del sector públic que revelen els casos de corrupció no es donen de la mateixa manera en totes les administracions públiques espanyoles. L’intens i accelerat creixement de les administracions autonòmiques, d’una banda, així com els canvis normatius i organitzatius introduïts en l’administració municipal per a acréixer l’autonomia local (García-Quesada et al. 2013), de l’altra, haurien donat lloc a una politització més gran en aquests nivells de govern. En línies generals, tal com conclou l’informe de Transparència Internacional sobre el Sistema Nacional d’Integritat d’Espanya (Villoria, 2012), la preocupació per assegurar la governabilitat del sistema polític ha anat empenyent al llarg dels anys del règim democràtic a reforçar la facilitat per a la presa de decisions públiques fins a un punt clarament excessiu que dificulta el funcionament efectiu dels controls que limiten l’exercici del poder polític.

Gràcies als recents treballs d’institucions com el Quality of Government Institute de la Universitat de Göteborg o l’European Research Center for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS), sabem que un element clau que està present en les societats en què la corrupció està bastant controlada és, precisament, el sorgiment en un moment determinat de la seua evolució històrica d’institucions que limiten amb prou eficàcia el poder executiu, com ara parlaments, mitjans de comunicació, tribunals, etc. L’important no és si aquestes institucions existeixen o no, sinó si són prou eficaces a l’hora de limitar i controlar el paper dels governs.

Per exemple, Alina Mungiu-Pippidi (2013) distingeix dos tipus de restriccions diferents. D’una banda, les mesures dissuasives legals administrades per la maquinària de l’Estat com un poder judicial autònom, responsable i eficaç capaç de fer complir la legislació, així com un cos de lleis eficaces i integrals que cobreixen els conflictes d’interés i l’aplicació d’una separació clara de les esferes pública i privada. De l’altra, el que ella anomena mesures dissuasives normatives, que inclouen tant l’existència de normes socials que incentiven la integritat pública i la imparcialitat del govern, com la vigilància de les desviacions d’aqueixes normes a través del paper actiu i eficaç de l’opinió pública, els mitjans de comunicació, la societat civil i un electorat crític.

D’aquesta manera, si del que es tracta és de reduir la probabilitat de la corrupció, alhora que millorem el funcionament de les nostres institucions de govern reforçant l’importantíssim puntal de la seua representativitat per a aconseguir un disseny més equilibrat que potencie unes polítiques públiques no solament més efectives, sinó també més raonables, i més confiança dels ciutadans en el sistema polític, cal introduir reformes que limiten eficaçment l’exercici del poder dels governs.

D’aquesta manera, els objectius de la lluita contra la corrupció al nostre país haurien de ser evidents. Es tracta, en primer lloc, de reforçar la imparcialitat amb què funcionen les institucions públiques amb la intenció de dificultar o d’impedir la temptació de patrimonialització d’aquestes per al seu ús clientelar. En segon lloc, cal reforçar la confiança social en les institucions públiques com a primer pas per a incrementar la confiança mútua entre els ciutadans. Per a fer-ho, és imprescindible que aquestes institucions siguen fiables i predicibles i, doncs, no prenguen les seues decisions a la sort en exclusiva de les conveniències a curt termini dels que les dirigeixen. Finalment, no hauríem de perdre de vista un assumpte de què solem oblidar-nos quan parlem de la lluita contra la corrupció. Es tracta de la desigualtat. Segurament no és per casualitat que les societats que tenen els nivells de corrupció més baixos són també les que presenten cotes més altes d’igualtat social. Una societat que no comparteix l’objectiu de lluitar contra la desigualtat no estarà en les millors condicions per a fomentar el sentit comunitari, l’esperit públic i la responsabilitat individual que calen per a contenir la corrupció.

I per a assolir aquests objectius cal desplegar una estratègia que té dos puntals fonamentals. D’una banda, reduir la percepció d’impunitat mitjançant l’enfortiment dels controls efectius sobre el poder executiu (en els diversos àmbits nacional, autonòmic i local). Per fer-ho, és imprescindible reforçar el paper de control del poder polític pel sistema de justícia. En aquest terreny, hi ha moltes coses per fer: garantir la independència/imparcialitat de tribunals, fiscalia i policia judicial; i incrementar la seua capacitat d’acció dotant-lo de més mitjans, reformant del tot l’antiquat procés penal (i no precisament en la línia en què ha anat l’última reforma del ministre Catalá), allargant les prescripcions dels delictes relacionats amb la corrupció i incrementant-ne les sancions. A més del sistema de justícia, els altres mecanismes de control del poder del sistema polític haurien d’enrobustir-se també: els òrgans de control contramajoritari (com el Consell de Transparència i Bon Govern, el Defensor del Poble, el Tribunal de Comptes, el Consell General del Poder Judicial…), els mitjans de comunicació (despolitització dels públics i reducció de la dependència política dels privats per la via d’autoritzacions i de subvencions), i l’ampliació dels òrgans de control ciutadà per a augmentar la responsabilitat dels mateixos ciutadans en la persecució de la corrupció.

D’altra banda, el segon element de l’estratègia consisteix a reduir les oportunitats per a la corrupció. Les institucions públiques es posen amb massa facilitat al servei d’interessos particulars amb una greu pèrdua de l’interés general: es contracten treballadors públics menyspreant els principis del mèrit i la capacitat i se’ls sotmet, per damunt dels seus deures professionals, a la cega lleialtat cap a qui els ha col·locat; s’atorguen contractes públics no a qui haja presentat la millor oferta per als interessos de l’Administració, sinó a qui es comprometa a vehicular una part dels recursos públics obtinguts per a altres finalitats (finançament del partit de govern, etc.), encara que per a això calga acceptar modificacions sobrevingudes de l’import del contracte que acaben disparant el preu final que s’hi paga; s’atorguen subvencions o llicències no per a qui acredita meréixer-les amb justícia, sinó en funció dels interessos a curt termini i clientelars de l’autoritat que atorga; etc. Es tracta de posar fi a la colonització política de les administracions públiques. Per a fer-ho, és crucial reforçar i incentivar la imparcialitat dels funcionaris i promoure les alarmes primerenques de les irregularitats possibles mitjançant la protecció dels denunciants i la posada en marxa de canals segurs i efectius per a fer arribar aquestes denúncies, alhora que es defineixen millor les carreres professionals i s’hi assegura el valor del mèrit. Juntament amb això, també cal desenvolupar programes de prevenció adaptats a cada organisme públic per a gestionar de manera adequada dels conflictes d’interés que garantisquen un funcionament d’aquests organismes amb la màxima integritat.

El problema pràctic consisteix evidentment a saber com és possible posar en marxa aquesta mena de “limitacions institucionals al poder executiu” partint d’una situació en què ja imperen les xarxes clientelars, el funcionament parcial de les institucions de govern i un sentiment de desconfiança cap als altres i cap a les institucions públiques. Sens dubte, la situació de crisi en què estem instal·lats i, sobretot, els nivells a què ha arribat la preocupació per la corrupció al nostre país, obrin una finestra d’oportunitat per a dur a terme les reformes adequades. Però si les mesures anticorrupció no garanteixen veritablement l’estratègia de la limitació efectiva del poder dels governs, el risc que correm és caure en una política lampedusiana d’aposta fingida per la reforma que tindrà conseqüències greus. Si es tracta de reduir la desconfiança ciutadana en la política i els polítics aparençant uns canvis perquè en el fons “tot continue igual”, el perill és que acabem una vegada més a la italiana, és a dir, amb un efecte bumerang que acabarà disparant encara més la desconfiança.

Però convé recordar també que aquestes reformes institucionals han d’anar acompanyades necessàriament per unes actituds ciutadanes majoritàries que aposten clarament per la promoció de la integritat pública i l’exigència del funcionament imparcial de les institucions de govern. Sense aquest grau més elevat de compromís cívic dels ciutadans, qualsevol reforma institucional estarà abocada al fracàs.

Basta echar un vistazo al excelente post de Joan Romero que publica eldiario.es para constatar que la corrupción política en España se ha registrado en cuatro ámbitos principales con fuertes vinculaciones entre ellos. Se trata de la financiación irregular de los partidos, la contratación pública de bienes y servicios, el urbanismo y la distribución de subvenciones. Muchos de estos casos de corrupción en estas áreas principales de riesgo presentan muchos elementos comunes. En casi todos ellos, nos encontramos un intercambio de financiación irregular para los recaudadores del partido a cambio de decisiones públicas que favorecen a los donantes, muchas veces con incumplimiento de la normativa. Lo más preocupante es que para que un partido político pueda conseguir que las administraciones públicas que están bajo su control se presten a contribuir a estos intercambios, se necesita que quienes trabajan en tales organizaciones cuenten con un sistema de incentivos tal que estén dispuestos a incumplir los mandatos legales.

Las administraciones públicas de los países del sur de Europa se caracterizan en general por su extensa politización. Sotiropoulos (2006) señalaba como ese mayor grado de penetración de las influencias del partido en la burocracia pública se evidenciaba mediante dos tipos de clientelismo: por arriba y por abajo. El clientelismo at the top se refiere a la profundidad que suelen tener los nombramientos políticos en los escalones superiores de la administración. A diferencia de lo que ocurre en los países del norte y el oeste de Europa, en los del sur los nombramientos políticos no se limitan a los de los niveles más altos (ministros y secretarios de Estado o equivalentes), sino que descienden bastantes niveles hasta puestos claramente técnicos para los que se selecciona a aquellos funcionarios públicos que tienen claras simpatías por el partido o partidos de gobierno.

El clientelismo at the bottom se refiere al control interesado que los partidos de gobierno ejercen en la contratación de quienes ocuparán los puestos de trabajo de los escalones inferiores del sector público. Como señalaba Víctor Lapuente, esta politización de las administraciones públicas extiende entre los funcionarios y los empleados públicos una clara conciencia de cuáles son las verdaderas reglas de juego: “Si una joven promesa, que acaba de entrar en una administración, tiene ambiciones profesionales, se dará cuenta de que dedicar el 100% de su esfuerzo a hacer un trabajo impecablemente profesional quizás no sea la mejor manera de llegar a lo más alto”. Y es más, con suma frecuencia, esta politización excesiva de las administraciones públicas se extiende también preocupantemente hacia las agencias independientes de control (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Tribunal de Cuentas, etc.) dificultando con ello la efectividad y la imparcialidad con la que necesitan desarrollar su labor.

Seguramente, los problemas de funcionamiento del sector público que revelan los casos de corrupción no se den por igual en todas las administraciones públicas españolas. El intenso y acelerado crecimiento de las administraciones autonómicas, por un lado, así como los cambios normativos y organizativos introducidos en la administración municipal para acrecentar la autonomía local (García-Quesada et al. 2013), por otro, habrían dado lugar a una politización mayor en estos niveles de gobierno. En líneas generales, tal y como concluye el informe de Transparencia Internacional sobre el Sistema Nacional de Integridad de España (Villoria, 2012), la preocupación por asegurar la gobernabilidad del sistema político ha ido empujando a lo largo de los años del régimen democrático a reforzar la facilidad para la toma de decisiones públicas hasta un punto claramente excesivo que dificulta el funcionamiento efectivo de los controles que limitan el ejercicio del poder político.

Gracias a los recientes trabajos de instituciones como el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo o el European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS), sabemos que un elemento clave que está presente en aquellas sociedades donde la corrupción está bastante controlada es, precisamente, la aparición en un determinado momento de su evolución histórica de instituciones que limitan con suficiente eficacia al poder ejecutivo como parlamentos, medios de comunicación, tribunales, etc. Lo importante no es si estas instituciones existen o no, sino si son suficientemente eficaces a la hora de limitar y controlar el papel de los gobiernos.

Por ejemplo, Alina Mungiu-Pippidi (2013) distingue dos tipos de restricciones diferentes. Por un lado, las medidas disuasorias legales administradas por la maquinaria del Estado como un poder judicial autónomo, responsable y eficaz capaz de hacer cumplir la legislación, así como un cuerpo de leyes eficaces e integrales que cubren los conflictos de interés y la aplicación de una clara separación de las esferas pública y privada. Por otro, lo que ella llama medidas disuasorias normativas, que incluyen tanto la existencia de normas sociales que incentivan la integridad pública y la imparcialidad del gobierno, como la vigilancia de las desviaciones de esas normas a través del papel activo y eficaz de la opinión pública, los medios de comunicación, la sociedad civil y un electorado crítico.

De este modo, si de lo que se trata es de reducir la probabilidad de la corrupción, al mismo tiempo que mejoramos el funcionamiento de nuestras instituciones de gobierno reforzando el importantísimo pilar de su representatividad para conseguir un diseño más equilibrado que potencie unas políticas públicas no sólo más efectivas, sino también más razonables, y una mayor confianza de los ciudadanos en el sistema político, es necesario introducir reformas que limiten eficazmente el ejercicio del poder de los gobiernos.

De este modo, los objetivos de la lucha contra la corrupción en nuestro país deberían ser evidentes. Se trata, en primer lugar, de reforzar la imparcialidad con la que funcionan las instituciones públicas con la intención de dificultar o impedir la tentación de patrimonialización de las mismas para su uso clientelar. En segundo lugar, es necesario reforzar la confianza social en las instituciones públicas como primer paso para incrementar la confianza mutua entre los ciudadanos. Para ello, es imprescindible que tales instituciones sean fiables y predecibles y, por tanto, no tomen sus decisiones al albur en exclusiva de las conveniencias cortoplacistas de quienes las dirigen. Por último, no deberíamos perder de vista un asunto del que solemos olvidarnos cuando hablamos de la lucha contra la corrupción. Se trata de la desigualdad. Seguramente no es por casualidad que las sociedades que tienen los menores niveles de corrupción son también las que presentan mayores cotas de igualdad social. Una sociedad que no comparte el objetivo de luchar contra la desigualdad, no estará en las mejores condiciones para fomentar el sentido comunitario, el espíritu público y la responsabilidad individual que hacen falta para contener la corrupción.

Y para conseguir tales objetivos es necesario desarrollar una estrategia que tiene dos pilares fundamentales. Por un lado, reducir la percepción de impunidad mediante el fortalecimiento de los controles efectivos sobre el poder ejecutivo (en sus diversos niveles nacional, autonómico y local). Para ello, es imprescindible reforzar el papel de control del poder político por parte del sistema de justicia. En este terreno, hay mucho por hacer: garantizar la independencia/imparcialidad de tribunales, fiscalía y policía judicial; e incrementar su capacidad de acción dotándolo de más medios, reformando por completo el anticuado proceso penal (y no precisamente en la línea en la que ha ido la última reforma del Ministro Catalá), alargando las prescripciones de los delitos relacionados con la corrupción e incrementando sus sanciones. Además del sistema de justicia, los demás mecanismos de control del poder del sistema político habrían de robustecerse también: los órganos de control contramayoritario (como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial…), los medios de comunicación (despolitización de los públicos y reducción de la dependencia política de los privados vía autorizaciones y subvenciones), y la ampliación de los órganos de control ciudadano para aumentar la responsabilidad de los propios ciudadanos en la persecución de la corrupción.

Por otro lado, el segundo elemento de la estrategia consiste en reducir las oportunidades para la corrupción. Las instituciones públicas se ponen con demasiada facilidad al servicio de intereses particulares con grave quebranto del interés general: se contratan trabajadores públicos despreciando los principios del mérito y la capacidad y sometiéndolos, por encima de sus deberes profesionales, a la ciega lealtad hacia quien los ha colocado; se otorgan contratos públicos no a quien haya presentado la mejor oferta para los intereses de la Administración, sino a quien se comprometa a vehicular parte de los recursos públicos obtenidos para otros fines (financiación del partido de gobierno, etc.), aunque para ello haya que aceptar modificaciones sobrevenidas del importe del contrato que acaban disparando el precio final que se paga por ellos; se otorgan subvenciones o licencias no para quien acredita merecerlas con justicia, sino en función de los intereses cortoplacistas y clientelares de la autoridad otorgante; etc. Se trata de poner fin a la colonización política de las administraciones públicas. Para ello es crucial reforzar e incentivar la imparcialidad de los funcionarios y promover las alarmas tempranas de las irregularidades posibles mediante la protección de los denunciantes y la puesta en marcha de canales seguros y efectivos para hacer llegar tales denuncias, al tiempo que se definen mejor las carreras profesionales y se asegura el valor del mérito en las mismas. Junto a ello también es necesario desarrollar programas de prevención adaptados a cada organismo público para la gestión adecuada de los conflictos de interés que garanticen un funcionamiento de estos organismos con la máxima integridad.

El problema práctico consiste evidentemente en saber cómo es posible poner en marcha este tipo de “limitaciones institucionales al poder ejecutivo” partiendo de una situación en la que ya imperan las redes clientelares, el funcionamiento parcial de las instituciones de gobierno y un sentimiento de desconfianza hacia los demás y hacia las instituciones públicas. Sin lugar a dudas, la situación de crisis en la que estamos instalados y, sobre todo, los niveles que ha alcanzado la preocupación por la corrupción en nuestro país, abren una ventana de oportunidad para llevar a cabo las reformas adecuadas. Pero si las medidas anticorrupción no garantizan verdaderamente la estrategia de la limitación efectiva del poder de los gobiernos, el riesgo que corremos es caer en una política lampedusiana de apuesta fingida por la reforma que tendrá consecuencias graves. Si se trata de reducir la desconfianza ciudadana en la política y los políticos aparentando unos cambios para que en el fondo “todo siga igual”, el peligro es que acabemos una vez más a la italiana, es decir, con un efecto bumerán que acabará disparando aún más la desconfianza.

Pero conviene recordar también que estas reformas institucionales deben necesariamente ir acompañadas por unas actitudes ciudadanas mayoritarias que apuesten claramente por la promoción de la integridad pública y la exigencia del funcionamiento imparcial de las instituciones de gobierno. Sin ese mayor grado de compromiso cívico de los ciudadanos, cualquier reforma institucional estará abocada al fracaso.