Los resultados de la recién acabada cumbre del G-20 –un escenario cada vez más imprescindible– hubieran sido inimaginables hace pocos meses. Fundamentalmente porque la Unión Europea ha acudido a la reunión del “gobierno del mundo” con una fuerza y cohesión de la que ha carecido en la década de la crisis económica.

Así se explica que la Unión haya podido liderar e imponer en Hamburgo su agenda global: en lo relativo a la lucha contra el cambio climático (reafirmando, contra Donald Trump, el carácter irreversible del Acuerdo de París); y en lo relativo a la liberalización del comercio, también contra el aislacionismo del presidente de los Estados Unidos. Macron acaba de anunciar una cumbre sobre el clima en París en diciembre. Merkel ha propuesto un plan para África.

Hasta que el Gobierno conservador británico se metió en el callejón sin salida del Brexit, la Unión mostraba síntomas preocupantes de debilidad, confusión y fragmentación. En buena medida por efecto de su errónea y fracasada estrategia económica –austeridad– adoptada por los países acreedores y exportadores, y causante de desempleo y depresión de los salarios. La Unión, en realidad, ha podido recuperarse gracias a la política monetaria agresiva y “Keynesiana” del Banco Central Europeo, junto a los bajos precios del petróleo.

Los problemas a resolver, los desafíos a afrontar, eran –y son– bastante claros. Europa era necesaria para solucionar la deriva gravemente peligrosa del medio ambiente, la insuficiencia inversora para crear empleo de calidad y para desarrollar planes educativos ambiciosos en I+d+i, la inseguridad creciente y la crisis de la Alianza Atlántica a causa de la nueva política unilateralista de Trump, la llegada de miles de refugiados y de inmigrantes a las costas europeas del Mediterráneo, convertido en tumba para miles de seres humanos, hecho ante el que solo Alemania ha reaccionado con generosidad y solidaridad.

El problema no era que no conociéramos esta situación. El problema era que, ante ella, la Unión exhibía cada día su incapacidad, cuando no su ausencia de voluntad política, para enfrentarse a esa tormenta perfecta.

El único cambio que contemplamos fue el surgimiento, con un ímpetu imparable, de movimientos y grupos políticos populistas, a derecha e izquierda, cuya exclusiva coincidencia era, y sigue siendo, el antieuropeísmo, el nacionalismo, el proteccionismo, el aislacionismo antiglobalizador elemental.

Pues bien, tal escenario ha cambiado súbitamente. A positivo. Quizá la causa esté en el inicio del proceso del Brexit, o en el temor a la tenaza que forman Trump y Putin sobre la Unión, o en el voluntario vacío que provoca aquel en la incierta escena mundial, o en los triunfos de candidatos europeístas en las elecciones de Holanda, Austria, Francia (y con seguridad Alemania en septiembre), o en la recuperación económica de la eurozona, aun cuando no sea todavía vigorosa y adolezca de una visible asimetría regional y desigualdad social.

Este nuevo panorama ha de ser visto como una oportunidad y aprovechado para que la Unión avance a una etapa de mayor convergencia socioeconómica y determinación política entre Estados que ya son interdependientes. De ahí que la Fundación Alternativas haya titulado su Informe sobre la Unión de 2017: “Relanzar Europa”.

Es, efectivamente, el momento de relanzar la Unión Europea, no de arrugarse defensivamente. De prepararse para tomar decisiones políticas firmes y progresistas a partir de otoño, de cara al Consejo Europeo de diciembre.

Algún buen síntoma hemos observado en los cinco documentos de reflexión publicados este año por la Comisión: la dimensión social de Europa; el aprovechamiento de la globalización; la profundización de la Unión Económica y Monetaria; el futuro de la Defensa Europea y el futuro de las finanzas de la UE.

También se constata un clima unitario y una ambición hasta ahora desconocida en las Conclusiones del Consejo Europeo de 22 y 23 de junio. En ellas destacan sobre todo las propuestas para una Europa de la Seguridad y la Defensa: el Fondo para una Industria Europea de la Defensa; la Cooperación Estructurada, para cuya creación se da un plazo de tres meses (antes del próximo Consejo Europeo); y la mutualización del gasto en los “instrumentos de respuesta rápida de la UE”.

Es el momento de relanzar Europa, sin duda. Y de que los gobiernos colaboren en ello, empezando por el Gobierno y Parlamento de España, en los últimos tiempos en actitud demasiado silente y diluida sobre las políticas europeas. Algo que también cabría decir de los medios de comunicación españoles. Porque no basta con el eje franco-alemán.

No hay que desacelerar la política liberalizadora de acuerdos comerciales –favorables a la economía europea– con otros países (Canadá, Japón, México, Mercosur, etc.), preservando siempre los estándares europeos en materia de derechos sociales y laborales, servicios públicos, protección del consumidor y del medio ambiente. Ni hay que cerrarse a transformaciones institucionales que requieran incluso la reforma de los Tratados en una línea federalista, esencialmente en la eurozona (ministro de Finanzas, presupuesto común, armonización fiscal), como parece deducirse de una interpretación optimista de algunas recientes declaraciones de Macron y de Merkel. No deben establecerse límites para impulsar el 'momentum' de Europa.

*Firman este artículo: Diego López Garrido, Nicolás Sartorius, Carlos Carnero, Patxi Aldecoa, Enrique Ayala, Juan Moscoso, Vicente Palacio, Mercedes Guinea, José Candela, José Luis Escario y Juan Manuel Albares.

El 25 de marzo se han reunido los 27 –ya sin el dimisionario Reino Unido– y han aprobado una Declaración que tiene más de celebración de 60 años juntos que de directrices u hoja de ruta para el futuro.

Dadas las circunstancias: en pleno Brexit; con un nuevo presidente de Estados Unidos aislacionista, nacionalista y hostil a la Unión Europea; enfrentados a amenazas diversas a nuestra seguridad; sin terminar de salir de la crisis económica; y con partidos populistas antieuropeos a nuestro alrededor, la Declaración tiene la indudable dimensión política de reafirmar la unidad y continuidad del proyecto europeo. Más aún si tenemos en cuenta la división implícita o explícita que anida en el interior de la UE, de la que valen solo como botón de muestra la inquietante deriva autoritaria de países tan relevantes como Polonia o Hungría.

Respecto a esto último es de destacar la mención expresa al Estado de Derecho. A estas alturas, es triste tener que reafirmar la columna vertebral de la cultura política y jurídica europea, democrática y desarrollada económicamente. Pero las cosas son así. El populismo rampante –frenado últimamente en Austria y en Holanda pero al acecho en Francia– obliga a reafirmar los valores que ha tenido siempre Europa cuando se ha confrontado con el fascismo y las pulsiones autoritarias.

Es imposible estar en contra de lo que dice, pues, la Declaración de Roma. Pero las “declaraciones” que hemos escuchado de los líderes, y que cada uno se ha ocupado de realzar por encima de la propia Declaración, han ocultado su contenido. No sólo por ello, sino porque éste tiene un alto grado de generalismo. Y que se podría resumir en: vamos a seguir juntos, a pesar de la huida del Reino Unido.

Los jefes de Estado y de Gobierno, una vez más, no han planteado un verdadero relanzamiento de la Unión. Asuntos clave como la Europa social (con objetivos concretos), o la Unión Económica y Fiscal (aún inexistente), o la Europa de la Defensa, no se han abordado como un verdadero compromiso, con hitos temporales firmes. Mucho menos la gran cuestión: la Europa Política, el federalismo europeo, la reforma institucional y, por tanto, una genuina Europa de los ciudadanos.

Es cierto que hay un paso adelante, que permite salir de la parálisis, cuando se admite que los Estados que lo deseen puedan acelerar (“distintos ritmos”), al tiempo que se mantiene una orientación armonizada (“la misma dirección”). Sin embargo, lo que la Declaración llama Programa de Roma tiene una composición bastante lábil y abstracta (“Europa segura”; “Europa próspera y sostenible”; “Europa social” –sin más precisión-; “Europa más fuerte”). Es un lenguaje muy conocido en los documentos de la Unión.

Como era de imaginar, todo se dilata hasta el Consejo Europeo de diciembre, cuando las importantes elecciones en Francia y Alemania permitan plantear un verdadero programa para una nueva era de la Unión post-Brexit en un mundo globalizado.

Problemas tan lacerantes como la violencia de género, la educación, el paro aún persistente, la vergonzante política de protección de los refugiados o los desafíos reales de la globalización no aparecen con la debida fuerza en la Declaración de Roma. Muestra palpable de que aún no hay respuesta creíble y solidaria por parte de la Unión Europea a tales desafíos. Europa necesita un salto cualitativo político, económico y social; y ese salto no lo ha dado la Declaración de Roma.

*Firman este artículo: Diego López Garrido, Nicolás Sartorius, Vicente Palacio, Enrique Ayala, José Luis Escario, José Candela, María Pallares, Mercedes Guinea, Juan Moscoso del Prado, Carlos Carnero, Francisco Aldecoa y Manuel de la Rocha Vázquez.

El asunto principal que abordará el Consejo Europeo es el relativo al acuerdo de devolución de refugiados desde la UE a Turquía, que es el país en el que más personas están refugiadas huyendo de la guerra de Siria, y de otros conflictos en Eritrea, Afganistán, y países de Oriente Medio. Es Turquía también el país de quien provienen inmigrantes que han pasado a Grecia, cuyas autoridades son incapaces de gestionar la estancia de los refugiados y el examen de sus solicitudes de asilo, cuando las hay.

Miles de familias, incluyendo niños y niñas y mujeres embarazadas, “viven” en la frontera de Grecia con Macedonia sobre el agua y el fango, sin que haya auxilio eficaz.

El problema se ha agravado desde el momento en que cinco países de la UE y otros cinco de la región balcánica han cerrado sus fronteras, han suspendido Schengen y han bloqueado el paso de miles de refugiados. Este es el origen de la decisión de la UE de pactar con Turquía la vuelta de quienes están en Guerra (acuerdo UE- Turquía de 7 de marzo).

La devolución infringe el Convenio de Ginebra en cuanto que Turquía (en pleno proceso de involución en derechos humanos) no ha sido ni es un “país seguro” para los sirios. Turquía ha violado los derechos de sirios, según el Informe de Amnistía Internacional de 2015. Algunas organizaciones no gubernamentales han documentado malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, detenciones ilegales y arbitrarias, falta de condiciones adecuadas de acogida, e incluso devoluciones forzosas a países como Siria, donde sus vidas corren un grave riesgo. Turquía no ha firmado en su integridad el Convenio de Ginebra y no garantiza los derechos que éste establece para todos los refugiados. Por tanto, una devolución de refugiados a Turquía, en estas condiciones, significaría que Grecia (con la complicidad de la UE) vulneraría el principio fundamental de la legislación sobre el asilo: el principio de “non refoulement”, es decir, la prohibición de devolución de una persona a un país en donde su vida o su integridad corra peligro.

Ante la insostenible situación humanitaria de los refugiados exigimos a los jefes de Estado y de Gobierno que se reunirán los días 17 y 18 en Bruselas:

1.- Poner los medios suficientes, personales y técnicos, para evitar las muertes en el Mediterráneo de quienes quieren alcanzar el Continente europeo.

2.- Acoger en condiciones adecuadas a quienes sobreviven en la frontera de Grecia con Macedonia en una situación límite.

3.- Aplicar individualmente a estos refugiados la legislación internacional sobre asilo, que requiere examen de cada solicitud y de la identidad de cada persona y examinar los recursos que, en su caso, se planteen contra eventuales decisiones de las autoridades de devolver a inmigrantes o refugiados a Turquía. Para ello, deberán instalarse los puestos oficiales de registro necesarios (hot spots).

4.- Ayudar económicamente a Grecia para poder afrontar esta emergencia.

5.- Reubicar en países de la UE los refugiados que están ahora en Grecia o Italia, cumpliendo el compromiso adoptado hace meses por la Unión Europea.

6.- Trasladar a la UE, y distribuir en ella, a refugiados que ahora están en campamentos de acogida en Turquía, Líbano o Jordania.

La llegada de emigrantes y refugiados a Europa no es un problema social o económico tan grave como se ha presentado a la opinión pública europea. Según las estimaciones más altas, en 2015 habrían llegado a la UE un millón de personas, lo que representa un 0,2% de la población total de la Unión (500 millones).

7.- Dejar de vincular la aceptación por Turquía de refugiados o inmigrantes devueltos desde Grecia a concesiones políticas tales como visados para ciudadanos turcos o avances en la adhesión a la UE.

8.- Instalar Centros de Acogida en los países de tránsito, Turquía, Líbano, Jordania, entre otros, e incluso en los países de origen cuando sea posible. En estos centros podrían solicitar asilo y esperar la resolución correspondiente, con la seguridad de que si es positiva serán trasladados al país europeo que corresponda de forma segura.

Otorgar visados humanitarios a quienes, no reuniendo las condiciones legales para ser reconocido como refugiado, requiera protección internacional.

9.- La puesta en marcha de un servicio europeo de seguridad fronteriza que colabore con las fuerzas de seguridad nacionales es una buena iniciativa en esta dirección, que debe ser apoyada.

10.- La UE ha de regular, de una vez por todas, el derecho de asilo desde una dimensión europea y desarrollar, en consecuencia, una política de asilo también europea, no meramente nacional como ocurre ahora.

La Unión está basada en unos principios, como la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, que forman parte de su esencia y no pueden olvidarse. Hacer concesiones a los populismos xenófobos y ultranacionalistas que prosperan en algunos países europeos al hilo de la crisis económica, no logrará aplacarlos sino que contribuye a reforzar sus posiciones ante la opinión pública y a que prosperen. La prioridad debe ser siempre la protección de las vidas de las personas que se desplazan y la mejora de sus condiciones de vida.

El Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas está compuesto por:

Diego López Garrido (Presidente), Nicolás Sartorius, Carlos Carnero, Vicente Palacio, Enrique Ayala, José Manuel Albares, José Candela, Patxi Aldecoa y Carlos Closa.

El gobierno español tendrá que ponerse de acuerdo para tomar una decisión en la reunión del Consejo Europeo sobre la posible salida del Reino Unido y la crisis de refugiados

La reunión del Consejo Europeo de 18 y 19 de este mes es, sin duda, una de las más transcendentales en los últimos años. Se han de tratar dos asuntos que afectarán al proyecto europeo profundamente: la posible salida del Reino Unido de la Unión y la crisis de refugiados y sus implicaciones en principios tan esenciales como la libre circulación de personas.

El Gobierno español, que será representado en Bruselas por el presidente Rajoy, está en funciones, y ya no tiene la confianza del Congreso de los Diputados después de las elecciones del 20 de diciembre. Por esa razón, no está legitimado para adoptar una decisión como la que exigirá la reunión del Consejo Europeo en esos relevantes temas, Brexit y refugiados, sin el acuerdo o consenso con los grupos parlamentarios.

España debiera representar una posición muy crítica hacia el documento que Donald Tusk presenta sobre el Reino Unido.

La presencia del Reino Unido en la Unión es positiva para ambos y hay que intentar que siga compartiendo la mayor parte de las políticas de Bruselas. Creemos que, ante la actitud no excesivamente europeísta que la sociedad y las instituciones británicas poseen y exhiben, hay que ser flexibles e intentar que el referendum que Cameron planteará probablemente este año tenga un resultado favorable a la permanencia del Reino Unido en la Unión.

Pero el documento de Donald Tusk va mucho más allá de lo aceptable: hace una reinterpretación de los Tratados (no formalmente reformados) de tal alcance, que afecta a la propia naturaleza de la Unión, es decir, a aquello que vincula a los 28 países miembros. La propuesta Tusk no solo frena la capacidad de avance de la Unión, sino que significa un retroceso en el proyecto europeo precisamente cuando necesita de un fuerte impulso ante la frágil y delicada situación que vive. Este mensaje que nace del documento Tusk no es asumible y debe ser rechazado por el gobierno español en el Consejo Europeo.

Todo el documento está impregnado de una filosofía alejada de los principios de integración económica y monetaria (sección A, 'Gobernanza económica') y cohesión social (sección B, 'Competitividad'). Pero lo más grave es lo que afecta a las bases políticas y democráticas de la Unión y a la no discriminación entre países y ciudadanos europeos.

Nos referimos en particular a dos de las propuestas que aparecen en el documento en dos apartados: C ('Soberanías') y D ('Prestaciones de la Seguridad Social y Libre Circulación').

La primera es la afirmación que contiene el apartado 1 de la Sección C: “Las referencias … al proceso de creación de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa…no equivalen al objetivo de la integración política… no sirven de base para ampliar el ámbito de aplicación de cualquier disposición de los Tratados…tampoco se pueden utilizar para apoyar una interpretación extensiva de las competencias de la Unión o de los poderes de sus instituciones …no requieren que se atribuyan competencias adicionales a la Unión Europea ni que la Unión Europea deba ejercer sus competencias vigentes, y tampoco establecen que las competencias atribuidas a la Unión no puedan reducirse y devolverse así a los Estados miembros”. Tusk se permite aquí hacer una interpretación restrictiva de un principio fundamental de la UE, la integración progresiva, y que figura en el Art. 1 del TUE, algo que debería cuando menos ser objeto de un extenso debate y reflexión de todos los EM, cuando no de una Convención, pues cambia el sentido del proceso de construcción europea y no solo para RU, del que se dice más adelante que …“no está comprometido a una ulterior integración política en el seno de la UE”, sino que se aplica a todos.

La segunda es la interpretación que se hace del derecho de libre circulación de trabajadores, sin discriminación por razón de nacionalidad, en el apartado D. Concretamente, en el punto 2 cuando dice: “…si resulta necesario por razones imperiosas de interés general, como fomentar la contratación, reducir el desempleo, proteger a trabajadores vulnerables o evitar el riesgo de socavar gravemente la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, la libre circulación de los trabajadores puede limitarse con medidas proporcionales al interés legítimo perseguido”. Esta formulación es tan general y extensiva que podría amparar prácticamente cualquier supuesto, y va mucho más allá de las situaciones excepcionales a las que se refiere después. Debe ser reformulada para que quede claro que solo se trata de este tipo de situaciones, que deben, además, ser debidamente acreditadas. En cuanto a la acreditación de las circunstancias excepcionales, el acuerdo debería incluir alguna cuantificación en términos de déficit de la seguridad social, o de porcentaje de trabajadores comunitarios desempleados, o los parámetros que se determinen, que prevenga la discrecionalidad en el informe de la Comisión y la decisión del Consejo Europeo para evitar tratamientos no justificados.

Finalmente, Reino Unido debe reconocer expresamente, en el documento final, el derecho de los estados miembro de la eurozona a avanzar hacia una mayor unión económica y política, sin intentar obstaculizarla.

En suma, España debe llevar al Consejo Europeo una actitud europeísta y solidaria, que defienda lo que Europa se supone significa una Unión de Estados y pueblos que quieren unirse cada vez más. Aquí está la esencia del proyecto europeo. Su renuncia a ello, incluso a través de una decisión del Consejo Europeo, la más alta instancia política de la Unión, sería un golpe quizá definitivo a las aspiraciones y ambiciones de la iniciativa a la que España se vinculó irreversiblemente hace 30 años. Esto es, por otra parte, lo que el pasado 9 de febrero reafirmaron en Roma los seis países fundadores de la Unión Europea, que está cerca de cumplir 60 años: “continuar el proceso de creación una unión cada vez más cercana entre los pueblos de Europa”. Se trata de una excelente declaración, que está en contradicción con el documento que van a discutir, y quizá aprobar, la semana próxima los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión.

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*Firman este artículo: Diego López Garrido, Nicolás Sartorius, Carlos Carnero, Enrique Ayala, Vicente Palacio, Francisco Aldecoa, Juan Moscoso, José Candela y Carlos Closa, miembros del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas.