La participación ciudadana está de moda. En los últimos años, realidades como el 15-M, las Mareas y otros movimientos ciudadanos han puesto el foco sobre los procesos de participación política. La llegada de algunas de esas candidaturas a los gobiernos municipales ha dado nueva visibilidad a los espacios de participación ciudadana que llevan desarrollando los ayuntamientos españoles desde hace algunas décadas.

Pero ¿sirven de algo todos estos procesos? Poco se ha hecho hasta ahora por analizar de manera sistemática su impacto real sobre el diseño de políticas públicas. ¿Qué ocurre con las propuestas que surgen de estos procesos? ¿Se llevan a la práctica? ¿Por qué unas propuestas se adoptan y otras no?

Para responder a estas preguntas, un grupo de científicos de varios países dirigidos desde el IESA (CSIC) han analizado 571 propuestas surgidas de 39 procesos participativos locales desarrollados en Andalucía, Cataluña y Madrid entre el 2007 y el 2011.

Una Administración que ejecuta pero no explica

Para sorpresa de los más escépticos (equipo de investigación incluido) los datos nos dicen que la mayoría de las propuestas aprobadas son implementadas de manera efectiva. Eso sí, apenas dos quintas partes de las propuestas se ponen en marcha sin sufrir cambio alguno.

Como contrapartida, la cultura de las explicaciones y la rendición de cuentas sigue siendo algo ajeno a nosotros: las autoridades parecen poco dispuestas a dar explicaciones públicas cuando las propuestas se rechazan o sufren algún cambio. Menos de la mitad de los rechazos y modificaciones fueron acompañados por una explicación a la ciudadanía por parte de los ayuntamientos.

¿Por qué unas sí y otras no?

En la inmensa mayoría de los 39 procesos analizados lo que nos encontramos es que algunas de las propuestas se han ejecutado y otras no. Algo que ya nos da una pista importante de por dónde pueden ir las explicaciones: se trata menos de gobernantes buenos versus malvados o de procesos efectivos contra otros ninguneados. Más bien, el escenario más frecuente es el de la aprobación selectiva de propuestas, la ejecución completa y sin cambios de algunas, la parcial de otras y el rechazo o el abandono del resto. ¿Y qué explica que una propuesta caiga en un saco o en otro? Hay, al menos, tres factores importantes: su coste (mayor ejecución de las menos costosas), el nivel de apoyo y simpatía con que cuentan entre técnicos y políticos municipales y su carácter poco rompedor, que también facilita su aprobación.

Aunque la propuesta sea lo más importante, tampoco es cierto que todos los procesos sean iguales: aquellos que se han desarrollado más cuidadosamente, con más espacios para la información y la deliberación, presentan mayores tasas de ejecución. Y eso se visibiliza también en que los procesos de presupuesto participativo (más pensados para adoptar políticas concretas que otros) también tengan mayores niveles de ejecución. A nivel geográfico, las diferencias no son extremadamente grandes, aunque sí se percibe un nivel de implementación algo mayor en Cataluña y algo menor en Madrid.

El panorama, pues, no es desolador. Gran parte de la participación sirve y tiene un efecto práctico. A la vez, no podemos ser ingenuos: las administraciones locales no adoptan todas las propuestas y eligen aquellas que más les gustan y menos les cuestan. Parecen tratar los resultados de los procesos participativos como si fueran nuestras cartas a los Reyes y Reinas Magas: “Tú pide, que algo te caerá. Pero será lo que nosotros elijamos. Y, por supuesto, no te vamos a contar por qué lo hemos elegido, que para algo somos Reyes”.

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