Utilizando esta famosa frase latina, y en el contexto de esta Semana Santa que finaliza, procedemos a realizar la pregunta, la gran pregunta de ¿A dónde vas La Palma? Estos días, o mejor semanas, que nos han precedido, se han producido una serie de hechos, que nos llevan interrogarnos sobre la realidad y las cuestiones que afectan a la isla y a sus habitantes. Se podría empezar por toda una serie de cuestiones, pero me voy a permitir la libertad de empezar por el famoso ecoresort de Breña Alta, y la oposición al mismo de los ‘auto titulados ecologistas’. La verdad que una vez que he oído, leído y visto cuál es el grueso de la oposición al complejo turístico en cuestión, me lleno de perplejidad al observar la carencia de argumentos de peso, la falta de consistencia en sus planteamientos, y lo más grave la falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos de esta isla. Pero todo esto no solo se podría aplicar a las protestas que se han producido últimamente, sino al porqué de la actitud de cierto movimiento ecologista, que a lo largo del tiempo, parece que actúa a impulsos concretos, cuando salen determinadas noticias en la prensa, y no existe durante todo el año, aun existiendo bastantes materias sobre las que poder actuar y trabajar. 

Antes de entrar en detalle, quiero dejar sentado que no estoy en contra del ecologismo serio, que no solo lucha en contra de lo que entiende que no es adecuado, sino que puede aportar otras vías o soluciones, y que genera un trabajo diario que es consecuente con su planteamiento vital, pero eso desgraciadamente en La Palma, no lo tenemos. Como ejemplo de todo esto, me pregunto dónde han estado o están los ecologistas en temas esenciales como qué hacer y cómo recuperar las zonas afectadas por el volcán Tagojaite, y qué hacer para recuperar la vida de las personas afectadas por el susodicho volcán. Qué hacer con el desmesurado número de ayuntamientos que tiene esta isla, con todo el atraso y la pérdida de dinero público que eso significa, y con la locura del excesivo número de planeamientos urbanísticos que generan toda una serie de contradicciones, que complican la vida de los habitantes de esta pequeña isla. Dónde están los ecologistas en el tema del agua, cuál es su opinión y su trabajo sobre el hecho de que el agua existente en un Parque Nacional sea privada y no pública, y nunca se les haya oído nada al respecto, cuando a tenor de la legislación europea esto sería impensable e ilógico, aparte de un ‘deja vu’ histórico producto de la época de la conquista colonial. Y ya que estamos con el agua, qué han hecho por la racionalización del transporte del agua, por la mejora de la distribución del agua en toda la isla, qué piensan sobre el consumo excesivo de recursos hídricos para sostener una agricultura de exportación que solo se dedica a vender sin generar valor añadido. Qué tienen que decir sobre la posible industrialización del sector primario para que se produzca de una vez un valor añadido a dicho sector, que genere una verdadera mejora de renta, así como creación de empleo. Qué tienen que decir sobre las subvenciones al sector platanero, que hipotéticamente se realizan para una mejora de renta, y a ver cómo se conjuga la mejora de renta con un sistema de subvenciones que son lineales y no progresivas, como tendrían que ser si fuesen de verdad de mejora de renta. Cuál es su opinión sobre que la inmensa mayoría del empleo en La Palma sea público (Consejería de Sanidad, Cabildo Insular, ayuntamientos, Consejería de Educación, etc.), y que la tan cacareada actividad agrícola genere muy poco empleo. Cuál es su opinión y su trabajo sobre el impacto medioambiental, y de contaminación que generan los Invernaderos, y los productos químicos por ejemplo. Cuál es su opinión de la falta de un plan general de desarrollo de las zonas agrícolas y ganaderas, y la transformación agroindustrial de los productos que generan, calidades, número de explotaciones, terrenos a desarrollar, subsectores a desarrollar, empleo que se puede generar. Cuál es su opinión sobre la situación de la pesca, de las reservas marinas, del nivel de pesca existente o no, de la necesidad de la acuicultura. Cuál es su opinión sobre la Educación, sobre el nivel de estudios que deberían existir en La Palma, de su convergencia o idoneidad con la realidad económica y laboral palmera, y su opinión sobre la política de becas que se debería desarrollar en esta isla. Cuál es su opinión sobre la energía en general, y en particular sobre que los motores de la central eléctrica estén desfasados y que contaminen en unos niveles nada adecuados. Cuál es su posición sobre los planes de desarrollo de la energía eólica, solar, geotérmica, incluso hidráulica. Cuál es su opinión sobre los viales que necesita la isla, y sus obras públicas. Y, para terminar, aunque se podrían nombras más cosas, cuál es su opinión sobre el turismo, en qué zonas, en qué cantidades, con qué características.

Son temas variados y que se enmarcan en la realidad económica, social y vital de esta isla, y sobre los que no he oído, ni visto, ni leído nada o casi nada al respecto. Pero lo que sí aparecen de vez en cuando como el Guadiana es con el recurrente tema de oposición y radicados en el no por el no contra el turismo. Yo les diría que la vida es mucho más que turismo, y es que, refiriéndonos a sus últimas apariciones, les diría que se ciñan a la verdad, que no inventen ni manipulen. Porque cuando oyes que los propietarios de los terrenos donde se ubicaría el complejo turístico en cuestión habían sido amenazados y coaccionados para vender, y yo me pregunto si esto fuera así, porque no lo denunciaron ante la justicia. También manifestaron que se procedería a un tipo de expropiación, tipo ‘manu militari’, me querrían explicar cuál sería la causa expropiatoria. Llegaron a manifestar que este proyecto se basa en un modelo caduco y expansivo como el turismo existente en Tenerife o Gran Canaria, de verdad se han oído, se creen sus propias mentiras, comparar un complejo determinado con el modelo de turismo de sol y playa existente en el sur de ambas islas, por Dios, un poco de rigor. Y ya la perla final es que afirmen que la participación de unas 300 personas en una manifestación viene a significar que la población de La Palma está en contra de la reseñada instalación turística, francamente no sabía yo que la población de La Palma era inferior a la de La Graciosa, para que 300 personas representen la voluntad de los palmeros. 

Podríamos decir más cosas, pero creo que la más importante es que estos señores deberían en primer lugar enterarse un poco de cómo deben ser las cosas. Si quieren luchar por La Palma, perfecto, bienvenidos sean, pero señores, para todo, no para decir ‘no’ a las cuestiones de un sector determinado. Hay muchos temas sobre los que trabajar, opinen, manifiesten su oposición o conformidad, pero con razonamientos serios, y procurando ofrecer alternativas, porque el ‘no por el no’, no conduce a nada. Somos la isla más envejecida de Canarias, a la cola de la recuperación poscrisis, a lo que tenemos que sumar lo que ha significado el volcán, lo que redunda mucho en que los jóvenes no solo se sigan yendo, sino que no haya manera de que vuelvan. Y muchas de las familias de la isla viven de las subvenciones, del empleo público y de las pensiones de jubilación, en resumen, vamos hacia una muerte a cámara lenta, vamos hacia la nada.

Se tiene que volver a recuperar el compromiso democrático y social, y ahí los jóvenes tienen que tener un papel preponderante.

Afortunadamente nuestra democracia ya cuenta con décadas de vida, y hay toda una experiencia en libertades tanto de forma individual como de manera colectiva. Por lo tanto, los jóvenes que han votado por primera vez el pasado 28 de abril o lo harán este 26 de mayo, van a ejercer el más básico y esencial de los derechos políticos en un Estado democrático. Y esto que parece lo más normal en una sociedad como la nuestra, no siempre ha sido así. Cuando este que les escribe y la gente de mi generación, todos padres de los actuales jóvenes que votan por primera vez en la actualidad, fuimos a votar por primera vez, la sociedad en la que vivíamos era muy diferente. Acabábamos de salir, solo habían pasado unos pocos años, del anterior régimen del enano facineroso y de voz atiplada, o sea de la dictadura. Se acababa de aprobar la Constitución de 1978, y se abría todo un mundo de posibilidades, derechos, obligaciones, y libertades a una sociedad y a un país ávidos de ello. Estaba todo por hacer, había que construir un país en libertad y democracia, y eso implicaba un compromiso transversal de todos empujando en la misma dirección, porque la libertad y la conquista diaria de todos los derechos y de los derechos de todos, implicaba ese compromiso general de la ciudadanía.

Y se consiguió, pienso que sí, se han alcanzado cotas de desarrollo en todos los campos como nunca se habían tenido, en todos se ha avanzado, este país nuestro de ahora, no se parece en casi nada a aquel en el cual luchábamos por una vida mejor, mas justa y libre. Pero también es verdad que por un lado y una vez se ha conseguido los estándares de progreso y libertad que buscábamos, nos hemos ido convirtiendo en una sociedad más cómoda y menos combativa. Y por otro lado los cambios que se han producido en el mundo: las nuevas tecnologías, la globalización, la preponderancia y prepotencia del poder financiero, el individualismo exacerbado, etc., han producido la disminución del compromiso social en la sociedad, a los mayores que la han ido perdiendo y a los jóvenes porque no lo han vivido en el marco de esta nueva sociedad (evidentemente es una norma genérica que tiene excepciones).

Y en esta realidad social que vivimos, ¿qué sucede cuando llega el momento de votar, sobre todo por primera vez? Pues que existe desánimo que provoca que mucha gente no vote, porque piensan que todos son iguales, y que no ofrecen soluciones a los problemas y realidades existentes tanto a nivel personal como de la sociedad. Pero ese es el gran fallo y problema al mismo tiempo, porque no todos son iguales, cada uno de nosotros tiene el poder de decidir y con su voto da el primer paso en la dirección que considera adecuada, al tiempo de exigir si ese voto depositado en un partido no ha cumplido con lo que prometió y ofreció. Y con su voto el que lo recibe también tiene la obligación política y ética de trabajar en el sentido de lo que le ha ofrecido a los electores para que lo voten. Si esto es esencial y se ha ido perdiendo, porque se ha ido simplificando la valoración de la democracia prácticamente a votar (nos hemos vuelto tan cómodos, que hasta hemos reducido el valor real de la misma a votar y poco mas), y evidentemente es mucho más. Por todo esto se tiene que volver a recuperar el compromiso democrático y social, y ahí los jóvenes tienen que tener un papel preponderante, toda la sociedad también, pero los jóvenes son la vanguardia de la sociedad, y sin su implicación, no habrá manera de alterar esta tendencia que nos arrastra a este conformismo que nos va a anulando poco a poco. Y en ese sentido el primer paso contra toda esta situación y que es el más necesario de dar, es ir a votar, cargar ese primer voto de la esperanza necesaria y suficiente para transformarlo en la realidad que queremos y que necesitamos desde los mayores hasta los jóvenes, pero sobre todo ellos, los jóvenes. Todo eso comienza con ese primer voto.

Eduardo Herrera Sicilia

Abogado

¿Por qué quieren rediseñar Canarias y volver a los efectos prácticos de la oscura época de las mancomunidades provinciales con las negaciones presupuestarias a las islas menores?

Llevamos una serie de meses que parece que el tema esencial o más importante y principal para los canarios es la reforma de la Ley Electoral Canaria. Aunque realmente no existe una Ley Electoral tal cual, sino que se encuentra regulada la materia en el art. 9 del Estatuto y en la Primera Disposición Transitoria del actual Estatuto de Autonomía. Y así lleva desde el inicio de la vigencia del Estatuto en 1.982, y en la modificación de este en 1996, se siguió manteniendo la normativa electoral canaria dentro de la reseñada norma. O sea que nos encontramos ante la tesitura de o bien seguir manteniendo la regulación en materia electoral dentro del Estatuto, con lo que eso implicaría en lo referente a su regulación escueta, al tiempo de la dificultad añadida de estar sujeta la materia a una ley orgánica con la complejidad que implica su modificación, y que se debe realizar en el Congreso de los Diputados en Madrid. O bien la otra opción que se regule por fin a través de una Ley del Parlamento de Canarias, que después del tiempo transcurrido desde 1982, creo que ya va siendo hora. Con lo que se llenaría un vacío de desarrollo legislativo del Autogobierno que lleva muchos años en el más absoluto sueño de los justos.

Aparte de esta cuestión de tipo más formal, nos tendremos que adentrar en cuestiones más de fondo. Y existen cinco, a grandes rasgos, y que están relacionadas unas con otras, así tenemos las circunscripciones, la triple paridad, la representación proporcional, el número de diputados y los baremos. Empezando por la última los baremos, sobre esta existe una coincidencia en los pareceres de todas las fuerzas políticas, en la necesidad de bajarlos, ya que en la reforma estatutaria de 1996 se subieron (y la verdad que excesivamente) tanto el nivel de baremo insular, como en nivel de baremo para la suma de los votos obtenidos por un mismo partido en todo el Archipiélago. Y así se ha hablado de bajarlos a la mitad de su porcentaje actual, del 30% al 15% en el marco insular, y del 6% a una horquilla del 3% al 5% en el ámbito de toda la Comunidad Autónoma. También hay que indicar en la cuestión de los baremos, que se produce una posible contradicción de carácter teórico quizás, y es en su aplicación a nivel de toda Canarias. Ya que si en la actualidad solo se contempla legalmente la existencia de circunscripciones insulares, cómo es que existe un baremo, aparte del insular, de carácter supra insular, de toda la Comunidad Autónoma. Parece un sinsentido, ya que es contrario al espíritu del carácter insular de las circunscripciones que se determina en el art. 9.4 del Estatuto de Autonomía, pero se encuentra recogido en la Disposición Transitoria Primera, Apartado 2 in fine. Por lo que el legislador en este caso concreto, quizás dejó una puerta abierta a otros marcos territoriales de circunscripción, o simplemente primaron ciertos intereses de algunos partidos políticos con presencia en toda la Comunidad Autónoma y sobre todo en las islas más pobladas.

Volvamos a las circunscripciones, que son insulares según el art. 9.4 del Estatuto, y son siete. Pero es en la Disposición Transitoria Primera, Apartado Primero, donde se determina el número de diputados asignados a cada circunscripción. Y es aquí donde surge la famosa triple paridad, ya que en 1982 se salía de una realidad muy centralista en Canarias en beneficio de Tenerife y Gran Canaria y que se encontraba institucionalizada en la existencia de las provincias, y su plasmación en las mancomunidades provinciales. Casos de avasallamiento por parte de las islas centrales o capitalinas hacia las islas occidentales y orientales de Canarias, hay muchos que podríamos nombrar, pero no este el momento. Esta situación provoca por parte de los representantes políticos sobre todo de las islas menores un replanteamiento en la idea de la construcción de Canarias desde principios de paridad, estabilidad, solidaridad, entre otros, y se plasmó en la Triple Paridad , que es el mecanismo numérico por el cual las islas menores tienen los mismo diputados que las mayores, las dos mayores tienen los mismos diputados, y las islas occidentales tiene los mismo diputados que las orientales. Y todo ello se aplicó sobre la cifra de 60 diputados, número al que se llegó en aplicación de la mitad de los límites mínimos y máximos que se recogían en el art. 9.3 del Estatuto, que determina que la cantidad de diputados no puede ser superior a 70 ni inferior a 50.

Pues ante esta realidad de asignación del número de diputados que ha existido hasta ahora, han surgido un coro de voces, que protesta enérgicamente contra esta asignación por islas, basándose en que es ilógico y desproporcionado desde el punto de vista poblacional que Tenerife y Gran Canaria que tienen el 80% de los habitantes de Canarias, tengan los mismos diputados que las otras 5 islas, que solamente tienen el 20% de los habitantes canarios. Huelga decir que las reseñadas voces surgen en las islas capitalinas, y sobre todo en determinados sectores más o menos cercanos a determinados partidos políticos que entienden que así podrían resultar bastante beneficiados. Este coro de voces tanto de alguna plataforma, como de organizaciones sociales, así como de algunos partidos políticos se basan en un concepto numérico poblacional de la proporcionalidad, e incluso enuncian el art. 9.2 del Estatuto de Autonomía cuando indica que el sistema electoral es el de representación proporcional. Pero obvian que ese concepto en el Estatuto se encuentra sin determinar, no se ha desarrollado en una ley ad hoc, y además la proporcionalidad no puede ser solo poblacional, porque es imposible por lógica y por efecto numérico, y además no se olviden nunca que Canarias es un Archipiélago, y eso conlleva una comunión entre territorios y habitantes. Además, si aplicásemos los criterios poblacionales puros se daría por ejemplo la siguiente circunstancia; imaginemos que El Hierro solo tiene 10.000 habitantes y que por esa cifra solo le corresponde un diputado, entonces Tenerife que tiene 950.000 habitantes, tendría que tener 95 diputados… Lo cual evidentemente sería una barbaridad. Quizás suene a argumento maniqueo pero eso es lo que sucede cuando solo opera el criterio poblacional. Además la proporcionalidad también lleva implícitos a los territorios, y más en un Archipiélago. En Canarias las personas viven en islas, no son entes que habitan en la nada, que no necesitan de un territorio, todo lo contrario el territorio determina y es la base de Canarias.

He leído en algún sitio que el sistema electoral canario es injusto, es antidemocrático y que es comparable al de Tanzania. Para empezar a todos esos Doctores en Derecho Comparado, les diría que soy franco y no tengo ni idea de cómo es el sistema electoral tanzano. Pero si les puedo decir que la simbiosis entre población y territorio se da en muchos sistemas electorales, y en bastantes el criterio territorial es muy importante, ¿o no sucede así en el País Vasco?,¿en las elecciones al Senado en España?, o es que Soria por esa regla de tres no tendría derecho a senadores, y claro que salen electos con menos habitantes que Barcelona o Valencia. Y en Gran Bretaña cómo se eligen a los diputados, o acaso no se hace por un criterio territorial de distrito. Y en USA cómo se elige su Senado, y en Alemania en los Lander… y en Azores, así podríamos seguir sacando ejemplos con primacía o mucha importancia del criterio territorial para la elección de miembros de los parlamentos.

A tenor de todo ello y según la opinión de estos sectores el problema se resolvería dinamitando la triple paridad, con una nueva asignación de diputados por islas, y con la aparición de una lista para toda Canarias. Sobre estas bases también ha habido una variedad de propuestas, si bien parece que existe una especie de propuesta con la creación de un cajón de sastre que llaman colegio de restos para crear 10 diputados más, que evidentemente serían para las dos islas más pobladas, y además no se sabría de antemano ni cómo, ni quién, ni dónde, sería una especie de entelequia que se personaliza la noche de las elecciones. Como comprenderán, el sistema de la triple paridad ha funcionado perfectamente desde 1982, ha contribuido a cohesionar Canarias, y los modelos de los que se habla solo pretenden beneficiar a las nomenclaturas de partidos políticos, y además de aumentar el número de diputados. ¿Por qué hay que cambiar algo que ha funcionado? ¿Por qué quieren rediseñar Canarias, y volver a los efectos prácticos de la oscura época de las mancomunidades provinciales con las negaciones presupuestarias a las islas menores?, ¿A qué viene esa negación de la valoración de igualdad entre todas las islas? Son tantas interrogantes que nos hacen pensar muchas cosas, y la primera que es lo que se puede hacer desde El Hierro, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, pues se puede hacer mucho, pero lo primero es actuar con unidad de acción los representantes de estas islas. Y si la reforma electoral se acordara en el Congreso de los Diputados y no en Canarias, dinamitando el actual sistema, habría que seguir luchando para conseguir elaborar una Ley Electoral Canaria aquí en el Parlamento donde se recoja este sistema que tanto ha hecho por este Archipiélago, porque será la mejor manera de vencer la tentación de pensar o de ir más lejos en una especie de Tabarnia en las Islas.

Jesús Eduardo Herrera Sicilia

Abogado

Los objetivos nacionalistas solamente son válidos si se consiguen en un proceso democrático de largo alcance, renunciando al radicalismo.

Seguro que desde hace unas semanas, las palabras sobre las que más se ha escrito en este país han sido Constitución y Cataluña. Y además desde todos los puntos de vista, incluso los que han pretendido separar y distanciar una de la otra. Pero analizando con cierta distancia la cuestión, nos podemos plantear toda una serie de cuestiones sobre las que habría que manifestar lo siguiente: para empezar el nacionalismo. ¿Hay uno solo tipo de nacionalismo o hay varios? Pienso que hay varios, pero el concepto teórico o doctrinal sería que el nacionalismo puede ser la hegemonía del Estado que tiene como fundamento esencial el principio de cada Estado una nación, a cada nación un Estado. Lo cual tiene como mínimo tres consecuencias; la primera: Nación como unidad cultural esencialmente homogénea, ósea como comunidad homogénea; la segunda: Nación como entidad soberana donde residen y emanan todos los poderes del Estado, lo que implica una soberanía que no es divisible y que se corresponde con todo el territorio nacional del Estado; y la tercera: la concepción de que la organización y distribución territorial del poder del Estado ha de ser simétrica. Esta definición sirve para la relación entre el Estado y la Nación como ocurre en España, y se contempla en la Constitución de 1978. Por lo que puede chocar con aquellos nacionalismos que entienden que su territorio es una nación, la cual pretenden convertir en un Estado, desgajándose del que pertenecen pero con la intención de copiarlo si se pudieran constituir en Estado ellos mismos, como el caso que nos afecta en la actualidad que es el catalán. Por lo cual se encuentra ese nacionalismo en sí mismo inmerso en una disquisición ideológica, que es el querer romper el Estado al que pertenecen para crear ellos su propio Estado, basándose en los principios que quieren romper, para crear sobre los mismos principios su propio Estado. Y esto no es solo teórico, se puede llevar la práctica, y en el caso de Cataluña nos puede servir de ejemplo la siguiente cuestión: ¿Qué haría Cataluña si fuese un Estado con el Valle de Arán y su derecho a decidir?

Por otro lado, hay diversos modos de entender la nación, y por ende, diversos modos de nacionalismo. En un extremo está la nación como etnos (agrupación de personas unidas por la raza o por la nacionalidad), como singularidad natural y, en su forma más primaria, racial. En el otro, nación como demos (conjunto de personas que forman una unidad política), como conjunto de hombres que viven sujetos a las mismas leyes que se dan. Así, el nacionalismo moderado subraya que junto a los valores nacionales están los democráticos, de ahí que las reivindicaciones nacionalistas hayan de lograrse por la vía democrática. Los objetivos nacionalistas solamente son válidos si se consiguen en un proceso democrático de largo alcance, renunciando al radicalismo. Por el contrario, el nacionalista radical no conoce otros valores que los nacionales y pretende conseguirlos por cualquier medio, sin descartar el camino de la violencia incluso, y anteponiéndolos a cualquier otro tipo de consideraciones. Así el nacionalismo excluyente, radical, se configura como una de las mayores amenazas para la democracia y el pluralismo político, ya que descarta el diálogo y defiende una idea de nación excluyente y basada en los que considera propios. Estas consideraciones como podrán observar se adaptan plenamente a lo que está sucediendo en Cataluña, tanto en su vertiente nacionalista radical, siendo los acontecimientos de estas semanas o meses claro ejemplo de esa forma de actuar que he descrito anteriormente del nacionalismo radical. Como en su vertiente institucional político legal, ya que nos encontramos en un ataque directo hacia elementos esenciales tanto de la Constitución como del Estatuto de Autonomía de Cataluña, como elementos legales esenciales de aplicación en Cataluña, que trascienden a toda España. Y en modo alguno se puede comparar con un choque de trenes al menos en el aspecto legal, ya que por un lado está la legalidad, el Estado de Derecho, la Democracia, y por otro lado está un ataque directo, sin ambages contra la legalidad constitucional y el Estado Democrático de Derecho existente, basando ese ataque en una supuesta voluntad popular (que no hubo medios ciertos y comprobables dentro de parámetros de garantías democráticas para afirmarlo y demostrarlo). Ósea, y para finalizar con estos pensamientos escritos, la confrontación práctica entre el demos y etnos.

Jesús Eduardo Herrera Sicilia

Abogado

Existen muchos argumentos para la creación de un Itinerario Cultural Europeo entre Santa Cruz de La Palma, Amberes y Sevilla.

En fechas recientes mi querido amigo Fernando Rodríguez Sánchez inició una campaña que se puede convertir en un movimiento con el apoyo de la ciudadanía. Y que se basa en dos vías: una interna, que es la recuperación del valor de nuestro rico y variado patrimonio histórico, y otra externa, que sería la operación que llevase a la declaración del conjunto histórico de Santa Cruz de la Palma como Patrimonio de la Humanidad.

En esta ocasión quisiera detenerme en la cuestión externa, la de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Y en primer lugar quisiera manifestar la dificultad que entraña, ya que se requiere voluntad de la ciudadanía y las autoridades del sitio en cuestión (en nuestro caso Santa Cruz de La Palma en particular y La Palma en general), aportación de fondos para ello, tanto públicos como privados, grupo de expertos que realicen una propuesta perfectamente documentada y con argumentos que doten a la candidatura de la especificidad que la haga meritoria de la declaración de Patrimonio Mundial, la implicación del Cabildo Insular de La Palma y del Gobierno de Canarias que sirva de sustento oficial para convencer al Estado español que proponga la candidatura ante la UNESCO, que es el ente internacional que realiza y formaliza la declaración en cuestión. Como observarán todo un camino con muchos obstáculos y dificultades que hacen la consecución del objetivo toda una proeza, y al que hay que añadir la dificultad de carácter internacional que significa que España sea el segundo Estado de todo el planeta con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad (el primero también es europeo, que es Italia). Con lo que eso significa a la hora de equilibrar por parte de la UNESCO el gran eurocentrismo que existe en este tipo de declaraciones.

Pero no hay que desanimarse, hay varias opciones intermedias, y que además son novedosas, trabajarían con cuestiones inmateriales, y que podrían aportar unas plusvalías muy importantes a la isla de La Palma. Y me refiero a la simbiosis entre turismo y patrimonio histórico. En los últimos tiempos, el incremento que ha experimentado el turismo cultural o histórico-artístico ha sido muy relevante, convirtiéndose en un factor de elección de destino en una importante cuota que conduce, día a día, hacia un mayor y más amplio volumen de viajeros y turistas. El turismo de motivación cultural e histórico patrimonial se desarrolla en el marco de un contexto artístico, urbanístico, arquitectónico, escultórico, pictórico, histórico, etc. Esta variante turística se puede añadir como otro elemento atractivo para que los viajeros y turistas quieran visitar La Palma. En este contexto es en el que surgen proyectos de colaboración como los desarrollados por la UNESCO, el Consejo de Europa y la Comisión Europea dentro del Plan de Acción Comunitaria a favor del Turismo, destacando entre los objetivos favorecer el intercambio de información y actuación conjunta entre los diferentes sectores turísticos y culturales.

En esta misma línea es en la que surge la propuesta de Itinerarios Culturales Europeos y, en el presente caso que nos ocupa, sería la solicitud de creación de un Itinerario Cultural Europeo que comprenda las ciudades portuarias mas importantes del Imperio Español en la época de los descubrimientos y la apertura de Europa al Mundo (el Siglo XVI). Siendo dichas ciudades las de Amberes (Flandes), Sevilla (Andalucía) y Santa Cruz de La Palma (Canarias).

Esta propuesta sería la plasmación práctica del deseo de recuperar los vínculos históricos que unieron a estas tres ciudades (Amberes, Sevilla y Santa Cruz de La Palma), enmarcadas en unos territorios distantes entre sí desde el punto de vista espacial, pero cercanos en cuanto a su participación activa en una época en que Europa se abría al Mundo, siendo los puertos ubicados en estas ciudades actores de primer orden de exportación de lo que era y significaba Europa en el siglo XVI. Y que es la demostración histórica del porqué fuimos el tercer puerto del Imperio.

Existen muchos argumentos para la solicitud y la aprobación de dicho Itinerario Cultural, con todas las ventajas que ello implicaría para la Isla en general. Y que aparte de proponerse no solo desde la perspectiva de Santa Cruz de La Palma, sino de las otros dos ciudades y enriquecerse con su aportaciones, y puede y debe generar una corriente de intercambios de todo tipo entre las tres ciudades, y que para todos aquellos que nos visiten motivados por el reseñado Itinerario Cultural, con la promoción turística que implicaría y la exigencia del mantenimiento y potenciación de nuestro rico patrimonio histórico, haría que visitantes y turistas que viniesen de Flandes (Bélgica) y Andalucía (España), encontrasen en Santa Cruz de La Palma, elementos arquitectónicos, escultóricos y de imaginería, pictóricos, lingüísticos, etnográficos de notable origen y/o influencia flamenca y andaluza.

Esta iniciativa se debería promover desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, con la colaboración y el apoyo de los ayuntamientos de Amberes y Sevilla, así como del Cabildo Insular de La Palma, como de las comunidades autónomas de Canarias y Andalucía, y del Estado federado de Flandes. Para su elaboración, y desarrollo, y posterior elevación a la UNESCO y al Consejo de Europa, con el apoyo del Estado español y el Estado belga, para su aprobación y declaración del Itinerario de los Puertos del Imperio. Esta aprobación del Itinerario Europeo implicaría una recuperación de nuestra historia y de la importancia de Santa Cruz de La Palma, así como de promoción en Europa, participación en fondos europeos, publicidad impagable como destino turístico, etc. Y además, significaría un elemento básico o piedra angular que nos sirva de base cierta para poder optar en un futuro a una declaración posterior de Patrimonio de la Humanidad, tanto en su vertiente tangible como en su vertiente intangible. Así que llevemos al terreno práctico y al de consecución de ventajas para La Palma, el famoso dicho que recoge nuestra mejor época histórica, cuando fuimos … el tercer puerto del Imperio.

Jesús Eduardo Herrera Sicilia

Abogado

Primaron los intereses y las coyunturas políticas de los partidos sobre la idea primigenia de asignación del Fondo de Desarrollo de Canarias.

Después de un tiempo de reflexión por motivos personales y por la necesidad de analizar tantos sucesos que han acaecido en un mes y medio, observo que ciertos temas se van haciendo protagonistas de la realidad canaria. Y uno de ellos, que está en la boca de bastante gente es la triple paridad, que surgió en el año 1982, con el Estatuto de Autonomía de Canarias, como un criterio de asignación de escaños en el Parlamento Canario, y que ha dado bastantes buenos resultados desde el punto de vista de la construcción territorial del Archipiélago y la posibilidad de hacerse oír y poder plantear sus ideas y necesidades las islas no capitalinas sin necesidad de intermediarios. Estos criterios de asignación de escaños y por lo tanto, de tantos por ciento en el total de Canarias, se han intentado usar también para el reparto de fondos del extinto IGTE, y con el que se ha dotado al Fdcan (Fondo de Desarrollo de Canarias), creado por el Gobierno de Canarias, y dotado de contenido en toda una serie de programas de inversión diseñados a iniciativa de ayuntamientos y cabildos, y estructurados por el Gobierno. Pero qué ha sucedido para que lo que en origen fue una idea y un proyecto asumido por todo el mundo -perdón por casi, salvo el Cabildo de Gran Canaria- se haya transformado en otra cosa, menos o mas parecida, pero con otros criterios de asignación de recursos. 

Los fondos del Fdcan ascienden a 160 millones de euros al año durante 10 años, por lo que serán en total 1.600 millones. No es que sea una cantidad impresionante, por ejemplo si la comparamos con el montante del presupuesto de Canarias en un año, que es 7.200 millones. Pero, y de ahí su filosofía original, esos 160 millones al año servirían y tendrían una trascendencia muy importante sobre todo en los desarrollos  de las islas menos pobladas, menos desarrolladas, donde la carencia de toda una serie de oportunidades y de inversión lastran y dificultan su desarrollo y progreso (las islas no capitalinas), que debido a su situación socioeconómica necesitan de un plus y del apoyo del Gobierno para ir intentando generar actividad y posibilidad de desarrollo, y al mismo tiempo servir para ir reduciendo las enormes distancias entre las islas capitalinas y las demás.    

Y así en origen se planteó un reparto de esos fondos, siguiendo criterios de la triple paridad. Y estaba todo el mundo de acuerdo…salvo el Cabildo de Gran Canaria, cuya disconformidad tiene más un trasfondo de interés político de la fuerza política que lo dirige que dé razones de peso en contra. Ese criterio de reparto original fue aceptado por ayuntamientos, cabildos y por el Gobierno, ya que se entendía que se debía hacer el mayor esfuerzo en las islas no capitalinas, y ello en base a varios criterios, por ejemplo la inversión realizada en ellas tendría un efecto multiplicador mucho mayor que en las islas capitalinas, sin que ello significase, evidentemente, que Gran Canaria y Tenerife se quedaran sin su cuota dentro del Fdcan. Y con esas bases se trabajó desde el principio de la presente legislatura, estando de acuerdo y llegando a diseñar proyectos de toda índole la práctica totalidad de las instituciones, sin que fuera obstáculo ninguno el color político de las mismas (salvo la reseñada anteriormente y algunos ayuntamientos de esa isla). Pero, qué pasó finalmente, pues que lo que en principio fue un tema asumido en cuanto a la forma de repartirse los fondos, prácticamente con una gran mayoría favorable, comenzó a ser atacado en cuanto al reparto de los fondos por la vía de la triple paridad, por intereses políticos ajenos a esta cuestión en sí. Por haber entrado dentro de la confrontación política que ha venido existiendo en Canarias a nivel de las instituciones de la Comunidad Autónoma. Y primaron los intereses y las coyunturas políticas de los partidos sobre la idea primigenia de asignación de fondos que fue la base para diseñar las inversiones por los cabildos y ayuntamientos. Al final, se pudo llegar a una solución que pudo satisfacer a casi todas las partes intervinientes en este asunto, y se aprobó el Fdcan, con otro criterio de reparto y que es el del criterio REF, sobre lo ya trabajado y presupuestado. 

De todo lo sucedido podemos sacar una conclusión: que los detractores de la triple paridad han sacado elementos demagógicos contra ella, basándose sobre todo en los déficit poblacionales existentes en  las islas, y que se primaba excesivamente a las islas no capitalinas, en perjuicio de las islas donde viven la inmensa mayoría de la población canaria. Esto señores son pura demagogia, porque desde el origen de la triple paridad Tenerife y Gran Canaria han tenido mas habitantes que las otras islas. Y si hacemos números, vamos a hacerlos en todos los campos. ¿Saben lo que representa el Fdcan, en relación a los Presupuestos de Canarias para el año 2.017, pues aproximadamente un 2´20%?. Y la cuantía de los presupuesto de Canarias para el año próximo es de unos 7.200 millones de euros, que tienen un destino final en gran medida para Gran Canaria y Tenerife, y eso nunca ha sido puesto en duda por las islas no capitalinas, al tiempo que refleja la poca cuantía del Fdcan, en comparación con los presupuestos generales. Si eso no es demagogia que me lo expliquen. 

Jesús Eduardo Herrera Sicilia 

Abogado

Este es un tema muy serio para nuestras islas como para que vengan iluminados a pontificar sobre materias que desconocen, y que intentan revestir de demagogia barata.

He tomado un poco de perspectiva desde que se aprobó en el Parlamento canario, el día 13 de Septiembre del presente año, la Ley de Ordenación Territorial y Turística de El Hierro, La Gomera y La Palma (La Ley de las Islas Verdes), para poder opinar sobre la misma, desde varios ángulos, y al mismo tiempo manifestar mi opinión sobre el exceso de politización y manifestaciones gratuitas sobre la reseñada ley. 

La reseñada Ley, lo que pretende es dinamizar y agilizar los procedimientos legales para poder desarrollar actuaciones urbanísticas y turísticas en las islas occidentales de nuestro país. Pero eso no implica en modo alguno una patente de corso, que signifique que se puede hacer y construir todo lo habido y por haber. Porque entre otras cosas existe una serie de criterios de racionalidad que se encuentran presentes en primer lugar en la propia ley  y en segundo lugar en el ordenamiento en general, y el primero de ellos es el principio básico del control de legalidad.      

En la Ley se contemplan instrumentos de garantía en relación al ordenamiento de competencia municipal , insular y autonómico. Lo que  es innovador y eso es una de las circunstancias que sus detractores critican, es que asigna mayor nivel competencial y de decisión a administraciones de carácter territorial inferior, como son los municipios y las islas. Anteriormente, la última y definitiva palabra, así como el control de la legalidad, lo ejercía la Comunidad Autónoma, a través de la sacrosanta Cotmac. Por lo cual observamos que la ley tiende a una descentralización de la gestión urbanística entre las administraciones mas cercanas al territorio. Lo cual, además de resultar un elemento nuevo y que asigna unas verdaderas competencia urbanísticas a ayuntamientos y cabildos, como sucede en otros países que son los ayuntamientos los que inician y finalizan la gestión y el procedimiento urbanístico. Les dota de un nivel de resolución y competencia desconocidos en Canarias hasta ahora, y que evidentemente genera miedos y desconfianzas de un sector de la población, que no cree, ni se cree, que los ayuntamientos y los cabildos sean lo suficientemente responsables, y cumplidores de la legalidad, ya que parece ser que creen que son unas administraciones que serán influenciadas y corrompidas por el dinero de los urbanizadores salvajes, y todas esas cosas… Y nos preguntamos, ¿quiénes son los que eligen a los regidores municipales  e insulares? ¿no son los ciudadanos? ¿entonces? Además de olvidarse de que existe el control de legalidad y que todas las administraciones a mayor nivel competencial en urbanismo, también aumenta su obligación del reseñado  control de legalidad. 

Además, los ayuntamientos tienen reconocidos por la Constitución un principio fundamental, el de la autonomía local, , y ello es extensible a los cabildos, por esa misma norma, como así mismo por el Estatuto de Autonomía de Canarias. Entonces ¿por qué tantos miedos de todo tipo por parte de algunos sectores a comenzar a ejercer una verdadera autonomía local e insular en una materia como el urbanismo?, ¿o es que para otros asuntos sí y para el urbanismo no? Se ha escrito mucho sobre esto pero les puedo afirmar que toda administración que tenga competencia en materia de urbanismo está obligada a garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística con carácter previo y posterior a los procesos de urbanización, edificación y usos del suelo, y en los casos que dichos procesos y usos supongan trasgresión de la legalidad urbanística, aplicarán los mecanismos encauzados a su restauración y punición. Por lo tanto, ¿por qué ese miedo? 

Este es un tema sobre el que seguramente seguiremos opinando porque hay mucho que decir, por todos los bandos y sectores, tanto a favor como en contra. Pero, por favor, es un tema muy serio, sobre todo para nuestras islas, para que vengan iluminados de toda condición y en todos los sentidos a pontificar sobre materias que desconocen, y que intentan revestir de demagogia barata.

Porque no me podrán negar que las posibilidades de desarrollo individual y colectivo existentes en Tenerife y Gran Canaria, son muy superiores a las de Lanzarote, La Palma, Fuerteventura, La Gomera y el Hierro.

En Canarias se ha abierto un debate en relación a la modificación de la Ley Electoral que tenemos, y en ella como piedra angular de la misma se encuentra la renombrada ‘Triple Paridad’. Pero qué es realmente la ‘Triple Paridad’. Cuando se comenzó a elaborar nuestro Estatuto de Autonomía que fue aprobado por Ley Orgánica en el año 1982, se estableció un criterio de reparto y asignación territorial de los diputados en base a tres criterios. El primero que los diputados de las islas capitalinas sumaran la misma cantidad que los diputados de todas las islas no capitalinas (Tenerife y Gran Canaria 30, y las otras cinco 30). El segundo criterio es los diputados de las islas que forman las supuestas provincias canarias, fuesen los mismos (Santa Cruz de Tenerife 30 y Las Palmas los otros 30). Y el tercero los diputados de las dos islas capitalinas son los mismos (15 para cada una). 

¿El porqué de esto?, pues porque se entendió que una buena manera de construir Canarias era de forma simétrica, entre las islas, para evitar disputas insularistas entre mayores y menores, entre occidentales y orientales, y entre las capitalinas entre sí. Somos un Archipiélago y si este se construía de forma simétrica era una fuerte y buena raíz del árbol de la canariedad y del sentimiento común de pueblo. La idea fue aceptada por todos y por todas las islas, si bien el origen partió de La Palma y de Lanzarote. Y me permito recordar en ese sentido a dos políticos que ayudaron mucho a parir la idea, ya que podemos decir que fueron padres intelectuales de la misma, y fueron Acenk Galván de La Palma, y A. Hormiga de Lanzarote. 

 Y ¿desde entonces que ha pasado? Pues ha cambiado el país, ha cambiado la estructura poblacional de Canarias, en cantidad sobre todo, si bien salvo un caso muy puntual que es el aumento de población de Lanzarote, que ha superado a La Palma, y que en los años 80 no era así. En el resto la realidad poblacional en cuanto a las islas es muy parecida en cuanto a las diferencias entre las mismas. Pero esa ‘Triple Paridad’ ha ayudado a equilibrar los desequilibrios existentes y que se producen en beneficio de los habitantes de las islas capitalinas. Porque no me podrán negar que las posibilidades de desarrollo individual y colectivo existentes en Tenerife y Gran Canaria, son muy superiores a las existentes en Lanzarote, La Palma, Fuerteventura, La Gomera y el Hierro. Y solo hay que remitirse a transportes, comunicaciones, cesta de la compra, desarrollo, sanidad, educación, cultura, etc. Pero sin embargo, una de las pocas paridades existentes en Canarias, se cuestiona sobre todo desde las islas capitalinas, por que la consideran antidemocrática. Afirman que no representa a la realidad poblacional de Canarias, basándose en la supuesta tesis de un hombre un voto, tesis que no se produce de la forma en que se pretende por los que la alegan en ningún lugar del mundo. Y se saca a colación por ejemplo que la Asociación Socialista Gomera tiene 3 diputados con 5.000 y pico votos y Ciudadanos con 50.000 no tiene ningún diputado. Pero por qué no dicen que a esos 50.000 votos de Ciudadanos se llega sumando todos los que sacó en las siete islas, con lo cual esa suma es totalmente falsa, porque las circunscripciones son insulares. Además, Ciudadanos se presentó en La Gomera también, ¿y cuántos votos sacó en La Gomera? Porque eso no lo dicen. 

En otros territorios, y en Derecho Comparado, se dan circunstancias parecidas, y me refiero a la representación territorial con igual peso o superior que a la poblacional. Y así tenemos el caso del País Vasco, donde todos los territorios tienen el mismo número de diputados, sin tenerse en cuanta la población. O el caso de los estados de Estados Unidos, donde cada estado sin importar la población solo tiene un senador por estado. Y si nos vamos al otro extremo de distritos de elección de un solo representante y donde sale elegido el que más voto saca, que sucede entonces con los votos de los que no ganaron, se pierden también, ¿no? Y no es un hecho cierto que  todas las circunscripciones no son iguales, ¿y que en las más habitadas cuesta mucho mas sacar un diputado que en las menos pobladas? O es que acaso no es más cierto que un diputado en Barcelona cuesta sacarlo más que en Soria. ¿Entonces de qué estamos hablando? 

A mi entender lo que sucede es que determinadas mentes preclaras pretenden rediseñar Canarias desde el pensamiento único de las capitales, y es tal su afán que intentan pasar por encima del concepto de país archipielágico que somos, y dirigirlo desde unas determinadas ciudades, que por poner un ejemplo se ponen a reclamar por la boca pequeña una mejora de la carretera de acceso a la Aldea (que falta hace y es una vergüenza que se encuentre como está), y sin embargo van por la cuarta circunvalación de Las Palmas y pidiendo la quinta. ¿Quieren más ejemplo de ‘centralismo democrático’?

Es un mecanismo de freno y control por parte de las islas capitalinas que son las más pobladas, y más concretamente los partidos grandes sobre los pequeños.

En estos días que tanto se habla sobre la reforma de la ley electoral canaria, hemos oído y oiremos argumentos de todo tipo sobre la misma. Pero en ¿qué consiste la actual normativa?, ¿Cuáles son las bases del actual sistema? Pretendemos ir explicando el porqué de las cosas, desde lo que es la propia normativa electoral canaria, los topes electorales, la famosa Triple Paridad, y también aportar humildemente algunos criterios sobre estas cuestiones para el futuro.

La actual normativa, está vigente desde el año 1996, cuando se reformó el Estatuto de Autonomía, y se establecieron unos determinados topes electorales. Uno de base insular (30%), y otro de base autonómica (6%). Estos topes electorales, que a todas luces resultan excesivos, para la inmensa mayoría de la ciudadanía, se deben conjugar sobre las siete circunscripciones insulares. Y ahí es cuando nos deberíamos hacer la primera gran pregunta, si las circunscripciones son insulares, lo lógico es que solo hubiera topes electorales de ámbito insular. Cuál es la necesidad de que existan topes electorales que se apliquen en el ámbito de todo el Archipiélago, cuando no existe una circunscripción de ese ámbito territorial. En Derecho comparado, lo habitual y común es aplicar el tope electoral en cuestión al ámbito territorial pertinente, pero no aplicar como se aplica en Canarias, dos topes electorales diferentes cuando solo hay circunscripciones de ámbito insular.

Y si concretamos más, y nos preguntamos si hay siete circunscripciones insulares, con una asignación determinada de diputados por isla, aplicándosele la famosa triple paridad (islas menores con capitalinas, islas capitalinas entre sí, y entre las “artificiales” provincias) ¿No sería más lógico que solo hubiera un tope insular, y por supuesto más bajo que el actual tope insular del 30%, para que este fuera en relación a la existencia de las propias circunscripciones insulares? No han pensado que la existencia de ese tope de carácter territorial de todo el Archipiélago, y que en la actualidad está cifrado en un 6%, que es a todas luces una barbaridad. Es un mecanismo de freno y control por parte de las islas capitalinas que son las más pobladas, sobre el resto de las islas, y más concretamente los partidos grandes sobre los pequeños. ¿Ustedes saben la cantidad de votos que es el 6% canario? Por eso me hace gracia, cuando oigo que por ejemplo Ciudadanos no entró en el Parlamento Canario, y, sin embargo, la Agrupación Socialista Gomera, sí entró, como si los votantes de las islas menores tuvieran la culpa. Los únicos responsables son los topes excesivos y sobre todo el tope excesivo del 6% de toda Canarias, que fue y es un gran filtro que se ha puesto desde Tenerife y Gran Canaria, que eran donde se encontraban los autores intelectuales y materiales para su inclusión e imposición en la Reforma del Estatuto de Autonomía de 1996.

Se inculpa a un supuesto insularismo periférico de las desventajas del sistema electoral canario, pero se han puesto a pensar que ese tope del 6% canario mucho mas alto que el tope insular del 30%, aún en las islas más pobladas. Facilita controlar la aparición y competencia de nuevos partidos de toda índole ideológica y territorial en Canarias. Entonces la gran cuestión es que el problema no parte de las islas con sus habitantes, sino que parte del control que quieren seguir ejerciendo determinadas nomenclaturas políticas y de otros ámbitos desde ambas capitalidades canarias.