La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, impulsó que la Asamblea General decretara el 22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua. Con esta medida se trataba de dar a conocer un recurso valioso y escaso, a la par que concienciar al mundo de que todavía hoy 2.200 millones de personas (tres de cada 10 personas) viven sin acceso a agua potable y 4.500 millones de personas (seis de cada 10) carecen de un saneamiento seguro. Las cifras son lo suficientemente elocuentes como para que esté justificado la atención que la Agenda 2030 presta al agua a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6: “agua limpia y asequible para todos en 2030”.

El desafío no puede ser más ilusionante, aunque no son pocas las dificultades que plantea su consecución, entre ellas las derivadas del propio cambio climático. Así, conviene tener presente cómo el rápido incremento de la población mundial, 10.000 millones en 2050, disparará la demanda de agua un 55%, mientras la mala gestión de los recursos hídricos coloca ya a muchas regiones del planeta en situación de escasez. Todo ello sin olvidar que más del 80% de las aguas residuales resultantes de la actividad humana se vierte a los ríos o al mar sin ningún tratamiento. En un contexto como el descrito es razonable que la temática elegida para conmemorar este año el Día Mundial del Agua sea, precisamente, Agua y Cambio Climático. Un binomio de lo más pertinente que interpela al sector público y privado a colocar al agua en un eje de ejecución preferente en los planes de actuación contra el cambio climático.

Con todo, la oportunidad que nos ofrece disponer de un Día Mundial del Agua debería ser aprovechada también para incorporar en toda actividad de concienciación un enfoque desde la perspectiva de género. Más allá de lograr así un alineamiento con otro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la fortaleza de incorporar esta perspectiva cuando se aborda el tema del Agua y el Cambio Climático atiende, a mi juicio, a una realidad difícil de ignorar. Así, de una parte, las mujeres están afectadas de una manera directa y particularmente intensa por la falta de agua y los efectos del cambio climático y, de otra, las mujeres pueden ser agentes impulsores del cambio, particularmente activos y eficaces.

Indudablemente, la falta de agua y saneamiento tiene consecuencias especialmente negativas para la vida de las mujeres. En muchos lugares del mundo son las mujeres o las niñas las responsables de buscar soluciones para que las familias dispongan de este recurso, cuando no tienen acceso directo al mismo. El hecho de recoger, cargar y transportar litros de agua por espacios no siempre seguros expone a las mujeres a peligros de distinta naturaleza (asaltos, agresiones o ataques de animales), además de privarles de un tiempo valioso que debería estar invertido en procesos de educación y formación. Lo propio cabría decir sobre el impacto negativo que las consecuencias del cambio climático, expresado en fenómenos naturales extremos, tienen para cientos de millones de mujeres que viven en áreas rurales e intervienen de manera directa en la producción de alimentos o en el mantenimiento de la agricultura familiar.

El cambio climático es responsable también de fuertes movimientos migratorios que aumentarán significativamente en los próximos años. Abordar con éxito este desafío exige también atender los perjuicios adicionales que afrontan las mujeres y que acusan de manera particular cuando las políticas ignoran esta perspectiva en el lugar de reasentamiento. Por todo ello, cobra sentido cualquier esfuerzo encaminado a reforzar el papel de la mujer en los procesos de toma decisión en el ámbito de las políticas del agua (y más aún del cambio climático) a través de una estrategia en la que el enfoque de género resulte un planteamiento transversal que permita evaluar las implicaciones de cualquier plan de acción. Así lo sugiere el estudio “Colaboración de mujeres para el agua”, realizado por la Iniciativa de Gobernanza del Agua de la OCDE en colaboración con la ONG Women for Water Partnership.

Desde la perspectiva de una sociedad como la nuestra, el propósito de reforzar el papel de la mujer como agente transformador es igualmente necesario. Un ámbito estratégico es, sin duda, el conformado por aquellos sectores profesionales vinculados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas en los que la presencia de la mujer todavía no es mayoritaria, pero desde los que se puede jugar un papel determinante a la hora de decidir, influir y transformar las estructuras de una sociedad que necesita ser más sostenible.

Con este propósito, la Fundación Aquae impulsa una pluralidad de iniciativas entre las que hoy quiero destacar aquella desde la que queremos contribuir a incrementar las vocaciones científico-técnicas de niñas en edades muy tempranas. Aquae-STEM se ha integrado en el plan curricular de medio centenar de colegios de España, beneficiando directamente a 2.500 niñas que afrontarán la resolución de múltiples retos en torno a diferentes desafíos relacionados con el desarrollo sostenible teniendo como elemento protagonista siempre el agua. Agua, Cambio Climático y Mujeres. Nuestra convicción, nuestro compromiso.

El Consejo de Ministros se ha reunido, con caracter extraordinario, para adoptar las medidas que permitan iniciar una solución arbitral, de carácter obligatorio, que ponga fin al conflicto entre los trabajadores encargados de realizar el control de filtros de seguridad en el aeropuerto de El Prat y Eulen, como empresa adjudicataria de este servicio. El conflicto se prolonga ya desde hace algunas semanas, sin que las partes hayan podido resolver sus diferencias mediante un acuerdo que contemple una mejora salarial y un refuerzo del número de trabajadores encargados de prestar el servicio.

Como en cualquier otro conflicto laboral similar al que ocupa ahora nuestra atención, también en este caso los trabajadores han hecho uso de su legítimo derecho a utilizar distintos medios de presión en defensa de sus pretensiones. Obvia decir que ello ha afectado, en determinados momentos, al buen funcionamiento del aeropuerto de Barcelona en uno de los momentos del año más críticos debido a la afluencia de pasajeros.

Aunque la presión ejercida por los trabajadores no ha quebrado el pulso a la empresa forzando una nueva propuesta que se acomodara mejor a las pretensiones de aquellos, la atención mediática del caso y las quejas de los usuarios sí han motivado la intervención del ministro de Fomento con la excusa, una vez fracasado el acuerdo entre las partes directamente implicadas, de garantizar la seguridad del aeropuerto.

Para ello, la administración ha reforzado la presencia de miembros del cuerpo de la Guardia Civil quienes, sin llegar a sustituir a los trabajadores de Eulen, han evitado situaciones que pudieran afectar al orden público, además de reducir de forma significativa el tiempo que los pasajeros estaban invirtiendo hasta el momento en superar los oportunos controles de seguridad. De ahí que la oposición no haya escatimado críticas al Gobierno por una actuación que si bien los usuarios han podido agradecer, parece claro que ha desequilibrado la posición de los trabajadores en el desarrollo presente y futuro de las negociaciones.

Durante las últimas semanas hemos podido conocer las distintas variables que deben considerarse para poder evaluar todos los elementos que están en juego en este conflicto que, sin duda, va más allá de las condiciones laborales que diseña Eulen para sus empleados. De hecho, quienes pretendieron analizar las reivindicaciones de los trabajadores de esta empresa como un desencuentro más en el marco de una reivindicación propia de toda relación laboral, ignoraban que, en realidad, este caso nos interpela sobre aspectos de mayor calado.

Me refiero, por supuesto, al modelo de gestión (público y/o privado) que resulta aceptable para la prestación de determinados servicios. Si además consideramos que el servicio en cuestión puede desarrollarse por empresas privadas, como es el caso de los filtros de seguridad en aeropuertos, parece necesario plantearse, a continuación, si la normativa que regula actualmente los procedimientos de licitación no hace sino incentivar, por parte de aquellas empresas que aspiran a ser las adjudicatarias de determinados servicios, la presentación de ofertas a la baja sólo asumibles a costa de un deterioro sobresaliente de las condiciones laborales del personal que será contratado al efecto. De ser así, parece imprescindible considerar este aspecto como un elemento importante a tener en consideración.

Atendiendo al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros celebrado este 16 de agosto, en los próximos días será designado un árbitro encargado de estudiar la situación y proponer a las partes una solución de obligado cumplimiento para El Prat. Obvia decir que las partes podrán discutir en los tribunales si, en realidad, se dan las circunstancias que la ley exige para someter este conflicto a una mediacion arbitral de carácter obligatorio. Si bien, en todo caso, se deberá acatar el laudo que el árbitro dicte al final del proceso. Será entonces cuando el conflicto de El Prat concluya, pero quién sabe cuántas licitaciones de cuántos más servicios se están tramitando en este mismo momento bajo similares condiciones a las que permitieron a Eulen hacerse con esta contrata.

De todo lo expuesto, podemos advertir, sin renunciar a la gestión privada de determinados servicios, acerca de la conveniencia de reconsiderar la viabilidad de procesos de externalización low cost mediante fórmulas de adjudicación asentadas en una precariedad laboral extrema que la administración debería estar en disposición de poder evitar. No en vano es quien, en último extremo, asume parte de los costes políticos que provoca la manera en la que el servicio en cuestión es prestado.

En 2006 viajé a Caracas para participar en un seminario académico que se desarrolló en la Universidad Andrés Bello en torno al sistema de protección de derechos humanos en Europa y América. Como advierten quienes se dedican a la materia, el sistema de protección internacional de derechos humanos creado en el marco del Consejo de Europa ha inspirado al modelo de protección establecido al efecto en la Organización de Estados Americanos. De tal forma que, más allá de algunas diferencias no significativas, los textos que contemplan los derechos a proteger de las personas que se encuentren bajo jurisdicción de los Estados parte (Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, 1950 y Convención Interamericana de Derechos Humanos, 1969), así como la jurisprudencia de los órganos con competencia en la materia (Corte Internacional de Derechos Humanos y Tribunal Europeo de Derechos Humanos) despiertan el interés científico y su estudio comparado ofrece, sin duda, conclusiones bien interesantes.

Ya entonces se podía advertir, sin mucho esfuerzo, el progresivo deterioro sobre el sistema de libertades que impulsaba el Presidente Chávez gobernando con firmeza un país en el que la oposición carecía de capacidad para alinear esfuerzos en torno a un objetivo común. Bastaba con analizar, en este sentido, los duros pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus condenas a Venezuela por el cierre de Radio Caracas Televisión para advertir que la democracia que ya entonces tomaba cuerpo en Venezuela era tal en un sentido puramente «formal». Sin embargo, las conversaciones con sectores desfavorecidos de la sociedad caraqueña permitían incorporar una variable interesante para conformarse juicio ponderado sobre la situación del país. Así, aquellos que justificaban cualquier exceso de Chávez insistían en lo que previamente habían cometido quienes habían gobernado el país de espaldas a una parte significativa de la sociedad. Subrayaban que sólo Hugo Chávez visibilizó y atendió sus necesidades a través de una serie de programas en el ámbito social y de la salud financiados gracias los beneficios que reportaba el buen precio del petróleo en los mercados internacionales.

No discuto que las dos miradas que he tratado de sintetizar en estas líneas respondieran, en su momento, a la realidad que vivían los venezolanos. De hecho, la confianza que la ciudadanía le expresó a Hugo Chávez le permitió ganar las elecciones de aquel mes de diciembre y también las que tuvieron lugar en 2012. Fue el cáncer el que finalmente apartó a Chávez de la presidencia en 2013 y le otorgó el gobierno a Nicolás Maduro.

Desde entonces, entiendo que la situación de Venezuela admite bastantes menos matices de los que algunos estarían dispuestos a aceptar para el «período chavista». De hecho, no me parece exagerado afirmar que el gobierno de Maduro tiene en la actualidad al Estado venezolano y a su sociedad al borde del colapso. Nos referimos, por supuesto, a la depauperada situación económica del país, a la degradación de unos pretendidos servicios públicos insostenibles por la caída del precio del petróleo o a los niveles de violencia que hacen de Venezuela uno de los países más peligrosos del mundo. Pero, además, nos parece imprescindible no dejar pasar por alto aquellas decisiones adoptadas por el gobierno de Maduro conducentes a desmantelar los últimos vestigios democráticos que todavía podrían permanecer en pie en Venezuela. En este sentido, la convocatoria de una Asamblea Constituyente para sustituir los poderes de un parlamento mayoritariamente controlado por la oposición resulta una medida inaceptable que hay que denunciar en los términos que lo han hecho distintos organismos internacionales, así como una pluralidad de Estados, entre ellos, España por constituir, sencillamente, una subversión del orden constitucionalmente establecido.

Los lazos que unen a nuestra país con Venezuela, así como los miles de venezolanos que residen en nuestro países merecen de España una negativa contundente a aceptar una nueva realidad parlamentaria que Maduro ha ideado a través de una consulta ilegal en su convocatoria y con claros indicios de fraude en su desarrollo. Además, España debe liderar en el marco de la Unión Europea la adopción de aquellas medidas que, sin causar daño a la sociedad, puedan orientarse directamente contra quienes son responsables de la actual situación, invitándoles de esta manera a renunciar a una situación que conducirá a una Venezuela no democrática al aislamiento internacional.

Los próximos días son determinantes para configurar una estrategia que facilite a las partes una solución para Venezuela dentro de los parámetros democráticos más elementales. Si dicha estrategia fracasara, la Venezuela de Nicolás Maduro habrá renunciado a cualquier atisbo de formalidad democrática para su país instalando a su gobierno en la más pura lógica autoritaria. La Comunidad Internacional lo lamentará, pero serán los venezolanos los que sufrirán las consecuencias en primera persona. No parece razonable dejarles solos.

Quizás recuerden esta película dirigida por Ridley Scott en 1991 que consiguió un Óscar y un Globo de Oro al mejor guión. El argumento era sencillo: dos mujeres, dos trayectorias personales unidas por la amistad, dos vidas marcadas por cierta frustración deciden compartir un fin de semana en el que depositan grandes dosis de expectación.

La aventura, que se planteaba estimulante e inofensiva para las protagonistas, se complica de forma dramática. Así, las ofensas de las que son víctimas a lo largo del viaje que emprenden por carretera y las respuestas que las protagonistas van ofreciendo, al margen de la ley, acaban por convertirlas en fugitivas. En definitiva, la aventura se transforma en una huida hacia ninguna parte cuyo único final heroico, tras ser cercadas por la policía, pasa necesariamente por acelerar su descapotable y saltar al vacío. Salvando las distancias, creemos honestamente que, si nadie lo remedia, las últimas decisiones de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en relación con el procés anticipan un final no muy alejado del que, con tanto acierto, interpretaron Geena Davis (Thelma) y Susan Sarandon (Louise).

Así, el presidente y vicepresidente de la Generalitat han acordado una serie de movimientos políticos que confirman su voluntad firme de adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para planificar y desarrollar un referéndum en los términos que ya anunciaron para el 1 de octubre. Tales decisiones serán asumidas solidariamente y en esa condición afrontarán las responsabilidades civiles, administrativas y penales que, en su caso, pudieran derivarse.

Desde este convencimiento político de querer llegar hasta el final, parece obvio que quienes dirigen el proceso necesitan preservar una cohesión interna incondicional de los miembros del equipo de gobierno y, también, de aquellos que ostentan cargos dentro de la administración autonómica con funciones estratégicas para el buen desarrollo de la consulta. Nada de lo hecho hasta ahora por quienes ostentan cargos de responsabilidad política en Cataluña debería, por tanto, causarnos sorpresa. No podemos desconocer, salvo que nos hagamos trampas al solitario, que el mismo presidente de la Generalitat se atribuyó la misión de convocar una consulta como elemento vertebrador de una legislatura llamada “de la desconexión” en la que el referéndum, por utilizar sus propias palabras, se realizaría “sí o sí”. Con todo, los acontecimientos de las últimas semanas sí deben provocarnos una honda preocupación atendiendo a las consecuencias que tendrá para todos, catalanes y no catalanes, la irresponsable determinación política en seguir adelante con una consulta cuyo desarrollo –lo saben perfectamente quienes la alientan– difícilmente será asumida por el Estado en los términos en los que aquélla ha sido diseñada.

Los agravios que pudieran justificar el haber llegado tan lejos en el desafecto entre Cataluña y España –que existen y que legitimarían la negociación de un nuevo estatuto jurídico-político para Cataluña– nunca podrán ser compensados a través de una consulta sin cobertura jurídica (ni política) que garantice su validez.

En estos momentos, las dos partes parece que han renunciado a cualquier fórmula de entendimiento, diálogo o negociación encaminada a reconducir la situación hacia un escenario en que resulte política y jurídicamente posible el reinicio de un proceso que permita negociar un estatuto para Cataluña en cuya elaboración tomarían parte los catalanes y sobre el que podrían expresarse en referéndum.

Para ello, claro está, es imprescindible recuperar la confianza entre las partes, confirmar la voluntad de entendimiento, fijar los cauces institucionales en los que se ordenaría el proceso y pactar el respeto por las reglas del juego. Soy plenamente consciente de que las condiciones actuales no permiten hacer realista un escenario como el descrito. Más bien al contrario.

Si nadie lo remedia, el mes de septiembre asistiremos a una confrontación territorial, social e institucional que difícilmente podrá ser abordada con garantías de éxito exclusivamente desde la fría aplicación del marco jurídico vigente por los tribunales de justicia.

Con todo, en este momento resulta imprescindible recordar que sólo desde el respeto a la ley podrán activarse los instrumentos de diálogo y negociación política adecuados para, en su caso, reformular un proyecto de Estado en el que los catalanes también puedan sentirse concernidos o desde el que, si así resultara en último extremo, poder negociar la manera de decirse adiós.

En el marco de un Estado de Derecho la ley nos obliga a todos, la ley nos ofrece garantías a todos y es la ley la que nos señala el camino para cambiarla. Todo lo demás son argumentos para una buena película: aventuras románticas que acaban con saltos al vacío.

El Derecho constitucional español no contempla el derecho de secesión de una parte de su territorio. No lo hace nuestro ordenamiento jurídico, ni tampoco el resto de constituciones de los Estados del mundo que podrían servirnos de referencia, salvo el caso de Etiopía y la del Archipiélago de San Cristóbal y las Nieves. Más bien al contrario. Las constituciones de los Estados que como el nuestro disponen de un alto nivel de descentralización política –con independencia de si se hacen llamar Estado federal o Estado autonómico–, lejos de contemplar mecanismos que favorezcan la independencia de sus territorios, contienen instrumentos de coerción para garantizar que los entes federados acomodan su comportamiento al ordenamiento constitucional.

Esta afirmación no reivindica la utilidad del artículo 155 de la Constitución, sino la eficacia de herramientas jurídicas más serenas. Me refiero a los pronunciamientos que el Tribunal Constitucional ha emitido hasta el momento para anular aquellas decisiones del Gobierno o Parlamento catalán manifiestamente contrarias a Derecho. La más reciente fue dictada este miércoles por el Tribunal Constitucional y permitió anular las partidas presupuestarias contempladas por la Generalitat en su ley de presupuestos para hacer frente a los gastos que genera la organización y desarrollo de una consulta como la anunciada para el próximo 1 de octubre. Frente al pertinaz comportamiento de las autoridades catalanas, este acervo jurisprudencial nos permite anticipar el destino al que están necesariamente condenadas, en el caso de ser aprobadas, la ley de referéndum de autodeterminación o la propia convocatoria del referéndum.

Con todo, aunque la actualidad política nos obliga a recordar prácticamente a diario cuáles son las estructuras jurídicas básicas sobre las que se asienta el funcionamiento democrático de un Estado de Derecho, entendemos que hoy la urgencia está en precisar si –tal y como se insiste desde algunas ámbitos institucionales en Cataluña– el Derecho Internacional ofrece argumentos jurídicos que permiten avalar una consulta como la que el Gobierno catalán ha anunciado para el mes de octubre.

De hecho, el propio preámbulo del borrador que hemos conocido esta semana sobre una Llei del Referèndum d’autodeterminació incluye referencias a la Carta de Naciones Unidas (artículo 2), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 1), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 1) o, incluso, la propia Resolución 2625 de Naciones Unidas de 24 de octubre de 1970 como instrumentos jurídicos internacionales que contemplan un pretendido derecho de libre determinación de los pueblos al que podría acogerse Cataluña, y cuyo ejercicio España debería necesariamente reconocer por tratarse de tratados internacionales ratificados e incorporados al ordenamiento jurídico nacional de conformidad con los procedimientos establecidos al efecto.

Pues bien, sin negar la regulación del derecho de libre determinación de los pueblos por parte de los textos internacionales ya mencionados, ni tampoco el hecho cierto de tratarse de normas jurídicas que vinculan a España, conviene tener presente que en ningún caso podemos aceptar que tal derecho puede ser alegado por Cataluña para hacer valer su referéndum. Olvidan intencionadamente quienes apelan a tales normas internacionales que las mismas condicionan el ejercicio del derecho de libre determinación a la concurrencia de una serie de circunstancias muy alejadas, afortunadamente, de la realidad política y jurídica que vive Cataluña.

Así, los mencionados textos señalan de forma expresa que el derecho de libre determinación se reconoce a la población de los Estados, los fideicomisos y los territorios no autónomos advirtiéndose, en este mismo sentido, que tal derecho no autoriza, ni fomenta “acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes (…) dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color”.

Por tanto, no se puede ignorar, salvo que la intención sea confundir, que la regulación internacional del derecho de libre determinación de los pueblos encuentra su verdadera razón de ser en el proceso de descolonización. Fuera de estos supuestos, sólo parece razonable aceptar la libre determinación en aquellos casos de pueblos anexionados por conquista, dominación extranjera, ocupación o pueblos oprimidos por violación masiva y flagrante de sus derechos. Nada de lo expuesto puede ser, afortunadamente, predicable de Cataluña.

Nadie discute la legitimidad de una parte del territorio de un Estado para manifestar su voluntad de negociar una reforma del marco jurídico que regula su relación con el Estado al que pertenece. Esta aspiración de naturaleza política constituye, sin duda, una expresión aceptable de ese pretendido “derecho a decidir” que tienen quienes (con)viven en un momento determinado, en un territorio determinado. Con todo, la viabilidad jurídica de esta reivindicación dependerá siempre de los cauces procedimentales que se utilicen para hacerla efectiva, algo que quienes dirigen Cataluña pretender obviar a través de iniciativas que no encuentran engarce ni en el derecho nacional, ni tampoco en el internacional.

Como ya he tenido oportunidad de señalar en otras ocasiones, soy de la opinión de que España necesita afrontar un proceso de reforma constitucional ('La reforma de la Constitución: ¿Por qué, para qué, cómo y cuándo?') que permita recuperar la fortaleza de un proyecto político de nación que hoy –con independencia de la tensión que a este respecto introduce en el debate algunas iniciativas políticas– creo honestamente que se ha perdido ('Cataluña no será independiente, pero España no es atractiva').

Tal reforma constitucional constituiría el único mecanismo para hacer jurídicamente posible la legítima reivindicación política que expresa Cataluña de querer decidir. Ciudadanos y PSOE ya han manifestado su voluntad de explorar esta vía. Señor presidente, usted dirá.

Desde el país que gobierna Trump resulta interesante seguir los últimos acontecimientos políticos en España. La distancia geográfica no resta atractivo al seguimiento de los debates a los que ha dado lugar la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy o el desarrollo, este último fin de semana, del Congreso del PSOE. Simplemente le impone al análisis la necesaria distancia emocional a la que, sin duda, contribuye el escaso interés que los medios de comunicación americanos dedican a España, tan concentrados como están ahora en los asuntos comprometidos que cuestionan la idoneidad de Donald Trump como presidente.

Efectivamente, en las últimas semanas los informativos norteamericanos no han dejado de abordar dos asuntos que, de probarse, hacen verosímil una acusación de obstrucción a la justicia contra el presidente de Estados Unidos como fundamento necesario para un impeachment. Nos referimos, de una parte, a la denuncia impulsada por dos fiscales sobre pagos procedentes de terceros Estados hacia el conglomerado empresarial de Trump y su discutida compatibilidad con la Constitución; y, de otra, a los avances en la investigación que dirige con firmeza el fiscal independiente, Robert Mueller, encaminada a confirmar la existencia de vínculos con Rusia durante la campaña electoral presidencial.

La elección como presidente de un personaje tan estrafalario como Trump resulta, para muchos europeos, razón suficiente para suscitar una suerte de enmienda a la totalidad sobre los Estados Unidos. No les falta parte de razón a quienes así piensan si tomáramos al pie de la letra cada uno de los tuits que el presidente lanza a diario desoyendo el consejo de sus abogados; y, más aún, si estuviéramos en condiciones de poder afirmar que la mayoría del país suscribe estos planteamientos como propios. Pero creo, honestamente, que partir de esa premisa, además de ser un ejercicio tramposo en términos argumentales, resulta un planteamiento desmentido por el vigor institucional, mediático y social con el que se cuestionan algunas decisiones adoptadas por la administración Trump.

Desde este enfoque, resulta razonable la solvencia del sistema norteamericano para depurar todo indicio de responsabilidad (política o jurídica) en la actuación de quienes asumen funciones de gobierno. Como corresponde a sistemas democráticos consolidados, el trabajo de este complejo engranaje institucional exige tiempo, no está exento de presiones y se apoya en un proceder meticuloso cuyas conclusiones todavía pueden tardar en llegar pero, si finalmente se materializan contra el presidente, resultará imposible ignorar sus consecuencias.

Estas pequeñas 'islas de resistencia' son las que drenan de forma natural el sistema político eliminando aquellos elementos que pervierten su funcionamiento con comportamientos impropios de la función pública o directamente ilegales. Sólo así es posible preservar la validez de los postulados sobre los que se asienta la democracia moderna más antigua por muy imperfecta que ésta nos parezca.

En definitiva, si el propio marco institucional estadounidense es un buen escudo frente a una manera disparatada de hacer política, no es menos relevante a estos mismos efectos constatar la resistencia que manifiesta parte de la propia sociedad civil americana contra su Gobierno. En este sentido, Nueva York es, sin duda, uno de los referentes más críticos para la administración Trump, aunque sea esta ciudad la que ha permitido al empresario desarrollar un imperio inmobiliario que ningún visitante puede obviar ante el despliegue de seguridad que protege hoy su mítico rascacielos de la Quinta Avenida.

Nueva York sigue siendo la ciudad ruidosa, enérgica, sucia, estimulante, desigual, atractiva, diversa, segregada, exigente y despiadada que ha sido siempre. Una ciudad en la que todo el mundo es bienvenido, donde siempre hay un lugar reservado para el talento, aunque muy pocos puedan materializar el triunfo que representa el sueño americano. Una ciudad excesiva en todo, hasta el punto de que nadie resulta lo suficientemente excéntrico como para llamar la atención y, sin embargo, algunos encuentran las condiciones óptimas para brillar de una manera especial.

Pues bien, es en este escenario reservado para triunfadores donde también se desafían las políticas vergonzantes que han vertebrado el discurso de Trump. Lo hace cada noche con humor Stephen Colbert en su Late Night Show de la CBS. Y de una manera menos estridente, pero con profunda convicción, también muestran su desacuerdo algunos pequeños comercios de Manhattan. Es el caso, ciertamente llamativo, de una cafetería de la exclusiva Upper East Side de Nueva York. Un cartel en la puerta de entrada de la Avenida Madison deja poco margen para la duda acerca de cuál es el posicionamiento de sus responsables frente a las políticas de Trump: “Refugees and immigrants welcome here. No muslim ban. No border wall. Our communities values stand tall”.

Habrá quien reste importancia a esta anécdota al entender que se trataría más bien de un acto de cierta rebeldía de un sector privilegiado de la sociedad americana que, por sí solo, no puede cambiar una política federal y que, sin embargo, seduce a una gran parte de americanos recelosos frente al extranjero.

No discuto que dicho posicionamiento pueda explicarse desde ese planteamiento, ni pretendo negar que la anécdota del cartel difícilmente pondrá en aprietos a Trump. A pesar de todo, no queremos restarle importancia a este tipo de reacciones que, en cierta medida, reconcilian al visitante europeo con Estados Unidos por representar una profunda resistencia hacia aquello que deteriora los valores sobre los que ese país fue construido.

En definitiva, son estas fórmulas espontáneas de protesta contra determinadas decisiones de la administración Trump y no las políticas del presidente en determinadas materias tan sensibles como la política migratoria las que, a nuestro juicio, permiten hacer América grande otra vez.

A muchos kilómetros de lo que entendemos geográficamente por Europa y, sin embargo, en territorio francés, se puede comprobar sin dificultad las ventajas de contar con el estatuto de ciudadanía europea en una región ultraperiférica de la Unión. Basta con constatar, una vez el avión ha aterrizado, cómo la falta de controles en frontera para los europeos facilita un acceso rápido a este paraíso –tan apreciado para recién casados– sin más molestia que la de mostrar el pasaporte como forma de identificación personal.

En un momento de crisis profunda sobre la utilidad de Europa reconforta testar el alcance de los beneficios de un proyecto de integración como el que hemos sido capaces de imaginar los europeos para superar las limitaciones del Estado-nación y poder así administrar de una forma democrática los desafíos de la interdependencia.

Estas reflexiones, que surgen de manera intuitiva mientras los informativos locales dan cuenta de la primera vuelta de las elecciones a la Asamblea Legislativa francesa celebrada aquí al 3 de junio, encuentran el contexto que les dota de verdadero sentido y profundidad en la lectura, tan oportunamente escogida para acompañar este viaje, del último trabajo de Daniel Innerarity: La democracia en Europa (Galaxia Gutenberg, Madrid, 2017).

Se trata, sin duda, de un libro que recomiendo de una forma particular a quienes tienen (o aspiran a tener) responsabilidades de gobierno en una España atascada en lo plurinacional cuando el mundo nos exige un enfoque postnacional. Más aún, me atrevería a decir que este libro resulta imprescindible para formarse juicio razonable sobre el momento crítico que atraviesa la Unión Europea al avanzar algunas claves que permiten su mejor entendimiento y aceptación futura.

Europa es una construcción democrática compleja que ha permitido superar las categorías políticas vinculadas a la lógica de la estatalidad, aunque todavía no ha encontrado la fórmula explicativa que haga de este proyecto de integración algo inteligible para los ciudadanos, que facilite una adecuada atribución de responsabilidades y una eficaz rendición de cuentas. Estas dificultades han articulado hasta ahora las críticas al proyecto europeo en torno a un pretendido 'déficit democrático' cuya existencia no negamos.

Sin embargo, sobredimensionar este problema desenfoca, según la tesis de Innerarity, la atención sobre la urgencia de configurar nuevas referencias conceptuales que ayuden a interpretar, con más precisión, el alcance de la construcción europea como herramienta capaz de satisfacer las expectativas de resultado y participación de esa 'comunidad de afectados' que constituyen los ciudadanos europeos.

Pues bien, desde el rigor académico con el que este trabajo está concebido, pero sin refugiarse en un lenguaje obstruso, el autor reivindica un 'momento teórico' para Europa. Se apunta como necesario una innovación conceptual que permita acomodarnos adecuadamente a la realidad política de un proyecto que cumple ahora 60 años.

De hecho, es este 'déficit cognoscitivo' de la Unión el que, a su entender, desencadena la principal dificultad para enjuiciar, de forma ponderada, la naturaleza democrática de un sistema político complejo e innovador como el europeo, capaz de constituirse, aunque todavía muchos lo desconozcan, en el “verdadero laboratorio para ensayar una nueva formulación de la identidad, el poder o la ciudadanía en el contexto de la mundialización”.

Para superar este obstáculo que tanto contribuye al descrédito europeo en momentos de incertidumbre, el autor nos advierte del riesgo de aproximarse a la dimensión supranacional desde categorías explicativas propias del ámbito nacional. Este desacertado enfoque ha producido sentimientos de desconfianza y de pérdida de utilidad hacia el proyecto europeo, dando lugar a manifestaciones de decepción y rechazo. Como consecuencia de todo lo expuesto, existe el riesgo de replegarse en un espejismo de seguridad en torno a una concepción familiar de soberanía nacional que, sin embargo, solo existe en la imaginación de los nostálgicos de un mundo que ya nunca volverá a ser igual.

Desde este planteamiento, parece evidente que fortalecer la naturaleza democrática de la Unión Europea exige reescribir las cartas de navegación con las que los Estados y sus ciudadanos se han orientado en la integración europea. Necesitamos, pues, salir de nuestra zona teórica de confort, asentada en pilares de estatalidad, para ir construyendo la definición de una teoría política que haga inteligible el proyecto de integración supranacional y, en consecuencia, permita una aceptación ciudadana del modelo de europeización (polity) sin que ello implique renunciar, llegado el caso, a una crítica profunda sobre los resultados que se alcancen en ese nivel supraestatal de autogobierno (policies).

Conviene tener presente que nadie está en disposición de poder validar democráticamente aquello que no entiende. Más aún, resulta difícil encontrarle sentido a un fenómeno transformador como la Unión Europea a partir de viejas categorías políticas creadas para explicar precisamente aquello que ahora pretendemos superar. De ahí que resulte imprescindible acordar el marco teórico que fundamenta actualmente la Unión para, a continuación, poder impulsar la revisión de las políticas europeas sin caer por ello en falacias populistas que tanto seducen electoralmente a amplias capas de una sociedad desorientada frente a la gestión incierta de los riesgos comunes.

En definitiva, el futuro de la Unión no parece depender ya del viejo mantra del 'más Europa'. Ni siquiera del renovado 'más Europa ¿para qué?'. No se apoya en el éxito del pasado, sino en la oportunidad que inspira un futuro compartido. Por ello, debemos encontrar la fórmula que haga comprensible para los ciudadanos un proyecto de integración democrático y complejo, en virtud del cual cedemos voluntariamente espacios de soberanía con el propósito de recuperar poder en un mundo de interdependencias. Que el objetivo sea aceptado, requiere acordar, de forma perentoria, las nuevas categorías que traduzcan una realidad jurídica y política postsoberana y disruptiva como la que nos propone hoy la Unión Europea.

El desafío no puede ser más atractivo. Abordarlo con éxito exige el esfuerzo compartido de una innovadora teorización académica, una práctica política vanguardista y una aceptación ciudadana, resultado de haber comprendido en toda su dimensión el proyecto europeo. Aunque nadie puede asegurar que el empeño transcurra en perfecta armonía, parece obvio que el fracaso está en el mero hecho de renunciar a intentarlo.

Desde que se supo que Pedro Sánchez era el ganador de las primarias convocadas por el PSOE para elegir a su secretario general hasta hoy, se han ido sucedido las declaraciones de quienes han tomado parte directamente en este proceso y también de aquellos que ¿son? una referencia para el PSOE. Probablemente no tenga ninguna importancia política subrayar la curiosa manera en la que Susana Díaz articuló su primera declaración tras conocer el resultado, pero merece la pena tenerla presente porque es precisamente en las palabras que acompañan las derrotas personales donde se aprecia la verdadera capacidad de quien las sufre para asumirlas con serenidad y reconocer al ganador (a poder ser por su nombre) para aceptarlo ante sí misma y ante todos los demás.

Tardar un día en hacerlo es, como han resaltado muchos, un gesto poco elegante, pero sobre todo evidencia algunas carencias que no pueden permitirse quienes ambicionan liderar una organización e, incluso, un país.

Sea como fuere, de todas las declaraciones vertidas a lo largo de la semana, considero de interés rescatar las pronunciadas por Felipe González el pasado martes y que han recogido los medios de comunicación. Así, el Felipe González que acusó a Pedro Sánchez de haberle engañado, le retiró su apoyo y se lo entregó de forma incondicional a Susana Díaz en el proceso de primarias ha afirmado que “se encuentra en minoría” dentro de su partido, que “no quiere interferir” y que existe “la obligación de ayudar al secretario general”.

La primera afirmación es una evidencia. La tercera es una obviedad dado que la lealtad al líder es la regla de funcionamiento más elemental en cualquier organización seria. La segunda reflexión es la que, en este momento, resulta más atractiva de analizar por todo el significado y alcance que tiene en boca de alguien que lo ha sido todo para los socialistas.

Cuando José María Aznar tomó las riendas del PP de manos de Manuel Fraga Iribarne, éste quiso acallar algunas voces y fortalecer la autonomía de acción del pupilo y, para ello, acuñó aquella frase ya histórica de “ni tutelas, ni tutías”. No pretendo extraer de ambos ninguna enseñanza para el PSOE, sino únicamente enfocar la cuestión de las interferencias en la vida orgánica de los partidos, por parte de quienes ocuparon responsabilidades pretéritas, como uno de los elementos que más entorpecen su renovación.

Se nos dirá que pocos están en disposición de certificar las citadas interferencias, pero salvo que uno quiera pasar por ingenuo, dificilmente puede negarse que quienes han sido algo en el PSOE, y Felipe González es un buen ejemplo de ello, apenas se resisten a orientar la marcha del partido desde el poder que les da haber sido un referente para los militantes y los votantes. Por ello, celebro que quien nunca hasta ahora ha renunciado a jugar ese papel esté ahora dispuesto a dejar de hacerlo una vez que, según declara, forma parte de la minoría. Sería el mejor servicio que podría hacer al partido. El PSOE necesita no sólo estar unido, sino gestionarse sin tutelas ni tutías. Quizás sea esto lo que realmente han querido decir los militantes el 21 de mayo. Veremos si todos cumplen su parte.

El lunes comenzó la campaña para la elección de la persona que ocupará la Secretaría General del PSOE mediante el sistema de voto directo de quienes estén afiliados al partido. Los tres candidatos que han acumulado el número suficiente de avales para tomar parte en el proceso tratan, ahora, de convertir en votos los avales atrayendo para sí la confianza del mayor número de militantes. Se trata, sin duda, de una campaña cargada de tensión en la que las acusaciones de unos sobre el comportamiento de los otros y viceversa suben cada de día de tono. La diferencia de planteamientos y la tensión que proyecta sobre dos de las tres candidaturas un proceso más disputado de lo que inicialmente parecía ha endurecido un proceso que anticipa un resultado abierto con consecuencias inciertas tanto en la configuración futura del partido, como en el equilibrio actual de poder orgánico y territorial.

Ya escribí en esta misma tribuna (“O caja, o faja”) cómo la necesidad para el PSOE de resolver una situación orgánica de interinidad en un contexto de crisis profunda de la socialdemocracia y surgimiento de nuevos actores políticos que le disputan su tradicional nicho electoral le confronta, en realidad, con la necesidad de tomar posición sobre, al menos, dos aspectos.

El primero tiene que ver con la configuración del tipo de partido político que cada uno de los candidatos a ocupar la Secretaría General aspiran a diseñar. El segundo enlaza con el conjunto de ideas que delimitan la esencia de lo que se entiende y se espera del socialismo en España.

Las candidaturas de Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López van esbozando sus propios planteamientos a la par que se endurece el enfrentamiento y crece la tensión especialmente entre las dos candidaturas con posibilidades de éxito. Forma parte de la normalidad de estos procesos que enfrentan a miembros de una misma organización que, en el transcurrir de la campaña, el lenguaje vaya adquiriendo trazos más gruesos, incluso que la adjetivación mute, en ocasiones, en insulto directo. Y, desde luego, tampoco faltan algunos comportamientos inaceptables que, aunque resulten anecdóticos por excepcionales, es preciso condenarlos y desautorizar con firmeza a quienes los protagonizaron.

Si, como trato de señalar, cualquier proceso de primarias tensiona la vida orgánica de los partidos, en esta ocasión la elección de Susana Díaz o Pedro Sánchez como secretario general del PSOE supera el estándar de tensión aceptado como normal. Aunque no lo justifiquemos, resulta fácil de explicar ya que el profundo desencuentro de las candidaturas en cuestión transciende lo puramente orgánico e ideológico para mezclarse con viejas rencillas personales acumuladas.

Prescindiendo en este análisis de la candidatura de Patxi López, conviene no olvidar que la desconfianza entre Pedro Sánchez y Susana Díaz se fue gestando durante el tiempo que aquel ejerció como secretario general del PSOE, primero con el apoyo de aquella y luego en contra de ella y de otros muchos secretarios generales, hasta su ¿dimisión? en aquel Comité Federal que ningún socialista olvidará. Para el lector más interesado, me permito señalar que en Los idus de Octubre Josep Borrell ofrece –apoyándose en una selección de datos incontestables– una versión convincente de lo ocurrido, una explicación de la crisis actual del PSOE y, a partir de ello, una selección de propuestas interesantes sobre el modelo de partido y sobre algunos desafíos a los que España debe dar respuesta como es el caso, por ejemplo, de la cuestión catalana. Unas y otras tienen su reflejo en las propuestas que presenta la candidatura de Pedro Sánchez.

La noche del 21 de mayo sabremos si los afiliados del PSOE prefieren a Susana Díaz o a Pedro Sánchez como la persona encargada de dirigir el partido durante los próximos años. Más allá de la lucha por el poder que subyace en toda confrontación política, creo que las dos candidaturas que aspiran a hacerse con la Secretaría General del PSOE escenifican, en realidad, la vieja pugna entre la nostalgia de quienes, de una parte, se niegan a aceptar que lo que ha sido el PSOE hasta ahora ya no va a volver a ser y en ningún caso les permite ganar las elecciones, y la incertidumbre que provoca quienes, de otra parte, anticipan la conveniencia de acomodarse a una nueva realidad, aunque la misma no esté configurada con la suficiente claridad como para que sea aceptada como obvia por todos.

Por ello, no resulta indiferente quién sea el ganador del proceso de primarias ni para el PSOE, ni tampoco para el propio Gobierno de España cuya legislatura podría no estar asegurada en determinado escenario. Con todo, ni la victoria de Susana Díaz, ni la de Pedro Sánchez parece que será lo suficientemente contundente como para imponer un modelo de partido y definir en solitario el corpus ideológico del socialismo que debe inspirar soluciones atractivas de gobierno para España. Todavía queda mucha campaña pero, salvo que se encuentren mecanismos de entendimiento, todo parece apuntar a que entre el “100% PSOE” y el “aquí está la izquierda” este partido centenario transita sin remedio hacia la fractura final. Cuidado. El riesgo parece real.

El ministro de Justicia lo tiene muy claro. Las críticas que se están manifestando estos días al Ministerio Fiscal hacen un daño tremendo al sistema democrático. Así se ha expresado en el marco de un desayuno informativo. Resulta sorprendente que precisamente él declare ahora algo así para abordar una situación tan comprometida como la que ha sacado a la luz el caso Lezo. ¿Qué parte de la selección de prensa que todas las mañanas recibe en su despacho el Sr. ministro no ha leído? No es la crítica a las instituciones lo que deteriora el sistema democrático. La crítica, como expresión del control imperativo propio de toda democracia, fortalece el sistema incluso cuando ésta resulta excesiva.

Todos sabemos que la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones y, más aún, hacia algunas de las personas que ocupan cargos de responsabilidad se ha hecho evidente al descubrirse modos de proceder muy alejados de los estándares de honorabilidad exigidos o, incluso, comportamientos directamente contrarios a la ley.

Con todo, creo que los casos Gürtel, Púnica y, ahora, Lezo deben preocuparnos como ciudadanos de una manera especial. De hecho, hasta donde nos permiten conocer las investigaciones judiciales, ya se puede anticipar que no se trata sólo de meros comportamientos delictivos imputables a particulares de pocos escrúpulos y gran apego al dinero, sean éstos o no miembros de un partido político. Por supuesto que son personas individualmente consideradas las que con su comportamiento presuntamente delictivo asumen las oportunas responsabilidades políticas y, si es caso, las consecuencias de quebrantar la ley.

Sin embargo, no podemos ignorar que la dimensión de los casos de corrupción expuestos nos alerta, en realidad, sobre un verdadero entramado de relaciones que crecen y se multiplican entre personas con responsabilidades significativas en un partido para penetrar en las instituciones y, desde allí modificar el normal funcionamiento de las mismas hasta garantizarse un lucrativo negocio con beneficios económicos que repercuten no sólo en la mejora personal de quien los impulsa.

No olvidemos que más allá de los caudales que acumulen supuestas cuentas en Suiza de unos y otros, la financiación ilegal del Partido Popular está presente en cada uno de los casos que se encuentran sub iudice. Más aún, la degradación en el funcionamiento de las instituciones se aprecia con extrema claridad al conocer, a través de las conversaciones que se han hecho públicas del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, cómo pretendía impedir que las investigaciones sobre sus causas avanzaran confiando para ello en que los suyos con responsabilidad en la materia quitaran fiscales y jueces incómodos sustituyéndolos por otros pretendidamente más dúctiles.

Qué le pasa a nuestro sistema para soportar con tanta resiliencia unos niveles de corrupción tan elevados como los que acreditan, hasta la fecha, las investigaciones judiciales en curso. Qué le pasa también a nuestra sociedad para aceptar la corrupción como si fuera un fenómeno de la naturaleza en lugar de una conducta humana expresión del ejercicio de la libertad y la autonomía personal. Qué nos pasa como electores que nuestra profunda desafección no se traduce en un castigo más severo en las urnas para quienes, en cada momento, traicionen el compromiso de velar por el interés general fortaleciendo el sistema democrático.

La respuesta a estos interrogantes puede estar, al menos así lo creo yo, en cierta falta de sensibilidad hacia lo que deberíamos considerar como unos estándares de calidad democrática mínimos. Sea como fuere, lo verdaderamente relevante ahora no está tanto en encontrar explicaciones a lo que nos ha ocurrido, sino en buscar la forma de drenar el sistema para sanearlo. Y, para ello, resulta imprescindible acordar, aquí y ahora, el nivel de representación en el que consideramos necesario concretar la petición de responsabilidad política por lo ocurrido, así como identificar el alcance de dicha responsabilidad.

Los instrumentos constitucionalmente previstos al efecto resultan evidentes: preguntas parlamentarias, comparecencias parlamentarias, comisiones de investigación y, como ya ha señalado Podemos para escándalo de muchos, la presentación de una moción de censura al presidente. No parece que la iniciativa vaya a salir adelante, pero si consiguen plantearla, al menos, el presidente acudirá al Congreso de los Diputados y tendrá que ofrecer explicaciones. No es poco.

Todo comenzó en marzo de 2011. Como continuidad de lo que había ocurrido en Túnez y Libia, también en Siria estallaron las protestas contra el presidente Bashar el Asad.  Con el precedente de las llamadas “Primaveras Árabes”, hubo quien anticipó la pronta caída del régimen. No en vano, la pintada “¡Es tu turno, Doctor!” que apareció en la pared de una escuela como respuesta a unos actos de represión del régimen, invitaba a soñar que el oftalmólogo sirio seguiría el mismo camino que sus homólogos libio o tunecino. Sin embargo, seis años después, el mismo régimen sigue gobernando Siria y los actores internacionales que allí intervienen no logran ponerse de acuerdo ni siquiera en exigir, al menos, la caída de Bashar el Asad como símbolo de lo que representa una guerra que desangra un país con más de la mitad de su población desplazada.

El conflicto sirio no es un problema de los sirios, sino la escenificación de la lucha por la hegemonía que mantiene ahora el mundo árabe. Es, en suma, la lucha por el control de una zona estratégicamente relevante con riesgo cierto de colapso. Por ello, la guerra en Siria ha ido atravesando por distintas fases en función del protagonismo adquirido por los distintos actores implicados: Irán, Arabia Saudí, Rusia, Turquía, Estados Unidos...

De hecho, si bien a juicio de Estados Unidos, Reino Unido o Francia la caída del régimen parecía, inicialmente, un elemento imprescindible para lograr una salida al conflicto, la amenaza posterior que supuso Daesh al lograr el control de casi la mitad del territorio sirio y acercarse peligrosamente al palacio presidencial de Damasco, hizo que reconsideraran sus prioridades para centrarse en derrotar a ISIS.

Tal posición fue secundada por una coalición internacional creada al efecto contra el Estado Islámico y compuesta por una nutrida representación de países, entre ellos, España. En esta fase del conflicto, la posición de Rusia fue significativa para lograr un acuerdo en el que la garantía de estabilidad para el régimen sirio exigía, como contraprestación, la entrega por parte del régimen del armamento químico que obraba en su poder y del que había hecho uso en 2013 superando las líneas rojas marcadas por Obama.

El pasado 4 de abril, un nuevo ataque con armas químicas provocaba la muerte de más de ochenta personas en la localidad de Khan Sheikhoun. Estados Unidos atribuyó la responsabilidad del citado ataque al régimen de Bashar el Asad y, a pesar del bloqueo del Consejo de Seguridad por el veto ruso y chino, ordenó un ataque contra la base aérea de Shayrat. Se trata, sin duda, de un uso de la fuerza unilateral que difícilmente se acomoda a las exigencias de la legalidad internacional, aunque éste haya encontrado el apoyo y la comprensión de una parte muy significativa de los socios y aliados.

En todo caso, la acción armada de Estados Unidos en Siria plantea algunas otras incógnitas centradas en las razones que la explican y en las consecuencias que ésta podrá provocar en el desarrollo futuro de la guerra en Siria. Así, por lo que se refiere a las razones que explican la actuación americana, parece claro que el aislacionista presidente Trump ya ha encontrado el atractivo de ejercer como Comandante en Jefe fuera de sus fronteras.

De igual manera, la primera acción armada de Trump pudiera encontrar su razón de ser en la voluntad de separarse, más si cabe, del patrón de comportamiento seguido por el presidente Obama cuando en 2013 renunció a hacer uso del uso de la fuerza a pesar de contar con pruebas irrefutables sobre el uso de armamento químico del régimen sirio contra la población civil. Quizás no resulte ajeno tampoco el deseo del presidente Trump, y sus asesores, de frenar la enorme pérdida de apoyo interno que acumula en sus primeros meses de gobierno.

Sea como fuere y centrándonos ya en las consecuencias de la intervención armada desarrollada por Estados Unidos contra el régimen sirio, resulta interesante apuntar alguna reflexión sobre Rusia y el desarrollo futuro del conflicto sirio. En este sentido, vale la pena averiguar si Estados Unidos ha querido realmente modificar las prioridades actuales con las que la Coalición Internacional viene actuando en Siria. De las declaraciones analizadas hasta el momento, no parece que la intención americana haya sido la de introducir un cambio de estrategia en Siria de consecuencias imprevisibles por lo que debemos tener presente que la lucha contra el terrorismo internacional sigue siendo el gran objetivo de la Coalición Internacional.

Más allá de las declaraciones de Rusia suscitando dudas sobre la autoría del ataque químico en cuestión y posicionándose a favor del régimen, cabría plantearse también hasta qué punto existe una diferencia sustancial entre Estados Unidos y Rusia sobre la continuidad de Bashar al Asad. De hecho, hay quien sostiene que el verdadero interés ruso no es tanto mantener a Al Asad, cuya caída podría ayudar a precipitar si fuera necesario. Para Rusia, lo relevante sería, más bien, contener cualquier intento de desmoronamiento incontrolado del régimen y, en todo caso, obtener garantías de protección para sus intereses estratégicos: Tartus y Lakatia. Cuestión distinta es adivinar si estas exigencias son fáciles de armonizar con las que expresen aquellos otros actores determinantes en Siria.

Más allá de las primeras reacciones del Kremlim tras la visita del secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, a Moscú, merece la pena prestar atención al desarrollo futuro de los acontecimientos en Siria. En los próximos meses estaremos en condiciones de saber si será en 2017 cuando, finalmente, se haga realidad esa aspiración que algunos sirios valientes quisieron reflejar en la pared de una escuela y que todavía no han logrado: ¡Es tu turno, Doctor!.

Se atribuye al General Prim haber utilizado esta expresión en una de las batallas en las que participó para subrayar que el desenlace solo podría conducirle a dos escenarios: la muerte o la gloria de general. 

A la vista de cómo se plantea la batalla por el liderazgo en las filas socialistas, me parece que su utilización aquí bien podría ilustrar la manera en la que, previsiblemente, el PSOE resolverá una situación orgánica de interinidad que afecta, en realidad, a su viabilidad futura como el partido que fue o el que podría llegar a ser.

No es el momento de discutir otra vez las condiciones en las que se convocó y desarrolló aquel bochornoso Comité Federal del mes de octubre que concluyó con la dimisión (o salida forzada) de Pedro Sánchez como secretario general. A partir de entonces, una Comisión Gestora presidida por Javier Fernández asumió el mandato de serenar los ánimos y reconducir la cultura orgánica del partido hasta la celebración del Congreso donde se elegirán los órganos de dirección y se aprobará la ponencia con las líneas políticas de actuación para los próximos años.

En el campo de las intrigas políticas por el poder, el episodio de octubre tiene un lugar propio en la historia menos honorable del partido. Así, quienes participaron en dicho Comité intentan, según convenga a sus intereses, o bien olvidar lo ocurrido o bien mantener su recuerdo en la memoria de los militantes ahora que, unos y otros, van a disputarse nuevamente el control de la organización en las primarias que el PSOE convocará el sábado. 

En este contexto, parece indiscutible que Pedro Sánchez trata de capitalizar el apoyo de aquellos militantes que ven en él la representación de la resistencia política frente al PP (“no es no”) y la vocación de transformar el modelo y la cultura de partido para acomodarlo a los nuevos tiempos (“un partido del siglo XXI”).

Susana Díaz, por el contrario, se posiciona como heredera única de la concepción “del PSOE de siempre” que le han transferido aquellos que lo han dirigido hasta el momento con la pretensión de conjurar, por encima de cualquier otra cosa, el riesgo de mutación del PSOE (“100% PSOE”). Entre ambas opciones, veremos si la candidatura de Patxi López, cada vez más desfigurada, logra los avales suficientes para participar en el proceso y mantenerse hasta el final sin tener que ceder sus apoyos condicionado, quizás, por su trayectoria personal y familiar dentro del socialismo. 

Este encuadre de la discrepancia política con la que Susana Díaz y Pedro Sánchez pretenden reunir a una mayoría suficiente que les permita hacerse con la dirección del PSOE plantea, en realidad, una lucha irreconciliable por el modelo de partido y su potencial supervivencia como fuerza de gobierno.

Por ello, las preguntas que parece pertinente formularse en este momento a los efectos de anticipar un posible desenlace serían las siguientes: ¿puede sobrevivir la marca PSOE si la candidatura apoyada por todos quienes hasta ahora han sido sus dirigentes pierde las primarias?, ¿podrían integrarse en un “PSOE del siglo XXI” como el que propugna Pedro Sánchez quienes han dirigido el “PSOE de siempre” al que apela Susana Díaz?, ¿cómo hermanar en un mismo proyecto político a quienes combaten dialécticamente en dos grupos tan distanciados emocionalmente como para referirse entre ellos a “los nostálgicos” frente a “los del recor”?

Cuando formulen su respuestas podrán convenir conmigo que en estas primarias Susana y Pedro aparecen como meros accidentes de una historia donde lo que resulta relevante es, simplemente, ganar una carrera por la identidad del PSOE en la que queda poco espacio para la integración del perdedor. Si la tesis que planteo resulta creíble, las primarias difícilmente admitirán una solución distinta a la que arrojan las negociaciones de suma cero, es decir, todo o nada. Dicho en palabras de Prim: o caja, o faja.

El 14 de septiembre, como cada año por esas mismas fechas, el presidente de la Comisión Europea compareció ante el Parlamento Europeo para pronunciar su Discurso sobre el Estado de la Unión. Una oportunidad perfecta para hacer balance sobre los logros conseguidos y plantear los retos de futuro. En esta ocasión, Juncker no quiso restar importancia a la situación de profunda crisis por la que atraviesa la Unión y, en un ejercicio de realismo y honestidad, no dudó en afirmar que “nunca antes había visto tanta fragmentación, tan pocas cosas en común en nuestra Unión”.

Desde este planteamiento, se preguntaba, a continuación, si queremos dejar que nuestra Unión se desintegre ante nuestros propios ojos o si, por el contrario, ha llegado el momento de ponerse manos a la obra para avanzar hacia una Europa mejor. Un proyecto que, a su juicio, pasa por profundizar en “una Europa que proteja, una Europa que preserve el modo de vida europeo, una Europa que empodere a nuestros ciudadanos, una Europa que vele por su seguridad y una Europa que asuma responsabilidades”. En definitiva, una Europa más justa, más solidaria, más democrática, más atractiva y más comprensible.

Resulta difícil no compartir el diagnóstico expuesto o no estar de acuerdo con el propósito señalado por el presidente de la Comisión en torno a la necesidad de construir una Europa mejor. Sin embargo, nada de lo dicho hasta el momento responde a la pregunta clave: ¿cómo abordamos en los próximos 12 meses el fortalecimiento de esta Europa con ciertas garantías de éxito en el empeño?

Para inspirar la solución y contribuir al debate, la Comisión Europea ha preparado un documento con el que aporta su reflexión particular a la Cumbre que tendrá lugar en Roma, el próximo 25 de marzo, en la que se conmemora el sexagésimo aniversario de un proyecto de integración que debe hacer frente a nuevos desafíos dentro de las posibilidades que le ofrece el actual marco jurídico-institucional previsto en los Tratados, dado que la opción de una reforma de los mismos, aunque necesaria, está obviamente descartada.

En este sentido, el citado Libro Blanco sobre el futuro de Europa de la Comisión Europea describe cinco escenarios posibles hacia los que, a su juicio, puede evolucionar la Unión Europea hasta 2025. A saber, Seguir igual (escenario 1), Solo el mercado único (escenario 2), Los que deseen hacer más, hacen más (escenario 3), Hacer menos pero de forma más eficiente (escenario 4) y Hacer mucho más conjuntamente (escenario 5).

De los cinco escenarios descritos por la Comisión Europea, en tres de ellos se aprecia un preocupante escaso nivel de compromiso con la filosofía que ha inspirado desde su nacimiento el proyecto europeo (escenarios 1, 2 y 4). Más aún, parece claro que mientras el escenario 1 incorpora, incluso, un potencial riesgo de involución sobre lo ya logrado, el escenario 2 proyecta una verdadera mutación de la actual Unión Europea hacia una modesta zona de libre cambio. Más ambiguo resulta la descripción del escenario 4, cuyos pretendidos resultados, para que sean positivos, demandan unos consensos previos que difícilmente pueden hoy asegurarse.

Parece claro, por tanto, que sólo los escenarios 3 y 5 descritos en el Libro Blanco presentan, realmente, un nivel de ambición política digna de ser tomada en consideración por quienes aspiran a  garantizar la viabilidad futura de Europa. De los dos escenarios señalados, el escenario 5 responde al modelo de Unión federal que ha estado presente desde los documentos fundacionales, si bien no parece una agenda realista para una Europa a 27 trufada de importantes desencuentros. En consecuencia, el impulso que precisa la Unión requiere asentarse, al parecer, sobre la  integración diferencia que expone, con acierto, el escenario 3.

Conviene tener presente que la conveniencia de introducir elementos de diferenciación temporal, espacial o material en el proceso de construcción europea, para hacer compatible el progreso de la Unión con la capacidad y la voluntad de los distintos Estados miembros, no es ninguna novedad. De hecho, fue Willy Brandt quien formuló por primera vez esta idea ante el Congreso del Movimiento Europeo celebrado en París en 1974.

Desde entonces, la búsqueda de fórmulas flexibles de integración con creativas formulaciones semánticas (Europa “varias velocidades”, Europa como “núcleo duro”, Europa a “geometría variable”, Europa de “círculos concéntricos”, Europa a “la carta”…) ha sido un recurso habitual, dentro y fuera de los Tratados, para materializar la Unión Económica y Monetaria, el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, entre otras políticas.

De hecho, difícilmente se habrían obtenido tales avances si hubieran estado sometidos a las exigencias que impone la integración unitaria. Desde una concepción positiva de la idea de integración diferenciada, el Tratado de Ámsterdam dio un paso más al regular la cláusula de cooperación reforzada imponiendo condiciones y limitaciones para su uso que las reformas de Niza y Lisboa han ido modulando con acierto. Este mecanismo jurídico, cuya utilización hasta la fecha ha sido testimonial, permite, a aquellos Estados que lo deseen, poder seguir avanzando en la integración, dentro de las instituciones europeas y de acuerdo a los procedimientos de la Unión, sin que sus pretensiones puedan verse limitadas por aquellos otros Estados que no deseen acompañar el proceso. Una fórmula, sin duda, ingeniosa que, en breve, puede dar importantes resultados en el ámbito de la defensa, a través de la puesta en marcha de una cooperación estructurada permanente.

Durante el Consejo Europeo de diciembre de  2017 los Estados miembros deberán   tomar posiciones sobre la Unión Europea que desean y apuntar los compromisos que están dispuestos a asumir para hacerla realidad. En este debate, todavía abierto, creo firmemente que la integración diferenciada puede ser una opción adecuada por tratarse de un método que permite, de una parte, administrar  con cierta armonía intereses contrapuestos de los Estados y, de otra, preservar la concepción de la Unión como una federación supranacional de corte asimétrico.

No es una aspiración de máximos, pero su consolidación en un momento de extrema debilidad política para la Unión podría representar, sin duda, un escenario claramente esperanzador. Este es, en realidad, el desafío político más importante al que se enfrenta la Unión en el momento de celebrar su sesenta aniversario. Convendría acertar con la propuesta. Hay demasiado en juego.

La campaña lanzada por HazteOir consistente en pasear un autobús por las calles de Madrid con el mensaje: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombres. Si eres mujer, seguirás siéndolo” ha cumplido su propósito. Toda España sabe hoy quiénes son y qué representan en la medida en que acaparan la atención de los medios de comunicación. No es poca cosa para un grupo de presión minoritario que, si bien tiene acceso a determinados entornos ultracatólicos con poder, encuentra serias dificultades para colocar sus posicionamientos ultramontanos en una sociedad abierta como la española que asume con naturalidad –por tratarse, además, de una verdad científicamente avalada– que la identidad de género transciende la realidad genital de algunos adultos y niños.

Los cambios legislativos que se han asumido en los últimos tiempos en nuestro país, incluido el abordado en 2015 en el Código Penal en torno a los delitos de odio, son una prueba evidente acerca de la sensibilidad con la que España desea abordar el reconocimiento, la protección y las garantías de quienes se encuentran en una situación como la descrita.

Todo lo señalado no nos exime, obviamente, de la necesidad de recordar que la situación dista de ser, ni mucho menos, satisfactoria. Lo que obliga a seguir invirtiendo en campañas de sensibilización y denuncia de aquellas actuaciones transfóbicas, además de fortalecer las políticas y las estructuras institucionales necesarias para ofrecer el asesoramiento y la ayuda más adecuada en cada circunstancia. Sin embargo, considero que el asunto del autobús que ocupa las portadas de los medios de comunicación y que ha motivado la actuación de la Fiscalía alerta sobre una realidad algo más compleja que la que provocan las acciones de intolerancia u odio hacia un colectivo determinado.

HazteOir nos recuerda que en España también existen colectivos organizados que niegan postulados contrastados científicamente sobre la diversidad de género y que están dispuestos a invertir recursos –en esta ocasión una campaña de propaganda– para influir en la percepción que la sociedad mantiene sobre este tema y, si se diera el caso, revertir los avances logrados contando con la complicidad de quienes, desde dentro de los poderes del estado, representan sus mismos planteamientos.

Tras la reacción que la puesta en circulación del citado autobús suscitó en distintos colectivos, la Delegación de Gobierno procedió a dar traslado de la situación a la

Fiscalía de Madrid, quien ha optado por abrir diligencias con la pretensión de analizar si la actuación en cuestión pudiera enmarcarse en un “delito de odio” contemplado en el artículo 510 del Código Penal. En dicho precepto, se recogen básicamente dos tipos de conductas con penas que difieren en función de la gravedad de los hechos.

Así, de una parte, se contemplan penas de prisión de uno a cuatro años para las acciones que fomenten, promuevan o inciten al odio o la violencia contra determinados grupos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión, creencias, situación familiar, pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad; y, de otra, se contemplan penas de prisión de seis meses a dos años y multa para los casos de actos de humillación, menosprecio o descrédito de los citados grupos por los mismos motivos ya expuestos en el primer supuesto.

La lectura del artículo 510 del Código Penal y los pronunciamientos de los tribunales ya existentes en aplicación del citado delito, nos previenen en torno a la conveniencia de confiar en el derecho penal para prohibir y sancionar actuaciones como las que son objeto de atención. De hecho, el éxito de la iniciativa impulsada por la Fiscalía de Madrid dista mucho de estar garantizado dado que el reproche penal está reservado únicamente para aquellas conductas que resultan de una gravedad significativa.

Sin negar importancia a lo ocurrido, creo, más bien, que el reparo jurídico a una iniciativa intolerante e inaceptable, como la que ha impulsado el colectivo HazteOir, tendría más recorrido judicial si la enmarcáramos en el ámbito de los límites a la libertad de expresión en conexión con el derecho a la dignidad, al honor y, por supuesto, a la igualdad.

Así, aunque el propio Tribunal Constitucional ha señalado que la libertad de expresión también ampara la divulgación de ideas rechazables o incluso molestas para algunas personas, difícilmente deben encontrar acomodo en una sociedad democrática aquellas declaraciones que puedan menospreciar o generar sentimientos de hostilidad contra los miembros integrantes de un colectivo que tienen derecho a convivir pacíficamente y ser plenamente respetados por los demás miembros de la sociedad a la que pertenecen. Esto es, sin duda, lo que, a nuestro entender, conculca un lema como el que ha puesto en circulación el autobús de la ruindad

El desafío soberanista de Cataluña vuelve a tomar impulso tras unos meses de cierto letargo. No debería sorprendernos porque lo hace de acuerdo a los tiempos contemplados en el programa de gobierno de Carles Puigdemont, aunque también ayuda la estela de algunos pronunciamientos judiciales que se aprovechan desde el independentismo para alimentar la idea de frustración con el Estado. Parece claro, en todo caso, que se reanuda un escenario de confrontación en el que no parece que haya espacio para que, desde el gobierno, tomen impulso soluciones dialogadas. En este contexto, la preocupación debería ser máxima entre todos los que tienen responsabilidades de gobierno: unos porque no ignoran que la solución jurídica nunca resolverá por sí sola esta cuestión, otros porque saben que no se permitirán soluciones al margen de la ley y, unos y otros, porque son plenamente conscientes de que quizás Cataluña no sea nunca independiente, pero España no será por ello más atractiva. Veamos porqué.

Cataluña no será independiente. No lo será mediante un proceso diseñado sin respaldo legal. La aspiración de mejorar el autogobierno e incluso la ambición de ver convertida a Cataluña en un estado independiente es, desde un punto de vista político, una pretensión legítima que puede tomar forma, como así ha ocurrido, en un programa político de gobierno para el que se ha pedido la confianza de los ciudadanos durante sucesivos procesos electorales. Sin embargo, para que el proyecto en cuestión tenga alguna oportunidad de abandonar el ámbito de los deseos y convertirse en realidad, éste debe conducirse por los cauces legalmente establecidos y contar con unas mayorías bastante más amplias de las que hasta el momento ha concitado.

Las condiciones expuestas no sólo deben respetarse de forma cumulativa sino que, además, tienen que concurrir en el orden indicado. No basta, por tanto, con alcanzar unas mayorías determinadas en el Parlamento, ni resulta suficiente movilizar amplias capas de la sociedad dispuestas a manifestarse en torno a una idea cuya consecución se plantea sin respetar el marco legalmente establecido.

Habrá quien piense que las sociedades no pueden quedar atrapadas en normas que no se acomodan a sus pretensiones. Quienes así piensan tienen parte de razón. La perderán, empero, si pretenden subvertir ese marco jurídico vigente mediante un procedimiento distinto al previsto al efecto para su reforma. Ahí está, entre otras, la diferencia entre los métodos revolucionarios para lograr objetivos políticos y los métodos democráticos que garantizan su consecución mediante reformas. No parece necesario insistir mucho en que vulnerar las “reglas de juego” que vertebran el funcionamiento pactado de una sociedad democrática no sólo es una práctica contraria a derecho que difícilmente aceptarán las estructuras jurídicas del Estado.

Conviene no olvidar que también es la mejor estrategia para erosionar la legitimidad de nuestro marco institucional, dilapidar la confianza de los ciudadanos en las estructuras políticas y, lo más preocupante, es la fórmula más exitosa para fracturar el modelo de convivencia pacífica de una sociedad que, como es el caso de la catalana, está tensionada por un proceso cuyo rumbo se asienta en unas cartas de navegación con información errónea.

España ya no es atractiva. No lo es y no sólo para Cataluña. Ya tuve oportunidad de comentar en estas mismas líneas cómo la cuestión del (re)acomodo político y jurídico de determinados territorios con el Estado ha consumido gran parte de nuestro capital político durante los últimos años (El País Vasco vuelve a escena). Aunque desde el año 2012 nos centramos con especial preocupación en la “cuestión catalana”, es evidente que la configuración de nuestro Estado de las Autonomías ha entrado en una fase de agotamiento en la que se manifiestan con más intensidad los fallos, que sus múltiples virtudes. Basta como prueba la reivindicación por parte de algunos territorios de una (¿nueva?) especificidad que, si bien la Constitución Española de 1978 ya les reconocía, el desarrollo del modelo ha ido, al parecer, diluyendo progresivamente. De igual forma, la última reunión de la Conferencia de Presidentes en el mes de enero ha puesto de manifiesto cómo un modelo que nunca ha ocultado su vocación federal debería ser capaz de acomodarse mejor al principio de cooperación leal.

Cuando se aborda una situación política difícil como la relativa a Cataluña desde la perspectiva de llegar a una solución, no es inteligente invertir esfuerzos en identificar a los culpables que nos han conducido hasta aquí, máxime si el tiempo corre en nuestra contra. Ello no significa que quienes están dispuestos a incumplir la ley y quienes están en disposición de hacerla cumplir no deban responder de sus actos en función de su responabilidad. Se trata, en estos momentos, de evitar situaciones que nos distraigan de aquellas que ayuden a encauzar la situación y acertar con la fórmula de solución. Lo demás caerá por su propio peso.

Nuestra propuesta, en este sentido, pasa por ensanchar el marco jurídico actualmente vigente de tal forma que el proceso de reforma constitucional sirva para discutir y acordar propuestas sobre las que todos podamos pronunciarnos. No es una fórmula mágica, ni está exenta de riesgos pero nos permitiría inaugurar una etapa conducente a acordar el proyecto de España para los próximos cuarenta años. De hecho, aunque no se hable mucho de ello, la fuerza del desafío independentista catalán actual también tiene que ver, al menos esa es nuestra idea, con la debilidad que arrastra el proyecto de España como nación y como Estado. Pensemos en ello.

El proyecto de construcción europea cumple, el próximo mes de marzo, 60 años. Fue el 25 de marzo de 1957 cuando los representantes de Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica firmaron, en Roma, el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (TCEE) y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (TCEEA/TEURATOM). Dos textos jurídicos que, sumados al Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (TCECA) firmado en 1951, dieron lugar a las Comunidades Europeas.

Desde entonces hasta hoy, el proyecto europeo ha sido sometido a un proceso de ampliación, en lo que se refiere al número de Estados miembros que lo componen; y, de profundización, en lo que afecta al conjunto de competencias que le han sido atribuidas, que sin duda determinan la configuración actual de lo que hoy representa la Unión Europea.

Así, por lo que se refiere al número de Estados miembros que componen la Unión, resulta oportuno recordar cómo los seis Estados fundadores pronto se convirtieron en nueve con la adhesión del Reino Unido, Dinamarca e Irlanda en los años setenta; 12, tras la incorporación de Grecia, España y Portugal en los ochenta; 15 con Austria, Suecia y Finlandia en los noventa; 25 tras la ampliación en 2004 a Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania, Chipre y Malta; 27 con la adhesión de Rumanía y Bulgaria en 2007; y, finalmente, 28 con la incorporación de Croacia en 2013.

Cuando Reino Unido notifique al Consejo Europeo su voluntad de abandonar la Unión, en los términos que resultó del referéndum celebrado el pasado 23 de junio, se pondrá en marcha el procedimiento de retirada el cual permitirá confirmar –tras una larga negociación entre ambas partes– la salida definitiva del Reino Unido de la Unión. Se trata, sin duda, de una situación sin precedentes en la historia de construcción europea cuyas consecuencias jurídicas, políticas y económicas para la Unión y para el Reino Unido todavía no han sido evaluadas en toda su dimensión, aunque parece claro que no resultarán positivas para ninguna de la partes.

En otro orden de cosas, el proyecto europeo ha ido evolucionando en estos 60 años de historia que acumula desde una concepción estrictamente económica, hasta un modelo de integración de configuración más política. Así, la entrada en vigor de las reformas del Acta Única Europea (1987), el Tratado de Maastricht (1993), el de Amsterdam (1999), el de Niza (2003) y el Tratado de Lisboa (2009) han permitido ampliar de forma considerable no sólo los ámbitos de actuación de la Unión Europea (mercado interior, derecho de la competencia, política monetaria, medio ambiente, política agrícola, control de fronteras, inmigración, energía, cohesión económica, social y territorial, seguridad y defensa, entre otros), sino también la intensidad con la que la Unión puede tomar decisiones desplazando, en aquellas competencias exclusivas, la capacidad de acción de sus Estados.

No estamos todavía ante esa Federación de Estados unidos de Europa a la que hacía mención Robert Schuman en su famosa Declaración de 9 de mayo de 1950, pero qué duda cabe que la Unión Europea ha superado con creces la configuración de los modelos más clásicos de organizaciones internacionales para conformar un paradigma digno de ser estudiado, aún cuando el proyecto no atraviese ahora sus mejores momentos. De hecho, la Unión Europea afronta la celebración de su sexagésimo aniversario desde una profunda crisis interna de la que si bien se conocen sus causas, todavía no se ha podido ofrecer la solución que permita recuperar la confianza en un proyecto cuyos beneficios resultan difícilmente discutibles, más allá de las duras exigencias que la pertenencia al mismo también trae consigo para los Estados que son parte y para los ciudadanos lo que no siempre resulta bien aceptado.

En un contexto como el descrito, resulta preocupante e incluso perturbador para una debilitada Unión Europea afrontar el presente y su futuro tomando en consideración el conjunto de decisiones y declaraciones vertidas por el nuevo Presidente de los Estados Unidos. Nada de lo que Trump ha hecho o dicho durante apenas dos semanas de mandato se acomoda a las exigencias, en términos de valores e intereses, de los Estados miembros de la Unión y, particularmente, de lo que representa la propia Unión Europea. La particular hostilidad que el mandatario norteamericano ha evidenciado contra la Unión Europea difícilmente puede dejarse pasar por alto. Las instituciones europeas deben ofrecer una respuesta contundente a este respecto.

Negar el plácet a Ted Malloch como posible embajador de EEUU en la Unión Europea podría ser una reacción suficientemente firme para quien se permite aventurar (¿y desear?) el fracaso del euro. Entre tanto, la carta que el presidente del Consejo Europeo ha remitido a los presidentes de los Estados miembros calificando a Donald Trump como amenaza para la Unión ya deja claro el clima de preocupación que existe en la Unión Europea y que, sin duda, se trasladará de una manera especialmente intensa a la reunión que el Consejo Europeo celebrará el viernes en Malta. No está mal como anticipo de los desafíos a los que se enfrente la Unión Europea en la celebración de su 60 aniversario. Quién sabe si no es esa amenaza a la que hace mención Tusk la que sirva como revulsivo para rescatar de su propio deterioro a una Unión Europea que resulta, a nuestro juicio, más necesaria que nunca.

El 28 de octubre de 2004 se constituyó en España la Conferencia de Presidentes como el máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los gobiernos de las Comunidades Autónomas. Aunque la Conferencia de Presidencia nació con la vocación de reunirse una vez al año, desde su constitución únicamente ha sido convocada en cinco ocasiones: el 10 de septiembre de 2005, el 11 de enero de 2007 y el 14 de diciembre de 2009 durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero; y el 2 de octubre de 2012 y el 17 de enero de 2017 con los gobiernos presididos por Mariano Rajoy.

La Conferencia de Presidentes es, sin duda, el foro adecuado para, en los términos que detalla su propio reglamento interno de funcionamiento, debatir sobre las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales de ámbito estatal, sobre las actuaciones conjuntas de carácter estratégico, y sobre los asuntos de importancia relevante para el Estado de las Autonomías, que afectan a los ámbitos competenciales estatal y autonómico. Se trata, en suma, de un mecanismo necesario en el entramado institucional de un Estado descentralizado como el nuestro que precisa, de forma urgente, de impulsos significativos para incrementar los mecanismos de coordinación de cada una de las partes que configuran nuestro Estado de las Autonomías.

Nadie puede esperar que las reuniones de la Conferencia de Presidentes resuelvan los problemas que aquejan a los ciudadanos, aunque en ellas se aborden cuestiones importantes como la financiación sanitaria (Conferencia de Presidentes de 2005), la investigación, desarrollo tecnológico e innovación (2007), la violencia de género (2009), las cuestiones de estabilidad fiscal, situación económica y laboral de España (2012) o las políticas de empleo, la protección civil, la estrategia nacional frente al reto demográfico, el pacto social y político por la educación, el desarrollo y aplicación de la ley de garantía de la unidad de mercado, administración digital y empleo público, la tarjeta social, los mecanismos de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, la sostenibilidad del estado del bienestar y la reforma de la financiación autonómica, entre otros temas sobre los que se ha pronunciado la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero.

No se trata, ni mucho menos, de hacer de la Conferencia de Presidentes un órgano ejecutivo, simplemente creemos que habría merecido la pena su creación si su convocatoria periódica permitiera incrementar progresivamente las dosis de confianza, lealtad y respeto institucional con las que necesariamente las distintas administraciones propias de un Estado descentralizado deben articular su relación para el mejor desempeño de sus competencias.

Para que ello ocurra es imprescindible, sin embargo, que los dos componentes de nuestro Estado de las Autonomías: Gobierno y Comunidades Autónomas asuman un comportamiento caracterizado por una exquisita cooperación leal recíproca. De tal manera que, en lo que afecta a la Conferencia de Presidentes, quien tiene la responsabilidad de convocar las reuniones (Gobierno) debe sentirse obligado a hacerlo con carácter anual y, además, debe dotar a dicha convocatoria de un contenido adecuado al nivel de representación política que el órgano tiene. Por su parte, quien está llamado a asistir a dicha reunión (Comunidades Autónomas) debe considerar su presencia una cita ineludible en la medida en que su representación en la Conferencia de Presidentes constituye una manifestación respetuosa del autogobierno que la Constitución reconoce a los distintos territorios.

Nada de esto, sin embargo, se ha podido lograr durante la breve historia que acumula la Conferencia de Presidentes o, al menos, no en las dosis adecuadas. Así lo acredita la imposibilidad de sostener la Conferencia de Presidentes en su configuración de reunión anual, la ausencia destacada de representantes de algunas Comunidades Autónomas en algunas de las reuniones, como ha sido el caso del País Vasco y Cataluña en la cita del pasado martes, o el bajo perfil de alguno de los temas que han sido incluidos en el orden del día de estas convocatorias.

Con todo, nada de todo lo expuesto nos impiden renegar de nuestra obligación de reclamar la importancia de normalizar, consolidar y profundizar en el funcionamiento de mecanismos de coordinación territorial para garantizar un mejor funcionamiento del  Estado, máxime cuando apreciamos pruebas evidentes —en el plano central y también en el autonómico— de cómo en España todavía no se han asumido plenamente las lógicas de funcionamiento de un Estado con pretendida vocación federal.

PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos celebran sus Congresos a lo largo de este año en un contexto de crisis de confianza. En ellos, los partidos elegirán a sus líderes, actualizarán el marco ideológico y definirán sus posicionamientos

El artículo 6 de la Constitución española está dedicado a los partidos políticos. A ellos se les reconoce la capacidad para expresar el pluralismo político como uno de los valores constitucionales junto al de igualdad, libertad y justicia. La Constitución les encomienda también la función de contribuir a la formación y manifestación de la voluntad popular y les considera un instrumento para la participación política. Para cumplir con las funciones asignadas, la Constitución declara que la estructura interna de los partidos y su funcionamiento deberán ser democráticos.

Han pasado ya casi cuarenta años desde que se redactó el citado precepto constitucional. Desde entonces hasta hoy el sistema de partidos en España ha sufrido modificaciones significativas en lo que al número y tipo de partidos se refiere, ofreciendo un panorama actual plural tanto en cultura organizativa como en funcionamiento. Así, en el momento presente conviven partidos con más de ciento treinta años de historia con otros de creación muy reciente como es el caso de Podemos y Ciudadanos; los hay con vocación nacional y otros de pretensión puramente territorial; también existen partidos que ofrecen una estructura de funcionamiento de corte más asambleario, frente a modelos de gestión más jerarquizada.

Tanto unos como otros parecen compartir, sin embargo, una situación de crisis interna de cierta magnitud no sólo como consecuencia de las luchas de poder propias de cualquier estructura de esta naturaleza, sino también como expresión de las necesarias transformaciones que los partidos necesitan acometer para seguir siendo instrumentos de utilidad para una ciudadanía que les observa con profunda desconfianza. De hecho, el debate actual en torno a los partidos políticos está profundamente marcado por la pérdida de gran parte del respeto institucional que estas organizaciones habían acumulado en la sociedad española durante los primeros años de la democracia y que difícilmente podrán recuperar sin acometer reformas de cierta entidad que se acomoden a las exigencias que demanda una ciudadanía crítica.

En un contexto de crisis de confianza como el señalado, el PP, el PSOE, Ciudadanos y Podemos celebran sus Congresos a lo largo del 2017. En ellos, los partidos elegirán a sus líderes, actualizarán el marco ideológico en el que operan y definirán su posicionamiento sobre los grandes temas que preocupan a la ciudadanía. Las ponencias políticas que en la actualidad se preparan para su aprobación en cada uno de los Congresos citados deberán abordar, entre otros aspectos, el relativo al modelo de partido político al que aspira cada organización. En este sentido, entendemos que resulta apropiado ofrecer algunas propuestas de cambio sobre, al menos, dos aspectos. El primero tiene que ver con la configuración democrática de las estructuras y el funcionamiento de los citados partidos en los términos requeridos por la propia Constitución. Así, parece razonable incorporar para la discusión el sistema de primarias como método de participación de militantes y simpatizantes en la selección de los cuadros del partido, proponer listas abiertas para poder elegir a los representantes en función del grado de confianza que generan en los electores, incorporar mecanismos más contundentes para hacer efectiva la responsabilidad política o, incluso, limitar los términos en los que se gestiona actualmente el mandato imperativo.

El segundo de los aspectos que debería centrar el debate en el marco de este proceso de transformación de los partidos políticos exige detenerse en el desmesurado poder que tales organizaciones han ido acumulando y que se hace evidente, desgraciadamente, en algunas instituciones del Estado. De hecho, los partidos políticos han desbordado las funciones constitucionalmente encomendadas haciéndose protagonistas de los procesos de selección de los miembros de instituciones tan significativas como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o cualquiera de los organismos reguladores del mercado y la economía, entre otros. Este proceso de colonización institucional ha tenido lugar a través del férreo control que los partidos políticos han ejercido sobre los procesos de nombramiento de los miembros de muchas de las instituciones ya citadas produciendo en ellas un deterioro significativo. ¿Hasta cuándo una democracia moderna puede renunciar a procesos de selección mediante convocatorias públicas que incorporen un proceso selectivo riguroso en el que se reconozca exclusivamente el mérito y la capacidad de los candidatos?

Nadie discute la importancia de los partidos políticos en un sistema de democracia representativa, sin embargo, parece evidente que todos, en mayor o menor medida, requieren someterse a un proceso de regeneración o actualización que les permita recuperar parte del prestigio perdido. El debate difícilmente puede posponerse más. Los problemas ya han sido diagnosticados. A lo largo de 2017 deberíamos tener las respuestas.

Afirmamos hace ya un tiempo que el siglo XX pasaría a la historia como uno de los más sangrientos en el continente europeo a la vista de los conflictos bélicos que enfrentaron a sus naciones. Fue, sin duda, el siglo del horror si atendemos a las imágenes de las que fue testigo el mundo entero cuando finalizada la II Guerra Mundial los ejércitos aliados liberaron los campos de exterminio nazis. El convencimiento de las naciones europeas de no querer volver a cometer los mismos errores hizo que aquellos Estados tradicionalmente enfrentados estuvieran dispuestos a poner en común parte de sus competencias soberanas para dar lugar a la creación de una organización de integración como la Unión Europea fundamentada en valores democráticos.

No se trata, ahora, de ensalzar los éxitos de un proyecto económico, político y jurídico que parecen diluirse con el paso del tiempo y que resultan difícilmente perceptibles por las generaciones de europeos más jóvenes. Tampoco pretendemos centrar la atención en una crítica fácil sobre las imperfecciones que arrastra su diseño, ni siquiera aprovechar la precariedad económica y social de amplias capas de la sociedad más castigadas para enmendar una política monetaria y fiscal que define y ejecuta la Unión Europea con rigor implacable sobre los Estados que voluntariamente han manifestado aceptar las reglas por pertenecer a dicha organización. Sin negar importancia al impacto que estos problemas pueden tener en la propia viabilidad futura del proyecto, me parece imprescindible centrar la atención en un aspecto que afecta a los valores sobre los que se asienta la propia Unión Europea y que no es otro que la pérdida de calidad de la democracia de algunos Estados miembros.

Como es sabido por todos, los Estados que deseen formar parte de la Unión deben acreditar el cumplimiento de una serie de requisitos. Así, además de tener la condición de estado europeo, es imprescindible aceptar el acervo de la Unión, acreditar una economía de mercado y ser una democracia. El “control de calidad” sobre el grado de cumplimiento de los llamados criterios de Copenhague tiene lugar en el momento de negociación de la adhesión de un nuevo Estado a la Unión. Ningún Estado que no cumpla con garantías los criterios expuestos es aceptado como miembro de la Unión. Turquía puede dar buena prueba de ello.

Sin embargo, el control democrático establecido para el ingreso en la Unión no ha sido un mecanismo suficiente para garantizar que todos los Estados miembros mantengan la calidad de sus sistemas democráticos. De hecho, en los últimos tiempos asistimos con especial preocupación a una regresión democrática en países como Polonia cuyo Gobierno está imponiendo una agenda política que suscita dudas de compatibilidad con el estándar democrático exigible.

De lo expuesto podría pensarse que la Unión Europea carece de mecanismos que pudieran constatar esta situación o, incluso, si las circunstancias así lo aconsejan imponer medidas para su corrección. Nada más lejos de la realidad. El Tratado de la Unión Europea contiene un mecanismo en virtud del cual se habilita al Consejo para que, a propuesta de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento Europeo o de la Comisión, constate la existencia de un riesgo claro de violación por parte de un Estado de los valores sobre los que se asienta la Unión (dignidad humana, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a las minorías) y, en su caso, imponga las oportunas recomendaciones que permitan revertir la situación.

La constatación de que un Estado se encuentra en riesgo claro de violación de los derechos humanos exigirá que el Estado afectado sea previamente oído. Si tal procedimiento no diera resultados satisfactorios, el Consejo Europeo podrá constar la existencia de una violación grave y persistente de tales valores siendo el Consejo el competente para sancionar al Estados suspendiéndole determinados derechos derivados de la aplicación de los Tratados incluido, si fuera necesario, el derecho de voto en el propio Consejo.

Hasta la fecha, aunque el Parlamento Europeo ha emitido ya varias Resoluciones expresando su preocupación y el Estado está siendo objeto de atención por parte de la Comisión Europea todavía no se ha activado el procedimiento al que hago mención en esta tribuna.

Soy consciente de la importancia de conducirse en estos asuntos con prudencia. Probablemente el enjuiciamiento de la calidad democrática de las decisiones que adopta un Gobierno de un Estado elegido por sus ciudadanos requiera una dosis añadida de fineza. Sin embargo, tampoco podemos ignorar que el contexto político actual no deja margen para la duda cuando se trata de enjuiciar la calidad democrática de un Estado. Más bien al contrario, es tiempo de reivindicar con cierta contundencia la importancia de preservar los estándares de calidad democrática con los que hemos configurado el proyecto europeo.

No es solo cuestión de hacer respetar las reglas de juego a quien ha manifestado querer ser parte de una organización. Se trata, en realidad, de garantizar la propia supervivencia de la Unión en un contexto cada vez más amenazante.

La conmemoración del día de la Constitución se ha convertido, especialmente en los últimos años, en la ocasión perfecta para reactivar el debate político en torno a la conveniencia, necesidad, oportunidad y, en su caso, urgencia de iniciar un proceso de reforma constitucional. En esta ocasión,  el debate ha venido acompañado por la existencia de rumores, más o menos fundados, sobre la creación de algún mecanismo en el ámbito parlamentario que permita explorar el alcance de una reforma consensuada.

Las declaraciones del presidente de Gobierno el pasado 6 de diciembre no permiten, sin embargo, confirmar su voluntad de afrontar un proceso de reforma cuyo resultado podría ser incierto. No se trata de adivinar las intenciones reales de Mariano Rajoy, resulta más interesante, a mi juicio, ofrecer algunas razones que demuestran la necesidad de la reforma constitucional. Para ello trataré de responder, de una parte, al porqué y al para qué de la reforma y, de otra, al cuándo y al cómo abordarla.

¿Por qué? Porque España necesita abrir una etapa política encaminada a actualizar y mejorar nuestra arquitectura jurídico-institucional siguiendo los mecanismos constitucionalmente establecidos al efecto. Plantear una reforma constitucional no es un ejercicio de frivolidad. Tampoco es honesto atribuir a quien defiende la necesidad de una reforma la intencionalidad de querer destruir el sistema. La reforma constitucional responde, más bien, a la lógica de quien, respetando el sistema actual, utiliza los instrumentos por él previstos para actualizarlo y responder a los desafíos de una sociedad en continuo cambio que aspira a renovar las reglas que regulan su convivencia.

¿Para qué? Para perfeccionar un texto como el de la actual Constitución Española que, habiendo sido muy útil hasta ahora, da muestras de cierto agotamiento en las respuestas a los problemas de una España que se parece poco a la de 1978. Así ocurre con aspectos claves de la arquitectura que sostiene el modelo territorial. También pasa con el modelo de financiación autonómica. Nadie duda tampoco de la conveniencia de perfeccionar el procedimiento mediante el que se garantiza la participacion de España en la Unión Europea. Ni probablemente sobre la exigencia de acomodar el sistema electoral actualmente vigente.

Por último, no es cuestión menor apreciar la necesidad que tiene la monarquía de legitimarse democraticamente, una vez el relevo en  la Corona se ha realizado sin sobresaltos. Y, por supuesto, la 'cuestión catalana' nos advierte sobre la conveniencia de afrontar con audacia una reforma para ensanchar los espacios jurídicos que permitan acoger, con garantías para la unidad del Estado, una actualización del modelo autonómico susceptible de corregir ineficiencias y absorber algunas de las actuales tensiones territoriales.

¿Cuándo? Mejor ahora. Somos conscientes de que hay quien aprecia en el momento actual una situación demasiado inestable para afrontar con garantías de éxito una reforma constitucional. Los efectos de la crisis económica, el desafío territorial de Cataluña, la crisis del PSOE, la fragmentación parlamentaria, la desafección hacia la política y sus representantes conforman un escenario, en opinión de algunos, no muy proclive para aventuras políticas. Sin embargo, quienes así se expresan caen, a mi juicio, en el error de convertir en una amenaza lo que en realidad no deja de ser un contexto que puede tener rasgos estructurales y que, en consecuencia, los poderes públicos deben acostumbrarse a administrar con cierta naturalidad.

¿Cómo? La reforma constitucional que parece necesitar España requerirá, por los ámbitos susceptibles de reforma, la puesta en marcha del procedimiento agravado que describe el artículo 168 de la Constitución vigente. Su tramitación requiere la consecución de mayorías muy reforzadas, la disolución de las Cortes, la ratificación de la reforma aprobada por unas nuevas Cortes y la convocatoria de un referéndum. Un proceso largo y difícil de abordar con éxito pero garantiza, sin duda, la consecución de los consensos imprescindibles para validar el resultado al que se pudiera llegar.

Mas allá de todos los elementos expuestos, resulta oportuno recordar que no habrá reforma de la Constitución duradera si la sociedad no acompaña el proceso, lo conoce, lo reconoce como propio y, finalmente, acepta su resultado. El consenso que exige un texto constitucional no es solo el que se deriva del imprescindible acuerdo parlamentario, sino especialmente el que la Constitución obtiene a través del resultado que en su momento arroje el preceptivo referéndum. Este es, en realidad, el verdadero desafío que conlleva cualquier proyecto ambicioso de reforma constitucional. ¿Cómo estamos dispuestos a hacerle frente?