A las trabajadoras sociales de los servicios sociales municipales cada vez se les requiere con más intensidad que sean las notificadoras de la exclusión social, estas obligaciones se han multiplicado aún más en tiempo de pandemia puesto que la gestión de prestaciones se ha incrementado, multiplicado por tres en la mayoría de los servicios sociales. Los informes sociales, las notas informativas y todo tipo de informes acreditativos de la situación, vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social son la llave del acceso a muchas prestaciones y recursos, así como a la exención de tasas.

Si analizamos la actividad en este aspecto de los servicios sociales de cualquier municipio podríamos conseguir un listado de más de 60 tipos diferentes de informes que se les requieren desde otros ámbitos y programas, de los cuales más de un 50% tienen este carácter. 

Mientras en la actualidad los discursos de la profesión claman la superación del enfoque burocrático, se ven cada vez más inmersos en el cumplimiento de normativas que hacen recaer el peso de la acreditación de situaciones de riego, vulnerabilidad y exclusión social en los servicios sociales sin pensar que estos servicios necesitan un refuerzo para asumir estas competencias. 

Para entender la asimetría que viven las profesionales del trabajo social, hay que mencionar los tres pilares de la profesión indicados por Mary E. Richmond, una de las pioneras del Trabajo Social: el social (la reforma social), el profesional (la intervención social) y el disciplinar (la investigación social). Si la tendencia de la acreditación de la situación social se hace mayoritaria sin dejar desarrollarse más los aspectos de la intervención social, el trabajo grupal y comunitario, podríamos afirmar que la profesión no se está apoyando en sus bases y por ello puede padecer un desequilibrio metodológico que la pandemia está agudizando. 

Ya la historiadora Michelle Perrot en 1993 explicaba como en el tiempo en que surgía la profesión de trabajo social en el siglo XIX el papel de las mujeres estaba vinculado a la caridad y la filantropía, ello suponía una extensión de la denominada maternidad social, de esta manera justificaba entonces su presencia en la vida pública en su labor de ayuda a las personas pobres y vulnerables de la sociedad. 

Aquellas mujeres representaron el inicio de la profesionalización del trabajo social ya que cubrían el papel de “reporteras de la miseria”, se convirtieron en expertas  a través de su labor social con las personas pobres al ir introduciendo la planificación y los métodos de análisis de la realidad social en la que actuaban a través de la filantropía, alcanzando un gran rigor en la figura de las visitadoras sociales, utilizaban herramientas como las encuestas biográficas y el archivo. 

Las primeras profesionales del trabajo social adquieren su saber social a partir del análisis de la realidad en la que vivían las personas más desfavorecidas sin dejar atrás el análisis de las causas de esa situación y de su mantenimiento en el tiempo.

La situación actual de los servicios sociales municipales merece una profunda reflexión sobre el papel de la profesión en este ámbito, ya que mientras el discurso profesional quiere huir de las lógicas de la fiscalización y el control, se produce la lucha entre el ideal y la realidad del trabajo social. La práctica cotidiana encomienda al trabajo social cada vez más el rol de vigilancia sobre normas imperativas. Ya Teresa Zamanillo en 1987 afirmaba que desde la profesión de trabajo social se asimilan los roles de las diferentes políticas sociales sin haber mediado una seria reflexión sobre el proceso.

Por otro lado, también se puede ver cercenado el camino a la universalización del Sistema Público de Servicios Sociales como IV Pilar del Bienestar Social y su impulso desde los profesionales, tal y como propugna Patrocinio Las Heras en 2019 donde traza la relación histórica del Sistema y el trabajo social en un horizonte hacia el reconocimiento de derechos a la ciudadanía. La situación actual dejaría al sistema más estancado en el asistencialismo, la beneficencia y la burocracia, ya que actuaría sólo para las personas en exclusión dejando atrás la garantía de derechos sociales para toda la ciudadanía.

Algunos investigadores sociales como Echegaray y Pacheco llegaban en 2018 a la conclusión de que la intervención social en los sistemas de rentas mínimas debía dar un paso adelante en su configuración transformativa. Además, los y las trabajadoras sociales de los servicios sociales municipales debían asumir su rol de agente de cambio, así como tenían que avanzar en la participación del diseño de políticas sociales, involucrándose en los procesos de disminución de la vulnerabilidad y la exclusión social. Sin embargo, las últimas normativas nos llevan cada vez más al papel del control social para el acceso a los bonos de suministros, al material escolar, a las rentas mínimas de inserción, a evitar los desahucios, a la exención de tasas municipales, la acreditación de consumidor vulnerable y el encargo de acreditación de las unidades convivenciales y la exclusión social de la última modificación del Real Decreto del Ingreso Mínimo Vital.

El tema para la celebración del día mundial del trabajo social la Agenda Global (2020-2021) que se celebra este año el 16 de marzo, es “Fortaleciendo la solidaridad social y la conectividad global”, evoca al trabajo social comunitario con el lema popularizado por Nelson Mandela “Ubuntu”, que significa “Yo soy, porque nosotros y nosotras somos”. Curiosamente mientras que se pone en valor la cooperación y la lealtad conectando con los principios de la profesión y la interconexión de todos los pueblos y sus entornos, el trabajo social es cada vez más requerido para la gestión de prestaciones sin dar cabida a ese ámbito. ¿Dónde queda la reforma social? Y ¿la investigación desde nuestra práctica cotidiana?

Hay quien opina que no está el patio para poner limitaciones, que hay que arrimar el hombro, por ello hay que contribuir a que la ciudadanía pueda ir superando las dificultades agravadas por la pandemia. No obstante, los servicios sociales no pueden ser sólo esenciales como una declaración o un título, sino que el Estado y las Comunidades Autónomas tienen el deber de poner en marcha mecanismos para reforzar los servicios sociales municipales a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y a través de los Convenios de desarrollo de servicios sociales que las Comunidades Autónomas tienen con los municipios. Hay que ser conscientes y consecuentes con el peso que recae en la primera línea de los servicios sociales básicos y en sus profesionales y evitar dar pasos atrás hacía concepciones puramente benéficas y asistencialistas. 

Aproximación a los requerimientos de informes de vulnerabilidad, riesgo y exclusión social a los servicios sociales municipales

 Si se realiza un análisis de un centro de servicios sociales municipales se puede hacer una aproximación a la dimensión del requerimiento de informes a los profesionales del trabajo social de este ámbito. Se pueden contabilizar más de 60 tipos de informes en diferentes áreas, de ellos más del 50% tienen la finalidad de acreditar y notificar situaciones de vulnerabilidad, riesgo o exclusión social.

Los ámbitos de intervención desde los que se requieren estos informes son muy diversos, se puede decir que todos ellos tienen relación con los derechos fundamentales de las personas a las que van dirigidas esas acciones, por lo que no es baladí que se ponga el foco de atención en ellos para garantizar derechos a la ciudadanía más vulnerable. 

Informes que suponen ser la llave para el acceso a servicios, prestaciones y programas de otros sistemas. Entre ellos se pueden destacar los ámbitos de: 

a) La justicia, para adoptar sentencias sobre cuestiones de violencia de género, protección a la infancia y la adolescencia, etc., b) en extranjería para el acceso a trámites y autorizaciones, para arraigo, residencia, asilo, refugio, regularización etc., c) en empleo, para el acceso al empleo de personas con especiales dificultades para la inserción laboral a través de empresa de inclusión, y d) en educación, para prestaciones que tienen como finalidad garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia y articular la cobertura de necesidades como la garantía de material escolar, comedores escolares y otras prestaciones básicas. 

Algunos ejemplos significativos de los informes que acreditan la vulnerabilidad social para estos ámbitos: 

a) La vivienda, para solicitar acceso a vivienda de protección oficial, el acceso a alquileres sociales de entidades bancarias o evitar lanzamientos en desahucios, b) suministros en el hogar, para conseguir bonos de suministro eléctrico, de agua etc., exención de todo tipo de tasas municipales de obligado cumplimiento, c) eximir de pagos y cuotas, matriculas y tasas de entidades bancarias u otras áreas municipales, y d) la garantía de rentas y alimentos, para acreditar situaciones específicas de personas o familias perceptoras de las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas, y a consecuencia de la última modificación del Real Decreto del Ingreso Mínimo Vital, se requieren a los servicios sociales Informes para acreditar la composición de las unidades de convivencia, para justificar el padrón a personas sin hogar, así como certificados específicos de exclusión social.

¿Se toman los gobiernos en serio las políticas de igualdad de oportunidades o son solo un discurso?

Las medidas de austeridad aplicadas en las políticas sociales en la crisis han afectado más negativamente a las mujeres que a los hombres, llevando a una involución de los avances conseguidos en los últimos años en materia de género

Las mujeres multiplican su vulnerabilidad en cuanto van cumpliendo años, tienen hijos e hijas a cargo o personas en situación de dependencia y baja cualificación

El sistema de servicios sociales representa la doble discriminación por motivo de género, en cuanto a las trabajadoras del sistema y las personas usuarias

La feminización de los cuidados, de algunos sectores laborales y de la pobreza son indicadores de que aunque se ha avanzado mucho en la lucha por la participación de la mujer en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona, aún quedan reminiscencias del sistema patriarcal que tenemos interiorizado.

Una de las lacras más evidentes para las mujeres en España es la violencia machista. El Informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 2015 Sexto informe periódico de España 20/07/15 no sólo ha valorado que se vulneran los derechos humanos en España por ese tema, sino que existe otra lacra que es la desigualdad de género en los puestos de decisión y en los salarios. La brecha salarial entre hombres y mujeres en España que es de un 24%, la más alta de los últimos años, según el último Informe del día por la igualdad salarial de UGT. Además, esa brecha se perpetua y acrecienta a medida que se analizan tramos de mayor edad, por lo que se da una doble discriminación en el ámbito laboral a las mujeres mayores.

Si nos ponemos las gafas moradas para poder ver la realidad con perspectiva de género y analizamos el sector de los servicios sociales en España, podemos observar como existe una doble vertiente de la mujer en la que está sobrerrepresentada como trabajadora y como usuaria del sistema.

En mi opinión existe una situación de desventaja aún más profunda para el sector de servicios sociales ya que mantiene una doble condición de discriminación desde lo laboral y lo social. Esta situación se puede reducir a la frase de que en el sistema de servicios sociales somos “Mujeres trabajando con mujeres en situación de vulnerabilidad” y eso ha influido de manera negativa en la historia de evolución del propio sistema.

Según ese último informe de UGT, todos los sectores que están más afectados en la actualidad por la brecha salarial entre hombres y mujeres son los sectores feminizados y con salarios más bajos. Además, los datos que arrojan el estudio sobre el Impacto de la crisis en la destrucción de empleo sector de servicios sociales de CCOO (2011- 2013), aseguran que el sector está feminizado y la destrucción de empleo se ha dado en un 11,7% una tasa mucho más elevada que en otros sectores, superándolos en 6,5 puntos porcentuales a la media total. Se han destruido 56.700. Así se puede decir que el 85% del empleo destruido estaba ocupado por mujeres y que las que quedan en activo tienen una tasa de precariedad, temporalidad y parcialidad superior a la media estatal.

Siguiendo esta línea, según los Informes de los Servicios Sociales en España del Consejo General del Trabajo Social (I y II ISSE 2013-2015), el perfil medio de la persona usuaria de servicios sociales es una mujer de 36 a 50 años, con estudios primarios, con hijos e hijas a cargo, en desempleo y con unos ingresos medios mensuales entre 300 y 500 €.

El grupo de trabajadoras no cualificadas está más afectado por la brecha salarial, ya que es un 30% frente al 24% de media, según UGT. En esta situación se encuentran la mayoría de las mujeres que trabajan en atención a las personas en situación de dependencia. Pero no hay que olvidar que las personas que realizan los cuidados no profesionales de la Ley de dependencia, el 93% son mujeres. Además, sobre ellas se cierne la falta de reconocimiento de la sociedad a su labor. Si se dotase de valor económico al empleo de su tiempo en las labores de cuidados aumentaría aún más si cabe la brecha salarial.

Sobre el trabajo cualificado de mujeres, uno de los datos más significativos los representa el trabajo social. El 80% de la profesión trabaja en los servicios sociales y según los informes ISSE, el 83% de las trabajadores sociales de servicios sociales son mujeres de edades comprendidas entre los 35 y 44 años. Sin embargo, el mayor porcentaje de trabajadores funcionarios hombres es mayor que el mujeres (un 54% frente a un 44%) y también es mayor el porcentaje de hombres al que se les remunera con compensaciones económicas por horas extraordinarias (9% frente al 3%). Esto significa que comparativamente los pocos hombres que hay ocupan posiciones más privilegiadas que las mujeres.

¿Las demandas sociales tienen género? ¿Qué, quién y cómo se demanda?

La mujer tiene un rol social tradicional vinculado a ser proveedora de alimentación, ropa… además la función de cuidadora de las personas en situación de dependencia y una función relacional respecto a la socialización primaria que hacen que muchas veces sean ellas las demandantes de servicios sociales aunque sean para todas la unidad familiar, pero aún así se dan otros factores por los que mantienen una sobrerrepresentación como personas usuarias de servicios sociales.

Impacto de la crisis

Además de los datos que arrojan los informes ISSE sobre el perfil de las personas usuarias, según los datos del informe de UGT la mujeres españolas están sufriendo en mayor medida el impacto de la crisis ya que la pérdida de poder adquisitivo duplica a la de los hombres. Este puede ser uno de los motivos más importantes para que, según datos de la última memoria de Rentas Mínimas de Inserción (RMI) estatal de 2014, también sean las mujeres las que porcentualmente solicitan más las rentas mínimas de inserción y las ayudas de emergencia.

Las mujeres piden un 58,7% de RMI y un 54,2% en las ayudas de emergencia social. Así, se puede ver como coincide el perfil mayoritario de demandante de rentas mínimas con el de los servicios sociales de atención primaria, puesto que es una mujer de 35 a 44 años con pareja e hijos e hijas a cargo, estudios primarios y vivienda en alquiler.

Es destacable también el hecho de que ha aumentado el número de personas demandantes de rentas mínimas que poseen títulos universitarios o FP de grado superior. Resulta curioso que el rendimiento académico en estudios superiores de las mujeres es más elevado que el de los hombres, y de estas personas también es mayor la media de mujeres, siendo el 58,5%.

Dependencia

La dependencia supone una de las muestras más clara de la paradoja de género puesto que pone a las mujeres como principales proveedoras de cohesión social en cuanto a cuidados, y sin embargo su reconocimiento laboral en este sector es nulo o muy precario.

Las mujeres de mayor edad son como usuarias las más perjudicadas de los recortes de la Ley de dependencia. La lista de espera de las personas en situación de dependencia según el IMSERSO es de 384.326 personas, que supone un 32,5% del total. De las personas beneficiarias un 65% son mujeres y de estas el 83% tienen más de 65 años y el 62%, más de 80 años.

La reforma local

La aplicación de la reforma local en servicios sociales afectaría negativamente en mucha mayor medida a las mujeres como trabajadoras y usarías del sistema, porque plantea una reducción se las competencias en servicios sociales de los municipios españoles planteando una recentralización sin garantía de mantenimiento de la financiación actual. Además pone en riesgo el principio fundamental de la proximidad desde el que se trabaja desde los servicios sociales y de género de los ayuntamientos con servicios vinculados a la prevención de la violencia y la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Por otro lado, también afectará de manera negativa a la calidad de la intervención social con las personas usuarias y a aumentará la precarización, si cabe aún más, en el sector que afectará a las mujeres de manera mayoritaria. Además, de las trabajadoras sociales que ejercen servicios sociales, más del 55% trabajan en ayuntamientos, de los cuales el 33% más de 20.000 habitantes y el 22% en otros de menos de 20.000, por lo que serán más afectadas por la reforma local desde la perspectiva laboral que los hombres.