Las inercias de un funcionamiento interno tradicionalmente alejado de unos mínimos criterios de transparencia y publicidad activa, llevaron a la APV a convocar, de manera inmediata, una licitación para la concesión de la explotación de una ampliación sustancialmente distinta a la contemplada en la DIA de 2007 pero que, casualmente, se ajustaba como un guante a las previsiones de la naviera suiza MSC, deseosa de superar en dimensión al resto de terminales, trasladar sus tráficos y reducir costes internos mediante la introducción de procesos automatizados y la reducción de mano de obra.

Tal vez por ello esa naviera fue la única licitadora que concurrió a la llamada de la APV que, en septiembre de 2019, acordó aceptar esa solitaria oferta, empezando a correr el plazo máximo de ocho meses legalmente previsto para la resolución del otorgamiento de la concesión, plazo que expiró el 4 de enero de 2021, sin haberse producido y sobre cuya viabilidad actual cabe albergar dudas razonables.  

Con independencia de que haya quienes puedan seguir sosteniendo la vigencia de la DIA de 2007 para obras sensiblemente diferentes y en una situación de emergencia climática que está alterando sustancialmente las condiciones del entorno añadiendo nuevas incertidumbres que sumar a los vaivenes de la economía internacional y a los conflictos geopolíticos y demográficos existentes. Un contexto lo suficientemente inestable como para empezar a aplicar, al menos, el principio de precaución.  

Como ministro del ramo, le suponemos al corriente de los muchos pronunciamientos realizados desde la sociedad civil cuestionando la aplicabilidad de la vieja DIA a las nuevas obras y señalando las evidencias del impacto de las actuaciones portuarias sobre las playas del sur y la extensión de este deterioro a zonas cada vez más próximas al parque natural del lago de La Albufera. Riesgos que anticipó la vieja DIA que incluyó la obligación para la APV de realizar planes y campañas de vigilancia y la adopción de medidas correctoras que dicha entidad no ha realizado y cuya ausencia viene sufragando el gobierno central a través de obras de regeneración de playas de escasa eficacia.

Pero, además, sabrá que se han aportado informes, alegaciones e incluso del testimonio de los mismos trabajadores portuarios que avalan el desfase entre las optimistas previsiones de unos estudios de demanda, fundados en el ilusorio crecimiento sostenido del tráfico de contenedores, y los números actuales de tráfico real. Una realidad que, unida a la existencia comprobable de numerosa superficie ociosa y la escasa eficiencia en la gestión del recinto portuario, permite sostener que las terminales existentes son capaces de atender la demanda estimada para los próximos 15 años sin necesidad de ampliación alguna. Pudiendo destinarse la inversión pública prevista a otras actuaciones que mejorarían la resiliencia de nuestras ciudades frente al cambio climático.

Algunos de estos argumentos forman parte del contenido de las tres demandas ya formuladas ante diversas instancias judiciales por colectivos y asociaciones ciudadanas, integradas en la Comissió Ciutat-Port. En particular, creemos necesario recordarle el procedimiento seguido ante el TSJ de Madrid contra la Resolución de marzo de 2021 del Ministerio de Transición Ecológica que pretendía atribuirle a la APV la doble condición de órgano promotor de la ampliación y, al tiempo, órgano sustantivo a efectos ambientales.

Debiera saber también que existe un auto judicial de diciembre de 2022 que impuso la suspensión cautelar de dicha resolución. Una medida deliberadamente ignorada por la APV que precipitó en esas mismas fechas la aprobación del nuevo proyecto de construcción que Vd. apadrina ahora ante el Consejo de Ministros, careciendo del preceptivo pronunciamiento formal de Puertos del Estado sobre la necesidad o no de una nueva evaluación ambiental.

Ese proyecto por el que usted brindó en el coctel celebrado en la sede de la APV hace tan sólo unos días, ni siquiera incorpora la totalidad de las 21 condiciones vinculantes señaladas en el informe de 18 de noviembre de 2022, de la Dirección General de la Costa y el Medio Marino del Ministerio que dirige su compañera de gabinete la señora Ribera. Una carencia que descalifica la fiabilidad del expediente.

Estas y otras razones de las que le podrán ilustrar en su propio ministerio, llevaron a que la autorización de ese mismo proyecto, cuyas supuestas excelencias proclaman los conspicuos representantes del lobby del hormigón, ya fuese retirado del orden del día del Consejo de Ministros en enero de este mismo año.

Porque esta ampliación, como usted ya debería saber, no es sólo es controvertida en sí misma, sino que, como estudios elaborados por encargo de los propios defensores de la ampliación no han podido ocultar, es la antesala para un conjunto de infraestructuras de viejo cuño tales como duplicaciones de autovías y carreteras, nuevas zonas logísticas y la recuperación de otros viejos proyectos de alto impacto territorial e intenso consumo de recursos, lo que representaría un coste adicional para la hacienda pública que podría acabar triplicando la inversión privada comprometida por el aspirante a concesionario.

En definitiva, la coartada necesaria para la creación de una burbuja de infraestructuras y megaproyectos con que alimentar el beneficio fácil de un puñado de grandes contratistas de obras públicas y su séquito de subcontratas, algo de lo que ya tenemos sobrada experiencia en esta tierra en tanto que alimentó tiempos de despilfarro y corrupción que esta sociedad no se merece volver a vivir.

Estas y otras razones le hubiésemos querido exponer a usted personalmente si hubiese atendido la petición de entrevista que le solicitamos por escrito en cuanto conocimos que quería hacer su primer viaje oficial precisamente al puerto de Valencia. Y aún seguimos pensando que una decisión tan compleja y con tantas implicaciones sociales, ambientales, territoriales y políticas como la que usted pretende avalar en el Consejo de Ministros no debiera ser adoptada sin conocer de primera mano los argumentos de una sociedad civil tremendamente preocupada por el deterioro de nuestro patrimonio territorial y el sacrificio del derecho a un medioambiente adecuado para el desarrollo y la calidad de vida de la ciudadanía, en favor de obtusos intereses estrictamente privados. 

Tras una férrea centralización de la dirección de la lucha contra la pandemia y una estrategia de gestión de crisis y de comunicación que no ha estado exenta de polémicas y agravios, ahora, con más de la mitad de los territorios y de su población ya en fase tres, el tramo final del plan estatal de desescalada viene a incorporar a las Comunidades Autónomas bajo el estandarte de la “cogobernanza”.

Hasta qué punto este golpe de timón ha sido fruto de la convicción o tan solo de la necesidad de asegurar complicidades para la votación de la última prórroga del estado de alarma o incluso de eventuales acuerdos territoriales futuros, es ahora ya irrelevante.

Pero lo que la pandemia no ha alcanzado a ocultar es la existencia de una crisis territorial no resuelta y que, combinada con la crisis económica y social que, como todo indica, seguirá a la emergencia sanitaria, puede derivar en una situación extremadamente conflictiva una vez que las urgencias del presente dejen paso a los déficits institucionales de siempre.

El deficiente funcionamiento de los escasos instrumentos legales habilitados para favorecer la cooperación institucional, unido a la ausencia de una cultura política favorable al dialogo constructivo y la colaboración multilateral, junto a otras carencias, entre las que no es la menor el obsoleto e injusto sistema de financiación, se han revelado letales para un modelo autonómico incapaz de evolucionar con suficiente flexibilidad como para mantener los vínculos cohesivos básicos por encima de las diferencias nacionales subyacentes.

La reforma en profundidad de un Senado que, como recordaba hace ya veinte años el profesor Jordi Solé Tura, “ha sido y es el gran error de la Constitución”, por su falta de audacia al vincularlo a las viejas provincias en lugar de a las nuevas autonomías, sigue siendo una demanda pendiente y compartida por amplios sectores de la opinión pública. Pero algo semejante puede afirmarse de los remiendos habilitados para suplir las carencias de una cámara de representación y articulación territorial incapacitada desde su mismo origen.

La escasa operatividad de la “Comisión General de las Comunidades Autónomas” del Senado, así como la irregularidad y nula eficacia de los escasos “Debates sobre el Estado de las Autonomías”, ambos introducidos en la reforma de su Reglamento de 1994, no han hecho sino evidenciar aún más las carencias políticas y funcionales del modelo nacido de una coyuntura histórica ya superada.

La misma Conferencia de Presidentes, una iniciativa impulsada por Rodríguez Zapatero en 2004 con vocación de constituirse en órgano de cooperación multilateral de alto nivel político, tan solo había llegado a reunirse un total de seis ocasiones en los últimos quince años. Mientras que, desde la declaración del actual estado de alarma, se han celebrado un total de trece encuentros, de carácter telemático y sin apenas ausencias, y ya se anuncia un posible encuentro presencial para antes de agosto.

La pandemia ha alterado, también en el ámbito institucional, viejas reglas y rutinas. Frente a la vocación centralizadora de las primeras semanas parece abrirse paso tímidamente una nueva lógica de reconocimiento de la diversidad y de profundización en las respectivas competencias exclusivas de cada institución sin renunciar a la cooperación política y al dialogo para superar las limitaciones del estrecho marco constitucional actual. Dos requisitos imprescindibles para una recuperación que debe asentarse tanto en un cambio profundo de modelo productivo y la consolidación y garantía de robustos servicios públicos y derechos sociales, como en la articulación federal de un proyecto compartido e ilusionante de convivencia.

*Antonio Montiel Márquez, abogado y politólogo, coautor del libro ‘Acord del Botànic. La vía valenciana para el cambio político’ (Balandra ed.)

Aunque hay que admitir que ha tenido que ser el empeño de una ciudadanía más responsable que algunos dirigentes políticos la que haya puesto encima de la mesa lo evidente. Y es que la repetición de elecciones que acabamos de padecer no podía llevar más a que a una situación semejante a la que algunos pretendían conjurar.

Estamos de nuevo, aunque con seis meses de retraso y algo más de irritación ciudadana y deterioro de la convivencia, ante la obligación del PSOE y Unidas Podemos de articular agenda susceptible de sumar a otras fuerzas políticas dispuestas a hacerse cargo de la lucha contra una desigualdad que comienza a hacerse estructural y a adoptar medidas frente a la emergencia climática. Una hoja de ruta que incluya políticas de justicia social, lucha a fondo por la igualdad de género y erradicación de la violencia machista, profundización democrática y redefinición del modelo territorial.

Nos hemos pasado los últimos años debatiendo sobre el fin del bipartidismo y la reconfiguración del sistema político, pero nunca hasta ahora esa conclusión había alcanzado a expresarse con tamaña intensidad.

Desde ahora y durante los próximos años cualquier gobierno, sea cual sea su orientación, requerirá del acuerdo entre diferentes fuerzas políticas. Ya sea bajo la forma expresa de gobierno de coalición, compartiendo solidariamente responsabilidades de gestión en el Consejo de Ministros,  bajo la más liviana de acuerdo programático sin presencia ministerial, o de simple acuerdo de mínimos para asegurar una investidura.

Incluso en el improbable supuesto de que se frustrasen las actuales negociaciones y se llevase a cabo una nueva convocatoria electoral, el resultado solo puede desembocar en un resultado político plural, lejos ya de mayorías absolutas. Aunque de repetirse elecciones nuevamente lo que nos jugamos como sociedad es favorecer la agitación populista de una extrema derecha que podría convertirse en determinante para un gobierno, también de coalición, aunque con un programa político netamente ultraconservador.

Una repetición electoral no sólo podría ser letal para la confianza de la ciudadanía en las instituciones, además de consumir un tiempo y unos recursos económicos preciosos para atender otras prioridades, sino que daría alas a la estrategia de la ingobernabilidad a la que aspira la ultraderecha española. Una perspectiva que pone muy difícil a otras fuerzas políticas progresistas optar por el voto negativo a la investidura.   

Es posible que en el preacuerdo suscrito entre PSOE y UP haya pesado más el instinto de supervivencia de sus respectivos dirigentes que un análisis sosegado de la complejidad de las tareas que va a tener que afrontar un gobierno plural entre fuerzas que no solo han competido electoralmente, sino que no han dudado en intentar neutralizarse políticamente. 

Durante mucho tiempo habrá que invertir esfuerzos en limar la desconfianza mutua nacida de aquella confrontación y, especialmente, de la ausencia de teorización de unos y de otros sobre cómo habría de gestionarse un momento como este en el que el diálogo, el acuerdo programático y la responsabilidad compartida ante la ciudadanía se han convertido en insoslayables.

Por si esto fuera poco, el gobierno de coalición que pueda formarse tras superar el procedimiento de investidura tendrá que hacer frente a una legislatura muy complicada. La Unión Europea y los poderes empresariales y financieros mantendrán su presión en la dirección de seguir con recortes en derechos y servicios públicos. Por otra parte, la crisis territorial demandará de una gran capacidad de diálogo y flexibilidad para articular un proceso de reformas asumibles desde posiciones ahora enrocadas.

Por encima de su reciente participación en seis gobiernos autonómicos de coalición, este es de verdad el momento de pérdida de la inocencia para Podemos. Lo admitía el propio Iglesias en su carta a la militancia cuando anticipaba que iban a encontrarse con “muchos límites y contradicciones” y que tendrían que “ceder en muchas cosas”.

Y es que gobernar “mancha”. Además de tener que compartir decisiones espinosas, el riesgo de defraudar las expectativas de los sectores sociales golpeados por la crisis y sus secuelas estará presente y el de caer en la simple y anodina institucionalización, también.

No será fácil demostrar con hechos que valía la pena exigir con tanta insistencia estar presente en un gobierno que lo más probable es que no goce de mucho margen de maniobra.

Estos son tiempos inéditos que exigirán grandes dosis de imaginación y audacia para hacer frente a una recesión que anticipa transformaciones profundas que apuntan a estrechar aún más las condiciones vitales y oportunidades de futuro de esa mayoría social a la que se quiere representar.

Por eso, ahora que nadie habla ya en Podemos de “sorpasso” al PSOE, hay que reflexionar y mucho en cómo afrontar con humildad y talento la tarea de articular la cooperación con el antaño rival político con la finalidad de dar respuestas realistas y efectivas a las demandas y aspiraciones de una ciudadanía que merece y necesita con urgencia que sus representantes sepan estar a la altura de este momento histórico.

*Antonio Montiel Márquez,  abogado y politólogo. Coautor del libro “Acord del Botànic. La vía valenciana para el cambio político” (Balandra ed.).Acord del Botànic. La vía valenciana para el cambio político“ (Balandra ed.).

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU adoptó la Observación General número quince que declara, “El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos” como la salud, así como a disfrutar de un nivel de vida adecuado, definiéndolo como el derecho de cada persona a disponer de agua suficiente, saludable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

Sobre la base de estas y otras declaraciones y decisiones internacionales, la sociedad civil europea puso en marcha la iniciativa ciudadana ICE Rigtht2Water que ha reunido casi dos millones de firmas para instar a la Comisión Europea a que adopte medidas para que el abastecimiento de agua potable y la gestión de recursos hídricos no se rijan por las normas del mercado interior como si de una mercancía más se tratase y que se incorpore un modelo de prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento desde un óptica de derechos humanos.

En Europa desde hace años se viene produciendo un intenso debate acerca del modelo idóneo de gestión de los servicios básicos que ha llevado a que, en el caso del suministro domiciliario de agua potable, la mayor parte de las grandes ciudades europeas hayan optado ya por la gestión pública de este servicio. No sólo eso, en un país como Francia, que alberga la sede de las dos mayores multinacionales del agua, París, junto a otras ciudades de referencia, han recuperado ya la gestión municipal del servicio del agua, consiguiendo no solo importantes rebajas en el recibo a pagar por la ciudadanía y sino poner de manifiesto el fracaso de la gestión privada. La tendencia a remunicipalizar, es decir, recuperar la gestión pública de los servicios de abastecimiento de agua, ha propiciado además, el reconocimiento de un mínimo vital de suministro garantizado para todas aquellas personas sin recursos económicos o en riesgo de exclusión social, así como la prohibición de los cortes de suministro domiciliario.

Mientras tanto, en España la privatización del servicio afecta a más del 55% de la población y casi el 90% de los contratos están controlados por tan solo dos empresas vinculadas a grupos multinacionales, impidiendo así la libre competencia y constituyéndose en un auténtico oligopolio que se asegura altos beneficios. Medidas derivadas de la nefasta Ley Montoro, junto a la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, imposibilitan a los ayuntamientos el ejercicio directo de sus propias competencias, al tiempo que favorecen la gestión de servicios a través de empresas externas.

En este contexto es especialmente importante la resolución adoptada este 15 de noviembre en el Congreso a iniciativa del Grupo Confederal Unidos Podemos-ECP-EM, con la oposición de PP y Ciudadanos y la abstención de PDeCAT, para facilitar la recuperación por parte de los municipios de la gestión directa del ciclo del agua, priorizando el consumo humano. Es una orientación fundamental para avanzar en políticas que aseguren la eficiencia, la equidad social y la gestión democrática de un bien común y un derecho humano básico que no puede estar subordinado a la obtención de beneficios privados.

Un aspecto adicional, pero no menor de la gestión privada del suministro domiciliario de agua potable y otros servicios ligados al ciclo urbano del agua como el saneamiento y la depuración, es el denominado “canon concesional”, que se ha convertido en una importante fuente de recursos para unos ayuntamientos estructuralmente mal financiados y en un incentivo a la privatización. Un canon que acaba siendo repercutido a las personas usuarias a largo de los años, siempre bajo fórmulas opacas que aseguran importantes ingresos e intereses financieros sin ningún tipo de control.

Al no quedar sujeto a un control efectivo, ese “canon”, no revierte en nuevas infraestructuras o mejora de las instalaciones ya existentes; tampoco contribuye a paliar el despilfarro de un recurso valioso y escaso como el agua, que presenta un índice de fugas en conducciones urbanas próximo al 50% en buena parte de las redes de ciudades españolas.

Un canon concesional anticipado, que fue prohibido en Francia en los años noventa por su potencial poder “corruptor”, extremo sobre el que han alertado entidades sociales y expertos académicos, como las agrupadas entorno a Fundación por la Nueva Cultura del Agua, https://fnca.eu y que fue también objeto de denuncia por el Defensor del Pueblo Andaluz en su informe sobre “Servicios de suministro de agua, Garantías y derechos”, de diciembre de 2015.

Los ayuntamientos de este país, por su decisiva contribución a la promoción de prácticas de participación y mejora de la calidad democrática y al Estado de bienestar, se han ganado el derecho a ser considerados mayores de edad y no pueden estar sometidas a lógicas de austeridad, impuestas desde patrones ideológicos contrarios a la autonomía municipal y a los derechos sociales como es la, inexplicablemente aún vigente, Ley Montoro.

Con grandes esfuerzos pero también con inteligencia colectiva, algunos ayuntamientos españoles están siendo vanguardia del esfuerzo para la remunicipalización de servicios básicos en beneficio de la ciudadanía, Medina Sidonia en Cádiz, Valladolid o Córdoba son ya un referente pero urge cambiar el marco normativo estatal e incorporar la colaboración de las comunidades autónomas para facilitar un cambio de modelo efectivo, que pase también por favorecer formulas asociativas supramunicipales, para la gestión de servicios.

Una apuesta decidida, que haga posible la gestión pública de los servicios básicos, como los ligados al derecho humano al agua y su ciclo, junto a la mejora estructural de la autonomía y financiación municipal, está llamada a ocupar la posición central en los programas políticos de las convocatorias electorales para 2019.

La apuesta inaplazable por una gestión pública eficiente, sostenible, transparente y que democratice el derecho humano al agua y a otros servicios básicos para la ciudadanía, es hoy ya, un reto para los gobiernos locales y territoriales progresistas del siglo XXI.

Pagamos el vergonzoso episodio de un rescate bancario que ha costado, al menos oficialmente, a la Hacienda pública -la de todos- setenta y siete mil millones de euros. Pero también las consecuencias, en forma de recortes en servicios públicos, de la atención preferente a la deuda pública y de la crisis recaudatoria derivada del alto desempleo, trabajo precario y bajo consumo interno. Los efectos de esta situación han arruinado el presente y comprometido el futuro de millones de personas que se creían seguras en el espejismo de las “clases medias”.

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dado lugar además a una insostenible paradoja. Mientras el parque de viviendas vacías en España ronda los dos millones de unidades, más de 300.000 de ellas en la Comunidad Valenciana, la alarmante cifra de desahucios sigue siendo un síntoma de que algo falla en el sistema en lo que al derecho a una vivienda digna se refiere.

Durante los tres primeros trimestres de 2017, los desahucios afectaron a 230 familias por día hábil, 31 cada día en la Comunidad Valenciana y los derivados de arrendamientos empiezan a superar ya a las ejecuciones hipotecarias. Esta es una realidad insoportable para una sociedad avanzada. Se trata de una verdadera emergencia social.

Tal y como reivindica la PAH, urge un marco legal general en materia de vivienda para evitar el drama de los desahucios, reforzar la posición de la ciudadanía frente a la prepotencia de las entidades financieras, combatir el sobreendeudamiento con medidas como la dación en pago retroactiva y facilitar el alquiler asequible. Es necesario actuar para dar cumplimiento real a la previsión constitucional de impedir la especulación urbanística, evitando nuevas expansiones innecesarias, pero también para impedir la expulsión del vecindario y la gentrificación de barrios y centros históricos.

Los indicadores anuncian una nueva burbuja que afectaría al alquiler. El precio medio subió un 15,9% en 2016 y encadena ya tres años consecutivos de subidas. A esta escalada de precios se une el endurecimiento de las condiciones para acceder a un alquiler, tal y como han denunciado organizaciones de consumidores como FACUA.

España presenta uno de los peores índices de vivienda en alquiler de la Unión Europea. Solo un 17’3 % según la última Encuesta Continua de Hogares publicada por el INE, frente a una media europea que ronda el 30%. Pero en oferta de alquiler público descendemos hasta compartir las últimas posiciones entre Letonia y Rumania.

A pesar de ello, el pasado noviembre el ministro Iñigo de la Serna se felicitaba en el Senado por la evolución global del sector inmobiliario. Una actitud irresponsable alentada por la vana ilusión de que puedan regresar aquellos “buenos tiempos” del pelotazo.

Frente a la obstinada oposición del gobierno de Rajoy a cualquier regulación que afecte a las lógicas de mercado, son necesarios cambios legales profundos, en la línea de la iniciativa de la PAH.

Pero además es necesaria una acción decidida desde los poderes públicos territoriales. El margen para políticas públicas autonómicas que estimulen el arrendamiento privado y aumenten la oferta de viviendas para alquiler público sigue siendo amplio. Para actuar basta con voluntad política, capacidad de gestión y presupuesto.

Por ello hemos introducido en el Presupuesto de la Generalitat para 2018 y sucesivos, una dotación inicial de setenta y cinco millones de euros para la compra de viviendas a particulares para ofrecerlas en alquiler a familias en situación de necesidad habitacional, además de otras partidas para pasar a alquiler social alrededor de 350 viviendas públicas que permanecían sin vender y cerradas desde hacía años. Hemos incorporado deducciones fiscales para las familias con menores ingresos y que vivan en régimen de alquiler. Son acciones políticas de choque cuya aplicación vamos a vigilar estrechamente.

No será posible un cambio de modelo productivo sin desactivar los fundamentos de un sistema que, con la entusiasta complicidad del capital financiero, ha apostado durante décadas por el monopoly del suelo y la vivienda en propiedad, como elementos dinamizadores de una economía altamente especulativa.

Una política que ha dibujado un país donde millones de familias se ven atrapadas en la jaula de las hipotecas, ya sea como titulares o avalistas. Un país cuajado de viviendas vacías mientras centenares de miles de familias y jóvenes carecen de acceso a una vivienda digna.

La vivienda es una necesidad básica para una vida digna y los derechos humanos no se juegan al monopoly. El alquiler público merece ocupar una posición central en la estrategia frente a la especulación, como instrumento para contribuir a hacer ciudades más humanas y sostenibles. Una política clave para construir una sociedad más inclusiva.

Ya en febrero de 2015, cuando el Parlamento Europeo aprobó la primera parte del Tratado fueron muchas las organizaciones sociales, sindicatos y expertos que señalaron la ausencia de estudios y análisis solventes acerca de las consecuencias que este Acuerdo podría tener tanto para los productores locales como para los derechos sociales y de los consumidores europeos, españoles y valencianos.

Por ejemplo, de las 145 Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas que recibirán protección en Canadá, tan sólo 26 serán españolas (básicamente aceites) y de ellas solo dos valencianas, las registradas como “Turrones de Xixona y Alacant” y “Cítricos valencianos”.

No es una cuestión sin importancia, pensemos que el resto de productos no protegidos, aún con Denominación de Origen reconocida, incluso a nivel europeo, podrán ser copiados por empresas canadienses o que operen a través de Canadá y registrados como marcas de allí. Una desprotección que amenaza la viabilidad de productos de nuestra Comunidad tales como “Carchofa de Benicarló”, “Kaki de la Rivera del Xúquer”, “Arrós de València”, “Nespres de Callosa” o “Xufa de València”, entre otros muchos.

Durante décadas, a través del mecanismo de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, se ha buscado proteger la calidad agroalimentaria y a los consumidores a través de una mejor información sobre los métodos de producción y certificación del origen del producto, favoreciendo también la creación de valor y el desarrollo del medio rural, además de posibilitar a los productores un mejor acceso al mercado y una mayor redistribución del valor añadido en la cadena de producción. Otros efectos positivos adicionales han sido la protección del medio ambiente por la potenciación de métodos de producción más naturales y sostenibles y la fijación de población en un medio rural con graves riesgos de despoblación.

En este despiadado entorno de globalización ultraliberal que Tratados como el CETA vienen a reforzar, nuestros productos tradicionales, fruto de un conocimiento centenario, de una especialización local que responde a una historia, un entorno territorial y humano, quedan reducidos a una simple cuestión de “propiedad intelectual” y de “marca registrada”. Y nuestros productores, en su mayoría explotaciones familiares de pequeño tamaño, no podrán pedir el amparo de los tribunales nacionales sino que para hacer valer sus derechos habrán de someterse al arbitrio de Tribunales Especiales mediante costosos procedimientos en los que es evidente la posición de superioridad de que gozarán las grandes operadoras agroalimentarias transnacionales.

Los ejemplos ya existen, Canadá produce y comercializa actualmente cítricos con la engañosa marca “Valencia Orange”. Una denominación que protegerá el CETA sin atención ninguna al lugar de producción de la fruta.

Pero no es este el único motivo de queja de nuestros productores y actores locales. El Tratado que tan precipitadamente algunos quieren ratificar multiplica por ocho las toneladas de carne de origen bovino que entrarán en Europa procedentes de Canadá, por seis las toneladas de carne de porcino, por tres las toneladas de trigo y por seis las actuales cuotas de importación de maíz, lo que inevitablemente irá en detrimento de la producción autóctona y de los precios de esta. Mientras que no existe garantía alguna de un eventual crecimiento de exportaciones valencianas a Canadá.

Todo ello sin mencionar el posible coladero que puede representar esta vía para productos procedentes de países terceros pero manipulados y comercializados en Canadá. No sólo productos agropecuarios sino otras manufacturas de países terceros, como pudiera ser el caso de China, quien ya es el segundo socio comercial más importante de Canadá y con quien mantiene intensas conversaciones para un tratado bilateral de libre comercio desde hace años. Un eventual acuerdo que podría colocar a la industria y las trabajadoras y trabajadores europeos en una delicadísima situación de vulnerabilidad.

El PSOE votó en el Parlamento Europeo a favor de ratificar el CETA no sólo sin los estudios y análisis previos que un elemental principio de cautela recomendaba sino también sin la previa verificación de sus términos por el Tribunal de Justicia Europeo. Tampoco apoyó en el Congreso de los Diputados la propuesta de su previo examen por el Tribunal Constitucional.

En la Comunidad Valenciana, aún seguimos esperando los informes para evaluar el impacto que el CETA pudiera tener sobre nuestros principales sectores económicos, nuestros servicios públicos y el marco laboral y medioambiental que reclamamos al Consell el mes de mayo del pasado año y cuya petición se reiteró por les Corts el 21 de septiembre de 2016.

Ahora, en la medida en que este Tratado no entrará en vigor plenamente hasta que sea ratificado por los 28 estados de la UE, volvemos a exigir un debate público acerca del previsible impacto del CETA en el futuro económico de nuestros productores y de la ciudadanía europea.

Todo indica que las élites políticas de siempre, las que ordenan votar a sus diputadas y diputados en el Parlamento Europeo y en los parlamentos nacionales sin esperar a un debate social ordenado en torno a la opinión de expertos independientes, siguen empeñados en colocarse del lado de los intereses de las grandes corporaciones.

Los Tratados de nueva generación como el CETA no son tan sólo acuerdos comerciales, son Tratados que cambian las reglas del juego en las relaciones económicas pero también en el orden interno de los Estados. Inciden en los procesos de formación de las normas en materia ambiental y de salud, en las regulaciones laborales, siempre con vocación de igualar las diversas regulaciones a la baja para favorecer una liberalización con los menores controles posibles. Son Tratados que benefician a los poderosos y maltratan a la mayoría.

Son muchas las voces en toda Europa que cuestionan el contenido del CETA y la forma en la que se está tramitando. Este 3 de junio en Madrid culminará una fase de acciones y movilizaciones exigiendo el derecho de la ciudadanía a tener voz y voto ante decisiones de tan enorme trascendencia que restan poder a los gobiernos para dárselo a los mercados. La movilización social puede detener este proceso acelerado de ratificación y ganar el tiempo necesario para analizar y evaluar antes de decidir acerca de un Tratado que pone en cuestión el ya maltrecho Modelo Social Europeo.

*Antonio Montiel Márquez, diputado y síndic de Podemos-PODEM en les Corts Valencianes

I ací sorgeixen les diferències. Hi ha forces polítiques, com Podem, que volem una RTVV fruit del màxim consens possible; hi ha partits que opten per un Consell Rector construït sobre quotes de partit i hi ha qui, definitivament, no tenen cap interés que els valencians i les valencianes tinguen mitjans audiovisuals públics. Així estem. I aquesta radiotelevisió, o es fonamenta de partida en el diàleg i el consens, o els seus dies d’independència i de servei públic plural estaran comptats.

El repte d’una nova RTVV forma part dels diferents mandats de l’Acord del Botànic a desenvolupar des de les Corts a iniciativa de Podem i té com a raó de ser la voluntat de garantir el dret fonamental a la informació mitjançant una radiotelevisió pública pròpia. Els termes d’aquest compromís eren clars: “Podem s’encarregarà de dissenyar aquest procés, fomentant la participació de la societat civil mitjançant un fòrum de què formaren part el sector empresarial i professional i l’àmbit universitari vinculat al sector”.

Podem va gestionar la participació fins a termes inèdits, convocant un fòrum obert a tots els sectors afectats, inclosos els extreballadors, obrint el diàleg a tots els partits de l’arc parlamentari i demanant la col·laboració d’experts universitaris independents. Fruit d’aqueix treball col·lectiu va ser aprovada el desembre passat, amb l’abstenció de PP i Ciutadans, una primera llei de restabliment del dret de les valencianes i els valencians a una RTVV pública, en valencià i de qualitat.

Una part del Consell semblava més inclinada a reobrir la RTVV de manera provisional, encara que només fóra per a emetre informació parlamentària, rodes de premsa i comunicats oficials i molt de material “de llanda”. Podem sempre va defensar que una radiotelevisió del segle XXI que aspirara a ser un servei públic capaç de seduir una audiència que es va allunyar de Canal 9 fa anys, no podia improvisar-se ni gestionar-se sense tenir a l’abast un marc legislatiu previ i sense els millors professionals del sector. Davant de les presses, apostem per prudència, diàleg i acords. I per fer-ho vam promoure la trobada celebrada al començament del març per a, a més de revalidar els termes inicials de l’Acord del Botànic, desfer presses i malentesos i establir un calendari raonable per a promoure la tramitació d’una llei que poguera atraure el màxim consens possible i que havia de ser condició prèvia a qualsevol tipus d’emissió.

Partint del que es va recollir en el Fòrum i del treball de persones expertes que van comparéixer en la comissió parlamentària, es va gestar un text rellevant i modern en què van intervenir tantes mans que pot afirmar-se sense rubor que va acabar sent una obra col·lectiva molt avançada.

El text va ser millorat en el tràmit parlamentari, les distintes esmenes van reforçar la noció de servei públic de gestió directa, els límits mínim i màxim d’aportació de la Generalitat al seu pressupost, els controls en la gestió economicofinancera o el sistema de contrapesos per a garantir-ne la independència de l’executiu, … Finalment, la llei de la nova RTVV va ser aprovada aquest juliol amb més suports fins i tot que la primera llei de desembre del 2015, atés que totes les forces parlamentàries, llevat del PP, que va mantenir l’abstenció, la vam votar favorablement.

El mandat assumit per Podem pel que fa a la nova RTVV en l’Acord del Botànic, estava quasi complit. Entre les forces polítiques que havien votat favorablement la llei hi havia el compromís tàcit de proveir com més prompte millor el nomenament d’un Consell Rector independent que possibilitara que s’anaren prenent les primeres decisions empresarials. I és ací on la nau acabada de noliejar ha embarrancat en les arenes de la vella política posant ben difícil continuar eixamplant el consens que treballàvem durant quasi dotze mesos de diàleg.

Per a l’elecció dels cinc representants del Consell Rector que, d’acord amb la llei, corresponien a les forces polítiques parlamentàries, n’hi havia prou de tornar a votar el mateix grup de professionals que ja va ser elegit per les Corts el febrer passat per a integrar l’Alt Consell Consultiu, l’òrgan que està examinant les propostes inicials de productes audiovisuals per a la nova RTVV. Tots els partits vam assumir aquesta solució, tret del PP, que va preferir canviar de persona candidata.

Els problemes van venir amb l’elecció de representants provisionals del Consell de la Ciutadania (1) i del Consell de l’Audiovisual (2), òrgans encara inexistents, i en el nom dels quals les Corts havien de proposar persones que pogueren acomplir aqueixa funció de manera simbòlica i temporal.

Per a Podem no es tractava de tornar a les velles pràctiques –tants per a tu i tants per a mi–, sinó de trobar persones en què tots els grups poguérem estar bàsicament d’acord i que respongueren al perfil adequat per a l’exercici de la seua representació. Podem, buscant aquest acord, va proposar Rosa Serrano com a persona que podia representar el Consell de Ciutadania. Finalment, Serrano va declinar formar-ne part, i Podem va posar aquesta vacant a disposició del consens.

Però mentre nosaltres obríem una porta, el PP la tancava proposant una candidata que havia tingut tasques de responsabilitat en l’antic Canal 9, que havia estat testimoni de la defensa en el procés pel qual es va condemnar l’exdirectiu de Canal 9, Vicente Sanz, per assetjament i abusos sexuals a tres treballadores, i el treball informatiu del qual és qüestionat, entre altres, per l’Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol. El PP soscavava el fonament mateix de l’elecció proposant una persona amb aquestes referències per a representar, encara que fóra de manera provisional, precisament el Consell de la Ciutadania en un mitjà de titularitat pública. Era evident que no podíem avalar aqueixa candidata.

D’altra banda, la proposta socialista per a la presidència del Consell Rector semblava viable fins que unes nímies revelacions sobre vincles familiars de la dona del candidat i sobre la seua amistat amb socialistes rellevants va provocar una reacció desproporcionada de Ciutadans que va trencar el consens inicial. Un canvi de criteri celebrat pels seus dirigents nacionals cada dia més proclius a facilitar la investidura de Rajoy.

L’estratègia del PP és meridiana: disposat a utilitzar la negativa de Podem a donar suport com a representant del Consell de la Ciutadania una candidata sense consens social, per a dinamitar el consens, presentant tot el procés com un fracàs i, en última instància, intentar impedir que es pose en marxa una RTVV que no vol perquè no podrà controlar-la. Sorprén una mica més el comportament erràtic de Ciutadans que, després de votar a favor de la llei, es despenja dels seus compromisos per pressions d’una elit estatal encantada de servir de crossa per a la reedició d’un govern amb Rajoy al capdavant, encara no se sap a canvi de què.

Ara sabem també que entre els partits que formen el Consell tampoc hi havia acord sobre qui havia de ser el professional que, marcat per un cércol d’incompatibilitats rigorós i per contrapesos potents en la gestió de la nova Corporació audiovisual, poguera ser acceptable per a tots els actors que envolten el Palau de la Generalitat.

La vella política s’ha manifestat així en forma d’ardits i bloquejos per a l’elecció del Consell Rector i de la seua presidència. No obstant això, en Podem continuem disposats a seure totes les vegades que calga per a dialogar i buscar consensos. I aquest és un èxit de la ciutadania, que davant d’escenaris de velles i interessades argúcies, estiguem presents i siguem necessaris per a impulsar la bona política que la gent reclama.

La importància d’un servei públic de RTVV per a reforçar el dret fonamental a la informació, per a la vertebració d’aquesta Comunitat i la recuperació de la nostra autoestima com a poble, per a la revitalització del sector audiovisual i de la indústria cultural valenciana, són raons més que suficients per a continuar treballant per la posada en funcionament d’una nova RTVV a l’únic servei de la ciutadania.

Y aquí aparecen las diferencias, hay fuerzas políticas como Podemos que queremos una RTVV fruto del mayor consenso posible; hay partidos que optan por un Consejo Rector construido sobre cuotas de partido y hay quienes, definitivamente, no tienen ningún interés en que los valencianos y valencianas tengan medios audiovisuales públicos. Así estamos. Y esta radiotelevisión, o se fundamenta de partida en el diálogo y el consenso, o sus días de independencia y servicio público plural estarán contados.

El reto de una nueva RTVV forma parte de los diferentes mandatos del Acuerdo del Botánico a desarrollar desde Les Corts a iniciativa de Podemos y tiene como razón de ser la voluntad de garantizar el derecho fundamental a la información mediante una radiotelevisión pública propia. Los términos de este compromiso estaban claros: “Podemos se encargará de diseñar este proceso, fomentando la participación de la sociedad civil mediante un Forum del que formaran parte el sector empresarial y profesional y el ámbito universitario vinculado al sector”.

Podemos gestionó la participación hasta términos inéditos, convocando un foro abierto a todos los sectores afectados, incluidos los extrabajadores, abriendo el diálogo a todos los partidos del arco parlamentario y recabandola colaboración de expertos universitarios independientes. Fruto de ese trabajo colectivo fue aprobada en diciembre pasado, con la abstención de PP y Ciudadanos, una primera ley de restablecimiento del derecho de las valencianas y valencianos a una RTVV pública, en valenciano y de calidad.

Una parte del Consell parecía más inclinada a reabrir la RTVV de manera provisional, aunque solo fuese para emitir información parlamentaria, ruedas de prensa y comunicados oficiales y mucho material “enlatado”. Podemos siempre defendió que una radiotelevisión del siglo XXI que aspirase a ser un servicio público capaz de seducir a una audiencia que se alejó de Canal 9 hace años no podía improvisarse ni gestionarse sin contar con una marco legislativo previo y sin los mejores profesionales del sector. Frente a las prisas, apostamos por prudencia, diálogo y acuerdos. Y para ello promovimos el encuentro celebrado a principios de marzo para, además de revalidar los términos iniciales del Acuerdo del Botánico, deshacer prisas y malentendidos y establecer un calendario razonable para promover la tramitación de una ley que pudiese concitar el mayor consenso posible y que había de ser condición previa a cualquier tipo de emisión.

Partiendo de lo recogido en el Foro y del trabajo de personas expertas que comparecieron en la Comisión parlamentaria, se alumbró un relevante y moderno texto en el que intervinieron tantas manos que puede afirmarse sin rubor que acabó siendo una obra colectiva muy avanzada.

El texto fue mejorado en el trámite parlamentario, las distintas enmiendas reforzaron la noción de servicio público de gestión directa, los límites mínimo y máximo de aportación de la Generalitat a su presupuesto, los controles en la gestión económico financiera o el sistema de contrapesos para garantizar su independencia del ejecutivo, … Finalmente, la ley de la nueva RTVV fue aprobada este julio con más apoyos incluso que la primera ley de diciembre de 2015, en tanto que todas las fuerzas parlamentarias, salvo el PP que mantuvo su abstención, la votamos favorablemente.

El mandato asumido por Podemos en relación con la nueva RTVV en el acuerdo del Botánico, estaba casi cumplido. Entre las fuerzas políticas que habían votado favorablemente la ley existía el compromiso tácito de proveer cuanto antes el nombramiento de un Consejo Rector independiente que posibilitara que se fueran tomando las primeras decisiones empresariales. Y es aquí donde la nave recién fletada ha embarrancado en las arenas de la vieja política poniendo bien difícil seguir ensanchando el consenso que veníamos trabajando durante casi doce meses de diálogo.

Para la elección de los cinco representantes del Consejo Rector que, conforme a la ley, correspondían a las fuerzas políticas parlamentarias bastaba con volver a votar al mismo grupo de profesionales que ya fue elegido por Les Corts en febrero pasado para integrar el Alto Consejo Consultivo, el órgano que está examinado las propuestas iniciales de productos audiovisuales para la nueva RTVV. Todos los partidos asumimos esa solución menos el PP que prefirió cambiar de persona candidata.

Los problemas vinieron con la elección de representantes provisionales del Consejo de la Ciudadanía (1) y del Consell del Audiovisual (2), órganos aún inexistentes, y en cuyo nombre Les Corts habían de proponer a personas que pudiesen cumplir con esa función de forma simbólica y temporal.

Para Podemos no se trataba de volver a las viejas prácticas, tantos para ti y tantos para mí, sino de encontrar a personas en las que todos los grupos pudiésemos estar básicamente de acuerdo y que respondieran al perfil adecuado para el ejercicio de su representación. Podemos, buscando dicho acuerdo, propuso a Rosa Serrano como persona que podía representar al Consejo de Ciudadanía. Finalmente, Serrano declinó formar parte, y Podemos puso ésta vacante a disposición del consenso.

Pero mientras nosotros abríamos una puerta el PP la cerraba, proponiendo a una candidata que había tenido tareas de responsabilidad en la antigua Canal 9, que había sido testigo de la defensa en el proceso por el que se condenó al exdirectivo de Canal 9, Vicente Sanz, por acoso y abusos sexuales a tres trabajadoras, y cuyo trabajo informativo es cuestionado, entre otros, por la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio. El PP socavaba el fundamento mismo de la elección, proponiendo a una persona con estas referencias para representar, aunquefuese de manera provisional, precisamente al Consejo de la Ciudadanía en un medio de titularidad pública. Era evidente que no podíamos avalar a esa candidata.

De otra parte la propuesta socialista para la presidencia del Consejo Rector, parecía viable hasta que unas nimias revelaciones sobre vínculos familiares de la esposa del candidato y sobresu amistad con relevantes socialistas, provocó una desproporcionada reacción de Ciudadanos que vino a romper el consenso inicial. Un cambio de criterio celebrado por sus dirigentes nacionales cada día más proclives a facilitar la investidura de Rajoy.

La estrategia del PP es meridiana, dispuesto a utilizar la negativa de Podemos a apoyar como representante del Consejo de la Ciudadanía a una candidata sin consenso social, para dinamitar el consenso, presentando todo el proceso como un fracaso y, en última instancia, intentar impedir que se ponga en marcha una RTVV que no desea porque no podrá controlar. Sorprende algo más el comportamiento errático de Ciudadanos que, tras votar a favor de la Ley, se apea de sus compromisos por presiones de una élite estatal encantada de servir de muleta para la reedición de un gobierno con Rajoy al frente, aún no se sabe a cambio de qué.

Ahora sabemos también que entre los partidos que forman el Consell tampoco existía acuerdo en torno a quien había de ser el profesional que, marcado por un riguroso cerco de incompatibilidades y por potentes contrapesos en la gestión de la nueva Corporación audiovisual, pudiese ser aceptable para todos los actores que rondan el Palau de la Generalitat.

La vieja política se ha manifestado así en forma de ardides y bloqueos para la elección del Consejo Rector y de su presidencia. No obstante, en Podemos seguimos dispuestos a sentarnos cuantas veces sea necesario para dialogar y buscar consensos. Y este es un éxito de la ciudadanía, que ante escenarios de viejas e interesadas argucias, estemos presentes y seamos necesarios para impulsar la buena política que la gente reclama.

La importancia de un servicio público de RTVV para reforzar el derecho fundamental a la información, para la vertebración de esta comunidad y la recuperación de nuestra autoestima como pueblo, para la revitalización del sector audiovisual y de la industria cultural valenciana, son razones más que suficientes para seguir trabajando por la puesta en funcionamiento de una nueva RTVV al único servicio de la ciudadanía.

Optamos por lanzar esa convocatoria de manera pública “para evitar las zonas de penumbra, los pactos de café”, defendimos entonces, como seguimos defendiendo ahora, que “la ciudadanía no nos había votado simplemente para sacar al PP del poder, sino para hacer otra política y de otra manera”.

Así fue como el lunes 2 de junio, se iniciaron las reuniones que condujeron al acuerdo que jueves 11 de ese mes suscribimos los representantes de las tres fuerzas políticas que podíamos garantizar desde Les Corts el cambio de políticas públicas que reclamaba una sociedad valenciana que no soportaba por más tiempo la dolorosa alianza de ineficiencia, derroche y corrupción que había caracterizado a las décadas de gobierno del PP.

Ese acuerdo programático, denominado Acuerdo del Botánico, por el histórico jardín donde fue suscrito, permitió que el jueves 25 de junio, el socialista Ximo Puig fuese elegido como President de la Generalitat Valenciana. Para la mayoría absoluta que le permitió ser elegido President en primera vuelta fueron imprescindibles los ocho votos afirmativos prestados por Podemos y las cinco abstenciones de los restantes miembros de este grupo parlamentario.

Las cuatro semanas y media transcurridas desde las elecciones fueron particularmente difíciles. A la expectación de la ciudadanía se unía la presión de tantos analistas y opinadores profesionales que sembraban dudas interesadas sobre la posibilidad del acuerdo y la inestabilidad que podía conllevar.

Fueron semanas de tensión en las que no faltaron ni declaraciones grandilocuentes ni descalificaciones, en los que hubo encuentros y desencuentros e incluso veladas amenazas de dinamitar acuerdos de progreso ya fraguados en muchos ayuntamientos si no se facilitaba la investidura del candidato socialista a la Generalitat. Unos movimientos que en Podemos siempre vivimos como viejas estratagemas para tensar las negociaciones y debilitar al interlocutor.

Lo que si fue real y vale la pena recordarlo, fueron las presiones desde la sede madrileña de Ferraz al PSOE de Blanquerías para que pactara con Ciudadanos, a semejanza de lo que ya hacía en aquellas fechas Susana Díaz en Andalucía, erigida en principal bastión del viejo aparato socialista.

Pero Andalucía no es la Comunidad Valenciana. Aquí no se trataba de conservar el poder territorial a cualquier precio. Aquí la prioridad era rescatar a una sociedad dinámica pero al borde del total colapso social, económico y cultural por la prolongada manipulación del PP de todos los resortes del poder institucional y sus peligrosas incursiones en el ámbito financiero y mediático, entre otros sectores contaminados por prácticas clientelares. Como tampoco era igual el hartazgo social expresado durante tanto tiempo en las calles, y finalmente en las urnas, de una sociedad a la que asfixiaba tanta prepotencia, mentira y corrupción.

Contra lo predicho, o incluso deseado, por agitadores y agoreros, el acuerdo fue posible, un acuerdo programático, que contenía cinco ejes básicos para la actuación política. Ejes concretados en medidas urgentes, inaplazables, orientadas a la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social, de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción, medidas para un cambio de modelo productivo más eficiente y articulado sobre el principio de la sostenibilidad. Medidas que priorizan la inversión social tendente a la recuperación de servicios públicos básicos, como los de sanidad y educación, a la altura de las necesidades y aspiraciones de las valencianas y valencianos del siglo XXI.

Ahora, cuando la combinación de los efectos de una ley electoral de sesgo mayoritario, en la que los votos emitidos ven alterado su valor por efecto del tamaño de las circunscripciones, y de unas reglas institucionales concebidas para favorecer el bipartidismo, dificultan la expresión política de la mayoritaria voluntad de cambio expresada en las urnas, conviene rememorar las condiciones de aquel acuerdo. No sólo para recordar que fue Podemos quien rompió con el inmovilismo y sentó las bases que hicieron posible el acuerdo del Botánico que se identifica en los medios de comunicación como el “acuerdo a la valenciana”, sino también algunas de las razones que lo hicieron posible y las diferencias con el acuerdo al que cabe aspirar hoy para el gobierno de España.

En primer lugar, es fundamental recordar que el acuerdo del Botánico no es tan sólo un acuerdo entre partidos, sino un acuerdo alcanzado de manera pública y con la participación, indirecta pero decisiva, de una nutrida representación de entidades y colectivos sociales cuyas reivindicaciones de años recibieron respaldo en el documento.

En segundo lugar, el acuerdo del Botánico no es un pacto cerrado, sino un acuerdo de mínimos al que se incorporaron mecanismos de seguimiento, desarrollo y evaluación que, no sin dificultades, vienen dando garantía de continuidad a los compromisos de acción política adquiridos ante la ciudadanía.

Por esta doble vía el acuerdo del Botánico se ha convertido en un acuerdo con la gente, por la gente y para la gente. La meditada decisión de Podemos de prestar al candidato del PSOE tan sólo ocho de los trece votos disponibles, junto a la renuncia a integrar el gobierno valenciano no fueron sólo una prueba de altura de miras y generosidad política sino también una garantía adicional del acuerdo al posibilitar un singular equilibrio entre la estabilidad del gobierno autonómico y la capacidad de control parlamentario de la acción política del mismo.

La cuestión para Podemos, no residía ni en cambiar de personas, ni en cambiar la denominación de las consellerias, sino en cambiar realmente de políticas. Y era evidente que un PSOE valenciano, instalado durante veinte años en la oposición, con mínima renovación generacional y de propuestas y con escasa influencia en la política nacional, que además había obtenido el peor resultado electoral de su historia, no gozaba de las mejores credenciales para garantizar el cambio de rumbo que demandaba la nueva mayoría social. De ahí la importancia no tanto de entrar en el gobierno, sino de ejercer un papel de vigilancia y contrapeso de aquel desde nuestra estrecha vinculación a la sociedad civil.

Con frecuencia los modos e inercias de la vieja política, las resistencias de una administración poco transparente y marcada por décadas de prácticas clientelares, entre otros inconvenientes, ponen en serías dificultades la labor que Podemos se ha reservado en el acuerdo del Botánico para asegurar el cumplimiento y desarrollo de sus principios. Pero la principal dificultad estriba en contribuir de manera activa y día a día, que se ejecuten políticas de lucha contra la desigualdad y que mejoren las oportunidades de la mayoría social al tiempo que se fortalecen los mecanismos de participación ciudadana. Políticas cuya efectividad pone en cuestión los privilegios de minorías muy sólidamente asentadas en el orden económico y social, cuya capacidad de influencia penetra incluso las interioridades de instituciones y fuerzas políticas tradicionales.

Por esta razón, desde nuestra experiencia en la concepción y aseguramiento del acuerdo del Botánico, apostamos porque el “acuerdo a la valenciana” que algunos defienden para el gobierno de España, sea un acuerdo sobre principios básicos de actuación, abierto a las demandas y aspiraciones de la mayoría social, un acuerdo dinámico y sujeto a seguimiento, desarrollo y evaluación. En suma un acuerdo con garantías.

Y la mejor garantía en este momento decisivo para una España que debe afrontar grandes retos económicos y sociales, también en términos europeos, junto a una profunda tarea de regeneración política que no puede posponer el definitivo reconocimiento de su rica diversidad, es la de un acuerdo programático básico sí, pero cuya ejecución sea asumida por un gobierno que incorpore a las fuerzas de cambio progresistas. Un gobierno que ahora requiere, en el ámbito estatal, de la presencia de Podemos y sus confluencias, así como de la colaboración activa de otras fuerzas afines.

Un gobierno que el PSOE no puede permitir que defraude la ilusión mayoritaria de cambio real, recurriendo al comodín que le ofrece la nueva derecha, porque eso sería continuista para España y letal para el propio Partido Socialista. Es momento de un gobierno proporcional y equilibrado que articule en su propia composición los debidos contrapesos para que el poder no sólo frene al poder, sino para que se garantice su permanente sometimiento a los intereses de la mayoría social.

Antonio Montiel Márquez es Síndic del Grup Parlamentari Podem en las Corts Valencianes y secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana.