Acaba de ser publicado el libro que lleva por título Personas privadas de libertad y familiares. Las consecuencias del alejamiento penitenciario. Esta obra contiene los documentos que a lo largo del primer semestre de 2018 estuvimos elaborando con los compañeros Albert Parés Casanova, Carlos García Castaño y yo mismo, para solicitar el traslado de Jordi Cuixart Navarro a una cárcel de Catalunya.

Dichos trabajos consistieron en la elaboración de unos Dictámenes que realizamos tras un estudio previo sobre la normativa internacional, Sentencias e Informes de organismos nacionales e internacionales, de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de la Unión Europea, desde una doble mirada:

Posteriormente, Carlos García Castaño presentó esos Dictámenes con su propio escrito al entonces Ministro del Interior del anterior Gobierno de España para solicitar el traslado de Jordi Cuixart Navarro hacia Catalunya.

La decisión, ahora, de hacer públicos estos documentos, reunidos todos en esta obra (en publicación bilingüe, castellano y catalán), obedece a la convicción de que puedan ser materiales útiles para los miles de presos y presas sociales que en el sistema penitenciario español se hallan alejados/as de sus Comunidades autónomas, de sus familias y puedan encontrar en estos documentos sólidos argumentos para luchar por el acercamiento carcelario que es un doble derecho fundamental, como se ha dicho, de las personas privadas de libertad pero también de sus familias, tan poco tomadas en cuenta por las decisiones políticas y judiciales y la opinión pública en general. Pocas veces, en efecto, se examinan los “padecimientos añadidos” del encarcelamiento, los traslados (verdaderos “agujeros negros” del sistema penitenciario) y lo que supone el alejamiento y consecuente incremento de la soledad de las personas presas y el debilitamiento y a veces ruptura de sus lazos familiares. También resulta afectado el derecho de defensa de las personas presas que tienen a sus abogados/as en lugares muy distantes sin la posibilidad de un contacto fluido para preparar sus defensas cuando se trata de presos y presas preventivos/as.

Pero mucho menos aún se trata y se analiza la situación de las personas que quedan fuera de la cárcel, profundamente afectadas por el encarcelamiento de un miembro de su familia. En la inmensa mayoría de los casos, los familiares quedan sin redes de soporte que les ayuden a paliar los perniciosos efectos del encarcelamiento. Los daños aludidos, se proyectan especialmente sobre las familias y entornos sociales de las personas presas, no menos perjudicados que éstas en un sinnúmero de cuestiones esenciales de índole personal, afectiva, laboral, económica, asistencial. Y son muy especialmente las mujeres quienes padecen en sus vidas cotidianas las ausencias de parejas, hijos y padres privados de libertad, daño cuyo examen requiere una especial perspectiva de género en su consideración. Evidentemente, los hijos e hijas de las personas encarceladas y alejadas de sus domicilios padecen de un modo especialmente duro los efectos perniciosos que se comentan.

A intentar paliar un poco todo este conjunto de daños acumulados, se dirige la presente obra en la creencia que cuanto se aquí se indica pueda ser de utilidad para reducir en algo consecuencias del encarcelamiento poco examinadas y tratadas en las agendas políticas, mediáticas, académicas y sociales. Con esa finalidad, desde el Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional (SIRECOVI) –y desde el que continuamos atendiendo y visitando a personas privadas de libertad que solicitan nuestra atención- se ha recopilado este material que aquí presentado.

El libro contiene un Prólogo escrito desde la cárcel por Jordi Cuixart Navarro quien narra en primera persona esta situación que no dudamos en calificar como constitutiva de un trato cruel, inhumano y degradante. Expresamente señala,

“Enseguida me di cuenta de que el aislamiento de la prisión afecta casi tanto a la persona privada de libertad como a su entorno, especialmente la familia. Mi hijo pequeño y mi compañera han tenido que recorrer unos 35.000 kms para venir a verme a la prisión, con todo lo que eso supone. Una distancia añadida a las dificultades y hostilidades que generan las cárceles. Una de las caras más amargas de la cárcel es ver crecer a tu hijo a través de un cristal. Debido a este doble castigo: represión y el encarcelamiento lejano, personas de todas partes del Estado coordinadas por el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona han recogido argumentos para defender el derecho a estar en una prisión cercana a la residencia familiar. Un derecho -en ningún caso una concesión o un privilegio- que conecta con el derecho fundamental a la intimidad personal y a la vida familiar, y el derecho de los hijos menores a mantener una relación con sus padres. El libro que tenéis en las manos pone especial énfasis en la existencia de un hijo menor, porque el alejamiento vulnera no solamente los derechos de las personas presas, sino también los de los familiares. Ahora más que nunca, soy consciente de lo que supone el alejamiento penitenciario y del deber colectivo que tenemos como ciudadanos de exigir que se cumpla el derecho de estar cerca de los tuyos. La cárcel en muchos casos es un espacio opaco donde se producen violaciones de derechos humanos fundamentales, el alejamiento es una más. Con este prólogo quiero homenajear también a todos aquellos presos y sus familias que un día decidieron que lo podían perder todo menos su dignidad, su testimonio es un ejemplo” (Jordi Cuixart Navarro, ingresado en prisión preventiva en Soto del Real el 16 de octubre del 2017 cuando su hijo tenía 6 meses, hasta la actualidad, 400 días después).

Como es bien conocido, después de haber estado solicitando durante unos seis meses el traslado de los presos y presas políticos/as desde las cárceles de Madrid hacia Catalunya, se logró finalmente que dicho traslado se ejecutara a inicios del verano de 2018. Ello motivó que todos ellos/as pudieran ser conducidos hacia las prisiones cercanas a las ciudades de Barcelona, Tarragona y Girona y supuso una mitigación, si así puede decirse, del sufrimiento y del dolor añadido que no sólo para ellos/as sino para sus familias, para sus hijos y, en fin, para sus entornos sociales, había supuesto el alejamiento penitenciario. Desde el Sistema de Registre de i Comunicació de la violencia institucional de la Universitat de Barcelona, habíamos alegado entonces, desde principios de año, toda una serie de vulneraciones de derechos que consistían en el derecho a estar preso en una prisión cercana al domicilio, el derecho de los hijos y de las familias, especialmente de los menores de edad, a poder mantener unas relaciones familiares lo más acordes y similares posibles a los de la vida en libertad debido a la cercanía familiar de la prisión y, asimismo, el derecho a poder contar con todos los medios necesarios para preparar una defensa en condiciones, derecho que se veía y se vio seriamente limitado durante tantos meses de encarcelamiento alejado de Catalunya. Diversos artículos he ido publicando a lo largo de este año con alegatos jurídicos, relatos de anomalías procesales y análisis penológicos. Pero ahora quisiera poder detenerme en la consideración más humana y cotidiana que se asociará a las consecuencias psicosociales de la causa penal contra los/as presos/as políticos/as catalanes.

Como consecuencia del traslado a las cárceles de Catalunya, se inició así una cierta etapa, verdaderamente breve, que durará unos 6 meses aproximadamente, en los cuales se pretende producir aquello que en la ciencia penitenciaria se quiere denominar como un “principio de normalización” entre la vida carcelaria y la vida en libertad que supone intentar asimilar las condiciones de la vida cotidiana en el exterior de una prisión a aquéllas que se dan en una situación de privación de libertad. Dicho principio, evidentemente, no pasa de ser un mero mandato prescriptivo, propio del mundo del deber ser pero que poco se compadece con la realidad puesto que, por supuesto, sigue siendo una privación de libertad en cierta manera diferente o mitigada como decía pero, privación de libertad al fin en el interior de una cárcel con todas las consecuencias que una situación semejante comporta.

Y ahora pasado un tiempo, nuevamente, ante las acusaciones que se han formulado desde el Ministerio Fiscal y la Abogacía General del Estado, se verificarán los traslados a las cárceles de Madrid para que, otra vez, estén a disposición de un tribunal central, diferente a un tribunal de Catalunya donde el “principio del juez natural” haría que en el hipotético caso que hubiere algo que juzgar, ello se verificase ante un juez del territorio catalán -conforme a las reglas generales de determinación judicial de la competencia (alteradas en este macro proceso o causa general)-, y no ante un organismo de excepción, ad hoc o paralelo como es el propio de un tribunal centralizado de un Estado. En efecto, las reglas normales de determinación de la competencia de un juez para que conozca de la perpetración de un delito, establecen que conocerá del mismo el juez del lugar, del partido judicial, donde dicho acto se ha cometido. A los meros efectos dialécticos, podríamos plantear que los supuestos delitos de que se acusa a los/as presos/as políticos/as catalanes, de existir (hipótesis que no aceptamos), habrían tenido lugar en Catalunya. ¿Por qué entonces conoce de ellos un tribunal que está fuera del territorio catalán?: porque en su día se atribuyó dicha competencia a la Audiencia Nacional dando paso así a todo un conjunto de anomalías procesales que escapan ahora a esta reflexión, pero que no pueden ser olvidadas pues de aquellos lodos tenemos estos resultados… (invirtiendo el refranero popular). No obstante, semejante anomalía procesal no es otra cosa que una de las pruebas de la auténtica naturaleza política de todo este combate policial, judicial y penitenciario que pretende revestirse de contornos jurídico-penales.

Todo ello comporta por tanto, y no es un dato menor, el regreso a las prisiones de aquel territorio con todas las consecuencias inherentes que vamos a pasar a comentar a seguido.

Una vez que se produzca, nuevamente, el traslado de los presos y presas políticos/as hacia Madrid para la preparación e inicio de todas las sesiones del juicio oral, se inicia sin duda un nuevo momento vital. Y será el momento de una profunda acentuación de la tensión que ha sido persistente a lo largo de todo este tiempo pero que sin duda se incrementará a medida que la proximidad, primero del juicio y de su muy larga celebración posterior, va a ir acentuando la ansiedad, la angustia, la tensión y todos los síntomas y consecuencias añadidas a una situación semejante.

Como he tenido ocasión de comentar en alguna visita mantenida este verano con alguno de los presos y presas políticos/as, se van a producir muy posiblemente un conjunto de situaciones que pueden ser desconocidas para quienes no estén compenetrados con las rutinas de la administración de justicia. Ellos/as saben y son conscientes de lo que supondrá el regreso a las cárceles alejadas de Catalunya, alejados nuevamente de sus seres queridos y de un entorno socio cultural mucho más empático digamos así con su situación. Saben perfectamente que se aproximan tiempos muy duros…

En primer lugar, una vez regresados a las cárceles madrileñas y a título de mero ejemplo de lo que estoy diciendo, previamente a las sesiones del juicio, las visitas constantes de los/as abogados/as para la preparación de una vista que requiere de la lectura y conocimiento de más de aproximadamente 100.000 folios de todas estas actuaciones, habla de algo de una dimensión verdaderamente extraordinaria. Y esa es la calificación de toda esta auténtica causa general que por supuesto provocará en las personas que lo viven, el incremento de una tensión cotidiana en la que será muy difícil dejar de pensar un instante en todo el desarrollo del proceso y sus consecuencias posteriores. No sabe la gente que no ha pasado por esas experiencias la angustia que todo ello va a suponer. Lo que diré a continuación no es sólo propio de las personas presas sino también de quienes habrán de acudir como acusados/as desde su actual situación de libertad, pero, por motivos obvios de imaginar, aquí la reflexión se centra y se acentúa en quienes están privados de su libertad.

En segundo lugar, todo ello va a provocar, desde el primer día que el juicio se inicie, el traslado constante, permanente y cotidiano de todas las personas presas, desde las primeras horas de la mañana, desde la periferia adonde radican las cárceles de Madrid hacia las dependencias que se habiliten para la celebración de ese juicio. Se iniciará un periplo que contendrá una rutina consistente en la preparación y salida carcelaria, el traslado en furgones o vehículos semejantes durante todos los días, llegarán a los calabozos del palacio de justicia desde primeras horas de la mañana, serán después conducidos a la sala que se habilite para la vista oral, teniendo que estar constantemente atentos a todo lo que suceda durante el día, los días, de las semanas, de los meses, de todo este proceso. Después, muy posiblemente en horas de la tarde a veces, de la tarde-noche otras veces, dependiendo de las incidencias de cada sesión del juicio, de las vicisitudes procesales (práctica de pruebas, relatos de centenares de testigos, etc.), tendrán que ser otras vez trasladados a las prisiones por la noche para pernoctar en ellas. Así, sucesivamente, esta rutina muy probablemente se va a prolongar durante meses, con el consiguiente aumento de todas las tensiones que esto va a provocar, como antes he dicho. Tensiones que no solamente se van a reflejar en los/as propios/as presos/as políticos/as, sino también en sus abogados/as y por supuesto, y de manera muy especial, en sus familias quienes van a vivir a la distancia la tensión a la que me refiero. Como todos sabemos, las distancias incrementan cuantitativa y cualitativamente las consecuencias de todo esto.

Pasarán así, obvio es decirlo, los días, cambiarán incluso algunas estaciones climáticas, vendrá el frío… y los traslados diarios continuarán realizándose durante la celebración del aludido juicio. Sólo cabe esperar que todo ese sufrimiento, tensiones y dolor que todo esto va a ir suponiendo durante los próximos meses, despierte a una sociedad que no puede –y no debe- continuar adormecida o indiferente frente a la administración de tanta injusticia.

La puesta en libertad de las personas acusadas, no sólo es un imperativo legal, sería también una muestra de un mínimo rasgo de humanidad que hasta el momento no se ha producido. Parece que las acusaciones de delitos inventados en un proceso plagado de irregularidades que abonarían la tesis de la nulidad, sólo quieren ahondar en el escarmiento.

A lo largo de los 8 volúmenes que constituyen la obra “De la guerra”, del famoso von Clausewitz, se desarrollan todas las modalidades que en aquellos tiempos podían integrar el concepto de lo bélico. La famosa frase relativa a que “la guerra es la continuación de la política por otros medios” no contenía ningún elemento eufemístico, ni cínico: la guerra en todas sus modalidades, señalaba el autor, siempre constituye un “acto político”. Claro que las modalidades han ido cambiando, pero el dominio por él sostenido acerca de la necesidad de dominar las claves de un Estado (el dominio territorial, la centralidad del poder y el manejo de la economía) parece que sigue siendo actual.

Se están conociendo estos días operaciones increíbles orquestadas desde las más altas magistraturas del Estado contra Cataluña tras no poder impedir la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. El diario ARA revela que la llamada “fuga masiva de empresas” de Cataluña (que en realidad eran cambios de sedes sociales, pero cumplían un efecto de impacto ideológico y psicológico inmenso) no se debió al “malestar e incertidumbre” del procés ni del referéndum, sino que fue una fina, fría y concienzuda campaña estratégicamente orquestada desde frentes muy precisos, en especial, la Presidencia y vice-Presidencia del Gobierno, el ministro de Economía de entonces y, atención y especialmente, el Rey de España. Desde esos órganos, nada menos, se orquestó y se ejecutó la orden de retirada masiva de capitales de, por ejemplo, Caixa Banc y el Banc Sabadell. Más de 10.0000 millones de euros retirados –a partir de las órdenes del 2 de octubre- que hicieron tambalear la continuidad de los bancos, luego compensados una vez que se habían “fugado” de Cataluña, crearon además el efecto de bola de nieve que provocó el temor de tantos inversores y pequeños ahorristas. Parece que no escatimaron en esfuerzos: el ministro de Economía hizo el oportuno “decreto a medida” para facilitar “la fuga” y se celebraron sendas reuniones del Rey de España con el Director de Caixa Bank, según informa con precisión el ARA, además de una serie de llamadas telefónicas de la Corona a directivos de empresas multinacionales, y otras presiones “reales” sobre otras empresas claves, tales como la Seat … Ahora se van entiendo mucho mejor algunas cosas.

“La política continuaba en efecto por otros medios”…. Clausewitz nuevamente. La palabra “guerra” cobra un sentido pleno cuando semejante operación de desestabilización económica (inmensamente irresponsable y que pudo causar estragos en el mercado bursátil y en los puestos de trabajo…) se revela que se diseñó y ejecutó por quien, de acuerdo al art. 56 de la Constitución Española, debe arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones del Estado. No fue entonces ningún “nerviosismo de los mercados” ni nada semejante provocado por el procés. Los agitadores estaban en sendos palacios del gobierno político y económico. ¿Es posible cuantificar el “daño social” que han causado con semejante operación de desestabilización e intentos de descapitalización de entidades bancarias? ¿Se sabe la desazón y las discusiones e impacto emocional que todo ello causó en miles de familias?

En otros países de tradición angloparlante, se denomina “state corporate crime” a la fusión entre entidades estatales y capitales privados para o bien cometer delitos o bien provocar situaciones de gran concentración de poder político y económico. Esa etiqueta queda incluso corta para calificar lo que desde las instancias del poder central han hecho contra la sociedad catalana, sus instituciones y su propia cohesión social.

Pero, como además nada de ello fue suficiente para frenar el anhelo de participación democrática de la inmensa mayoría de la sociedad catalana (del signo que fuera, pero que apoya un derecho a pronunciarse sobre su destino), entonces acabaron, además, echando mano del Sistema Penal. Primero, golpeando a los votantes con la fuerza más bruta que supieron emplear el 1 de octubre, luego encomendando a la Audiencia Nacional la gestión penal del conflicto político, enseguida recurriendo a la prisión de los líderes catalanes que ahora cumplen ya su primer año de prisión preventiva. En fin, como es sabido, después interviniendo toda la autonomía, su economía, destituyendo a su presidente y disolviendo, nada menos, que su Poder Legislativo y decretando nuevas prisiones, entre ellas, la de su presidenta.

Si aún después de tantas revelaciones alguien se atreve a poner en duda que el proceso penal actual es completamente político (y no jurídico) y funcional a las anteriores operaciones económicas, debería de leer al autor prusiano antes citado y entender que la dimensión bélica de un conflicto se alcanza, precisamente, cuando el mismo emplea todos los aparatos del sistema penal (policía, jueces y cárcel), pero también y sobre todo cuando alcanza a las estructuras económicas que desestabilizan una sociedad. Sólo estamos empezando a conocer algo de las cloacas que cada vez apestan más; pero la historia es inexorable y antes o después retrata a sus actores y pide rendición de cuentas, aunque ahora se crean impunes.

Quisiera tratar con una tranquilidad reflexiva, a veces difícil de realizar debido a la vertiginosidad de los acontecimientos y la tensión e intereses que rodean a ciertos temas, desde un punto de vista fundamentalmente analítico y académico, la expresión tan discutida en los últimos meses, sobre si existe, o no, la categoría de preso político en España. Con frecuencia, la negación a aceptar su existencia se argumenta señalando que en una democracia la disidencia está permitida y legalizada y por tanto supondría una contradictio in terminis aceptar una categoría semejante.

1. La noción de “delito político”. Orígenes y contornos de una polémica político conceptual

Para comenzar, creo que pocas veces se repara en el hecho de que, antes de tratar sobre la existencia o no de presos políticos, debería pensarse en el estadio cronológicamente anterior a la situación de privación de libertad que la determina. Aludo a la categoría de “delito político” (antigua y muy conocida en el derecho penal), especialmente pensada, discutida y legislada en las postrimerías del siglo XIX y durante buena parte del XX y siempre rodeada de una polémica que la situó entre los temas más controvertidos de la doctrina jurídica. En realidad, desde finales del siglo XIX, como desde Franz von Liszt en Alemania y Jiménez de Asúa en España quedó de manifiesto, parecería tratarse de un binomio de aceptación imposible para las dos partes en conflicto. Repasemos brevemente los principales contornos de la discusión aludida.

Los orígenes, modernos, del concepto de delito político, se encuentran en el combate (y esta palabra es relevante pues pone de manifiesto la dimensión bélica sobre la que se asienta la cuestión) contra el movimiento obrero, contra sus manifestaciones más organizadas y “radicales” y en concreto contra lo que se dio en llamar “el anarquismo” por numerosos autores. Muchos autores y líneas de la criminología positivista y tardo-positivista pueden dar testimonio de cuanto se indica. Repasemos brevemente algunos antecedentes.

En Italia, su denominada Scuola Positiva, que formuló una primera Criminología, tuvo a sus más preclaros autores dedicados al combate con el anarquismo decimonónico. Cesare Lombroso y Raffaele Garofalo, con sus planteamientos antropológicos el primero e inocuizador el segundo, escribieron sendas obras sobre los anarquistas para realizar las primeras teorizaciones sobre el concepto de delito político, llegando a la propuesta inocuizadora para sediciosos y rebeldes de reclusión perpetua y eliminación. En Alemania y desde Marburgo, Franz von Liszt, en su Idea del fin del Derecho penal, construyó para el anarquismo la tipología de los “incorregibles” atribuyéndoles el nombre de “la célula cancerosa del proletariado” y recomendando penas privativas de libertad de por vida y duración indefinida para ellos. Bélgica y Francia también tuvieron escuelas que, con Guerry y Quetelet, a partir del descubrimiento de la estadística, trataron la categoría de la “desviación” a partir de las concepciones sobre “el hombre medio” para combatir las expresiones extremas de la disidencia política y socio laboral. España, por su parte, tuvo un nutrido grupo de autores como Rafael Salillas, Pedro Dorado Montero, Fernando Cadalso y el propio Luis Jiménez de Asúa que teorizaron sobre la disidencia política y dieron sus contribuciones para el diseño de una figura penal en torno a la misma.

Todo ello, señalado aquí en extrema síntesis, tuvo su plasmación en numerosas iniciativas legislativas que conformaron las primeras normativas que luego serían conocidas como “antiterroristas” para el combate e inocuización de la disidencia política radical. Diversos ejemplos podrían citarse. Sin duda fue el anarquismo el gran movimiento perseguido por el Positivismo Criminológico, con leyes especiales para ello de donde muchas de las figuras penales, procesales, policiales y penitenciarias que luego fueron permeando en los ordenamientos jurídicos posteriores: Inglaterra en 1861, Alemania en 1884, Austria en 1884, Bélgica en 1886, Francia en 1892, Suiza en 1894, Italia en 1894, Dinamarca en 1881, Portugal en 1896. También fue conocido el Protocolo antianarquista de San Petesburgo en 1904 que recogió específicamente la ideología de la “defensa social” como argumento legitimador. En España, en 1870 la Ley de Orden Público se estableció contra el movimiento obrero, contra sus líderes, contra su aparato de propaganda, a través de una especial reserva procesal con la jurisdicción militar. Durante la dictadura franquista, el Tribunal de Orden Público, como es bien sabido, fue uno de los principales órganos encargados del enjuiciamiento del amplio espectro de la expresión política de la disidencia.

2. Delincuentes políticos: ¿quién define a quién? Un problema de poder

Como se ve, existe una larga tradición doctrinal y legislativa en torno al tema objeto de estas reflexiones. Desde al menos 150 años ya, uno de los aspectos más problemáticos del concepto mismo de “delito político” y que tal vez sea el de mayor envergadura. Aludo a la controversia del propio binomio, originada en el hecho de que para quienes lo cometen, no puede haber delito: sólo aceptarán, normalmente, la existencia de una confrontación política anulando así la noción “delictiva” de sus acciones. En cambio, para quienes lo persiguen, sólo habría delito (“común”), sin implicaciones políticas de ninguna índole. Es decir, el conflicto en uno de sus grados máximos: perseguidores y perseguidos, cada uno niega uno de los términos del binomio, ¿quién decide pues?, evidentemente quien esté en situación un ostentar mayor poder para la imposición de su tesis. Pero claro, si se trata de una cuestión de poder, entonces el carácter precisamente “político” del asunto aflora con mayor intensidad.

El primer problema con el cual se enfrenta todo estudioso de estas cuestiones reside en el concepto mismo de “delito político”. Tales problemas derivan, como mínimo, de las siguientes razones. En primer lugar, porque desde la irrupción del llamado “constitucionalismo social” (tras la Posguerra de la Segunda Guerra Mundial, e iniciado con las Constituciones italiana y alemana), se ha pretendido siempre su “desaparición”. Como antes se dijo: en un régimen democrático no puede haber delitos políticos porque la disidencia está legalizada. Así se expresan numerosos autores, medios de comunicación, representantes gubernamentales, etc., todo lo cual pretende instalar, efectivamente, una imagen que teñiría de falaz cualquier pretensión de mencionar que existen delitos (y presos) políticos. Sin embargo, semejante pretensión se va a contradecir por sí misma. En efecto, como tendremos ocasión de ver más adelante, quienes niegan la existencia de delitos (y presos) políticos, deberán aceptar, al menos, que sí existen leyes (sustantivas y procesales), cuerpos de seguridad, magistraturas y regímenes penitenciarios, todos ellos “especiales”, “excepcionales” o, en todo caso, no ordinarios ni normales y, por ello mismo, distintos para el tratamiento de una conflictividad que también es distinta a la que de ordinario trata el derecho penal. Retomaré esta cuestión más adelante.

Con todas estas dificultades (que sólo son iniciales pues hay otras) que impiden una conceptualización homogénea o consensuada, diversos autores intentan una definición de “delito político” señalando que el mismo traduce aquellas infracciones a las leyes penales cometidas con una intencionalidad política (López Garrido 1987, Serrano Piedecasas 1988: 136 y ss.). Otros autores alcanzan a reconocer que se trata en efecto de infracciones que se cometen en el contexto de una lucha o conflicto político y surgen de la ausencia de homogeneidad social (Olarieta).

Mas, pese a tales intentos, inmediatamente surge otro inconveniente que dificulta, aún más, su tratamiento. Aludo a su naturaleza “colectiva o grupal” que, sin duda, constituye una de sus características sobresalientes pues normalmente se pretende acudir a una comisión grupal, tumultuaria o similar. Y, en efecto, semejante naturaleza causa nuevos problemas de conceptualización pues la misma choca frontalmente con un Derecho penal anclado en la tradición y en los principios de culpabilidad y responsabilidad “individual” (cfr. Serrano Piedecasas op.cit.). A ello se une, muy estrechamente, la circunstancia representada por la progresiva tendencia a la criminalización de nuevas figuras, distintas en todo caso al autor material y directo de las infracciones: colaboradores, cómplices, encubridores, inductores, difusores de comunicados de ciertos grupos (ya sea de medios de comunicación, de imprenta o de empresas editoriales), etc.

En síntesis, de todo lo dicho emerge no sólo la conclusión de la existencia de una antigua categoría político-jurídico-penalística, sino la constatación de una contradicción irresoluble: cada una de las partes del conflicto, niega a la otra la atribución que ella pretende, una niega lo delictivo, la otra niega lo político. El antagonismo es claro, el conflicto es profundo y posiblemente sea necesario acudir a otras variables para su aclaración final, si es que la misma es posible.

3. ¿Qué sistema penal se emplea para el combate?

Una dimensión poco considerada en los últimos meses, a consecuencia del conflicto entre Catalunya y España, y que puede ser útil para aclarar la existencia, o no, de presos políticos que se pretende en este trabajo, es analizar qué sistema penal se ha empleado para el tratamiento de lo que se llamó “la cuestión catalana”. Antes de abordarlo, convendrá señalar que por sistema penal se entiende algo preciso y no cualquier concepto.

Citando a Bergalli y a Baratta (quienes elaboran sus definiciones a propósito de los trabajos de Max Weber), podemos decir que la expresión “sistema penal (originariamente perteneciente al ámbito cultural británico y norteamericano, en los cuales el concepto de penal system posee una larga tradición) comprende algunas grandes esferas que se relacionan con la producción, la interpretación y la aplicación del derecho. Sí, se ha acuñado la expresión ”sistema penal estático“ para identificar el proceso de producción de un determinado derecho (en principio reservado al Poder legislativo y cada vez más al ejecutivo en desviación de una estricta separación de poderes) y se ha reservado la de ”sistema penal dinámico“ para aludir a las actividades desarrolladas por las policías, la jurisdicción y la cárcel, en las tareas de interpretación y aplicación del derecho. Dicho de modo sencillo: sería muy ilustrativo ver, acerca del ”conflicto catalán“ cuáles han sido las agencias del sistema penal que se empleado para el tratamiento del mismo.

Resulta bastante claro, tras un año de agudización de los episodios de dicho conflicto, que el mismo ha sido tratado, fundamentalmente, por agencias del sistema penal que no son las estrictamente “ordinarias” sino otras de carácter especial (por más que hayan sido “normalizadas” a golpe legislativo o de reales decretos). Aludo a la actuación de cuerpos y fuerzas de seguridad no autonómicas que literalmente “desembarcaron” en Catalunya para la represión de quienes organizaban y votaban el pasado 1 de octubre de 2017 en el referéndum de autodeterminación. También se alude a la inicial tramitación judicial de la causa contra el Gobierno catalán por parte de la Audiencia Nacional (conviene siempre recordar que su creación se produjo el día 4 de enero de 1977 por un Real Decreto que, primero suprimió al Tribunal de Orden Público y acto seguido creó la Audiencia Nacional el mismo día, en el mismo edificio y con los mismos jueces intactos). Y por supuesto, también se alude a la intervención del Poder ejecutivo en Catalunya, cesando a su presidente democráticamente elegido, a todo su Gobierno y decretando la disolución del Parlament de Catalunya, en tanto que los Juzgados Centrales encarcelaban a los líderes sociales del movimiento independentista y a la mitad del Gobierno en prisiones a 700 kilómetros del lugar de residencia de sus familiares [1]. Asimismo, se alude a la acusación de un delito pensado para alzamientos armados y otros supuestos terroristas que requieren el empleo de la violencia, elemento que no concurre (afortunadamente) en el caso examinado como han tenido ocasión de pronunciarse centenares de profesores de derecho penal en España y distintos estamentos judiciales de Alemania, Bélgica y Escocia hasta la fecha.

Este “torcimiento” del derecho, implica la paulatina inutilización de los instrumentos “ordinarios” del Sistema penal en el sentido antes indicado y el cada vez más frecuente empleo de herramientas “extraordinarias o de excepción” que a su vez permiten un subsistema penal extra legem propio de una guerra sucia que se expresa en ataques de la ultraderecha a disidentes en la actualidad y en la ejecución de una estrategia de la tensión“ que sorprendentemente no activa a la Fiscalía en su persecución, como claramente ha advertido Queralt recientemente. Esto requiere de alguna consideración aún de mayor calado, de ámbito europeo continental.

Como es bien sabido, tras el fin de la Posguerra de la Segunda Guerra Mundial comenzó a desarrollarse el movimiento conocido como “constitucionalismo social”. En tal sentido, paradigmática fue la Constitución italiana de 1948, la cual supuso un modelo que sería seguido por otros Estados europeos. La articulación de la fórmula del Estado social y democrático y derecho, la consagración de amplios catálogos de derechos fundamentales y garantías procesales junto a mecanismos de protección de ambos, la plasmación constitucional de la finalidad resocializadora de las penas privativas de libertad, junto a otras notas, dibujan esquemáticamente el movimiento aludido.

Mas, pese a todo ello, pronto los cimientos mismos de esas operaciones reformistas se verían subvertidos por nuevos acontecimientos. En efecto, casi contemporáneamente a la época que se está describiendo irrumpió en diversos países europeos el fenómeno de la violencia política (cierto es que en algunos países, incluso, semejante irrupción ya se había verificado anteriormente). Irlanda, la República Federal de Alemania, Francia, Italia o España, por citar a los más emblemáticos en este sentido, conocieron el problema del terrorismo e, inmediatamente, reaccionarían contra el mismo. En el convencimiento que para combatirlo eran insuficientes los instrumentos ordinarios de que disponían los Estados, se decidió echar mano de nuevas herramientas que se consideraron extraordinarias. Se iba inaugurando así la denominada legislación, o más precisamente, la “cultura” de la emergencia [2]. Y ello se verificaría, rápidamente en distintos frentes:

– En el ámbito legislativo sustantivo: a través del surgimiento de las llamadas leyes antiterroristas que aumentaron las penas para estos delitos, previeron cierres editoriales y de periódicos, etc. En el caso del conflicto catalán, conviene no olvidar de dónde proviene la creación de los delitos de rebelión y sedición y la naturaleza política que motivó su adopción en la legislación.

– En las competencias y prácticas policiales: dotando de mayores márgenes de maniobra a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de los Estados o creando cuerpos de élite en aras a fortalecer el fetiche de la eficacia policial. En caso de Catalunya, el “desembarco” de cuerpos policiales no autonómicos para la represión de los votantes del referéndum del 1 de octubre es un dato de la realidad.

– En la creación de Jurisdicciones y Tribunales especiales: para el enjuiciamiento de los delitos fuera de las áreas geográficas donde aquellos eran cometidos (y vulnerando así el constitucional principio del “juez natural”). Ejemplo paradigmático en España de ello es la ya aludida transformación del TOP en la Audiencia Nacional que permite la “centralización” de las causas judiciales en Madrid aunque los supuestos delitos se hubieran cometido en un territorio que tiene otro “juez natural” cuya competencia queda así expropiada para ser atribuida al juez central estatal.

Naturalmente, también esta irrupción de la “emergencia” produjo sus especiales consecuencias en el ámbito penitenciario, en donde el recurso a la prisión preventiva contra disidentes políticos y miembros de bandas terroristas armadas fue la práctica habitual.

Interesa ahora señalar, rápidamente, que todo el nuevo entramado normativo “de emergencia” surgía en Europa hace unas tres décadas con una doble presentación y justificación: de un lado, se afirmaba que nacía para combatir un fenómeno especial (el terrorismo); de otro lado, se señalaba que estaría vigente sólo el tiempo estrictamente necesario para aquel combate. Pues bien, hoy puede afirmarse que, prácticamente desaparecido ya el fenómeno para cuyo combate se edificó la legislación “de emergencia”, ésta no ha sido desmantelada y ha terminado por invadir muchas otras esferas de la vida y de la legislación penal ordinarias. La “aureola o el fetiche de la eficacia” (policial, judicial, penitenciaria) se fue convirtiendo en un nuevo discurso legitimador, ahora, de la “expansión de la emergencia” hacia nuevos ámbitos. La supuesta eficacia de la prevención general, alimentaba también la dirección señalada. Como han indicado los autores citados, la misma ha permitido mantener normas y prácticas “de excepción” sin necesidad de tener que acudir, formalmente, a la declaración del “estado de excepción”.

Elemental resulta señalar, frente a todo ello, que cuanto más se recurre al sistema penal –y a la excepcionalidad penal– más se resiente, más afectado resulta el sistema democrático y el principio de igualdad ante la ley, al irse sancionando paulatinamente un sistema punitivo dual.

4. Conclusiones

Parece incuestionable a estas alturas de las reflexiones vertidas que existe una relación especular entre los conceptos de “preso político” y “delito político”. De los delitos y las penas no es sólo el título de la conocida obra de Cesare Beccaria a quien se atribuye la paternidad del inicio de la Modernidad penal de la Ilustración a partir de 1764. También los delitos y las penas son las dos caras de una moneda –la cuestión criminal– que las convierte en inseparable. Y habrá de reconocerse que si para combatir una cara el Estado precisa recurrir a la excepcionalidad legislativa, policial, judicial y penitenciaria, es que en algo diferente a lo ordinario está convirtiendo y calificando a la otra cara de la moneda…

Es evidente que en el caso del conflicto político entre Catalunya y España, no estamos en presencia de delitos comunes, callejeros, de bagatella, con afán de lucro y enriquecimiento personal o figuras similares para las cuales el sistema penal ordinario tiene lógicamente sus instrumentos de respuesta. La lucha por la autodeterminación de una nación, se esté a favor o se esté en contra de la misma, parece claro que refleja un problema de orden y dimensión política. Pretender situarlo en el ámbito del derecho penal ordinario no es un error de ignorantes; es precisamente la prueba (aunque burda) de su naturaleza política. Y para terminar: si para su combate se debe echar mano de la excepcionalidad antes señalada es que se trata de algo distinto.

La auténtica anomalía es pretender sustituir la racionalidad política del conflicto por otra de corte penalístico. Lamentablemente, parece que estamos abocados a asistir en breve (cuando comience el juicio oral contra los acusados) a la perpetuación y a la profundización de la anomalía. Es esa la debilidad y no la fortaleza del sistema democrático.

Pretendo con estas breves reflexiones, poner de manifiesto tres anomalías del sistema penitenciario español (entre otras que podrían señalarse) en unas horas decisivas para las decisiones político jurídicas que se están adoptando.

La primera

Conviene recordar en estos días de conformación de un nuevo gobierno en España, algo que es en realidad una anomalía que parece haberse ido naturalizando y que convierte a España, por cuanto hace a sus instituciones penitenciarias, en algo digamos “especial”. Tanto en la tradición histórica española (desde su primer Código Penal de 1822 y su primera Ordenanza General de los Presidios del Reino en 1834) como, en general, en el orden internacional, siempre se ha situado a las instituciones penitenciarias en la órbita de los ministerios de Justicia, con el fin de que el mandato resocializador de las pernas privativas de libertad se ejecute con criterios de justicia estricta: formal y material. Pese a ello, desde hace ya algunos años en España, primero con una fusión de los ministerios de Justicia e Interior y luego tras su separación, la Administración Penitenciaria española, quedó sustraída del Ministerio de Justicia y pasó a Interior, hecho no menor y que ha merecido muy poca atención. Como en general es muy poca la que recibe el ámbito penitenciario casi siempre.

Semejante anomalía ha sido “legalizada” por virtud de las normas jurídicas necesarias para ello, mas, dicha operación no le resta, a mi juicio la gravedad de una medida de política penal (y penitenciaria) que, con mucha tensión, pretende acomodarse a la legalidad constitucional y al derecho internacional de los derechos humanos. Como digo, ahora que se conforma un nuevo ejecutivo en España, no está demás recordar esta cuestión que hace que sean los criterios más de orden y seguridad los que presidan el gobierno de las cárceles, que aquellos de carácter terapéutico, asistencial y de protección que deberían primar.

Ello no sucede por cierto en Catalunya, adonde las prisiones continúan dependiendo del Departament de Justicia de la Generalitat.

La segunda

Recordada esa primera anomalía, no menor, conviene también recordar que una asentada doctrina y jurisprudencia, otorgó la facultad de distribuir y ubicar a los presos y presas en las cárceles españolas al Poder Ejecutivo, sin el control jurisdiccional rápido que podría representar la revisión por parte de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria.

Últimamente algo se ha hablado de ello cuando se han publicado noticias relativas, por ejemplo, a la solicitud de traslado a una prisión cercana a su domicilio para Jordi Cuixart, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace 8 meses. En el Dictamen que acompaña la solicitud que su abogado ha presentado a la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios del Ministerio del Interior, se señala un largo enunciado de normas, sentencias y opiniones tanto doctrinales como políticas, favorables a la petición formulada y que afirman tanto el derecho del preso a estar alojado en una cárcel cercana a su domicilio familiar, cuanto el derecho de su familia a tenerlo cerca, en especial, por aplicación del llamado “interés superior” del niño que debe presidir las decisiones administrativas y judiciales que protejan a la parte más vulnerable.

También sucede lo mismo con los demás presos políticos catalanes, con la gran mayoría de los presos relacionados con ETA, pese al cese de toda su actividad armada desde hace años y, lo que es menos conocido aún, ello también sucede con casi la mitad de los presos y presas españolas (y estoy haciendo alusión a varios miles de personas) que están presos/as fuera de la Comunidad Autónoma adonde reside su familia.

Conviene recordar que hace años, la entonces Magistrada, Margarita Robles, (hoy nueva Ministra de Defensa), en una entrevista concedida al diario Gara, en fecha 28 de mayo de 2000, señalaba expresamente que

“La Ley General Penitenciaria, sin exclusiones y para cualquier tipo de presos, prevé que estén lo más cerca posible de su lugar de origen. Por tanto, deben cumplir condena lo más próximo posible a su familia”.

La tercera

Conocíamos ayer las imágenes de unos vídeos que muestran a tres presos políticos catalanes en la cárcel. El sagrado derecho a la intimidad de las personas presas ha saltado por los aires. Ya no hay pudor en la vergüenza pública a la que pretenden ser sometidos. Es sencillamente intolerable que esas imágenes hayan tenido luz pública y habrá de darse muchas explicaciones. Pocas esperanzas hay cuando las investigaciones sobre los policías que se mofaban del “osito” que iba a la cárcel (en alusión a Oriol Junqueras) se archivaron, cuando tampoco prosperaron las exigencias de investigación sobre las vejaciones en los traslados de los presos políticos de la Audiencia Nacional a las cárceles… ¿prosperará ahora una investigación sobre el envilecimiento al que acaban de ser sometidos? ¿Será ello solicitado por los defensores de la legalidad penal y penitenciaria?

Las anomalías indicadas en este artículo deberían ser corregidas si se pretende tener un sistema penitenciario real (y no sólo formalmente) acorde al orden constitucional y al derecho internacional de los derechos humanos. Esperamos en consecuencia que el nuevo Gobierno se empeñe en restaurar algo que como he dicho se ha ido naturalizando por la vía del olvido. Y, más urgentemente, también esperamos que el nuevo Ministerio del Interior dicte una resolución administrativa favorable al acercamiento de los presos y presas. Una medida puramente humanitaria como ésta, fundada en el derecho nacional e internacional podría, en parte, mitigar la profunda afectación que las familias padecen (parejas e hijos pequeños) y que llevan recorridos durante mucho tiempo muchos miles de kilómetros con sus traslados constantes para las visitas a la cárcel.

Como ya dije en otro artículo, negarlo, supondría no sólo un exceso de rigor y crueldad sino la negación de derechos fundamentales de las partes afectadas que deberán ser entonces recurridas a otras instancias. No se puede seguir tolerando tantas vejaciones del derecho penitenciario español y luego pretender presentarlo internacionalmente como un sistema modélico. Veamos qué decisiones adopta el nuevo ministro al respecto y volveremos a comentarlas en breve.

Desde el Observatorio del sistema penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona, considero que estamos viviendo muy profundamente un momento de extremo excepcionalismo penal caracterizado por la difusión cada vez mayor de una cultura de la emergencia y la excepcionalidad penal, tanto en el ámbito de la producción normativa, cuanto especialmente en el ámbito de su interpretación y aplicación.

 El recurso constante al sistema penal, a las acciones policiales, el empleo de una jurisdicción única en detrimento del juez natural como es la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, la utilización de la prisión preventiva contra líderes sociales y contra la mitad del Gobierno catalán aproximadamente, suponen las  visiones más extremas -creíamos hasta ahora-; sin embargo también, cada día se resiente más el propio sistema democrático cuando se dificulta la formación de un  gobierno legítimo en Cataluña, cuando se entorpece la actividad normal del Parlamento de Catalunya y cuando se impide que el presidente legítimamente designado por ese parlamento democrático pueda siquiera constituir un gobierno porque se bloquea la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya el nombramiento de los Consellers que han de formar parte de ese gobierno.

Creo en este sentido, como director del observatorio, que debe hacerse un llamamiento muy serio y urgente a una defensa global de la democracia claramente amenazada en estos momentos. Es tarea que nos compete a diversos sectores en la sociedad contemporánea, tanto a la sociedad política como a la sociedad civil, a las corporaciones profesionales, a los sindicatos, a las entidades sociales y culturales, y por supuesto al mundo académico universitario.

Esta defensa de la democracia debe ser verdaderamente un clamor -que más allá de las legitimas opiniones políticas que cada uno pueda tener acerca de la forma del estado- exprese que nada puede poner en peligro -como de hecho lo está haciendo seriamente- al sistema democrático, afectándose tanto al poder legislativo como al ejecutivo legítimamente constituidos en Cataluña. Desde el Observatorio permaneceremos constantemente vigilantes a la situación de semejante deterioro de los derechos humanos, apelando para ello a la necesaria manifestación, unión y visibilización permanente de estas vulneraciones.

Como es conocido, recientemente se han publicado noticias relativas a la solicitud de traslado a una prisión cercana a su domicilio para Jordi Cuixart, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace más de 6 meses, acusado de un delito de rebelión, entre otros, en relación al referéndum sobre autodeterminación del llamado “proceso catalán”.

En el Dictamen que acompaña la solicitud que su abogado ha presentado a la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios del Ministerio del Interior, se señala un largo enunciado de normas, sentencias y opiniones tanto doctrinales como políticas, favorables a la petición formulada y que afirman tanto el derecho del preso a estar alojado en una cárcel cercana a su domicilio familiar, cuanto el derecho de su familia a tenerlo cerca, en especial, por aplicación del llamado “interés superior” del niño que debe presidir las decisiones administrativas y judiciales que protejan a la parte más vulnerable. A continuación, se indican sintéticamente los presupuestos internacionales y nacionales sobre los que se apoyan los derechos señalados que son, creo, claramente favorables a la petición formulada.

I. En el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas.

Hace 3 años se aprobaron las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) que contienen disposiciones sobre ello de modo expreso.

La primera es la Regla 59 que establece que “(…) los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social”. Conviene recordar que esta disposición es aplicable tanto a los presos preventivos como a los penados, es decir a la totalidad de la población penitenciaria.

Por su parte, la Regla 106 indica que “se velará particularmente por el mantenimiento y mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia que redunden en beneficio de ambas partes”.

También en el ámbito de las Naciones Unidas, podemos citar el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisiónPrincipios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, Resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988, que afirma que, que si lo solicita la persona detenida o presa, será mantenida en lo posible en un lugar de detención o prisión situado a una distancia razonable de su lugar de residencia habitual (Principio 20).

En ambas normas de las Naciones Unidas, cabe notar que, de modo expreso, el reconocimiento del derecho a ser mantenido en una prisión cercana a la residencia habitual, no distingue entre presos preventivos o penados.

II. En el ámbito del derecho penitenciario del Consejo de Europa. Las Reglas Penitenciarias Europeas (2006).

Las Reglas Penitenciarias Europeas, en su última redacción de 2006, constituyen el techo normativo más importante que existe en Europa, del cual deben descender las normas y las prácticas penitenciarias de los Estados Parte. Y es imprescindible recordar que en estas Reglas existen dos principios fundamentales de todo sistema penitenciario de un Estado democrático y de derecho que deben ser respetados escrupulosamente, en cuanto al tema que nos ocupa. Se trata de los siguientes:

El Principio 17. 1. Los internos deben ser destinados a prisiones situadas lo más cerca posible de su domicilio o de su centro de reinserción social.

El Principio 17. 3. En la medida de lo posible, los internos deben ser consultados en relación con su destino inicial y respecto a cada traslado posterior de una prisión a otra.

En el ámbito de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es importante destacar que el Alto tribunal europeo se ha pronunciado en diferentes ocasiones en relación con el artículo 8 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Así, entre otras y en un asunto referente a España, en el apartado 53 de la Sentencia de 24 de mayo de 2011 del TEDH dictada en el Asunto Saleck Bardi contra España, se estableció que:

“El Tribunal ha afirmado en numerosas ocasiones que el artículo 8 implica el derecho de un progenitor a medidas adecuadas para reunirse con su hijo y la obligación de las autoridades nacionales de adoptarlas (…)”.

III. El ámbito del derecho penitenciario de la Unión Europea.

Decisivo es el tratamiento que sobre el derecho a estar en prisión en lugar cercano al domicilio familiar, ha podido dar el Informe del Parlamento Europeo, de diciembre de 1998, en su “Resolución sobre las condiciones carcelarias en la Unión Europa: reorganización y penas de sustitución”, por el que –textualmente- se “Pide enérgicamente que se tome en consideración el entorno familiar de los condenados, favoreciendo, en particular el encarcelamiento en un lugar próximo al domicilio de su familia”.

IV. El ámbito del derecho constitucional y penitenciario español

También en el derecho penitenciario español se reconocen las disposiciones anteriores cuando el artículo 12.1 de la misma Ley Orgánica General Penitenciaria establece que “La ubicación de los establecimientos penitenciarios será fijada por la administración penitenciaria dentro de las áreas territoriales que se designen. En todo caso se procurará que cada una cuente con el número suficiente de aquellos para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo socialevitar el desarraigo socia”.

Por todo ello, entre otros, señaló el Magistrado Ramón Vilar Badía (en la VI Reunión de Jueces de Vigilancia Penitenciaria del Consejo General del Poder Judicial) que hay que referirse a la normalización social como la adopción de medidas tendentes a evitar o paliar los efectos que produce sustraer o arrancar a una persona del entorno social del que formaba parte integrante antes de su ingreso en prisión. Entre esas medidas hay que señalar, como pauta general, la de respetar los derechos de los internos eliminado el sometimiento a condiciones infrahumanas de vida y, como medida de reinserción específica, la fundamental de conseguir que el penado no pierda contacto con el medio comunitario en que estaba inserto en la vida en libertad, siendo esencial para ello destinarlo al centro penitenciario más próximo al lugar de su residencia habitual, para mantener la comunicación con su entorno social sus amigos y familia.

Y es la propia Instrucción 11/2011 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, ésta referida a la pena de localización permanente en centro penitenciario, la que establece en el primer apartado de su “Plan de Ejecución”, la necesidad de que la Administración aúne a la hora de fijar el centro de cumplimiento, el criterio de proximidad al domicilio del internocriterio de proximidad al domicilio del interno.

Por todo cuanto se está diciendo, la política penitenciaria debiera ser utilizada, exclusivamente, sin hacer más diferenciaciones que las establecidas en la legislación correspondiente. Y es en este sentido, que la Magistrada (hoy Diputada del Partido Socialista en el Congreso), Margarita Robles, en entrevista concedida al diario Gara, en fecha 28 de mayo de 2000, señalaba expresamente que

“La Ley General Penitenciaria, sin exclusiones y para cualquier tipo de presos, prevé que estén lo más cerca posible de su lugar de origen. Por tanto, deben cumplir condena lo más próximo posible a su familia”.La Ley General Penitenciaria, sin exclusiones y para cualquier tipo de presos, prevé que estén lo más cerca posible de su lugar de origen. Por tanto, deben cumplir condena lo más próximo posible a su familia

Como se ve, la consideración como derecho de los presos/as a estar ingresados en una cárcel cercana a su residencia, tanto en la legislación como en la doctrina es claramente favorable a su configuración. Y ello desde hace ya muchos años como lógica deducción del derecho internacional, del propio derecho español y de importantes voces de la judicatura, la doctrina y la política penitenciaria.

Esperamos en consecuencia que el Ministerio del Interior dicte una resolución administrativa favorable, ahora que desde un punto de vista procesal la instrucción del procedimiento penal ha finalizado y no quedan diligencias pendientes hasta el momento de celebración del juicio, para el cual aún no hay fecha y puede tardar tiempo. Una medida puramente humanitaria como ésta, fundada en el derecho nacional e internacional podría, en parte, mitigar la profunda afectación que las familias padecen (parejas e hijos pequeños) y que ya llevan recorridos ya más de 35.000 kms con sus traslados constantes para las visitas a la cárcel. Negarlo, supondría no sólo un exceso de rigor y crueldad sino la negación de derechos fundamentales de las partes afectadas que deberán ser entonces recurridas a otras instancias.

El pasado 16 de noviembre, el Comité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas inhumanas y degradante (en adelante, CPT), del Consejo de Europa, hizo público el Informe sobre el sistema penal y penitenciario español, tras la visita que realizó al Estado hace exactamente un año atrás. Pese a la acostumbrada técnica argumentativa consistente en comenzar reconociendo los esfuerzos de las autoridades por atender sus anteriores Recomendaciones, el CPT inicia un conjunto de descripciones de situaciones atentatorias contra los derechos humanos de las personas presas en España, con una contundencia notable y posiblemente más dura que las de los Informes anteriores que cada cuatro años se efectúan sobre las visitas a los estados miembros del Consejo de Europa.

Es significativo que un Informe de tal importancia, rigor en su investigación y probada independencia de sus miembros, no haya merecido la atención periodística que debiera, máxime cuando en estos pasados días tanto se ha elogiado al sistema penitenciario español, ante los requerimientos de las autoridades belgas a propósito del conflicto catalán, asunto que no se abordará aquí.

Interesa destacar, desde una estricta mirada de derechos humanos, algunas observaciones que conviene citar textualmente, de las señaladas por el CPT: “sin embargo, sí recibimos una importante cantidad de denuncias sobre maltrato físico (respaldadas por documentos médicos) por parte de los detenidos que se encuentran en los módulos de régimen cerrado y departamentos especiales. Se trata de bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con porras propinados, principalmente, a modo de castigo informal tras episodios de desobediencia, violencia entre prisioneros o casos de autolesión. También se nos dijo que algunos de estos maltratos físicos tuvieron lugar mientras el prisionero en cuestión estaba sometido a sujeción mecánica. El CPT está seriamente preocupado por la gravedad de estos hechos y se recomienda que los directores de los centros lleven a cabo una mayor supervisión del personal y se garantice que las quejas presentadas por los detenidos sean investigadas de modo eficaz.

O un poco más adelante, añade el CPT que “El hecho de que se lleve a cabo la fijación mecánica de internos continúa siendo un asunto que preocupa al Comité. Las recomendaciones que en el pasado hizo el CPT para que se regulara debidamente el recurso a la inmovilización, no se han aplicado. Una vez más, la delegación del CPT vio que se recurría a la inmovilización de los presos durante largos períodos (días y horas, y no minutos) sin ningún tipo de supervisión ni registro adecuado. Es más, parece que en algunos casos el motivo por el que se recurría a ella era claramente punitivo (p.ej.: en caso de resistencia pasiva a una orden dada por el personal) y algunas de las formas en la que se llevaba a cabo (sin permitir a los presos hacer sus necesidades) suponían un ataque a su dignidad. Asimismo, la medida también se aplicaba a menudo a detenidos con problemas mentales. El CPT considera que los intentos por regular la fijación mecánica han fracasado y que la medida es abusiva en todos los centros que el Comité ha visitado. En opinión del CPT, la medida de la fijación mecánica podría suponer, en muchos casos, trato inhumano o degradante. En el informe se insta a las autoridades españolas a que dejen de recurrir a la sujeción mecánica con fines regimentales en las prisiones.

Como dato especialmente preocupante, por contravenir lo dispuesto en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU de 2015, conocidas como “Reglas Nelson Mandela”, en torno al aspecto cuantitativo y cualitativo de los regímenes de aislamiento (tanto a presos preventivos como a penados), conviene también transcribir a continuación que “El CPT comprobó que en varios centros penitenciarios se imponían períodos consecutivos (hasta de 14 días) de aislamiento con fines disciplinarios que se interrumpen sólo durante un día. El CPT reitera su Recomendación de que no se someta a ningún interno a régimen de aislamiento de forma continua, a modo de castigo, más de 14 días”. El informe aborda la situación del personal de prisiones, los prisioneros transgénero, los cacheos a los presos y la efectividad del sistema de denuncias, recomendando que se tomen medidas cuando sea necesario.

Por cuanto hace a los llamados “Departamentos de Régimen Cerrado”, el Informe del CPT es elocuente también: “Sin embargo la delegación recibió un número significativo de denuncias de recientes malos tratos físicos cometidos por funcionarios de prisiones en los otros módulos, especialmente en los de régimen cerrado y en los departamentos especiales de todos los centros visitados. Los supuestos malos tratos consistían en bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con porras. En la mayoría de los casos, se infligieron a modo de castigo informal tras casos de desobediencia por parte de los presos o en casos de violencia entre los presos o por autolesiones. Algunas de las denuncias fueron respaldadas con lesiones que la delegación tuvo oportunidad de ver o que quedaron anotadas en los registros médicos. El CPT está especialmente preocupado por algunos de los castigos que supuestamente tuvieron lugar mientras algún preso en particular estaba fijado a una cama ya fuera o no por razones médicas. Asimismo, en todos los centros visitados, también fueron frecuentes las denuncias de agresiones verbales, formuladas en particular por reclusos extranjeros y por gitanos, que consistían en insultos de contenido racial o religioso.

En lo que hace a la falta de una pedagogía formativa especial en materia de derechos humanos del personal de funcionarios penitenciarios, Recomendación permanente del CPT, éste constata con suma preocupación que la cantidad de episodios de malos tratos a presos no constituye algo esporádico y comienza a realizar una serie de narraciones por distintas Comunidades Autónomas de las que aquí, por no abusar del espacio, mencionamos sólo algunas, remitiendo al lector a la comprobación en el sitio web del Propio Comité.

i) Un recluso del Centro Penitenciario de León denunció que el 3 de agosto de 2016, tras un incidente por causas disciplinarias, fue golpeado repetidamente por un grupo de 4 funcionarios de la prisión para, después de caer al suelo, ser golpeado y pateado con porras de goma. Cuando fue examinado por el médico de la prisión después del incidente, se le diagnosticaron fracturas en las costillas séptima y octava que quedaron anotadas en su expediente médico sin hacer mención al origen de la lesión;

ii) Un recluso del Centro Penitenciario Puerto I denunció el 23 de septiembre de 2016 que, después de negarse a obedecer una orden, un grupo de funcionarios de prisiones le sacó de su celda en el módulo I, fue esposado y le llevaron al módulo de aislamiento número 5 para ser sometido a sujeción mecánica en una cama. El preso en cuestión denunció que, en las escaleras que conducen al módulo 5, le dieron patadas, puñetazos y recibió golpes de porra de goma en varias partes de su cuerpo. Una vez llevado a la celda equipada para la sujeción mecánica, un funcionario de prisiones presionó su rodilla contra el pecho del recluso para poder ajustar las correas de fijación. Estuvo fijado durante 24 horas ininterrumpidas y no se le desató para ir al baño; como consecuencia, se orinó encima varias veces. En el momento de la visita del CPT (2 de octubre de 2016), el recluso todavía presentaba hematomas en las muñecas, escoriación en las rodillas y se quejaba de dolores en la mandíbula;

iii) Un preso del Centro Penitenciario Puerto III, que padece un tipo de discapacidad mental leve, denunció el 31 de agosto de 2016 que, tras autolesionarse con un cuchillo improvisado, un grupo de funcionarios de prisiones le sacaron de su celda en el módulo 6 propinándole varios golpes de porra en las manos y la espalda para ponerle las esposas. Además, de camino al módulo 15, supuestamente recibió varios golpes de porra en varias partes del cuerpo. Posteriormente le fijaron boca abajo y le quitaron los zapatos. Mientras estaba sometido a sujeción mecánica, fue golpeado por los funcionarios de la prisión varias veces con una porra en la espalda y en la planta de los pies. Durante las 8 horas que duró la fijación mecánica, una enfermera le trajo la medicación que tenía que tomar por prescripción facultativa, que el preso tuvo que tragar directamente de un plato. Cuando el médico de la prisión le examinó después de la aplicación de la medida, el recluso solicitó que las lesiones visibles a simple vista se registraran en el informe correspondiente. El médico se negó a hacer dicho informe, alegando la gravedad de su conducta y que la reacción de los funcionarios estaba justificada;

iv) Un recluso con el que se reunió la delegación en el Centro Penitenciario Puerto III denunció que el 10 de mayo de 2016, durante su detención en el módulo de aislamiento número 13 del Centro Penitenciario Sevilla II, presentó una queja verbal a los funcionarios de la prisión sobre su clasificación por la Junta de Tratamiento. Al resistirse a ser esposado, un grupo de funcionarios de la prisión comenzó a golpearlo en las muñecas con porras para que accediera a ser esposado. Posteriormente, se le fijó boca abajo y, supuestamente, se le dejó desnudo durante un periodo de 23 horas. En el transcurso de la fijación, tres guardias entraron en la celda y le propinaron golpes con la porra en la espalda y en la planta de los pies. El médico que lo examinó una hora después de que acabara la medida realizó la siguiente anotación en su expediente médico: “durante de la fijación mecánica, después de estar involucrado en una pelea con otro recluso, el preso presenta las siguientes lesiones: contusión en la muñeca, seis hematomas lineales en la región dorsal derecha, tres hematomas lineales en la región dorsal izquierda, múltiples hematomas con excoriación en la región dorsal media y alteración en la extensión de la pigmentación en la región dorsal”;

v) Un recluso del Centro Penitenciario Teixeiro denunció el 9 de agosto de 2016 que, tras un altercado verbal con los funcionarios de prisiones en el transcurso de una inspección de su celda, el grupo de funcionarios de la prisión encargados de las inspecciones abandonó la celda entrando en el patio desde donde rociaron su celda con un espray de pimienta. Posteriormente, lo llevaron a una celda vacía donde le propinaron puñetazos y le golpearon con porras por todo el cuerpo. A continuación, le mantuvieron desnudo durante unas 36 horas y estuvo fijado boca abajo, sin que pudiera acceder a un baño durante toda la aplicación de la medida. Obviamente, se hizo sus necesidades encima. Además, no le dieron nada de comer durante el período de sujeción mecánica;

vi) Un recluso del Centro Penitenciario Villabona denunció, el 14 de septiembre de 2016, que, tras un altercado que tuvo con otro preso en el patio del departamento de régimen cerrado, un grupo de 4 funcionarios de prisiones intervino agarrándole del cuello para darle puñetazos y golpes con la porra en distintas partes del cuerpo durante varios minutos. El día de la visita del CPT (30 de septiembre de 2016), el recluso todavía mostraba un hematoma azulado en el lado izquierdo de la región dorsal.

Evidentemente algo sucede cuando uno constata que el llamado “Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura” del Defensor del Pueblo, para el mismo año 2016 apenas si es capaz de comprobar casos de esta naturaleza a lo largo de 365 días, con todo un equipo, personal y presupuesto para ello. Por el contrario, y afortunadamente, un organismo independiente, riguroso y perteneciente al Consejo de Europa, desvela una realidad carcelaria que tantos se esfuerzan en tapar.

La primera pedagogía en el campo de la educación en derechos humanos consiste en difundir todos los Informes que en este terreno se producen, antes de señalar determinados “clichés” que carentes de comprobación, se vuelcan en las redes sociales y medios de comunicación.

Queremos así llamar la atención de los lectores sobre este gravísimo caso de omisión un Informe riguroso sobre el sistema penitenciario español. Reconocer que tenemos un grave problema, en lugar de ocultarlo, debería ser el primer paso en la búsqueda de soluciones.

La auténtica vocación que ha guiado el trabajo del OSPDH es actuar como un puente que sea capaz de vincular las dos orillas que han estado y están muy alejadas entre sí: el derecho profesionalizado o derecho de los profesionales y aquellos sectores sociales que demandan derecho

En mayo de 2001, la Universitat de Barcelona aprobó la creación del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) como Centro de Investigación. Desde entonces hasta el presente, han sido muchas las actividades emprendidas por el OSPDH.

Tan pronto el OSPDH fue constituido, un nutrido grupo de prestigiosos académicos y representantes de organismos internacionales de protección de los derechos humanos (del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas) aceptaron nuestra invitación para constituir un Comité Científico Internacional.

Durante este tiempo, el OSPDH ha trabajado siempre con la mirada en la internacionalización del quehacer académico y la rendición de cuentas a la sociedad de los resultados de sus investigaciones y observaciones. En esa dirección, se ha trabajado en diversos segmentos de actividades: desde tareas de investigación y docentes, hasta publicaciones de libros y revistas pasando por actividades públicas tanto en Europa como en América latina.

¿Qué bases político-jurídicas tiene el trabajo del OSPDH? Resulta indudable actualmente que las políticas penales de intolerancia (total o selectiva, según contextos distintos) se van imponiendo a escala planetaria. Muchas denominaciones se emplean para señalarlas: tolerancia cero, incapacitación punitiva, emergencia y excepcionalidad penal, criminología de la intolerancia y otras.

El despliegue de semejantes políticas en la globalización no parece encontrar barreras e inunda realidades muy distintas a aquellas en donde fueron concebidas. Si la recuperación de la intolerancia se suele localizar en el medio británico y norteamericano, es cierto asimismo que su expansión hacia América Latina o hacia Europa constituye un hecho incuestionable.

Gobernar a través del miedo, mantener a las sociedades atemorizadas, ofrecerles (o venderles) “seguridad” y mantenerlas así en la ilusión de la cohesión en torno a la autoridad, son datos de la actualidad, también en nuestros centros culturales en los que la propia Europa cuna del Iluminismo y clasicismo penal liberal, cede ante las barreras y las fronteras que ya no pueden detener la desesperación de franjas enteras de la humanidad.

El universo académico debe prestar una decidida y más imprescindible atención a semejantes procesos. Una de las tareas más importantes del OSPDH es la lucha contra la tortura.

En tal sentido en las Jornadas “15 anys obsertvant el sistema penal”, presentaremos el diseño del denominado “Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional” (SIRECOVI), con el explícito aval de la Relatoría sobre la Tortura de las Naciones Unidas. Concentramos así nuestros esfuerzos en algunos puntos fuertes de los que por ahora destacamos tres que marcan el camino de trabajo futuro del OSPDH:

Documentar rigurosamente la práctica de esta forma de crimen de Estado. La formación, la difusión y el empleo de las herramientas del Protocolo de Estambul constituyen aquí un punto decisivo. La necesaria adopción del Protocolo de Estambul como una auténtica política pública en materia de protección de derechos humanos en contextos de privación de libertad debe promover una decidida transformación en la cultura jurídica y médica en este terreno. El papel crucial que deben cumplir los operadores del sistema penal (médicos forenses, en especial, al realizar sus informes periciales con detenidos, pero también abogados, defensores, jueces y fiscales), constituye un punto de atención permanente en la tarea de documentar rigurosamente la existencia de la tortura.

Establecer un registro de casos que visualicen los casos de violencia institucional y tortura. Esta tarea hasta ahora sólo cumplida en España a través del Banco de datos elaborado por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura debe ser apoyada y fortalecida cada vez más. Sólo así podrá hacerse efectivo el paradigma anamnético (luchar contra la amnesia), trabajando con la categoría de la memoria, no sólo del pasado, sino también con la memoria del presente, para documentar lo que hoy está sucediendo y evitar que no se olvide ni se repita en el futuro.

Articular un Sistema de Alerta y Comunicación de la violencia institucional que está siendo diseñado bajo la denominación de SIRECOVI y pretende construir un dispositivo útil para canalizar y enviar las noticias sobre torturas y tratos vejatorios en ámbitos de privación de libertad que, conocidas por el OSPDH y debidamente contrastadas, puedan ser remitidas a las autoridades nacionales e internacionales con competencias en la materia.

En este sentido, el SIRECOVI debe ser contemplado con un sistema que pretende ayudar y colaborar con las autoridades nacionales e internacionales (y con las organizaciones sociales) para afianzar una cultura de respeto a los derechos de las personas privadas de libertad y contribuir a la protección de la víctimas de la violencia institucional.

El funcionamiento efectivo del SIRECOVI se proyecta para el desarrollo de herramientas diferenciadas que en su conjunto permitirán obtener un diagnóstico de la situación de la violencia institucional en el contexto en el que se apliquen, desarrollar un sistema comunicacional con organismos nacionales e internacionales según mandato y competencias y cartografiar las situaciones detectadas a través de un mapeo de libre consulta.

Con ocasión de presentar la Memoria del OSPDH de estos 15 años de trabajo, investigación y luchas, escribíamos que la auténtica vocación que ha guiado el trabajo de los integrantes del OSPDH es la de actuar como un puente que sea capaz de vincular las dos orillas que han estado y están muy alejadas entre sí: el derecho profesionalizado o derecho de los profesionales (aquellos que administran la justicia) y aquellos sectores sociales que demandan derecho, normalmente otro derecho. Esperamos que el puente siga siendo firme en el camino que siempre guió nuestras actividades.

L'autèntica vocació que ha guiat el treball de l'OSPDH és actuar com un pont que sigui capaç de vincular les dues ribes que han estat i estan molt allunyades entre si: el dret professionalitzat o dret dels professionals i aquells sectors socials que demanen dret

Al maig de 2001, la Universitat de Barcelona va aprovar la creació de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) com a Centre de Recerca. Des de llavors fins ara, l'OSPDH ha dut a terme moltes activitats.

Tan aviat l'OSPDH va ser constituït, un nodrit grup de prestigiosos acadèmics i representants d'organismes internacionals de protecció dels drets humans (del Consell d'Europa i de les Nacions Unides) van acceptar la nostra invitació per constituir un Comitè Científic Internacional.

Durant aquest temps, l'OSPDH ha treballat sempre amb la mirada en la internacionalització del treball acadèmic i la rendició de comptes a la societat dels resultats de les seves investigacions i observacions. En aquesta direcció, s'ha treballat en diversos segments d'activitats: des de tasques d'investigació i docents, fins a publicacions de llibres i revistes passant per activitats públiques tant a Europa com a Amèrica llatina.

Què bases político-jurídiques té el treball de l'OSPDH? Actualment resulta indubtable que les polítiques penals d'intolerància (total o selectiva, segons el context) es van imposant a escala planetària. Es fan servir moltes denominacions per assenyalar-les: tolerància zero, incapacitació punitiva, emergència i excepcionalitat penal, criminologia de la intolerància i altres.

El desplegament de tals polítiques a la globalització no sembla trobar barreres i inunda realitats molt diferents a aquelles on van ser concebudes. Si la recuperació de la intolerància se sol localitzar en el mitjà britànic i nord-americà, és cert així mateix que la seva expansió cap a Amèrica Llatina o cap a Europa constitueix un fet inqüestionable.

Governar a través de la por, mantenir a les societats atemorides, oferir (o vendre'ls) “seguretat” i mantenir-les així en la il·lusió de la cohesió al voltant de l'autoritat, són dades de l'actualitat, també als nostres centres culturals on la pròpia Europa, bressol de l'Il·luminisme i classicisme penal liberal, cedeix davant les barreres i les fronteres que ja no poden aturar la desesperació de franges senceres de la humanitat.

L'univers acadèmic ha de prestar una atenció decidida i més imprescindible a tals processos. Una de les tasques més importants de l'OSPDH és la lluita contra la tortura.

En aquest sentit, a les Jornades “15 anys obsertvant el sistema penal”, presentarem el disseny de l'anomenat “Sistema de Registre i Comunicació de la Violència Institucional” (SIRECOVI), amb l'explícit aval de la Relatoria sobre la Tortura de les Nacions Unides. Concentrem així els nostres esforços en alguns punts forts dels que per ara en destaquem tres que marquen el camí de treball futur de l'OSPDH:

Documentar rigorosament la pràctica d'aquesta forma de crim d'Estat. La formació, la difusió i l'ús de les eines del Protocol d'Istanbul constitueixen aquí un punt decisiu. La necessària adopció del Protocol d'Istanbul com una autèntica política pública en matèria de protecció de drets humans en contextos de privació de llibertat ha de promoure una transformació decidida a la cultura jurídica i mèdica en aquest terreny. El paper crucial que han de complir els operadors del sistema penal (metges forenses, especialment, al'hora de realitzar els seus informes pericials amb detinguts, però també advocats, defensors, jutges i fiscals), constitueix un punt d'atenció permanent en la tasca de documentar rigorosament l'existència de la tortura.

Establir un registre de casos que visualitzin els casos de violència institucional i tortura. Aquesta tasca fins ara només era complerta a Espanya a través del banc de dades elaborat per la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura ha de ser recolzada i enfortida cada vegada més. Només així es pot fer efectiu el paradigma anamnètic (lluitar contra l'amnèsia), treballant amb la categoria de la memòria, no només del passat, sinó també amb la memòria del present, per documentar el que avui està succeint i evitar que no s'oblidi ni es repeteixi en el futur.

Articular un Sistema d'Alerta i Comunicació de la violència institucional que està sent dissenyat sota la denominació de SIRECOVI i pretén construir un dispositiu útil per canalitzar i enviar les notícies sobre tortures i tractes vexatoris en àmbits de privació de llibertat que, conegudes per l'OSPDH i degudament contrastades, puguin ser remeses a les autoritats nacionals i internacionals amb competències en la matèria.

En aquest sentit, el SIRECOVI ha de ser contemplat amb un sistema que pretén ajudar i col·laborar amb les autoritats nacionals i internacionals (i amb les organitzacions socials) per afermar una cultura de respecte als drets de les persones privades de llibertat i contribuir a la protecció de la víctimes de la violència institucional.

El funcionament efectiu del SIRECOVI es projecta pel desenvolupament d'eines diferenciades que en el seu conjunt permetran obtenir un diagnòstic de la situació de la violència institucional en el context en què s'apliquin, desenvolupar un sistema comunicacional amb organismes nacionals i internacionals segons mandat i competències i cartografiar les situacions detectades a través d'un mapatge de lliure consulta.

Amb ocasió de presentar la Memòria de l'OSPDH d'aquests 15 anys de treball, investigació i lluites, escrivíem que l'autèntica vocació que ha guiat el treball dels integrants de l'OSPDH és la d'actuar com un pont que sigui capaç de vincular les dues ribes que han estat i estan molt allunyades entre si: el dret professionalitzat o dret dels professionals (aquells que administren la justícia) i aquells sectors socials que demanen dret, normalment altre dret. Esperem que el pont segueixi sent ferm en el camí que sempre va guiar les nostres activitats.