Este 25 de noviembre vuelve a ser el recordatorio de una barbarie cotidiana. La lista de mujeres asesinadas a manos de sus parejas es mucho más que una estadística insoportable. Es la prueba de un fracaso colectivo que atañe a toda la sociedad y que solo puede avergonzarnos. El machismo mata, maltrata, humilla, discrimina y silencia. Hay que dejar de aceptar que una de cada cinco mujeres en el mundo sea víctima de esta intolerable violencia. Hay que dejar de aceptar lo inaceptable.

Hoy es un día de lucha y de protesta. En realidad, todos los días tendrían que serlo. Nos compete a todos acabar con esta lacra que ha segado la vida en España de más de 1.000 mujeres desde 2003 –desde que hay estadística- y que en lo que llevamos de 2020 ha sumado otras 40 víctimas a su macabro balance. En medio, una pandemia nos sigue golpeando con una brutalidad a la que pocas veces nos habíamos enfrentado. La pesadilla ha sido aún mayor para muchas mujeres, obligadas por el confinamiento y por su situación de vulnerabilidad a convivir con sus agresores.

No podemos callar porque el silencio nos hace cómplices y perpetúa la violencia de género. Hay que perseguir a los maltratadores y plantar cara a aquellos que, desde el fanatismo y la ignorancia, cuestionan, matizan o disculpan esta violación de los derechos humanos. Me refiero a la ultraderecha, que representa un neomachismo que ha irrumpido en el debate público para criminalizar a las mujeres con un mensaje perverso y ofensivo: ellas mueren pero los perseguidos son los hombres.

Los feminicidios son la manifestación última y salvaje de una desigualdad estructural, que es la malla sobre la que se tejen las relaciones de poder y dominación que se ejercen contra las mujeres. No hay que llamarse a engaño. La brecha salarial en nuestro país se ha reducido pero sigue siendo del 12%, según Eurostat, y la tasa de temporalidad de las mujeres es cuatro puntos superior a la de los hombres. Ellas copan los contratos a tiempo parcial y cerca del 90% de las excedencias concedidas para cuidados, pese a los avances en materia de conciliación. Estas circunstancias determinan finalmente que sus pensiones también sean muy inferiores a las de los hombres.

La igualdad es uno de los ejes de la acción del Gobierno, como lo es la prevención y el combate contra la violencia de género. Los Presupuestos para 2021, en trámite en estos momentos, cumplen con lo establecido en el Pacto de Estado y destinan 180 millones -200 millones si se suman otras partidas complementarias- a este objetivo. La futura ley orgánica de Garantía de la Libertad Sexual reformará el Código Penal para penar como violación todo acto sexual realizado sin consentimiento. Las víctimas no habrán de someterse a examen público para demostrar que no fingen, que no simulan, que no son culpables. El silencio nunca más será un sí.

También se producen pequeños avances en el ámbito del trabajo. Recientemente, se han aprobado reglamentos que desarrollan la normativa sobre igualdad laboral y obligan a las empresas a publicar de manera desagregada los salarios de sus empleados para determinar si existe discriminación. Se ha extendido el permiso de paternidad a ocho semanas no compartibles para favorecer la corresponsabilidad. Queda mucho por hacer, mucho camino por recorrer. Apenas si hemos dado los primeros pasos, pero no vamos a dejar de caminar.

En el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hemos puesto en marcha una Agenda por la Igualdad con acciones concretas que dan una perspectiva feminista a las inversiones en transportes, infraestructuras y vivienda. Esta misma política, coordinada por una mesa de Igualdad, Diversidad y Cooperación, rige en las empresas públicas dependientes del departamento y en sus agencias de seguridad ferroviaria (AESF) y aérea (AESA).

En Renfe, su convenio colectivo ya contempla una mesa de trabajo de Igualdad. Su cometido es implementar medidas en materia de contratación para alcanzar la paridad, la conciliación y la flexibilidad laboral, así como desplegar campañas médicas dirigidas también a la mujer para la prevención de enfermedades. La compañía desarrolla acciones divulgativas para dar a conocer a las mujeres la profesión de maquinista y facilitar su incorporación, forma a su personal directivo contra los micromachismos y trabaja en el Programa Valor Mujer, que promueve programas de formación de árbitras. En colaboración con la fundación Inquietarte, facilita los traslados de mujeres maltratadas sin recursos y de sus hijas e hijos en un programa de vacaciones de una semana. 

Adif aplica desde 2018 medidas para mejorar la conciliación familiar –flexibilidad horaria y reducciones de jornada- y ha aprobado planes de Igualdad que promueven la paridad en la composición de tribunales y órganos de selección, despliega cursos formativos sobre igualdad y violencia de género, y visibiliza el talento de las mujeres con una base de datos que recopila perfiles profesionales para puestos de responsabilidad.

Planes de Igualdad semejantes ya funcionan en Ineco, que impulsa además el Programa Horizonte por el que víctimas de maltrato encontrarán en la empresa un empleo estable. Enaire y Aena hacen lo propio en el ámbito aeroportuario.

Creo en el feminismo porque es la revolución más pacífica de la historia, una revolución que no disgrega sino que une y que completa a la Humanidad. Creo en el feminismo porque, como decía Flora Tristán, el grado de civilización de las distintas sociedades es proporcional a la independencia de la que gozan las mujeres. No se trata de una cuestión partidaria. La izquierda debe ser feminista, pero el feminismo es transversal e interpela a todos, sea cual sea su ideología.

Este 25 de noviembre las fachadas del Ministerio de Transportes y de todas sus empresas públicas se iluminarán de violeta para recordar a las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, cuyo asesinato por la dictadura de Trujillo, hace ahora 40 años, conmocionó a la sociedad dominicana y al mundo, y dio origen a este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Las víctimas del machismo nos interpelan a todos. Otro mundo, otro modelo de sociedad en pie de igualdad, es posible.

“Ya disponemos de diagnósticos científicamente rigurosos. Ahora es apremiante la acción para inventar el futuro”

Federico Mayor Zaragoza

En 1879, año en el que un grupo de trabajadores e intelectuales liderado por Pablo Iglesias fundó el PSOE, la comunidad científica no era consciente aún de las consecuencias de la acción humana en la transformación del clima.

Sin embargo, a medida que la preocupación por el medio ambiente fue cobrando relevancia, primero en ámbitos científicos y académicos y más adelante en la esfera política y social, el PSOE fue incorporando una sensibilidad ecológica como parte sustantiva de su discurso y de su acción política.

Esta audacia y esta capacidad anticipatoria a la hora ocuparse de cuantos aspectos de la vida fueran susceptibles de transformar la sociedad para mejorar nuestro país siempre ha formado parte del ADN socialista, independiente del momento y del contexto histórico.  

De hecho, el PSOE siempre ha estado a la vanguardia de progresos sociales, impulsados por su acción política. Fue determinante en la consecución de los primeros derechos laborales, en el establecimiento del sufragio universal y en la aprobación del voto femenino como requisitos democráticos, y en la asunción política y social de los valores republicanos con la proclamación de la II República.

La ley del divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo o el reconocimiento de la identidad sexual que supuso la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo no habrían salido adelante sin el compromiso ideológico del PSOE, el partido que más se parece a España y que más ha contribuido al progreso de nuestro país.

La construcción de una cultura ecológica que ahora es transversal a todos los partidos, pese al coqueteo con las tesis negacionistas de la extrema derecha, también debe mucho al PSOE.  

Tras la aprobación de importantes leyes de contenido ambiental durante los gobiernos de Felipe González (Ley de Aguas, Ley de Costas, Ley de Montes,..), posteriormente con el gobierno de Zapatero se aprobaron diez leyes para potenciar la consideración de la ecología en la agenda política ( y, por primera vez, en 2005 se redujeron las emisiones de gases de efecto invernadero.). Con la llegada al gobierno de Pedro Sánchez, -un líder profundamente convencido de la importancia de la dimensión ambiental como garante de un progreso más justo, seguro y duradero,-y en el contexto del actual gobierno de coalición, se ha producido un importante salto cualitativo: la transición ecológica se ha situado en una vicepresidencia del gobierno, visibilizando así su carácter transversal, con una titular, Teresa Ribera, de reconocido prestigio internacional, gracias a su conocimiento y compromiso en materia ambiental, y en particular en la lucha contra el cambio climático. 

Ahora tenemos la ocasión de demostrar desde el gobierno nuestro compromiso en esta materia: ya tenemos en tramitación el proyecto de Ley de Cambio Climático y transición energética, (que establece la neutralidad climática en 2050 y las medidas para avanzar en una hoja de ruta gracias a la que se crearán nuevos empleos y se fortalecerá nuestro tejido industrial..), se ha aprobado un anteproyecto de ley de residuos, una estrategia de economía circular... y todo ello nos permitirá acceder a importantes cuantías del nuevo Fondo Europeo para la Recuperación.

Para alcanzar estos objetivos ambiciosos necesitaremos una transformación de las propias costumbres y hábitos de la ciudadanía, de nuestros sectores económicos, y, cómo no, de los propios partidos políticos.

Los cambios necesarios, pues, no afectan sólo a las normas y al conjunto de la sociedad, sino que interpelan de manera rotunda a los partidos políticos. El PSOE está decidido a asumir la responsabilidad de transformarse y a arrogarse el protagonismo de la transformación ecológica. Esta coherencia es la que nos exige la ciudadanía, cada día más implicada en cuestiones climáticas, especialmente los jóvenes, herederos de un mundo que será peor si no empezamos a actuar ya. 

Bajo estas premisas, en un mundo asolado por la pandemia del COVID-19 –que también tiene causas climáticas- y con la aspiración de ser partícipes de todas estas transformaciones de progreso, el 11 de mayo del 2020 la Ejecutiva Federal del PSOE aprobó un plan de transformación ecológica y digital (Plan Luz Verde) que aspira a ser el referente de la sostenibilidad dentro de los partidos políticos. 

Este plan abordará la huella de carbono de las sedes federales y las agrupaciones, así como la digitalización del partido, una acción política más sostenible y conseguir la implicación medioambiental de toda la militancia. 

En la celebración del Día Internacional contra el Cambio Climático, los socialistas hemos lanzado una campaña para dar a conocer nuestro plan y solicitar de la ciudadanía apoyo para obtener recursos económicos que permitan aplicarlo. La actual legislación de financiación de partidos políticos impide obtener ayudas económicas como las que facilitará el Gobierno de España con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española para la transformación ecológica y digital.

Los partidos políticos no podemos quedar al margen de esta transformación fundamental para el futuro de España y del planeta. Por eso, hemos puesto en marcha un sistema de financiación del plan: microcréditos verdes (donde los prestamistas podrán obtener el 3% de interés anual), donaciones verdes y una cuota verde para la militancia.

Ser pioneros implica autoexigencia, trabajo y conciencia de lo que nos rodea. Los socialistas queremos dejar un mundo mejor para aquellos que lo hereden; no queremos que nuestros descendientes, como diría Albert Camus, nos desprecien “porque pudiendo tanto, nos atrevimos a tan poco”. 

Así como las elecciones retratan la fisonomía de un país, no siempre los líderes políticos se comportan de acuerdo con la función y responsabilidad que los ciudadanos les encomiendan.

Las elecciones del pasado 28 de abril alumbraron un país principalmente progresista, moderado y comprometido con la justicia social, la tolerancia, el feminismo y el ecologismo. Las urnas volvieron a dejar claro en mayo que la gran mayoría de este país se identifica de con estos valores y actitudes. Sin embargo, la gobernabilidad de España se ve comprometida por la estrategia de bloqueo de dirigentes políticos situados en las antípodas ideológicas, pero unidos por el mismo afán obstruccionista.

El 10 de noviembre los españoles volveremos a votar no sólo con el bagaje acumulado tras una experiencia de gobierno en la que España ha mejorado, sino con una experiencia de la oposición en la que sus líderes han empeorado respecto de su propio pasado.

Ni Pablo Casado puede presentarse ahora como garante de la gobernabilidad y la moderación después de haber bloqueado el país y pactado con la ultraderecha, ni Albert Rivera puede liderar ninguna alternativa regeneradora tras haber hecho de muleta del PP de la mano de Vox. Ni Pablo Iglesias puede representar a una izquierda políticamente útil y transformadora después de haber boicoteado, por cuarta vez, la formación de un gobierno socialista.

Unos y otros han mermado su propia credibilidad por haberse dejado llevar por el dogmatismo y por haber subordinado el interés general al cálculo tacticista. Además, unos y otros han errado estrepitosamente en sus diagnósticos. Los españoles han visto que no existía ningún “plan”, ni ninguna “banda”, ni ningún pacto oculto con la derecha o con los separatistas. La realidad ha hecho añicos su discurso y no se puede encomendar la gestión de un país a quien es incapaz de interpretar su realidad política. Más aún de cara a unas elecciones en la que los españoles no decidirán solamente entre izquierda y derecha, sino también qué partido está más capacitado para dar una respuesta adecuada a la cuestión territorial, la transformación digital, la emergencia climática, el papel que debe tener España en el mundo, o la agenda feminista.

Al PSOE le avala el balance de una buena gestión de Gobierno y un compromiso político e institucional reconocibles por su responsabilidad y su moderación. Pedro Sánchez ha antepuesto siempre el interés del país en sus decisiones porque el objetivo del presidente es afianzar la gobernabilidad y la estabilidad, más allá de la votación de investidura. También debemos defender esta actitud y esta coherencia como un activo de cara al 10N.

La universalización de la sanidad; el aumento de las becas, las pensiones, el Salario Mínimo Interprofesional y las ayudas a desempleados; la nueva normativa del alquiler; y el mayor peso de España en el mundo son logros de gestión que tenemos que reivindicar como propios y defender como avances irrenunciables en el futuro.

El Gobierno ha demostrado que puede mantener el crecimiento en un contexto generalizado de desaceleración, que está decidido a afianzar la red de seguridad del Estado del bienestar y que se puede hacer frente al problema territorial sin invocar permanentemente situaciones de excepcionalidad. Esto es: sin renunciar a la legalidad, desde el diálogo y la defensa firme de la Constitución, que es el mejor modo de garantizar la unidad territorial y la convivencia en Cataluña.

Estas son las mejores bazas del PSOE de cara a una campaña que no sólo la militancia, sino también el conjunto de los votantes progresistas y moderados, debemos aprovechar para dejar sin capacidad de boicot a los bloqueadores.

Las elecciones deben servir para resolver un bloqueo político perjudicial para afianzar un marco duradero de estabilidad, el progreso y la cohesión social. Con éste ánimo pediré el voto para el PSOE. Desde el convencimiento de que es el partido que mejor representa a la mayoría progresista de este país, el más capacitado para defender los intereses generales desde la centralidad y el único que ha demostrado que tomará sus decisiones pensando en el conjunto de los españoles y españolas, y no sólo en quienes nos votan. Sencillamente, el PSOE es el partido que más se parece y mejor representa hoy en día a España.

Por esta razón, frente a quienes esperan solucionar en las urnas sus problemas de liderazgo, su supervivencia como actores políticos, o su ámbito de influencia en una esquina del tablero, el PSOE las afronta como una oportunidad para superar el bloqueo.

Nuestro reto es que las urnas reflejen, de una manera más rotunda si cabe, cómo es nuestro país y cómo queremos que siga siendo. La fuerza de los votos es el mejor antídoto frente a la sinrazón de los bloqueadores.

Rita Barberá ya no puede representar a los valencianos ni a Les Corts Valencianes, y de hecho ni lo hará pues lo previsible es que no acuda al Senado pero sí siga disponiendo de sus privilegios

Todo era previsible. Desde que el pasado verano estalló el escándalo de corrupción que puso en jaque a todo el PP en el Ayuntamiento de Valencia, ni el más optimista de los juristas podía concebir que “la alcaldesa de España”, –así es como la definían en su partido hasta ayer mismo–, iba a salir airosa del escándalo de blanqueo de capitales que ha salpicado al consistorio valenciano. Su principal valedor, Mariano Rajoy, ha dejado caer de su tablero de ajedrez a la que ha sido la “reina” entre sus filas. Previsible. Lo que quizá no lo era tanto es que no renunciara a ser senadora, o sí.

La hasta ahora intocable Rita Barberá, el sostén de Rajoy en el Congreso de Valencia de 2008 cuando acababa de fracasar en las elecciones generales, es ahora un inconveniente para los suyos y le toca salir por la puerta de atrás después de derrochar tanto poderío. Se ha dado de baja del PP, pero mantiene su coartada institucional. Quiere esquivar la acción de la justicia con los privilegios que le otorga su acta en el Senado. Todo un dardo envenenado.

Veinticuatro años de poder absoluto en el Ayuntamiento de Valencia, imponiendo el rodillo, sin dialogar con la oposición y arrinconando al discrepante, y con un poder paralelo a los presidentes de la Generalitat, Barberá representa el modo absolutista de ejercer el poder y la concepción ideológica de la derecha más vinculada al pasado franquista. 

Acosada por su propio partido, que esperaba que no solo se diera de baja del PP, sino que también renunciara a su escaño, Barberá ha vuelto a imponer su voluntad y la histórica de Alianza Popular pasará a formar parte del Grupo Mixto en el Senado, compartiendo espacio con partidos que siempre ha despreciado como Bildu, Convergència y Compromís. 

Considerada como un gigante político dentro de sus filas, ni los casos de corrupción que afectaron a su equipo de gobierno, ni las denuncias sobre los abusos de poder que cometía en su gestión y, ni siquiera, las millonarias facturas a cargo del contribuyente que han salido a la luz en los últimos años en hoteles, viajes o almuerzos pudieron hacer tambalear sus deseos de perpetuarse en las instituciones.

Hoy, tras el comunicado difundido por el que hasta ahora era su partido, y que demuestra que permanece la complicidad, comprobamos como la exalcaldesa mantiene sus formas, impone sus criterios, pese a quien pese y aunque dé el último estoque mediático a la maltrecha imagen de un partido asolado por la corrupción.

No descubro nada si les digo que el caso Taula supera los límites de la Comunitat Valenciana. Nos encontramos en un momento crucial en el que todos los partidos con representación parlamentaria deben reflexionar sobre el por qué hemos llegado hasta aquí. Casos como el de Rita Barberá, Bárcenas, Soria, Acuamed, Gürtel, Matas y dirigentes del PPCV como Blasco o Fabra en prisión… explican de dónde venimos y por qué hemos llegado hasta este punto, y por tanto, por qué resulta inexplicable facilitar un gobierno del Partido Popular.

El futuro judicial de la exalcaldesa ha adquirido dimensión nacional y un carácter trascendente, dado que su permanencia en el Senado revela que Rita Barberá nunca ha defendido los intereses generales, sino los suyos propios. Manteniendo su acta de senadora territorial en la Cámara Alta, en representación no de los electores sino de la Comunitat Valenciana, la exalcaldesa no hace más que despreciar dos instituciones que representan la soberanía de todos los ciudadanos valencianos y españoles. Les Corts Valencianes, como responsables de su elección deberían manifestar su criterio en contra de su permanencia en la Cámara Alta.

Barberá ya no puede representar a los valencianos ni a Les Corts Valencianes, y de hecho ni lo hará pues lo previsible es que no acuda al Senado pero sí siga disponiendo de sus privilegios y de unas retribuciones no por su trabajo sino por el mero hecho de llamarse por su nombre. En esto también defraudará a la patria pese a su acostumbrada falta de pudor al usar el nombre de España en su particular comunicado. Invocar a Valencia y España demuestra el patriotismo depredador de cierta derecha, pero invocar una Constitución que no apoyó en su día es el último ejercicio de su particular hipocresía.

La pelota está ahora en el tejado del PP. Si Barberá permanece en el Senado la perversión política del PP seguirá su curso. Y solo Rajoy será su responsable.

Cierto es que yo, de modo partidista, ansiaba que Pedro Sánchez lograra la investidura – qué otra cosa se puede esperar de un socialista sino pretender un presidente socialista- pero estaba, y estoy, convencido que estábamos ante una verdadera oportunidad de cambio político en España, no solo por el cambio en las políticas que de modo impositivo ha venido aplicando el Partido Popular durante más de cuatro años, sino también por las formas en un nuevo contexto pluralista desconocido hasta ahora. Solo por este hecho, el de pasar página de un mal periodo y abrir un tiempo nuevo basado en los acuerdos, me parecía suficiente para lograr esa investidura.

Pero esta decepción no fue lo que más me golpeó emocionalmente. De hecho, en la pasada legislatura acabé acostumbrándome a perder votaciones ante el rodillo del PP. Lo que me golpeó fue la actitud de Podemos. Siempre he sentido una tendencia natural hacia el logro de mayorías de izquierda aun cuando soy consciente que las semejanzas fuerzan las divergencias. No me pareció bien que los ataques más feroces a nuestro candidato procedieran de quien puedes considerar más próximo y consiguieron que algunos viejos recuerdos personales afloraran. Recuerdos de un pasado que con el transcurso de la edad siempre nos conmueven.

Me vino a la memoria una imagen de esas que se conservan congeladas. Era en 1977 y yo acudía como militante de las Juventudes Comunistas a una manifestación en defensa de los Pactos de la Moncloa que el PCE apoyaba. Un militante del PCE (ml) golpeó con un martillo a un militante del PCE que hacía de servicio de orden para impedir que individuos contrarios al Pacto violentaran dicha manifestación. En nombre de la izquierda, de la auténtica, se golpeaba a la izquierda considerada traidora. El agresor fue expulsado por otros miembros del servicio de orden del PCE mientras que el agredido, ensangrentado, persistía en mantenerse cogido de la mano con sus compañeros sin abandonar la misión asignada. Hoy aquellos Pactos son glosados como un acuerdo fundamental que dio inicio al periodo de mayor libertad, desarrollo económico y bienestar social que ha vivido España en toda su historia.

En la universidad, siendo del PCE, tuve que soportar el calificativo despectivo de revisionista por los depositarios de las esencias izquierdistas, la gran mayoría de los cuales se olvidó prontamente de su compromiso revolucionario incluso político. Más tarde, el de socialdemócrata, que con orgullo cargo desde 1981.

Cuando Pablo M. Iglesias subió, por primera vez a la tribuna del Congreso el pasado día dos comenzó su intervención invocando el recuerdo de Puig Antich, de los asesinados en Vitoria y de los abogados asesinados en la calle Atocha de Madrid. Me hubiera parecido bien tal invocación si no la hubiera utilizado como un arma contra otros grupos de la Cámara ignorando las vivencias, trayectorias y sentimientos de quienes formamos tales grupos que, a juicio o, mejor dicho, a prejuicio del sr. Iglesias, debemos encontrarnos en las antípodas de su sensibilidad.

Me llamó la atención que alguien que nació en 1978, esto es, después de que ocurrieran tales vilezas, se apropiara de aquello para utilizarlo provocativamente frente a otros. Me supo especialmente mal la alusión a la matanza de Atocha pues aquel fatídico mes de enero de 1977 lo viví como militante comunista con mucha preocupación, porque la esperanza de lograr la libertad en nuestro país se iba al garete y nuestra propia seguridad también.

Por eso, cuando Antonio Hernando en su intervención homenajeaba los 136 años de historia del PSOE reivindicando su legado, e Iglesias negaba que los actuales socialistas fuéramos los legítimos herederos, yo exclamé ¡Qué sabes tú de nuestras vidas!

Mi compromiso con el socialismo, más aún cuando era un adolescente revolucionario, siempre se fundamentó en los afectos y nunca en el odio. Nunca me sentí impelido por ningún resentimiento personal, social ni ideológico. Sí que conocí personas que se vinculaban a la lucha política alegando su origen social como una injusticia de origen, y no les faltaba razón, y otras reivindicando la memoria de familiares que sufrieron la represión cuando no ellos mismos. Pero no eran la mayoría. La mayoría destilaba empatía, generosidad, afecto y desprendimiento. Por eso, no entiendo el odio en las actitudes del diputado Iglesias. No puedo compartir la descalificación sistemática basada en el prejuicio y la soberbia que otorga la presunción de superioridad moral frente al resto.

El prejuicio y la descalificación de los actores, su deslegitimación en definitiva, sacrifica los contenidos y las razones. Por eso el debate de investidura no se produjo sobre los contenidos del acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, sino por ser un acuerdo entre estos, a los que no se les otorga ni el beneficio de la duda. Evocando a Michael Ignatieff se nos niega el derecho a ser escuchados porque se antepone la descalificación.

Si echara mano de la historia podría recrearme en encuentros de competición izquierdista que solo contribuyeron al fin de la libertad y a enormes dolores y sufrimientos. La transición democrática se nutrió de aquellas experiencias y el país se conjuró para que nunca jamás volviéramos a vivir tanta desgracia. Claro que quien denigra aquél tiempo está despreciando todo aquel esfuerzo y todo aquel dolor sufrido. Los que sufrieron en carne propia el sufrimiento decidieron abrir ventanas para que corriera el aire limpio y se avistaran horizontes de paz, libertad y progreso. Llama la atención que quienes no lo vivieron sean menos generosos que los que lo sufrieron.

Del Partido Popular sabía lo que podía esperar, era previsible su actitud pues al fin y al cabo la candidatura de Pedro Sánchez era una enmienda a la totalidad de su gestión. De los independentistas y nacionalistas, también podía esperar lo que ahí escuché. De quien no podía esperar tal actitud es de quienes pensaba que podríamos compartir la inquietud por restituir la dignidad de los más débiles.

*José Luis Ábalos es secretario adjunto del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia