Hablar de la quinta libertad del aire, es decir, la posibilidad de que una aeronave procedente de un país no español y con destino a un país tercero pueda parar en un aeropuerto canario para embarcar y desembarcar pasajeros, correo y carga, no es hablar únicamente de políticas de transporte. Es hablar de un asunto que forma parte de la hoja de ruta de este archipiélago como un mix de políticas que apalanquen su crecimiento, y así se refleja en el documento de la estrategia de crecimiento inteligente de Canarias (RIS3).

Hemos tenido la oportunidad de debatir sobre la quinta libertad en el Parlamento de Canarias en el pasado pleno y llama la atención que. pese a ser un asunto cuya importancia suscita la opinión favorable unánime de toda la Cámara, no veamos realmente avances en esta cuestión en el archipiélago. Es necesario un análisis mucho más amplio para pasar del debate de la forma, es decir, de las políticas de transporte, al debate de fondo, que es cómo afectaría a nuestro archipiélago convertirnos en una verdadera plataforma del Atlántico Medio.

Pero, ¿cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo? El conjunto de los 17 países que forman África Occidental suponen un total de 300 millones de habitantes y un producto interior bruto agregado de 300.000 millones de dólares, un crecimiento de alrededor del 12 por ciento en los últimos años y una previsión de crecer al 9 por ciento anual de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. En este contexto, ¿dónde vá a estar Canarias?

Es el momento oportuno, en la incertidumbre de la privatización de AENA, de reforzar el propósito de conseguir la quinta libertad para los aeropuertos canarios, en lo que, bajo mi punto de vista, la mayor ventaja no se sitúa en el aumento de pasajeros, sino en el aumento de la capacidad de carga que favorezca que las empresas canarias puedan importar y exportar productos de manera más competitiva en las miles de toneladas cúbicas que viajan vacías hoy en día.

No es más barato para las aerolíneas que viajan a África operar en hubs europeos como Londres, París o Frankfurt que operar en Canarias. Además, desde las islas tenemos la oportunidad de beneficiarnos del plan de inversiones en África aprobado por Obama, que incluye 24.000 millones de dólares y acuerdos empresariales por valor de 10.500 millones.

Seamos una verdadera plataforma que dé a las operaciones comerciales y, no lo olvidemos, humanitarias, el soporte técnico, médico o jurídico; reivindiquemos que ser un concentrador de vuelos tiene todo el sentido en una región ultraperiférica y que es una medida que, potencialmente, tiene un efecto de fondo fundamental para la economía canaria

Son unos presupuestos históricos porque no cuadran. Esto está reconocido en los escritos, no uno, sino dos, de corrección de errores en los que el Gobierno trata de remendar de aquella manera lo que no dejó previsto en el proyecto de Ley o, peor, las trampas que dejó previstas y que ahora no tiene más remedio que enmendar.

No solo no cuadran, sino que, además, incumplen con varios preceptos legales y, por tanto, no deberían tramitarse. Por un lado, la condonación de la deuda a las sociedades de estiba (Sagep), que podía haber arreglado en vía administrativa, que no deja contentos ni a los propios beneficiados, pues les hace tener que posicionar unos recursos que no tienen, para que después le sea condonado y además tributar por ello. La cuantía de esta condonación no la especifica ni la memoria económica del proyecto de presupuestos ni el propio texto articulado, lo que contraviene lo estipulado en el artículo 75 de la Ley General Tributaria (la condonación, hecha en virtud de ley, debe determinar cuantía y requisitos).

Por otro lado, los expertos valoran en 50 millones la recaudación que el Gobierno haría de entrar en vigor la exención de IGIC eléctrico, dado que las eléctricas no podrían deducirse el impuesto soportado, lo que, de hecho, afecta en mayor medida a las renovables. Pues bien, visto el plumero, a través de un escrito de corrección de errores pretende modificar el impuesto y mantener la exención para consumidores y situarla a tipo cero para las empresas. ¿Dónde está el problema? El problema está en que la consejera no dice de dónde va a sacar esos 50 millones, algo que desequilibra el presupuesto de ingresos y gastos. En otras palabras: no se sabe cómo va a quedar.

Por si esto fuera poco, el Gobierno plantea una rebaja lineal del IGIC para que el Partido Popular le apruebe los presupestos. Sin embargo, se olvida de incluir en la memoria económica el impacto presupuestario de la misma. Podríamos entender que esto es políticamente criticable, que es una irresponsabilidad sin precedentes, lo que sea. En mi opinión, se trata de una (otra) vulneración de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que obliga al Gobierno, en su artículo 27, a acompañar los presupuestos de la información precisa para relacionar el saldo resultante de ingresos y gastos.

Pregunté sobre este descuadre a la consejera, pero ella prefirió contestarme sobre Sánchez, probablemente porque no tiene respuesta.

El material didáctico actual de los colegios públicos y concertados deja fuera del alcance de la comprensión de los niños y niñas a una gran parte de la sociedad. Los modelos de familia han cambiado: las familias monoparentales, sea por decisión propia o por circunstancias impuestas, o las familias compuestas por personas del mismo sexo no están representadas en los libros de texto que explican a los niños y niñas lo que es una familia. ¿Acaso alguien puede poner en duda que un papá o una mamá que vive solo con su hijo no es una familia? ¿Acaso no es una familia la de la niña que tiene dos mamás?

No me cabe duda de que los maestros y profesionales de la educación intentan paliar esta deficiencia explicando a sus alumnos que otros modelos existen, pero esto es un parche a la exclusión. Existen personas que han decidido establecer un vínculo familiar basado en el amor y no basado en estereotipos históricos o religiosos, y no se trata de que se estimule uno u otro modelo, sino de reconocer los existentes y trasladar a niños y niñas una visión más inclusiva de la sociedad actual.

Muchos de los problemas de los adultos en la sociedad del mañana podrían solucionarse desde las aulas de nuestros alumnos de hoy. A través de las escuelas disponemos de herramientas excepcionales para alcanzar una sociedad más inclusiva. Para ello, es necesario que el Gobierno se implique y que, respetando la autonomía de los centros, puedan reflejarse en el material didáctico los diferentes modelos de familia.

Debe ser un trabajo codo con codo con los centros educativos, con los consejos escolares, con las editoriales, con los docentes, pero también con las familias, con todas las familias, sean como sean.

En el último pleno del Parlamento de Canarias, anunciamos, desde el mayor ánimo constructivo, la presentación de una proposición no de ley encaminada a este objetivo. Es nuestro deseo que esta propuesta no se quede solo en Canarias y que sirva de ejemplo en otras comunidades autónomas.

Por otro lado, detengámonos en ese niño que no ve reconocida nunca, en ningún ejemplo o imagen de los que aparecen en ese material, a su familia. Hablamos del que tiene dos mamás, del que tiene un papá, del que vive con su abuela o con sus tíos por las circunstancias que sea y que se siente marginado, apartado, diferente a esa mayoría. No entiende por qué, si tanto hablamos de ‘normalizar’, su modelo de familia jamás aparece en los libros del colegio.

Es enriquecedora para nuestra sociedad esa variedad de modelos de familia. En el caso de parejas del mismo sexo, no existe extravagancia o exotismo alguno, sino tipos de familia que están reconocidos en nuestro marco legal y que han hecho de nuestro país un referente para toda Europa y un ejemplo mundial de respeto y tolerancia.

Respecto a las familias monoparentales, recordemos una vez más sus reivindicaciones en cuestiones tales como la consideración de numerosas y la lucha que llevan años y años manteniendo por visibilizar una realidad que existe: son casi dos millones en España, de las que más del 80 por ciento las encabezan mujeres. La cara más dura de este modelo la encontramos en aquellas personas que no decidieron formar una familia monoparental, sino que circunstancias impuestas las han llevado de manera forzada a esta situación.

No regresemos al debate retrógrado de qué es lo normal o lo anormal, sino continuemos avanzando hasta conseguir que ningún niño o niña tenga que plantearse en la escuela que su familia es rara porque no está formada por un papá y una mamá, que es la única imagen que aparece, hoy por hoy, en los libros del cole.

Esta administración está acostumbrada a guardarse una carta, a “corregir” las cosas a su manera, a hacer los anuncios a todo volumen pero a dejar las medidas sin efecto a través de la puerta de atrás. Eso sí, le reconozco a Coalición Canaria la capacidad de inventiva para, aun anunciando las medidas a bombo y platillo, remendarlas sin que lo parezca para que esa medida remendada no se parezca en nada a la original.

Esto es lo que pasa con la dispensa de la presentación del DUA en Canarias. Invito al lector a que haga una compra por correo electrónico de unos pocos euros y se sorprenda al ver cómo el operador le dirá que esa mercancía está sujeta a DUA. El lector, sin duda, pensará: pero, ¿cómo, si no se hace hasta los 150 euros? Sin embargo, el operador le dirá que esa medida no se aplica -desde hace dos meses- a las mercancías que vienen por vía marítima, es decir, a la práctica totalidad de las mercancías que llegan a Canarias.

¿Se sentirá usted engañado? Claro. ¿Estafado? Por supuesto. Así opera el remiendo para proteger un chiringuito a costa del ciudadano de a pie. Cuando usted, en su justificada rabia investigue, descubrirá que en pleno verano, la Agencia Tributaria Canaria sacó una resolución que hace que la dispensa del DUA no se aplique si está gravado por el AIEM, o si está excluido de la norma de exención del IGIC -esto no era necesario, pues ya lo impide la Ley 20/1991 de Régimen Económico y Fiscal-, o bien esté en el REA, o en el MEA, y por si se va usted a escapar, si lo que compró llegó a Canarias por barco. Además, la propia resolución, no se vaya usted a librar, le obliga a hacer el DUA y pagar por ello, aunque lo que compre venga de la Unión Europea (España incluida) o no. Es decir, después de esta resolución que aclara -corrige- la orden, resulta que la exención es solamente la excepción: la norma es que usted pague.

Es imposible avanzar en comercio electrónico con este Gobierno, en internacionalización de la economía canaria, en encaminarnos a una situación de igualdad con el resto de territorios del país al que pertenecemos o de la UE, simplemente porque los que gobiernan siempre no se lo creen. Eso sí, mientras tanto sigamos unos muchos perdiendo oportunidades para que unos pocos conserven su parcelita intacta.

También recientemente ha sido aprobada la creación de una comisión de estudio sobre la situación del transporte en Canarias. En ambas oportunidades y como portavoz parlamentario de Obras Públicas y Transportes, he insistido en que nos encontramos, en materia de conectividad aeroportuaria, en una situación de incertidumbre por la privatización de AENA. Es necesario defender la titularidad pública de puertos y aeropuertos, y así lo hemos subrayado en el Parlamento de Canarias; debemos tener absolutamente claro el carácter estratégico y de interés general de los aeropuertos canarios.

La venta a precio de ganga de una empresa rentable y competitiva ha sido contraria al interés general, sin una sola gestión privada que lo justifique. Un año después su cotización supone el doble de la cifra de venta. Por si fuera poco, éste no es el único indicativo de que estamos ante una decisión inadecuada, pues la primera decisión del Consejo de Administración después de la privatización fue congelar el precio de las tasas, que fue rechazada por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), dado que debía bajar cerca de un 2 por ciento. La segunda decisión, ambas con el voto favorable de los representantes del Gobierno del Partido Popular, fue recurrir esta resolución de la CNMC. Nada de interés general.

¿Cómo aumenta sus ingresos un operador privado? En este caso, tiene básicamente dos vías: la primera es aumentar el precio de las tasas, decisión que, como digo, fue rechazada por la CNMC y, por otro lado, el aumento de los alquileres del suelo aeroportuario, presión que en el caso de los aeropuertos de Canarias incluye ahogar a empresas locales que han estado toda la vida en los aeropuertos y que no pueden afrontar, en algunas ocasiones, los nuevos costes. Este ejemplo lo hemos tenido en El Hierro en los últimos meses.

No me vale la argumentación equivocada que escuché en el pleno sobre que éste fue un camino que abrimos los socialistas. El PSOE nunca inició un proceso de privatización, lo que hizo fue crear un marco legal para que, si un gobierno se viera obligado a hacerlo, porque de hecho se dieron las condiciones objetivas, lo pudiera hacer. Fue un presidente del Partido Popular quien privatizó AENA, el mismo presidente al que otros partidos decidieron prorrogarle el contrato en la sesión de investidura. Y si queremos buscar referencias, busquemos la del señor Tsipras en Grecia, que ha cedido la explotación de 14 aeropuertos griegos (entre ellos los más rentables como Corfú, Mikonos o Santorini) al grupo alemán Fraport por más de 40 años como condición impuesta por la Unión Europea para el tercer rescate, de forma contraria a lo sostenido en campaña electoral.

Volviendo a Canarias, ahora llega al debate una novedad, en forma de dos sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que, a pesar de su sentido desestimatorio en lo relativo a los acuerdos recurridos, abren una oportunidad irrenunciable, la posibilidad de reclamar la competencia por poder entenderse que la privatización supone el paso a una gestión indirecta, por lo que estaría el Gobierno de Canarias en disposición de reclamar la competencia de determinados servicios aeroportuarios. En este sentido, el Acuerdo por la Gobernabilidad de Canarias suscrito entre el Partido Socialista Canario y CC recoge la voluntad de recibir la transferencia de la competencia de tráfico aéreo interinsular y, en este sentido, el Gobierno y la consejera de Obras Públicas y Transportes están siendo absolutamente coherentes con el acuerdo.

No estoy seguro de que la asunción inmediata de la gestión de estas competencias en este momento sea lo más adecuado, sobre todo por la complejidad que implica la gestión aeroportuaria, pero de lo que no tengo la menor duda es de que estas sentencias abren un camino que va a condicionar las relaciones bilaterales del Estado con Canarias, e introduce un nuevo elemento en las negociaciones abiertas a favor de las Islas.

Por último, no pude dejar de sonrojarme al escuchar a la portavoz del Partido Popular defendiendo las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo como victorias del Gobierno del Partido Popular. Hay que ser miope para no ver la trascendencia de estas resoluciones judiciales, pero ya se sabe, no hay más ciego que el que no quiere ver y lo que realmente me produce indignación es la señora Navarro, cuando habla de vencedores y vencidos. No se da cuenta de que, en cualquier caso, los que pierden siempre con el señor Rajoy y el señor Soria son los ciudadanos.