El mundo político de 2026 está viviendo un declive en la cultura y la realidad democrática en diversas regiones del planeta. Entendemos por democracia un concepto que se remonta a la Grecia clásica y que se resume en la potestad de decidir colectivamente, porque el pueblo es el titular del poder político.

La democracia es igualdad. Igualdad frente a la ley (enmienda XIV de la Constitución de EEUU) y en el goce de los derechos (artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789).

La democracia es libertad. Como límite al poder político (Locke) o como voluntad general ilimitada y soberana (Rousseau). Siempre anhelo de los individuos y los pueblos. Una persona es libre si se somete a las leyes que ha decidido hacer.

La democracia es también participación, que se hace posible, no solo a través del sufragio, sino de la libertad de opinión y del derecho a la información (artículo 20 de la Constitución española). Es la evolución desde una democracia representativa y delegativa a una democracia que Habermas llamó democracia deliberativa.

La democracia protege los intereses personales esenciales y evita la tiranía que León XIV repetidamente viene condenando. La democracia, en definitiva, como dice Asa Wikfurss, es la forma de gobierno que mejor sirve a la humanidad y a los seres humanos. Se toma en serio la razón y el conocimiento.

Pero la democracia es vulnerable, porque es abierta, por ejemplo, ante la desinformación. Así, ocurre que el mundo está cambiando. El número de regímenes democráticos disminuye.

En los años 80 y 90 del siglo pasado el número de democracias en el mundo aumentó. Sin embargo, a partir del comienzo del siglo XXI, la democracia retrocede. Hoy, según los datos que suministra Varieties of Democracy (V-Dem) —la mayor fuente de información existente sobre democracia— 45 países que representan el 43% de la población están en proceso de autocratización. En muchos lugares, la gente parece estar insatisfecha con la democracia, probablemente por el crecimiento imparable de las desigualdades globales y por la desinformación galopante.

A principios de 2026 el número de autocracias en el mundo son 92, frente a 87 democracias. El 74% de la población del planeta vive bajo regímenes autocráticos.

En la actualidad, como advierte Jesús de Miguel, el nivel de democracia en la Europa occidental y Norteamérica está al nivel más bajo en cincuenta años. El factor que más influye en ello es la deriva de EEUU, que en el ranking de democracias de V-Dem ha descendido del puesto 20º al 51º, de un total de 179 países. Por contraste, por cierto, España ha pasado del puesto 26 al 21.

La concentración de poder en el “ejecutivo solitario”; la limitación de los derechos civiles; el asedio a las universidades y los medios, y la política exterior de Donald Trump, violando el derecho internacional y oponiéndose bruscamente al multilateralismo, explica el descenso abrupto del nivel democrático de Estados Unidos. Trump inició la guerra con Irán sin provocación previa de éste y sin autorización del Congreso, tras lo cual amenazó con acabar con toda la civilización iraní.

La política de Trump ha terminado por debilitar los intereses de su propio país y la democracia global, dando un malísimo ejemplo a imitar por otras potencias, a las que se regala una entidad democrática que no poseen: Rusia es una “autocracia electoral” y China una “autocracia cerrada” según V-Dem.

De acuerdo con lo anterior, EEUU ha dejado de pertenecer a lo que V-Dem llama “democracias liberales”, que garantizan con solidez las libertades y la separación de poderes. Según esa valoración, las democracias liberales sólo existen en la actualidad en países que representan al 7% de los habitantes del mundo.

EEUU habría pasado a ser lo que V-Dem llama “democracias electorales”, o incompletas, en donde los elementos que atribuimos a las democracias plenas están afectados seriamente. Es lo que en Europa se ha dado en llamar “democracias iliberales” (la Hungría de Orbán era el mejor ejemplo).

Este panorama se completa con el impetuoso crecimiento de partidos populistas en el mundo occidental. De orientación autoritaria. Negacionistas del cambio climático o de la violencia de género. Opuestos a los movimientos migratorios y las minorías étnicas. Partidos que han utilizado para sus objetivos electorales las redes sociales o las plataformas digitales fraudulentamente. Es lo que sucedió en la campaña del referéndum por el Brexit en el Reino Unido (caso Cambridge Analytica). El nuevo mundo digital ha recibido la denominación de “era de la posverdad”.

En la era de la posverdad la sinceridad en política ya no es tan relevante. Karanach y Rich definen esta situación por las siguientes características:

Un ejemplo de esta dicotomía es el cambio climático: es difícil o imposible entenderse si hay un desacuerdo de base sobre un hecho demostrado científicamente.

Ante esa disruptiva realidad, ante la “decadencia de la verdad”, gana en importancia la lucha por la democracia como forma de gobierno. Un gobierno en el que ninguna opinión es desechable, tal y como enfatizaba Stuart Mill en su Sobre la libertad (1859). Una forma política en la que se distingue “convencer” de “persuadir” (Wikforss). Convencer es tratar al otro como un ser capaz de tener un pensamiento independiente. Persuadir es tratar al otro como un objeto.

Hay una última reflexión a hacer sobre la democracia contemporánea, sobre su dimensión supranacional, superadora del más estricto nacionalismo. El orden mundial basado en el derecho internacional y en la Carta de Naciones Unidas no ha muerto, aunque esté obviamente amenazado. La democracia política y constitucional necesita de una dimensión por encima de los Estados nacidos en 1648 del Tratado de Westfalia. Es lo que llamamos multilateralismo. Sin él, en el siglo XXI, la democracia se debilita y no puede desarrollarse conforme a sus principios fundamentales. Porque la vocación de la democracia es convertirse en una fuerza global y, con ello, en una verdadera civilización.

El proyecto de ley de reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, con las prestaciones y servicios que sean necesarios para hacerlo efectivo, presentado por el Gobierno al Parlamento, culmina todo un esfuerzo del movimiento feminista durante 40 años de democracia para que se respete en España la libre autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo y los derechos reproductivos.

Forma parte de toda una lucha por la democracia, que no es concebible sin los plenos derechos de la mujer y la no discriminación por razón de género. La lucha feminista es la lucha por la democracia y los derechos humanos.

El fin de la clandestinidad para abortar empezó con la ley socialista 9/1985, que derogó la ley franquista de 1941 que consideraba el aborto “un crimen social”. Pero en 1985 solo se despenalizó el aborto en tres supuestos: violación; peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada; o malformación fetal. Hubo que esperar a la ley orgánica 2/2010 para pasar a una ley de plazos que reconoce la libre decisión de las mujeres para interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. El Partido Popular, en 2015, introdujo la obligación de las mujeres de 16 y 17 años a obtener el permiso de los padres para abortar, pero esa limitación desapareció con la ley 1/2023. Sin embargo, aún hay limitaciones, en la práctica, para poder abortar en hospitales de la sanidad pública.

La garantía de la libre decisión de interrumpir el embarazo solo es completa si está garantizada al máximo nivel de legalidad. Y este es la Constitución. Solo así cabe asegurar la libertad de abortar frente a cambios legislativos. La evolución política de nuestro país muestra que esa libertad puede desaparecer ante la llegada al gobierno y al Parlamento de formaciones de derecha y ultraderecha, como así sucede ya en el nivel autonómico en España.

La presencia del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución significa que la autonomía de la mujer está garantizada frente a la aparición impetuosa de movimientos populistas y antifeministas. 

El derecho a la libre interrupción del embarazo tiene su base en el derecho fundamental de la mujer a la integridad física y moral (art. 15 CE), en conexión con su dignidad y el pleno desarrollo de su personalidad (art. 10.1). De acuerdo con ello, se exige del legislador “el reconocimiento de un ámbito de libertad en el que la mujer pueda adoptar razonablemente, de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo, la decisión que considere más adecuada en cuanto a la continuación o no de la gestación” (Sentencia del Tribunal Constitucional 44/2023, de 9 de mayo de 2023). Siempre tutelando por vía penal la vida prenatal, que es un bien constitucionalmente protegido. De ahí que el derecho a abortar se extienda a las 14 primeras semanas de gestación.

Este modelo legal está en la línea de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una vez que el legislador ha autorizado el aborto, el Estado tiene la obligación de crear el marco normativo y los mecanismos de ejecución necesarios para permitir a la mujer embarazada ejercer su derecho a la interrupción legal del embarazo, constituyendo el incumplimiento de estas obligaciones una vulneración del derecho fundamental a la vida privada proclamado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Pues bien, el mejor marco normativo para asegurar a la mujer embarazada el ejercicio del derecho al aborto es la propia Constitución. De ahí la conveniencia de reformar su artículo 43 para recoger explícitamente la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Ciertamente, la reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho a abortar en las condiciones legalmente establecidas no convierte al mismo en un derecho fundamental. Porque el artículo 43 está situado en el Capítulo Tercero del Título Primero de la Constitución referido a los llamados “Principios rectores de la política social y económica” y no en el Capítulo Segundo (“Derechos y libertades”). El artículo 43, su contenido, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos (art. 53.3 CE). 

El proyecto de la ley de reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho de las mujeres a abortar no es una iniciativa única en Europa. Francia ya incorporó ese derecho a su Constitución en 2024. No sólo eso. Recientemente se hizo pública una “iniciativa ciudadana europea”, suscrita por más de 1,2 millones de europeos y europeas, con el título “Mi voz. Mi decisión”. Tiene un objetivo sencillo: permitir a 20 millones de mujeres en Europa que no tienen acceso legal y seguro al aborto en su país de residencia (por ejemplo, Malta, Polonia, Hungría, Italia) trasladarse a otro Estado miembro para interrumpir su embarazo.

La iniciativa fue aprobada por el Parlamento Europeo el 17 de diciembre 2025. La Comisión Europea exige que tres Estados miembros notifiquen su voluntad de unirse a esta iniciativa. Por el momento, la apoyan España y Eslovenia. En el pasado febrero, un colectivo de artistas, investigadores y escritores franceses se han dirigido al Presidente de la República para que también la apoye. 

La Comisión Europea ha aceptado que la interrupción voluntaria del embarazo se financie con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y que se garantice a mujeres que no necesariamente provengan del Estado dispuesto a utilizar ese Fondo para ese objetivo. 

Estas iniciativas ponen de relieve la demanda de millones de mujeres que desean que la interrupción del embarazo en condiciones seguras sea un derecho garantizado al máximo nivel legal. Por eso es tan importante que en nuestro país ese derecho sea recibido explícitamente en la Constitución española. Porque defender los derechos de la mujer es defender la democracia.

Después de tantas guerras perdidas por Estados Unidos (Corea, Vietnam, Afganistán, Irak), la guerra de Irán, desencadenada por Trump y Netanyahu -o mejor por Netanyahu y Trump- tiene toda la probabilidad de traernos una profunda y global crisis económica. Con dos ingredientes seguros: la inflación y la recesión. Es lo que se ha dado en llamar “estanflación”, término que reúne dos fenómenos aparentemente contradictorios: congelación del crecimiento (0.8% en la eurozona) y, a la vez, alza importante de precios (la OCDE prevé que la tasa media de precios de los países del G-20 se dispare este año al 4%).

La causa inmediata de la crisis que ya sufrimos en el área de la Unión Europea está, como es sabido, en la subida de los costes energéticos y su traslado al transporte, la industria y la alimentación. Los orígenes mediatos están en el persistente bloqueo en el estrecho de Ormuz y la resiliencia militar y económica del régimen iraní. Algo con lo que no contaban los que, sin amenazas previas, ni objetivos políticos identificables o coherentes, decidieron, de forma a todas luces irresponsable, atacar Irán. Ahora no saben -particularmente Donald Trump- cómo terminar con la guerra.

La gravedad de la situación en las vulnerables economías europeas, tan dependientes de las cadenas de suministros y de las fuentes de energía, obliga a plantearse las políticas que puedan afrontar la crisis de modo menos dañino para las y los ciudadanos. Y surge un dilema: o restricción en la política monetaria y fiscal o estímulo a la demanda y la producción.

La primera de las dos opciones fue la escogida por la Unión Europea en la crisis de naturaleza financiera que estalló a partir de la caída de Lehman Brothers en 2008. Su epicentro era Wall Street, pero se extendió -con un presidente Bush más “pato cojo” que nunca- estruendosamente por las economías de los países desarrollados, contagiando particularmente a los países europeos. Entre otras cosas porque el Banco Central (BCE) de Trichet no percibió la crisis y actuó inicialmente subiendo el tipo de interés cuando Estados Unidos y la eurozona estaban ya en recesión. Contribuyó así a la escalada del euribor y a la caída de las bolsas europeas.

La diferencia con la política adoptada por la Reserva Federal (FED) fue abismal. La FED redujo sin contemplaciones el precio del dinero, del 5,25% al 1% en pocos meses, llegando después hasta cerca del 0%. Sin embargo, el BCE en noviembre de 2008 todavía estaba en el 3,25%. Hubo que esperar a abril de 2009 para que dejara los tipos en el 1,25%. El BCE siempre por detrás de la Reserva Federal. 

Esto en cuanto a la política monetaria, muy volcada en solucionar la situación dramática del sistema financiero. La política fiscal -gastos e ingresos públicos- competencia de los gobiernos y los parlamentos, tardó en llegar. La única medida de política fiscal de estímulo que la Unión, en cuanto tal, lanzó contra la Gran Crisis fue el Plan Europeo de Recuperación Económica (diciembre de 2018). Con directrices nada concretas, a pesar del desastre económico en términos de paro o producción. 

Esas medidas duraron poco. Una austeridad simplona, de inspiración alemana, se convirtió entre 2010 y 2013 en la madre de todas las soluciones, poniendo fin a los efímeros estímulos.

La Unión se alejó así de unos Estados Unidos reticentes a abandonar las políticas económicas de estímulos hasta ver clara la recuperación del sector público. Europa neoclásica y América keynesiana. Vivir para ver. Los ministros de economía del euro no dejaron de aludir al mantra de la “sostenibilidad fiscal” y de las “reformas estructurales”. En el Reino Unido, el gobierno de David Cameron mostró su creencia en las capacidades taumatúrgicas de la austeridad. El Fondo Monetario Internacional también prefería recortar gastos a subir impuestos. El “consenso de Bruselas”, o sea, la doctrina de la austeridad y la restricción presupuestaria, se impuso a los países europeos más afectados por la crisis, discriminados por la imposibilidad legal del BCE de actuar como prestamista de última instancia.

El efecto de la austeridad fue contundente. La Unión Europea -y en especial la eurozona- entró en 2012, por segunda vez, en recesión. Fue un año perdido para el empleo, y para las cuentas públicas. La situación se prolongó en 2013. Europa fue la única región significativa del mundo en la que creció el desempleo. Como contraste, en los Estados Unidos de Obama y Bernanke sus políticas expansivas fiscales de gasto tuvieron resultados positivos de crecimiento y en políticas sociales y de infraestructuras.

En primavera de 2013 cambió la orientación de la insostenible política de austeridad por su evidente fracaso, hacia una línea de estímulos hasta entonces solo defendida por fuerzas de carácter progresista. El paso definitivo lo dio la importante reunión del Consejo Europeo de 27 y 28 de junio de 2013 y la del G-20 de 19 y 20 de julio.

En momentos críticos posteriores a lo que se denominó como Gran Crisis, la Unión no ha repetido los errores de 2010-2013. No lo hizo durante la pandemia de la Covid 19 o en la crisis inflacionista resultante de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, ante los efectos en los precios de la guerra contra Irán, se ha abierto una dialéctica política y académica bipolar. O a favor de establecer medidas expansivas de reducir los tipos o a subirlos si la confrontación bélica se convierte en crónica. Todo parece indicar que la guerra continuará con Europa sufriendo las peores consecuencias, dada la naturaleza comercial de su estructura económica. 

A mi juicio -a diferencia de lo que parece desprenderse de recientes declaraciones de Lagarde- no tendría sentido subir los tipos como forma inmediata de combatir la inflación, porque ésta se producirá con independencia de la política monetaria, ya que su origen está en un conflicto militar y no en decisiones empresariales. En cuanto a una hipotética paralización de la economía, el encarecimiento del dinero no haría más que ahondar la crisis. De ahí la conveniencia de una política expansiva que impida que se reproduzcan los negativos efectos de una ya experimentada austeridad hace una década y media.

Tengamos en cuenta las señales que nacen de la FED, que piensa en recortar los tipos de interés en junio de este año un cuarto de punto. A diferencia del BCE, la Reserva Federal tiene como mandato no solo contener la inflación sino ayudar a mantener un alto nivel de empleo. 

En todo caso, el problema esencial es el bajo crecimiento de la economía. Para fortalecerla, los gobiernos han de tomar medidas de estímulo a través del gasto público y la fiscalidad, y el BCE no obstaculizarlas y, para ello, rebajar el precio del dinero.

Para afrontar la presente crisis energética, Europa (y España) debe practicar una política económica de defensa del Estado de Bienestar y de robustecimiento del poder adquisitivo de los hogares. Una política inversora de fondos públicos, en parte con deuda mutualizada, en parte con impuestos directos sobre las grandes fortunas y corporaciones. Y abordando la gigantesca evasión fiscal que se sustenta en los paraísos fiscales.

Como gran política de fondo, después de la crisis regional en Oriente Medio, no queda sino acelerar la transición ecológica hacia energías renovables, ante lo que Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, ha llamado “la mayor amenaza para la seguridad energética mundial de toda la historia”. España está bien situada para profundizar en esa apuesta imprescindible.

¿Por qué Donald Trump interfiere en las democracias europeas apoyando a partidos y grupos de extrema derecha antieuropeos y ultranacionalistas?

¿Por qué Trump odia y considera tan enemiga como Rusia o China a una Unión Europea que nació según él para fastidiar a los Estados Unidos? 

¿Por qué quiere destruir a una Unión de Estados cuya mayoría es formalmente aliada de Norteamérica en una OTAN sobre la que Trump repetidamente duda?

¿Por qué pretende romper el vínculo transatlántico con Europa surgido de la Segunda Guerra Mundial, en la que fue derrotado el fascismo, y de la que nació el multilateralismo, el orden mundial basado en normas y la Carta de Naciones Unidas a la que Trump desprecia?

¿Por qué desencadena guerras, como hecho consumado, sin consultar con sus supuestos aliados y les insulta si no le siguen?

¿Por qué el atacante no ha medido los efectos económicos que se prevén graves?

Estas preguntas son relevantes porque de su respuesta depende, entre otras cosas, la estabilidad en el mundo. Y Europa está implicada en ello porque, precisamente, la hoy Unión Europea basa su acta de nacimiento en el consenso sobre la paz, para que nunca más los europeos combatiesen entre sí con la enorme ferocidad de las guerras europeas/mundiales de la primera mitad del siglo XX. Esa paz y ese consenso se ha conseguido esencialmente en las ocho últimas décadas. 

La pax europea -muy diferente de la pax americana- está apoyada en los valores que figuran en los Tratados de la Unión Europea, que profundizan en los que acoge la Carta de San Francisco de 1945. El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea dice: “La Unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”.

Si examinamos una a una las palabras de este precepto que fundamenta la Unión Europea, y lo comparamos con la política que desarrolla Trump desde el comienzo de su mandato, difícilmente encontraremos coincidencias. Más bien contradicciones directas. La política megalómana y autoritaria del actual ejecutivo de Estados Unidos para dominar el hemisferio occidental, que no cuenta con su Congreso y su propia Constitución; la política exterior -si cabe llamarlo así- de Trump, cada vez más basada en la guerra, o sea, la fuerza bruta; la política racista contra los inmigrantes en un país de inmigrantes, fundamentada en la delirante idea de luchar contra un denominado “gran reemplazo” demográfico que le lleva a sostener que Europa se enfrenta a la “desaparición de su civilización”; su proteccionismo abusador, obsesionado con la ganancia económica; su oposición ciega a universidades de prestigio (Harvard); su política, anticientífica y negacionista del cambio climático.

Todas estas dimensiones están acompañadas de una actitud errática que siembra de incertidumbre la acción del país más fuerte del mundo. Una táctica sin estrategia que entra en las guerras por elección (van siete) -por ejemplo, contra un Irán claramente inferior- de forma caprichosa, sin explicaciones a la población americana, sin objetivos claramente definidos, ni control sobre las consecuencias socioeconómicas, y sin provocación que la justifique. “Yo no necesito el derecho internacional”, dijo Trump a The New York Times en enero de este año.

Pues bien, todas esas características de la política incierta de Trump y de su equipo de halcones, están en las antípodas de los valores del proyecto europeo. Nada de lo hecho por Trump lo habría hecho la Unión Europea. No solo por la apariencia externa evidente de las políticas de uno u otro sujeto político, divididos más que por un océano, sino porque la concepción ideológica que la sostiene es diametralmente opuesta. La visión vigente del llamado “hemisferio occidental” que tiene Trump se apoya en la raza, el “cristianismo nacional” y el nacionalismo. La que fundamentan al proyecto universalista europeo se basa en la democracia, el Rule of Law y los Derechos Humanos. La Unión Europea es un poder normativo. Y respecto al cambio climático, Europa se mantiene comprometida con el objetivo de cero emisiones en 2050, en línea con el Acuerdo de París de 2015.

Comprendo que resulta difícil para muchos dirigentes europeos actuar en consecuencia de esta amarga realidad y admitir que la alianza transatlántica atraviesa por una crisis profunda en una era multipolar que Trump se niega a ver. Europa, sin el paraguas norteamericano, ha de esforzarse en lo que acertadamente Federica Mogherini llamó “autonomía estratégica”, ahora ampliada más allá de la estricta política de defensa. Porque la mayor debilidad de Europa es la ausencia de integración militar e industrial.

Es verdad que acontecimientos como la invasión de Ucrania por Rusia unen a los europeos, pero guerras tan arbitrarias como la de Irán no consiguen una posición común en la Unión. No solamente eso. Recientes declaraciones de altas autoridades europeas (Von der Leyen) poniéndose del lado de Trump en la ilegal y desestabilizadora guerra de Irán, o pontificando derrotistamente sobre un supuesto fin del orden internacional basado en reglas, es profundamente decepcionante e incomprensible desde los valores de la propia Unión. El orden establecido en la Carta de Naciones Unidas no está muerto, a pesar de los intentos de Trump por conseguirlo y de otros por rematarlo con un eslogan facilón para consumo de la comunicación política.

El respeto mutuo es lo que procede, manteniendo incólumes los valores que dan vida al proyecto europeo, defensor máximo del aún imprescindible orden internacional, que va más allá de EEUU y del hemisferio occidental, para extenderse a lo que Carney llamó “middle powers”.

Lo cierto es que, sin perjuicio de las dificultades que atraviesa el planeta, la Unión Europea ha conseguido -con esfuerzo y dificultades- avanzar en una mayor unificación interna como entidad de naturaleza global. Sobre esta Europa, los Estados Unidos de América tienen cada vez menor influencia cultural o política.

La crítica severa de León XIV a la intervención de Estados Unidos en Venezuela para quedarse con su petróleo es la mejor expresión de un distanciamiento nítido del Papa americano de lo que San Juan evangelista, en su Primera Lectura, llama la “arrogancia del dinero”.

No cabe duda de que Donald Trump es el representante más elocuente del poder del dinero. Sus comportamientos se explican esencialmente por una cultura, ahora predominante en Norteamérica, vinculada a la potencia económica de un país con las compañías y multimillonarios más importantes del mundo.

Robert Prevost representa la cultura contraria. La que, dentro del catolicismo arrancó con la forja de la doctrina social de la Iglesia por la Rerum Novarum de León XIII, que explica el nombre escogido por aquél. La Rerum Novarum (“De las cosas nuevas”) es la que dice tener “los brazos abiertos a los pobres, a los marginados, a los excluidos”, a los que el papa Francisco llamó “los periféricos”. Está en las antípodas de lo que promueve Donald Trump, una deportación indiscriminada y masiva de migrantes. Esta política ha sido criticada constantemente por León XIV. Se ha situado así en la orilla opuesta a los grupos sociales y políticos de ultraderecha que, en el hemisferio occidental – el que quiere dominar Trump – están en un ascenso amenazante, apoyados hipócritamente en un “cristianismo nacional”.

Como señala David Brooks (New York Times, 1516 November, p. 22), el “cristianismo nacional” practica una perversa forma de su fe. El cristianismo nacional es particular más que universal. Trata de proteger el “nosotros” frente al “ellos”; el nativo frente al extranjero. Es más de poder que de amor. Es más de amenaza que de esperanza. Es rígido y farisaico más que personal y compasivo.

Todo esto nos recuerda al Vicepresidente Vance, católico, cuando dijo en Fox News hace un año que el cristianismo prioriza el amor por la propia familia y comunidad sobre el amor a los extranjeros. Prevost le contestó en X: “Vance se equivoca. Jesús no nos pide establecer un ranking en nuestro amor por otros”.

León XIV inició su mandato precisamente estableciendo una doctrina contra la fragmentación política en su primer documento, “Dilexi te”. En él hay una condena sin matices a la política, propia del gobierno estadounidense, de rechazo a los inmigrantes. Algo en lo que tiene autoridad quien nació en Estados Unidos y vivió largo tiempo en Perú, desarrollando una experiencia que se corresponde con la realidad mestiza y plural de América Latina y del propio Estados Unidos.

La presencia de un Papa que marca distancias con los gobernantes de su propio país se hizo notar inmediatamente. En noviembre del año pasado, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos aprobó un “mensaje especial” sobre la inmigración. Fue un indisimulable rechazo a la administración Trump y su cruel y punitiva política en ese terreno. La Conferencia propugna el final de la “retórica deshumanizante y de violencia” sobre los inmigrantes. En diciembre, León XIV jubiló a Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York afín a Trump.

Pero el Papa no ha podido detenerse en una doctrina moralizante. En cuanto líder moral, Léon XIV ha sido interpelado por la nueva situación geopolítica. No ha rehuido ese desafío. Ha criticado los abusos del ejército ruso en Ucrania, cuya paz no concibe sin Europa, a diferencia de Trump. Ha abogado por la solución de dos Estados para los palestinos e israelíes. Ha pedido a Israel cesar sus ataques al Líbano. Y tomó una posición rotunda contra la intención verbalizada por Trump de intervenir en Venezuela antes de que se hiciese realidad.

Esa actitud de León XIV de presencia activa en el mundo la manifestó a los embajadores ante la Santa Sede (diciembre de 2025) afirmando que el Vaticano “no será un espectador silencioso ante las graves desigualdades, injusticias y violaciones de los derechos humanos”.

En esa línea, León XIV ha reaccionado ante la intervención de Trump en Venezuela, defendiendo el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas y el Estado de Derecho.

León XIV se ha pronunciado también sobre los abusos de las grandes tecnológicas – aquellas dominadas por las compañías multinacionales tan cercanas a Donald Trump-, y sobre el cambio climático, criticando el negacionismo de la administración de su país.

El papa americano, en su mensaje de Navidad, recorrió los conflictos que ahora inundan el planeta, exponiendo así su visión geopolítica.

De ese modo, León XIV, líder indudable para 1.400 millones de católicos en el mundo, desborda ese espacio para convertirse en una referencia moral de indudable influencia. En realidad, desde que en septiembre de 1870 la Iglesia católica perdió los Estados pontificios, y más aún después de los Pactos de Letran, el ocupante del Vaticano ha ido configurándose como una institución con indudable auctoritas, a veces intangible, a veces muy evidente y fuerte.

León XIV tiene una personalidad especial para una coyuntura histórica también especial. Si su antecesor León XIII dio respuesta a los requerimientos socio-políticos de la era industrial, León XIV entra en la historia en un momento de profundo cambio social, económico y político. Presenciamos el estallido de la transformación tecnológica digital. De la fragmentación social y de un pretendido nuevo orden internacional. Con acontecimientos como la expansión violenta de la Rusia de Putin, el crecimiento extraordinario de China o la intervención imperialista en Venezuela por Trump, que no esconde su pretensión de hegemonizar el continente americano hasta atreverse con la anexión de Groenlandia (territorio OTAN) y la mirada codiciosa hacia Canadá o el canal de Panamá. Todo lo cual traspasa los límites de una Constitución que está a punto de cumplir 250 años, que el presidente de Estados Unidos olvida cuando prescinde del Congreso de los Estados Unidos de América.

León XIV es un Papa americano y, como tal – paradojas de nuestro tiempo – el pontífice más opuesto a lo que representa su presidente, que no es sino la arrogancia del dinero. El discurso trumpista – si merece ese nombre – y hasta su estrambótico lenguaje corporal beben de ese sentido profundo de quien se cree impune en sus peligrosas ocurrencias. El discurso de Robert Prevost es la némesis de Trump. Es un discurso moral y ético frente a la amoralidad. Es un discurso solidario frente a la desigualdad; confiable frente a la incertidumbre, y de convivencia frente al individualismo.

En una circunstancia como la que vivimos, llena de amenazas y de temores ante los grandes poderes incontrolados del mundo (Estados Unidos, China, Rusia) una figura como la del primer papa americano León XIV es, para cristianos o no cristianos, sencillamente imprescindible.

Tuve con Paco Fernández Marugán una estrecha convivencia y colaboración en el seno del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados durante varias legislaturas. Siempre le vi como un hombre muy convencido de sus ideales de partido, un diputado veterano (1982-2011) muy trabajador y, a la vez, una persona alejada de pretensiones de ascender en los escalafones, algo tan común en la vida política. Fue miembro de la Dirección del Grupo Parlamentario, y como tal pude observar su buena cabeza económica y sus valores centrados en los derechos humanos y las libertades de los y las ciudadanos.

Me gustaría recordar dos hechos que expresaron lo que fueron las ideas y el talante de Fernández Marugán, fallecido este martes a los 79 años. Lo hago para que la apreciación de su valor no se quede en valoraciones genéricas sobre su forma de ser, cuando lamentamos su desaparición.

En la primera legislatura como presidente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tuve el honor de ser portavoz del grupo parlamentario socialista. En un periodo en el que ya no había mayorías absolutas, conseguir la aprobación de los Presupuestos por las Cámaras era un objetivo político absolutamente esencial y una labor prioritaria del grupo que sustentaba al gobierno. Paco Fernández Marugán era la persona responsable de la gestión práctica del procedimiento presupuestario en el Congreso para conseguir unas cuentas del Estado que atravesasen limpiamente, sin fracasos, las miles de votaciones que, durante toda una semana, se producen en el Congreso. Los acuerdos políticos con los diversos grupos desembocaban en un número enorme de enmiendas que, a favor o en contra, tenía que votar el Parlamento.

Pues bien, gracias a la eficaz labor negociadora de la Dirección del Grupo Socialista, y en su interior el trabajo esforzado de Francisco Fernández Marugán, no se perdió una sola votación en las sesiones de debate sobre los Presupuestos Generales del Estado de la segunda mitad de la primera legislatura del presidente Zapatero. Sin Fernández Marugán vigilando cada votación, dudo que eso hubiese sido posible. Y es importante subrayarlo para quienes conocen la gran dificultad que implica llegar a buen puerto en una aprobación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, que es la pieza legislativa más compleja y difícil del Estado.

Hay otro hecho destacado que viví, junto a Francisco Fernández Marugán, en su segunda época política, cuando fue Defensor del Pueblo interino (2017/2021). En febrero de 2019, la Asociación pro Derechos Humanos de España me pidió que emitiera un dictamen sobre la constitucionalidad de un nuevo artículo 58 bis a la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General. La Asociación pro Derechos Humanos consideraba, con razón, que ese añadido contradecía el derecho al consentimiento en los tratamientos de datos de carácter personal, al permitir a los partidos políticos recopilarlos y utilizarlos para su actividad. El dictamen corroboró esa iniciativa, considerando inconstitucional la modificación de la ley electoral.

El entonces defensor del pueblo interino Francisco Fernández Marugán asumió el contenido del dictamen que le presentó la asociación Pro Derechos Humanos. Así, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el citado artículo 58 bis de la Ley Electoral ante el Tribunal Constitucional. Algo poco usual en la historia del defensor del pueblo.

El recurso del defensor fue acogido positivamente por el Tribunal Constitucional. En una sentencia de 29 de mayo de 2019, cuyo ponente fue su actual presidente Cándido Conde-Pumpido, el pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, declaró que era inconstitucional, por falta de garantías legales, que los partidos políticos puedan reunir datos relativos a opiniones políticas de los ciudadanos. El tribunal anuló el mencionado precepto 58 bis de la Ley del Régimen electoral general.

Los dos hechos que he relatado, por mi cercanía a ellos y por el protagonismo que en ellos mismos tuvo Francisco Fernández Marugán, son solo un ejemplo de su altura parlamentaria, política y moral. Y que hace que hoy, tras su triste desaparición, lo recordemos como el gran diputado y Defensor del Pueblo que fue y el gran amigo que tuve la suerte de tener durante mucho tiempo.

Escribo este artículo el día en que se clausura en Sevilla la cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. Hay un fenómeno socioeconómico que ha presidido dicha reunión: la Deuda. Su documento final, el “compromiso de Sevilla”, propone, de forma optimista, una nueva arquitectura financiera de la deuda. Coincide este enfoque con el nuevo “Informe Jubilar” del Vaticano, confirmando la orientación moral que defiende León XIV desde su elección.

En todos los análisis de los medios de comunicación que han seguido la Conferencia se ha reiterado una realidad tan estructural como inaceptable: cerca de 3.400 millones de personas en el mundo viven en países que gastan más en el pago de intereses de la deuda que en educación o sanidad. Esta es la soga que asfixia a los llamados países en vías de desarrollo, que ven frenado o imposible ese desarrollo a causa del peso que en ellos tiene la deuda contraída con capitales occidentales. Estos, sí, desarrollados.

Pero la deuda no anida solo en los países más pobres, particularmente en África que dedica más dinero al pago de deuda que lo que recibe en ayuda al desarrollo. Una dificultad para que los países más ricos ayuden a rebajar las deudas de aquéllos estriba en que, especialmente desde la crisis financiera de 2008, es este un fenómeno cuyo origen está en Europa y Estados Unidos y empeora cada año.

En mi libro “La Edad de Hielo. Europa y Estados Unidos ante la Gran Crisis: el rescate del Estado de Bienestar” - perdón por la autocita-, señalo:

“En el mundo occidental, inventor de la moneda, del crédito y de la deuda, han sido tradicionales los empréstitos que los Estados nación han emitido para obtener crédito de la banca, la institución financiera por excelencia. Sin embargo, la globalización y la desregulación financiera de la década de 1980 ampliaron el espectro de los acreedores al conjunto de los diversos actores financieros, bancos centrales, bancos privados, compañías aseguradoras, fondos privados de inversión, fondos soberanos de países emergentes, inversionistas de todo tipo en bolsa o fuera de ella, etcétera. Esa expansión cuantitativa y cualitativa de las capacidades de endeudamiento - lo que se califica como ”desintermediación“ - explica en buena medida que los Estados se hayan convertido en apéndices financieros de sus acreedores, los famosos ”mercados“.

El Estado de bienestar, con gastos crecientes e ininterrumpidos, en especial los producidos por el efecto demográfico (sanidad, pensiones) o el económico (desempleo), se ha financiado así. Ha sido de esa forma en razón de una cada vez mayor aversión al uso político de la fiscalidad, y se ha preferido una apelación cómoda a los “generosos” mercados“.

La dinámica expuesta se ha proyectado en los intereses con que los Estados han de remunerar a los inversores para que éstos compren su deuda. Como dice George Cole, economista de Goldman Sachs, la cuestión no es solo saber si hay demasiada deuda - que la hay - sino cuál es el precio que los mercados están dispuestos a aceptar para suscribirla. Las tasas de interés de la deuda a largo plazo de Estados Unidos han llegado al 5%, la más alta desde 2007. En el Reino Unido al 5,5%. En Francia al 4%.

Es sorprendente el caso de EEUU, cuyos bonos del Tesoro han venido siendo el valor refugio por excelencia y cuya moneda ha tenido el “privilegio exorbitante”.

La situación de Estados Unidos, el país más endeudado del mundo, va a agravarse sin duda. La política económica - si se le puede llamar así - de Donald Trump, basada en una tributación favorable descaradamente a las rentas más altas (Beautiful Big Bill) va a llevar a ese Estado federal a un déficit del 7%. El efecto inmediato es aumentar 3.2 billones de dólares a la deuda en los próximos 10 años. La devaluación del dólar - moneda de reserva internacional - frente al euro y otras monedas (1.17 $ por euro) es ya un hecho.

Según datos de la OCDE, en los países desarrollados la carga de la deuda es 4 o 5 veces más importante que los presupuestos consagrados a la cultura, al medio ambiente o a la vivienda.

Como señala Eric Albert (Le Monde, 7.6.2025), lo más sorprendente es que el aumento de las emisiones de deuda de los Estados no ha cesado ni aun cuando se ha recuperado el crecimiento económico. En 2024, los 38 países de la OCDE han emitido 15.700 millardos de dólares de deuda. Un récord total. Y a un precio más alto, porque el deseo de comprar deuda por los inversores institucionales ha declinado, con el resultado de mayores intereses para captar a dichos inversores.

España no es una excepción. La Autoridad Fiscal ha estimado que harían falta 30.000 millones de euros de ajuste presupuestario en cuatro años por el aumento del gasto en defensa, como forma de llegar al 2.1% del PIB en tal gasto. El BCE calcula que el endeudamiento español tendría que subir 10 puntos de PIB, por el mayor gasto en defensa. Lo que plantea inmediatamente cómo financiar esa subida: o con deuda o con impuestos.

Este es, sin duda, el gran debate político del momento. 130 países, a instancia de la OCDE, acordaron hace cuatro años una tasa del 15% en el impuesto de sociedades a las multinacionales tecnológicas, esencialmente norteamericanas.

Trump ha roto el acuerdo en la última reunión del G-7. Ya lo había hecho el mismo día en el que tomó posesión de su cargo. Esta decisión, junto al incremento errático de los aranceles, tiene que adoptarla porque lo necesita para bajar los impuestos a los ultrarricos, que es su verdadero objetivo.

Queda por saber, para los países miembros de la OTAN, si los aumentos de los gastos de defensa acordados en su última cumbre van a ir a emisión de más deuda o se compensarán con subidas fiscales a las rentas más altas.

Este es el dilema a que se enfrentan hoy los gobiernos europeos. No el norteamericano, que ya lo ha resuelto, clausurando las ayudas a los pueblos de países en vías de desarrollo con consecuencias terribles para ellos.

Mientras tanto, dos de cada cinco habitantes del planeta están prisioneros de una deuda incontrolable y esperan la solidaridad del resto. Esto no es, pues, un problema simplemente financiero. Es una cuestión de derechos humanos, de derechos de la Humanidad.

La Iglesia Católica tiene, como todas las religiones monoteístas, un contenido espiritual, más allá de la realidad terrenal o de la ciencia, para quienes siguen la doctrina establecida por el libro “par excellence”, la Biblia, la cual expone en el Nuevo Testamento las palabras de Jesús de Nazaret. La Biblia de los cristianos, como es sabido, hace el papel que desarrolla el Corán para los musulmanes o la Torá para los judíos; las que el profesor García Pelayo llamó “las culturas del libro”.

La Iglesia Católica ha construido a lo largo de 20 siglos otra dimensión. La institucional. Firme y poderosa. Que contrasta con su dimensión espiritual. Difícilmente puede encontrarse una institución tan estructurada, jerarquizada, regulada por normas jurídicas - el ancestral y sabio derecho canónico - y organizada en torno a una densa ritualidad litúrgica.

Esa institución tan articulada y compleja descarga la máxima capacidad de decisión en el Papa, conforme a una lógica de monarquía electiva. Hay una clara diferencia con la religión musulmana, en la que no hay sacerdotes, ni sumos pontífices, ni Iglesia.

La cultura occidental, intelectual y racionalista, ha convivido con la Iglesia Católica. Concede a esta autonomía y “auctoritas”, definida por Momsen respecto a Roma como “más que un consejo, menos que una orden”.

Pero la Iglesia Católica no sería nada sin la autoridad que nace de su presencia social; de su capilaridad y capacidad para aportar autenticidad y formalidad a momentos sociales destacados, desde el nacimiento hasta la muerte. No solo por su lado ceremonial, sino, sobre todo, por el discurso moral que emana del mensaje más relevante de Jesucristo: amar al prójimo como a uno mismo. Exactamente lo opuesto a la pulsión meramente egoísta que habría detrás de las declaraciones atolondradas de J. D. Vance, criticadas con dureza por León XIV cuando todavía no era Papa. Cuando lo es, ha mostrado su identificación con un Papa como León XIII y su “Rerum Novarum”.

La Iglesia Católica - y a su cabeza León XIV -, precisamente por la importancia de las mencionadas dimensiones espiritual, institucional y social, es un sujeto decisivamente influyente - a veces de forma intangible - en el ámbito de las relaciones políticas y geopolíticas internacionales. Por su responsabilidad institucional como Jefe de Estado, y por su responsabilidad como referencia espiritual y social para mil cuatrocientos millones de creyentes, el reto de León XIV es extender su mensaje más allá del espacio católico, sin exigir una aceptación de la fe cristiana.

León XIV tiene por delante problemas de carácter genuinamente políticos y geopolíticos que habrá de afrontar. Hay tres muy destacados. El primero es algo en lo que ha insistido intensamente desde el comienzo de su elección: la “paz desarmada” y el fin de todas las guerras que hay en el planeta, entre ellas Ucrania y Gaza.

Pero no solo los conflictos que los europeos sentimos como más cercanos. Hay otras guerras igual de sangrientas. Es el caso de la región del Cuerno de África, de significativa relevancia estratégica comercial. Las guerras en Somalia, Sudán, Etiopía o Eritrea, o el conjunto del Sahel, tienen consecuencias devastadoras con millones de desplazados y solicitantes de asilo. Grupos sociales que eran hasta la presidencia Trump beneficiarios de las ayudas del programa USAID, cancelado por la administración republicana.

La base económica de la paz es la lucha contra las desigualdades entre el Norte Global y el Sur Global, productores de movimientos migratorios. El segundo gran desafío geopolítico de León XIV es, sin duda, la cuestión migratoria. Solo llegan en esa materia malas noticias de la política de los gobiernos de los países más ricos. Porque pretenden resolver el problema deportando a quienes huyen del hambre o de la persecución política (Estados Unidos) o externalizando a los inmigrantes a otros países mediante pago (Europa). Una política no solo contraria a la moral humanitaria, sino ciega ante el descenso en nacimientos - el “invierno demográfico”- en todos los continentes salvo en África, y ante la realidad de la aportación imprescindible de los inmigrantes a las economías de los países más desarrollados.

El Papa misionero y agustino León XIV, siguiendo la labor incesante de Bergoglio contra la pobreza, ha mostrado poseer una energía positiva para lanzar un mensaje universal de dignidad y protección de los que menos tienen y de los que huyen de la violencia. Entre ellos quienes han sido objeto de abuso sexual. Su cargo como jefe de la Iglesia Católica le otorga una “auctoritas” especial para hablar a los líderes políticos, y para conseguir avances en el difícil entramado del mundo del siglo XXI.

Por esa razón, León XIV tiene el deber de afrontar su tercer gran reto geopolítico: restablecer la confianza en el orden internacional que nació del fin de la guerra europea, de la que se conmemoran 80 años en estos días. Vivimos en una coyuntura de alta polarización y de incertidumbres políticas, económicas y sociales originantes de inestabilidad, que corre el riesgo de convertirse paradójicamente en estructural. El Papa de Roma tiene instrumentos consensuales de futuro para impedirlo. Para seguir, en definitiva, el liderazgo de Jesucristo, que, fuera o no un Dios, dejó en la tierra una herencia ética de una fuerza extraordinaria, ejemplo para tantos no católicos.

“Confianza” está definida en el Diccionario de la RAE, en su primera acepción, como un nombre femenino que significa: “esperanza firme que se tiene de alguien o algo”. Es sin duda la mejor forma de describir el consenso que ha presidido el orden internacional en las últimas ocho décadas, desde el final de la II Guerra Mundial.

A pesar de las enormes diferencias entre los dos más poderosos regímenes políticos vencedores de la contienda bélica (Estados Unidos y Rusia), había entre ellos la “confianza” en que la conducta de los líderes de esos países iba a seguir unas determinadas directrices de estabilidad y de no agresión política o económica.

Esa confianza existía también, y especialmente, en el interior de cada polo. En el occidental, regido por la alianza atlántica y el libre comercio entre América y Europa. En el oriental, regido por el Pacto de Varsovia y por unas relaciones de respeto hacia el flanco asiático, en particular China.

La guerra fría tuvo poco de guerra y mucho de lo que se llamó “deténte” entre ambas grandes alianzas, o el apaciguamiento de las tensiones con la URSS. Dos dirigentes destacaron en Estados Unidos en la dirección con mano hábil de esa especie de convención: Brzezinski (con el presidente Carter) y Kissinger (con Nixon). 

La confianza existió incluso después de la desaparición del Pacto de Varsovia y la consiguiente aparición de estados soberanos en Europa del Este que antes eran parte de la URSS (por ejemplo, los bálticos) o estaban absolutamente controlados por Moscú (Polonia, Rumanía, Bulgaria, Croacia, o el caso especial de Alemania del Este).

Los papas Juan XXIII (1958-1963) y Pablo VI (1963-1978) colaboraron, desde su perspectiva propia, a la consolidación de la confianza como elemento intangible, pero verdaderamente eficaz, para la construcción de un orden internacional superador de la catástrofe para Europa que supuso la confrontación interestatal en la primera mitad del siglo XX. Y, tras los papados de Juan Pablo I (1978), Juan Pablo II (1978-2005) y Benedicto XVI (2005-2013), el papa Francisco ha desarrollado un pontificado de impresionante fuerza social, con su mensaje contra las desigualdades, por los derechos humanos o el rechazo nítido del genocidio de Gaza en los últimos años.

El papa Bergoglio ha contribuido así, con la proyección global que posee el Papado, a un orden internacional en el que es esencial que los sujetos políticos y sociales puedan prever la conducta de los demás. Es decir, que los poderes políticos esenciales, y las instituciones con capacidad de intervenir más allá de su entorno, puedan predecir lo que los demás harán, o no harán en ningún caso. Esto ha sido posible por la auctoritas que ha tenido indudablemente el Papa Francisco, que acaba de morir coincidiendo con la llegada del factor más disruptivo de los últimos 80 años: Donald Trump, y con él la incertidumbre y la inseguridad.

En efecto, la era de la cultura de la confianza en el orden internacional ha finalizado, simbólicamente, con la coincidencia entre la llegada de Trump y el fallecimiento del Papa Bergoglio.

El próximo Papa no sabemos quién será.  Al reciente presidente de los Estados Unidos sí lo conocemos. Desgraciadamente. Porque ha significado el final de un largo período en la Tierra en el que las relaciones internacionales poseían el elemento nuclear para la estabilidad mundial, la confianza entre poderes que, no obstante sus diferencias, aceptaban una imprescindible estabilidad.

La pérdida de la confianza globalizada empezó en realidad con la decisión de Putin de anexionarse Crimea, en 2014. A ello le ha seguido la invasión de Ucrania desde hace tres años, que ha transformado por completo la naturaleza del poder que gobierna en Rusia. Ya no cabe confiar en que Rusia no invadirá ningún país europeo en el futuro. De ahí la automática reacción de Suecia y Finlandia de ingresar en la OTAN.

Después de Putin, Trump ha irrumpido en la política internacional y su nacionalismo confuso y errático ha terminado por destruir definitivamente lo que hemos llamado “confianza”, como el corazón de un orden internacional basado en normas, en el Derecho Internacional, en la intangibilidad de las fronteras y en el multilateralismo, que es lo contrario al unilateralismo y a la arbitrariedad como forma de hacer política.

Las primeras decisiones –por llamarlas de alguna forma– de Trump, por su cantidad apabullante y por su entidad, han destrozado en segundos lo que había sido construido en casi un siglo. Destacan su pretensión invasora de territorios como Groenlandia, Canadá, Panamá, o incluso Gaza (!), o las amenazas a México. Son pretensiones de una gravedad extraordinaria. Que no se sabe si se activarán y cuándo.

Es sorprendente que Trump, y su equipo, concentre sus ataques (dialécticos) en quienes son sus supuestos aliados, por ejemplo la Unión Europea, y convierta en partner al enemigo tradicional, Rusia, apoyando su posición bélica en Ucrania y su ambición de anexionarse definitivamente Crimea y el este del país.

Trump se ha atrevido a amenazar a Estados soberanos, algo impropio de democracias liberales, con tal desenvoltura que ha expandido el terror urbi et orbi. Con ello se ha producido un efecto bumerán sobre su impredecible política exterior.

La otra gran vertiente exterior de su política –sin mencionar la interior, que arrasa con la intervención en las universidades, en la ciencia o en las deportaciones– es lo que ha explosionado la economía internacional: la subida estratosférica y despótica de los aranceles, aislando comercialmente a Estados Unidos y rompiendo las reglas elementales del libre comercio. Todo para conseguir unos hipotéticos ingresos fiscales que le permitan bajar drásticamente los impuestos a las multinacionales norteamericanas, en un país que es el mayor deudor del planeta.

Putin y Trump son la punta de lanza, los protagonistas, de una nueva etapa en el (des)orden internacional, que hace desaparecer lo que mantenía con estabilidad ese orden.

Es el fin de la era de la confianza. Y esto es lo que se va a encontrar el nuevo Papa. Ante ello, tendrá dos opciones: o asumir resignadamente la violenta situación que acaba de emerger, o trabajar por la confianza desde el liderazgo que aporta el Papado a quien lo ostenta, con una potencia mediática, ideológica y moral gigantesca.

El Papado ha empezado en el siglo XXI a tener un papel especial. Lo ha hecho claramente con Bergoglio. Este Papa carismático ha conseguido que su discurso a favor de los desfavorecidos, los inmigrantes o los perseguidos por su raza o su orientación sexual haya llegado más allá del espacio católico para convertirse en un mensaje universal. Pero no ha logrado aún frenar el discurso caótico y arbitrario de los disruptores del siglo XXI, Trump y Putin esencialmente. El inmediato Cónclave deberá pensar que el nuevo Papa tendrá que tomar el relevo de Francisco donde éste lo dejó y ayudar a restituir en el centro de la humanidad al bien más preciado de un mundo aún globalizado: la confianza en que prevalecerá el respeto por los seres humanos.

Antes de tener posesión de su cargo, Donald Trump sorprendió a medio mundo con sus intenciones prioritarias como presidente de los Estados Unidos (EEUU). Trump se propone, si es necesario con la fuerza militar, anexionarse Groenlandia, que forma parte de Dinamarca, y el canal de Panamá, y también convertir a Canadá en el estado número 51 de lo que llama América (esto se supone sin la fuerza militar).

Trump pretende, según dice en aras de los “intereses nacionales” (el control de las rutas del Ártico), la expansión del territorio de los EEUU mediante la invasión de otros territorios, rompiendo con ello los más elementales principios del derecho internacional y de la paz entre los pueblos, que tanto ha costado conseguir tras un siglo XX sangriento, particularmente en Europa. Recuerda el colonialismo del presidente Theodore Roosvelt, que controló las Filipinas después de la guerra con España.

Donald Trump seguro que no sabe que con su desafiante programa estelar de gobierno está quebrando el corazón de lo que llamamos Estado. El principio de territorialidad es el más decisivo para el Estado moderno. Un principio que descansa en la aceptación de fronteras geográficas como límite material para el ejercicio del poder y como espacio vital de los pueblos y naciones.

El territorio actúa como límite y como derecho. El territorio del Estado actúa como límite a la soberanía estatal. A la vez, la doctrina del derecho internacional señala que el Estado es titular de un derecho a la soberanía territorial frente a otros sujetos de la comunidad internacional, lo que se traduce en el derecho a ejercitar sus poderes dentro del territorio y a no sufrir expoliaciones del mismo, es decir, la intangibilidad del propio territorio. De ahí el derecho a rechazar todo acto de violación de la soberanía territorial.

El territorio sustituyó históricamente al fundamento personal del poder político, a través de siglos, en el mundo occidental.

Hay tres hitos esenciales en la construcción territorial del Estado moderno. El primero es el Tratado de Westfalia – o tratados de Osnabrück y Münster – (1648), que acaba con el imperio y el papado como estructura de poder en Europa y da luz al Estado como forma política estable.

El segundo es la abolición de las monarquías absolutas en el siglo XIX y su sustitución por regímenes constitucionales. Quien abrió el camino fue precisamente Estados Unidos (Constitución de 1787), que sustituyó a las colonias británicas.

Y el tercer y más relevante hito fue la aprobación el 26 de junio de 1948 de la Carta de Naciones Unidas, después de la II Guerra Mundial contra el nazismo y el fascismo. Una Carta impulsada y firmada por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los Estados Unidos, la República francesa, el Reino Unido, la República Popular China y la URSS (luego reemplazada por Rusia).

El artículo 2.4 de la Carta dice: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. Este es el precepto que Trump no duda en vulnerar si fuese necesario.

Esta es la perspectiva exterior de su política. La interna se basa en el desprecio de lo que el partido republicano llama “deep state”, es decir, la administración que desarrolla los servicios públicos. Es un concepto desintegrador del Estado el que tiene Trump, que prefiere las lealtades personales.

Volviendo a la concepción antiestatal de su política exterior – si se le puede llamar política a lo que está lleno de incertidumbres –, la reacción de Trump ante la invasión de Ucrania ordenada por Vladímir Putin fue una vez más imprevisible. No condenó la ilegal y brutal acción sino que le pareció un acto propio de un “genio”. No se le conoce a Trump un llamamiento a restablecer las fronteras de Ucrania, como hicieron el gobierno Biden, la Unión Europea y la OTAN.

En realidad, la (no) idea de Trump sobre el Estado se acerca más a la aparición de una dimensión competidora con el espacio geográfico como es “el espacio virtual de la digitalidad” (Petra Dobner), sobre el que pierde control y autoridad el Estado. La presencia tan intensa de Elon Musk en el nuevo gobierno de EEUU y la escandalosa pleitesía manifestada por los líderes de las grandes tecnológicas (Zuckerberg, Bezos, Pichai Cook) a la presión conservadora son una muestra evidente del sector de poder económico que Trump potenciará por todos los medios. Hasta el fondo Black Rock se ha resituado en esa línea “antiwoke” y antidiversidad de raza y género.

La Unión Europea se verá indudablemente afectada por la llegada de Trump a la Casa Blanca, para el cual la relación transatlántica es más una carga que una alianza en la que no cree. No es posible por ahora adivinar – salvo su obsesivo proteccionismo comercial – qué medidas adoptará la impredecible nueva administración norteamericana más allá de su objetivo de fortalecer su preeminencia mundial. Pero hay algo claro: la opción de la UE ha de ser más integración europea y menos nacionalismo; más transición tecnológica, compatible con una reindustrialización competitiva; más política social y más valores europeos.

La moción de censura aprobada contra el gobierno de Michel Barnier, después de tres meses de gestión desde las elecciones generales convocadas por Emmanuel Macron, ha abierto en Francia una profunda crisis política. Ha sido calificada por algunos analistas como “crisis institucional” de la arquitectura de la V República francesa.

El presidente de la República cometió un error monumental al disolver el Parlamento de Francia como supuesta respuesta a un resultado negativo en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado mes de junio. La inmediata convocatoria de elecciones generales no pudo ser comprendida por el electorado y la consecuencia natural fue una fragmentación de la Asamblea General en tres bloques políticos incapaces hasta ahora de formar un gobierno en mayoría. El efímero Barnier expresa la derrota sin paliativos de Macron y la apertura de un período de incertidumbre, inevitable hasta unas hipotéticas elecciones generales no antes de junio de 2025 por prescripción constitucional. 

Mientras tanto, el presidente de un Estado potencia nuclear, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, deberá nombrar a un presidente de Gobierno que pueda tener un apoyo parlamentario suficiente. Es decir, una confianza mínima para abordar la difícil situación económica por la que atraviesa Francia, que es la segunda economía de la Unión y que es esencial en la zona euro, pero que prevé un déficit público del 6,1% en este año. Una confianza para enfrentar una coyuntura geopolítica sacudida por la guerra de Ucrania, la elección de Trump en USA y la convulsión bélica en Oriente Medio. Una confianza, en fin, para que un país con vocación de ser líder en la Unión Europea tenga la energía necesaria para reaccionar ante desafíos como el próximo presupuesto comunitario, la política industrial, la transición prevista en el Green Deal, la transformación tecnológica o la autonomía estratégica europea. Ello sin dejar de mencionar la respuesta imprescindible a los aumentos en los derechos de aduana que se espera decida Estados Unidos, y el importante Tratado de libre comercio con Mercosur, que acaba de ser firmado por la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen, del que Francia muestra su desacuerdo. Para todo lo anterior está llamado a adoptar decisiones el Consejo Europeo, lugar en el que se sienta Emmanuel Macron.

¿Podrá Francia responder a esos retos si el escenario político muestra tal fragilidad?. ¿Podrá hacerlo si asoma la amenaza de una “crisis institucional”?

Francia se encuentra sumida en una evidente crisis política, alimentada por el propio presidente de la República, que sacrificó a un primer ministro sin apoyo parlamentario. Pero la V República no sufre una crisis institucional. Sus instituciones, y las competencias de éstas, están pensadas precisamente para neutralizar crisis como la descrita y evitar las desestabilizaciones políticas experimentadas una y otra vez en la historia de Francia.

La Constitución gaullista de 1958, que inauguró la V República, vino a reparar los daños políticos que habían producido las llamadas III y IV Repúblicas. En esta última, por ejemplo, con la Constitución de 1946, la media de duración de los gobiernos era de 6 meses. En la Constitución hoy vigente, especialmente desde que la reforma de 1962 dio al presidente la invulnerabilidad frente al Parlamento y un mandato de 7 años (después se reduciría a 5), la Asamblea Nacional es el eslabón más débil de los órganos constitucionales. Macron podrá permanecer en el poder - ese es su objetivo expreso - hasta 2027.

No sólo eso. El presidente de la República tiene un conjunto de atribuciones que hacen que el sistema político francés gire en torno a él, con independencia de la ejecutoria del Gobierno. Exactamente lo contrario que la IV República, en donde el Parlamento elegía al Jefe del Estado, convirtiéndole en un títere. 

En contraste, Macron va a seguir pudiendo nombrar al Primer Ministro y a los Ministros, con una “presunción de confianza”; presidir el Consejo de Ministros; reenviar las leyes para una nueva deliberación; o disolver discrecionalmente la Asamblea Nacional, salvo en el año siguiente a las elecciones generales. Además, Macron podrá seguir disfrutando del llamado “domaine presidentielle”: “poder diplomático” para negociar los Tratados; poder militar en cuanto “Jefe de las Fuerzas Armadas”; y el poder extraordinario (artículo 16) de expedir ordenanzas ejecutivas “cuando las instituciones de la República o la independencia de la Nación o la integridad del territorio, o la ejecución de las obligaciones internacionales estén amenazadas de manera grave e inmediata” y “el regular funcionamiento de los poderes públicos se interrumpa”. Es una especie de “dictadura temporal”, en la que el jefe del Estado es quien juzga el cumplimiento de tales supuestos y quien puede adoptar las medidas requeridas por las circunstancias, por supuesto sin exigirse refrendo. Las únicas garantías son que la Asamblea Nacional no puede ser disuelta durante el ejercicio de los poderes extraordinarios, y que la Asamblea puede acusar al Jefe del Estado ante el Alto Tribunal de Justicia por alta traición.

La V República es un sistema hiperpresidencialista con un aroma indiscutible de hostilidad respecto al Parlamento. Como dice Guy Carcassonne, “no es el jefe de la mayoría el que deviene Primer Ministro, sino que es el que es nombrado Primer Ministro quien se convierte en jefe de la mayoría”. El Gobierno es autónomo respecto al Parlamento. Posee poderes legislativos propios (la “reserva reglamentaria”) y controla el orden del día de las cámaras. Alguien ha hablado de “humillación del Parlamento”.

Por todo ello, se puede decir que la V República tiene los resortes constitucionales suficientes para evitar una crisis institucional, y para impedir que una crisis así se traslade a la propia Unión Europea.

Sin embargo, la crisis política que sí sufre Francia podría extenderse de forma peligrosa si no se endereza el gobierno del Estado. Me refiero a la necesidad de que Macron nombre Primer ministro a alguien que pueda representar una mayoría parlamentaria coherente y con autoridad. Tal finalidad solo se cumpliría, a mi juicio, si un candidato proveniente de la izquierda, que ganó las elecciones generales, sea capaz de reunir a fuerzas centristas que aíslen a la extrema derecha de Marine Le Pen, que fue incomprensiblemente recompensada por Macron.

Si la fórmula que elija Macron condujera de nuevo a dejar la conducción de la política en manos de la extrema derecha, podríamos entonces empezar a pensar en una parálisis del sistema político de la V República y en una crisis que se trasladaría inevitablemente a las instituciones de la Unión Europea.

Francia es demasiado importante para que sus instituciones entren en un proceso de debilitamiento, de inestabilidad y de alejamiento de los valores a los que abrió paso en Europa la Revolución de 1789. 

En el debate televisivo entre Joe Biden y Donald Trump, este fue interrogado sobre la invasión de Ucrania por Rusia y la ayuda a Volodimir Zelenski por parte de Estados Unidos. La respuesta escueta del ahora presidente electo fue que esa guerra no concernía a su país. Y añadió: “we have an ocean in between” (“tenemos un océano de por medio”).

Esa frase tan contundente es toda una confesión del modo en que contempla la política exterior Trump. En concreto, las relaciones que debe tener EEUU con Europa. Para él, la Unión Europea no cuenta como actor global. Así de sencillo.

Hay una primera explicación económica de esa posición, que podría entenderse en un político que ya ha anunciado que impondrá tarifas aduaneras altísimas. “América first”. Sin embargo, no creo que ahí esté la raíz esencial de su pensamiento.

La forma de mirar a un aliado político y económico natural como es Europa por Trump, lo que le distancia tanto de las y los europeos, está en algo más profundo y trascendente: los valores. Los suyos, los de Donald Trump, son diferentes a los que están en el origen y sentido del proyecto europeo: la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios fundamentales de un orden internacional basado en reglas y del derecho internacional humanitario. Por eso Trump ve a Europa como otro mundo.

Su actitud ante la guerra de Ucrania y su simpatía por Putin es incomprensible en un dirigente de un país que debe tanto a la democracia como Estados Unidos. En ese conflicto se dirime la lucha entre una autocracia como la Rusia de Putin y los valores democráticos occidentales de los que Estados Unidos es históricamente parte. Trump, que ha mostrado su desprecio por las relaciones transatlánticas - en defensa y en economía -, opta por favorecer a un régimen indudablemente autoritario y por elevar de nivel los contactos entre Washington y Moscú.

Dos “hard liners”, Marco Rubio, futuro secretario de Estado, y Michel Waltz, futuro consejero de seguridad nacional, votaron en el Congreso contra el último paquete de ayuda a Ucrania. Rubio dijo no luchar por la libertad de Ucrania mientras inmigrantes ilegales traspasaran la frontera sur de Estados Unidos. Waltz lo explicó porque Biden no había aclarado los objetivos de América en Ucrania.

Es probable que la propuesta de Trump sea que Rusia se quede con parte del territorio de Ucrania y un compromiso de que ésta no entrará en la Alianza Atlántica. No esperemos nada sobre la seguridad de los países integrantes de la Unión Europea, ni sobre un papel destacado de estos en el futuro de una Ucrania separada de la influencia euroestratégica.

En el New York Times, Gessen recuerda la forma en que Balint Magyar describe la ruptura autocrática de esta “nueva derecha” como la transición desde el rule of law al law of rule, es decir, el gobierno por decreto, sin debate previo, que Trump practicó en su primer mandato como presidente. Algunos analistas de Estados Unidos no descartan incluso que Trump llegue a plantear la reforma de la 22ª enmienda de la Constitución, que establece un límite de dos mandatos para los presidentes.

Trump, que no aceptó su derrota ante Biden, no es un valedor del rule of  law seguramente por razones personales. Está investigado por multitud de vulneraciones de la legalidad. El nombramiento al frente del departamento de Justicia del estridente Matt Gaetz, alguien absolutamente ajeno al campo jurídico, lo ha puesto vergonzantemente de manifiesto.

Quienes van a sufrir principalmente la ausencia de respeto a los derechos humanos son los inmigrantes y quienes buscan asilo frente a la persecución política o la amenaza a sus vidas. No solo por la amenaza de Trump de proceder a “deportaciones masivas”, sino por la exportación de estas ideas a la propia Europa, que ya ha experimentado el crecimiento de fuerzas de ultraderecha y populistas, que comparten con el trumpismo la hostilidad hacia la ideología “woke”, la simpatía hacia Putin y el apoyo al gobierno de Israel.

El nombramiento de Elise Stefanik como embajadora ante la ONU y de Mike Huckabee como embajador en Jerusalén asegura una línea proisraelí sin concesiones. Trump, que ya descartó la solución de dos estados, no esconde su estrecha cercanía a Netanyahu, acusado ante la Corte Penal Internacional de crímenes contra la humanidad. Apoya así a un régimen de ocupación del territorio de Palestina; a una estrategia política que se desentiende de los rehenes secuestrados por Hamás para sostener una guerra sin fin que tiene como último objetivo la anexión de Gaza y Cisjordania, frontalmente contraria al derecho internacional. El ministro Bezalel Smotrich ha dicho con nitidez que la llegada de Trump facilitará “la soberanía israelí sobre Judea y Samaria”.

La animadversión de Trump hacia el ordenamiento internacional - respetado por Europa - ya se puso de manifiesto en su primer mandato por su salida del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la UNESCO y del Acuerdo de París sobre cambio climático.

Su ausencia de visión supranacional se ha expresado también en el desdén que siempre tuvo respecto del continente africano, lo que dificultará con seguridad las relaciones con un grupo emergente, aunque aún no articulado, como es el BRIC, y con el llamado Sur Global.

En realidad, la concepción geoestratégica aislacionista de la administración Trump - la mayor desde el fin de la Guerra Fría - es incompatible con alianzas políticas, que son percibidas como limitadoras de la acción exterior de Estados Unidos y contrarias a los intereses americanos. Esta visión va a imponerse al menos hasta las elecciones de mid-term, ante un dominio republicano en las tres instancias de poder, ejecutivo, legislativo y judicial.

Estamos en una coyuntura en la que los países líderes de la Unión Europea, Alemania y Francia, atraviesan una crisis política seria. A Europa le corresponde tomar conciencia de que la elección de Donald Trump inaugura un momento histórico en donde las relaciones con Estados Unidos cambiarán profundamente. Sería una catástrofe dejarse influir por una línea política nacionalista, proteccionista, aislacionista y polarizante. En el dilema entre nacionalismo divisivo o integración, la Unión debe escoger esta última y, al tiempo, salir de una dinámica en la que Europa depende en exceso de la naturaleza de cada administración norteamericana.

La identidad europea ha estado basada en una política multilateral, es decir, una política muy diferente a la que va a protagonizar el próximo presidente de los Estados Unidos. Trump, persona impredecible, ha mostrado muchas veces su desinterés por el tipo de relaciones internacionales que surgió de la II Guerra Mundial y que tuvo a las Naciones Unidas en un lugar central. Esa arquitectura parece ahora desfallecer ante el crecimiento de un autoritarismo que nada tiene que ver con la cultura democrática y de derechos humanos que ha edificado trabajosamente Europa.

Estamos viviendo una pérdida de la confianza que, a pesar de la guerra fría y la posguerra fría, existía en el escenario internacional. Es un nuevo horizonte geopolítico, con una guerra en Europa; con China convertida en una superpotencia económica y unas instituciones internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional) debilitadas. Europa ha perdido valor estratégico ante Oriente Medio y el área Asia-Pacífico. Hay un desplazamiento de la Unión Europea hacia el este y el norte. Se abre la necesidad de una “autonomía estratégica abierta” para Europa. Son algunos de los cambios del siglo XXI.

El panorama es, sin duda, preocupante, pero la democracia es, al final, lo que prioritariamente hay que fortalecer, al igual que un orden internacional que defienda valores tan importantes como la libertad de expresión, la libertad de movimientos y el libre comercio. Si se erosionan estas libertades y los derechos humanos, la propia democracia política sufrirá.

Estos valores los compartíamos los europeos con los Estados Unidos, aunque hubiera otros aspectos en los que teníamos y tenemos diferencias. Por ejemplo, la relación con China; o la no presencia de Estados Unidos en acuerdos como el Protocolo de Kioto o el Tratado sobre la Corte Penal Internacional; o el modelo social europeo, tan diferente del agresivo ataque a lo que llama “Estado profundo” por parte de la nueva “derecha tech” norteamericana. Los europeos pensamos, como Henry Morghentau jr., que la mejor forma de defender los intereses nacionales es la cooperación internacional.

La llegada de Trump pone en cuestión la relación transatlántica precisamente respecto a los valores democráticos. Seguramente a eso se refería cuando afirmó sin titubeos que entre Estados Unidos y Europa “hay un océano de por medio”.

Cuando escribo este artículo, el ataque del ejército de Israel a los cascos azules de Naciones Unidas en el Líbano es la última violación -una más- del Derecho Internacional por parte del Estado hebreo.

Israel lleva vulnerando el Derecho Internacional prácticamente desde hace tres cuartos de siglo, cuando en 1948 se produce la llamada Nakba.

La Nakba, o “catástrofe” en la lengua árabe, es el término utilizado para denominar el éxodo de 700.000 palestinos desde lo que hoy es el Estado de Israel, entre 1946 y 1948, bajo mandato británico. Los palestinos perdieron sus casas como resultado de la guerra árabe-israelí de 1948. Los árabes palestinos fueron en su mayoría desplazados y se inició la ocupación israelí de sus territorios históricos, quedando limitada las zonas palestinas a Cisjordania y Gaza.

A partir de ahí, la relación entre palestinos e israelíes está presidida por conflictos violentos: 1967 (guerra de los seis días); 1978; 1982 (invasión de Líbano y nacimiento de Hezbollah); 2006 (ocupación del Líbano); 2023.

El 7 de octubre de 2023, a raíz del ataque terrorista de Hamás desde Gaza, se inició una “guerra” entre Israel y los aliados de la causa palestina. Escribo “guerra” entre comillas porque no hay una mínima equivalencia entre la fuerza militar de Israel y los palestinos. Solamente las cifras de muertos lo expresan: 1.200 en el lado israelí; 50.000 al menos entre palestinos, en su mayor parte mujeres y niños y niñas.

Es una guerra sin fin en el doble sentido de esta última palabra. Es una guerra que cada vez más parece no tener límites espaciales o temporales. El gobierno israelí dirigido por Benjamín Netanyahu ha decidido ampliar constantemente el objetivo territorial de sus acciones militares, que se extienden especialmente al Líbano, y que lo harán previsiblemente a Irán. Los portavoces de Defensa del ejército israelí han repetido que atacarán al enemigo “allá donde esté”.

Sin embargo, los doce meses transcurridos desde el 7-O no han hecho más seguro a Israel, que está atrapado en una sucesión de réplicas y contrarréplicas eternas, con efectos devastadores.

En realidad, Israel no ha tenido una estrategia concreta en un conflicto que ya es regional. Falta un relato que dé sentido a la política de Netanyahu, que no permite atisbar una salida. Porque si Israel quiere sentirse seguro ha de reconocer la identidad palestina y la apertura a la fórmula de los dos Estados que se vislumbró en los acuerdos de Oslo en 1993, consecuencia de la conferencia de Madrid de 1991.

Hoy Gaza es invivible, sin posibilidad de satisfacer las necesidades más elementales de electricidad, alimentación o agua. Este es precisamente el objetivo de los partidos políticos de extrema derecha que forman el gobierno más radical de la historia del Estado judío.

Lo anterior no es solo consecuencia del 7-O. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estimó en un informe de 2009 que el ejército israelí había adoptado un enfoque “concebido para castigar, humillar y aterrorizar a la población civil” palestina.

Estados Unidos, el aliado tradicional de Israel y suministrador de armamento (15.000 millones de dólares solo en 2024), se ha mostrado incapaz   de lograr la desescalada y el alto el fuego. Joe Biden ha sido ignorado por Netanyahu, y no ha podido evitar la extensión de la guerra a la región. Los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto (1978), y los acuerdos de paz entre Israel y Jordania (1994) quedan muy lejos.

No bastan los medios militares para ganar esta guerra sin fin. Ningún poder regional en Oriente Medio puede confrontar militarmente con Israel al mismo nivel, pero sí puede obstaculizar el propósito de Netanyahu de ser la potencia hegemónica en la región. Es lo que sucede con Irán, país con pretensiones nucleares, cuya influencia ha aumentado en el llamado “eje de resistencia” en buena medida por la política del presidente del gobierno israelí, que pretende anexar Cisjordania y Gaza y obtener una “victoria total”.

Netanyahu no se ha preocupado nunca por liberar a los rehenes en poder de Hamás. No parece ser la prioridad de su gobierno.

Bezalel Smotrich, ministro de finanzas israelí, afirmó: “mi misión en la vida es evitar un Estado palestino”.

De hecho, ningún partido político en Israel contempla poner fin a la ocupación y crear las condiciones para una solución de dos estados.

Mientras siga siendo esta la posición del gobierno israelí, no acabará la espantosa “guerra sin fin” de Netanyahu.

Las informaciones televisivas de inmigrantes africanos llegando a las costas españolas, y de todo el Mediterráneo, trasladan a la opinión pública una imagen de situación crítica, supuestamente insostenible, que nada tiene que ver con la realidad. Pero es la imagen preferida de la derecha y la extrema derecha para inundar de xenofobia la valoración que hay en los países occidentales. Y para elevar a estrategia política las llamadas deportaciones masivas.

Ni estamos en una crisis migratoria, ni es posible decidir devoluciones de inmigrantes cuando a un gobierno le parezca oportuno.

Las causas originadoras de las migraciones en el mundo occidental son básicamente dos: la búsqueda de trabajo en Europa o EEUU y las persecuciones sufridas por razones políticas. Ambas tienen un carácter profundamente estructural y no dependen de la voluntad de los gobiernos de países receptores de inmigración.

Las y los migrantes hacia las costas mediterráneas se mueven con las leyes del mercado, esto es, la demanda laboral en Europa. Cerca del 20% de la población de muchos países en la Unión Europea tienen su origen fuera de ellos. Frenar esa migración de forma abrupta significaría el colapso de nuestras economías. Por otra parte, su carácter irregular o “ilegal” permite a ciertas empresas pagar el trabajo a migrantes con sueldos miserables.

Una prueba irrefutable de la conexión estructural entre migración y demanda de trabajo es que, cuando surgió la pandemia del coronavirus y se desencadenó la crisis económica, millones de inmigrantes volvieron a sus países de origen, de donde nunca quisieron salir.

La desidia de los gobiernos de países desarrollados en construir vías legales de migración, con visados en origen, por ejemplo, obliga a desplazamientos de riesgo, que han convertido al Mediterráneo en un siniestro cementerio.

Resolver la supuesta “invasión” migrante con amplias deportaciones es pura hipocresía. Porque los países de origen sencillamente no aceptan ni acogen a los emigrantes que se pretende devolver.

La segunda fuente de migraciones es la huida de países que no protegen a quienes viven en ellos, a causa de represiones de carácter político o de guerras civiles. Esto es lo que está sucediendo en Mali, que experimenta la huida de personas que buscan refugio. Muchas de ellas llegan a las Islas Canarias. Hay 27 millones de refugiados en el mundo.

Para ese tipo de situaciones se creó después de la II Guerra Mundial la institución del derecho de asilo. Un Convenio y un Protocolo lo regulan: 1951 (Ginebra) y 1967 (Nueva York). Se elaboraron pensando en quienes huían de los Estados satélites de la Unión Soviética hacia las democracias liberales. Pero ahora ha de aplicarse a quienes, a lo largo y lo ancho del planeta, huyen de la opresión a causa de su opinión, su orientación sexual, su género, o por verse desplazados de o en su propio país.

El asilo no es solo una cuestión “moral o humanitaria”. Es ante todo un derecho, protegido, por cierto, por la Constitución española y por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La más importante protección es la que el derecho internacional llama “non refoulement”, es decir, la prohibición de rechazar a un solicitante de asilo hacia un país en donde su vida o integridad física están en riesgo. Eso que a veces se utiliza –la devolución en frontera–  es una propuesta ilegal y contraria a los tratados internacionales. Se hace a menudo desde países supuestamente democráticos y liberales. Algunos Estados del Este de Europa, miembros de la Unión, se han negado sencillamente a aplicar la llamada protección internacional.

La Unión Europea acaba de acordar el Pacto de Migración y Asilo, con insuficiencias serias, aunque conteniendo algunos pasos hacia delante.

En suma, la propaganda antiinmigración que crece en Europa y en EEUU al ritmo de las derechas extremas es pura demagogia e hipocresía de un pseudoliberalismo que encubre el racismo más obsceno, cuando no la explotación laboral más despiadada.

La inmigración ha sido y es pieza clave en la construcción del Estado de Bienestar. Sucede que ha surgido un “chauvinismo del Estado de Bienestar”, que considera que éste solo debe ser disfrutado por quienes nacieron en territorio europeo, de padres europeos, de raza blanca, y de cultura cristiana. Los demás que vinieron de tierras lejanas y con otras religiones solo tendrían derecho a trabajar en condiciones extremadamente ínseguras.

Ese “chauvinismo del bienestar” no es sostenible y convendría que el Parlamento Europeo lo dejara bien claro en la legislatura que comienza.

¿Qué es el Derecho? Es el instrumento de gobierno imprescindible en cualquier sociedad desarrollada. Los seres humanos, a diferencia de otros no humanos que también pueblan la tierra, son la única civilización capaz de organizar a millones de personas y, por ello, progresar hacia los avances científicos, el bienestar y la convivencia pacífica. El único medio válido, útil y legítimo para ello es el Derecho, es decir, el imperio de la ley. No su mera existencia, sino su capacidad de imponerse a través de tres sujetos: el poder legislativo que lo crea; el ejecutivo, que lo hace posible en la práctica, y el judicial que lo aplica en caso de litigio o controversia.

Sin el Derecho, desde la Constitución hasta la aplicación de la última norma, no hay pueblo que sobreviva. La destrucción de los regímenes políticos se caracteriza por la desaparición de la ley y su sustitución por la fuerza. Por eso se dice y repite –con razón– que nadie puede estar por encima de la ley.

Pues bien, en los últimos días hemos conocido simultáneamente dos importantes decisiones judiciales, en países tan diferentes como España y Estados Unidos, que, paradójicamente, siendo la acción de los tribunales, por definición, una expresión necesaria del sistema jurídico, han resultado ser contrarias a éste.

Me refiero a las decisiones de dos Tribunales Supremos. El Auto del Tribunal Supremo español que ha negado la amnistía a los líderes del procés y la sentencia de la Corte Suprema norteamericana que ha resuelto que Donald Trump tiene total inmunidad respecto a procesos penales en el ejercicio de sus funciones.

El tribunal español ha resuelto, sencillamente, saltarse la norma aprobada por el Parlamento, que suprime las consecuencias penales de los acontecimientos de octubre de 2017 en Cataluña; considerar que hubo malversación no amnistiable, a pesar de la claridad de la ley; y mantener la orden de detención a Puigdemont.

El tribunal norteamericano ha declarado la absoluta inmunidad frente a posibles persecuciones penales de un presidente de EEUU, en lo relativo a ese concepto tan inescrutable como es un “acto oficial”. En el futuro, no habrá límites a la inmunidad de ámbitos centrales de poder de toda presidencia americana.

En ambos casos estamos ante el fin del derecho y del principio de que nadie puede estar por encima de la ley. Ni siquiera un tribunal supremo, que tiene la obligación constitucional y la potestad de aplicarla.

Es cierto que los monarcas europeos gozan de inviolabilidad ante un proceso judicial –civil y penal– pero ello es admisible en la medida en que el jefe del Estado de las monarquías parlamentarias carece de poder político. Nada que ver con el omnipresente presidente de los Estados Unidos. De ahí el gran impacto de la inaceptable, y esperemos que efímera, sentencia de la Corte Suprema. La juez firmante de un voto particular disidente, Sonia Sotomayor, lo expresa con nitidez cuando afirma que la sentencia da al presidente estadounidense lo que llama “law-free-zone”, o sea, “área libre de derecho”.

El no derecho es una tentación muy peligrosa cuando lo fabrica un alto tribunal. Aun más en el caso de EEUU, porque su Corte Suprema es, a la vez, una corte constitucional y no hay recurso contra su decisión, que en este caso es lo que Sotomayor califica como “la redefinición de la institución de la presidencia” y la burla del principio constitucional de que “nadie está por encima de la ley”.

Las dos decisiones judiciales que comentamos poseen, pues, una gravedad particular. Expresan una neta contradicción con todo un sistema de gobierno como es el Estado de Derecho, el Rule of Law, es decir, la pieza clave de las democracias occidentales.

Una dimensión poderosa de ese sistema es la independencia judicial, pero no es admisible que las decisiones de los jueces y tribunales confronten manifiestamente con el Derecho. 

En 1946, el Estatuto del Tribunal de Nuremberg definió por vez primera la noción de crimen contra la Humanidad: “el asesinato, el exterminio, la reducción a la esclavitud, la deportación, y cualquier otro acto inhumano cometido contra la población civil antes o durante la guerra”.

Dos años después, surgió el texto convencional internacional que sanciona lo que puede considerarse el mayor crimen contra la Humanidad: el genocidio.

La convención de 1948 sobre el genocidio estuvo inspirada por Rafael Lemkin, consejero en el ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Los esfuerzos de Lemkin condujeron a que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Convención para la Prevención y la Represión del crimen de Genocidio. Significa la destrucción de una nación, o de un grupo social o nacional, y supone la existencia de un plan premeditado y coordinado con el fin de la exterminación de dicho grupo. Genocidio es el más devastador de los crímenes contra la Humanidad porque el derecho natural de un grupo a su existencia es como el derecho natural de una persona a la vida. Los atentados contra esos grupos violan el derecho a su existencia y desarrollo en el seno de la comunidad internacional.

La calificación de genocidio puede aplicarse a algunos de los acontecimientos más trágicos producidos en el siglo XX. El genocidio de los armenios, el cometido por la Alemania nazi, el genocidio de los tutsis a manos del terror hutu. También cabe aquí incluir la acción masiva de represión, de tortura y de desapariciones llevada a acabo por los gobiernos militares de Argentina y de Chile. Efectivamente, en estos casos, se cumple aquello que es propio de un genocidio: el propósito de eliminación del grupo. Es lo que diferencia el genocidio de otros crímenes que tienen móviles distintos.

En el caso del genocidio estamos ante un crimen esencialmente político, generalmente cometido por los detentadores del poder o con su consentimiento. El genocidio no se improvisa, se planifica. En el supuesto del genocidio, la obligación de intervenir por parte de la comunidad internacional es mucho más exigente que en otros crímenes. La responsabilidad internacional surge en cuanto existe un instrumento jurídico específico que obliga a los estados signatarios a “prevenir y castigar”, según los términos de la Convención. Era la idea inicial de Lemkin, para el cual “la hipotética regulación del genocidio como un crimen nacional no tendría ningún sentido porque, por su propia naturaleza, el autor es el Estado o grupos poderosos con el apoyo del Estado (…). Por su  naturaleza jurídica, el genocidio debe tratarse como crimen internacional”.

El pasado 26 de marzo, Francesca Albanese, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, presentó, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su 55ª sesión, el informe Anatomía de un Genocidio.

Albanese acusó a Israel de tres actos de genocidio con intencionalidad contraria al pueblo palestino: causar graves daños físicos o mentales a miembros del grupo; infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial; imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo.

Efectivamente, la acción del Gobierno de Netanyahu en Gaza coincide exactamente con lo que la Convención de 1948 define como genocidio en su artículo II: actos “cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, tales como matanza de miembros del grupo; atentado grave contra la integridad física o mental de éstos; sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física; medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo”. Así lo recoge el artículo 607 del Código Penal español.

El Convenio de Nueva York trata de proteger a los seres humanos no sólo por serlo, sino, y esto es lo más relevante del genocidio, por su pertenencia a un grupo de características colectivas concretas.

El genocidio perpetrado en Gaza es de una enorme gravedad. Que no cesa. No solo eso. No es comprensible ni aceptable que determinados estados, léase EEUU, sigan suministrando material bélico a Israel, que éste utiliza para la represión de decenas de miles de civiles palestinos, especialmente mujeres y niños, cuya responsabilidad en los crueles ataques de Hamas de 7 de octubre es obviamente inexistente. La acción del Gobierno israelí, pues, no tiene ya un objetivo militar, defensivo, sino directamente genocida.

Resulta alentadora la reciente resolución vinculante del Consejo de Seguridad planteando un alto al fuego durante el Ramadán. Al igual que una cierta evolución de EEUU hacia el alejamiento del Gobierno Israelí, algo particularmente observado en las filas del partido y los electores demócratas. En esa línea, debe destacarse también la exigencia a Israel por parte del Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas para que provea a los palestinos de Gaza de servicios básicos y asistencia humanitaria, a la vista de “la propagación de la hambruna y la inanición” en la Franja.

Pero Israel no siente el aislamiento internacional, ni político, ni económico, y la colonización de Cisjordania sigue adelante sin obstáculos. Israel aún no paga un alto precio por el genocidio perpetrado en Gaza.

En estos días convulsos en los que la oposición (PP y Vox) ha movilizado a miles de ciudadanos contra la mayoría parlamentaria que previsiblemente elegirá a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, se ha hecho un uso y abuso del concepto de “pueblo español”. Según los líderes de los citados partidos, Pedro Sánchez habría realizado un fraude electoral y mentido al pueblo de España al pactar una ley de amnistía con Junts y ERC, cuando, dicen, lo negó en la campaña electoral. Todo para conseguir el poder. Como consecuencia, la exigencia de la oposición de las derechas españolas sería que se convocasen de nuevo elecciones, considerando hasta entonces “ilegítimo” al gobierno nacido de las elecciones generales de 23 de julio, y llegando a hablar de “golpe de Estado”, con un estilo que recuerda a Donald Trump negando la victoria de Biden.

El pueblo español no es una colectividad cualquiera, individualizada por su simple residencia en el territorio estatal y la sujeción a sus leyes. Está constituida por aquellas personas unidas al Estado por un vínculo jurídico de pertenencia general y permanente. Ese vínculo les confiere, en un Estado democrático como el español, una particular esfera de derechos y obligaciones. En una democracia, tales derechos incluyen naturalmente el de sufragio, con carácter universal. A todo ello se le llama “ciudadanía”. El pueblo, así concebido, es un conjunto de ciudadanas y ciudadanos. Según dice el artículo 1º.1 de la Constitución, “la soberanía nacional reside en el pueblo español”. Nada menos. De ahí la relevancia de definir lo que es propiamente el pueblo.

Estamos ante un régimen representativo. Por eso el artículo 66.1 de la Constitución dice: “Las Cortes Generales representan al pueblo español”. Así que la representación política lo es del pueblo español a través del Parlamento; en concreto del Congreso de los Diputados cuando de elegir al presidente del Gobierno se trata. Las manifestaciones, lícitas, no sustituyen a las Cortes Generales.

En un Parlamento hay mayorías y minorías, ganadores y perdedores. Siempre me ha parecido admirable, y a la vez complejo, ese dogma que caracteriza a una verdadera democracia: que la minoría reconoce la autoridad de la mayoría para gobernar.

Esto es lo que caracteriza a un “pueblo”, por tanto al pueblo español. Un país, una nación, existe como tal cuando los perdedores en unas elecciones democráticas respetan y aceptan las decisiones de la mayoría parlamentaria. El candidato que vence en unas elecciones, o sea, quien consigue un apoyo parlamentario superior a cualquier otro, es el que posee la legitimidad/legalidad para gobernar. Y quien o quienes no alcanzan esa mayoría, aceptan la investidura de la mayoría como legal y legítima. Reconocen la legitimidad del Gobierno.

No es esto lo que está sucediendo en España después de que el partido socialista haya conseguido el apoyo de todo el arco parlamentario, salvo Partido Popular y Vox.

Los dirigentes de ambos partidos, PP y Vox, no aceptan la legitimidad de la coalición PSOE-Sumar para gobernar los próximos cuatro años. Supuestamente porque Pedro Sánchez ha admitido que se apruebe una ley para amnistiar a aquellas personas procesadas por actos de intencionalidad política vinculados a los incidentes del llamado procés. Este hecho –la amnistía–provocará seguramente que la oposición no ejerza su función de tal y convierta, a lo largo de la próxima legislatura, sus actos parlamentarios y extraparlamentarios en filibusterismo desde el Senado y en denuncias constantes de la ley de amnistía que el PSOE ha acordado promover en los pactos con los partidos independentistas Junts y ERC. Sin embargo, lo más importante del acuerdo con los independentistas catalanes es que, lo quieran o no, aceptan el sistema político. En definitiva, que España es un país, una nación, a la que pertenece Catalunya. 

La posición del Partido Popular y de Vox, negando que sea legítimo que la mayoría progresista ganadora el 23J gobierne en la legislatura que se iniciará este mes, es grave. No ya solo porque contradice las leyes históricas de las democracias europeas, sino porque rompe el concepto jurídico y político de “pueblo español”. Negar la legitimidad a un gobierno apoyado por una mayoría parlamentaria es negar la existencia de un estado unitario, de un país, de un colectivo nacional. La unidad e integridad del “pueblo español” se basa en que la minoría –la que surja de las urnas– respeta y acepta que la mayoría es la legitimada para gobernar al Estado. Eso de “si yo no gano rompo la baraja” hace inviable la aplicación de las reglas que hacen de España una “democracia plena”, como se nos reconoce en el ranking de The Economist.

Es realmente paradójico, y hasta satírico, que a las derechas que alardean de más españolismo y más banderas (algunas anticonstitucionales) no les importe romper la idea de “pueblo español”. Sin unidad en la lealtad a la Constitución y la democracia, y a los resultados electorales, el pueblo deja de serlo y pasa a ser un colectivo fragmentado y disperso. Se debilita hacia el interior y hacia el ámbito internacional. Es muy poco patriota intentar herir a las instituciones, empezando por el Gobierno y el Parlamento. Es también poco inteligente porque esa debilidad afecta a todos los actores políticos, no solamente a los que han obtenido la mayoría.

En una democracia, tan importante es el Gobierno como la oposición. Las actitudes adoptadas por la oposición tras el 23J deterioran a todos los sujetos que componen nuestro sistema político y, entre ellos, al más importante y poderoso: el pueblo español.

El apretado resultado electoral del 23J ha hecho florecer una hipótesis en la que nunca se había pensado desde el nacimiento de la Constitución: el Rey, se dice, estaría ante un dilema a la hora de proponer al Congreso un candidato a ser investido Presidente del Gobierno.

Tanto Alberto Núñez Feijóo como Pedro Sánchez aspiran a ser objeto de esa propuesta. El primero, basado en ser el líder del partido más votado y con más diputados y diputadas aunque todo indica que Feijóo no conseguiría un apoyo parlamentario suficiente. El segundo porque es el único que tiene un horizonte de posible apoyo parlamentario superior al que esgrime Feijóo, especialmente después de la elección de la Mesa de la Cámara encabezada por Francina Armengol. Ante esta situación nacida de las urnas ¿qué debería hacer el Rey? ¿Está verdaderamente ante un dilema que solo él puede/debe dirimir? 

A mi juicio, el punto de partida es que el Rey no puede ejercer las funciones que le confiere la Constitución de modo discrecional, ni, por supuesto, de modo arbitrario, lo que la Carta Magna prohíbe expresamente (artículo 9.3).

La monarquía parlamentaria es una evolución de la monarquía constitucional, y ésta de la absoluta. Sin esa transformación, las monarquías no existirían en potentes democracias liberales europeas. La ausencia de poder político efectivo es lo que le permite subsistir a la forma monárquica de gobierno. Es lógico. Si el rey o reina no son, por definición, elegidos por las y los ciudadanos, no tienen la legitimidad para ejercer de forma autónoma poderes políticos decisorios. Ni ejecutivos, ni legislativos, ni judiciales. 

En última instancia, la monarquía parlamentaria es el producto de un proceso histórico, que ha otorgado al monarca lo que Mommsen llama “auctoritas”, que no “potestas”. Es lo que en Inglaterra ha sido denominado “the mistery of the King”, o lo que Benjamin Constant definió así: “le roi regne et ne gouverne pas”. Con estos antecedentes, la monarquía ha sido asumida por el constitucionalismo democrático en Europa atribuyéndole sólo funciones representativas, y sin ejercer potestades propias directas.

Sin embargo, es cierto que el Rey ocupa un cargo institucional muy relevante: la Jefatura del Estado. Institución de derecho internacional, con importantes competencias que el artículo 62 de la Constitución enumera, entre ellas “proponer el candidato a Presidente del Gobierno”. 

Pero acabamos de decir que el Rey no tiene poderes políticos discrecionales. ¿Qué sucede entonces? Que las potestades que le concede el artículo 62 son de ejercicio obligado - por ejemplo, el Rey no podría negarse a sancionar una ley o un decreto - y no llevan aparejada responsabilidad política alguna. El mecanismo para que eso sea así es el refrendo, que deben realizar, según los casos, el Presidente del Gobierno, los ministros y, en el supuesto de la propuesta de investidura de Presidente del Gobierno, la Presidenta del Congreso de los Diputados. 

La Constitución es contundente: “De los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden” (art. 64.2.). 

El Rey, al poseer sólo potestades institucionales - eso es la monarquía parlamentaria – ha de proponer al Congreso un candidato a Presidente del Gobierno cuyo apoyo en la Cámara baja sea el mayor entre todos los que aspiren a ser investidos. Y ello para poder proponerle con la máxima fuerza institucional y sin ninguna intervención discrecional de naturaleza política que pudiera atribuirse al Rey. 

La preocupación de los constituyentes por la neutralidad política del Rey llegó hasta el punto que la Constitución (art. 99.1) señala que éste, antes de proponer al candidato, ha de realizar consultas “con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria”. Es decir, el Rey no puede llamar para consultas a los líderes que considere oportuno sino a los que los grupos con representación parlamentaria deciden. Sin duda, quienes elaboraron la Constitución se preocuparon porque no retornara lo que fue costumbre en la monarquía constitucional decimonónica española: la selección preferencial y arbitraria de líderes por el propio monarca, que tan nefastos resultados produjo en España. 

Así pues, el rey, ante la decisión de proponer al Parlamento un candidato a la presidencia del Gobierno, tras las rondas de consultas - una o varias - con los grupos políticos que considere necesarias, no posee un margen discrecional, que estaría necesariamente politizado. Ha de hacer la propuesta de candidato que posea el carácter más objetivo posible, que es ostentar previsiblemente el mayor apoyo en el parlamento, porque es el Congreso, no el Jefe del Estado, el órgano constitucional que tiene atribuida la potestad de elegir al presidente del Gobierno. 

Todo ello debería hacerse con la máxima celeridad posible para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones, en medio de una presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

El BCE ha situado ya el tipo de interés en el entorno del 4% en menos de un año. En la reciente conferencia de Sintra, los jefes de la Reserva Federal, del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo advirtieron de que es necesario seguir subiendo los tipos de interés para combatir la inflación. Inflación de la que culpan al aumento de los salarios. Sin embargo, en la eurozona, la inflación, en los últimos años, como media, se ha debido en un tercio a los salarios y en dos tercios al aumento de los beneficios empresariales. Además, la inflación es muy diferente según sea el país que lo sufra. En Alemania es del 6,8%. En España ha caído al 1,9%.

Los bancos centrales citados y el Fondo Monetario Internacional (Gita Gopinath) miran al 2% como objetivo y se están rigiendo por el dato de inflación más alto. Sin embargo, no tienen en cuenta que la expansión de la economía se mantiene por ahora, y que una subida sostenida de tipos de interés ahoga a los hogares y empresas con hipotecas y con préstamos a interés variable. Es lo que sucede esencialmente en los países del sur, como España, Italia o Portugal, que soportan un alto nivel de deuda pública. Por otra parte, no se contempla como alternativa a la política monetaria un aumento temporal de impuestos para enfriar la demanda, tal como apunta Paul Krugman.

Así que el BCE consolida un dogma, tan discutible como arriesgado, que afirma: si los precios suben, lo que hay que hacer es subir también los tipos de interés de los créditos como único modo de reducir la inflación. El producto de esa política monetaria es un descenso de la actividad económica y lo que esto lleva aparejado: menos empleo y bajos salarios. No importa que ello desencadene - admiten los bancos centrales - una recesión. 

En la Unión Europea tenemos experiencia de la fragilidad de esa política. Vamos a recordarlo en detalle (López Garrido, La Edad de Hielo, RBA).

La crisis del sistema financiero en 2008 - la Gran Recesión - produjo la parálisis del mercado crediticio en Estados Unidos, contaminando a la banca europea. Sin embargo, el Banco Central de Frankfurt, dirigido por Trichet entonces, aumentó su principal tipo de interés hasta un 4,25% para proteger supuestamente el euro. El resultado fue la ralentización del crecimiento, haciendo caer un 0,2% el PIB de la eurozona, al borde de la recesión. Ello contribuyó, no solo a la escalada del euríbor, sino a la caída de las bolsas europeas.

Solo a partir de octubre de 2008, el BCE bajó el tipo de interés al 3,75%, al tiempo que inyectaba liquidez al sistema. En diciembre puso el tipo en el 2,5%, en abril de 2009 en el 1,25% y en mayo en el 1%. Con ello, el BCE reaccionó conforme a su mandato estatutario, que es cuidar la estabilidad de precios y que sus directrices de política monetaria se trasladen a los mercados financieros. No obstante, el BCE no pudo impedir que en el Consejo de la UE se impusiera el concepto de la política de austeridad con el efecto perverso de todos conocido.

Con el pretexto de evitar peligros inflacionistas, el BCE volvió a subir los tipos de interés en el desconcertante periodo de abril a noviembre de 2011 (la última etapa de Trichet). Primero al 1,25% y luego al 1,5% (7 de julio).

La llegada a la presidencia del BCE de Mario Draghi el 1 de noviembre de 2011 cambió la dinámica. Lo primero que hizo fue bajar el tipo de interés oficial al 1,25%, cuando la Unión estaba iniciando su segunda recesión desde el inicio de la crisis. Lo siguiente que hizo Draghi fue acelerar la compra de deuda soberana en el mercado secundario. Lo tercero, inyectar liquidez sin límite a la economía mediante créditos a tres años a los bancos (LTRO). Luego vino la frase del siglo: “haré todo lo que sea necesario para preservar el euro”. Y añadió: “belive me, it will be enough”. Salvó a España de ser intervenida por la Troika.

El 2 de mayo de 2013, Mario Draghi anunció en Bratislava que el BCE había acordado bajar el tipo de interés oficial del dinero al 0,5%, el menor hasta entonces desde el lanzamiento del euro, como respuesta a los malos datos de la economía de la eurozona. El 7 de noviembre el BCE bajó el tipo de interés aún más: al 0,25%, mínimo histórico. El objetivo era recuperar a la deprimida economía europea, cuando la zona euro tenía un nivel de inflación muy bajo, muestra de un consumo desfalleciente, de salarios en descenso y de desempleo. La mejor salida era, paradójicamente, un aumento de la inflación para reactivar la economía.

En la actualidad, la actitud y las decisiones del BCE nos recuerdan a la época Trichet, cuando, ante una economía herida por la caída del sistema financiero, no se le ocurrió otra cosa al banco central que subir el tipo de interés sin una estrategia comprensible. La inflación vinculada a la guerra de Ucrania está siendo hoy combatida, nunca mejor dicho, con una subida constante, sin una explicación clara, de los tipos de interés. Es el único instrumento que se ha utilizado. Con la inevitable consecuencia de lanzar una carga insoportable a los deudores hipotecarios o de otros créditos, y de crear condiciones de crecimiento de beneficios a los acreedores.

El BCE, con esa dura política monetaria, se distancia de la expansiva política fiscal que han estado desarrollando las demás instituciones europeas (Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consejo Europeo) desde la pandemia de la COVID-19. Una política de inversión y de endeudamiento mutualizado (Fondos Next Generation).

El BCE, con su decisión de subida de tipos de interés, ininterrumpidamente, contribuye a frenar el crecimiento y las retribuciones reales de los trabajadores. Además de originar un fuerte e inesperado peso en las economías de los suscriptores de hipotecas a interés variable. Perjudica especialmente a sociedades como la española, con una cultura de propiedad de vivienda, y a los jóvenes que quieren llevar una vida autónoma.

Los halcones ganan. Christine Lagarde desempeña el papel de Trichet, cuando debiera hacer el de Draghi.

Como es sabido, el gobierno español va a presidir el Consejo de Ministros de la Unión Europea en el segundo semestre de este año. Un acontecimiento de especial relevancia por ser la última presidencia de esta legislatura europea. En esa condición, a España le corresponderá cerrar la legislación comunitaria, los dossieres y los acuerdos (trílogos) que aún están pendientes de finalizar, y obtener los consensos necesarios para ello entre los 27 estados miembros, y con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.

En los semestres de presidencias europeas, los trabajos más difíciles para quien preside - y los más trascendentales - se consiguen aprobar en los últimos meses, normalmente en el último incluso. En la presidencia española de 2010, por ejemplo, el acuerdo de creación del Servicio Europeo de Acción Exterior - la diplomacia de la Unión - de enorme calado institucional y político, se obtuvo en los días postreros del semestre. Fue la herencia que dejamos a la siguiente presidencia, la de Bélgica. Ahora, en estos mismos momentos, la propia presidencia de Suecia - la previa a la española- reconoce que le queda por terminar el 70% del trabajo previsto para el conjunto de su semestre.

Todo esto viene a cuento del impacto que puede tener en nuestra presidencia europea, que comienza el próximo 1 de julio, la inesperada disolución del Congreso y del Senado y la convocatoria de elecciones decidida por el presidente del Gobierno. Hay ya un primer efecto: las prioridades de la presidencia española del Consejo de la Unión serán anunciadas por Sánchez – o Feijóo - después de las elecciones, en septiembre, ante el Parlamento Europeo.

Pues bien, se ha analizado esta disolución del Parlamento y elecciones generales como un hecho que puede tener efectos disruptivos en la Unión, debilitando la acción de la propia presidencia española del Consejo. Mi opinión es la contraria. Explicaré por qué.

Para empezar, conviene puntualizar que la potestad de disolver el Congreso y el Senado y, simultáneamente, de convocar elecciones generales, está atribuida por la Constitución al Presidente del Gobierno en exclusiva. Así sucede en todos los regímenes parlamentarios. Y no hay que demostrar razones específicas para hacerlo. Es una pura decisión política, absolutamente discrecional. No obstante, naturalmente, cabe analizar las intenciones y los efectos posibles de una decisión de tal dimensión, en concreto en un acontecimiento que solo se produce cada trece años: la presidencia rotatoria del Consejo de Ministros de la Unión Europea.

Algunos de los desafíos más destacados para la Unión Europea y para España en su presidencia, sea cual sea el gobierno que los aborde, van a ser, a mi juicio, los siguientes: el primero, la reforma de las reglas fiscales de la UE para flexibilizar el Pacto de Estabilidad, es decir, los límites de déficit y deuda establecidos en los tratados, que están suspendidos desde la pandemia.

El segundo, la decisión del Consejo sobre la apertura o no del proceso de adhesión de Ucrania a la Unión. Es fácil deducir la trascendencia geopolítica que esta opción podría tener, en medio de una guerra devastadora. Pero los tiempos conducen a que sea durante la presidencia española cuando se analice la conveniencia de tal adhesión y la posibilidad técnico política de realizarla. 

Conectado con lo anterior está otro desafío para la presidencia. Es la posible apertura de una negociación para una futura ampliación de la UE a los Balcanes occidentales, lo que forzaría a plantearse la derogación del principio de voto por unanimidad en asuntos tan decisivos como la política exterior y de seguridad, o la armonización fiscal para acabar con los pseudoparaísos fiscales encubiertos y la competencia desleal que hay en la Unión.

El cuarto reto - y en mi opinión el más importante- es conseguir el ansiado (por los países mediterráneos especialmente) Pacto europeo de Migración y Asilo. 

Se trata de un asunto recurrente en la reciente política europea. En especial, desde la llegada de un millón de refugiados a Alemania en 2015. La Comisión Europea ha propuesto cinco reglamentos al respecto, de gran complejidad, en un intento de que, precisamente durante la presidencia española, se lograra obtener como resultado un Pacto basado en la solidaridad y la responsabilidad compartida. España, Italia, Grecia, Malta y Chipre esperan con ansiedad lo relativo a reasentamientos, reubicaciones y vías legales que eviten que el Mediterráneo sea un cementerio. 

El enfoque que dé la presidencia española al Pacto dependerá del trabajo que haya desarrollado la presidencia de Suecia. Cuando se escribe este artículo tenemos como horizonte la negociación en el Consejo de la Unión para lograr una “orientación general” en su seno, es decir, un consenso facilitador de lo que podría y debería ser una culminación positiva del pacto de Migración y Asilo durante y bajo los auspicios de la presidencia española.

Hay que advertir que en ninguno de los cuatro desafíos citados hay, por el momento, una posición unánime entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

Lograr acuerdos de esa envergadura política en el final de la legislatura europea requerirá del Gobierno español liderazgo, fortaleza y una legitimidad política lo más sólida posible. Eso es precisamente lo que han de proporcionar las elecciones del 23 de julio. Merced a su convocatoria, el Gobierno español que presidirá el Consejo de la Unión en el próximo semestre ostentará – porque así la otorgarán las y los electores - una autoridad democrática indiscutiblemente fuerte para liderar la última parte de la actual legislatura europea.

Así pues, las elecciones convocadas adquieren una trascendencia que va más allá del estricto ámbito español.

No sabemos si este argumento, favorable y explicativo de unas elecciones al principio del semestre de presidencia española del Consejo y al final de la legislatura europea, ha estado en el pensamiento de Pedro Sánchez al disolver el Parlamento y elegir otro del que surja un nuevo gobierno con la máxima energía para afrontar los expedientes europeos mencionados. No lo sabemos. Pero “se non è vero è ben trovato”.