Cuando una crisis golpea, la ciudadanía espera de sus gobernantes dos cosas: rapidez y altura de miras. En Canarias, desgraciadamente, no hemos obtenido ni lo uno ni lo otro. El plan anticrisis que el Gobierno de CC y PP ha presentado para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Próximo no es, como nos han querido vender, un escudo protector para las familias canarias. Es, sencillamente, un ejercicio de propaganda con cifras de trileros y un vacío social que avergüenza.

Una profunda decepción, máxime tras conocer, el pasado 20 de marzo, el Real Decreto-ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo, aprobado por el Consejo de Ministros, comprobamos cómo el Gobierno de España, una vez más y gobierne quien gobierne, no singularizaba algunas de las medidas para Canarias. Sobre todo, aquellas que incidían en rebajas del IVA, el impuesto indirecto que en Canarias no opera al hacerlo el IGIC, o la inexplicable exclusión de las ayudas al combustible al sector del transporte, entre otras. 

La reacción del Ejecutivo canario, como es habitual, fue furibunda, y aunque en su relato inicial planteó que Canarias no se beneficiaría en nada de los 5.000 millones de euros anunciados en el decreto estatal, lo cual no era cierto. Muchas de las medidas beneficiaban al conjunto del Estado, como la rebaja del impuesto a la electricidad y otras, vivieras en Madrid, Andalucía o Canarias. La realidad es que otras muchas olvidaban nuestro régimen fiscal diferenciado, nuestras singularidades y nuestra mayor dependencia y, por tanto, impacto a la crisis, fundamentalmente por nuestra lejanía y condición archipielágica. 

Una vez más, Clavijo recurrió a reunir a los grupos parlamentarios para crear un frente común y exigir a España un encaje para nuestras islas en esas medidas anticrisis. Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista acudimos porque coincidíamos en que el decreto estatal era insuficiente y para exigir al Ejecutivo de Canarias su propio decreto. 

Y una vez más, cuando no se intenta pervertir el objetivo como ocurrió con el llamado Decreto Canarias, cerramos filas con el Gobierno, el resto de instituciones y la sociedad canaria en la exigencia al Ejecutivo estatal de un paquete de medidas específicas para nuestra tierra. 

Y también, una vez más, le pedimos a Clavijo que, desde el autogobierno, desde nuestra propia capacidad para tomar decisiones en los asuntos que afectan a Canarias y a quienes aquí viven, necesitábamos urgentemente nuestro propio decreto, como ya habían hecho otras comunidades. 

La respuesta no ha podido ser más decepcionante, y es que, tras el Consejo de Gobierno del pasado lunes, el Ejecutivo de las derechas canarias anunciaba su plan anticrisis. No el decreto, que más de un mes después de comenzada la guerra de Irán, parece que no es urgente para Clavijo. La exigencia de rapidez, medidas y recursos para Canarias que exigió al Estado, no parece que sea relevante para su propio gobierno. 

Pero el núcleo de la indignación reside en las cifras. El Gobierno de Canarias alardea de un plan valorado en 29,8 millones de euros. La descomposición de esa cantidad es sencilla y demoledora: 15,3 millones de euros provienen del Estado, fruto de la compensación pactada tras el agravio inicial del decreto estatal. Es decir, dinero que no sale de las arcas autonómicas y cuya llegada era una obligación del Gobierno estatal, no una concesión generosa.

Una cuantía de 15,3 millones de euros que, para Nueva Canarias BC, resulta absolutamente insuficiente, por lo que no entendemos que Clavijo la haya anunciado como un éxito que le ha arrancado a España, máxime tras los ataques iniciales al “olvido de Sánchez a Canarias”.

El resto, la aportación, tramposa, del Ejecutivo canario, asciende a 14,5 millones de euros. Para ponerlo en perspectiva: el presupuesto inicial de la Comunidad Autónoma para este año supera los 12.300 millones de euros. El Ejecutivo de CC y PP ha puesto sobre la mesa el 0,11% de su presupuesto para hacer frente a una guerra que ha disparado los precios de la energía, los alimentos y los combustibles. Una cantidad no ya escasa, sino insultante.

Y aún hay más. Si eliminamos del cómputo las partidas destinadas a esas medidas que ya existían con anterioridad, la “aportación real con fondos propios” se reduce a solo siete millones de euros para los sectores productivos. Siete millones de euros. Esa es la verdadera cara de la prioridad que este Gobierno concede a los sectores económicos que sostienen el empleo en las Islas.

Comencemos por el engaño más flagrante: la rebaja de la cesta de la compra. El Gobierno anunció, a bombo y platillo, que reduciría el IGIC al 0% para 45 productos de primera necesidad. La realidad, sin embargo, es muy distinta. Como denunciamos en su momento, la inmensa mayoría de esos 45 productos ya tributaban al 0% antes de la crisis. Es decir, el Gobierno ha empaquetado como “medida anticrisis” algo que ya existía, que ya estaba en vigor. ¿Cómo llamamos a esto? Engañar a la opinión pública.

No contentos con esto, el Ejecutivo ha introducido en su “plan de urgencia” medidas que también habían sido anunciadas con anterioridad al estallido del conflicto bélico, como la ampliación del régimen especial del pequeño empresario (Repep) hasta los 50.000 euros. De este modo, lo que debería ser un paquete extraordinario para afrontar una emergencia económica se convierte en una colección de iniciativas ya previstas que, convenientemente disfrazadas, buscan inflar artificialmente el tamaño del supuesto escudo social.

Sin embargo, lo más grave, lo que deja al descubierto la verdadera naturaleza política de este Ejecutivo, no es la mezquindad de las cantidades, sino la absoluta ausencia de sensibilidad social. El decreto anticrisis del Gobierno de Canarias no contiene ni una sola medida para las familias más vulnerables. Ni una.

Mientras los precios de los alimentos se encarecen día a día, mientras las familias trabajadoras ven cómo su poder adquisitivo se desmorona, el Gobierno de Clavijo no ha tenido a bien destinar un solo euro adicional a la Renta de Ciudadanía. No ha implantado los complementos que la propia Renta de Ciudadanía canaria tiene previstos para hacer frente a los gastos de educación o vivienda. No ha planteado una rebaja del IRPF para las rentas medias y bajas. No ha impulsado la declaración de zonas residenciales tensionadas para frenar la escalada abusiva de los alquileres.

Estas medidas son algunas que desde Nueva Canarias le planteamos al presidente en la reunión con los grupos parlamentarios. Un plan alternativo basado en el autogobierno, con medidas concretas para proteger a las familias que más sufren. La respuesta, una vez más, fue el desprecio. Otra oportunidad para la unidad desaprovechada. Otra pala de tierra encima de lo que él llama modo canario de hacer política y que nosotros decimos que es el verdadero modo Clavijo de entender y aplicar la misma. 

Lo peor de todo es que este Gobierno parece haberse instalado en la cultura del anuncio. Lo que importa no es la efectividad de las medidas, sino el titular de prensa. Lo que se persigue no es el impacto real en la vida de las personas, sino la foto del presidente con los consejeros. Por eso se maquillan cifras, se reciclan medidas antiguas y se presentan como novedosas, y se oculta la verdadera dimensión de una aportación que resulta ridícula comparada con la gravedad de la situación.

Y todo esto en una semana en la que conocíamos el informe del Ministerio de Hacienda sobre la ejecución presupuestaria de Canarias. Según el mismo, el Gobierno de Clavijo dejó de gastar 1.051 millones de euros el pasado año 2025. Unos datos que empeoran los 973,3 millones de euros anunciados por la consejera de Hacienda, Matilde Asían, el pasado 23 de febrero, como ya advertíamos desde Nueva Canarias en el pasado Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria.

Por tanto, el mismo Gobierno que maneja un presupuesto, para el 2026, de más de 12.300 millones de euros, que ha dejado de ejecutar en los presupuestos de 2023, 2024 y 2025 la friolera de 3.430 millones de euros, nos presenta un plan anticrisis propio absolutamente cicatero. Desde luego la excusa no puede ser la falta de fondos. 

Se confirma que estamos ante un Gobierno más centrado en los anuncios, en los titulares, que en la efectividad real de las medidas. 

El decreto anticrisis del Gobierno de Canarias es, en definitiva, un compendio de lo peor que puede ofrecer una administración: tardanza injustificada, maquillaje contable, ausencia de sensibilidad social y una mezquindad presupuestaria que convierte en papel mojado cualquier declaración de intenciones.

Porque si algo ha quedado claro con este episodio es que, para el Ejecutivo de CC y PP, la crisis de las familias canarias no es una prioridad. Lo es la foto, lo es el titular, lo es la apariencia de que se hace algo. Pero la realidad, tozuda, demuestra que, de los más de doce mil millones de euros del presupuesto autonómico, solo siete millones de euros se han destinado realmente a responder a una guerra que está vaciando los bolsillos de los ciudadanos. El resto, humo.

Mientras tanto, los más vulnerables esperan. Esperan una medida que no llega. Esperan un gesto que no se produce. Esperan que alguien, desde el Gobierno, recuerde que existen. Pero este decreto demuestra que, para Clavijo y los suyos, los vulnerables no están en el mapa. No hay partida presupuestaria para ellos. No hay sensibilidad. No hay política social.

Esa es la verdadera miseria de este decreto: no solo la de sus cifras, sino la de sus prioridades. Porque en tiempos de crisis, las intenciones se miden en los presupuestos. Y el presupuesto del Gobierno canario para esta crisis es, sencillamente, miserable.

En el reciente Debate de la Nacionalidad Canaria (DENC) quedó retratada la verdadera naturaleza del Ejecutivo que padecemos. No se trata sólo de un Gobierno ineficaz, que lo es. No se trata únicamente de un Gobierno de derechas, aunque también lo sea. Se trata de algo más estructural y, a la vez, más imperdonable para quien ostenta la responsabilidad de dirigir los designios de un pueblo: estamos ante un Gobierno que ha renunciado a gobernar. Un Gobierno que ha abandonado el autogobierno como herramienta de transformación social para convertirlo en una mera plataforma de gestión de lo urgente, de excusas permanentes y de transferencia de responsabilidades hacia otros.

Porque el autogobierno, ese que tanto costó conquistar, que se construyó con la lucha y el esfuerzo de generaciones de canarias y canarios; no es un discurso vacío que entonar el Día de Canarias. El autogobierno es la capacidad de decidir sobre lo propio. Es la herramienta que permite que los problemas de esta tierra se resuelvan desde esta tierra, ejerciendo nuestras competencias, con nuestros recursos, nuestras leyes y nuestra voluntad política. Y cuando un gobierno, en lugar de usar esa herramienta, la guarda en el cajón y se dedica a señalar con el dedo hacia fuera, lo que está haciendo es traicionar la esencia misma de la autonomía. 

Porque el autogobierno no es sólo un derecho conquistado. Es también una responsabilidad. Las competencias no están en el Estatuto para decorar discursos. Están para ejercerse.  

La estrategia es tan burda como efectiva para sus intereses: cada vez que la realidad evidencia su fracaso, el Gobierno de Fernando Clavijo activa el manual de la coartada. Si la vivienda se ha convertido en una pesadilla para miles de familias, con los precios disparados y más de 200.000 viviendas vacías, la culpa es del Estado y sus leyes. Si la dependencia acumula más de 2.200 fallecidos mientras esperaban una prestación, la responsabilidad es de los cabildos que no ejecutan el plan sociosanitario. 

Si la violencia machista sigue siendo una lacra que no cesa, la culpa es de la crispación general por la situación internacional. Si el sector primario se hunde, el responsable es Mercosur o la Unión Europea. Si el modelo de desarrollo y el modelo demográfico pide a gritos límites al crecimiento, la culpa es de miles de personas, calificadas de turismofóbicas, que salen a la calle. Para el resto les queda el comodín del anterior Gobierno o de la actual oposición. Siempre hay un culpable lejano, siempre hay una excusa externa, nunca una asunción de responsabilidades propias.

Este ejercicio de permanente externalización de la culpa no es una simple estrategia de comunicación: es una renuncia explícita al ejercicio del poder. Porque gobernar, de verdad, implica asumir que los problemas son tuyos, que las soluciones debes construirlas y que, cuando fracasas, debes rendir cuentas. Pero este Ejecutivo ha optado por el camino fácil: convertirse en una suerte de oficina de reclamaciones que traslada a Madrid, a Bruselas o a las instituciones insulares las demandas ciudadanas, despojándose de su propia capacidad de acción.

Y por supuesto que el autogobierno no significa que no haya que reivindicar lo que nos corresponde en Madrid, en Bruselas o donde haga falta. Pero para luego ejercer y asumir la responsabilidad de afrontar, sin excusas y desde Canarias, nuestros problemas, retos y desafíos. 

La gran propuesta de Clavijo, en este Debate de la Nacionalidad Canaria, fue construir un gran escudo social y económico para abordar nuestros problemas y ante los desafíos que vienen. Ese escudo es lo que denomina Decreto Canarias. Una propuesta interesante que nos permitía, en ausencia de presupuestos estatales, captar los recursos necesarios para Canarias que tendrían que figurar en ellos. 

Pero lo ha pervertido en lo que nosotros llamamos Decreto Clavijo, un programa electoral de Coalición Canaria donde todo cabe, sin límites, cargado de políticas que la gran mayoría son competencias exclusivas de Canarias, pero a quien se le exige es al Estado exclusivamente con dos grandes objetivos. Volver a buscar una nueva confrontación gratuita y estéril y lo que, de verdad nos preocupa a nosotros, desviar la atención de nuestros problemas a un enemigo externo y renunciar al autogobierno.

El gran escudo social y económico para Canarias estaba en los 3.352 millones de euros que dejó sin ejecutar de sus propios presupuestos en estos tres años. Está en los 58,6 millones de euros de fondos europeos que ha devuelto entre 2024 y 2025 y que alcanzará los 500 millones de euros en agosto de 2026 con sus correspondientes intereses.  

El gran escudo social y económico para nuestro sector primario está en no recortarles 12 millones de euros en estos tres años, después de haber incrementado el presupuesto de la comunidad en 2.311 millones. El gran escudo para combatir la pobreza está en desarrollar plenamente la Renta Canaria de Ciudadanía, un instrumento propio, aprobando los complementos de vivienda o educación que permite. 

Un escudo que sólo puede desarrollarse creyendo en la importancia de la educación, llegando al 5% del PIB en inversión como establece la Ley Canaria de Educación y no retrocediendo en sus tres años de gobierno hasta el 4%. Un presidente que se atrevió a afirmar uno de los disparates más lamentables en mucho tiempo en el Parlamento: “llegar al 5% del PIB en educación supondría deprimir la economía”. 

No es serio hablar de un escudo social y económico a través de un decreto que reclama al Estado 20 millones de euros para la I+D+i, cuando aquí ha recortado, en sus propios presupuestos y durante sus tres años de mandato, más de 25 millones de euros en esta área tan estratégica. 

Ese comportamiento tiene consecuencias políticas profundas. Cuando las instituciones que deberían liderar soluciones se limitan a buscar culpables fuera, lo que se erosiona es la confianza de la ciudadanía en la propia política. Esa desafección es el terreno más fértil para el avance del populismo y de quienes quieren debilitar lo público.

Por eso, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista sostenemos que la alternativa no es solo un cambio de políticas, sino una recuperación de la autoestima política de este pueblo. Frente a un Gobierno que se rinde, proponemos un nacionalismo activo, comprometido y sin complejos. Un nacionalismo que no se limita a pedir, sino que asume que los problemas de Canarias se resuelven en Canarias. Que reivindica el máximo desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, el más avanzado que ha tenido nunca Canarias, no como un lujo retórico, sino como la única forma de defendernos de las crisis internacionales, del avance de la ultraderecha y de los intentos de retroceso en derechos fundamentales.

Recuperar el autogobierno significa entender que una familia canaria tiene derecho a una vivienda digna y que es nuestra obligación legislar para garantizarlo, no para excusarnos. Significa establecer límites al turismo cuando el territorio dice basta, no cuando lo permitan los lobbies hoteleros. Significa financiar nuestras universidades públicas para que sean motores de diversificación económica y social, no dejar que proliferen chiringuitos académicos sin calidad.

Significa, en definitiva, gobernar. Asumir el poder que el pueblo canario ha depositado en sus instituciones para mejorar la vida de la gente. Porque gobernar no es ocupar el poder por el poder. Gobernar es mejorar. Y mientras este Ejecutivo siga renunciando a su responsabilidad, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista seguiremos levantando la bandera de un autogobierno útil, valiente y autocentrado.

En cada una de esas intervenciones he abogado siempre por un tono conciliador, con mensajes de unidad, en defensa del espacio político, el de la izquierda nacionalista canaria que tanto ha costado construir. Con la esperanza de ser capaces, entre cada una de las partes, de buscar el consenso necesario para seguir transitando como alternativa real para quienes aquí vivimos. 

Este espacio al que hacía referencia ha supuesto uno de los movimientos más transformadores de la realidad canaria en las últimas décadas. Allí donde hemos tenido la oportunidad de gobernar hemos sido protagonistas de auténticas revoluciones sociales, con proyectos surgidos de los movimientos vecinales, fundamentalmente, en su origen. Pero que se ha ido enriqueciendo con personas provenientes de diferentes ámbitos: la educación, la cultura, el deporte, la solidaridad, la defensa de los servicios públicos, el feminismo y el ecologismo, entre los principales. Siempre con una premisa fundamental, la defensa del interés general y la creencia en una Canarias fuerte, orgullosa de sí misma y con los máximos niveles de autogobierno.

Pero incluso donde no hemos ejercido tareas de gobierno, nuestra impronta es notable. Tanto en los ámbitos municipales, insulares, nacional canario e, incluso, estatal. Sin perder de vista nunca esa perspectiva internacionalista que nos caracteriza. Sabedores de que no es posible una Canarias mejor, una Canarias en paz, una Canarias de la que sentirnos orgullosas y orgullosos, si no somos capaces de extender nuestra lucha para lograr lo mismo en todos los lugares del planeta. 

Desgraciadamente estamos viviendo unos tiempos distópicos donde las conquistas logradas tras muchas décadas, tras largas luchas están retrocediendo ante el avance de la extrema derecha, la desinformación, el individualismo atroz y el capitalismo más salvaje que nunca pudimos imaginar. Ver a jóvenes defendiendo el franquismo o culpando a los pensionistas de su situación de precariedad, ver cómo se tilda de feminazis a las mujeres por defender la igualdad real y criticar el patriarcado, comprobar cómo penetra el descrédito de lo público y la satanización de los impuestos, asistir incrédulos a la negación de la violencia machista, del cambio climático o de cualquiera de los derechos y avances que creíamos conquistados hasta no hace mucho. Entre ellos, la misma democracia.

Ante esta situación no cabe rendirse, todo lo contrario. Es el momento de creer, más que nunca, en por qué es importante la política. Recordar que ya vivimos momentos de oscuridad y fuimos capaces de salir adelante, de defender con todas nuestras fuerzas los derechos por los que muchos dieron su vida. Y seguir luchando ante los nuevos desafíos. 

Canarias no sólo no es ajena a todos estos movimientos, sino que además lo hace en un contexto de desafíos que sólo la política de altura, con visión autocentrada en nuestra realidad y con los valores de siempre de la izquierda canaria, puede y debe afrontar. Hablo del problema de la vivienda, de los bajos salarios, de la gestión adecuada de las migraciones, de la capacidad de ser audaces y con visión estratégica para abordar el reto demográfico, la contención del crecimiento sin límites y avanzar hacia esa Canarias más social, más justa, más sostenible y más solidaria. 

Es ahí donde cobra fuerza nuestro proyecto, que ha sido protagonista como decía al principio de revoluciones como la protagonizada en la mancomunidad del sureste de Gran Canaria, en el dimensionamiento del sistema sanitario público de Canarias, de la implantación de la moratoria, de desclasificar cientos de miles de camas y de la creación de las primeras escuelas infantiles de nuestro archipiélago. De defender nuestra cultura e identidad y de lograr la bonificación del 75% en los billetes de barco y avión entre las islas, primero. Con el resto del Estado español, después. 

Porque lo hicimos, y lo seguimos haciendo allí donde estamos, sé que somos imprescindibles en este tiempo convulso. 

Por todo ello, creo que es un error inmenso la ruptura de este espacio. 

Pero además de hablar con los medios durante estos meses, también he sido testigo directo de todo el proceso de diálogo en busca de un acuerdo. Creo que por este motivo también es necesario aclarar algunas cuestiones. 

Los debates en el ámbito interno de los partidos no sólo son legítimos, sino que aportan un plus de riqueza y pluralidad de visiones absolutamente necesarios para seguir creciendo. Por eso nunca he criticado a quienes tienen una visión distinta de cómo debe ser el modelo organizativo, las formas de gobernanza, las alianzas, las estrategias o las personas que deben estar al frente. 

Pero no puedo compartir, y jamás lo haré, que se intente hacer mediante la imposición. Por eso, desde el primer momento hemos pedido que cualquier debate tendría que hacerse sin ningún tipo de imposición o veto sobre determinadas personas para seguir al frente de la dirección del partido. 

Afortunadamente, como decíamos antes, la democracia en España, en Canarias y, por supuesto, en nuestro partido ofrece los cauces para dirimir las distintas visiones. Y es ahí y sólo ahí el marco en el que debemos movernos. Primero a través del diálogo. Hasta la extenuación si fuera necesario para alcanzar el consenso. Pero si esto no fuera posible, a través de los mecanismos que los estatutos, que entre todas y todos nos hemos dado, para presentar tantas alternativas como se quiera. Y en última instancia, que decida nuestra militancia. 

Soy consciente de la importancia de la voz de personas cualificadas de nuestra organización que ostentan cargos públicos de relevancia. Su voz, sus propuestas deben ser oídas, debatidas. Pero reclamo mi derecho como cargo público también a expresar mi visión de la organización. No sólo hay una visión. Pero más importante que lo que determinados cargos públicos podamos pensar, por muy relevante que sea nuestra responsabilidad actual, en este partido vale lo mismo la opinión de un alcalde, de un diputado que la de un militante de base, en cualquiera de nuestros municipios. A ellas y ellos tenemos que someternos, en última instancia, para decidir lo mejor para el proyecto.

No puedo compartir que se intente minusvalorar las mayorías orgánicas frente a los cargos públicos del partido. Todos son relevantes como dije con anterioridad, pero a los segundos los elige la ciudadanía en sus ámbitos respectivos, y a los primeros quienes formamos parte del proyecto y legítimamente les corresponde a esos órganos la toma de decisiones internas.

Sé que en cualquier debate y discusión todas las partes tienen una cuota de responsabilidad en caso de no llegar a acuerdos. Es más, estoy dispuesto a aceptar que quienes ostentan la dirección tienen un plus de responsabilidad para buscar dicho acuerdo. Y eso precisamente es lo que hemos hecho desde la dirección nacional en los últimos meses. Dialogar, ceder en muchas de las cuestiones que se planteaban y proponer distintas alternativas. 

Fruto de ese espíritu están las propuestas que se trasladaron al último Consejo Político Nacional, que fueron aprobadas por unanimidad. Secundadas por todas las personas asistentes, a pesar de las ausencias programadas. Desde adelantar el Congreso casi un año, al próximo mes de julio a abrir la organización de dicho cónclave a personas de todas las organizaciones que conforman el proyecto, buscar fórmulas que ampliaran el número de delegados y delegadas de estas organizaciones durante la celebración del mismo, así como el compromiso de avanzar en dicho Congreso hacia una organización más horizontal, con liderazgos más compartidos. 

Esta propuesta surge tras numerosas reuniones y mesas de diálogo entre miembros de la dirección nacional y varios de los alcaldes y dirigentes de las organizaciones independientes integradas en Nueva Canaria-BC. Tras numerosos encuentros entre distintas personas de los respectivos ámbitos, tras tres ejecutivas nacionales y, por último, el mencionado Consejo Político.

Desgraciadamente, nada de esto ha sido suficiente, pues frente a estas propuestas el inmovilismo ha sido absoluto por parte de quienes tienen una visión distinta a la de las personas que deben estar al frente. Personas que han sido elegidas por unanimidad en el último Congreso, que no han dicho que vayan a presentarse al siguiente, pero que quieren tener el derecho, simplemente el derecho a decidir si se postulan o no para esa nueva dirección. Sin que nadie les impida ejercerlo. 

Decía al principio que muchos de los derechos que hemos conquistado en las últimas décadas han sido gracias a la lucha de muchísima gente, algunas dando su vida, otras dedicando la suya en cuerpo y alma. Por eso, jamás estaré en una organización en la que se intente que cualquier persona tenga que renunciar a ejercer los mismos. 

Creo que, a pesar de todo, son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Alcanzar acuerdos es la base esencial de lo que hacemos cada día y sería una gran noticia que, este, fuera posible. 

Mientras tanto seguimos trabajando desde Nueva Canarias-Bloque Canarista en la organización de nuestro VI Congreso nacional, y por supuesto en cada una de las instituciones y de los municipios en los que tenemos presencia. Nuestra voz, nuestra experiencia, nuestro compromiso es seguir trabajando por Canarias, por la justicia social, por los derechos de todas las personas fundamentalmente las más vulnerables, por los servicios públicos esenciales y por los valores democráticos en sentido amplio. 

Estoy convencido de que NC-BC es clave en la necesidad de la confluencia de la izquierda canaria para mantener en unos casos y recuperar otras muchas instituciones. No sólo hablo de partidos políticos, sino de todos los movimientos, organizaciones y personas que defienden y representan ese espacio político.

Debatimos, hicimos un diagnóstico de la Canarias actual, valoramos la labor del Ejecutivo y propusimos acciones, medidas e iniciativas para seguir combatiendo una de las crisis más importantes sufridas en el último siglo y proyectarnos hacia el futuro con esperanza y certidumbre.

Pero quiero detenerme en una parte de mi intervención. Concretamente, la relacionada con la necesidad de desarrollar nuestro Estatuto, aprobado en octubre de 2018. Decía que ese desarrollo es fundamental, pero no porque toca o porque estamos interesados en avanzar en algunos artículos concretos como el 144.3 que nos permite participar en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Canarias; el artículo 157 en materia de ordenación y gestión de nuestras costas, el artículo 105 sobre tutela financiara o el artículo 20 que aborda la promoción y defensa de la competencia en los mercados, que también. Sino por la expresión política de lo que significa el desarrollo de nuestro Estatuto: el autogobierno.

Esta tierra salió adelante y dio los mayores saltos de progreso de su historia cuando empezamos a tener residenciadas las competencias aquí, siendo dueños de nuestras decisiones de manera autocentrada. Así, solemos pensar que el centro de salud de nuestro barrio o pueblo siempre estuvo ahí o que la escuela, donde llevamos a nuestros hijos, no cerrará nunca. Pero la mayoría de los servicios públicos que tenemos a nuestra disposición son metas obtenidas por nuestra propia forma de gestionarnos como sociedad. La expresión máxima del autogobierno está en la capacidad que nos ofrece para abordar las necesidades de su ciudadanía, si no, ¿para qué querer autogobernarnos?

Por ejemplo, cuando obtuvimos la competencia en sanidad, allá por la década de los 90, el sistema dio un salto absolutamente exponencial pasando de los ambulatorios, las casas de socorro y del pañuelo blanco fuera de la ventanilla del coche para intentar llegar a un hospital a ser capaces de dimensionar y blindar un sistema público como es el Servicio Canario de Salud, joya de nuestro propio estado del bienestar.

También fuimos capaces de transformar nuestro modelo educativo. Incorporamos a miles de docentes y los contenidos canarios además de mejorar las infraestructuras de colegios e institutos. Sí, ya sé que tanto en el ámbito sanitario, en el educativo como en otros parámetros queda mucho por hacer. Pero creo que, a veces, nos olvidamos cómo estábamos cuando simplemente éramos una “región” más, sin capacidad política propia.

Un recuerdo. Resido en un municipio, Santa Lucía que, a principios de los años 80, no tenía ni un solo instituto de Secundaria y fuimos capaces de ir desarrollando y creciendo en servicios públicos esenciales. Esto, por ejemplo, significa autogobierno. Identificar las deficiencias, evaluarlas y tomar las decisiones con el objetivo de que todos las canarias y canarios tengamos las mismas oportunidades de bienestar social, independientemente del lugar de residencia.

Pero la importancia del autogobierno se demuestra también en un momento como el actual. La crisis del Covid-19 ha sido una clara demostración del valor estratégico que supone que los centros de decisión estén aquí, responsabilidad de quienes conocen esta tierra y no a más de 2.000 kilómetros de distancia, donde cada día hay que explicarles qué es Canarias, dónde está y qué significa vivir en nuestro archipiélago.

Tener las competencias durante la actual crisis ha significado la contratación de 4.800 sanitarios de manera inmediata; tomar decisiones para trasladarnos a China y, en un mercado profundamente tensionado a nivel internacional, comprar al instante los equipos de protección individual (EPI) además de salvar la vida a nuestro personal sanitario y pacientes. Tomar decisiones para contratar a más de 3.000 docentes para garantizar que nuestros chicos y chicas puedan incorporarse a la educación pública con los máximos parámetros de seguridad que pueden garantizarse en un momento como este.

¿Se imaginan que no hubiéramos tenido esa capacidad de autogobierno en la gestión de la crisis sanitaria actual? Un ejemplo: ¿recuerdan cuando el Estado español intentó centralizar la compra de material sanitario, lo que ocurrió? Un absoluto desastre de descontrol y falta de capacidad organizativa territorial.

Desde el Parlamento de Canarias, máxima expresión política del pueblo canario, y desde el Gobierno de Canarias como órgano ejecutivo del autogobierno, debemos trabajar para avanzar en el desarrollo de nuestra norma de convivencia más cercana, el Estatuto. Porque así también estaremos abordando una demanda de la sociedad canaria.

En el reciente sociobarómetro de Canarias, instrumento fundamental para entendernos y atendernos de forma rigurosa, elaborado por la Fundación de Enseñanza Superior a Distancia (Fesad), entidad titular al Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); el 45,2 por ciento de la opinión pública canaria desea conservar los niveles actuales de autonomía y el 31,3 por ciento demanda mayores cuotas. Es decir, existe un claro sentir social a dar importancia al autogobierno en su expresión actual o reforzada. No podemos hacer como si esto no existiera o fuese una cuestión menor.

Porque hemos demostrado que cuantas más competencias, cuanto más autogobierno para nuestra nacionalidad, mejor le va a esta tierra. Por tanto, debemos tener la convicción de que desarrollar nuestro Estatuto significa, de manera explícita, tomar decisiones autocentradas. En definitiva, ser dueños de nuestro propio destino, organizándonos como sociedad que se construye mirando hacia dentro pero que presta una constante atención a los modelos de éxito social y liderazgo a nivel internacional, llámese Euskadi, Escocia o Nueva Zelanda, por poner sólo tres ejemplos que pueden ser replicables.

Ya no nos hace falta demostrar que esta es una tierra con mayoría de edad. No solamente por su gobierno o sus singulares instituciones sino por el conjunto de su sociedad, que en los momentos difíciles siempre supo estar a la altura. El autogobierno es una herramienta útil. Forma de democracia, pluralidad y cercanía. Autogobierno significa bienestar. Nuestra sociedad la demanda y necesita más que nunca.

Luis Alberto Campos, portavoz del grupo parlamentario de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias

Pero en los últimos años hemos asistido a otros factores que han sido fundamentales en esa idea instalada de descrédito. La aplicación de políticas que han priorizado los grandes intereses privados frente al interés general. La priorización del rescate de bancos y autopistas frente al apoyo imprescindible de la gente que peor lo pasa. La nada ética utilización de los aparatos del poder para favorecer amnistías fiscales o perseguir adversarios políticos. Y, por supuesto, el desarrollo de programas, leyes y decisiones absolutamente contrarias a lo que se prometía durante las campañas electorales que les llevaban al poder.

Desgraciadamente es la práctica habitual de algunos partidos y, quizás por ello, algunos se escandalizan cuando ven que Nueva Canarias (NC) se mantiene firme en su posición de no propiciar, de ninguna forma, un gobierno del Partido Popular (PP), que representa muchas de las ideas anteriormente expresadas; apelando a algo fundamental, la coherencia con lo que dijo durante meses y el respeto a aquellas personas que le votaron, confiando en que cumpliríamos con nuestra palabra de propiciar un gobierno de cambio cuando llegara el momento.

Por todo ello es necesario multiplicar esfuerzos por parte de todos en volver a dignificar la política, dotarla de credibilidad y algo en lo que la gente pueda volver a confiar de manera decidida. Pero para esto es fundamental lograr algo que en Canarias hemos fallado de manera estrepitosa en los últimos años. No hablo de mejorar en transparencia, que también, sino de ser capaces de cumplir con los compromisos adquiridos por el Gobierno. Sí, hablo ahora de compromisos del Gobierno de Canarias y no de promesas de un candidato a presidir el mismo.

Y es que si somos capaces de entender el desapego hacia la política cuando prometemos unas cosas durante meses de campaña y tras convencer a la gente para que nos vote, entonar aquello de “las circunstancias nos obligan a tomar medidas que no nos gustan, pero...” O esta otra que dice “es cierto que nos comprometimos a bajar los impuestos, pero la herencia recibida...” Pues imaginemos que no hablamos de promesas de campaña, sino de compromisos con la ciudadanía de un Ejecutivo ya en funciones.

Hasta hace bien poco, cuando un gobierno sacaba una subvención, imaginemos por ejemplo, a aquellos que decidan dar un paso tan importante como comprar una vivienda usada, era impensable que, de repente, no cumpliera con lo publicado en el Boletín Oficial. Podían no cumplir sus promesas de campaña, vale, “el dinero. no lo hiciera porque se le acabra, animarae no haran importante como comprar una casapero lo que no harán nunca es dejar de pagar lo que te deben”.

Igual que sería impensable que promovieran que cualquier joven se animara a adquirir una vivienda, bonificándole de manera importante su hipoteca, y luego no lo hiciera. Nadie se creería que cualquier presidente del lugar que fuera, animara en tiempos tan difíciles y complicados como los que hemos vivido en los últimos años, a que creara su empresa o actividad profesional, amparados en una ayuda de miles de euros al empleo autónomo y que luego no lo hiciera porque se le acabó el dinero.

Pues eso, precisamente eso, es lo que viene sucediendo en Canarias. Con el anterior Gobierno y con el de Fernando Clavijo, que parece que se tomaron demasiado en serio aquello que dice que, “de ahora en adelante.” Nos parece bien pero cumpliendo los compromisos y pagando lo que se debe.

Al principio la excusa fue que el presupuesto con que contaban no lo habían hecho ellos cuando sí lo hicieron, la culpa era de Madrid, de la regla de gasto, de la austeridad y, probablemente, de la alineación indebida de algunos planetas. Más tarde llegó el Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE) y, por supuesto, no lo iban a dedicar a minucias como estas, teniendo el designio divino de cambiar el modelo productivo de Canarias con ese fondo.

Pero les acaba de surgir una nueva oportunidad para cumplir con su palabra, para pagar lo que deben, con la anunciada ley de crédito extraordinario de 123 millones de euros adicionales al presupuesto. Esa con la que sí van a cumplir con lo adeudado a los funcionarios públicos de Canarias por el 50% de la paga extra de 2012 pendiente. Espero que ahora sí, que no haya excusas. Hay mucho en juego, y no es sólo la viabilidad económica de muchas familias, la posibilidad de que algunas de ellas pierdan sus casas, las mimas que decidieron comprar gracias a aquellos compromisos, o el cierre de la actividad económica de muchas profesionales.

En juego está también la credibilidad de este Gobierno, que me importa pero, sobre todo, de la política y de aquellos que nos ha tocado ejercerla en estos momentos. Eso me preocupa muchísimo más. No quiero para Canarias un Gobierno que no paga lo que debe a su gente.

Para que no digan que uno solo emite críticas al señor Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ahí va el reconocimiento expreso sobre una decisión que creemos es de las más acertadas en su mandato. Mirar hacia los que lo hacen bien y acudir al País Vasco al principio de la legislatura. En esa visita pudo comprobar, de primera mano y entre otras cosas, la importancia capital que, desde aquellas tierras, se da a la educación, en su conjunto, y a la Formación Profesional (FP), de manera especial. Lástima que no aprendiera mucho más de aquella visita.

La semana pasada, tuvimos la oportunidad de conocer, de primera mano, dicha experiencia. En un acto organizado por la Consejería de Educación del Ejecutivo canario, asistimos a la Jornadas de Formación Profesional Canarias – Euskadi. Excepcional es la palabra con la que podríamos definir lo que fuimos descubriendo y aprendiendo a lo largo de las mismas.

No se trata de pensar que todo lo que se hace fuera es mejor que lo que impulsamos aquí, ni de denigrar nuestro nivel educativo. Experiencias muy positivas también tenemos en Canarias, en ocasiones impulsada por las esferas políticas y, las más de las veces, por el propio profesorado. Pero cuando descubres como se trabaja y se planifica por allá, es justo reconocer que debemos dar un salto cualitativo en la orientación de nuestra FP y cuantitativo en cuanto a la financiación y recursos destinados a la misma.

Entender porqué lugares como Alemania, o el caso que hoy analizamos, entendieron desde hace mucho tiempo que la FP debe tener un lugar destacado y prioritario en la educación, frente a la concepción que tuvimos durante décadas en Canarias y aún hoy persiste en muchos sectores de nuestra sociedad. Aún hoy se percibe esta opción como la de aquellas personas que no están cualificadas para dar el salto al mundo universitario. Una visión absurda, denigrante y que refleja que no han entendido nada.

Pero para entender el éxito en esta materia en Euskadi es necesario analizar los pasos que han contribuido al mismo. En primer lugar, partir de una premisa esencial y que, a pesar de su obviedad, no se suele tener en cuenta: cuando algo se considera importante, lo esencial es darle la importancia que merece. Allí sí lo entendieron, por eso cuentan con una viceconsejería de Formación Profesional. A partir de ahí es más sencillo entender todo lo que viene detrás.

Una clarísima conexión en el binomio empresa-centros educativos, absolutamente esencial en este campo. Esto implica tener un empresariado claramente comprometido con el proceso formativo de los chicos y chicas que terminarán formando parte de sus empresas. La FP dual cobra sentido en sociedades como la vasca, donde la empresa se involucra en el aprendizaje del alumnado, a través de las prácticas en sus sedes.

Y al mismo tiempo, estas mismas empresas, la mayoría pymes, pueden acceder a unos centros educativos adaptados a las nuevas tecnologías. Y por tanto, ahorrarse en las etapas iniciales la inversión en maquinaria, hasta tener una cierta masa crítica de facturación que lo haga viable. Parece sensato, pero mientras tengamos que ver noticias como la que recientemente leíamos en la prensa, sobre el estado de los ordenadores del Instituto Joaquín Artiles de Agüimes, parece difícil que sea una realidad en Canarias.

Otro aspecto esencial es la flexibilidad y la capacidad de adaptación de los centros de FP al entorno y a la demanda. Para eso los dos pasos anteriores son esenciales. Una clara apuesta de la administración y una potente conexión con el mundo empresarial. A partir de ahí, nos mostraban, como eran capaces de poner nuevos ciclos en solo tres meses, desde que aparece la necesidad y la oportunidad de generación de empleo. Aquí continuamos reproduciendo ciclos, año tras año, a pesar de la sobresaturación en algunos sectores y obviando la mayoría de las veces, determinadas oportunidades que surgen, por esa falta de flexibilidad. Lo peor en ocasiones, es que ni siquiera tenemos la capacidad de detectar dichas oportunidades.

Entendieron también que era necesario dar más autonomía al profesorado, para lo cual se les exigía también una predisposición al cambio y a formarse. También es cierto que esto es más fácil de conseguir cuando los proyectos son estimulantes, los recursos adecuados, los planes de formación del profesorado continuos y constantes y el reconocimiento a la labor docente permanente.

Decíamos antes que sus centros están adaptados a las últimas tecnologías, pero han ido mucho más allá. Creando nuevos diseños pedagógicos en sus aulas, convirtiéndolas en entornos más amables y atractivos. Dando una alta autonomía también al alumnado, responsabilizándolo de su proceso de aprendizaje desde el primer momento.

Por supuesto, todo lo anterior solo es posible con una correcta financiación. En esto también nos llevan ventaja. En Canarias lamentablemente, el incremento para el conjunto de la educación, no sólo la FP, fue del 1,1% en el presupuesto del 2016. Muy lejos del objetivo aprobado en la Ley Canaria de Educación de alcanzar, antes del 2022, el 5% del Producto Interior Bruto (PIB). Desde su aprobación, en septiembre de 2014, hemos gastados dos balas presupuestarias. Y no sólo no hemos avanzado hacia ese objetivo, sino que cada año nos hemos alejado del mismo. Este año una décima más, situándonos en el 3,37% del PIB.

Pero me van a permitir que les dé mi opinión sobre lo que realmente marca la diferencia y creo que es el éxito de la FP en Euskadi y en muchas otras áreas. Lo más revelador de las distintas intervenciones que pudimos escuchar en estas jornadas monográficas, no fue la financiación, ni la interconexión entre empresa y centros educativos, unos centros ultradotados, ni siquiera el importante papel que se le otorga al profesorado. Para mí lo más importante fue descubrir que lo absolutamente prioritario para ellos, fue definir el modelo de país. A partir de ahí viene el resto, el diseño, la financiación y todo lo demás. Me sirvió para recordar que, da igual la fuerza con la que sople el viento, que si no tengo claro a dónde quiero ir, no podré orientar las velas en la dirección correcta. ¿Les recuerda en algo a la actual Canarias?

Tampoco voy a entrar en mi enorme decepción con una Europa que fue capaz de dejar tirada a varios países, cuando peor lo pasaban, al albur de las políticas del “austericidio” pregonadas por Ángela Merkel y compañía. Cuando digo “dejar tirada a varios países...”, creo que no se le esconde a nadie que no hablo de las montañas, ríos, laderas, árboles o cuevas que pudieran tener esos territorios. Hablo de abandonar a millones de personas sin más salida que el paro estructural, el desahucio de sus viviendas, la exclusión social y, en los peores casos, la marginación, la indigencia e incluso el suicidio.

Hoy renuncio a ser europeo en una Europa infame, cruel e insolidaria con una de las crisis más tristes y lamentables que hemos vivido en las últimas décadas, la de los miles y miles de refugiados que huyen de una guerra brutal, como lo haría yo. Estoy seguro también, como lo harías tú.

Hemos visto levantar vallas y muros de incomprensión, primero, y reales después, para impedir el avance hacia una Europa que presumía en el preámbulo de la Constitución de la Unión Europea, de cosas como: “Convencidos de que Europa, ahora reunida tras dolorosas experiencias, se propone avanzar por la senda de la civilización, el progreso. La prosperidad por el bien de todos sus habitantes, sin olvidar a los más débiles y desfavorecidos; de que quiere seguir siendo un continente abierto a la cultura, al saber y al progreso social; de que desea ahondar en el carácter democrático y transparente de su vida pública y obrar en pro de la paz, la justicia y la solidaridad en el mundo”.

Asistimos avergonzados a una cumbre para realojar y acoger en los distintos Estados miembros a esos millares de personas, que avanzaba sin acuerdos, de la que otros se desmarcaban sin pudor, advirtiendo de entrada que no admitirían a nadie en su país. Y en la que, en el último momento, se logró un acuerdo de mínimos, que fijaba en 120.000 asilados los que se distribuirían en los dos siguientes años. La realidad es que, a día de hoy, los datos son denigrantes. Nadie ha hecho nada, salvo decir aquello de “tú primero, que a mí me da la risa,” y un ejemplo claro de esa desvergüenza es España. De las aproximadamente 15.000 personas que tendría que acoger, a la fecha, suma la escalofriante cifra de 18. Marca España también es esto. Y no creo que sume mucho.

Estos días hemos asistido a la demostración empírica de la Ley de Murphy, y es que cuando algo puede ir a peor, lo hará. Nuevamente esa Europa de la que no quiero formar parte, cerraba un pacto con Ankara, con el que Turquía asume la devolución a su país de todos los solicitantes de asilo que hayan llegado a las costas griegas. Como moneda de cambio, los refugiados de este país podrán reasentarse en la Unión Europea. Por cierto, la moneda de cambio incluye 6.000 millones de euros y que Europa mire hacia otro lado en su exterminio programado contra la minoría kurda, además de no levantar la voz en la infracción de los derechos humanos que empiezan a institucionalizarse en ese país.

Podríamos dedicar páginas enteras al papel de las mafias que trafican con personas. Al verdadero origen de esta crisis humanitaria, las guerras, los intereses geoestratégicos de unos y de otros. Pero para eso habrá tiempo, porque está situación está lejos de solucionarse. Podríamos hablar también del hecho incuestionable de que cuando se cierra una frontera, las personas a nivel individual y las miserables mafias buscan otras. No tardará mucho en que las puertas de entrada puedan ser las costas españolas y porqué no, las canarias. Entonces sí, entonces exigiremos y levantaremos la voz para que Europa sea solidaria y actúe con rapidez y firmeza. Esperemos que no se la misma con la que ha actuado hasta ahora el Sr. Rajoy y el Sr. Margallo.

Soy consciente de que no estamos ante un acontecimiento de fácil solución. Pero la seguridad, el control y registro de todos aquellos que entran en los respectivos países, las medidas efectivas y eficaces de acogida, no está reñida con que asumamos nuestra responsabilidad y de manera coordinada. De lo contrario, estamos abocados a que los sentimientos xenófobos y los movimientos populistas sigan afianzándose en Europa.

Por último, sería bueno recordar otros momentos de nuestra historia no tan lejana. Hubo un tiempo en que la gente huía de una muerte segura, se cerraban las fronteras, los países inicialmente miraron para otro lado, se iniciaron las deportaciones, luego la exterminación masiva en campos de concentración. Cuando todo terminó, se le preguntó a los alemanes cómo pudieron llegar a permitir todo eso. La respuesta era casi siempre unánime, “no sabíamos lo que estaba pasando”. Tengo claro que no quiero ser un europeo, que dentro de unos años diga, “no tenía ni idea de lo que estaba pasando”.