Hace unas semanas tuve la suerte de participar en una asamblea de mujeres en Elche junto a Irene Montero. Pude escuchar en primera persona testimonios increíbles a cerca de condiciones laborales de extrema precariedad. Allí estaban las “Kellys”, las camareras de piso de los hoteles, mujeres valientes que han decidido organizarse para denunciar los atropellos que sufren en sus trabajos, o las aparadoras de zapatos, mujeres luchadoras que han levantado a muchas familias dejándose la piel y las manos durante años ahogadas en la economía sumergida, y sumergida estaba su historia también hasta ahora.

Pero también tuvimos la oportunidad de escuchar a una mujer, precaria por nacimiento como lo somos todas las mujeres en una sociedad patriarcal, que tuvo que enfrentarse a un desahucio junto a sus hijos. Su experiencia fue la que hizo que me saltara un “clic” en la cabeza y ahora os explicaré por qué. Ella estaba sola hasta que llegó la PAH, eso es lo que dijo. A parte de toda la ayuda que le prestaron, lo que ella más valoraba era que ese sentimiento de soledad, de desamparo, había desaparecido por fin. Y fue entonces cuando una mujer mayor que estaba sentada en ese círculo alzó la voz y dijo: “Mira si te ha dado cosas la PAH, que te ha dado hasta una abuela”. Ese momento se convirtió de inmediato en mi memoria en un resorte de esperanza y de revolución. “Yo también quiero que seas mi abuela”, recuerdo que pensé.

En ese espacio seguro en el que se convirtió aquella sala del auditorio, escuchamos la voz de trabajadoras de residencias de personas mayores, pero realmente no fue su voz la que oímos, si no la de esas personas mayores convertidas en números a manos de nuevas empresas privadas que se estaban abriendo camino en el mercado a la venta de la tercera edad. También las cuidadoras, las profesionales y las no profesionales, estaban presentes hablando de nuestra también precaria Ley de Atención a las personas en situación de dependencia. Todas sentimos esa atmósfera especial, algo pasó en ese lugar. Bueno, podría hablar exclusivamente de ese momento y de esas mujeres durante todo el artículo pero no puedo; mil palabras no son suficientes para describir todas esas sensaciones. Continúo.

Para poder intentar poner palabras a lo que vivimos cada día intento nutrirme de la experiencia de otras personas, por eso voy a continuar citando a Ricardo Romero y Arantxa Tirado en “La clase obrera no va al paraíso”: “La clase dominante es muy consciente de lo que ocurriría si, por casualidad, algún día la clase obrera toma conciencia de su existencia, sobre todo de su capacidad de subvertir el sistema que la oprime: los cimientos del capitalismo correrían grave peligro”.

¿Cómo se las arregla ese capitalismo para que no nos reconozcamos entre nosotras? A ver si consigo explicarlo. En un mismo hotel, las “Kellys” son contratadas por diferentes empresas. Es decir, están divididas desde el mismo inicio, hasta con prohibiciones de hablar entre ellas. Las aparadoras trabajan en talleres clandestinos o en sus propios domicilios, separadas. Eso se llama “atomización” de la actividad y se consigue con la subcontratación.

La otra amenaza se llama “deslocalización”, es decir: “si no te gusta que te quite derechos me voy a China que allí tengo mano de obra más barata”. Precisamente lo que destruyó la industria del calzado en Elche o en Elda, por ejemplo. ¿Os suena? No es cosa del pasado.

Imaginaros por un momento esa total indefensión: ninguna prevención de riesgos laborales, salarios precarios de 2€ la hora, jornadas interminables, ausencia total de conciliación, no tener derecho a paro, ni a jubilación, ni a bajas laborales. No tener derecho a NADA. Estar SOLA. Estas son sus estrategias entre otras que conocemos perfectamente: el control del cuerpo de la mujer. El PATRIARCADO en mayúsculas.

“¡UY! Eso no va conmigo…”, escucho más de lo que me gustaría. Por eso creo que hay que darle una vuelta al concepto de precariedad. La precariedad no es tan solo laboral, amiga mía. Yo soy una persona sorda y también soy precaria cuando no tengo acceso a la información o a la educación. Sabías que hay alumnado sordo ahora mismo, que no tienen acceso a la educación en Valencia, o en Alicante. También son precarias. Nuestro sistema educativo es precario cuando pasan estas cosas. Todas las valencianas somos más precarias por culpa de la corrupción, que se ha llevado lo que es nuestro por derecho y nos ha dejado unas instituciones precarias, una educación, una sanidad, unos servicios sociales precarios. Nuestro futuro es precario y nuestras pensiones lo serán también, de haberlas claro. En fin, hasta nuestra dignidad es precaria.

Releyéndome a mí misma, tenemos que reconocer que el capitalismo es cuasi un virus perfecto, muta de forma excepcional cada vez que se ve amenazado. Es increíble, de verdad. Y como todos los virus  su paciente cero somos las mujeres, las primeras en ser expuestas y sufrirlo. Es innegable que las mujeres somos las más afectadas por la precariedad en todas sus facetas: la económica y la social. Pero ese va a ser también precisamente su punto débil, las mujeres. NOSOTRAS. El puñetero sistema inmunológico de esta sociedad va a darle una paliza a ese maldito virus que todo lo infecta.

Voy a ir terminando que me vengo arriba y no hay quién me pare, y voy acabar recreando un capítulo de “Erase una vez el cuerpo humano” con anticuerpos y glóbulos rojos incluidos.

Lo que está ocurriendo ahora, en estos momentos, es precisamente esa toma de conciencia de clase obrera de la que hablaba antes, de clase precaria para afinar más. Pero es que además, las mujeres estamos en plena revolución, protagonistas incuestionables de esta reconquista de derechos, imparables. Esa soledad está llegando a su fin.

Tenemos un reto inaplazable que tiene varias fases: construir una identidad colectiva de la clase trabajadora y precaria liderada por las mujeres, y generar un movimiento popular organizado que exija los derechos que proporcionan una vida digna. Y no tener una vida digna se llama PRECARIEDAD. Yo soy precaria, si tú también lo eres… tenemos mucho por hacer.

Una idea que ahora es realidad, pero que ha supuesto el sacrificio en vida de muchas compañeras que decidieron luchar por sus derechos durante el transcurso de la Historia. Esto me hace tener muy presente, que si nos conformamos o damos pasos atrás ante las presiones mediáticas, políticas y judiciales, los avances se ponen en cuestión y las posiciones más retrógradas contrarias a las conquistas feministas cobran fuerza. Por este motivo, el 8 de marzo las mujeres debemos desbordar las calles y las plazas de este país para celebrar las conquistas de derechos que hemos logrado durante muchos años gracias al empuje ciudadano liderado por mujeres que nos mostraron el camino y nos enseñaron que cada avance se pelea con todo, porque de lo contrario, la reacción más conservadora se envalentona ante la posibilidad de paralizar las conquistas de nuestros derechos.

En este sentido, llegamos al Día Internacional de la Mujer, tras un triste episodio en que se echaron por tierra todas las lecciones aprendidas con las ofensivas que sufrió la Ley Integral de Violencia de Género, donde el peor pronóstico se vio cumplido con un Partido Socialista arrodillado que sucumbió ante las presiones de la derecha mediática y política junto a una minoría conservadora en la justicia que ha intentado por todos los medios frenar este avance sin precedentes en materia de justicia frente a las agresiones sexuales. Finalmente, la imagen de la vergüenza se vio plasmada en el Congreso de los Diputados, donde el PSOE, en pleno 7 de marzo, terminó sacando adelante una reforma contraria al mandato del movimiento feminista junto al Partido Popular y la ultraderecha, un retroceso imperdonable para nuestra democracia, ya que vuelve al modelo anterior, supone el retorno al código penal de “La Manada”, introduciendo de nuevo la violencia o intimidación en cada tipo penal y abandonando la centralidad del consentimiento.

Este acto de traición al movimiento feminista contradice al Convenio de Estambul y de nuevo obliga a las víctimas a demostrar con heridas que han sufrido violencia sexual, lo que supone un calvario probatorio que genera paralización en las mujeres agredidas e impunidad para los agresores, algo que, sin duda sirve para que ante una agresión sexual vuelvan a preguntarnos si cerramos bien las piernas, cuántas veces dijimos no o con qué fuerza nos resistimos.

Sin embargo, como ya hemos visto, a cada avance en derechos para las mujeres siempre le ha seguido una reacción, nada que nos vaya a hacer renunciar a una ley que es un referente fuera de nuestras fronteras. Por ello, creo que la movilización, la presencia de nuestra lucha en las calles y la representación en todos los espacios de poder es fundamental para seguir defendiendo que el consentimiento no se toca, que el solo sí es sí ya ha ganado, y que tenemos por delante un enorme trabajo para seguir impulsando políticas que aborden la discriminación que sufrimos las mujeres desde una óptica que ponga la mirada en temas tan diversos pero complementarios como la protección de los servicios públicos, la mejora del sistema de cuidados o medidas dirigidas a fomentar la conciliación que nos permitan vivir en una sociedad como iguales.

En otro orden, volviendo a la afirmación inicial de este artículo, considero que el feminismo, además de ser el motor para el cambio social, supone un elemento clave para la gobernanza y para el desarrollo de las políticas locales que tienen un impacto directo sobre la vida de las mujeres. Algo que para mi supone un reto de cara a la nueva etapa política en la que me embarco, ya que me presento a la alcaldía de mi ciudad, València, y considero fundamental que los ayuntamientos de grandes ciudades deben tener un papel activo a la hora de abordar la feminización de la pobreza y erradicar barrio a barrio las desigualdades presentes en los espacios más cotidianos de nuestra vida.

Por estos motivos, desde Podem defendemos que València, como ciudad, debe diseñarse mediante la participación activa de la ciudadanía, atendiendo de forma inclusiva las necesidades reales de la gente y construir una ciudad con una fuerte cobertura pública que nos permita vivir en espacios libres de discriminación y violencias machistas.

De esta manera, debemos importar experiencias de otras grandes ciudades como Barcelona o Pamplona y crear un protocolo que nos sirva para dar una respuesta rápida y eficaz contra las agresiones sexuales que puedan darse en establecimientos de ocio nocturno, así como establecer puntos violeta que no sólo estén presentes durante determinados eventos festivos, sino que sean permanentes.

Además, necesitamos desarrollar otro modelo que tenga como prioridad poner la vida en el centro y repensar la manera en la que está repartido socialmente nuestro tiempo. La actual crisis de cuidados existe por la incapacidad de hacer frente al bienestar del conjunto de la ciudadanía en base a un modelo económico caduco que requiere de una respuesta que debe residir en lo común. Para ello, debemos ampliar la red pública, profundizando en sectores clave como, por ejemplo, la ampliación de escoletas públicas de 0 a 3 años para que cada vez más familias puedan tener acceso a las mismas, extender una red de cuidados municipal que llegue a todos los barrios para que las personas mayores puedan recibir un trato digno y, sobre todo, cuidar de quienes nos cuidan garantizando unas condiciones laborales dignas para las trabajadoras y los trabajadores de este sector.

En definitiva, mi objetivo es situar a València a la vanguardia de las ciudades feministas con un espíritu transformador que no se repliegue ni muestre equidistancia en los momentos decisivos para los grandes avances feministas frente la obstrucción reaccionaria de quienes quieren retroceder años de lucha feminista.

En los últimos 30 años, la burbuja inmobiliaria destruyó mucho paisaje, selló mucho suelo, acabó con mucha biodiversidad y llenó nuestro territorio de cemento, hormigón y segundas residencias en un modelo tan depredador como contrario a la emergencia climática en la que hoy estamos. Pelotazos urbanísticos que llenaron muchos bolsillos dejando un reguero de abandono, destrucción, fealdad y abuso.

Por eso, en la actualidad asistimos, no sin preocupación, a la multiplicación de proyectos de grandes plantas fotovoltaicas que, tras el más que razonable discurso de la necesidad de energías renovables, suponen una nueva amenaza. Pues bien, hay lugares, en los que todavía no hemos llegado a este estadio y, como si del “día de la marmota” se tratara, sigue habiendo promotores que, compinchados con dirigentes políticos, pretenden convertir zonas de alto valor ambiental, paisajístico y cultural en nuevas urbanizaciones con centenares de casas y pisos, para seguir apostando por el urbanismo especulativo, disperso, contaminante y dañino. El ejemplo de lo que decimos es lo que está sucediendo en Godella.

Un gobierno municipal “progresista”, ajeno a los problemas climáticos en los que estamos, ajeno a la necesidad de cuidar el territorio, su riqueza en fauna y flora y también ajeno a la defensa de los valores naturales y de nuestro patrimonio colectivo, sigue empeñado en cargarse, con una macrourbanización de 450 viviendas, un espacio tan querido por la ciudadanía como la “Cañada de Trilles”.

También conocido como la “Torreta del Pirata”, el lugar en cuestión en su día fueron campos de cultivo y hoy es un bosque mediterráneo de 150.000 metros cuadrados, prácticamente el único pulmón verde en el entorno y que conecta con otras zonas de alto valor ecológico como son las primeras estribaciones tanto del Parque Natural del Turia como del de la Sierra Calderona.

Se lo vamos a resumir: es un proyecto que arranca en 2002 y que, según el convenio que se firmó entonces, tenía que estar urbanizado en 36 meses. Pues bien, han pasado no 36 sino 240 meses, 20 años, y nada se ha hecho. Los plazos de ejecución se han incumplido. Los requerimientos no se han ni contestado. Los promotores han quebrado y cambiado. Los procedimientos han caducado. Dirigen el ayuntamiento los partidos que en su día se opusieron a la urbanización y defendieron una revisión del Plan General de Ordenación Urbana que tampoco se ha hecho. Y con todo, pues parece que nada sea suficiente para pasar página.

Los mismos que tiempo atrás defendían la necesidad de parar el proyecto, hoy, desde el gobierno municipal, lo quieren reactivar con el argumento del “interés público”. Curioso interés que lo que esconde es satisfacer las ansias de negocio de un grupo de promotores urbanísticos a costa de sellar más suelo en una zona sensible a las inundaciones, agravar los problemas de movilidad que ya se sufren, acrecentar los desplazamientos más contaminantes, desproteger el patrimonio natural y cultural de la población, desoír la voz de los vecinos y vecinas e incumplir las propias promesas electorales.

Como muchos entornos de grandes ciudades, la comarca valenciana de L’Horta vive bajo la amenaza de operaciones especulativas y nuevas infraestructuras que van desde grandes centros comerciales como el que se quería hacer en Les Moles (Puerto Mediterráneo) de Paterna a la ampliación del Puerto de Valencia pasando por nuevos accesos a la ciudad en la zona de la huerta, la ampliación del by-pass al norte o hasta nuevas carreteras dentro de parques naturales.

Por fortuna, hay una fuerte contestación ciudadana a estas iniciativas. Valencia, además, tiene una reciente historia de resistencia popular a proyectos urbanísticos destructores que acabaron en victorias sociales y de las cuales nos sentimos orgullosos y orgullosas. En los estertores del franquismo se salvó el Saler de convertirse en una gran urbanización y el viejo cauce del Turia de ser una autopista. Hoy son dos espacios que la ciudadanía ha hecho suyos, que disfruta, que aprovecha; dos pulmones verdes sin los cuales es imposible imaginar Valencia. La “Torreta del Pirata” es para Godella lo que la Albufera, el Saler o el río para Valencia y se merece el mismo cariño, respeto y protección.

Recordar que hace 50 años se pudieron detener esos desvaríos de hormigón y ver que en estos tiempos “botánicos”, de emergencia climática, de convenios internacionales de paisaje y de grandes pactos verdes, cueste tanto proteger un trozo tan significativo de bosque mediterráneo, resulta muy incoherente y de difícil comprensión.

La “Torreta del Pirata” es nuestra aliada contra el cambio climático, enriquece nuestros acuíferos, nos protege de inundaciones, es un conector ecológico imprescindible entre ecosistemas valiosos pero frágiles, reduce las emisiones contaminantes, nos permite pasear, socializar y respirar aire puro y conserva nuestra fauna y nuestra flora. Sí, la “Torreta del Pirata” nos cuida y lo mínimo que merece es que le devolvamos ese cuidado conservándola.

Si no lo queremos hacer por ella, hagámoslo por nosotros y nosotras, por nuestros hijos e hijas, por las generaciones futuras que nos pedirán explicaciones por tanta destrucción. No hay mejor inversión. Ningún coste es inasumible para proteger este patrimonio colectivo. Al contrario, lo que no nos podemos permitir es destruirlo.

Recuerden ustedes el momento, 2015, un año en el que hablar en la Comunidad Valenciana de la lucha contra el fraude y la corrupción era una cuestión prioritaria para las valencianes. La corrupción se estaba llevando por delante la salud y la calidad de vida de mucha gente en nuestra comunidad, se convirtió en un problema estructural, generando un impacto social, un impacto económico y un impacto en el descrédito de las instituciones y de la misma democracia. 

Nosotros entendimos que era absolutamente necesario intervenir en este campo. Fue uno de nuestros compromisos electorales, uno de nuestros compromisos programáticos y uno de los compromisos del Botànic.

Pero además, como siempre hacemos en todas nuestras iniciativas legislativas -como estamos haciendo ahora con la Proposición de Ley de Salud Mental- la forma mejor de hacer una agencia de lucha contra el fraude y la corrupción era oyendo a los expertos y a la sociedad civil. Y por eso elaboramos la ley tras consultar con asociaciones de todo tipo, asociaciones de la sociedad civil, síndic de comptes, secretarios, interventores y tesoreros de la administración local, acción cívica, el observatorio ciudadano contra la corrupción, la federación por la justicia, los fiscales, jueces, policías y profesionales variados. Pero además es fruto del diálogo entre las fuerzas políticas, del que dan cuenta las 103 enmiendas y las 29 transacciones y aproximaciones alcanzadas entre enmiendas y el texto de Podemos.

Podemos tuvo la valentía de proponer una ley en el momento oportuno, sin esperar a ninguna acción de ningún gobierno ni de ninguna otra institución, incluso en contra de alguna, porque era urgente crear mecanismos de prevención del fraude y la corrupción, establecer mecanismos para que los funcionarios públicos y la sociedad civil pudieran activar las alertas para que no se produjera la corrupción y el fraude. Para ello era necesario establecer una acción preventiva y crear un instrumento que no estuviese al servicio de ningún gobierno; estamos hablando de un instrumento al servicio de la ciudadanía.

No solo impulsamos la ley, conseguimos que el PSPV y Compromís entendieran que la agencia no podía depender del poder político. Quiero destacar en el ámbito de actuación de la agencia, el control que la misma ejerce, porque es amplísimo. Puede controlar a La Generalitat, al sector público, a los órganos estatutarios, a les Corts, a las universidades públicas, a los partidos políticos, a los sindicatos, a las organizaciones empresariales y a cualquier entidad, pública o privada, que esté financiadas mayoritariamente por la administración pública.

Por fin, y después del enorme trabajo del Grupo Parlamentario Podem, les Corts Valencianes aprobaron en noviembre de 2016, con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios excepto el PP, que votó en contra, la ley de creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.

La agencia valenciana fue pionera en toda España en solicitar el plan nacional contra la corrupción y su ley, en implantar un canal de denuncias y en su ley de protección a denunciantes.

Cuanto más invirtamos en esta institución, más ahorraremos. Invertir en transparencia y lucha contra la corrupción supone evitar el saqueo que hemos vivido en nuestra comunidad. ¿Cuántos millones de euros de los valencianos y valencianas han acabado en los bolsillos erróneos? ¿En bolsillos de corruptos, en lugar de en políticas públicas?

El trabajo de investigación de la Agencia es fundamental en la prevención y lucha contra una lacra que no hace mucho ha dañado gravemente a la Comunidad Valenciana, y en la que intereses de, precisamente, grupos que han conocido de cerca esa corrupción, como el del Partido Popular, hacen cuestionar y ponen en duda el trabajo de investigación. Cuestionar e impedir la confidencialidad de las investigaciones que se están llevando a cabo, y que probablemente pasen al ámbito judicial, es impedir igualmente la investigación no ya solo de la Agencia, sino también de los propios juzgados a donde el expediente pueda derivarse. El hecho de dar publicidad y no respetar la confidencialidad ataca de lleno el trabajo de la Agencia.

La propia Ley considera que son irregularidades obstaculizar un procedimiento de investigación; incumplir las medidas de protección del denunciante; no comunicar los hechos que sean susceptibles de corrupción, fraude o ilegalidad; filtrar información y realizar una denuncia falsa. Podemos luchó enormemente por la independencia de la Agencia y por respetar la confidencialidad para poder investigar, solo así podemos cortar la corrupción, porque sabíamos que iban a existir peligros y sabotajes al trabajo de la Agencia, lo sabíamos desde el mismo momento que propusimos la Agencia, y por eso defendimos en la ley esa independencia y confidencialidad.

Quiero citar una frase que precisamente la entonces diputada de Podemos, Fabiola Meco, citó en su debate de defensa de la ley en sede parlamentaria, una frase de Bertolt Brecht: «Qué tiempos serán los que vivimos que hay que defender lo obvio».

Seguimos luchando contra los obstáculos al procedimiento de investigación que estamos viviendo estos días, justo ahora en el 5º aniversario de la Agencia, obstáculos creados por un grupo parlamentario que ha vivido de cerca la corrupción en sus carnes, un partido precisamente condenado por corrupción, es el que quiere que la Agencia no investigue. Seguimos en el punto de 2015, seguimos teniendo que defender día a día que la corrupción no siga y sobre todo no vuelva, y en eso Unides Podem pondrá todas sus fuerzas.

Mi más sincero agradecimiento a Fabiola Meco y Antonio Montiel por el impulso que le dieron para la creación de la Agencia Valenciana Antifraude.

*Pilar Lima, síndica del grupo parlamentario Unides Podem en Les Corts Valencianes

El 15M fue el grito colectivo que impidió que la crisis de régimen se cerrara con más autoritarismo y menos derechos, fue una visión radicalmente democrática que consiguió convertirse en sentido común para una gran mayoría de la población. Fue una revolución de valores sociales y culturales que elevó los estándares de transparencia, que valoró la diversidad que nos enriquece y le cerró el paso al odio y al autoritarismo de extrema derecha que ya campaba a sus anchas por Europa y que en España tardó más en llegar gracias a ese movimiento. Fue la exigencia de mejores condiciones materiales para la gente trabajadora, la exigencia de un futuro digno y un proyecto de vida para la mayoría social y no únicamente para las élites.

“Montad un partido político”, nos retaban los poderosos, y lo hicimos. De las movilizaciones y de la impugnación pasamos a organizarnos y construimos PODEMOS. Con esta herramienta colectiva tradujimos ese nuevo sentido común del 15M en éxitos políticos y me gustaría remarcar tres:

Acabamos con el bipartidismo. Hoy ya todo el mundo sabe que nunca volverán los tiempos en los que el PP y el PSOE copaban con sus colores el 90% de los escaños de los parlamentos y que cualquiera que quiera gobernar sabe que no lo podrá hacer en solitario, lo cual permite dejar atrás vicios del pasado que ocurren cuando un solo partido acumula todo el poder sin contrapesos.

Además, tuvo un efecto menos visible pero clave para poder avanzar en las transformaciones que España necesita. Ese ciclo político trajo consigo la consolidación de una aritmética parlamentaria que representaba la plurinacionalidad de nuestro país y que se ha convertido en una nueva dirección de Estado. Los números del Parlamento español desde 2015 reflejaron el fin de una importante cláusula de exclusión que imperaba en España: que no gobernara nadie a la izquierda del PSOE. Sin embargo, a pesar de los insistentes intentos por apoyarse en Ciudadanos para que las estructuras de poder no sufrieran ningún cambio, las matemáticas obligaron al PSOE a gobernar en coalición con Unidas Podemos y a necesitar a fuerzas soberanistas con sentido de Estado para investir a Pedro Sánchez como Presidente y para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado.

Entró gente corriente a hacer política. Es un orgullo como país que una joven de 33 años, que curró de cajera de supermercado para pagarse la carrera sea hoy nuestra Ministra de Igualdad. No se puede entender sin el 15M que la hija de un sindicalista fundador de las Comisiones Obreras sea Vicepresidenta del Gobierno. Y creo que hace 10 años nadie hubiera creído que quien os escribe, una persona sorda, pudiera ser portavoz de un Grupo Parlamentario. Rompimos el círculo vicioso de las redes clientelares y elitistas para hacer política en España.

Mejoramos la vida de la gente. En un solo día, con un solo decreto, aumentamos el Salario Mínimo Interprofesional de 650 a 950€. En la peor pandemia de los últimos 100 años conseguimos levantar una herramienta como los ERTE que ha protegido del paro a más de 3 millones de trabajadoras y trabajadores y hemos levantado un escudo social sin precedentes en nuestra historia que ha prohibido los desahucios sin alternativa habitacional o prohibido los cortes de luz y agua cuando le pedíamos a la gente que se quedara en casa para proteger la vida. Es decir, el 15M puso a las personas en el centro de la política. Y, finalmente, el 15M entró en el BOE.

Todo eso no hubiera sido posible sin una sociedad civil organizada. Desde la Plataforma de afectados por la hipoteca, hasta las Mareas en defensa de los servicios públicos y las Marchas de la Dignidad, contamos con un amplio espectro de colectivos organizados que empujan el camino correcto. Personas que entendieron la necesidad de hacer política desde sus barrios y su tejido asociativo para que otros no la hicieran contra ellos. Gente que dedica energía y horas de su tiempo libre por el bien común para llegar allí donde las instituciones no llegan y a quienes pedimos que sigan presionando por todo lo que queda por hacer porque si solo presionan los poderosos, habrá quien sienta la tentación de atender solo a sus necesidades e intereses.

Estos días muchos columnistas y tertulias de la opinión publicada os dirán y afirmarán, por enésima vez en esta década, que el 15M se cerró, que el 15M murió. Yo os afirmo segura, orgullosa y con convicción que lo mejor está por venir, que el 15M no sólo no desapareció sino que hoy gobierna el País Valencià y España.

L'autogovern valencià no sols és una herència històrica, és un principi democràtic irrenunciable, és una eina imprescindible per a la bona gestió del nostre país. La resposta que com a poble estem tenint front la pandèmia és un exemple a seguir i no una casualitat. La gestió del govern valencià, el govern botànic que inclou per primera vegada a Unides Podem, està seguint criteris sanitaris, científics i socials en benefici de la majoria, en benefici de la col·lectivitat. Les casualitats, quan es parla de combatre una pandèmia, no existeixen. Progrés o involució? En la governança es mostra la preferència.

El procés de transformació en el qual està Espanya des del 15M és profund. El sistema bipartidista trencat, la judicatura caducada i mancada de legitimitat, un rei emèrit fugit, Unides Podem en el govern… sí, és un fet que després de 80 anys hi ha una força política republicana governant. És un procés constituent a foc lent. Una mirada al futur i ací s'albira un horitzó que reflecteix una república social, solidària i plurinacional la raó de la qual de ser és la defensa dels serveis públics, que comporta una transformació econòmica i social ineludible i un nou model d'estat que reflectisca la diversitat del nostre país. Una Espanya diversa, un País Valencià potent amb veu pròpia i referent per a la resta de territoris. Estem mostrant que és possible governar per a la gent, amb ella espentant les polítiques públiques. I seguim en la senda de fer palés que si es pot.

Però si alguna cosa ens mostra la nostra història és que els avanços democràtics no estan exempts del perill de la involució. Hui, el bloc de les dretes juntament amb les estructures subterrànies de l'Estat pretenen que retrocedim. També en el nostre autogovern mitjançant una recentralització política i administrativa que reforçaria les mancances democràtiques que pateix el nostre estat i que implicaria una catàstrofe econòmica major de la qual estem patint a causa de la crisi sanitària en curs. Al País Valencià tenim necessitats urgents que hem d'afrontar com és el persistent infra-finançament, assolir una industrialització i canvi de model productiu per a erradicar la feblesa estructural de l'economia valenciana, amb una alt grau de dependència del turisme massiu, i per consegüent la precarització i desocupació que d'ella es deriva. Hem de continuar amb la protecció del patrimoni natural i mediambiental front a l'especulació i l’espoli del nostre territori. Hem de continuar promovent, ensenyant i fent ús del valencià, és un senyal d'identitat necessària i irrenunciable.

Els valors i principis republicans, tan arrelats al poble valencià, estan cristal·litzant en una proposta de república generadora de benestar i de democràcia. Una nova república que capaç de resoldre els problemes endèmics que la monarquia, ni sota el feixisme ni en democràcia, ha tingut la voluntat de resoldre: injustícia i desigualtat social, corrupció estructural, masclisme intrínsec, problema territorial, centralisme asfixiant… tan asfixiant que ofega els nostres drets socials i humans.

 Aquest 9 d'Octubre, diferent a altres anys, amb el record de Guillem, amb el record dels atacs feixistes d'un dia com hui fa ara tres anys, ha de ser un dia més de fermesa i compromís per un país millor.

Las cosas deberían ser más simples de lo que parecen. La pregunta clave es: ¿debe primar el interés de uno o el interés de todo un pueblo? Gobernar bien radica en lo último en primar y cuidar de todo un pueblo. Individualismo versus comunitarismo. Y saber construir, que no sea una Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero sí podría haber sido un “L’Hemisfèric” diseñado por un no-Calatrava. No hablamos de prohibir la construcción de representaciones de nuestra historia mediante obras arquitectónicas, sino de hacer las cosas bien para que la mejor obra construida sea, para empezar, un país con condiciones laborales dignas y con políticas públicas que no supongan deuda o sobrecoste a las arcas públicas. La política, además de para con la gente, también tiene un deber para con el arte en todas sus expresiones.

Temamos su regreso

No les temamos a ellos, pero sí al regreso de sus políticas. El temor a la vuelta del Partido Popular, o a algo que se le parezca, siempre estará ahí en los próximos años. Es el temor a una gestión que perjudicó a las mayorías pero que ahora nos puede dar fuerza y recordar que llegamos para combatir la corrupción de Zaplana, de Camps, de Rus… y que no queremos políticas ultraderechistas que vulneran los derechos humanos y nos retrotraen a tiempos pasados. Tenemos una preocupación permanente que mantiene vivo el recuerdo de la corrupción y el saqueo al que nos sometieron durante años, que parecieron una eternidad pero que por fin acabó en mayo de 2015. El faraón y el emperador, dos que se quisieron durante un tiempo y luego dejaron de hacerlo, nos enseñaron que las alianzas en política son muy cambiantes y desconcertantes. Esos dos señores, que fueron presidentes de mi comunidad, compitieron para ver quien llevaba a cabo la obra más espectacular y, al mismo tiempo, espeluznante… El coste y sus consiguientes sobre costes y demás comisiones en B e historias corruptoras demuestran que nos robaron a manos llenas. Se lo podían permitir porque pusieron todas las estructuras a su servicio. Tenían una de las herramientas más importantes para ganar la batalla cultural y afianzar su poder: una televisión autonómica intervenida y manipulada, en plena época de bonanza económica, -que resultó ser ficción-. Se permitían hasta chantajes como el del ex-Presidente Camps engañando al pueblo valenciano con la Fórmula 1, cuyo contrato no firmó hasta ganar las elecciones, tal y como pidió un tal Bernie Ecclestone, un ex-jefe de la F1 que acaba de elogiar el triunfo del ultraderechista Bolsonaro en Brasil. Curiosamente, lo ha hecho con una expresión que recuerda mucho a Rita Barberá y su empeño en poner a Valencia en el mapa del mundo: “Él traerá a Brasil de vuelta al mapa”. Pero, ¿de qué sirve tener la ciudad o el país más conocido del mundo por un evento o por unas políticas concretas, mientras se empobrece a su ciudadanía?

No perdamos el horizonte de cambio

Que sirva recordar el pasado de estímulo para seguir con las políticas del cambio. Sobre todo ahora que parece que podría volver en forma de “trifachito”, como lo acuñó el gran Gerardo Tecé. Todo indica que la santísima trinidad de la ultraderecha aparecerá en estas elecciones. Hay partidos que de nuevos tienen poco y otros que, por más que intenten modernizarse, no lo consiguen. Hay unos nostálgicos del franquismo, unos derivados naranjas y un clásico bajo la magia –negra- del aznarismo. No queremos que vuelva el pasado en ninguna de sus formas, queremos un gobierno valiente que no se parezca a lo anterior, para devolver las instituciones a la gente hay que gobernar de manera distinta, se dice gobernanza.

Aunque muchas fuerzas políticas y medios todavía se atreven a infravalorar o despreciar a una fuerza política nueva que llegó para quedarse, es innegable que la llegada de Podemos supuso un terremoto político que ha hecho que el resto de fuerzas políticas vayan a rebufo sobre cómo debemos gobernar con y para la gente.

Es por todas sabido que somos el partido a emular/copiar, bien en la externa o bien en la interna, nuestras fueron las primarias que luego otros decidieron extrapolar a sus organizaciones de una manera u otra. Nos copian el relato de la patria es la gente, intentan perjudicar nuestra imagen como organización con las “fake news”, con titulares morbosos y, en muchas ocasiones, con un criterio noticioso algo dudoso. Pero no lo consiguen. Seguirán buscando nuestra ruptura, destacando procesos internos o sobredimensionando una conflictividad interna… da mucho juego. Sin embargo, nuestra externa, las políticas que ofrecemos “dan más juego” a la gente: hemos logrado la mayor subida del salario mínimo de nuestra democracia, hemos sido capaces de cuestionar el papel de la Monarquía, de querer saber más de ella e incluso dudar de su utilidad y hemos acompañado las luchas de las mujeres y los pensionistas que han dado ejemplo durante todo el año, entre otras cosas. Es nuestro compromiso seguir mostrando lealtad a la esperanza de la gente por una vida mejor. No se trata sólo de ser leal a un proyecto por más que creemos en él, se trata de la gente y su bienestar. Nos estamos jugando el país que vamos a dejar a las próximas generaciones. Por más que digan lo contrario, sabemos que sí se puede… si no olvidamos para qué llegamos. Recordar, temer y no perder la perspectiva de para qué llegamos. Hemos conseguido mucho en poco tiempo, pero nos queda mucho por lograr, lo que nos queda por lograr, y aunque sea con el viento en contra, ahí seguiremos construyendo CAMBIO político.

Este mes de agosto comenzó con una espada de Damocles sobre nuestras cabezas: el adelanto electoral. El PSPV, como los grandes surferos profesionales, está buscando esa gran ola que les haga remontar el mal sueño del fin del bipartidismo: la ola “Sánchez” ya tiene nombre como los huracanes. Lo que el PSPV no sabe es que todas las olas acaban siendo espuma cuando llegan a la orilla, y que Podem ha llegado para quedarse. Es el momento de que el PSPV decida: ¿quiere vivir una ilusión momentánea o ser parte de un proyecto de cambio duradero? ¿Apuesta de verdad por el Pacto del Botánico y las políticas que representa, o tan sólo busca un tipo de poder a la antigua usanza, que no le haga tener que cuestionar el statu quo? ¿Quiere elecciones para subirse a la Ola Sánchez, o quiere llevar hasta el final el contrato firmado con la ciudadanía?

“Hoy por hoy” no habrá elecciones dice nuestro Presidente de la Generalitat Valenciana descartando así el adelanto electoral. ¿Encuestas poco halagüeñas en su pugna con Compromís? “Voy a ver si apuro el efecto de la ”ola Sánchez“, ¡por favor Pedro no la cagues!”, debe estar pensando Puig. Diversos motivos se esconden tras todas estas declaraciones: ahora sí, ahora no, hoy por hoy no, pero mañana ya veremos porque como dice el refrán: mañana será otro día.

Ciertamente existe otra manera de hacer política y para ello hay que tener claras las prioridades. La gobernanza por encima de todo esquivando la tentación de gobernar en clave electoralista; que nuestra prioridad no sea nuestra organización política, sino el proyecto; que nuestra prioridad sea acabar con la precariedad que asola a nuestra clase trabajadora. Porque queremos un sector del taxi fortalecido y en mejores condiciones; la uberización depredadora es un ejemplo de cómo se dinamita la economía local. Porque queremos a las “kellys” con condiciones laborales dignas y saludables para que así se dé el mejor servicio a los turistas que vienen a nuestra Comunidad. Turismo digno, respetuoso, basado en los derechos humanos y no en derechos a saldo. Quiero que cuando una familia tenga un hijo o hija sorda tengan el derecho a elegir la modalidad educativa que piensan que es mejor (hoy en día seguimos sin una educación inclusiva bilingüe lengua de signos/lengua oral en nuestra tierra). Y podría seguir con la renta valenciana de inclusión y muchas otras tantas cosas.

Señor presidente Puig, señorías de las Cortes Valencianas, es necesaria, por ejemplo, una política fiscal progresiva, tan necesaria hoy en día para erradicar la desigualdad. Debemos ser coherentes con lo que decimos y publicar la lista de defraudadores y mucho más. Muchas cosas por hacer y todo un año por delante.

Desde luego nosotras lo tenemos claro, tal y como ha demostrado nuestro secretario general Antonio Estañ en su reunión con Ximo Puig, lo importante es llevar a término la legislatura y seguir con las prioridades del Pacto del Botánico como por ejemplo en el ámbito de vivienda, luchando contra la burbuja del alquiler.

Ojo avizor porque la derecha puede retornar a nuestra tierra. Esa es la verdadera espada de Damocles de la gente: perder derechos, perder dignidad. No nos comportemos como si esto fuera un juego de trileros. Pareciera que sueñan los del PSOE-PSPV con superar a Compromís para seguir gobernando en la próxima legislatura con mayor porcentaje de poder, sí de poder. Pero una vez más se olvidan de Podem, clave en la construcción del cambio en esta tierra, mediando para que el Pacto del Botánico fuera una realidad, porque teníamos bien claro que la corrupción sistemática debía de expulsarse del gobierno. Entendemos que somos molestos, que tocamos las narices pero para eso llegamos y no para caer bien. No queremos ser parte de sus juegos. Hemos venido para devolver las instituciones a la gente y ese es nuestro proyecto.

No podemos permitir ni un minuto más a aquellos que tienen un cargo público pero no sienten al pueblo, no lo viven como suyo, no lo amparan y protegen con honestidad. Se acabó gobernar para unos pocos; se acabó gobernar para uno mismo.

Hay partidos que tienen un proyecto de país y otros un proyecto de poder, es el momento de demostrarlo. Ahora o nunca.

Pilar Lima es senadora de Podem(os) PV

Los resultados de esa dinámica de grupo pueden ser muy variopintos y depende en gran medida de las personas que participan en él. Los marcos mentales de los que habla Lakoff están muy presentes en cada una de nosotras e influyen en las decisiones vamos tomando a medida que transcurre el juego. ¿Cómo concebimos la sociedad que debe resurgir de las cenizas del mundo conocido?, ¿qué clase de personas y no otras son las indicadas para reiniciar la humanidad? ¿quiénes tienen una mayor capacidad argumentativa para convencer al resto de que su presencia en ese nuevo mundo es indispensable? A pesar de todos estos condicionantes, hay una idea común en la premisa de esta actividad: la humanidad tiene que salvarse, y ese es el marco mental común.

Después de esta peregrina introducción es fácil pensar “¿de qué diantres estamos hablando?”, y es verdad, ¿qué tiene que ver esto con confluencias políticas de cara al 2019? En realidad, tiene mucho que ver, tanto en su vertiente alegórica como en la vertiente material.

En las pasadas elecciones, el resultado de las confluencias electorales en Comunidad Valenciana fueron muy dispares en función del municipio, y cuál fue uno de los factores determinantes, las personas que en última instancia negociaron esas confluencias en función de sus propios marcos mentales y necesidades, perdiendo de vista ese marco mental común que había que construir: una unidad popular que con todos los elementos en contra ( ley electoral) pusiera fin al reinado de terror de saqueo y obras faraónicas de los bárbaros del Partido Popular. Ese era el marco común que atrajo miles de personas y movimientos sociales (hasta ahora ajenos a los partidos) a los espacios de confluencias. El problema es que la vieja política es vieja por algo, no porque sea tradicional o se haya quedado obsoleta, sino que, como el diablo, es más sabia por vieja, y en este caso los partidos fueron más persuasivos y tuvieron más capacidad de argumentación porque llevan toda la vida haciéndolo.

En los próximos tiempos se determinará por tanto de qué manera queremos vernos representadas en las próximas elecciones autonómicas y municipales. En mayo de 2019 tenemos que llegar con un proyecto transformador, despatriarcalizado y definido desde una óptica feminista; esto último implica un definición real y consecuente con la forma de hacer política que queremos. Habrá voces que querrán marcar el devenir de los espacios reincidiendo en formas de hacer política que contienen el peligro de no distinguir entre los anhelos personales y el sentir comunitario, por eso es fundamental articular mecanismos eficaces para que las bases decidan. Pero antes de ponernos manos a la obra es primordial tener ese debate sincero y sororo, sin que nos marque el camino el miedo a un sistema electoral valenciano cuya barrera sigue sin bajarse al 3%, y tampoco forzadas por cuotas y parcelas de poder. Hacerlo de otra manera sería un desastre, como dice la expresión “errare humanum est, sed perseverare diabolicum” [errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico].

En palabras de Illueca y Monereo en su último libro “España, un proyecto de liberación nacional” combatir: “ideas zombis: conceptos que un día tuvieron pujanza y vitalidad deambulan por la vida consumidos, sin rumbo, como muertos vivientes” y uno de esos muertos son las diputaciones provinciales. Apostar por el cambio, requiere de una actitud transgresora, y eso se consigue con valentía, pero la de verdad, la que se hace y no la que se dice en campaña y luego queda en nada. Con esa actitud podremos hacer políticas honestas para la anulada clase trabajadora que se encuentra sumergida en una precariedad transversal bajo el paraguas, relato vendido por el gobierno del Partido Popular, de una recuperación que es al fin y al cabo resignación. Ese debe ser nuestro marco mental común para afianzar políticas de cambio en nuestra comunidad.

De nosotras dependerá marcar la diferencia, incidiendo en la innovación en las formas de hacer política, poniendo a disposición las herramientas de las que disponemos hasta ahora, entre ellas, la representación institucional en las Cortes Valencianas dependerá de nuestra humildad y generosidad, cediendo y recibiendo de manera constructiva.

Un obstáculo que nos encontraremos es que algunas personas antepondrán el interés partidista, consecuencia de una cultura de partido que en parte se ha cargado el parlamentarismo, porque evidentemente funcionar como un bloque deviene en pensamiento único y ello conlleva un estilo de gestión pública que no deja lugar a la innovación, porque las viejas costumbres se contagian como la gripe.

Otra barrera a la que también nos enfrentaremos es la reticencia al cambio y el desánimo por las experiencias vividas en 2015. No fue sencillo ni lo será, siempre existirá el riesgo de que personas que entendiendo mal el contexto se arroguen la antorcha del cambio y se piensen legítimos protagonistas de ese espacio de unidad. Principalmente huyendo de las fórmulas similares a esta: los votos que TE vas a llevar TÚ (espacio en construcción) gracias a MÍ (partido político con una estructura que mantener), tienen un precio (puestos de salida para las elecciones). Así no habrá nada que hacer.

Así que, la pregunta es, en estos años de experiencia y quizás desde mi crónica ingenuidad política ¿las personas que componemos los partidos políticos habremos hecho la suficiente autocrítica? Porque los experimentos con gaseosa, que nos jugamos el regreso de la barbarie. Los partidos políticos hemos perdido a personas valiosísimas por el camino y hemos echado a tantas otras que con ilusión se acercaron a esos espacios. No podemos volver a cometer errores del pasado. Por tanto ¿esta vez seremos capaces de crear un espacio unitario de verdad? Sí o no. ¿Seremos capaces de no subrepresentar a los movimientos sociales, seremos capaces de aportar recursos del partido sin pedir luego a cambio, seremos capaces de empoderar y ser facilitadoras y no acaparar los espacios?

Esas son las preguntas que tenemos que responder desde la responsabilidad más absoluta y por eso hablo de marcos mentales en este texto, ¿hemos conseguido cambiar nuestros marcos mentales propios para poder hacer política de forma diferente al resto? Esa es la gran pregunta que tenemos que respondernos antes de sentarnos a hablar.

Y si la respuesta es sí, pongámonos a trabajar.

Ahora bien, un Estado plurinacional requiere la existencia de un sistema de financiación que garantice la suficiencia económica de las unidades federadas y les permita ejercer las competencias que les han sido asignadas, sin perjuicio de la solidaridad que necesariamente ha de existir entre ellas. Como podrá imaginar el lector, se trata de un asunto espinoso y delicado que suele provocar debates muy intensos entre los distintos componentes de cualquier federación. Las zonas más ricas suelen quejarse de su excesiva contribución al presupuesto común, mientras las más pobres consideran que reciben demasiado poco. En principio, es un debate saludable que permite ir ajustando el sistema de financiación hasta alcanzar una distribución de los recursos lo más equitativa posible. Lo que no parece tan normal es que los nacionalismos español y catalán utilicen demagógicamente este asunto para enfrentar a la ciudadanía y alimentar el conflicto territorial. Precisamente esto es lo que ha ocurrido estos años.

No es ningún secreto que el actual sistema de financiación autonómico perjudica a los intereses de determinados territorios, como es el caso de Cataluña, Madrid o el País Valenciano. Y que ello se traduce en una menor calidad de los servicios prestados a la población, sin que pueda aducirse ninguna justificación. En lo que respecta a nuestra tierra, suele afirmarse que es la única comunidad autónoma con una renta per cápita inferior a la media que presenta un saldo fiscal negativo, lo que sin duda constituye una anomalía. Igualmente, se critica con razón que las inversiones del Estado son especialmente escasas en la Comunidad Valenciana, como pudimos comprobar durante la tramitación de los últimos Presupuestos Generales del Estado. Todo ello es cierto, pero España se merece un debate a la altura del momento histórico. Afirmar, como algunos han venido haciendo, que la financiación autonómica supone un “expolio” que está “rompiendo España”, no sólo es exagerado, sino que oculta las verdaderas causas de la gravísima crisis social que atraviesa nuestra patria.

En nuestra opinión, hay que replantear los términos del debate. Los problemas económicos que atraviesan las CCAA no traen causa del sistema de financiación vigente, por más que éste sea mejorable y algunas reivindicaciones posean una base real. El principal problema al que se enfrentan las CCAA es que su autonomía financiera se ha reducido considerablemente por la reforma del artículo 135 de la Constitución, que consagra las políticas de austeridad, y por la Ley Estabilidad Presupuestaria que desarrolla dicho precepto. Ambos textos, impuestos de forma despótica por la UE, limitan la libertad de gasto de los entes autonómicos y comprometen seriamente el futuro del Estado de bienestar en España. La cuestión fundamental, por tanto, no es la distribución de los recursos entre los distintos territorios, sino el hecho de que aquéllos son insuficientes y se van a reducir aún más en el futuro como consecuencia de las políticas neoliberales. Este aspecto no puede ser ignorado si se pretende un debate sano y riguroso sobre la financiación autonómica.

El único expolio que se está produciendo en España es el que se viene practicando mediante la aplicación de las políticas neoliberales. Recordemos brevemente el engranaje de la Ley Estabilidad Presupuestaria: las Cortes Generales aprueban anualmente un techo de gasto que vincula al conjunto de las Administraciones Públicas, incluidas las CCAA, correspondiendo al Ministerio de Hacienda efectuar un seguimiento exhaustivo y sistemático de los objetivos presupuestarios. En caso de incumplimiento, la Administración afectada debe presentar un plan económico-financiero orientado a corregir los desequilibrios, exponiéndose en caso contrario a la imposición de sanciones draconianas que pueden incluir multas coercitivas e incluso la intervención de sus instituciones por vía del artículo 155 CE, como le está sucediendo al Ayuntamiento de Madrid. No hace falta ser un experto para saber que, en un contexto de fuerte disciplina fiscal, el debate sobre la financiación autonómica acabará convirtiéndose en una pelea de pobres que se disputarán unos recursos cada vez más escasos bajo la mirada vigilante de la UE.

En definitiva, la crisis económica ha sido aprovechada para erosionar la autonomía financiera de las CCAA y de las entidades locales, reforzando las prerrogativas del Estado en materia económica y presupuestaria. En concreto, las CCAA han visto severamente limitado su margen de maniobra económico, convirtiéndose en un mero apéndice de las políticas impuestas por el Gobierno. Llegados a este punto, se nos permitirá abrir un paréntesis para recordar que la reforma del artículo 135 CE y su legislación de desarrollo contaron con el apoyo de un agónico bipartidismo, ahora disfrazado de bloque constitucionalista, aunque sería más preciso hablar de bloque monárquico. Con la complicidad, por supuesto, de Ciudadanos, pues ya se sabe que “el naranja es el nuevo negro” (la audiencia de Orange is the new black sabrá disculpar esta broma fácil...). Y el PSOE... ¡Qué decir del PSOE! Su apoyo al PP en ésta y otras materias deslegitima su pretensión de abanderar el descontento provocado por el actual sistema de financiación, también en el País Valenciano.

Sin embargo, el marco que hemos descrito crea las condiciones para una gran alianza plurinacional que sea capaz de enfrentarse al neoliberalismo. Desde un punto de vista soberanista, si es verdadero, la prioridad debe ser combatir las políticas de austeridad impuestas por la UE, que están socavando la autonomía financiera de las CCAA. Sólo desde esta base es posible abordar con rigor el debate sobre el sistema de financiación del futuro Estado plurinacional, garantizando el principio de ordinalidad y evitando que la solidaridad de algunos territorios pueda llegar a perjudicar su crecimiento económico. Las reivindicaciones de Cataluña y el País Valenciano, por mencionar dos ejemplos, tienen una base real y merecen una respuesta equilibrada y razonable en aras de la unión federal. Pero esta unión fraterna debe poner en cuestión el marco neoliberal impuesto por la UE, que condena al subdesarrollo a los países de la periferia. Ahogar a los pueblos no es la solución, pero a algunos parece que no les importa.

Para quienes no están de acuerdo con el hecho de que una persona sorda conozca dos lenguas –en mi caso, la lengua de signos y lengua oral–, para quienes no saben ni conocen la lengua de signos y la desprecian e infravaloran, para quienes quieren que seamos normales como ellos, oyentes al fin y al cabo, para quienes nos recomiendan como solución mágica el implante coclear (así sin más, un avance tecnológico que requiere un apoyo post-operatorio y rehabilitación porque no se aprende a oír de forma natural, al igual que uno no aprende inmediatamente a andar con su pierna ortopédica no habiendo andado en su vida), para quienes no están de acuerdo con divulgar el conocimiento de la lengua de signos y, finalmente, para quienes dicen que tenemos que aprender a hablar y olvidan que somos educados desde la infancia en el habla (por lo que hablamos sí o sí) voy a hablar de la 185.

Pensarán: “¿Qué dice la medida 185?” Y cuando la lean llegará la cuestión clave de este texto: ¿es realmente necesaria esta medida? Comenzaremos por describirla. Podemos es el único partido político que incluye esta reivindicación histórica del colectivo de personas sordas y su movimiento asociativo: “Proponemos reformar el artículo 3 de la Constitución y hacer un reconocimiento explícito de las lenguas de signos españolas como lenguas oficiales del Estado”.

Pero, de todos ustedes, díganme, ¿quiénes sabrían definirme qué es la lengua de signos? Además, hablamos de “las lenguas de signos españolas” porque entendemos que su uso conlleva variedades signo-lingüísticas derivadas de la característica plurinacional de nuestro país. Tenemos historia y nuestros conflictos signo-lingüísticos son una realidad que provocan emoción, investigación y debates en la comunidad sorda.

Consideramos que se ha de incluir en el Artículo 3 de la Constitución Española porque es patrimonio cultural que debe ser objeto de especial respeto y protección, y sirva como precedente, entre otros, el artículo 13.4. del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que dice: “La Generalitat garantizará el uso de la lengua de signos propia de los sordos, que deberá ser objeto de enseñanza, protección y respeto”. Si bien es cierto que sigue sin desarrollarse normativamente para su implementación y así asegurar su cumplimiento.

A continuación, es preciso explorar la historia de una comunidad de gente que comparte una diferencia con respecto a la mayoría, la sordera, que define a la persona como sorda o con discapacidad auditiva, o deficiencia auditiva si su perspectiva es patológica-médica y no la sociocultural. Desde este último enfoque basaremos nuestra reflexión.

Para ello, nos remontamos al 6 de septiembre de 1880. Por aquellas fechas se celebró en Milán el 2º Congreso Internacional de Maestros de Sordomudos. En dicha celebración se sentó las bases del antes y después en la educación de las personas sordas, donde un grupo de maestros oyentes decidieron excluir la lengua de signos de la docencia e impusieron la enseñanza del habla como objetivo principal de la escuela, consagrándose la tendencia oralista en la mayor parte de escuelas para personas sordas de todo el mundo.

A excepción de EEUU y Suecia que, de hecho, son dos de los países más avanzados en el desarrollo, investigación y divulgación de la lengua de signos, que votaron en contra. El resto de países “prohibieron” la presencia y uso de la lengua de signos, por lo que siguió usándose en la clandestinidad y de ahí la importancia que ha tenido el movimiento asociativo de personas sordas para su desarrollo y protección. Los avances conseguidos al respecto en EEUU concluyeron con la fundación de la primera universidad bilingüe del mundo: la Universidad Gallaudet.

La protección de la lengua de signos tiene una naturaleza distinta a la potenciación, amparo y regulación del resto de instrumentos que sirven para remover los obstáculos a la igualdad efectiva de las personas con discapacidad. Por tanto, no podemos tratar de igual manera, como pretenden algunos, a nivel normativo el régimen de las lenguas de signos con los materiales ortoprótesicos (implantes cocleares, audífonos, sillas de ruedas, etc.), porque la naturaleza de la lengua de signos no guarda relación, únicamente, con la vertiente de elemento de promoción e inclusión social. En tanto que la lengua de signos es una lengua natural y, por su propia naturaleza, es una lengua asociada a su uso y conocimiento por parte de una comunidad, se considera parte del patrimonio lingüístico y cultural, además de vehículo de transmisión y comunicación.

También hay quienes infravaloran y consideran la lengua de signos como un código minoritario y sustitutivo. Pero habría que explicarles que se trata de una lengua completa que ha sido estudiada desde diferentes ámbitos a lo largo de la historia. Reúne todas las características que se requieren para ser una lengua, cumple con las funciones que le son propias y actúa como patrimonio cultural.

A día de hoy, los orígenes de la lengua de signos que en nuestro país se remontan al siglo XVI, pero no es hasta 2007 cuando nuestro ordenamiento jurídico regula su existencia, mediante la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Esta Ley insta a las diferentes unidades administrativas territoriales (locales, autonómicas y estatales) a promover la interpretación en lengua de signos española en todas las sesiones plenarias de carácter público o de interés general cuando haya participación de personas sordas y así se solicite previamente. También obliga a la adaptación de los portales y webs de titularidad pública para hacerlos accesibles a las personas con discapacidades auditivas o visuales y salvaguardar, así, su derecho a la información.

Por todo ello, y más razones, hace tiempo solicitamos en el Senado la accesibilidad universal de la página web y no únicamente la transmisión de los contenidos en lengua de signos como se ha comentado en medios de comunicación. A menudo olvidamos que existe el subtitulado para aquellas personas con (dis)capacidad auditiva que no conocen la lengua de signos, y que las personas ciegas necesitan poder acceder a una página web que cumpla los estándares de accesibilidad.

Por el hecho de ser sorda, yo, además de representar a los valencianos y las valencianas, debo reivindicar la implementación de la legislación existente en materia de accesibilidad universal, y con ello garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Lo que no quiero para mí, no lo quiero mucho menos para los demás: darme cabezazos continuamente día a día con las barreras de comunicación. Son barreras invisibles, pero que duelen y mucho.

La vida para nosotras, las personas sordas, jamás ha sido sencilla. No olvido mi experiencia en el año 2001, cuando cursaba un ciclo formativo y solicité un intérprete de lengua de signos que llegó a escasos tres meses de finalizarlo. Sin embargo, solo podía dar 6 de mis 30 horas lectivas. Esas 6 horas salieron del tiempo concedido a otra alumna sorda. Te quito a ti para dárselo a otra, y de esta manera perdemos las dos. Gana la Banca mientras la Administración educativa se desentiende de algo tan fundamental como el acceso a una educación pública.

En el año 2007, se materializó mi derecho al intérprete –indispensable para que pudiera acceder al conocimiento– en forma de ley, la Ley 27/2007 que reconoce las lenguas de signos españolas. ¡Viva! Esta ley, de obligado cumplimiento, trae la promesa de que nadie volvería a pasar lo que yo y que a partir de entonces, toda la ciudadanía, independientemente de si es sorda o no, tendría garantizado el derecho a una educación pública estando así en igualdad de condiciones. Nuestro grito se dejó escuchar y al fin se suponía que saldríamos del silencio arbitrario impuesto de forma discriminatoria.

Sin embargo, hace pocos días hemos vuelto a revivir una situación de exclusión, tan común para nuestra gente: “Decepción, rabia e impotencia”, así describía su reacción Brenda Guerrero, una estudiante sorda y usuaria de la lengua de signos. La Junta de Andalucía únicamente le ha reconocido 8 horas –de las 25 horas lectivas que está cursando– a tener intérprete de lengua de signos y así poder acceder a la información y formación en igualdad al resto de sus compañeros. En otras palabras, Brenda solo tiene un 32% del derecho a la Educación.

La limitación del derecho al recurso del intérprete es una decisión cruel, además de un despropósito. ¿Son acaso los derechos algo así como una mercancía que se puede trocear por partes, aplicarse según convenga o según el arbitrio de la administración? Pongámonos en ese supuesto, imaginemos que el derecho de asociación y reunión solo se permitiera los días pares y que los días impares serían los días destinados a acudir al médico y al servicio de urgencias. De la misma manera, el derecho de tutela judicial efectiva se ejercería los viernes. Por su parte, el derecho a voto se podría ejercer siempre y cuando las votaciones coincidan con el año bisiesto y, por supuesto, decida usted qué día del mes prefiere para que no se respete la inviolabilidad de su domicilio.

Lo dicho, un despropósito. Decidir que Brenda tiene derecho a la educación solo 8 horas a la semana implica que es ciudadana de pleno derecho a tiempo parcial, pero que ¡faltaría más! cumplirá a tiempo completo con todas sus obligaciones.

Si aplicamos esta lógica absurda, el tiempo en el que Brenda es ciudadana de segunda podría decidir qué obligaciones ejercería con su comunidad, pues al no disfrutar de los derechos en igualdad de condiciones, merecería una dispensa de las mismas: de esta forma, un fin de semana al mes hará una barbacoa en el parque debajo de su casa, los miércoles pintará un grafiti en alguna pared de su ciudad, y en la declaración anual de la renta no estará obligada a declarar sus ganancias de los meses de febrero y octubre.

Obviamente, esto no funciona así, no puedes negociar el cumplimiento de tus obligaciones en proporción a los derechos que disfrutas. Imagínense. Las obligaciones se cumplen entre otras cosas porque no se tiene la opción de no hacerlo, bueno, so pena de medidas coercitivas por parte de la administración.

No obstante, cuando es la administración la que no cumple su obligación como garante de un derecho, ¿qué medidas coercitivas tiene la ciudadanía para exigirle su cumplimiento? La acción coactiva más efectiva que ostentamos es el voto. Así que, usémoslo en aras de garantizar los derechos, en este caso el derecho de acceso a la educación, de Brenda y de todas las Brendas de este país, que son muchas.

Como el caso de Brenda o como mi caso ha habido y sigue habiendo muchos en España, de los cuales la prensa se haría eco si pasaran en Venezuela. En Cataluña, la Plataforma en defensa de la educación bilingüe para la infancia y adolescencia con discapacidad auditiva (Volem Signar y Escoltar) sigue denunciando recortes en el derecho a la educación inclusiva de los niños y las niñas sordas. En Canarias, según la última información facilitada en sede parlamentaria, solo 10 de cada 30 horas son accesibles mediante interpretación a lengua de signos.

Esto nos convierte en estudiantes y ciudadanas a tiempo parcial, perjudicando y ralentizando nuestro desarrollo personal y, por extensión, nuestra inserción laboral. Nos pone piedras en los zapatos con los que tenemos que recorrer el, ya de por sí, arduo camino de lograr una capacitación que nos permita llegar hasta lugares de responsabilidad donde nunca antes había estado integrada la diversidad.

Nos sobran motivos para apostar firmemente por una Educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad que integre a todos y todas sea cual sea su diferencia, sin ambages. Que ante todo promueva la igualdad de oportunidades como principio rector de una nueva sociedad más justa y más cohesionada.

Y como no podemos volver a votar porque no es año bisiesto, tomemos nota y salgamos a las calles los días pares e impares del mes para reivindicar que con la educación no se negocia. Queremos 25 de 25.

Ante esas entrevistas de “corte humano” como así las llaman, me han dado ganas de contestar con mi propia voz; porque “hablamos”, por si todavía no ha quedado claro. Es curioso, porque olvidamos que en la política del pasado y en la actual todavía quedan muchas personas sordas y a veces siento que me confunden con ciertos sujetos políticos de larga trayectoria corrupta-política que son sordos de verdad: no escuchan a la gente y no atiende a la demanda de las mayorías sociales. Así que... ¿Sorda yo? No… Creo que me confundís con alguien de cuyo nombre no quiero acordarme, pero llevaba atormentando mi ciudad más de 24 años, y sigue persiguiéndome su sombra allá dónde estoy ahora.

Así que os cuento que también me gusta hablar de política, ojalá no hubiera que hablar de la corrupción que ha asolado mi Comunidad todos estos años, deseo también hablar de independencia: de la mía, de la de Cataluña, de la de quién sea… Me apasiona la nueva política y la posibilidad de otra manera de hacer política, de cómo feminizarla… Porque oye, que también soy una mujer ya que hablamos de todo un poco. Las personas diversas no somos sólo diversas únicamente, también sentimos, tenemos opiniones y esas cosas propias de las personas sin etiquetas extras.

Ahora pongámonos serias, hablemos de discapacidad, os voy a dar el gusto, lo trataré políticamente, como ha de ser. Existe la tendencia a considerar la [dis]capacidad como un problema que atañe a toda política pública, una inclinación por considerarla únicamente desde la perspectiva patológica y su consecuente rehabilitación: si algo no funciona, intentar arreglarlo y que se aproxime a la normalidad que parece imperante pero no lo es, y esto amigos y amigas nos impide ver otras cosas, evita que veamos que siempre hay otro lado, otra visión… el de la persona con [dis]capacidad misma, nuestra mirada, nuestro sentir, nuestra realidad, ignorada en demasiadas ocasiones a veces en conciencia y a veces involuntariamente. Hablo de la mirada ajena a la nuestra cuando considera que la [dis]capacidad si es incapacidad, ignorando que toda persona tiene sus habilidades, sus defectos, sus virtudes, sus capacidades especiales para ciertas cosas…esa mirada ajena a la nuestra, es la mirada de los otros, que no la de nosotros… los que no nos entienden, ni nunca entenderán; los que creen entendernos y hace lo imposible por solucionar nuestro “problema” hasta el punto que acaban agravándolo, pues querida amiga esa mirada ajena… nos “discapacita” en demasía sin merecerlo y a ello le tenemos que unir otro factor… las que somos diversas funcionales, voy a cambiar la denominación a una vertiente más sociocultural que no patológica ni rehabilitadora ni médica, le añadimos el hecho de ser mujer, entonces… la desigualdad y la violencia por motivos de género se une a lo que ya vivimos como un “problema”, y aquí… El problema parece que reside en soy diferente, en mi caso soy sorda, y eso no es un problema, dónde está realmente es en el entorno en el cual me desenvuelvo, en las barreras que me impiden acceder a la información y a la comunicación, el problema es realmente la ignorancia sobre el conocimiento de la diversidad, y sin ese conocimiento nunca habrá una verdadera sociedad inclusiva. El problema está en cómo hemos construido la sociedad y el entorno sin pensar en que somos una comunidad de gente con diferencias.

Mujeres con diversidad funcional, mujeres con unas capacidades distintas a la “mayoría”, mujeres con otra forma de moverse con apoyo o sin apoyo, dictando el movimiento aunque sean otras manos quien se encargue de hacerlo, mujeres que tienen posibilidad de expresar su mensaje vía viso-gestual porque así les nace y resulta más natural, mujeres que piensan que el mundo es tan sencillo que no ven maldad y que por ciertas características dicen que no siguen el patrón intelectual que predomina en este mundo de seres “perfectos” que son al mismo tiempo imperfectos por la ignorancia que les nubla el conocimiento de toda una variedad de diversidad… en fin, otra manera de ver la vida, de actuar en ella y [sobre]vivir a la cotidianidad actual de emergencia social.

Y, finalizamos, con un “canutazo” imaginario (es aquello que hacen los periodistas con los micrófonos acercándose a alguien de especial relevancia, bien por su cargo, por su corrupción, por su discurso, por su influencia, etc.). Recuerdo que fue en Pamplona, antes de ello yo me quejaba porque no se atrevían a ofrecerme la posibilidad de vivir eso y transmitir un mensaje, creía que me temían, que no se atrevían, que no sabían cómo dirigirse a mi. Bueno, pues en Pamplona pasó… y la que se lió con la dirección del “micro”, es fácil: no va a salir en pantalla, y se dirige a la intérprete que me acompañe en ese momento, la cámara hacia mi persona, y ya… tan fácil que lo hacemos difícil quizás por falta de valentía, Ustedes no saben las maravillas que esperan detrás del conocimiento de la diversidad. Podéis seguir preguntando por como se siente una siendo sorda y ejerciendo de senadora, pero yo contestaré en clave política, porque no se trata de mí, se trata del bienestar de la gente del país, de derechos humanos, se trata de que, por fin, existe la posibilidad de cambiar la política del país para que regrese la dignidad y legitimidad que supone representar a la gente.

*Pilar Lima es senadora territorial valenciana de Podemos