El PP de Cristina Cifuentes, huyendo de una reflexión de calado sobre esta cuestión, se limita ahora a exigir introducir el altruismo como condición que justifique el cambio de su posición en Madrid

Otro punto de vista: 'Gestación subrogada, una propuesta sensata', por Beatriz Gimeno, de Podemos

La práctica de gestación subrogada, coloquialmente conocida como vientres de alquiler, es una práctica que está expresamente prohibida en 12 países occidentales. Entre ellos España,  Francia, Italia o Japón. Está permitida con diferentes restricciones -que sea altruista, entre parejas heterosexuales o entre familiares- en  otros 25 países. Asimismo, está ampliamente permitida y regulada solo en 8 de los 50 estados de EEUU. No está prohibida, pero tampoco hay regulación específica, en otros 15 países: Austria, Finlandia o Luxemburgo, entre otros.

El Parlamento Europeo es contrario a esta práctica, tal como recoge el punto 11 de su Resolución 16/3/1989,  así como el art. 21 del Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina que indica que “el cuerpo humano y sus partes como tales no deben ser objeto de lucro”. Recientemente, el Consejo del Comité de Asuntos Sociales y Salud de Europa también votó NO a la maternidad subrogada.

España, en esta materia, no es un país raro ni diferente. En España, la Ley 14/2006 deja determinado en su artículo 10 cuál es el planteamiento sobre esta cuestión: “Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”.

En el punto 2 del citado artículo, se hace referencia a un asunto básico que marca una pieza esencial del debate: cómo se articula la filiación de los hijos nacidos (también para los casos de gestación de sustitución) e indica, con claridad, que la filiación será determinada por el parto.

La Instrucción de octubre de 2010 de la Dirección General de Registros y del Notariado, a la que se recurre para considerar que legalizaba de facto la gestación subrogada, responde a la obligación de garantizar el interés superior del menor, ratificado por sentencia del Tribunal Europeo 2014, además de la sentencia del 6/2/2014 del Tribunal Supremo. De no ser así el menor recibiría el tratamiento marginal y excluyente que recibe un 'sin papeles'.

No se pretendía derogar el artículo 10 de la Ley 14/2006. España dio respuesta exclusivamente a estas complejas situaciones.

Una disyuntiva

Al tratar este asunto nos enfrentamos a la disyuntiva de dar respuesta a situaciones vitales complicadas, o al deseo de satisfacer decisiones personales para las que es preciso que concurra la implicación del cuerpo de un tercero. Cierto es que suelen faltar, en los argumentos de quienes defienden la legalización de esta práctica, otras circunstancias a las que no debemos ser ajenos precisamente por ser la que más hay que proteger.

Ahora bien, este asunto no se puede, ni debe abordar desde el ámbito privado. La maternidad es algo más que un proceso fisiológico de gestación, como lo definió el vicepresidente de la Asociación Son Nuestros Hijos en su comparecencia en la Asamblea de Madrid. Es algo más que la unión de un óvulo y un espermatozoide.

El escenario en el que nos movemos, como es obvio, es el del respeto a la norma establecida y, además, la garantía de los actores principales y más vulnerables: el menor y la madre que da vida a un ser dentro de su cuerpo.

Una de las primeras cuestiones que personas ajenas a este asunto se plantean es si el consentimiento dado por la mujer habrá sido otorgado libremente, o son decisiones condicionadas y determinar por situaciones de desventaja social y desigualdad.

Hasta asociaciones proclives a la legalización manifiestan dudas sobre las garantías de libertad de decisión que tienen las mujeres subrogantes en países como Tailandia, India o Ucrania. El 85% del alquiler de 'vientres de alquiler' se gestionan en países pobres.

¿Por qué surgen estas cuestiones ahora?

De igual modo que lo hizo el partido de UPyD en el Congreso en octubre de 2015, a una semana de finalizar la legislatura, ahora Ciudadanos pone sobre la mesa este asunto de forma precipitada, hurtando el debate social y buscando un pronunciamiento de urgencia justo cuando arrecian los pronunciamientos internacionales en contra. 

El resultado del debate en Comisión en el Congreso de los Diputados fue bastante ilustrativo: 36 en contra, 4 abstenciones y 1 voto a favor.

Cabe preguntarse, si este es un asunto tan prioritario para Ciudadanos ¿por qué no lo ha presentado ya en el Congreso de los Diputados? Por cierto, el único espacio parlamentario donde puede abordarse otra regulación.

Ciudadanos, en sus planteamientos, va de la mano de las asociaciones que defienden condiciones contractuales a las mujeres relacionadas con su estado de salud: mujeres que hayan gestado un hijo sano con anterioridad y que esté vivo, o que la gestante no tenga ningún tipo de malformación.

Sorprende el giro radical del PP durante el debate surgido hace unos días en la Asamblea de Madrid. El Partido Popular hace tan solo cinco meses daba argumentos, contundentes y razonados, sobre su posicionamiento en contra.  El PP de Cristina Cifuentes, huyendo de una reflexión de calado sobre esta cuestión, se limita ahora a exigir introducir el altruismo como condición que justifique el cambio de su posición en Madrid.

Este desajuste de posición entre el Grupo Popular en el Congreso y la posición del PP en la Asamblea de Madrid pone en evidencia que Cifuentes utiliza un asunto sustancial en materia de derechos humanos para sus tácticas de poder interno en el PP.  

La hemeroteca del Congreso deja constancia de la coherencia e incoherencia de los grupos parlamentarios en materia de maternidad por delegación. El principal argumento del Partido Popular en el Congreso se basó en preservar la dignidad de la mujer. El PP indicaba, hace solo unos meses, “la necesidad de evitar este tipo de prácticas y recordaba que se promocionan como altruistas pero que claramente estaban motivadas por razones económicas”. También indicaban que hablar de altruismo, en esta cuestión, responde a “una falta de realismo”.

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid respeta los argumentos y razones de aquellas personas que se posicionan a favor de la maternidad subrogada, pero nos preocupa la dimensión social que tiene esta cuestión y pensamos que debemos centrarnos no solo en quién recurre a esta alternativa sino también en a quién se recurre para llevarla a término.

La gestante está en desventaja

Observamos que esta balanza no está equilibrada. Una contundente realidad  nos dice que la mujer gestante está en desventaja. Que existen razones de desigualdad social y económica que, en la mayoría de los casos, la sitúan en esa posición. Además, entendemos que muchas de las propuestas que están encima de la mesa vulneran la dignidad de las mujeres.

El mismo día que debatíamos en la Asamblea esta iniciativa aprobábamos la Proposición de Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación. Esta norma, promovida e impulsada por el PSOE-Madrid desde hace años, ha visto la luz esta legislatura de la mano de todos los Grupos Parlamentarios, a excepción del PP, y ha contado con el apoyo del conjunto de colectivos transexuales.

El Partido Socialista tiene una larga y contrastada trayectoria en la promoción de avances sociales y reconocimiento de derechos civiles. No nos hemos posicionado en contra condicionados por prejuicios. Queremos que se reflexione sobre la necesidad de garantizar que ninguna norma se apruebe si colisiona con elementos definitorios de los Derechos Humanos.

Conviene recordar a las 30.000 familias españolas que aguardan poder adoptar y que asumen años de espera, pero desean ser padres respetando la legalidad. Parece un sinsentido que quienes respetan la legalidad vean que este año van a entrar en España más niños/as a través de esta práctica, prohibida en nuestro país, que a través de la adopción. Está claro que es una tarea pendiente, para el nuevo Gobierno de España, impulsar la apertura de adopción en los 45 países en los que el resto de Europa puede adoptar y España no.

Un debate sereno

La Asamblea de Madrid no tiene competencias para legislar sobre la maternidad subrogada. Por tanto, el jueves pasado no se decidía si los Grupos estaban a favor o en contra de la maternidad subrogada. El Grupo Ciudadanos pedía instar al Gobierno de la nación a impulsar, de forma “inmediata”, una ley de regulación de gestación subrogada. Cierto es que las leyes no son inmutables, pero para hacer cambios de este calado se requieren espacios de reflexión caracterizados por el rigor, la información, la serenidad y la pluralidad. Creímos y creemos, y por eso votamos en contra, que no es forma de tratar un asunto de esta profundidad. No se puede colar por la puerta de atrás un debate de esta seriedad, buscando instar al Gobierno en un momento político en el que todo el país está pendiente de su conformación.

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid cree que sería más razonable instar a las Cortes Generales a constituir una subcomisión de estudio, con el objeto de abrir un espacio de reflexión, análisis y debate sobre la maternidad subrogada en nuestro país. Los derechos reproductivos, los derechos de las mujeres, y los derechos de filiación y nacionalidad no son asuntos que puedan despacharse en una tarde. Se trata de regular sobre aspectos de profundísima raíz ética, social, jurídica y política para lo que el trabajo riguroso es esencial. Solo en ese caso estaríamos en disposición de asumir una propuesta y las consecuentes votaciones al respecto.

La propuesta que hicimos al Grupo proponente, en esa ocasión Ciudadanos, iba en esa dirección. Ciudadanos no quiso incorporarla con el argumento de tener ya el apoyo asegurado del Grupo Popular para aprobar su propuesta.

Todo ello nos llevó a rechazar la iniciativa de Ciudadanos, y lo hicimos, no para cerrar el debate, sino para abrirlo. Eso sí, donde debe realizarse, en el Congreso de los Diputados.