Por 158.850 pesetas, casi la misma cantidad de dinero gastado en el entierro de su abuela, Francis Franco obtuvo siete meses después de la muerte de Carmen Polo el título de Señor de Meirás con Grandeza de España; una dignidad nobiliaria concedida a la viuda de Franco el 26 de noviembre de 1976, con el cadáver del Caudillo recién depositado en el Valle de los Caídos, y al mismo tiempo que su única hija recibía del rey el título de duquesa de Franco con Grandeza de España.

La orden número 21.961 del 6 de septiembre de 1988, dictada por el Ministerio de Justicia y publicada en el Boletín Oficial del Estado del 20 de octubre del mismo año, lo dice textualmente: “De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto del 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M.el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto especial correspondiente y demás derechos establecidos, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en la merced nobiliaria de Señorío de Meirás, con Grandeza de España, a favor de don Francisco Franco Martínez-Bordiú, por fallecimiento de su abuela, doña Carmen Polo Martínez-Valdés. Firmado: mugica herzog”.

El procedimiento para que Francis Franco, a sus 34 años, accediera al emblemático Señorío de Meirás fue tan simple como cuestionado por los expertos. Sin ninguna oposición familiar, mientras su hermana mayor, Carmen, no pugnaba por el título y su madre se conformaba con ser duquesa y marquesa, Francis se apresuró en los trámites legales y, en cuanto murió Carmen Polo, solicitó la inmediata rehabilitación del título.

El 25 de mayo de 1988 presentó una instancia en el Ministerio de Justicia, con los documentos genealógicos que le acreditaban como sucesor. El Boletín Oficial del Estado publicó su solicitud y concedió tres meses, según marca la ley en un decreto del 4 de junio de 1948, para posibles oposiciones a tal pretensión. Aunque Francis disponía de un año para documentar su árbol genealógico y aportar sus méritos, actuó con tal celeridad que, apenas noventa días después de su primera solicitud, ya le había sido concedido el Señorío de Meirás, con los informes positivos de la Diputación Permanente de la Grandeza de España, el Ministerio de Justicia y el Consejo de Estado.

Todo un récord en el que Francis tuvo que desembolsar 154.000 pesetas gastadas en el impreso número 600 presentado en la Delegación de Hacienda y otras 4.850 pesetas por un impreso de carta para entregar a Justicia. Realmente, unas costas mínimas con las que entró en el club de las Grandezas de España para ser su más controvertido socio. De los 2.682 títulos nobiliarios que existen desde hace siglos, los concedidos a los Franco y a los expresidentes del Gobierno, Carlos Arias Navarro y Adolfo Suárez, son de los nuevos tiempos.

La herencia de tan arcaico rango provocó algunas denuncias sobre supuestas irregularidades en la concesión. Así, Juan Balansó, miembro de la Sociedad Catalana de Genealogía, Heráldica y Sigilografía, inquirió sobre la nulidad de aquella transmisión nobiliaria.

El 20 de septiembre de 1988, Francis y su primera esposa María Suelves, conocida en el mundo de la moda por el apellido Tamarit, ya habían encargado las tarjetas como Señores de Meirás. La propia María lo relataba emocionada a la revista ¡Hola! el 1 de septiembre de 1988: “Me da cierto reparo ser la nueva Señora de Meirás. Es un cambio, porque es un título muy marcado y yo no sé cuándo me voy a sentir capaz de llamar a alguien por teléfono y decir: 'De parte de la Señora de Meirás'”. Un título ahora no vale para nada. Antes, siendo Grande de España, iban a la parte VIP de los aeropuertos y podían llevar todo el equipaje que quisieran“.

Realmente, los viejos privilegios de la Grandeza de España habían desaparecido con la democracia. No tenían derecho al pasaporte diplomático de cortesía –como el que disfrutaron los Villaverde durante décadas–, ni a ser senadores por derecho propio, o a poderse cubrir con el sombrero ante el paso de los Reyes. Apenas les quedaba el tratamiento escrito de “excelencia”. Pero con celeridad manifiesta, Francisco Franco se había lanzado como un jabato sobre un título que no era disputado por su hermana mayor, Carmen, la primogénita. “Ser el nuevo Señor de Meirás vale para saber que eres responsable de una tradición –declaró Francis, con trascendencia–; que ha habido gente en tu familia que ha hecho cosas. La importancia es para uno, pero no tiene utilidades”.

El segundo Francisco Franco de la estirpe mantenía en el más absoluto secreto el modo en que se ganaba la vida. Cuando se le preguntaba, su respuesta era, sencillamente: “Trabajo, como todo el mundo”. El nuevo Señor de Meirás quería mantener la discreción de sus negocios españoles, mientras su esposa, María Tamarit, se dedicaba públicamente a diseñar jerséis y prendas de punto para uno de los grandes almacenes más importantes de España. Aunque su nueva Grandeza de España quedaría muy bien en sus tarjetas de visita, la realidad mercantil del matrimonio ensombrecía sus sueños nobiliarios y sus complacidas “responsabilidades”.

En plena euforia heráldica, los recién estrenados grandes de España se dispusieron a reescribir su hidalgo pasado a partir de los escudos familiares en los que no faltaban leones rampantes, estrellas de oro sobre fondo azul, flores de lis y una cruz de gules. De aquel cóctel saldría su escudo de armas.

El señor de Credisol

El 6 de noviembre de 1987 fue constituida en el Registro Mercantil de Madrid la empresa Credisol S.A., dedicada a “la promoción, construcción, rehabilitación y venta de todo tipo de fincas rústicas y urbanas”, con un capital social de dos millones de pesetas, distribuido en dos mil acciones de mil pesetas cada una. Tres personas fundaban Credisol: doña María Suelves Figueroa “casada en régimen de separación de bienes”, sin especificar el nombre de su marido, poseedora de mil acciones; Miguel Ángel García Inchausti, con cien acciones, y don Javier Arenas Miralles, titular de las restantes novecientas, que también aportó, como sede social de la empresa, el domicilio de su madre, Sagrario Miralles, en la avenida de Hellín, número 51, del barrio madrileño de San Blas.

De los fundadores, Suelves era nombrada administradora única de Credisol, la primera y más destacada de cuyas facultades consiste en “administrar, regir y gobernar los bienes de la sociedad, arrendarlos por el tiempo, precio, condiciones y garantías que tenga por conveniente; admitir, despedir y desahuciar inquilinos, arrendatarios, porteros, precaristas, colonos, aparceros, así como empleados, obreros y técnicos...”.

Seis días más tarde, el 12 de noviembre, la flamante Señora de Meirás concedía a Antonio Cadierno Plaza y a Eduardo Santiago Fernández, las mismas facultades conferidas a su persona. Curado de espanto tras su experiencia chilena y dispuesto a no seguir siendo “el farolillo rojo” capaz de gafar los mejores negocios, Francisco Franco Martínez-Bordiú había tomado precauciones extremas para que su nombre no fuera descubierto.

Credisol desarrollaba sus negocios principalmente en Madrid, en barrios céntricos como Argüelles y Salamanca, pero también había llegado hasta ciudades turísticas como Benidorm. El negocio era y es, muy simple dentro del universo de la especulación pura y dura: adquirir a bajo precio inmuebles en malas condiciones de conservación y con inquilinos ancianos, de renta antigua; “convencer” a estas personas para que abandonen la vivienda, la cual, una vez vacía y restaurada, será vendida al precio del mercado. En pleno boom inmobiliario, estas operaciones podían reportar unos beneficios del mil por 100.

A pesar de sus precauciones, el nombre de Francis volvió a ser citado por los inquilinos del número 42 de la calle Fernando El Católico. Credisol había adquirido un edificio de aspecto ruinoso por la desidia de su propietario, cansado de cobrar alquileres pequeños para la época. Humedad, bajantes del desagüe picadas, malos olores, ascensor renqueante, goteras...

El 14 de octubre de 1988, toda la finca, con sus treinta apartamentos en pleno centro de Madrid, fue comprada por Credisol al abracadabrante precio de veintidós millones de pesetas. De los apartamentos existentes, veinticinco estaban ocupados por inquilinos de renta antigua, los cinco restantes se vendieron inmediatamente en una fulgurante operación comercial: solo por uno de ellos, Credisol obtuvo la misma suma que había pagado por todo el edificio: veintidós millones de pesetas. La primera medida de Credisol había sido dejar de reparar las averías de las casas alquiladas. Después, contrataron a detectives para averiguar las costumbres, aspectos familiares y recursos económicos de cada vecino (Panorama, 7 de agosto de 1989. “Una inmobiliaria de Francis Franco extorsiona ancianos en Madrid)”

“Credisol no nos pasó los recibos al cobro –me relató uno de los inquilinos querellantes– para ver si picábamos y podían echarnos a la calle por falta de pago. Como no les salió bien, enviaron entonces a un bravucón de malos modales para amedrentarnos. Un tal señor Córdoba, empleado de Credisol, que alardeaba de sus cientos de desahucios y de que iba a ponerse las botas con esta casa.”

Francisco Martínez Corps, que habitaba con su esposa el quinto piso desde 1936, fue denunciado por desahucio aportando un recibo de electricidad de seis meses por cero pesetas conseguido por la empresa mediante un detective privado, según declaró el representante de Credisol en el juicio. El juez desestimó la demanda por entender que aquel recibo era “ininteligible y sin firma”. La mecánica era simple. Mientras se amedrenta a los vecinos para que cunda el pánico con denuncias como esta, se intenta negociar con grupos de dos o tres inquilinos: o se marchan con una pequeña indemnización, que siempre ronda los cinco millones de pesetas, o compran el piso a un precio para ellos inaccesible. Indefensos y solos, algunos optaron por irse de la vivienda que habían ocupado durante toda su vida, aceptando cinco millones de pesetas. Así lo hicieron los vecinos del 5ºD. Tenían ochenta años, artrosis y el miedo a quedarse sin ascensor les aterrorizaba.

Un modus operandi de malabarista

El 31 de mayo de 1990, Eduardo Santiago Fernández, consejero delegado de la empresa Alquiler y Rehabilitación de Viviendas S.A. (Alrevisa) y, apoderado de Credisol S.A., vendió por dos millones de pesetas a Francisco Franco Martínez-Bordiú (“mayor de edad, casado, médico y vecino de Madrid, calle Hermanos Bécquer, número 8”, según el documento de compraventa) el piso de setenta metros cuadrados donde residía desde 1970 el maestro nacional Cirilo García Gasco-Tello, en el número 6 de la calle madrileña de Casto Plasencia. Idéntica operación y en el mismo día, se realizó también en la vivienda arrendada por Manuela Gómez del Cañizo, vecina de García Gasco. 

De los treinta y seis inquilinos que vivían en el inmueble, ellos eran los últimos resistentes a una transacción de tiburoneo inmobiliario denunciada ante dos juzgados de primera instancia de Madrid y por la que, junto a otros industriales, fue demandado el nieto de Franco. En ambos contratos de compraventa, Francis comparecía ante notario en su calidad de “administrador único en representación de la compañía mercantil Montecopel S.A., con CIF número..., domiciliada en Madrid, calle Hermanos Bécquer, 8, y constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada el 11 de mayo de 1989”.

Manuela Gómez del Cañizo y Cirilo García Gasco-Tello recibieron el 7 de julio de 1990 una carta notarial con una copia simple de la escritura de compraventa, en la que lo primero en sorprenderles fue la presencia de Francisco Franco como comprador, ya que ellos sabían que era el director financiero de Alrevisa, la empresa vendedora, según constaba en los membretes de las tarjetas de visita impresas por esa entidad y en el registro mercantil. En palabras de Cirilo García: “Se están pasando los pisos de unos a otros para obligarnos a utilizar el retracto de la Ley de Arrendamientos Urbanos y hacernos comprar las casas en las condiciones y precios que ellos han marcado”.

Por debajo de su luminosa presencia en las fiestas de la jet set, el industrial de la familia Franco seguía inmerso en el sector inmobiliario, mientras su hermana Carmen se convertía en estrella de la televisión privada, José Cristóbal se retiraba a la finca de Valdefuentes y a su padre, el marqués, los paparazzi le descubrían una estrecha relación personal con Katia Guerrero, multimillonaria rentista. Eran las luces y las sombras de los descendientes del Generalísimo.

Bajo los focos, Carmen Franco Polo se estiraba la piel, cambiaba el color de sus ojos con unas lentillas o presumía con los collares de su difunta madre, mientras, en la trastienda, era la máxima accionista y beneficiaria de las actividades financieras de su hijo Francis. Como en Chile, Francis Franco seguía inmerso en un sector capaz de proporcionar dinero fácil sin demasiados escrúpulos. Sus padres, que le habían apartado de la gestión de Valdefuentes, volvieron a confiar en él. Francis se había convertido en un serio especulador.

El 27 de junio de 1990, el juzgado de primera instancia número 1 de Madrid admitió a trámite la demanda de Cirilo García Gasco-Tello, representado por el abogado Juan Giménez García. Las diligencias 851/90 recogen un texto en el que puede leerse: “Según consta en la escritura de compraventa, los demandados relacionados como vendedores otorgan escritura de apoderamiento a favor de Alquiler y Rehabilitación de Viviendas S.A., y tal sociedad inicia una serie de extorsiones sin otro objeto que coaccionar a varios inquilinos de la casa número 6 de la calle Casto Plasencia para que adquieran en propiedad las viviendas de que son inquilinos a precios que a tan filantrópica S.A. conviene”.

Tras impugnar la venta acogiéndose a la ley, el inquilino demandante afirmaba: “No queremos terminar sin poner de manifiesto ante el juzgado la serie de juegos malabares que, por parte del supuesto comprador (Francisco Franco) y sus adláteres de la titulada Alrevisa y Agefisa, se han llevado a cabo, en su actuación pseudointimidativa contra mi mandante (...). La conclusión se la dejamos al Juzgado. Mi parte no tiene la mínima duda de que la escritura otorgada y el acto en ella contenido son una burda simulación”.

La segunda demanda, presentada por Manuela Gómez del Cañizo y aceptada en el juzgado de primera instancia número 21 de Madrid con el asunto número 862/90, denunciaba: “Los demandados habían otorgado escritura de apoderamiento a favor de la titulada Alquileres y Rehabilitación de Viviendas S.A., y tal entidad, que unas veces actúa bajo el anagrama de Alrevisa y otras veces de Agefisa, y que no obstante de figurar domicilios distintos, sus componentes son los mismos, inicia en nombre de sus poderdantes (los propietarios) unas pueriles extorsiones, sin más objeto que atemorizar a los diversos inquilinos de la casa número 6 de la calle Casto Plasencia, para venderles las viviendas de que son inquilinos por precios caprichosos, y que suponemos que son, por lo menos, el ciento cincuenta por ciento de elevación de lo que realmente han pagado a los ‘vendedores’,suponiendo, que ya es suponer, que por parte de la demandada Montecopel se haya desembolsado un solo céntimo”.

Antes de que Francis entrara personalmente en escena, Cirilo García ya se las había tenido que ver con sus socios.

“En enero de 1987 –me explicó para un reportaje que publiqué en Tiempo– recibí una carta de Alrevisa en la que nos comunicaban que se habían convertido en apoderados del casero e iban a vender la casa. Nos citaron en la sede de Alrevisa, calle Gaztambide 50, donde nos atendió un tal Miguel Ángel Cabanas, que se presentó como dueño, mostrando un contrato privado suscrito entre él y los herederos del casero ya fallecido, Ricardo Díaz-Guerra. Cuando yo le dije que soy un inquilino y que me acojo a la Ley de Arrendamientos Urbanos, él me contestó que ellos actúan al margen de la ley de arrendamientos, que nos van a ofrecer la casa en venta y que si queremos que la compremos y que si no, ya podemos atenernos a las consecuencias, y añadió: ”Somos un grupo de empresas muy amplio, con un equipo jurídico que sabe muy bien lo que se hace“, y pobrecito de mí. Repitió que ellos tenían que obtener el dinero que habían invertido y que existen muchos sistemas para conseguirlo”.

En aquella visita, Cirilo fue testigo del revuelo desatado en la oficina de la calle Gaztambide, con la llegada de un famoso personaje, al que anunciaron con una exclamación aduladora: “¡Ha llegado el Príncipe Azul!”. Se trataba de Francis, en cuyas tarjetas de visita constaba: “Francisco Franco. Director financiero”.

El abogado Juan Giménez, experto en temas de arrendamiento, demandó a Francis y a los herederos del difunto Ricardo Díaz-Guerra.

“Nosotros –explicó este letrado– nos fuimos a por nuestra demandita contra todos los que figuraban como vendedores, si bien en la escritura aparece Eduardo Santiago Fernández como vendedor y Francisco Franco Martínez-Bordiú como comprador. El vendedor, como consejero delegado de Alrevisa, comparece a la venta con un poder de los caseros, autorizado ante notario el 24 de octubre de 1986. Vende en virtud de ese poder. La sorpresa llegó cuando la procuradora de los caseros dice en su escrito que ”el presente apoderamiento se otorga por el paso de tres años“. Es decir, estaba caducado el 23 de octubre de 1989, cuando se formalizaron ante notario las escrituras de venta a Francisco Franco. Carecía de valor”.

Los diez herederos de Ricardo Díaz-Guerra no pudieron ocultar su estupor. Su representante, la procuradora Beatriz Ruano Casanova, lo manifestaba el 25 de septiembre de 1990 en su contestación a la demanda: “La sorpresa de nuestros representados ha sido al leer la escritura, que está fechada el 31 de mayo actual, manifestando que hace uso de un poder de 24 de octubre de 1986, autorizado por notario y afirma vigente, no obstante es nulo y sin ningún valor ni efecto desde el 23 de octubre del año pasado, por caducidad y por incumplimiento de los pagos condicionantes del poder, con que se les había avisado a la notaría, produciéndose una falsedad de documento público que el juzgado deberá valorar”.

De este modo, todos los pisos vendidos después de ese día en el número 6 de la calle Casto Plasencia, incluidos los de Cirilo García y Manuela Gómez, se realizaron ilegalmente. “De los treinta y seis inquilinos –relata el primero– quedamos seis o siete sin comprar. Todas las casas las han vendido con un poder caducado y, por lo tanto, falso”. Mal se habían puesto las cosas para el último negocio de Francis Franco.

El 14 de septiembre de 1990, en una providencia fechada dos días antes, el juzgado explicaba: “En cuanto a los emplazamientos de los demandados don Ricardo Pérez Manzano y ”Montecopel“, que también han sido devueltos sin practicar, manifestándose que son desconocidos en los domicilios aportados en el escrito de la demanda”.

Ante el “paradero desconocido” de Montecopel S.A. el letrado Juan Jiménez tomó cartas en el asunto y remitió al Juzgado un escrito en el que decía: “En el número 8 de la calle Hermanos Bécquer, figura el teléfono 563-06-82, y como titular Bordiú C. Martínez. Médico. Llamando a dicho teléfono, y preguntando por Montecopel S.A., una voz masculina contesta que, efectivamente, el teléfono corresponde a Montecopel. Al manifestar que la llamada obedece a un negocio inmobiliario, la misma persona indica que se debe dirigir a los teléfonos 54930-69 o 243-50-00, y preguntar por el señor Gasco, negándose a facilitar la dirección de dichos teléfonos”.

No eran otros que los números de la empresa Alrevisa, donde Francis Franco ejercía como director financiero.

Tras la disolución de las sociedades anónimas netamente instrumentales, como Ursaria o Comercial Flores, a finales de los años ochenta emergía Montecopel S.A. como la hasta entonces última compañía familiar, constituida el 11 de mayo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y con su sede social en el domicilio particular de los Franco. Su objeto es el de siempre: “la adquisición, explotación, enajenación y gravamen por cualquier título de toda clase de bienes inmuebles, muebles y títulos valores; la urbanización y construcción en general; la constitución de sociedades con objeto análogo al indicado y todo aquello que sea antecedente o consecuencia de lo anterior”.

Dividido en mil acciones, su capital inicial ascendió a un millón de pesetas. En vez de un consejo, la compañía es dirigida por un administrador único: Francis Franco, y según el registro mercantil, estaba constituida por “los excelentísimos señores don Cristóbal Martínez-Bordiú y su esposa, doña Carmen Franco Polo [que actuó también en representación de su tía Isabel Polo Martínez-Valdés]; doña María Suelves Figueroa, casada en régimen de separación de bienes (...) y don Francisco Franco Martínez-Bordiú”. De las acciones, la duquesa de Franco suscribe 800; Isabel Polo Martínez Valdés, 199 y María Suelves la última acción.

Muy bien debieron marchar los negocios para Montecopel, porque el 17 de julio de 1989, apenas dos meses después de su constitución, el capital de la empresa experimentó un incremento espectacular. El inicial millón de pesetas se transformó en trescientos millones; de los cuales 239 correspondían a las acciones de Carmen Franco, 59 millones y medio eran suscritos por Isabel Polo y la única acción de María Suelves, con poderes dentro de la empresa para comprar y vender, alcanzaba las 299.000 pesetas.

Una cuestión de honor

El 5 de marzo de 1996, el juzgado de Primera Instancia número 26 de lo Civil, de Madrid, dictó su sentencia 154. Francis Franco había promovido una demanda por intromisión ilegítima en su honor contra cinco periodistas de la revista Tiempo, entre ellos el autor de este libro, por cinco reportajes sobre su persona publicados por este semanario entre el 22 de febrero de 1988 y el 17 de diciembre de 1990.

En esencia, según recoge la sentencia en su punto cuarto, Francis Franco negaba que le fueran revocados los poderes como administrador de Valdefuentes por el fracaso de su gestión; que autorizara el rodaje de películas eróticas y de terror en la iglesia construida en la finca; que existieran diversas querellas contra él en Chile y un procedimiento por la apropiación de un pagaré que provocó la reclamación de la Interpol. Negó también la condena por caza furtiva en los Montes Universales y su intervención en negocios de tiburoneo inmobiliario.

Por todas estas informaciones, el Señor de Meirás reclamaba una indemnización de diez millones de pesetas. Era el precio que ponía a su honor supuestamente vulnerado. La sentencia dejó probado lo contrario.

“No cabe declarar –dictaminó el magistrado juez titular Alberto Arribas Fernández– que la información difundida por los demandados, y especialmente por don Mariano Sánchez Soler, constituya una intromisión ilegítima en el derecho al honor del actor [Francisco Franco Martínez-Bordiú] en cuanto que la misma es veraz, dado que de la prueba practicada ha resultado acreditado que el actor está o ha estado incurso en diversos procedimientos judiciales ante los órganos jurisdiccionales chilenos, habiéndose formulado por numerosas personas contra él y otros sujetos diversas querellas por estafa y así consta en el documento acompañado a la contestación a la demanda del Sr. Sánchez Soler, pretendiéndose la acumulación de las diversas querellas presentadas contra los querellados, habiéndose visto igualmente implicado en otros procedimientos penales, también de índole económica”.

Las actividades de Francis Franco entraban así en el dictamen judicial.

“Por lo que respecta a la condena por un hecho de caza –añade la sentencia–, el propio demandado reconoce en confesión judicial que fue condenado por caza furtiva, careciendo de trascendencia, a estos efectos, el lugar en que pudiera cometerse el delito o falta. Así mismo resulta acreditado que al actor le fueron revocados los poderes conferidos para administrar la sociedad Explotación de Valdefuentes S.A.”.

Una tras otra, la verdad judicial se imponía a los deseos pecuniarios del demandante.

Y el magistrado concluyó: “En definitiva, como indica la sentencia del Tribunal Constitucional 176/95, de 11 de diciembre, siendo el denominador común de todos los ataques o intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección del derecho al honor, el desmerecimiento en la consideración ajena (artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982) como consecuencia de expresiones proferidas en descrédito o menosprecio de alguien, o que sean tenidas en el concepto público por afrentosas, no cabe imputar tal calificación a la información objeto de autos en los términos expuestos a lo largo de esta resolución, lo que determina la desestimación de la demanda”.

Lejos de cobrar los diez millones de pesetas reclamados, Francis Franco fue condenado a pagar las costas procesales, mientras su demanda por un honor supuestamente mancillado fue desestimada. Un honor otrora incuestionable, por cierto. Con la democracia, el rostro industrial de los Franco no deja de poseer unos rasgos plenos de ironía. La familia más poderosa de España bajo la dictadura, ejemplo para varias generaciones, se dedicaba ahora a invertir sus capitales en la especulación inmobiliaria: Ninguna grandeza de aquella familia hidalga de Raza que Franco soñó capitanear contra los “duros embates del materialismo”. Y en el entramado empresarial de los nietos del general, Francis Franco iba a ser el timonel, aunque en igualdad de condiciones con sus hermanos en cuanto a la herencia.

Propiedades y empresas después de Carmen Franco

El 29 de diciembre de 2017 falleció Carmen Franco Polo a los 91 años, víctima del cáncer. “Aquí estoy, –declaró un mes antes de morir– dispuesta a recibir aquello que venga, sin lágrimas; no tengo miedo a nada ni siquiera a la muerte. La he visto de cerca muchas veces y la conozco perfectamente. No le tengo miedo, no me quedaré quieta. Reivindico mi nombre porque no quiero ser juzgada por la vida de los demás, ni la de mis padres, ni la de mi marido, ni la de mis hijos.”

Cuando la única descendiente del dictador comenzó a tener problemas de salud, el experimentado Francis tomó las riendas que su madre había sabido llevar en solitario tras la desaparición del marqués de Villaverde. Llegaba el momento de repartirse la herencia, hacerse cargo de su emporio inmobiliario y gestionar las compañías, a cuyos consejos de administración accedieron los siete nietos.

Con respecto al patrimonio inmobiliario, a nombre de Carmen Franco Polo se constataron cuatro propiedades en Madrid (apartamentos y plazas de garaje en La Castellana), una en Jimena de la Frontera (Cádiz), un olivar heredado en Guadalajara, una vivienda comprada en La Granja de San Ildefonso (Se218. Citada por Bea Téllez de Meneses, en Vozpópuli, 20 de noviembre de 2017, extraída de una biografía escrita por Nieves Herrero. govia), una veintena de propiedades en los alrededores de Oviedo logradas por donación y “no coordinadas con el Catastro”, como obliga la ley desde 2015.

También está la finca de La Piniella, en Llanera (Asturias), heredad de la familia Polo que han puesto en venta al precio de cinco millones de euros, y las grandes posesiones de la familia –de las que ya hemos hablado en este libro–, cuyo valor real en el mercado es muy difícil de tasar: Valdefuentes, el edificio de la calle Hermanos Bécquer, el Pazo de Meirás (por el que los herederos han pedido ocho millones de euros) y el palacete de Cornide, sin olvidar la casa natal de Franco en Ferrol.

Hasta su fallecimiento, Carmen Franco ocupó veintiún puestos en consejos de administración, mientras Francis estaba en veinte y el resto de sus hijos se dispersaban en más de una veintena de compañías, algunas de ellas instrumentales, con poca actividad y sin empleados apenas. Es el laberinto societario de los Franco, con un peso determinante del sector inmobiliario, y con la dificultad añadida de que los Franco, en un momento decidieron no constar formalmente en consejos de administración, y dieron la titularidad de algunas compañías a socios o testaferros. Un obstáculo más. Con todo, rastreando el Registro Mercantil, podría estimarse que el capital desembolsado por las sociedades mercantiles vinculadas a la familia Franco, en la actualidad, gira en torno a los 50 millones de euros (más de 8.000 millones de las antiguas pesetas).

Durante los últimos años, y cuando menos se esperaba, la compleja realidad de las finanzas colocó el apellido Franco en los titulares de prensa. Así ocurrió en 2012, cuando la amnistía fiscal ideada por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy, desveló que Francis Franco había regularizado 7,5 millones de euros que tenía en los Estados Unidos, por un negocio a través de su empresa Montecopel. La segunda vez fue en 2016, cuando estalló el escándalo de “los Papeles de Panamá” (el ocultamiento de propiedades y ganancias, y la evasión de impuestos por parte de empresas y grandes personalidades internacionales, a través del despacho de abogados Mossack Fonseca).

Entonces se supo que, mientras se beneficiaba de la amnistía fiscal de Montoro, el 1 de junio de aquel 2012, Francisco Franco Suelves y su hermano Juan José, hijos de Francis Franco, habían firmado como directores generales de dos sociedades ubicadas en el paraíso fiscal de Isla Tórtola (Islas Vírgenes Británicas): Malini Investment Limited (activa desde 1997 hasta 2013) y Vamfield Alliance Limited (activa desde 2007 hasta 2013). Los dos bisnietos de Franco entregaron sus pasaportes y los documentos firmados al despacho de Mossack Fonseca. Cuando estalló el gran escándalo financiero, los dos “directores generales” declararon que no sabían nada del asunto. “Es un tema antiguo y todo está regularizado –salió al paso Francis Franco–. No es tan tremendo tener sociedades en Panamá.”

Después de la muerte de Carmen Franco, la actividad empresarial de los siete nietos del dictador en España se distribuye en una treintena de compañías. De ellas, Sargo Consulting y Fiolasa, ambas con su sede en el domicilio de la calle Hermanos Bécquer número 8, constituyen el epicentro de los negocios familiares.

Sargo Consulting S.L. es una financiera creada el 11 de noviembre de 2002, por Carmen Franco, propietaria del cien por cien de las acciones. Esta empresa, dedicada al “asesoramiento e información para personas físicas o jurídicas”, con participación en otras compañías, como Aparcamientos Atocha, Caspe, Proazca y FR Promociones del Suroeste (en esta última empresa constructora, hasta su quiebra del 11 de mayo de 2016). Tras la muerte de Carmen Franco, sus siete hijos entraron en el consejo de administración, que pasó a ser presidido por María Aranzazu Martínez-Bordiú. Según el último registro de 2017, su capital activo es de 17.679.993 euros, su patrimonio neto de 15.993.484 euros, y cuenta con 45.000 clientes.

Fiolasa S.L.U. es una inmobiliaria constituida en 2002 por Carmen Franco, cuyo objeto social es “adquirir, enajenar o transmitir en cualquier otra forma, disfrutar, tener, aprovechar, arrendar, ceder en arrendamiento a terceros, explotar, administrar, gestionar, comercializar”. En 2017 poseía un capital activo de 20.562.899 euros, un patrimonio neto de 20.521.510 euros y una cartera de 30.343 clientes. El 7 de febrero de 2018, se constituyó el nuevo consejo de administración de la empresa, con José Cristóbal Martínez-Bordiú en la presidencia y sus seis hermanos como consejeros y apoderados.

Los nietos de Franco desarrollaban una intensa actividad mercantil. El hombre de negocios más avezado, Francis, ocupaba, en el momento de escribir este libro, quince puestos en empresas, muy lejos de sus hermanos. Aparcamientos, inmobiliarias, consultorías... Presidente y consejero delegado de Estacionamientos Urme S.A. (capital: un millón de euros); de Aparcamientos Atocha, 70 (capital: cuatro millones de euros), de la cosechera Arroyo de la Moraleja S.L., con sus hermanos Mariola y José Cristóbal como socios y un capital de 8,3 millones de euros; de Proazca S.A. hasta que le sucedió su hermano Jaime, empresa dedicada a la compraventa de aparcamientos, constituida por sus padres en 1991, con un capital entonces de 200 millones de pesetas y que fue absorbida por Estacionamientos Urme S.A. en diciembre de 2017.

Francis es también el administrador único de un enjambre de empresas: Pristina S.L (capital: 18,4 millones de euros, patrimonio: 13,7 millones), Montecopel S.A. (17 millones de euros), la importadora Premohi S.L., las consultorías Tabacmesa S.L. y Goldfinger Investment & Technology S.L.; administrador mancomunado de Comerzia Soluciones Integrales de Comercio Electrónico (capital: 16 millones de euros, patrimonio neto: 10,3 millones), del Centro Médico Láser Pío XII, S.L., de Bejar 2001 S.L., de Caspe 99 S.L.; y director ejecutivo de su gran pasión: la compañía Huntser, que organiza cacerías a escala internacional en su finca “Villaverde”, de Aranda del Moncayo (Zaragoza).

La discreta Mariola, además de Arroyo de la Moraleja y la herencia familiar, es consejera de la inmobiliaria CM 16 S.L., presidida por uno de sus hijos (capital: 27,8 millones de euros; patrimonio neto: 9,9 millones) y administradora única de Domarma S.L.

Merry es administradora única de MarletMakai S.L, una inmobiliaria que tiene a su hermana María Aranzazu como apoderada (capital: 4,5 millones de euros). Además, la nieta menor de Franco es administradora única de Borna 27 S.L.

Antes de presidir Fiolasa S.L.U., José Cristóbal gestionó las empresas de publicidad Joran Comunicación y Joran Producciones S.L., así como la inmobiliaria Renval Inversiones S.L., con sede en la finca de Valdefuentes y con un capital social de 3 millones de euros.

El menor de los hermanos, el abogado Jaime, es administrador único de compañías dedicadas al arrendamiento de inmuebles (Abanco 98 S.L.), al sector inmobiliario (Cronical Business S.L., Mardiu Business S.L, y MGO Consulting) y a servicios de asesoramiento e información económica y financiera (Francoveda S.L.), antes de pasar a presidir –como ya se ha señalado– Proazca S.L., una de las empresas más importantes de la familia.

En cuanto a Carmen Martínez-Bordiú, hay poco que decir. Como ella misma ha confesado más de una vez lo suyo no son los negocios. Apenas aparece como administradora y socia única en dos pequeñas empresas: la minorista Cazalla 18 de Junio S.L. y Ocnarf S.L.

La herencia empresarial de Carmen Franco ha cambiado, sin duda, el futuro de todos sus hijos.

Las víctimas de la violencia de origen institucional fueron silenciadas, pero los muertos y los heridos constituyen el auténtico precio de la Transición y si caen en el olvido pueden morir por segunda vez

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Francisco Franco siempre tuvo muy claro que el bolsillo y la patria iban indefectiblemente unidos; que, mientras los asuntos de cartera marcharan bien, sus seguidores no conspirarían contra él. Durante casi medio siglo, una clase social “franquista” logró beneficios portentosos gracias a que supo encubrir sus negocios bajo el proteccionismo del poder. Tras su muerte, con el objetivo de implantar la monarquía parlamentaria (que todo cambiara para que todo siguiera igual, al estilo Lampedusa) se llegó a un acuerdo no escrito. “El consenso fue una manera de imponer límites y silencios al debate nacional”, explicó el exministro ucedista y popular Rafael Arias-Salgado a la revista Cuenta y Razón, en diciembre de 1988. Desde las filas socialistas, Raúl Morodo también teorizó en ese sentido: “Dentro de todo proceso de transición, si quiere ser pacífico, la simulación forma parte del consenso”. Este ha sido, pues, uno de los precios reconocidos de la democracia española que nadie ha querido saldar.  

Culminada “la simulación”, resultaba sencillo reescribir los hechos y revisarlos a la carta. Uno de los más diestros revisionistas ha sido Rodolfo Martín Villa, ministro ‘azul’ de UCD, alto cargo desde sus tiempos del SEU falangista y posterior presidente de un importante grupo mediático. En vísperas de las elecciones generales del 82, declaró: “Franco deja al morirse un estado bastante débil y, sin embargo, una sociedad bastante fortalecida. Cuestión en la que, quizá, teníamos más fe los que habíamos colaborado en el sistema político anterior”. 

El pasado franquista fue silenciado, desdramatizado por sus protagonistas con la excusa de que así se superaría la Guerra Civil y el abismo de las ‘dos Españas’. Los opositores a la dictadura franquista debían aceptar este requisito de los vencedores si querían participar en el juego democrático. Y así lo hicieron. Tuvieron que pasar dos décadas, y la ruptura de este consenso durante los años de la crispación contra el gobierno de Felipe González, para que el dirigente socialista José María Benegas recordara con irritación: “La única ley de punto final la hicimos en octubre de 1977 los demócratas para los franquistas; en ese año decidimos no pedir ninguna responsabilidad referida a los 40 años de la dictadura, para intentar de una vez por todas la reconciliación”. 

Consenso, simulación, ley del punto final… En ese contexto, desde la muerte del dictador hasta la victoria electoral socialista de 1982, España vivió su Transición de sobresalto en sobresalto, pero sin perder de vista la calle, las movilizaciones políticas, la resistencia de sectores de la población que trataban de impedir que se cumpliera el axioma lampedusiano. Para desactivar todo aquello, se utilizó la represión policial y la violencia callejera, el ruido de sables en los cuarteles y la acción de grupos de “incontrolados” amparados en tramas negras policiales. 

La estrategia de la pulga

En 1980, cuando la Transición parecía tambalearse, Manuel Vázquez Montalbán nos contaba una fábula que era una metáfora de cuanto ocurría. Un día –relataba– se reunieron los animales de la selva para discutir cuál de ellos era el más sangriento. Al principio todos dijeron que el león, pero conforme fue avanzando el debate, comenzó a abrirse paso la candidatura de la pulga con este argumento: el león derrama toda la sangre de un zarpazo, pero la pulga la vierte gota a gota. Era la dialéctica complementaria entre la amenaza del golpismo, en pleno apogeo en los cuarteles y los asesinatos terroristas de todo signo que pretendían detener los avances de la izquierda y/o tumbar la democracia en ciernes. 

En la estrategia de la pulga, el uso consciente de la violencia con objetivos políticos (que no siempre era deliberado o premeditado) estuvo presente durante la Transición entre 1975 y 1982, y fue la gran amenaza para el proceso diseñado por los dirigentes políticos del posfranquismo, que hicieron del control del orden público la base del consenso. 

Porque, aparte del terrorismo etarra, en España se desplegó una violencia política de origen institucional para mantener el poder y el orden, y fue organizada, inspirada, consentida, e instrumentalizada, desde instituciones del Estado a dos niveles: 1) Desde el corazón del aparato de Estado, a través de estamentos y funcionarios en activo de la Administración: policías, ejército, judicatura… Y 2) Desde instituciones legales reglamentadas y/o subvencionadas por el Estado: asociaciones inscritas en los registros oficiales, entidades y partidos políticos legales. Esta violencia institucional fue usada para frenar los avances rupturistas democráticos, imponer el pacto, aplacar a las izquierdas emergentes, desmovilizar a las masas reivindicativas y conseguir el tránsito hasta la democracia con el menor coste económico y político posible para la clase dirigente. 

La forma peculiar en que se realizó esta transición impidió que el nuevo régimen rompiera totalmente con sus orígenes. La Administración Pública, el aparato judicial, el Ejército, la Policía y la empresa pública apenas sufrieron transformaciones. 

Para conseguir sus objetivos, la Transición contó con dos instrumentos jurídicos destacados: la Audiencia Nacional y la Amnistía (administrada mediante un decreto y un decreto–ley). La Audiencia Nacional fue el órgano judicial que aplicó la Ley de Amnistía de 1977; del mismo modo que su antecesor, el Tribunal de Orden Público, fue el encargado de aplicar los indultos y el decreto Ley de Amnistía de 1976. 

La inteligencia contra la dictadura

Triunfo nació como una revista de espectáculos, pero pronto empezaron a escribir en ella los intelectuales demócratas más influyentes. Sufrió los embates de la censura, apostó por la libertad y de alguna manera fue víctima de ella: dejó de publicarse en 1982. Esta portada refleja el horror ante los asesinatos fascistas de la semana trágica de enero de 1977. La colección de Triunfo se puede consultar en https://www.triunfodigital.com

De facto, la verdad judicial emanada de la Audiencia Nacional se convirtió en verdad oficial asumida sentencia tras sentencia. En este sentido, la Audiencia Nacional fue un instrumento crucial para el desmantelamiento de los sectores más violentos del antiguo aparato franquista y para juzgar las acciones terroristas “desestabilizadoras”. Sus planteamientos jurídicos tuvieron consecuencias políticas directas en la evolución de la Transición. Se denominó “grupos incontrolados de extrema derecha” a los procesados. Se les clasificó como “no adscritos”. Se aplicó una sistemática individualización de las causas. Y todos los crímenes fueron jurídicamente obra de “grupos armados” creados y compuestos exclusivamente por los miembros juzgados. Con estos planteamientos jurídicos se desactivaba la posibilidad de investigar las conexiones de las tramas involucionistas y la implicación de partidos políticos ultraderechistas legales a los que pertenecían los terroristas detenidos.

Consecuente con esta doctrina, la Audiencia Nacional juzgó los crímenes como “acciones violentas aisladas” realizadas por activistas que obraron por su cuenta; que acudieron armados a manifestaciones como guerrilleros de Cristo Rey; que realizaron ataques en un momento de disgusto por la situación política (asalto al bar San Bao y apuñalamiento de Arturo Pajuelo, ambos en Madrid; la bomba contra el pub El Largo Adiós, de Valladolid...), o que desencadenaron agresiones indiscriminadas despojados de objetivos políticos (en el caso Miguel Grau, juzgado en la Audiencia Provincial de Alicante, se aplicó este criterio; también en los asesinatos de Jorge Caballero, de Andrés García, de Vicente Cuervo...). La actuación criminal directa de policías y funcionarios de Prisiones en los casos Arregui, Agustín Rueda y Herrera de la Mancha, se produjo con la cobertura de sus departamentos y con la participación masiva de funcionarios.

Los casos más relevantes

Además de la matanza de los abogados de Atocha en 1977 y del asesinato de Yolanda González en 1980, a los que nos referiremos más adelante, estos son algunos de los casos más relevantes juzgados y sentenciados por la Audiencia Nacional siguiendo esta doctrina:

Arturo Ruiz. El domingo, 23 de enero de 1977 estaba convocada una manifestación, prohibida por el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, y que el gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, se disponía a impedir. A las doce del mediodía, el joven estudiante Arturo Ruiz García cayó asesinado bajo los disparos de un guerrillero de Cristo Rey. Fue la primera víctima la Semana Trágica de la Transición, que culminaría con la matanza de Atocha. El crimen fue reivindicado por la Triple A; sus autores estaban vinculados a Fuerza Nueva y mantenían relaciones (según su propia confesión) con los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil. Jorge Cesarsky Goldstein, de 49 años, terminó condenado a cinco años y seis meses de prisión por un delito de terrorismo y a seis meses por tenencia de armas. Fuera del proceso quedó el autor material de los disparos: José Ignacio Fernández Guaza, declarado en rebeldía y en paradero desconocido desde entonces.

La bomba contra El Papus. El 20 de septiembre de 1977 estalló un maletín-bomba en la redacción de la revista satírica El Papus, de Barcelona, que mató al conserje Juan Peñalver Sandoval e hirió a otras 13 personas. La autoría fue reivindicada por la Triple A y sus autores pertenecían a la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco y a una organización ilegal denominada Juventud Española en Pie (JEP). Durante la investigación, la policía acabó deteniendo a 13 miembros de la Guardia de Franco: José Manuel Macías González, Isidro Carmona Díaz Crespo, Miguel Gómez Benet, Juan José Bosch Tapies, los hermanos Juan Carlos y Javier Pinilla, Francisco Moreno González, Francisco Abadal Esponera, Ángel Blanco Férriz, José María Rico Cros, José López Rodríguez, José Agustín Borrás y Gil Casoliva Careta. Todos ellos, viejos conocidos de la policía barcelonesa implicados en numerosos actos violentos.

Agustín Rueda. El 13 de marzo de 1978, el anarquista Agustín Rueda Sierra fue apaleado y muerto por numerosos funcionarios de la prisión de Carabanchel (Madrid), durante una acción de castigo por el descubrimiento de un túnel, en la que ocho reclusos fueron torturados bajo órdenes del director de la prisión, el jefe de Servicios y el subdirector.

El Batallón Vasco-Español de Iturbide y Zabala. De todas las siglas utilizadas en la guerra sucia contra ETA, la más usual fue la del Batallón Vasco-Español (BVE). Numerosos comandos de mercenarios y ultraderechistas reivindicaron sus atentados y crímenes en nombre del BVE, con acciones financiadas por los servicios de información del Estado. Ni siquiera esta circunstancia explica cómo es posible que dos personajes cómo Ladislao Zabala e Ignacio Iturbide, pudieran realizar sus acciones criminales a lo largo de dos años de una manera tan “doméstica” y chapucera, con las mismas armas, y que jamás fueran detenidos por la policía. Desde febrero de 1979 hasta marzo de 1981, el comando estable de Zabala e Iturbide cometió siete asesinatos y numerosos atentados. 

La bomba contra El País. Desde el 8 de abril de 1978 hasta el 26 de julio de 1981, un comando actuó impunemente al principio en nombre de la Triple A y después del Batallón Vasco-Español. Eran exmilitantes de Fuerza Nueva, que se vincularon al Frente de la Juventud y crearon una banda especializada en el envío de paquetes-bomba (Club de Amigos de la Unesco, Boletín Oficial del Estado…), liderada por Ramiro Alejandro Rodríguez-Borlado Zapata, de 22 años, y Rafael Alfredo Gómez Álvarez, de 20 años. El paquete-bomba que enviaron a la redacción del diario El País llegó en la mañana del 30 de octubre de 1978, fue recibido por el conserje Carlos Barranco Armenteros, quien advirtió la existencia de unos cables y lo comunicó a su compañero, José Andrés Fraguas Fernández. Ambos decidieron no tocar el paquete y avisar al jefe de conserjería, Juan Antonio Sampedro Sánchez, de 34 años, quien no le concedió importancia y lo abrió. El artefacto explotó y José Andrés Fraguas, de 19 años, falleció. Juan Antonio Sampedro y Carlos Barranco, quedaron gravemente heridos. 

Ejército Español de Liberación. Desde septiembre de 1979 hasta febrero de 1980, en Barcelona, un comando de extrema derecha formado por activistas de Fuerza Nueva y agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Civil realizaron atentados, incendios y robos reivindicados primero por la Triple A y después por el Ejército Español de Liberación (EEL). Manuel Reinero Banda, hijo y hermano de guardias civiles, organizó su pequeño ejército y actuó en la frontera entre la delincuencia común y la política. 

El Largo Adiós. En la noche del día de Reyes de 1981, los estudiantes menores de edad Francisco José García Ruiz, Luis Alfonso Esteban Rebollo y Alfonso Milans del Bosch y Jordán de Urries, realizaron una “operación de castigo” contra el pub El Largo Adiós, de Valladolid. Aunque el artefacto incendiario no llegó a estallar, de los tres disparos que hicieron en el interior del bar, dos alcanzaron al estudiante Jorge Ignacio Simón Escribano; una de las balas le rozó el cuero cabelludo y la otra le produjo una paraplejia irreversible con perdida funcional de movimientos en la pierna derecha.

Como revelo en mi libro ‘La transición sangrienta’, en apenas ocho años la Transición se cobró más de 2.663 víctimas por violencia política entre muertos y heridos hospitalizados. De estas 2.663 víctimas, un total de 591 personas perdieron la vida. De ellas, 188 murieron en actos de violencia política de origen institucional y 403 víctimas del terrorismo nacionalista y de extrema izquierda. En cuanto a los heridos, según los únicos datos disponibles del ministerio del Interior más de 1.000 fueron víctimas de los terrorismos de izquierdas y nacionalistas (ETA, GRAPO, FRAP y otros), y un total de 1.072 heridos fueron víctimas de la violencia desencadenada por la represión policial y las denominadas “tramas negras”.

Como ejemplo significativo de la gran represión policial aplicada de manera sistemática, en la Memoria de 1978, el Fiscal del Reino desvela que durante 1977 se efectuaron un total 2.402 acciones represivas de las Fuerzas de orden Público, con 4.394 detenidos que pasaron a disposición judicial de la Audiencia Nacional. Evidentemente, el Fiscal General dejó de publicar esta estadística.

Violencia de origen institucional

El aparato de Estado y las instituciones reglamentadas se funden y se combinan en la comisión de los actos de violencia. Estas relaciones fueron claras en el caso que significó un punto de inflexión en la Transición: la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, organizada por funcionarios del Sindicato de Transportes y por militantes de Fuerza Nueva, y relacionada con miembros de la Brigada de Información (antigua Brigada Político-Social, la policía política del franquismo). Esta combinación quedó patente antes en el caso Montejurra 76, en el que participaron neofascistas italianos, ultras españoles, incluso el exministro franquista Antonio María de Oriol y altos cargos del ministerio de Gobernación de Manuel Fraga Iribarne, en esas fechas de viaje en el extranjero. 

Por sus características, los dos crímenes cambiaron la dinámica de los acontecimientos posteriores. El domingo, 9 de mayo de 1976, durante el ascenso anual de los carlistas a la cima de Montejurra (Estella), el excomandante del Ejército de Tierra, José Luis Marín García Verde, seguidor del carlista ultra Sixto de Borbón y miembro de Comunión Tradicionalista, mató de un disparo a Aniano Jiménez Santos, miembro de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). También murió el joven Ricardo García Pellejero, ametrallado en la cima del monte por disparos de Francisco Carreras García Mauriño. Otras cuatro personas quedaron heridas de bala. Entre los agresores armados fueron identificados y fotografiados neofascistas italianos, Guerrilleros de Cristo Rey, miembros de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, carlistas ultras de Comunión Tradicionalista, y mercenarios como Jean Pierre Cherid. En la Navidad de 1976, en vísperas de la supresión del Tribunal de Orden Público, los únicos tres procesados en el sumario abierto por homicidio, lesiones, daños y desórdenes, fueron puestos en libertad provisional bajo fianza. Meses más tarde, se les aplicó el Decreto–Ley de amnistía y quedaron en libertad total.

En la tarde del lunes, 24 de enero de 1977, en Madrid, un comando de pistoleros ultras asaltó un bufete de la calle Atocha número 55 y asesinó a tiros a cinco abogados laboralistas. Además dejó a otros cuatro heridos graves. Murieron: Francisco Javier Sahuquillo Pérez del Arco, Javier Benavides Orgaz, Serafín Holgado de Antonio, Ángel Elías Rodríguez Leal y Enrique Valdelvira Ibáñez. Los heridos fueron: Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, Miguel Sarabia Gil, Luis Ramos Pardo y María Dolores González Ruiz. Los autores estaban adscritos a Fuerza Nueva, Falange Española y de las JONS, la Hermandad de la Guardia de Franco y el Sindicato de Transportes de Madrid. Algunos de ellos también colaboraban con la Brigada Político-Social de la Policía. La Triple A reivindicó el atentado. Tres años más tarde, el 29 de febrero de 1980, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó por los asesinatos a cinco ultraderechistas: Francisco Albadalejo Corredera, funcionario, secretario del Sindicato de Transportes y Comunicaciones de Madrid; José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá, Gloria Herguedas Herrando y Leocadio Jiménez Caravaca.

Ya con la Constitución vigente, en el caso del secuestro y asesinato de Yolanda González, esta combinación de funcionarios, policías y “tramas negras” ultraderechistas quedó demostrada judicialmente con la condena del jefe nacional de Fuerza Nueva, David Martínez Loza, y la intervención en distintos grados de un Policía Nacional, condenado por encubrimiento (Juan Carlos Rodas Crespo) y por un miembro de la Guardia Civil. El 2 de febrero de 1980, la dirigente estudiantil Yolanda González Martín, de 19 años, fue secuestrada y asesinada por un comando compuesto por militantes de Fuerza Nueva (Emilio Hellín Moro, Ignacio Abad Valavázquez, Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto Díaz), y organizado por el jefe de seguridad del partido de Blas Piñar. Yolanda procedía de las Juventudes Socialistas de Vizcaya, estaba afiliada a Comisiones Obreras como trabajadora de la limpieza, y era militante del Partido Socialista de los Trabajadores, una escisión del PSOE. En el instituto de formación profesional de Vallecas estudiaba primero de electrónica. El comando dirigido por Emilio Hellín Moro la asesinó y dejó su cuerpo tirado en una carretera comarcal. Le quitó la vida con un tiro en la sien disparado por este ingeniero electrónico que hoy vive plácidamente en Murcia, a pesar de haber sido condenado a más de 30 años. ¿El motivo del crimen? Yolanda era una de las dirigentes de la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media y Formación Profesional que organizaba las movilizaciones en Madrid contra las leyes educativas del gobierno de la UCD.

Con Yolanda quiero recordar los rostros de algunas de aquellos jóvenes a quienes arrebataron la vida comandos de supuestos “incontrolados” o la represión policial. Hoy estarían entre nosotros. Eran estudiantes (Carlos González, Arturo Ruiz, Mari Luz Nájera, José Luis Alcazo, Jorge Caballero, Andrés García…), jóvenes trabajadores (Teófilo del Valle, Vicente Cuervo, Arturo Pajuelo, Miquel Grau, José Manuel García Caparrós…), conserjes (los ya citados de El País y El Papus), un ama de casa (Norma Menchaca)… Mientras se movilizaban por la democracia y la amnistía, muchos de ellos tuvieron la mala suerte de encontrarse con los verdugos. 

Las víctimas de la violencia de origen institucional durante la transición española fueron silenciadas por la propaganda oficial, y no se les reconoció como víctimas del terrorismo hasta el 2005. Los muertos y los heridos están aquí y constituyen el auténtico precio de la Transición. Forman parte de la verdad y, como víctimas, pueden morir por segunda vez si caen en el olvido.

Dotze anys d’escàndols judicials ho precedeixen, amb alcaldes sempre disposats a jugar al paga o plora, en una versió rància del Halloween urbanístic. Els anteriors del PP, Alperi i Castedo, embrancats en sengles sumaris judicials per les irregularitats de l’afer, el cas Brugal amb les peces separades, l’informe policial de la UDEF per al blanqueig de capitals… Des del principi, la implantació d’Ikea a Rabassa sempre va ser una “pilota” urbanística amb un mascaró de proa: el promotor Enrique Ortiz (amb el seu “Alacant avança” o amb el que siga), amic dels seus amics, amb iot i jet privats si s’escau. I s’hi va escaure. Però aquest ariet urbanitzador sembla que té més poder en el sector del que s’hi suposa.

L’actual alcalde socialista d’Alacant repeteix en públic que la Generalitat està disposada a comprar els terrenys de Rabassa per a “blanquejar-los” –segons les seues paraules– i vendre’ls directament a Ikea i evitar, així, “l’ombra de la corrupció i l’especulació”. Fins i tot reclama que siga el conseller de Transparència, Manuel Alcaraz, qui vigile el tracte. Joc de desorientació en què l’edil ha embarcat el seu secretari general, Ximo Puig, que tant li deu des de les “primàries” que el van entronitzar. L’alcalde Echávarri, fins i tot, s’ha jactat, en Ràdio Alacant, d’una cosa que ningú no li havia demanat: “Jo, precisament, no sóc sospitós d’haver ajudat Enrique Ortiz. Hem impugnat milers de qüestions a Enrique Ortiz. En l’ATE, el Partit Socialista hi va al·legar en contra i hi vaig signar jo com a secretari general. Bé, doncs ha de ser la Generalitat la que compre o no compre”. Milers de qüestions? Per favor.

Sense gaire convenciment, el president Puig ha oferit la seua màxima col·laboració en aquest tema, però la Generalitat no té un xavo, perquè no s’ha solucionat “l’infrafinançament de la Comunitat Valenciana”, i el Consell no tindrà altre remei que tornar a quadrar els pressupostos amb la partida reivindicativa de 1.300 euros. Ajustar els comptes i poca cosa més. Llavors. Qui posarà els diners?

Falta llum i taquígrafs davant de declaracions que només volen capitalitzar políticament l’assumpte. Els fets, però, s’entenen fàcilment. A hores d’ara la iniciativa per a urbanitzar Rabassa la té Ikea, que vol aconseguir els terrenys, potser utilitzant-hi la seua secció immobiliària o un fons “voltor” afí. La multinacional Ikea posa els diners i va desbrossant el camí. Ja ha proposat als petits propietaris dels terrenys que s’unisquen en una agrupació d’interés urbanístic, amb què podran participar directament en l’operació, a què es va donant un vernís públic per a embolicar en cel·lofana el paquet privat. Un d’aquests petits propietaris que s’hi agruparan sens dubte es diu Enrique Ortiz, que –recordem– va desistir de l’ATE (actuació territorial estratègica) a Rabassa per a poder demanar una indemnització de 20 milions d’euros dins del termini legal. Aquest home sempre assegura el tret.

I quin és el paper de la Generalitat i de l’Ajuntament d’Alacant en tot això? Resposta: Facilitar l’operació urbanística agilitzant-ne els tràmits legals, el paperam o el que calga. Ja s’han celebrat reunions a València i s’han fet passos en aquesta direcció. La resta és propaganda.

En quedar totalment desestimada l’ATE als terrenys de Rabassa, després d’haver estat dissolta la unió d’empreses capitanejada per Ortiz, Ximo Puig obri la porta a un altre model de tramitació proposat “per a agilitzar i canalitzar les grans inversions”. La figura de l’ATE serà derogada i, en el seu lloc, s’aprovaran els projectes d’inversió econòmicament sostenibles (PIES), amb què es tornarà el protagonisme als ajuntaments. Es tracta d’un model de tramitació que facilitarà la implantació d’Ikea a Rabassa i altres projectes semblants.

Canviar la llei com un vestit a mida i deixar Enrique Ortiz dins del negoci. Una altra ironia més dels nostres dies.

Doce años de escándalos judiciales le preceden, con alcaldes siempre dispuestos a jugar al truco y trato, en una versión rancia de halloween urbanístico. Los anteriores del PP, Alperi y Castedo, enfrascados en sendos sumarios judiciales por las irregularidades del asunto, el caso Brugal con sus piezas separadas, el informe policial de la UDEF para el blanqueo de capitales… Desde el principio, la implantación de Ikea en Rabassa siempre fue un “pelotazo” urbanístico con un mascarón de proa: el promotor Enrique Ortiz (con su “Alicante Avanza” o con lo que sea), amigo de sus amigos, con yate y jet privado si se tercia. Y se terció. Pero ese ariete urbanizador parece tener más poderío en el sector del que se le supone.

El actual alcalde socialista de Alicante repite en público que la Generalitat está dispuesta a comprar los terrenos de Rabassa para “blanquearlos” –según sus palabras- y vendérselos directamente a Ikea y evitar así “la sombra de la corrupción y la especulación”. Incluso reclama que sea el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, quien vigile el asunto. Juego de despiste en el que el edil ha embarcado a su secretario general, Ximo Puig, que tanto le debe desde las “primarias” que le entronizaron. El alcalde Echávarri incluso se ha jactado, en Radio Alicante, de algo que nadie le había pedido: “Yo, precisamente, no soy sospechoso de haber ayudado a Enrique Ortiz. Le hemos impugnado miles de cuestiones a Enrique Ortiz. En la ATE, el Partido Socialista alegó en contra y firmé yo como secretario general. Bien, pues debe ser la Generalitat la que compre o no compre”. ¿Miles de cuestiones? Por favor.

Sin demasiado convencimiento, el president Puig ha ofrecido su máxima colaboración al respecto, pero la Generalitat está sin un duro, porque no se ha solucionado “la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana”, y el Consell no tendrá más remedio que volver a cuadrar los presupuestos con la partida reivindicativa de 1300 euros. Ajustar las cuentas y poco más. Entonces. ¿Quién va a poner el dinero?

Faltan luz y taquígrafos ante declaraciones que solo pretenden capitalizar políticamente el asunto. Los hechos, sin embargo, son sencillos de entender. En estos momentos, la iniciativa para urbanizar Rabassa la tiene Ikea, que quiere hacerse con los terrenos, quizás utilizando su sección inmobiliaria o un fondo “buitre” afín. La multinacional Ikea pone el dinero y está desbrozando el camino. Ya ha propuesto a los pequeños propietarios de los terrenos que se unan en una Agrupación de Interés Urbanístico, con la que podrán participar directamente en la operación, a la que se está dando un barniz público para envolver en celofán el paquete privado. Uno de esos pequeños propietarios que se agruparán sin duda se llama Enrique Ortiz, quien –recordemos- desistió de la ATE (Actuación Territorial Estratégica) en Rabassa para poder pedir una indemnización de 20 millones de euros dentro del plazo legal. Ese hombre nunca da punzadas sin hilo.

¿Y cuál es el papel de la Generalitat y del Ayuntamiento de Alicante en todo esto? Respuesta: Facilitar la operación urbanística agilizando los trámites legales, el papeleo o lo que haga falta. Ya se han realizado reuniones en Valencia y se han dado pasos en esa dirección. Lo demás es propaganda.

Al quedar totalmente desestimada la ATE en los terrenos de Rabassa, después de haber sido disuelta la unión de empresas capitaneada por Ortiz, Ximo Puig abre la puerta a un nuevo modelo de tramitación propuesto “para agilizar y canalizar las grandes inversiones”. La figura del ATE va a ser derogada, y en su lugar se aprobarán los Proyectos de Inversión Económicamente Sostenibles (PIES), con los que se devolverá el protagonismo a los ayuntamientos. Se trata de un modelo de tramitación que facilitará la implantación de Ikea en Rabassa, y otros proyectos similares.

Cambiar la ley como un traje a medida y dejar a Enrique Ortiz dentro del negocio. Otra ironía más de los tiempos que corren.

La guerra interna s’ha agreujat en acabar l’estiu fins a adquirir una dimensió insuportable. Tan monòtona que, desgraciadament, fa avorrir les pedres. Tot va començar en el minut zero. La inesperiència i una certa “alegria” van posar en marxa la primera campanya de desgast contra la regidora de Joventut, de Guanyar, que va entrar en la política local com si pujara a l’escenari de Clan Cabaret per interpretar un monòleg. Va confondre una xarxa pública amb un whatsapp privat. La pallissa va ser monumental, amb entrada en comitiva i condemna en l’Audiència Nacional incloses. Qui va filtrar aquests comentaris penosos i hi va insuflar aire?

Després, va tocar la tanda a una regidora que donava concessions als seus amiguets i que va confondre la legalitat amb l’ètica. Si vols regenerar la vida política, no es poden fer les coses amb el mateix mètode a què ens tenia acostumats el PP. Ja és una trànsfuga expulsada de Guanyar i del seu partit, però amb capacitat per a bloquejar en els plens allò que li done la gana. L’espectacle ha de continuar! El ressentiment en política és un mal company. Qui va filtrar les dades d’unes contractacions legals, però corrompudes?

A la regidora d’Acció Social, de Guanyar, li van buscar les pessigolles quan encara era candidata. Als papers de presumptes condemnes judicials al seu país d’origen es va sumar la denúncia periodística que deia que havia aprovat un projecte vinculat amb un dels seus assessors. Al final, va arribar el fulletó d’un agermanament amb una ciutat en què la seua pròpia germana n’és vicealcaldessa. Errors i incomprensió del que s’ha de (i es pot) fer? Sobretot, desconeixement del que és i ha de ser, des de l’esquerra, la gestió política en una ciutat on el PP ha fet el que li ha donat la gana durant vint anys. Ací se sap qui va filtrar algunes de les dades en una guerra personal declarada.

També hi ha el tema de les rates filmades en directe. La neteja als carrers d’Alacant està lligada i ben lligada per “la polla insaciable”, que continua tenint aliats ben poderosos en les entranyes consistorials. La ciutat sempre ha estat tan bruta com la Poisonville (la ciutat verinosa) de Dashiell Hammett i el regidor que bonament tracta de netejar-la es troba amb la resistència d’una trama amb capacitat per a posar bastons a les rodes. Qui orquestra i facilita campanyes com la de les rates? Per què l’empresa de neteja es mou com si visquérem a Tombstone? Tercer edil de Guanyar que cal batre.

Totes aquestes gresques “polítiques”, aquest degoteig persistent d’acusacions (mentre destacats exedils populars seuen al banc dels acusats o són acusats per la Fiscalia), acompanyades per les declaracions tèbies de la màxima autoritat local, van calfant motors per al veritable objectiu: batre el vicealcalde Miguel Ángel Pavón, de Guanyar, responsable d’Urbanisme i “bèstia negra” de certs poders fàctics per als quals “la pela és la pela”. Tan simple com això. El seu pecat: tractar de desenvolupar les ordenances municipals, que es garantisca la neteja mediambiental per a la ciutadania, que es complisquen les lleis. Això no és Dodge City, no vivim en una ciutat sense llei, sembla dir. Però potser s’equivoca.

En l’última setmana, dos aldarulls “polítics” mostren el veritable rostre del que passa a Alacant. L’un: durant el lliurament dels premis de la Plataforma Comarcal per la Mobilitat de l’Alacantí unes quantes persones, capitanejades per una edil socialista, van tractar de rebentar l’acte perquè s’hi criticava un dels seus companys d’equip municipal i de partit. L’altre: l’assetjament, amb traveta i insults, contra el vicealcalde Pavón, per un grup d’estibadors del port (uns quants d’afiliats al PSOE), que va tenir una resposta molt tèbia de l’alcalde, tan comprensiu amb els qui el van ajudar a ser candidat del seu partit.

Quina mala sort que ha tingut Alacant. La mediocritat acomodatícia s’ha instal·lat on abans només hi havia deixadesa i corrupcions diverses. Quina llàstima. Potser tot es deu a un problema de qualitat democràtica. O simplement, a la petita maldat en el modus operandi d’algunes personetes a les quals el fum els cega els ulls. Però la reacció química que van desencadenant serà devastadora per a tots nosaltres; de tòxica, ja n’és. El tripartit viu una escalada de la tensió sense precedents mentre els regidors del PP, silenciosos i somrients, es freguen les mans. L’incendi acaba de començar.

La guerra interna se ha recrudecido después del verano hasta adquirir una dimensión insoportable. Tan monótona ya que, desgraciadamente, aburre a las ovejas. Todo comenzó en el minuto cero. La bisoñez y una cierta “alegría” pusieron en marcha la primera campaña de desgaste contra la concejala de Juventud, de Guanyar, que entró en la política local como si subiera al escenario de Clan Cabaret para interpretar un monólogo. Confundió una red pública con un wasap privado. La tunda fue monumental, con paseíllo y condena en la Audiencia Nacional incluidas. ¿Quién filtró esos comentarios penosos y les dio aire?

Después, le tocó el turno a una concejala que daba concesiones a sus amiguetes y que confundió lo legal con lo ético. Si vienes a regenerar la vida política no se pueden hacer las cosas con el mismo método a que nos tenía acostumbrados el PP. Ya es una tránsfuga expulsada de Guanyar y de su partido, pero con capacidad para bloquear en los plenos lo que le dé la gana. ¡El espectáculo debe continuar! El resentimiento en política es un mal compañero. ¿Quién filtró los datos de unas contrataciones legales pero corrompidas?

A la concejala de Acción Social, de Guanyar, le buscaron las vueltas cuando todavía era candidata. A los papeles de supuestas condenas judiciales en su país de origen, se sumó la denuncia periodística de que había aprobado un proyecto vinculado a uno de sus asesores. Al final, llegó el culebrón de un hermanamiento con una ciudad en la que su propia hermana es la vicealcaldesa. ¿Errores e incomprensión de lo que se debe (y se puede) hacer? Sobre todo, desconocimiento de lo que es y debe ser, desde la izquierda, la gestión política en una ciudad donde el PP ha hecho de su capa un sayo durante veinte años. Aquí se sabe quién filtró algunos de los datos en una guerra personal declarada.

También está el asunto de las ratas filmadas en directo. La limpieza en las calles de Alicante está atada y bien atada por “la polla insaciable”, que sigue teniendo poderosos aliados en las entretelas consistoriales. La ciudad siempre ha estado tan sucia como la “Poisonville” (la ciudad ponzoñosa) de Dashiell Hammett, y el concejal que buenamente trata de limpiarla se encuentra con la resistencia de una trama con capacidad para poner palos en las ruedas. ¿Quién orquesta y facilita campañas como la de las ratas? ¿Por qué la empresa de limpieza se mueve como si viviéramos en Tombstone? Tercer edil de Guanyar a batir.

Todas estas movidas “políticas”, este goteo persistente de acusaciones (mientras destacados ex ediles populares se sientan en el banquillo o son acusados por la fiscalía), acompañadas por las declaraciones tibias de la máxima autoridad local, están calentando motores para el verdadero objetivo: batir al vicealcalde Miguel Ángel Pavón, de Guanyar, responsable de Urbanismo y “bestia negra” de ciertos poderes fácticos para los que “la pela es la pela”. Así de simple. Su pecado: tratar de desarrollar las ordenanzas municipales, que se garantice la limpieza medioambiental para la ciudadanía, que se cumplan las leyes. Esto ya no es “Dodge city”, no vivimos en una ciudad sin ley, parece decir. Pero quizás se equivoque.

En la última semana, dos algaradas “políticas” muestran el verdadero rostro de lo que está pasando en Alicante. Una, durante la entrega de los premios de la Plataforma Comarcal por la Movilidad de L’Alacantí varias personas, capitaneadas por una edil socialista, trataron de reventar el acto porque se criticaba a uno de sus compañeros de equipo municipal y de partido. La otra: el acoso, con zancadilla e insultos, contra el vicealcalde Pavón, por parte de un grupo de estibadores del puerto (algunos de ellos afiliados al PSOE), que tuvo una muy tibia respuesta del alcalde, tan comprensivo con quienes la ayudaron a ser candidato de su partido.

Qué mala suerte ha tenido Alicante. La mediocridad acomodaticia se ha instalado donde antes solo había dejadez y corrupciones varias. Qué pena. Quizás todo se deba a un problema de calidad democrática. O simplemente, a la pequeña maldad en el “modus operandi” de algunos personajillos a quienes el humo ciega sus ojos. Pero la reacción química que están desencadenando será devastadora para todos nosotros; tóxica ya lo es. El tripartito vive una escalada de la tensión sin precedentes mientras los concejales del PP, silenciosos y sonrientes, se frotan las manos. El incendio no ha hecho más que empezar.

La corrupció està minant també el nostre país, o es tracta d’un mal endèmic que arrosseguem des de fa segles? Què hi ha darrere de cada cas de corrupció? Quanta gent hi col·labora perquè s’esdevinga? Sobre quin sediment social i en quines condicions polítiques es dóna? Darrere dels mascarons de proa (Ortiz, Castedo, Alperi…), es comptabilitzen sempre desenes de funcionaris i empresaris de distint pelatge; alguns dels quals també seuen a la banqueta, però els noms dels quals a penes coneixem, mentre segueixen en actiu certs personatges sense els quals la maquinària alacantina de la corrupció no hauria funcionat mai.

En un any de govern municipal tripartit, des de l’ajuntament d’Alacant els dirigents ens asseguren que la corrupció és cosa del passat. Així ho repeteix l’alcalde Gabriel Echávarri, del PSOE, que ha declarat al diari La Verdad que en l’Ajuntament d’Alacant “ho ha canviat tot”. I explica: “La imatge que tenia fa dos anys era la d’una institució opaca, on no podia entrar ningú, només els mateixos; on ningú podia fer negoci en condicions d’igualtat, on als contractes només es presentava un. Érem imatge de corrupció, recurrent a tot Espanya. Això ja no passa. (…) A Alacant hi havia una societat de la corrupció i ja afectava qualsevol persona que no tinguera cap vinculació. Hi hem estat inflexibles.”

Fins a quin punt són certes aquestes paraules? O es tracta només d’un vernís superficial? Pura propaganda? Una rentada d’imatge per a eixir del pas?

Algunes evidències criden a la prevenció, perquè la xarxa i la metodologia de tràfic d’influències d’anar per casa es conserven intactes, sense tocar. Algunes regidories, fins i tot, han mantingut en llocs rellevants els mateixos funcionaris que van treballar durant dues dècades per al PP amb la seua manera de fer les coses.

La legalitat i l’ètica

La legalitat i l’èticaEn el fons es tracta de dilucidar sobre el que és legal i el que és ètic; també sobre el que és delictiu, perquè tota la diversitat i dimensió de la corrupció no cap en el Codi penal, que sempre va darrere de les xacres socials. Més enllà dels grans casos, com Brugal o el pla Rabassa, hi ha hagut a Alacant una metodologia relacionada amb els sobrecostos, les factures, l’apadrinament de familiars, les concessions exprés, les dietes…

Tot, amb el rerefons de relacions personals en paral·lel al públic. Tot amb la força de l’amistat. Com a mostra, un botó. En les audicions del cas Rabassa, l’empresari Enrique Ortiz pregunta al seu germà: “Com es diu l’amic de Víctor [es refereix al funcionari Víctor López, llavors cap d’Atenció Urbana] que lloga cadires i escenaris? És Isjoma?”. I ordena a continuació: “Primer de tot has de telefonar a Víctor i dir-li que volem presentar-nos a aqueix concurs, que volem anar amb Isjoma”. Hi havia en joc un contracte de sis milions d’euros.

L’amistat, un diví tresor tan quotidià com aquesta conversa, que consta en l’informe policial del cas Rabassa, entre l’empresari de capçalera i l’etern dirigent socialista local:

“ENRIQUE ORTIZ: Ens veiem i ens prenem un café en el Popeye o per allí, d’acord?

“ÁNGEL FRANCO: No, millor no. (rialles) En un lloc més discret.

“ENRIQUE ORTIZ: Bé, on siga.

“ÁNGEL FRANCO: Hi ha congrés [del PSOE]. No siga cas que m’acusen que ja estàs manipulant.

“ENRIQUE ORTIZ: Ah, sí, sí, sí. Deixa, deixa, deixa. Hòstia! I si no, el dilluns prenem café en el Tonazzi. O hi vaig jo. M’acoste a ta casa si de cas?

“ÁNGEL FRANCO: És clar.”

El Popeye, el Tonazzi, sa casa… L’amistat entre els negocis i la política, la utilització de les relacions personals i familiars, la complicitat del “jo faria el mateix si poguera”, les “conductes impròpies de figurar entre les pràctiques institucionals d’un Estat de dret” (que va escriure el jutge del cas Rabassa), les transaccions privades amb diners públics... En aquest entramat, entre la legalitat i l’ètica, rau l’arrel profunda de la corrupció nostra de cada dia, més enllà del Codi penal.

¿La corrupción está minando también a nuestro país, o se trata de un mal endémicoque arrastramos desde hace siglos? ¿Qué hay detrás de cada caso de corrupción? ¿Cuánta gente colabora para que ocurra? ¿Sobre qué sedimento social y en qué condiciones políticas se da? Tras los mascarones de proa (Ortiz, Castedo, Alperi…), se contabilizan siempre decenas de funcionarios y empresarios de distinto pelaje; algunos de los cuales también se sientan en el banquillo, pero cuyos nombres apenas conocemos, mientras siguen en activo ciertos personajes sin los cuales la maquinaria alicantina de la corrupción no habría funcionado nunca.

En un año de gobierno municipal tripartito, desde el ayuntamiento de Alicante los dirigentes nos aseguran que la corrupción es cosa del pasado. Así lo repite el alcalde Gabriel Echávarri, del PSOE, quien ha declarado al diario La Verdad que en el ayuntamiento de Alicante “ha cambiado todo”. Y explica: “La imagen que tenía hace dos años era la de una institución opaca, donde no podía entrar nadie, solo los mismos; donde nadie podía hacer negocio en condiciones de igualdad, donde a los contratos solo se presentaba uno. Éramos imagen de corrupción, recurrente en toda España. Eso ya no ocurre.(…) En Alicante había una sociedad de la corrupción y ya afectaba a cualquier persona que no tuviera ninguna vinculación. Hemos sido inflexibles.”

¿Hasta qué punto son ciertas estas palabras? ¿O se trata solo de un barniz superficial? ¿Pura propaganda? ¿Un lavado de imagen para salir del paso?

Algunas evidencias llaman a laprevención, porque la red y la metodología de tráfico de influencias de andar por casa se conservan intactas, sin tocar. Algunas concejalías, incluso, han mantenido en puestos relevantes a los mismos funcionarios que trabajaron durante dos décadas para el PP con su manera de hacer las cosas.

Lo legal y lo ético

Lo legal y lo éticoEn el fondo se trata de dilucidar sobre lo legal y lo ético; también sobre lo delictivo, porque toda la diversidad y dimensión de la corrupción no cabe en el Código Penal, que siempre va detrás de las lacras sociales. Más allá de los grandes casos, como Brugaloel plan Rabasa, ha existido en Alicante una metodología relacionada con los sobrecostes, las facturas, el enchufe de familiares, las concesiones express, las dietas…

Todo, con el trasfondo de relaciones personales en paralelo a lo público. Todo con la fuerza de la amistad. Como muestra, un botón. En las escuchas del caso Rabasa, el empresario Enrique Ortiz pregunta a su hermano: “¿Cómo se llama el amigo de Víctor [se refiere al funcionario Víctor López, entonces jefe de Atención Urbana]que alquila sillas y escenarios? ¿Es Isjoma?”. Y ordena a continuación: “Primero tienes que llamar a Víctor y decirle que queremos presentarnos a ese concurso, que queremos ir con Isjoma”. Había en juego una contrata de seis millones de euros.

La amistad, un divino tesoro tan cotidiano como esta conversación, que consta en el informe policial del caso Rabasa, entre el empresario de cabecera y el eterno dirigente socialista local:

“ENRIQUE ORTIZ: Nos vemos y nos tomamos un café en el Popeye o por allí ¿vale?

“ÁNGEL FRANCO: No, mejor no.(risas) En un sitio más discreto.

“ENRIQUE ORTIZ: Bueno, dónde sea.

“ÁNGEL FRANCO: Hay congreso [del PSOE]. No sea que me acusen de que ya estás manipulando.

“ENRIQUE ORTIZ: Ah, sí, sí, sí. Déjate, déjate, déjate. ¿Ostias!. Y si no, el lunes tomamos café en el Tonazzi. O voy yo, ¿Me acerco a tu casa si eso?

“ÁNGEL FRANCO: Claro.”

El Popeye, el Tonazzi, su casa… La amistad entre los negocios y la política, la utilización de las relaciones personales y familiares, la complicidad del “yo haría lo mismo si pudiera”, las “conductas impropias de figurar entre las prácticas institucionales de un Estado de Derecho”(que escribió el juez del caso Rabasa), las transacciones privadas con dinero público... En este entramado, entre la legalidad y la ética,se encuentra la raíz profunda de la corrupción nuestra de cada día, más allá del Código Penal.

Em va ser impossible seguir els contertulians. Les seues paraules lluminoses van ser eclipsades per aquesta petita pancarta que bambolejava amb persistència hipnòtica (“la… pla… ça… no… és… un… pla… tó”) a la part de la pantalla que enfocava la gent, com a complement dels primers plans dels qui parlaven, i embolcallada en les citacions i els titulars dels entrevistats. Un David anònim amb un simple cartell fet a mà enfront del Goliat mediàtic que ho sap tot, en un mitjà tan poderós com la televisió de la política espectacle en hora punta.

La pancarta deia la veritat pura i dura, mentre qui conversava llançava diatribes oportunistes, discursos partidaris, consells perquè siguem bons xics en el futur, anàlisis tan buides i brillants com una pereta, somriures de complicitat, intents “pedagògics”, el seu bonisme...

Encara hipnotitzat per l’evidència, em sap greu, potser ha arribat el moment de separar l’autèntic periodisme, de traure-li l’embolcall de l’espectacle i de contar els fets (“Notícia és allò que algú fa en algun lloc i no vol que se sàpia”, va dir el clàssic). Es tracta que els periodistes tornem a la societat com a intermediaris capaços d’explicar tot allò que passa al nostre voltant, no per a segrestar-la com ara, amb didactismes falsos o sinistres polèmiques vàcues que esclafen la realitat de tant de xafar-la, nit rere nit, amb artificis de posada en escena.

“La plaça no és un plató” El carrer no és un plató, ni tan sols la gestió pública ho és. Tampoc no ho és a Alacant. Ací, en una ciutat on gairebé tothom es coneix des de fa temps (o acaba “coneixent-se”), també ens hem acostumat a analitzar la nostra realitat a colp de music-hall, fins i tot quan el missatger s’investeix de serietat i transcendència. Frases contundents, eslògans ficticis, disgustos de cartó pedra, polèmiques en el Twiter que es dilueixen en el cara a cara; on deia blanc ara diu negre, no n’hi ha per a tant, s’ha acabat la polèmica o la culpa la té València; una certa covardia i un tuf hipòcrita permanent; un alcalde tripartit fent l’oposició als socis de govern des del minut zero; un analista capaç de dir qui té, i qui no, prou dignitat per a exercir el seu càrrec, o com haurien de dirigir els seus partits, o què han de fer les forces vives per no acabar mortes…

Mentre la política i el periodisme que necessitem es dilueixen davant dels ulls, tot el públic es converteix en un plató que s’apropia la plaça, i allí els oracles mediàtics de diferent fila ens donen lliçons, es posen per damunt d’una societat que, per a ells, és “un escenari” i “la dirigeixen” amb omnipotència, sabent que ningú no gosarà portar-los la contrària públicament (una altra cosa són els dards enverinats en petit comité). Una mica d’espectacle mediàtic, senyors, jugueu, per favor! És un bon negoci! Però, com diria Jack l’Esbudellador amb l’estilet a la mà, “un moment, anem a pams”. Bé, millor en un altre article, que aquest em podria deixar exhaust.

Me resultó imposible seguir a los contertulios. Sus luminosas palabras fueron eclipsadas por esa pequeña pancarta que se bamboleaba con persistencia hipnótica (“la… pla… za… no… es… un… pla… tó”) en la parte de pantalla que enfocaba a la gente, como complemento de los primeros planos de quienes hablaban, y envuelta en las citas y titulares de los entrevistados. Un anónimo David con un simple cartel hecho a mano frente al Goliat mediático que todo lo sabe, en un medio tan poderoso como la televisión de la política-espectáculo en prime time.

La pancarta decía la verdad pura y dura, mientras quienes departían lanzaban sus diatribas oportunistas, sus discursos partidarios, sus consejos para que fuéramos buenos chicos en el futuro, sus análisis tan huecos y brillantes como una bombilla, sus sonrisas de complicidad, sus intentos “pedagógicos”, su buenismo...

Todavía hipnotizado por la evidencia, lo siento, pero quizás haya llegado el momento de separar el auténtico periodismo, de quitarle el envoltorio del espectáculo y de contar los hechos (“Noticia es aquello que alguien hace en algún sitio y no quiere que se sepa”, dijo el clásico). Se trata de que los periodistas volvamos a la sociedad como intermediarios capaces de explicar lo que ocurre a nuestro alrededor, no para secuestrarla como ahora, con falsos didactismos o siniestras polémicas vacuas que aplastan la realidad de tanto pisotearla, noche tras noche, con artificios de puesta en escena.

“La plaza no es un plató” La calle no es un plató, ni siquiera la gestión pública lo es. Tampoco lo es en Alicante. Aquí, en una ciudad donde casi todos nos conocemos desde hace tiempo (o acabamos “conociéndonos”), también nos hemos acostumbrado a analizar nuestra realidad a golpe de music-hall, incluso cuando el mensajero se inviste de seriedad y trascendencia. Frases contundentes, slogans ficticios, disgustos de cartón piedra, polémicas en twiter que se diluyen en el cara a cara; donde dije digo digo diego, no es para tanto, la polémica está zanjada o la culpa la tiene Valencia; cierta cobardía y un tufillo hipócrita permanente; un alcalde tripartito haciéndole la oposición a sus socios de gobierno desde el minuto cero; un analista capaz de decir quiénes tienen, y quiénes no, dignidad suficiente para ejercer su cargo, o cómo deberían dirigir sus partidos, o qué deben hacer las fuerzas vivas para no acabar muertas…

Mientras la política y el periodismo que necesitamos se diluyen ante nuestros ojos, todo lo público se convierte en un plató que se apropia de la plaza, y allí, los oráculos mediáticos de distinto pelaje nos dan lecciones, se ponen por encima de una sociedad que para ellos es ya “un escenario”, y “la dirigen” con omnipotencia, sabiendo que nadie se va a atrever a llevarles públicamente la contraria (otra cosa son los dardos envenenados en petit comité). ¡Un poco de espectáculo mediático, señores, hagan juego! ¡Es un buen negocio!. Pero, como diría Jack el Destripador con el estilete en la mano, “un momento, vayamos por partes”. Bueno, mejor en otro artículo, que éste podría dejarme exhausto.

Prevaricació, malversació, frau a l’Administració, suborn… Els contractes menors irregulars comencen a aparéixer als jutjats amb un degoteig persistent. Res no els era alié. Ni les petites obres del Pla E, ni la instal·lació de contenidors soterrats entre el 2011 i el 2012 o les cadires per festes. Sota sospita judicial, des de fa un any, està també l’adjudicació d’obres diverses, com la rehabilitació parcial del paviment de l’Esplanada, la renovació de la plaça de la Muntanyeta, el condicionament de diversos passos de vianants i la construcció de zones verdes amb espais per a passejar-hi mascotes.

El mecanisme utilitzat quotidianament consistia, bàsicament, a fraccionar les factures perquè mai no sobrepassaren els 18.000 euros reglamentaris (que obliguen a concurs públic), unflar els preus o adjudicar faenes que ja havien estat començades, o fins i tot acabades, com la construcció de l’aparcament de la plaça de Magallanes, pel qual Andrés Llorens seurà al banc dels acusats al juny, per un presumpte delicte de prevaricació a l’hora d’adjudicar-la.

Que els grans arbres de Gürtel no ens impedisquen veure l’autèntica dimensió d’aquest bosc de corrupció i mal govern que ha devastat les nostres arques públiques durant les últimes dècades. Cada vegada que s’alça un cantó de l’estora, ix algun balafiament, alguna contractació arbitrària o l’amiguisme fins a l’extenuació… Per a ells no n’hi ha hagut prou a manejar arbitràriament la caixa dels diners, tot fregant el tall de la legalitat, o a estirar com un xiclet els mecanismes reglamentaris per a beneficiar “els amics”. El Codi penal sembla no donar l’abast.

De nord a sud. En el bosc de la nostra corrupció, els arbres més vistosos (la majoria ja talats políticament) han tingut forma presidencial entre vestits i fixador, en les tres diputacions i en els PP provincials; desenes d’alcaldes emblemàtics, nombrosos regidors extravertits, uns quants funcionaris capaços de fer “el que fera falta”, pseudobanquers col·locats pels partits, empresaris insaciables i vividors amb aforament o sense... Regals a dojo, “les nostres coses són molt boniques…”.

No obstant això, a una certa distància dels casos polítics de molta volada (Gürtel, Brugal, Cooperació, Fabra, Emarsa, Nóos…), o davall d’aquest gran paraigua, la corrupció s’ha estés majoritàriament a colp de contractes menors. Estaven tan feliços i confiats, sentien tanta impunitat, que molts es van atrevir a arribar més lluny que ningú des que es va instaurar la democràcia. No són aigua passada, continuen fent moure el molí.

Ara ha començat la desfilada judicial dels “ex”. N’hi ha de tan vistosos com l’exvicepresident del Consell, expresident alacantí del PP i de la Diputació, José Joaquín Ripoll, acusat de cinc delictes en el cas Brugal. Però també comença l’entrada en comitiva dels peixos menuts, els escolans imprescindibles perquè funcione la maquinària deshonesta, els aprenents de bruixot, els funcionaris disciplinadament corromputs que s’emparaven, entre bambolines, en regidories tan vistoses com la d’Atenció Urbana, d’Alacant, per exemple.

La tortuga judicial aconsegueix moltes vegades concloure la resolució final, dictar sentència, abans que el delicte prescriga. I en aquest punt estem. És el moment de comprovar si hi ha crim perfecte, si aquests presumptes delinqüents tan dignes poden eixir-ne impunes després d’haver aconseguit que el temps de l’oblit esborre les empremtes del seu pas. La corrupció entre nosaltres és una realitat que té molts protagonistes i que ha beneficiat nombrosos còmplices, paisans nostres que hui miren cap a una altra banda, com en aquell romanç infantil del “jo no ho he fet”, mentre xiulen com si l’assumpte no els afectara. Tan rebé.

Prevaricación, malversación, fraude a la administración, cohecho… Los contratos menores irregulares comienzan a aparecer en los juzgados con un goteo persistente. Nada les era ajeno. Ni las pequeñas obras del Plan E, la instalación de contenedores soterrados entre 2011 y 2012, o las sillas para fiestas. Bajo sospecha judicial, desde hace un año, está también la adjudicación de obras diversas como la rehabilitación parcial del pavimento de la Explanada, la renovación de la Plaza de la Muntanyeta, el acondicionamiento de varios pasos de peatones y la construcción de zonas verdes con espacios para el paseo libre de mascotas.

El mecanismo utilizado cotidianamente consistía, básicamente, en fraccionar las facturas para que jamás rebasaran los 18.000 euros reglamentarios (que obligan a concurso público), hinchar los precios o adjudicar trabajos que ya habían sido comenzados, o incluso terminados, como la construcción del aparcamiento de la Plaza de Magallanes, por el que Andrés Llorens se sentará en el banquillo en junio, por un presunto delito de prevaricación en su adjudicación.

Que los grandes árboles de Gürtel no nos impidan ver la auténtica dimensión de este bosque de corrupción y mal gobierno que ha devastado nuestras arcas públicas durante las últimas décadas. Cada vez que se levanta una esquina de la alfombra, aparece algún despilfarro, alguna contratación arbitraria o el enchufismo hasta la extenuación… Para ellos no ha sido suficiente manejar arbitrariamente la caja de dinero, en el filo de la navaja de la legalidad, o estirar como un chicle los mecanismos reglamentarios para beneficiar a “los amigos”. El Código Penal parece no dar abasto.

De norte a sur. En el bosque de nuestra corrupción, los árboles más vistosos (la mayoría de ellos ya talados políticamente) han tenido forma presidencial entre trajes y gomina, en las tres las diputaciones y en los PP provinciales; decenas de alcaldes emblemáticos, numerosos concejales extrovertidos, no pocos funcionarios capaces de hacer “lo que hiciera falta”,seudobanqueros colocados por los partidos, empresarios insaciables y buscavidas con aforamiento o sin él... Regalos a tutiplén, “lo nuestro es muy bonito…”.

Sin embargo, a cierta distancia de los casos políticos de campanillas (Gürtel, Brugal, Cooperación, Fabra, Emarsa, Nóos…), o bajo ese gran paraguas, la corrupción se ha extendido mayoritariamente a golpe de contratos menores. Estaban tan felices y confiados, sentían tal impunidad, que muchos se atrevieron a llegar más lejos que nadie desde que se instauró la democracia. No son agua pasada, siguen moviendo el molino.

Ahora ha comenzado el desfile judicial de “los Ex”. Algunos tan vistosos como el exvicepresidente del Consell, ex presidente alicantino del PP y de la Diputación, José Joaquín Ripoll, acusado de cinco delitos en el caso Brugal. Pero también empieza el paseíllo de los peces pequeños, los pájaros imprescindibles para que funcione la maquinaria deshonesta, los aprendices de brujo, aquellos funcionarios disciplinadamente corrompidos que se amparaban, entre bambalinas, en concejalías tan vistosas como la de Atención Urbana, de Alicante, por ejemplo.

La tortuga judicial consigue muchas veces concluir el fallo final, dictar sentencia, antes de que el delito prescriba. Y en eso estamos. Es el momento de comprobar si existe el crimen perfecto, si esos presuntos delincuentes tan dignos logran irse de rositas tras conseguir que el tiempo del olvido borre las huellas de su paso. La corrupción entre nosotros es una realidad que tiene muchos protagonistas y que ha beneficiado a numerosos cómplices, paisanos nuestros que hoy miran hacia otro lado, como en aquella cantinela infantil del “yo no he sido”, mientras silbancomo si el asunto no fuera con ellos. Tan ricamente.

“Bé, per ara”, semblen repetir per a mantenir la calma. Quan va esclatar l’escàndol de la gestió del fem del Baix Segura i la presumpta martingala del Pla general d’ordenació urbana d’Alacant (les dues peces del cas Brugal, acrònim de Basuras-RUrales-Gestión-ALicante), la majoria dels vint-i-sis imputats eren càrrecs públics del PP alacantí, entre els quals hi havia dos alcaldes i un president de la Diputació. Hui tots estan fora del partit. La gent que queda al capdavant, que van ser companys de files dels defenestrats, respira fondo i repeteix per dins el mantra de Steve McQueen: “Bé, per ara”.

Tanmateix, la por de la presó ha fet que el promotor Ortiz confesse que ha finançat il·legalment el PP dins del sumari Gürtel. Un camí tortuós que altres empresaris, per a evitar la garjola, es van plantejant transitar. El viatge serà llarg per a un personatge com Ortiz, que espera la resolució del cas Brugal, pel qual li demanen dèsset anys de presó.

Quanta vulgaritat darrere del gran saqueig! Si el lector tanca els ulls i escolta les gravacions policials en què Ortiz parla amb funcionaris, alcaldes i polítics, descobrirà l’autèntic amo de la ciutat, com en una novel·la de Dashiell Hammett, amb la quotidianitat –per exemple– de poder dir a la cap dels serveis jurídics d’Urbanisme: “Bé, amor meu, però penca de valent, treballa per a mi una mica”. O a l’exalcaldessa Castedo: “He de parlar amb tu per a pensar què faig. Marcar-me l’estratègia de tot”; i ordenar-li suaument: “Intenta aconseguir el plànol i me l’ensenyes”. Informació privilegiada, tràfic d’influències, corrupció quotidiana… Poc temps després, Ortiz indica a un dels seus empleats: “Mira el plànol i veges com s’hi situen els nostres sòls… Puc fer que els pinten de verd, de blau…”.

Alicante Avanza, Cívica, Éthica, Tizor… Aquests són els noms d’algunes de les companyies o grups liderats per Ortiz. De sentit de l’humor amb les nomenclatures no li’n falta, a aquest home, que ara prova d’eixir de la primera línia sense arruïnar-se i abans no el facen fora estrepitosament. Després de fer-ne la confessió al jutge del cas Gürtel a canvi de rebaixar la petició del fiscal, com aconseguirà Ortiz evitar la presó de Brugal? Potser revelant més finançaments en campanyes electorals i repartint llenya a tort i a dret? Ja ho veurem.

El “modus operandi”

El “modus operandi”Paga la pena que ens fem una altra pregunta: amb Ortiz s’acaba una època marcada per la rajola fàcil i la corrupció política generalitzada? Permeteu-me que ho dubte. Després d’un quart de segle galopant amb tota llibertat sobre la ciutat, i per més que es jubile Díaz Alperi o es processe Castedo, tota la seua metodologia i la seua xarxa clientelar de tràfic d’influències continuen intactes, aguaitant, esperant que torne a bufar qualsevol vent favorable.

El modus operandi d’Enrique Ortiz, a l’ombra del poder, es va avesar amb el PSPV local liderat per Ángel Franco i es va desenvolupar exponencialment amb el PP de Luis Díaz Alperi. Durant anys, va mantenir una relació excel·lent amb Franco. De fet, la policia, en un informe ja famós, considera el líder socialista alacantí un intermediari, que el promotor qualificava com “un artista”, “el rei”, “una màquina”, “el millor polític que hi ha hagut en la història. (…) No hi ha hagut cap altre com Ángel. Diguen el que diguen”… (Està enregistrat i transcrit). Fins i tot li consultava si convenia concedir una plaça de garatge al secretari general del seu partit i llavors portaveu municipal. Segons l’informe de la policia, les converses enregistrades demostren “l’alineació d’Ángel Franco amb l’empresari investigat”. Ai, les hemeroteques!

La base del desastre actual ve de lluny i té arrels profundes. El consistori presidit, al principi dels noranta, pel socialista Ángel Luna li va concedir els primers contractes importants. Sempre que va caldre, Ortiz va contractar els seus amics socialistes; un exalcalde va treballar per a ell per mitjà d’un bufet d’advocats, també ho va fer un exportaveu socialista que va fer possible, amb el vot del seu grup, la morterada del Pla Rabasa (i un sou per a tots, aprovat en aquell mateix ple del 26 d’abril de 2005).

Entre acudits, rialles, iots i tiberis, Ortiz va comprar voluntats a pler i va posar la ciutat al servei dels seus interessos. Quan obtenia una concessió pública, contractava com a contrapartida un nombre determinat d’afiliats que, quan calia, podien inclinar la balança de les assemblees locals, ben agraïts ells. Després van arribar els vint anys del seu regnat amb el PP, tot un holocaust zombi per als defensors de la legalitat, i va posar Alacant als seus peus, amb la banalitat i l’ostentació dels que es pensen que són impunes.

Ara, mentre Ortiz pregona de nou la seua renúncia al projecte del macrocentre del Pla Rabasa-Ikea en què va basar el seu futur empresarial, el tripartit d’esquerres que governa Alacant s’ha posat mà a l’obra amb la intenció de desmuntar l’exhibició Ortiz-Alperi-Castedo. Una tasca complexa, perquè Ortiz controla tres dels quatre grans contractes de la ciutat. El Govern municipal vol que la unió temporal d’empreses (UTE) de recollida de fem i de neteja es desvincule d’Ortiz, trenque palletes amb ell, i que, alhora, es facen els primers passos per a municipalitzar contractes. Per al portaveu del tripartit, Natxo Bellido: “Després que Ortiz reconeguera que ha finançat il·legalment el PP, la gran pregunta és: a canvi de què? El PP d’Alacant hauria d’explicar si Ortiz els va finançar a canvi d’alguna cosa”.

És la pregunta del milió de dòlars. Perquè en el PP, mentre cauen, continuen dient que “bé, per ara; bé, per ara”. Tot i que, com afegia Mathieu Kassovitz en el seu film La haine (1995): “El més important no és la caiguda, és l’aterratge”. Amb les dents, sens dubte.

“Por ahora, bien”, parecen repetir para mantener la calma. Cuando estalló el escándalo de la gestión de las basuras de la Vega Baja y el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (las dos piezas del caso Brugal, acrónimo de Basuras-RUrales-Gestión-ALicante), la mayoría de los veintiséis imputados eran cargos públicos del PP alicantino, entre ellos dos alcaldes y un presidente de la Diputación. Hoy todos están fuera del partido. Los que quedan al mando, y que fueron compañeros de filas de los defenestrados, respiran hondo y repiten para sus adentros el mantra de Steve McQueen: “Por ahora, bien”.

Sin embargo, el miedo a la cárcel ha provocado que el promotor Ortiz confiese que ha financiado ilegalmente al PP dentro del sumario Gurtel. Un tortuoso camino que otros empresarios, para no verse entre rejas, se están planteando transitar. El viaje será largo para un personaje como Ortiz, a quien le espera el caso Brugal, por el que le piden diecisiete años de prisión.

¡Cuánta vulgaridad detrás del gran saqueo! Si el lector cierra los ojos y escucha las grabaciones policiales en las que Ortíz habla con funcionarios, alcaldes y políticos, descubrirá al auténtico amo de la ciudad como en una novela de Dashiell Hammett, con la cotidianidad -por ejemplo- de poder decirle a la jefa de los servicios jurídicos de Urbanismo: “Bueno, cariño mío, pero cúrratelo, trabaja para mí un poco”. O a la exalcaldesa Castedo:“Tengo que hablar contigo para pensar qué hago. Marcarme mi estrategia de todo”; y ordenarle suavemente:“Intenta tener el planito y me lo enseñas”.Información privilegiada, tráfico de influencias, corrupción cotidiana… Poco después, Ortiz indica a uno de sus empleados: “Mírate con el plano los suelos nuestros en qué situación se encuentran… Puedo hacer que los pinten de verde, de azul..”.

Alicante Avanza, Cívica, Éthica, Tizor… Estos son los nombres de algunas de las compañías o grupos liderados por Ortiz. Sentido de humor con las nomenclaturas no le falta a este hombre, que ahora intenta salir de la primera línea sin arruinarse y antes de que lo echen estruendosamente. Tras su confesión al juez del caso Gürtel a cambio de rebajar la petición del fiscal, ¿cómo logrará Ortiz evitar la cárcel de Brugal? ¿Quizás desvelando nuevas financiaciones en campañas electorales y repartiendo leña a diestro y siniestro? Ya veremos.

El “modus operandi”

El “modus operandi”Vale la pena que nos hagamos otra pregunta: ¿con Ortiz se acaba una época marcada por el ladrillo fácil y la corrupción política generalizada? Permítanme que lo dude. Después de un cuarto de siglo galopando a sus anchas sobre la ciudad, y por mucho que se jubile a Díaz Alperi o se procese a Castedo, toda su metodología y su red clientelar de tráfico de influencias siguen intactas, agazapadas, a la espera de que vuelva a soplar cualquier viento a favor.

El “modus operandi” de Enrique Ortiz, a la sombra del poder,se curtió con el PSPV local liderado por Ángel Franco, y se desarrolló exponencialmente con el PP de Luis Díaz Alperi. Durante años, tuvo una relación excelente con Franco, a quien la Policía, en un informe ya famoso, considera un intermediario a quien el promotor calificaba como “un artista”, “el rey”, “una máquina”,“el mejor político que ha habido en la historia. (…) No ha habido otro como Ángel. Digan lo que digan”… (Está grabado y transcrito).Incluso le consultaba si convenía concederle una plaza de garaje al secretario general de su partido y entonces portavoz municipal. Según el informe de la Policía, las conversaciones grabadas demuestran “la alineación de Ángel Franco con el empresario investigado”. ¡Ay las hemerotecas!

La base del desastre actual viene de lejos y tiene raíces profundas. El consistorio presidido, a principios de los noventa, por el socialista Ángel Luna le concedió sus primeros contratos importantes. Siempre que fue necesario, Ortiz contrató a sus amigos socialistas; un exalcalde trabajó para él a través de un bufete de abogados, también lo hizo un ex portavoz socialista que posibilitó con el voto de su grupo el pelotazo del Plan Rabasa (y un sueldo para todos, aprobado en aquel mismo pleno del 26 de abril de 2005).

Entre chistes, risas, yate y comilonas, Ortiz compró voluntades tan ricamente y puso la ciudad al servicio de sus intereses. Cuando conseguía una concesión pública, contrataba como contrapartida a un número determinado de afiliados que, cuando fuera preciso, podían inclinar la balanza de las asambleas locales, tan agradecidos ellos. Después llegaron los veinte años de su reinado con el PP, todo un holocausto zombi para los defensores de la legalidad, y puso Alicante a sus pies, con la banalidad y la ostentación de quienes se creen impunes.

Ahora, mientras Ortiz pregona de nuevo su renuncia al proyecto del macrocentro del plan Rabasa-Ikea en el que basó su futuro empresarial, el tripartito de izquierdas que gobierna Alicante se ha puesto manos a la obra con la intención de desmontar el carrusel Ortiz-Alperi-Castedo. Un trabajo complejo, porque Ortiz controla tres de las cuatro grandes contratas de la ciudad. El gobierno municipal quiere que la unión temporal de empresas (UTE) de recogida de basuras y limpieza se desvincule de Ortíz, rompa con él, al tiempo que se dan pasos para municipalizar contratas. Para el portavoz del tripartito, Natxo Bellido: “Después de que Ortiz reconociera que ha financiado ilegalmente al PP, la gran pregunta es: ¿a cambio de qué? El PP de Alicante debería explicar si Ortiz le financió a cambio de algo”.

Es la pregunta del millón de dólares. Porque en el PP, mientras caen, siguen diciendo que “por ahora bien, por ahora bien”. Aunque, como añadía Mathieu Kassovits en su film La haine (1995): “Lo importante no es la caída, es el aterrizaje”. Con los dientes, sin duda.

En forma de paràbola, Enrique ho relatava amb aqueix sentit d’humor tan seu, irònic i precís, amb què ens obsequiava els seus amics. A més, com a cronista oficial de la ciutat d’Alacant, les seues paraules tenien un significat estrany. Un home que coneixia com ningú la història i la veritat profunda d’Alacant, m’oferia una explicació simbòlica del que ens passa en aquesta ciutat sense rumb, sense model per a desenvolupar-se de manera raonable, incapaç d’estimar-se a si mateixa, sense perspectiva. Supose que açò ha passat en moltes ciutats plenes de depredadors, però Alacant, des del no-res, ha aconseguit les cotes més altes de la misèria, com diria Groucho parlant de si mateix.

Després de quatre anys a la deriva amb un alcalde (socialista) que no volia ser-ho, fa més de dues dècades va arribar el PP d’Alperi i Castedo, la quinta essència. Amb ells, un fins llavors discret constructor “fill de…”, que havia progressat fulgurantment gràcies a les obres municipals que li atorgava el PSOE local (molts diuen que a canvi de favors en espècies i de vots en les assemblees, com en La llei del silenci, de Kazan) va aconseguir convertir-se en l’encarnació d’Alacant.

Hui, quan passegem per la ciutat, és impossible no topar-se amb alguna de les seues empreses de construcció, de promocions immobiliàries, agranadors, neteja de col·legis i edificis públics, aparcaments amb plaça lliure per a amics d’Ángel Franco, contractes de fems, i concessions municipals a mansalva… El seu cognom acabat en zeta ressona en tots els negocis redons de la ciutat: el pla general d’ordenació urbana, la pilota de Rabasa-Ikea, els residus diversos (com Carrascosa, la mà dreta d’Eduardo Zaplana, que hui regenta a Alacant un comerç d’aliments ecològics, per exemple), els abocadors, els plans parcials…

Els diners públics i la “polla insaciable”, una simbiosi que semblava imbatible fins que els fiscals i els jutges van començar a treballar i els episodis van començar a eixir a la llum: el iot que algú va violar buscant pretesament papers, certs assalts a domicilis particulars, una pistola il·legal a la caixa forta de l’oficina, viatges en jet privat per a edils agraïts, entre ells l’alcalde Alperi i la seua alegria de cap de setmana; creuers per la Mediterrània amb putes de luxe incloses per a alts càrrecs bancaris a canvi de favors, xalets per als fills de l’exmanaire de la Cambra de Comerç, viatges en el iot per a presidents de la Diputació Provincial…

Els meus amics m’animen perquè escriga una novel·la amb tot açò. Jo els conteste que no, que la realitat em supera; que si pose en ordre la narració sense eixir-me’n de les dades judicials i les gravacions policials, aquesta història no se l’engoliria ningú per inversemblant. Deixem una vegada més que la realitat supere la ficció, ma non troppo.

Urpes sobre la ciutat i tots tan contents, mirant cap a una altra banda o emportant-se’n la seua part. Molles i llocs de treball en una molt ben greixada xarxa de clientelisme que perdura fins hui. Recordem, com a detall, que l’última alcaldessa popular va ser la més votada pels alacantins des de la democràcia, i ja estava imputada quan va arrasar en les urnes. Recordem que el PP va guanyar les últimes eleccions municipals, a pesar de tenir imputats els seus màxims dirigents, i que li va faltar un regidor per a poder governar amb Ciutadans.

Una reflexió per a “menfotistes” desconcertats: Per a començar a entendre Alacant, la seua essència i la seua dinàmica, caldrà convenir que la nostra ciutat és conservadora. En cas contrari, no hi ha qui entenga el que ens passa. “Corrupció, diu vosté? Per favor, som alacantins, la nostra és la millor terreta del món.”

I ara què?

Doncs, ara estem en plena la ressaca d’una època plena de vilesa i de diners fàcils per als amiguets. Encara que aquest cronista l’assalta un dubte: Estem realment al final d’un trajecte polític marcat per la mediocritat i les corrupcions? Anem cap a la llum al final del túnel? Començarem a resoldre els problemes que arrosseguem des de fa tant de temps? En les últimes dues dècades, Alacant/Alicante ha canviat els seus senyals d’identitat més contundents, mentre l poca vergonya arribava a llocs insòlits. Vegem la situació amb la perspectiva dels últims cinquanta anys. Ja ni tan sols hi ha l’espantall del “sudestisme” (propi dels anys seixanta del segle passat), encara que els nostres dirigents locals d’última hora no desaprofiten cap ocasió per a continuar culpant València de tot allò que són incapaços de planificar o de resoldre.

En un temps rècord, les forces empresarials i polítiques d’Alacant han aconseguit el rècord esborrar qualsevol rastre de l’anomenat en altres temps “poder alacantí”. Els seus propagandistes s’han jubilat per edat o estan pendents que els tribunals els amollen una nyespla (però que els lleven el que tenen de més). N’hi ha prou de començar pels grans símbols, per la Caixa d’Estalvis del Mediterrani, autèntica caixa de reclutament en qualsevol pols econòmic amb València. Els seus directius la van saquejar en la mesura de les seues possibilitats i ara és del Banc Sabadell. Tot un acudit per als que van agitar al seu dia el fantotxe del “País Alacantí”, o van tractar de ressuscitar un cert cantonalisme politicoempresarial amb la creació de l’anomenat Consorcio para la Promoción del Sureste, promogut el 1994 des d’Alacant amb les cambres de comerç de Múrcia, Almeria, Cartagena i Albacete. La patronal alacantina, Coepa, era la promotora de l’assumpte. Ai, la Coepa, un altre símbol fet xixines per la realitat. En fallida, amb més cinc milions d’euros en deutes, la Coepa ha entrat en concurs de creditors, en liquidació. Pobres empresaris els nostres, tan creatius en un altre temps (joguets, torró, calçat, marbre…), víctimes dels nostres propis ineptes.

I no parlem del gran emblema: la Ciutat de la llum, la subhasta de la qual ni tan sols obliga que en el futur es dedique a projectes audiovisuals (quin bon magatzem logístic per a Zara, Ikea o El Corte Inglés, al costat de l’aeroport i amb autovies al voltant!). El complex cinematogràfic Ciutat de la Llum ha estat l’únic projecte industrial muntat per la Generalitat a la ciutat d’Alacant en tota la seua història, però els Gerardo Camps i companyia ho van organitzar tot com una màquina escurabutxaques en què les úniques beneficiàries han estat les empreses que la van construir, els politicastres afins disfressats d’executius i algun familiar o coreligionari de missa diària. I aquesta gran oportunitat perduda per a la ciutat d’Alacant se n’ha anat en orris entre la indiferència dels alacantins, tan posats a deixar fer, i la favada generalitzada.

Amb aquesta primera crònica des del sud, m’abelleix, com sempre, dir la veritat, aqueixa que –segons el clàssic rus– és sempre el motor de qualsevol progrés. Estic en la maduresa verdadera. Gràcies per obrir-me aquesta porta, i acabaré amb una pinzellada que promet brotxades futures sense esmena.

Amb l’Ajuntament d’Alacant intervingut per Hisenda, el nou govern municipal (PSPV-Guanyar-Compromís) viu en una amenaça de ruptura permanent. El nou alcalde tripartit, diguem-ne socialista (excandidat a senador per Unió Valenciana) és expert a destruir grups municipals (així ho va fer amb el grup socialista durant l’última legislatura) i està més ocupat a marcar el terreny i provocar els seus socis polítics de Guanyar que a resoldre els problemes d’àrees de la seua competència, com ara Comerç. Els petits comerciants els porta bojos amb la liberalització dels horaris comercials, tan estimada per les grans superfícies, mentre el centre d’Alacant ha esdevingut un gran bar que inunda la via pública de taules i provoca la baralla entre veïns patidors i empresaris de l’oci representats patronalment pel portaveu de l’executiva local del PSPV-PSOE, el secretari general de la qual és, a tot això, l’alcalde tripartit esmentat. En missa i repicant.

Desolador panorama des del pont Roig (ara el lleve, ara el mantinc…). Un titubejant realitat carregada de projectes provisionals que es perpetuaran en el temps, com l’Estació d’Autobusos (adéu a l’Estació Intermodal per a tota una generació d’alacantins), com l’Estació Terminal d’AVE (ni reculada, ni soterrament, ni parc central, ans tot al contrari: més vies, més soroll insuportable), com tantes altres promeses oblidades després de la primera pedra. Una ciutat amb més de vint mil habitatges buits, mentre s’hi mantenen guetos com la Colònia Requena o ruïnes com el barri de José Antonio; mentre s’hi continua desnonant sense pressa, però sense pausa.

La meua ciutat em dol. Quin desconsol. Encara sort que d’ací a uns quants mesos, durant la Nit del Foc, tractarem sense fortuna de cremar-nos públicament a nosaltres mateixos.

En forma de parábola, Enrique lo relataba con ese sentido de humor tan suyo, irónico y certero, con el que nos obsequiaba a sus amigos. Además, como Cronista Oficial de la Ciudad de Alicante, sus palabras tenían un extraño significado. Un hombre que conocía como nadie la historia y la verdad profunda de Alicante, me ofrecía una explicación simbólica de lo que nos pasa en esta ciudad sin rumbo, sin modelo para desarrollarse de forma razonable, incapaz de amarse a sí misma, sin perspectiva. Supongo que esto ha pasado en muchas ciudades llenas de depredadores, pero Alacant, desde la nada, ha alcanzado las más altas cotas de la miseria, que diría Groucho hablando de sí mismo.

Tras cuatro años a la deriva con un alcalde (socialista) que no quería serlo, hace más de dos décadas llegó el PP de Alperi y Castedo, la quintaesencia. Con ellos, un hasta entonces discreto constructor “hijo de…”, que había progresado fulgurantemente gracias a las obras municipales que le otorgaba el PSOE local (muchos dicen que a cambio de favores en especias y de votos en las asambleas, como en “La ley del silencio”, de Kazan) consiguió convertirse en la encarnación de Alicante.

Hoy, al pasear por la ciudad, es imposible no toparse con alguna de sus empresas de construcción, de promociones inmobiliarias, barrenderos, limpieza de colegios y edificios públicos, aparcamientos con plaza libre para amigos de Ángel Franco, contratas de basuras, y concesiones municipales a mansalva… Su apellido terminado en zeta resuena en todos los negocios redondos de la ciudad: el plan general de ordenación urbana, el pelotazo de Rabasa-Ikea, los residuos diversos (como Carrascosa, la mano derecha de Eduardo Zaplana que hoy regenta en Alicante un comercio de alimentos ecológicos, por ejemplo), los vertederos, los planes parciales…

El dinero público y la “polla insaciable”, una simbiosis que parecía imbatible hasta que los fiscales y los jueces empezaron a trabajar y los episodios comenzaron a salir a la luz: el yate que alguien allanó buscando supuestamente papeles, ciertos asaltos a domicilios particulares, una pistola ilegal en la caja fuerte de la oficina, viajes en jet privado para ediles agradecidos, entre ellos el alcalde Alperi y su alegría de fin de semana; cruceros por el Mediterráneo con putas de lujo incluidas para altos cargos bancarios a cambio de favores, chalets para los hijos del ex mandamás de la Cámara de Comercio, viajes en el yate para presidentes de la diputación provincial…

Mis amigos me animan a que escriba una novela con todo esto. Yo les contesto que no, que la realidad me supera; que si pongo en orden la narración sin salirme de los datos judiciales y las grabaciones policiales, esta historia no se la iba a tragar nadie por inverosímil. Dejemos una vez más que la realidad supere a la ficción, ma non tropo.

Garras sobre la ciudad y todos tan contentos, mirando hacia otro lado o llevándose su parte. Migajas y puestos de trabajo en una muy bien engrasada red clientelar que perdura hasta hoy. Recordemos, como detalle, que la última alcaldesa popular fue la más votada por los alicantinos desde la democracia, y ya estaba imputada cuando arrasó en las urnas. Recordemos que el PP ganó en las últimas elecciones municipales, a pesar de tener imputados a sus máximos dirigentes, y que le faltó un concejal para poder gobernar con Ciudadanos.

Un reflexión para “menfotistas” desconcertados: Para empezar a entender Alicante, su esencia su dinámica, habrá que convenir que la nuestra es una ciudad conservadora. De lo contrario, no hay quien entienda lo que está pasándonos. “¿Corrupción, dice usted? Por favor, somos alicantinos, la nuestra es la millor terra del món.”

¿Y ahora qué?

Pues ahora estamos en plena la resaca de una época llena de vileza y de dinero fácil para los amiguetes. Aunque a este cronista le asalta una duda: ¿Estamos realmente en el final de un trayecto político marcado por la mediocridad y las corrupciones? ¿Vamos hacia la luz al final del túnel? ¿Empezaremos a resolver los problemas que arrastramos desde hace tanto tiempo? En las últimas dos décadas, Alacant/Alicante ha cambiado sus señas de identidad más contundentes, mientras la desvergüenza alcanzaba sitios insólitos. Veamos la situación con la perspectiva de los últimos cincuenta años. Ya ni siquiera existe el espantajo del “surestismo” (propio de los años sesenta del siglo pasado), aunque nuestros dirigentes locales de última hora no desaprovechan ninguna ocasión para seguir culpando a Valencia de todo aquello que son incapaces de planificar o resolver.

En un tiempo récord, las fuerzas empresariales y políticas de Alicante han conseguido borrar cualquier rastro del otrora llamado “poder alicantino”. Sus propagandistas se han jubilado por edad o están pendientes de que los tribunales les metan un viaje (pero que les quiten lo “bailao”). Basta empezar por los grandes símbolos, por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, auténtico banderín de enganche en cualquier pulso económico con Valencia. Sus directivos la saquearon en la medida de sus posibilidades y ahora es del banco Sabadell. Todo un chiste para quieres agitaron en su día el fantoche del “País Alicantino”, o trataron de resucitar cierto cantonalismo político-empresarial con la creación del llamado Consorcio para la Promoción del Sureste, promovido en 1994 desde Alicante con las cámaras de comercio de Murcia, Almería, Cartagena y Albacete. La patronal alicantina, Coepa, era la promotora del asunto. Ay, la Coepa, otro símbolo hecho añicos por la realidad. En quiebra, con más de cinco millones de euros en deudas, la Coepa ha entrado en concurso de acreedores, en liquidación. Pobres empresarios nuestros, tan creativos en otro tiempo (juguetes, turrón, calzado, mármol…), víctimas de nuestros propios ineptos.

Y no hablemos del gran emblema: la Ciudad de la luz, cuya subasta ni siquiera obliga a que en el futuro se dedique a proyectos audiovisuales (qué buen almacén logístico para Zara, Ikea o El Corte Inglés, al lado del aeropuerto y con autovías alrededor). El complejo cinematográfico Ciudad de la Luz ha sido el único proyecto industrial montado por la Generalitat en la ciudad de Alicante en toda su historia, pero los Gerardo Camps y compañía lo organizaron todo como una máquina tragaperras en la que las únicas beneficiarias han sido las empresas que la construyeron, los politicastros afines disfrazados de ejecutivos y algún que otro familiar o correligionario de misa diaria. Y esta gran oportunidad perdida para la ciudad de Alicante se ha ido al traste entre la indiferencia de los alicantinos, tan dados a dejar hacer, y la tontería generalizada.

Con esta primera crónica desde el sur, me apetece, como siempre, decir la verdad, esa que –según el clásico ruso- es siempre el motor de cualquier progreso. Estoy en la madurez verdadera. Gracias por abrirme esta puerta, y voy a finalizar con una pincelada que promete brochazos futuros sin enmienda.

Con el ayuntamiento de Alicante intervenido por Hacienda, el nuevo gobierno municipal (PSPV-Guanyar-Compromís) vive en permanente amenaza de ruptura. El nuevo alcalde tripartito, llamémosle socialista (ex candidato a senador por Unión Valenciana) es experto en destruir grupos municipales (así lo hizo con el grupo socialista durante la última legislatura) y está más ocupado en marcar el terreno y provocar a sus socios políticos de Guanyar, que en resolver los problemas de áreas de su competencia, como Comercio. A los pequeños comerciantes los lleva locos con la liberalización de los horarios comerciales, tan querida por las grandes superficies, mientras el centro de Alicante se ha convertido en un gran bar que inunda la vía pública de mesas y provoca la bronca entre vecinos sufridores y empresarios del ocio representados patronalmente por el portavoz de la ejecutiva local del PSPV-PSOE, cuyo secretario general es, por cierto, el citado alcalde tripartito. En misa y repicando.

Desolador panorama desde el Puente Rojo (ahora lo quito, ahora lo mantengo…). Una titubeante realidad cargada de proyectos provisionales que se perpetuarán en el tiempo, como la Estación de Autobuses (adiós a la Estación Intermodal para toda una generación de alicantinos), como la Estación terminal de AVE (ni retranqueo, ni soterramiento, ni parque central, sino todo lo contrario: más vías, más ruido insoportable), como tantas otras promesas olvidadas tras la primera piedra. Una ciudad con más de veinte mil viviendas vacías, mientras se mantienen guetos como la Colonia Requena o ruinas como el barrio de José Antonio; mientras se sigue desahuciando sin prisa pero sin pausa.

Mi ciudad me duele. Qué desconsuelo. Menos mal que dentro de unos meses, durante la Nit del Foc, trataremos sin fortuna de quemarnos públicamente a nosotros mismos.