Desde luego, resulta sorprendente que ponga el acento en este hecho secundario, sobre todo teniendo en cuenta que en ningún medio se han publicado los datos de estas personas, los cuáles han permanecido en todo momento en el anonimato, en lugar de poner el acento en las consecuencias de su falta de deber público. La señora Martín, a la que le llegan las solicitudes de autorización para la celebración de determinadas fiestas estudiantiles en la Mesa Mota, miró para otro lado, echándole la pelota a otras áreas del Ayuntamiento, en este caso Fiestas y Seguridad Ciudadana, quizás porque no se ve capaz de llevar la labor que se le ha encomendado. Y habría que preguntarse qué le hubiera pasado a este Ayuntamiento, conocedor a través de estas solicitudes, si le hubiese sucedido algo a estos chicos. Desde luego sus familias estarían en todo el derecho a reclamarle a usted, señora Martín, el no haber hecho nada.

Nos alegramos de que la prensa se haga eco del buen desarrollo de las fiestas universitarias pendientes de celebrarse en la Mesa Mota, las del día 19 y 21, lo que es indicativo de que por lo menos ha servido para algo el llamamiento de atención que le hacíamos a usted, señora concejala. Estas celebraciones se pueden hacer sin ningún tipo de contratiempos, lo único que hace falta es plantear las medidas de seguridad que son necesarias y llevar un mínimo de control.

En última instancia lo que queda en entredicho con este tipo de asuntos es la profesionalidad de algunos medios de comunicación, más inclinados a ser meros servidores del poder y de la mano que paga sus servicios que de ofrecer a la sociedad una información veraz de relevancia pública.

Cuando un periodista recibe información con la intención de que pueda contrastar la veracidad de esta tiene la obligación de mantener en secreto la identidad de las fuentes que hayan facilitado la información. De hecho el artículo 199.2 del código penal castiga a los profesionales que divulguen la información que se les pasa de manera reservada. El periodista solo estará obligado a revelar la identidad de la fuente cuando de este modo se pueda evitar la comisión cierta de un delito contra la vida, la integridad, la salud, la libertad o la libertad sexual de las personas (artículo 15 del Estatuto del periodista profesional).

En este sentido, me cuentan que cierto periodista ya tiene una fundamentada querella en su contra, precisamente por pasarse de listo, no buscar las fuentes que contrasten la información que se le pasó y no observar una clara distinción entre los hechos y las opiniones, evitando toda confusión entre ambas cosas, así como la difusión de conjeturas y rumores.

Esperemos que se respete la labor de cada cual, y que tenga claro de una vez, señora Martín, que nuestra función como oposición es fiscalizar y estar pendiente de todo lo que hacen los concejales con competencias de Gobierno, precisamente para que estos estén vigilados y actúen en consecuencia. Esa es nuestra labor; si por criticarla se molesta, pues, como usted bien dice, nadie es imprescindible en este Ayuntamiento. La invito a irse, que a buen seguro habrá mujeres y hombres competentes en las listas del PSOE que la podrán sustituir.

Aunque claro, como decían en Casablanca, siempre le quedará Coalición Canaria.

*Portavoz adjunto de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna

Mientras en la propuesta que nos llegaba en julio de 2016 en el punto 1 se definía el suelo urbanizable como aquel “destinado a atender las necesidades reales de ocupación del suelo, que no pueden ser satisfechas por otros suelos clasificados con anterioridad”, con la enmienda 12 Coalición Canaria añade un párrafo final al punto 1 que resulta cuando menos alarmante: “No obstante, cuando las necesidades del municipio lo impongan, se podrá clasificar nuevo suelo urbanizable previa desclasificación de suelo ya clasificado de igual superficie”. Se justifican argumentando que “se trata de facilitar los intercambios de suelo cuando es preciso para atender necesidades urbanas”. Es decir, legalizan un cambio de cromos cuando le convenga al primer inversor que llegue a tocarle a la puerta del alcalde de turno.

Con ese añadido, se pervierte la planificación que debiera estructurar el territorio previendo lo que pasará durante el futuro próximo, de 15 a 20 años, atendiendo la demanda real de la población que habita en un lugar, con el fin de cubrir sus necesidades de vivienda, espacios libres y servicios en general.

Este proceso de clasificación de suelo debe pasar por un trámite que implica la evalución del impacto ambiental de la urbanización, dándole la posibilidad a los propietarios de presentar sus alegaciones a la propuesta que se les plantee. Pues bien, si se acepta ese añadido en el Parlamento de Canarias, supondrá que, teniendo ya el Plan General de cualquier municipio aprobado y estructurado, puede llegar en cualquier momento un inversor que adquiera terreno rústico barato en las próximidades de suelo urbanizable y plantee un proyecto que trate de vender como la panacea del interés público, generador de empleo y otras maravillas.

Entonces, el alcalde planteará un cambio de cromos desclasificando suelo urbanizable por la misma cantidad, lo que supondrá un perjuicio para las expectativas de los propietarios de esos suelos ya clasificados, así como un claro retroceso al proyecto global de urbanización de la ciudad, del pueblo o del núcleo rural de que se trate.

Este es un claro ejemplo de cómo Coalición Canaria pretende legislar para unos pocos en beneficio del capital privado, perjudicando los intereses de la ciudadanía en general. Un ejemplo flagrante de esto mismo lo podemos ver en el ya famoso bulevar de Valle de Guerra. Tanto en la propuesta de planificación presentada en el año 2013 como en la del 2014 se le daba un fuerte varapalo a la pretensión de urbanizar estos suelos, teniendo en cuenta que son rústicos de protección agrícola y la Cotmac indicaba, aludiendo a la directriz 62.1, que se debía buscar alternativas que “no afectaran a los suelos de reconocido valor agrícola, estén o no en cultivo”, debiendo además tener que justificar de “forma suficiente y precisa el interés general para reclasificarlos a urbanizables”, según la directriz 58.2.

Además, en la actualidad hay suficiente suelo urbanizable clasificado en Valle de Guerra para atender sus necesidades de crecimiento. De hecho, desde 2004 hay 83.844 metros cuadrados que no se han desarrollado, precisamente porque no ha habido necesidad. Pues bien, a lo largo de estos últimos cuatro años hemos sido testigos de cómo un grupo inversor pretende urbanizar unos terrenos rústicos que compró a precio de suelo agrícola, pretendiendo que Fernando Clavijo, cuando era alcalde del municipio de La Laguna, se los reclasificará haciendoles el agosto.

Sin embargo, la negativa de la Cotmac a que se reclasifiquen suelos rústicos sin que se justifique su necesidad, como hemos visto, provocó en primer lugar la pretensión de Clavijo de abolir las directrices de ordenación general, precisamente la legislación que había impedido llevar a cabo esta barbaridad.

Ahora, además, el señor presidente pretende por la vía legislativa lo que no pudo cuando era alcalde: legalizar un cambio de cromos que hasta ahora no se podía hacer, precisamente para proteger el interés general y no legislar para unos pocos. En fin, como decían nuestro mayores, Dios los cria y ellos se juntan.

*Portavoz adjunto del grupo municipal XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna

Pues bien, con la liquidación del año presupuestario de 2016 nos encontramos con que de la cantidad total que finalmente se disponía en el capítulo de inversiones reales, es decir, destinadas a infraestructuras y bienes, un total de 12.421.549,35 euros, se ha terminado ejecutando a la fecha de 31 de diciembre la cantidad de 6.534.587,50 euros en obligaciones reconocidas, lo que supone que solo el 35,45% del total se ha podido realizar.

El resto de esa cuantía económica se deberá retirar del plan de inversiones quedando como superávit no ejecutado, con lo cual solo se podrá destinar a amortizar la deuda pendiente de pago con las entidades financieras, heredada de la época del Gobierno de Ana Oramas, o al plan de pago a proveedores.

Si lo comparamos con el año 2015, observamos que se había presupuestado inicialmente la cantidad de 8.108.787,11 euros, de los que se acabaron reconociendo obligaciones a 31 de diciembre por la cantidad de 6.926.834,67 euros. Es decir, que al señor alcalde se le acaba yendo la fuerza por la boca, sobre todo teniendo en cuenta que durante el año 2016 se acabó reconociendo incluso menos cantidad que en el año anterior, 392.247,17 euros.

El problema es que los que al final acaban perdiendo son los vecinos de La Laguna, sobre todo porque en el Ayuntamiento se ingresa por impuestos mucho mayor cantidad de dinero que la que realmente acaba repercutiendo en la mejora de la calidad de vida del municipio en general. No en vano, el pasado año se notó bastante la falta de ejecución en el arreglo de las calles y otro tipo de infraestructuras ya muy necesitadas.

Esperamos que el alcalde empiece a cumplir su palabra dada a los vecinos y deje de tocar tantas trompetas de alabanza si al final no puede dar cuenta de un trabajo bien hecho.

Juan Luis Herrera

Portavoz adjunto de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna

Es bueno tratar de clarificar cuál sería el procedimiento de aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGO), recogido en el artículo 145. Para esto vamos a suponer que estamos en la piel del alcalde, José Alberto Díaz, y que, recién electo, se encuentra con el marrón que le ha dejado el patrón en La Laguna. En primer lugar, llamaría a la concejal de Urbanismo, Candelaría Díaz, para encomendarle la elaboración de los estudios necesarios que evalúen la situación del municipio, recabando toda la información que haga falta de otras entidades y administraciones públicas; lo bueno es que, como ya están hechos, se ahorraría este paso. Con esta información, se debería elaborar una propuesta de avance que sería sometida a consulta pública a través de la web municipal durante un mes.

Sin embargo, al ser online, muchos vecinos no podrían hacer sus aportaciones y, como no estén atentas, muchas organizaciones y asociaciones perderían su oportunidad. Cuando la concejal tuviera toda esta información se reuniría con Jose Alberto y le comentaría que habría que constituir un Órgano Ambiental, el cuál se supone que debería evaluar de manera independiente el impacto ambiental de la propuesta. El alcalde, como está cansado de que le lleven la contraria, pues decidiría que La Laguna, al ser un municipio de gran población, se merece tener su propio Órgano Ambiental, tal como se expone en el artículo 87.7.b), por lo cual ordenaría que se contrate directamente, de tal modo que “no dependa de nadie de fuera”. Así meteríamos a la zorra a vigilar el gallinero.

A continuación, el Órgano Ambiental recogería toda esta información, que le pasa la concejal de Urbanismo, y la sometería a información pública, durante 45 días habiles, junto con el estudio ambiental estratégico que elaboraría. No obstante, José Alberto podría acogerse a lo dispuesto en el punto 2 de la Disposición Transitoria Octava y decirle a Candelaria que, ya que tienen un trabajo hecho pues que “se conserven los trámites y actuaciones ya efectuados sin necesidad de convalidación o ratificación alguna”, con lo que se ahorrarían unas pelillas y se quitarían problemas aqui también. Paralelamente, durante el mismo periodo, se sometería a consulta de las administraciones afectadas, es decir, Ministerio de Defensa en los suelos militares, Fomento en las instalaciones del aeropuerto, etc. Con toda esta información, se elaboraría un estudio ambiental para remitir al Cabildo para que lo estudie e informe en el plazo de un mes.

Terminado este punto, la concejal de Urbanismo elevaría la propuesta al Pleno para aprobarla inicialmente, sometiéndola a información pública y consulta de otras administraciones afectadas por un plazo mínimo de 45 días y máximo de dos meses. Hay que tener en cuenta que el Gobierno de Canarias solo puede emitir un único informe expresando su dictamen preceptivo y vinculante. De todos modos, José Alberto dará instrucciones para que no se tengan en cuenta ni los informes ni las alegaciones presentadas fuera de plazo, tal como se expresa en el artículo 20.5, puesto que el procedimiento de aprobación del PGO no se puede parar por nada ni por nadie.

Terminado el plazo, se analizarían las alegaciones e informes presentados y se reharía la propuesta. Si hay cambios sustanciales, volvería a someterse a exposición pública durante otros 45 días hábiles.

La propuesta final se remititiría entonces al Órgano Ambiental, que tendría tres meses para elaborar la Declaración Ambiental Estratégica, prorrogable por un mes. A pesar de todo lo que ha luchado, la jugada podría salirle mal al alcalde y resultarle molesta la Declaración Ambiental, con lo cual daría órdenes a Candelaria Díaz para que preparase un escrito razonando que no están de acuerdo con lo expuesto por el Órgano Ambiental. Éste tendría 30 días para contestar y, si por casualidad, se mantiene en sus trece, tampoco tendría el alcalde la obligación de hacerle caso. José Alberto entonces convocaría la Junta de Gobierno donde propondría levantar el reparo ambiental y lo elevaría al Pleno para conseguir un acuerdo en este sentido.

Un ayuntamiento que tuviera mayoría de Gobierno no tendría el mayor problema en rechazar los reparos ambientales que se le pongan a la propuesta de PGO (según lo expuesto en el artículo 20.6). Estando en minoría, el alcalde se lo tendrá que currar un poquito más para convencer a algunos partidos de la oposición, aunque no mucho.

Finalizado todo el trámite, entonces José Alberto estaría en disposición de aprobar el nuevo Plan de Ordenación Urbana de La Laguna en un tiempo record, 14 meses aproximadamente. A pesar de todo, puede ser que a José Alberto se le atasque algún proyecto o actuación que quiera desarrollar debido a que los vecinos son muy protestones y le llevan la contraria. Entonces tendría la posibilidad de dirigirse al patrón, Fernando Clavijo, solicitándole la declaración de interés insular o autónomico para el proyecto deseado, tal como se expresa en el artículo 124, de tal modo que se pueda hacer una tramitación diferenciada y preferente del mismo (puede tratarse, por ejemplo, de la construcción de un campo de golf en la zona de Bajamar-Punta del Hidalgo, una macro zona industrial en los terrenos de la Ciudad Deportiva del Tenerife, una zona comercial en el llamado “Bulevar de Valle de Guerra”, la zona lógistica-industrial prevista en La Vega Lagunera, la zona comercial de La Cordillera en Guamasa, etc).

Esto supondría que el proyecto, que puede ser de iniciativa privada o pública, se aprobara al margen del Plan General en cualquier tipo de suelo, salvo el rústico de protección ambiental. También es posible que el Gobierno canario suspenda de oficio o a petición de otras administraciones, el Plan en alguna zona concreta, de tal modo que plantee una alternativa, que encima no tendría la necesidad de pasar por la evaluación ambiental (estamos hablando por ejemplo de la construcción de cualquiera de los viarios recogidos en el PTEOSVAM, como la Via Exterior).

Esta ley falla al no prever el contrapeso necesario en cualquier estado de derecho a la discrecionalidad de cualquier alcalde que, en caso contrario, puede llegar a convertirse en un “dictador” de su finca particular. Nos parece lógico que en su posición actual, José Alberto quiera esperar a la aprobación de la futura Ley del Suelo de Canarias, para la tranquilidad de su conciencia, vamos, como diría el alcalde dirigiéndose al presidente del Gobierno de Canarias “mándele jefe”.