El debate sobre la privatización de servicios básicos, como los de agua y saneamiento, más allá de lo ideológico, es un debate de coherencia, eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos marcados. Y ello sin pretender difuminar la trascendencia del necesario debate ideológico, distinguiendo, eso sí, ideología de dogmatismo. 

En materia de agua hablamos de servicios vinculados a derechos humanos y ciudadanos que, por su naturaleza, deben estar garantizados para todo el mundo, lo que obliga a que tales servicios sean de acceso universal. Conviene recordar que Naciones Unidas en 2010 estableció como derechos humanos tanto el acceso al agua potable como a servicios de saneamiento. El debate por tanto debería partir de si la herramienta del mercado es o no la adecuada para gestionar este tipo de derechos y si es coherente tratar a la ciudadanía como simple clientela a la hora de gestionarlos. La respuesta, a nuestro entender, más allá de diferencias ideológicas, resulta evidente. Quizás por eso, sectores importantes de la derecha europea, como ocurre en Holanda o incluso en el País Vasco, rechaza la privatización de estos servicios.  

Otra cuestión clave a debate está en los pretendidos incentivos de eficiencia que genera la competencia por el mercado, que es la que, en el mejor de los casos, se da cuando se privatiza la gestión de estos servicios. Así como nadie niega la eficacia que puede llegar a tener la competencia en el mercado a la hora de incentivar la eficiencia, bajo adecuadas condiciones, la competencia por el mercado en absoluto genera tales incentivos. En este caso, al tratarse de un monopolio natural, tan sólo se puede establecer un proceso de competencia en el momento del concurso público; luego, una vez adjudicada la gestión, generalmente por largos periodos de hasta 40 años, no existe competencia alguna. 

El modelo de privatización que se impone es el conocido como modelo “francés” o “europeo”, diseñado por los grandes operadores galos que dominan el escenario global en este frente. No se trata de privatizar el recurso en sí mismo, como establece la ley chilena de aguas, aprobada por Pinochet, que luego se encargó de perpetuar vinculándola a la Constitución al negociar la transición a la democracia; ni de privatizar las infraestructuras de agua y saneamiento, como hizo Margaret Thatcher en Gran Bretaña. El modelo francés busca privatizar la gestión, ofreciendo incluso la creación de empresas público-privadas en las que las instituciones públicas pueden tener una mayoría accionarial (generalmente un 51%). La clave está en las cláusulas que establecen, en nombre del know how o del savoir faire, que la gestión quede en manos del socio minoritario, por ser quien se supone tiene las capacidades pertinentes. El control de la empresa queda así en manos del socio minoritario, a través del monopolio efectivo de la información, mientras el Ayuntamiento, la Diputación o el Gobierno Autónomo, según casos, suele exhibir su mayoría accionarial de cara a la galería política. Otra cláusula suele amarrar lo que se denomina el “blindaje del mercado de inputs secundarios”, al establecer que sea la dirección de la empresa mixta quien decida sobre compras, contrataciones y subcontrataciones, sin pasar por concursos públicos. De esta forma, en nombre de la libre competencia, desaparece la competencia en esos concursos durante décadas, y los contratos se adjudican directamente a empresas asociadas, dependientes del concesionario. Ello supone un encarecimiento de compras y contrataciones, pero sin riesgos para la empresa, en la medida que otra cláusula prevé cargar los costes en la tarifa que pagan los ciudadanos. Así, la mayor parte de los beneficios del grupo empresarial, no emergen en el capítulo de beneficios de la empresa mixta, sino que se esconden en su apartado de costes.  

Los contratos suelen firmarse por largos periodos, de hasta 40 y 50 años. De esta forma, más allá de garantizar el negocio por más tiempo, se asegura la irreversibilidad de la operación. Si una futura corporación pretendiera recuperar la gestión del servicio, el concesionario no sólo podría exigir la reversión de las inversiones realizadas, con sus intereses, lo que es natural y justo, sino que tendría derecho a demandar el “lucro esperado” en todo el periodo de concesión, lo que suele suponer indemnizaciones impagables. 

La última clave del modelo, y al tiempo la más decisiva e inmoral, es el llamado canon concesional; una importante suma de dinero, de libre disposición para la Alcaldía, que el concesionario adelanta, a modo de crédito, a recuperar en la tarifa durante el periodo de concesión. Y todo ello en el marco, aún vigente, de anorexización de las finanzas municipales, impuesto desde las llamadas estrategias de austeridad. En este contexto, inversiones tan ineludibles como construir una planta de saneamiento, que cualquier banco financiaría con el aval de las tarifas del servicio, quedan bloqueadas por ley. Sin embargo, sí se permite que el Ayuntamiento encomiende la construcción y gestión de la planta a un concesionario privado que, además, pasa a ejercer funciones de banquero, con el canon concesional y otros préstamos o deudas consentidas, a cambio de esa privatización. 

Hoy, en torno al 60% de la población en España tiene sus servicios de agua y saneamiento privatizados. Tales procesos de privatización nunca fueron propuestas electorales, ni se sometieron a consulta popular alguna. Simplemente, una vez ganada la alcaldía, se decidieron como forma de aliviar las finanzas municipales, en el mejor de los casos. Y decimos en el mejor de los casos porque los escándalos de presunta corrupción han estallado por todo el país en torno a estas operaciones de privatización, poniendo en cuestión no sólo la honestidad de decenas de alcaldes y concejales de diversos partidos, sino también la de empresas tan importantes como Aguas de Barcelona, Aguas de Valencia..., en procesos judiciales de una enorme envergadura, como el destapado por la operación POKEMON. Mientras, en Francia, país en el que se diseñó esta estrategia privatizadora, la nueva ley anticorrupción ha ilegalizado el canon concesional al considerar que genera prácticas oscuras que favorecen la corrupción. 

Tras el estallido de la pandemia, el poderoso grupo de presión de esos concesionarios privados ha abierto una ambiciosa operación de lobby sobre el Gobierno central Gobiernos Autónomos y Ayuntamientos, reclamando compensaciones económicas por el descenso del consumo (al cerrar bares, restaurantes…) y prórrogas de los tiempos de concesión. La patronal de la sanidad privada realiza movimientos similares, reclamando parte de los fondos europeos que se anuncian; pero lo hace de forma sumamente discreta, en la medida que siente la presión social en pro de la sanidad pública, como servicio de interés general, accesible a todos y sin ánimo de lucro.  

Llegados a este punto, la pregunta es: ¿no deberíamos considerar los servicios de agua y saneamiento como pieza clave del sistema público de salud, y darles el tratamiento que reivindicamos para nuestra sanidad pública? La pandemia ha destapado la insensatez que supone hacer del cuidado de nuestros mayores un simple espacio de negocio, en el que incluso las residencias públicas, en su mayoría, son gestionadas por empresas privadas que concursan a la baja y luego rebajan costes, degradando la calidad del servicio y las condiciones laborales de quienes allí trabajan. Hoy, la dolorosa catástrofe que han supuesto las decenas de miles de muertos por la COVID-19 en las residencias, está abriendo el debate sobre si el cuidado de nuestros mayores debe gestionarse bajo la lógica del mercado o no. Sin embargo, en la medida que este virus se transmite por vía respiratoria, el debate sobre la privatización de los servicios de agua y saneamiento es menos relevante. ¿Tendremos que esperar a que la siguiente pandemia se transmita por vía digestiva para afrontar la cuestión?

Con la reciente ciclogénesis explosiva en plena sequía, siguen creciendo las evidencias del cambio climático. Quienes fuimos objeto de ataques y burlas en el pasado por advertir sobre las catastróficas consecuencias que podrían derivarse de este complejo fenómeno, nos encantaría habernos equivocado en nuestros diagnósticos y denuncias, pero, si no reaccionamos de forma urgente y contundente, es más que probable que nos quedemos cortos en esas previsiones. 

Aunque, afortunadamente, hace tiempo que no se oye hablar del primo del Sr. Rajoy, la brutalidad del Sr. Trump retirando nada menos que a los EEUU de los acuerdos de París, nos demuestra hasta qué punto los intereses a corto plazo de quienes, siendo pocos, son los más poderosos, pueden empujarnos definitivamente al abismo. 

Dada la gravedad de la situación en que nos encontramos y la urgencia de una reacción inmediata, en Unidos Podemos nos hemos puesto manos a la obra para redactar una Ley de Cambio Climático eficaz y justa, ante el profundo escepticismo que inspira el Gobierno en su compromiso de traer a la Cámara su propio proyecto, sin fecha, perfiles ni objetivos claros. Por ello, para debatir sobre las estrategias y puntos clave que se incluirán en la Ley, celebramos hoy jueves y mañana viernes el Foro del Clima en el Congreso. 

Recordemos que el Gobierno ya saboteó la notable posición de la que disfrutaba España en materia de energía solar y eólica, con medidas como el llamado “impuesto al sol”, para atender las insaciables ambiciones de un oligopolio eléctrico que disfruta de las tasas de beneficio más boyantes del sector en Europa.

Respecto al coste de las energías renovables, los datos publicados a nivel internacional demuestran que el acelerado abaratamiento de la energía solar la hace ya competitiva, mientras la eólica resulta claramente más barata que las energías fósiles; y ello a pesar del precio artificialmente barato del petróleo, que sin duda subirá de cara al futuro. No hay por tanto argumentos, ni técnicos ni económicos, que justifiquen la actitud del Gobierno. Esta actitud solo se explica por razones “políticas”, en el sentido más perverso del término, como expresión del poder de las eléctricas sobre el Gobierno. Lejos queda esa “POLÍTICA”, con mayúsculas, entendida como el arte de hacer posible y de hacer realidad lo que es necesario y justo. 

Asumir de forma decidida el reto de transitar a las energías renovables nos permite hacer de la necesidad virtud: usando ese “petróleo del siglo XXI”petróleo del siglo XXI, el viento y el sol que abundan en nuestro país, especialmente en mi tierra, Aragón; y desarrollando el ingente potencial de trabajo de calidad que ofrecen estas nuevas tecnologías, desde una matriz energética descentralizada y democratizable bien distinta a la vigente. 

Pero más allá de la necesaria transición energética, la crisis climática nos empuja a cambios profundos del modelo económico, desde la lógica y la visión de la economía circular. La manifiesta insensatez del modelo económico vigente, obcecado en la codicia frente a los límites del planeta, se manifiesta en la barbarie de la minería a cielo abierto, que destruye territorios y paisajes para sacar un gramo de metal por tonelada removida. Se manifiesta también en la insensatez que supone exprimir los hidrocarburos de pizarras profundas mediante tecnologías de fracking que juegan con la salud de nuestros hijos, por contaminación tóxica de los acuíferos. El cambio climático, que nos fuerza a recuperar la lógica del ciclo solar para producir la energía que necesitamos, nos debe inducir también a recuperar la sensatez circular de la vida en el reciclado y reutilización de recursos no renovables; así como en la regeneración de recursos renovables como el agua, para lograr la sostenibilidad de los ecosistemas que renuevan esos recursos cada día. 

La preocupante sequía que nos afecta podría dar razón a ese refrán de “no hay mal que por bien no venga”, si sirviera cuanto menos para despertar nuestras conciencias. En el plazo de 40 años desde que proyectamos nuestros planes hidrológicos, la expectativa de caudales fluviales medios en las cuencas ibéricas se reducirán en un 20% por el aumento de consumo de las masas vegetales, silvestres y agrarias, y por aumento de las temperaturas; al tiempo que los ciclos de sequía y bruscas tormentas serán cada vez más intensos y frecuentes.

Por ello, además de afrontar el reto de la transición energética en el marco de las estrategias de mitigación, para reducir la envergadura del cambio climático por venir necesitamos desarrollar estrategias de adaptación que minimicen nuestra vulnerabilidad frente a los impactos inevitables del cambio climático que ya hemos provocado con las emisiones realizadas. 

Entre los retos de adaptación destaca en gestión de aguas, el de acabar con la sobreexplotación de nuestros acuíferos y con el millón largo de pozos ilegales existente, a fin de recuperar nuestra principal infraestructura natural de reserva, nuestros pulmones hídricos, para gestionar las sequías por venir. Revitalizar nuestro medio rural debe ser otro frente clave de las estrategias de adaptación, revirtiendo la despoblación en curso, promoviendo prácticas agroganaderas que recuperen el tesoro que representa la fertilidad productiva de nuestros suelos, y desarrollando adecuadas políticas forestales frente a los crecientes riesgos de incendio. Estos son algunos de los retos a afrontar frente al fenómeno de la desertización que avanza en nuestro país por efecto del Cambio Climático. “Nunca es tarde si la dicha es buena”, dice el refrán: ¡REACCIONEMOS!

En todo caso, como siempre, agricultores y ganaderos son los primeros afectados: 50% de la cosecha de secano; hortalizas y frutas, afectadas también por altas temperaturas; 45% menos de pastos y encarecimiento del alimento para el ganado. Y todo ello sobre una Renta Agraria 45% por debajo de la media, y en un sector cada vez más polarizado: por un lado agro-negocios e integradoras ganaderas con crecientes beneficios, y por otro pequeños y medianos agricultores empujados progresivamente  al abandono de sus explotaciones. En este contexto, nuestro compromiso es rotundo y se centra en esa mayoría de agricultores y ganaderos, que son clave para vertebrar ese medio rural vivo que la sociedad necesita. Respecto al Decreto, entendemos razonable la moratoria en cuotas de la Seguridad Social, siempre que se incluya la eliminación o reducción de las jornadas necesarias para que los jornaleros puedan cobrar el subsidio agrario; razonables las ayudas fiscales y crediticias; e incluso el incremento del canon hidroeléctrico, para mejorar el dominio publico hidráulico. Pero debería explicar el PP por qué en los presupuestos que impusieron se incumple de forma clamorosa la ley que, tal y como recuerda el propio Decreto, exige asignar al menos el 98% de ese canon, 278 M€, en proyectos de mejora del dominio público hidráulico, que brillan por su ausencia. En todo caso, más allá de estos aspectos positivos, el Decreto es erróneo e injusto.

En segundo lugar, es preciso suplementar la disponibilidad de caudales en sequía, y para ello, más allá de acuíferos y embalses de regulación plurianual,  la clave está en las nuevas tecnologías de desalación, flexibles, modulares y sobre todo eficaces, aún en sequías extremas, usando energía solar y eólica. De hecho tenemos un potente parque de desalación, financiado por la UE, que está muy lejos de una gestión óptima. Y ahí si, podría ser razonable subvencionar agua desalada para explotaciones vulnerables en sequía. Pero sobre todo, hay que fortalecer el sistema de seguros, y no debilitarlo como ha hecho, de forma insensata, el PP en los presupuestos. Y no sólo dotando más fondos para cubrir riesgos crecientes, sino integrando al regadío de pequeños y medianos productores en el sistema público de seguros agrarios, que hoy cubre razonablemente el secano, pero no el regadío. En lugar de exenciones al uso del agua, lo que debemos es extender seguros eficaces a la explotación familiar en el regadío.

*Rosana Pastor- Diputada de Unid@s Podemos

Pedro Arrojo Agudo – Diputado de Unid@s Podemos

“Fui a las comunidades LENCA para dar un curso sobre energías renovables, organizado por el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), y Berta me ofreció su casa, donde tendría Internet”, relata Gustavo Castro.

“Estuvimos hablando en el porche hasta tarde, y nos retiramos a dormir. Estaba trabajando con el ordenador, en mi cama, cuando se oyó un fuerte golpe. Habían tirado la puerta de la cocina. Se abrió bruscamente la puerta de mi habitación y me vi encañonado, mientras oí a Berta enfrentar a sus agresores; varios disparos y cuando quien me apuntaba a la frente hizo el gesto definitivo de disparar, me encogí instintivamente y me tiré al suelo. El disparo me atravesó la oreja y la mano con la que me tapaba la cara. Me dieron por muerto y salieron huyendo”. Gustavo Castro es un buen amigo de Chiapas, dirigente conocido y reconocido en todo México y Centroamérica por su lucha en conflictos de grandes presas y minería.

Berta lideraba desde el COPINH la resistencia del pueblo lenca frente al proyecto de presa hidroeléctrica de Agua Zarca, promovida por una empresa hondureña, DESA, vinculada a miembros del Gobierno y del ejército, y financiada por la corporación alemana Voith Siemens, el banco holandés FMO, el finlandés Finnfund y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el que participa España.

Desde el Golpe de Estado de 2009, como dice el lema del Gobierno, «Honduras is Open for Business»; es decir, las grandes corporaciones transnacionales recibieron todo tipo de facilidades para desarrollar grandes proyectos mineros e hidroeléctricos. Desde entonces, el Gobierno, no sólo facilita el desplazamiento de comunidades y la ocupación de sus tierras, sino que viene imponiendo un régimen de terror y criminalización de la protesta que, como es natural, se multiplica en las comunidades afectadas. Recientemente, Global Witness publicaba su Informe “Honduras: El país más peligroso del mundo para el activismo ambiental”, en el que se documentan 123 personas asesinadas, desde 2010, por enfrentarse a las empresas que destruyen ríos, talan bosques y arrasan o acaparan tierras de las comunidades indígenas y garífunas.

En la semanas que siguieron al asesinato de Berta, tuve el honor de participar en la Misión Internacional de Observación “Justicia para Berta Cáceres”. En nuestras conclusiones constatamos y documentamos:

Desgraciadamente, ha pasado un año y la situación no ha mejorado. Siguen asesinando, bajo una clamorosa impunidad, a dirigentes comunitarios, especialmente del COPINH, como Nelson García o Lesbia Yaneth Urquía; al tiempo que siguen las amenazas, detenciones y todo tipo de acciones represivas sobre las comunidades.

Y todo ello, mientras España y la UE mantienen programas de cooperación, como EUROJUSTICIA, con más de 30 millones de euros, para fortalecer el Estado de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos, con un Gobierno que hace sistemáticamente todo lo contrario.

Revisar y auditar la clamorosa ineficacia (a los hechos nos remitimos) de estos programas de cooperación; abrir espacios directos de apoyo a las organizaciones de Defensores de Derechos Humanos; revisar la política del Banco Centroamericano de Integración Económica, en el que participamos, a la hora de financiar megaproyectos, en los que se transgreden derechos humanos; apoyar la sistemática petición del COPINH y de Defensores de los Derechos Humanos de investigaciones independientes de los crímenes, como el de Berta Cáceres, bajo la supervisión de la Comisión Interamericana de DDHH; … ; son algunas de las muchas cosas que deberíamos hacer desde España y dese la UE, y que no hacemos.

Esta candidatura estuvo formada por personas que pertenecíamos (y pertenecemos) a varias de las corrientes existentes en Podemos. También a tradiciones y generaciones distintas. Esa diversidad nunca fue un problema, ya que compartimos el objetivo de construir un Podemos fuerte, honesto, unido, sensato y que sirva para pelear por los derechos e intereses de la mayoría. 

Nos entristece profundamente la división absurda entre Pablistas y Errejonistas. Es obvio que en un partido de base amplia, que no es una secta de la extrema izquierda al estilo del Frente Popular de Judea sino un partido de masas, tiene que haber posiciones diferentes. Esto ocurre en todos los partidos grandes. Sin embargo, a nuestro entender las diferencias que se plantean no son tan grandes, y lo que es más importante: las alternativas no son excluyentes sino más bien complementarias.

 “Politizar el sufrimiento” o “Buscar a los que no están”

Está claro que para alcanzar la unidad popular necesitamos una base amplia y que debe albergar en su seno elementos sociales de carácter transversal y diverso.  Desde parados y desahuciados despolitizados a esas personas que como explicaba Errejón dicen “a mí me gusta lo que decís pero es que yo tengo unos ahorrillos”. Por eso iniciativas como Vamos, enfocada a movilizar a ese sector despolitizado y que es el que más está sufriendo la crisis, son importantes. Porque esa gente es necesaria para la transformación social, pero también es necesario que esas familias de clase media que a base de currar y ahorrar se han comprado un par de casas, nos vean como aquellos que pueden defender sus intereses frente a los abusos de las eléctricas o de la banca. Para explicarlo con ejemplos de actualidad, diremos que es necesario evitar los desahucios y acabar con la pobreza energética pero también acabar con la estafa en la tarifa de la luz que pagamos todos y con los abusos generales de las condiciones hipotecarias (clausulas suelo o gastos de constitución por ejemplo). Por lo tanto no existe contradicción real sino una simple cuestión de dónde ponemos el acento.

Calle o Parlamento

“Todos los derechos se han conseguido con la movilización, nada en los parlamentos” o “las protestas no valen para nada”, son letanías ambas tan repetidas como absurdas. Esta es otra de esas falsas dicotomías. Hay que hacer una labor útil en los parlamentos. Hechos como la reciente subida del SMI en España (aunque haya sido menos de lo necesario) o el que Fernández Díaz no presida una comisión en las Cortes, se deben básicamente a nuestra acción parlamentaria. Aquí en Aragón, gracias a nuestros diputados, hemos sido pioneros en el Estado en hacer una norma contra la pobreza energética. Y por descontado que los firmantes de este artículo creemos en la acción y la movilización como forma de hacer política. Hay sobrados ejemplos históricos de la utilidad de la movilización. Pero si hay algo todavía más evidente, es que la combinación de las dos, es decir, de acción parlamentaria y de movilización, es sin duda, lo que mejores resultados da. En realidad volvemos a ver que la dicotomía no es tal.

¿Cómo Sumar?

De este tema se habla mucho, pero en realidad es uno de los que menos discusión tiene, tanto Iglesias como Errejón están dispuestos a apoyarse en otras fuerzas, ya sea a través de las confluencias autonómicas, de la coalición con IU o de las ciudades del cambio. Sin embargo, los dos quieren preservar la estructura e independencia orgánicas de Podemos. Vuelve a no haber debate, ambos están de acuerdo.

La asamblea estatal de Podemos (Vista Alegre 2) debe trabajar por un documento de consenso que facilite la consolidación de un partido honesto, fuerte y unido que sirva para atraer a los que no están y para politizar a los de abajo, que agite el árbol en la calle y recoja las nueces (en forma de conquistas sociales) en el parlamento y que esté abierto a las confluencias pero manteniendo su identidad orgánica.  Creemos que es posible y necesario. Para la batalla que tenemos por delante, que es la de cambiar este país, no sobra absolutamente nadie y deseamos profundamente ver la escenificación de ese partido unido en Vista Alegre 2.

*Alfonso Alegre Val. Profesor y Economista. @alfonso_alegre. @alfonso_alegre

*José Luis Martínez “Negro”  Miembro de CCA de Podemos Aragón.

*Pedro Arrojo. Diputado de Podemos por Zaragoza en el Congreso. @PericoArrojo@PericoArrojo

Por otro lado, tanto a nivel estatal como en Aragón, aunque no conseguimos liderar Gobiernos de Cambio, por muy poco,  si conseguimos acabar con el bipartidismo. Esa quiebra definitiva del bipartidismo ha llevado recientemente a los poderes en la sombra, a sacrificar su estrategia favorita, basada en turnos de PP y PSOE en el Gobierno, para escenificar cambios sin cambiar nada sustancial. En esta ocasión, para no cambiar nada, tuvieron que imponer una estrategia de Gran Coalición “en diferido”, mediante ese golpe antidemocrático de los barones, que ha silenciado y marginado a las bases socialistas.

En este contexto, nuestra frustrante oposición “responsable”  en las Cortes de Aragón debe pasar a perfilarse como una nueva y dura oposición parlamentaria, vinculada a  la movilización ciudadana en la calle, frente a esa Gran Coalición a la Aragonesa, con los Señores Lambán y Pérez Anadón a la cabeza, que ya se venía anunciando, de facto, día a día; por sus actos los conoceréis, dice el refrán…Año y medio de oposición en las Cortes, tan laboriosa y tenaz como insatisfactoria, soportando, al tiempo, una descarada y vergonzosa Gran Coalición contra el Gobierno Municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza. Tras el incumplimiento del decálogo de compromisos acordado con el Gobierno PSOE-CHA, e incluso de las partidas conquistadas en presupuestos, que luego no se ejecutan, y la sistemática resistencia a auditar y limpiar de corrupción y clientelismo el Instituto Aragonés del Agua, Sarga y demás espacios oscuros de la DGA, es tiempo de denunciar el fariseísmo político que supone reclamarse progresista y promover, en la práctica, acuerdos preferenciales con la CEOE, más fondos para los intereses privados en la enseñanza, viejas políticas hidráulicas de hormigón y la estafa de pueblos y ciudades que supone el ICA (Impuesto de Contaminación del Agua) para cubrir la corrupción y la privatización de los servicios de agua y saneamiento.

Es tiempo de dejar las cosas claras, desde una oposición dura que se apoye y promueva la movilización ciudadana frente al Gobierno de la DGA, cada vez más amparado en la complicidad de PP y Ciudadanos, al tiempo que redoblamos nuestro apoyo, tanto al Gobierno de ZeC, como a los alcaldes, alcaldesas y concejales del CAMBIO en multitud de pueblos y ciudades de nuestro Aragón.

Para todo ello, la prioridad debe estar en fortalecer PODEMOS, la mayor convergencia social y política jamás conseguida en Aragón desde la transición, empoderando a los Círculos, como espacios de debate y acción política en barrios, comarcas y frentes sectoriales. Círculos abiertos a la gente solidaría que quiere luchar por el CAMBIO, sean o no de PODEMOS. Empoderar a los Círculos sobre la base de cuidarnos y de cuidar a la gente que desde esos Círculos lucha en el día a día, sin descanso, y que en este “correr atándonos los zapatos” se ha sentido a menudo relegada y marginada.

Por otro lado debemos afrontar el reto, de forma proactiva y sin demora, de hacer de UNID@S PODEMOS una plataforma de acción política en Aragón, más allá de la importante función electoral que ha cumplido. A su vez, ha de iniciarse un gran debate durante todo 2017, coinicidiendo con Vistalegre II y con la renovación de los órganos municipales y autonómicos sobre  la fórmula de confluencia más apropiada para afrontar el ciclo electoral que empiece en 2019 patiendo de la experiencia que  yahayamos desarrollado en las candidaturas unitarias.

Pero en última instancia, debemos tener siempre presente que la fuerza necesaria para llevar adelante los profundos cambios que necesitamos radica y radicará siempre en los movimientos sociales, en los que muchas más gentes, por encima de siglas e ideologías, debemos unir nuestra indignación, nuestra razón y nuestra voluntad para hacer posible y hacer realidad lo que es necesario y es de justicia. PODEMOS, como otras fuerzas del cambio, nacimos de la indignación del 15M, de la movilización ciudadana, y nos debemos a ella.

A punto de comenzar las votaciones para renovar el documento político de PODEMOS Aragón, todo ésto y mucho más es lo que recoge el documento  “PODEMOS, Todo para todas”. Un documento desarrollado en colaboración con otras muchas compañeras y compañeros como nuestra Presidenta de las Cortes, Violeta Barba o la portavoz de PODEMOS en las Cortes de Aragón Maru Díaz entre otras personas con menor repercusión pública pero que desarrollan un importante trabajo en el día a día tanto en los diferentes círculos de Podemos por todo Aragón como en las confluencias de  Zaragoza en Común y Ganar Alcañiz.

Por un Aragón distinto, donde seamos la voz alternativa a un régimen caduco y turnista.  Abiertos, cómo no, a sumar a cuanta más gente que hasta ahora no ha estado; pero sin  limitarnos ni renunciar a afianzarnos en el territorio, a ser la voz cercana y conocedora de las problemáticas que vertebran nuestra comunidad y conocedora de las respuestas que tenemos ante ellas.

Por un Aragón con más Podemos, garantía para un Aragón con más derechos: Podemos… Todo para Todas.

Si quieres leer el contenido íntegro de nuestro documento político puedes hacerlo aquí. 

Estos pretendidos “tratados de libre comercio”, no pretenden propiamente facilitar el comercio, sino imponer los intereses comerciales de las grandes corporaciones por encima del interés general de las poblaciones, de la jurisdicción de los tribunales e incluso del poder de las urnas.

Estos tratados se basan en el principio de la máxima desregulación. Por ejemplo, si en EEUU está permitido el clembuterol en la carne, deberá permitirse en Europa. Se impone, en suma, el nivel mínimo de protección ambiental, de legislación laboral, de protección a la salud pública, etc…, vigente en uno y otro de los países firmantes.

Por otro lado, desaparecen las protecciones derivadas de las denominaciones de origen. Si en California o en Toronto, algún productor hace vino de tipo “Jerez” podrá llamarlo “Jerez” y competir en España y Norteamérica bajo esa denominación. Y lo mismo para las diversas denominaciones de origen de jamones, quesos y demás productos con fama nacional o internacional …

Si un parlamento nacional aprobara una ley obligando a que la cerveza, u otras bebidas, se tuvieran que comercializar en envases reutilizables, para ahorrar recursos y reducir desechos, cualquier exportador de cerveza en envases no reutilizables podría demandar al Gobierno de ese país, ante los tribunales de arbitraje previstos en estos tratados, y exigir millonarias indemnizaciones por haber afectado a sus intereses comerciales. Y lo mismo podría ocurrir si se pretendiera etiquetar los alimentos, dando una información adecuada a los usuarios, si en el otro país firmante no hubiera obligación de hacerlo.

El tema de los tribunales privados de arbitraje internacional es otro de los grandes asuntos en juego. Son tribunales que se sitúan al margen y por encima de los tribunales de justicia vigentes. A diferencia de éstos, que se supone responden al interés general, los tribunales de arbitraje vigilan y velan por el interés privado de las grandes corporaciones, en sus transacciones y negocios en el ámbito de los países firmantes.

Proteger a la explotación familiar agraria o ganadera con las vigentes subvenciones públicas, frente a la competencia de las grandes explotaciones agro-industriales dominantes en Norteamérica, pasaría a ser ilegal. Mientras que promover prácticas de “venta a pérdidas”, desarrolladas por grandes empresas, vendiendo durante un tiempo por debajo de costes hasta hundir a los pequeños productores; o prácticas de dumping, produciendo a costes más bajos donde no existe salario mínimo, derecho al paro o la obligación de cotizar a la seguridad social, no se considera competencia desleal, sino legítima competencia en el libre mercado.

Aunque crece el número de países que exigen referéndums nacionales, como condición para validar la firma de estos Tratados, resulta preocupante que PSOE, PP y Ciudadanos apoyen su tramitación en el Parlamento Europeo y se alimente la idea de una simple aprobación en la Comisión y en el Parlamento Europeo, eludiendo incluso el debate y aprobación en los Parlamentos Nacionales.

En Alemania, Francia y Países Bajos cientos de miles de personas se manifiestan contra estos tratados, crece el clamor ante al secretismo de la negociación y se entregan en Bruselas tres millones y medio de firmas en su contra. Sin embargo, en España, ni siquiera la cumbre Europea, que debía firmar el CETA, parece merecer la atención de nuestros medios de comunicación.

La consigna de las poderosas corporaciones internacionales que promueven estos tratados es DISCRECIÓN y SILENCIO. No en vano se les conoce como “Tratados Vampiro”; y no sólo por la sangre que nos puedan chupar, como algunos habrán imaginado, sino porque la luz de la información y del debate democrático los mata.

El Sr. Rajoy, en el Pleno de Investidura, dejando a un lado su patriótica defensa de la soberanía nacional, ya defendió que en este tema debía ser Bruselas quien decidiera directamente. Nosotros exigiremos debatir, tanto el CETA como el TTIP, en el Congreso, con luces, taquígrafos y “altavoces” en las calles.

Veo a un PP exultante, aún siendo más referente de la corrupción y el escándalo que nunca, con su incremento de escaños, a costa de cargarse buena parte de la credibilidad y el perfil regenerador de Rivera y de Ciudadanos en general. Con el debate de investidura y la poderosa campaña mediática pro abstención del PSOE, el PP ha centrado sus esfuerzos en cargar sobre Sánchez la culpa de esas terceras elecciones que, por otro lado, desea fervientemente. De llegar a producirse, nadie duda que el alto nivel de abstención no sería homogéneo, sino que favorecería al PP. Ello, unido a un incremento en la efectividad del voto útil en beneficio del PP, a costa de Cs, hace esperar en el PP un avance en diputados, y en Cs un horizonte pésimo.

Hablar del PSOE es siempre complicado, por la diversidad de intereses y estrategias en disputa que pugnan en su seno. La posición de los poderes fácticos, que encabeza Susana Díaz, se ha perfilado de forma clara: abstenerse para que el PP pueda gobernar, combatir a Podemos como prioridad máxima y tomar el poder en el partido barriendo a Pedro Sánchez. Para quienes apoyan a Sánchez, una posible opción sería escenificar un nuevo intento de diálogo con Cs y Unidos Podemos, para acabar concluyendo que la intransigencia de ambos, y especialmente de Unidos Podemos, nos lleva a terceras. Desde esta estrategia se asumiría como un éxito una victoria del PP, si el PSOE incrementara su ventaja en diputados sobre Unidos Podemos, lo que se interpretaría como el fin de un mal sueño y la recomposición del bipartidismo. Tal estrategia se basaría en la convicción de que el suelo del PSOE es más sólido que el de Unidos Podemos ante el crecimiento de la abstención en este contexto de cabreo.

Otra opción que puede jugar Sánchez consiste en intentar gobernar en minoría con sus 85 diputados, pero buscando el apoyo en la investidura de Unidos Podemos y de Cs. Ello supondría abrir una dinámica distinta a la del acuerdo PSOE-Cs, sobre la base de trabajar un acuerdo con Unidos Podemos, al margen de Cs; pero para ello saben que tienen que ofrecer, ante la crisis en Cataluña, alguna propuesta imaginativa que En Comú Podem pueda aceptar… La intervención pública de Ada Colau animando a Sánchez a gobernar en minoría, como ella, y la virulencia del reciente ataque de Susana Diaz y otros dirigentes socialistas me hace sospechar que Sánchez podría intentarlo.

Desde Podemos, tras fracasar las opciones PSOE-Cs y PP-Cs, insistimos en probar el eje PSOE-Unidos Podemos. Debemos perseverar en nuestra coherencia, ofreciendo nuestra sincera disposición a intentar construir un gobierno de progreso con el PSOE, aunque el margen para lograr los acuerdos requeridos con PNV, ERC y PDC es más estrecho que en la pasada legislatura. Sin embargo, ante la crítica situación que afrontaríamos con esas terceras elecciones, que sólo beneficiarían al PP, y la perspectiva que afronta Sánchez, creo que hay que estudiar y valorar seriamente qué supondría la posibilidad de ofrecerle apoyo en ese posible intento de investidura para gobernar en minoría, siempre que ofrezca compromisos sustantivos en materia de emergencia social y regeneración democrática, que incluyan una alternativa en Cataluña aceptable para En Comú Podem.

En definitiva, sugiero analizar las implicaciones de esta posible opción, esto es, sacrificando nuestra participación directa en un posible Gobierno, si Sánchez se atreve a intentar esa opción, frente a los poderes fácticos de su partido que promueven la continuidad de Rajoy. Cs por un lado, y ERC, PNV y PDC tendrían que mover ficha. El PSOE tendría que explorar las posibilidades que se derivan del hecho de que Cs sea quien más perdería con las terceras; y por otro lado, desde nuestro firme compromiso con el “Derecho a decidir”, y siempre que Sánchez abra espacio en este frente, nosotros deberíamos explorar las posibilidades con ERC, PDC y PNV…

Si este último esfuerzo de diálogo para sacar al PP y sus políticas del Gobierno fracasara, creo que, cuando menos, habríamos ganado reconocimiento entre los millones de ciudadanos y ciudadanas que viven con angustia la continuidad de Rajoy y del PP en el Gobierno, y con indignación la posibilidad de que vayamos a esas terceras elecciones.

Desde un principio insistí en que el lema subliminal de esa campaña del miedo, el “más vale malo conocido que bueno por conocer”, es un veneno que paraliza a la sociedad. Afirmé, no obstante, que esa campaña del miedo no triunfaría, porque éste es un pueblo valiente que rechazaría el chantaje. Obviamente, me equivoqué.

Confieso que la primera tentación fue la de renegar de esa confianza. Sin embargo, desde mi profunda convicción de que la política debe ser el arte de hacer posible y de hacer realidad lo que es necesario y es de justicia, esa tentación se torna en responsabilidad autocrítica, individual y colectiva. Y conste que no soy de los que dicen que el pueblo siempre tiene razón… Al igual que individualmente nos equivocamos, colectivamente también tomamos decisiones erróneas. Creo sinceramente que el 26 J nos equivocamos colectivamente, al volver a confiar en quienes han pilotado las injustas e ineficaces políticas de “austeridad”, desde una arrogancia autoritaria y una inmoralidad inaceptables. Desde mi condición de candidato de UNIDOS PODEMOS, siento la responsabilidad de nuestro fracaso a la hora de fortalecer el ánimo y las convicciones de esta sociedad; de la gente que fue capaz de ocupar las plazas el 15M y levantar esas Mareas multicolores que han venido parando desahucios, defendiendo la sanidad y la educación públicas o peleando contra la privatización del agua …

La indignación es condición necesaria pero no suficiente para cambiar las cosas. La emergencia de PODEMOS ha sido fundamental para transformar esa indignación en proposición, al tiempo que la estrategia de Convergencia en UNIDOS PODEMOS, ha insuflado esperanza en la unidad y en la riqueza que aporta la diversidad. La prueba de que lo hecho hasta aquí, en apenas dos años, no son ensoñaciones ni fantasías es la consolidación de esos 71 diputados y diputadas en el Congreso, que no es poco. Sin embargo, el éxito cosechado por la sucia campaña del miedo, lanzada por PP, nos ha demostrado la endeblez de las convicciones que hasta la fecha hemos conseguido asentar en nuestra sociedad.

Otra clave para entender lo ocurrido, al menos en parte, está en la crisis por capítulos del Partido Socialista. La sumisión de los dirigentes socialdemócratas europeos a la visión y los designios del neoliberalismo dominante enmarca esta crisis, especialmente desde la segunda legislatura de Zapatero. El PSOE entendió el 15M como un brote intrascendente de rebeldía juvenil; se preocupó ante las Mareas, al considerarlas movimientos anarquizantes que desbordaban el orden sindical vigente; y acabó alarmándose, cada vez más, ante los éxitos de PODEMOS, al entender este movimiento político como una amenaza a su existencia como partido, en lugar de cómo una fuerza aliable en una estrategia de cambio. Desde esta visión de la dinámica social y política en curso, los juegos malabares del PSOE con Ciudadanos acabaron por bloquear y emborronar las perspectivas de cambio político real que la sociedad venía demandando. Ese ha sido de hecho, el gran éxito de la operación Ciudadanos, tal y como ha explicado en reiteradas ocasiones el propio Albert Rivera.

Se abre así una legislatura endiablada en la que todo apunta a que la injusticia y la ineficacia de las políticas de austeridad seguirán destruyendo la economía de hogares, pymes, comarcas y del país en su conjunto; en la que seguirá creciendo, en Cataluña y probablemente en otros territorios de este país de países, la pulsión separatista frente al autoritarismo y al patrioterismo pepero; en la que la inhumanidad frente a los refugiados, preñada de xenofobia, seguirá preñada de xenofobia, avergonzándonos desde la Moncloa; en la que la corrupción seguirá impregnando instituciones, bancos y empresas del IBEX35; y en la que el lado oscuro de la fuerza seguirá imperando en una Europa perdida y amenazada por el golpe de gracia del TTIP…

Por ello, en medio de la frustración que aún me invade, agradeciendo los millones de votos recibidos y desde mi convicción de que la política debe de ser, insisto, el arte de hacer posible y de hacer realidad lo que es necesario y justo, llego a una conclusión: ¡habrá que seguir remando!

Peter Praet y el propio Mario Draghi, desde el Banco Central Europeo (BCE), vienen defendiendo últimamente esta idea, como forma de activar la capacidad de compra de la gente, incrementar la demanda y relanzar la actividad productiva en la zona Euro. De hecho, puede decirse que el “helicóptero del dinero” ya está en marcha. Hoy el BCE ofrece dinero al 0 % e incluso a interés negativo, después de haber ofrecido a los bancos, durante los últimos años, cientos de miles de millones a menos del 1 %. Sin embargo, hay tres restricciones que quiebran la eficacia de estas políticas ante la crisis:

1-  Quien recibe la lluvia de dinero gratis no es la gente, sino los bancos.

2-  Se blinda la creciente desigualdad en el reparto de la riqueza producida, entre beneficios del capital y salarios, y se destierran las políticas fiscales redistributivas.

3-  Se margina cualquier consideración que cuestione la insostenibilidad del modelo de desarrollo vigente, basado en un crecimiento acrítico del consumo.

Desde la hortodoxia neoliberal imperante, el BCE no debe prestar dinero a las instituciones públicas, sean Gobiernos, Comunidades Autónomas o Ayuntamientos, pues no son fiables; sino que debe hacerlo a los bancos privados, para que éstos, a su vez, lo presten a los ciudadanos, empresas e instituciones públicas, en el marco que impongan los mercados financieros. De esta forma, el zorro que manda en el gallinero de esos mercados, es el que pretendidamente debe garantizar el buen uso del dinero público lanzado desde el helicóptero del BCE.

Así, a lo largo de los últimos años, los bancos, principales responsables de la burbuja financiera e inmobiliaria, como promotores y beneficiarios de la “economía de casino” que generó esa burbuja, han venido recibiendo una verdadera lluvia de millones. Sin embargo, lejos de inyectar ese crédito al tejido productivo y ciudadano, los bancos priorizaron tapar los agujeros de los préstamos interbancarios que se hacen entre ellos. Por otra parte, destinaron miles de esos millones a comprar deuda pública, bajo elevados intereses, para que a su vez los Gobiernos pudieran rescatar al propio sistema financiero. De esta forma, buena parte de la deuda privada que pesaba sobre los bancos, se transformó en deuda pública a pagar por la ciudadanía.  Por último, un buen paquete de miles de millones se empleó y se sigue empleando en financiar la privatización de servicios públicos, vendidos o concesionados por 20-30 años a grandes transnacionales. Gracias a esa financiación, los grandes operadores han usado dinero del helicóptero del BCE  para “compensar” a los Ayuntamientos. Es decir, nos compran nuestra casa con nuestro dinero y luego nos la alquilan, cobrándonos los correspondientes beneficios empresariales y costes financieros, que disparan las tarifas de los servicios privatizados.

La otra clave de este gran fraude, radica en seguir avanzando en la lógica de la desigualdad, a la hora de repartir la riqueza generada. En nombre del libre mercado, acelerado y blindado desde tratados de libre comercio, como el TTIP entre la UE y EEUU, se desregulan y degradan salarios y condiciones laborales. Es decir, el sistema prefiere tirar dinero desde el helicóptero, para incrementar la capacidad de consumo y reactivar la economía, antes que redistribuir la riqueza regulando de forma más justa los salarios y las condiciones de trabajo de la gente.

Por último, queda vetado cuestionar el modelo de desarrollo, basado en un crecimiento acrítico e ilimitado del consumo, aunque ello nos lleve a una crisis de insostenibilidad ambiental, más allá de la social, que casi nadie se atreve ya a cuestionar, pero que todo el mundo tiende a dejar en segundo plano, pretextando la prioridad de la emergencia social, como si se tratara de cuestiones incompatibles y contradictorias.

Creo que no somos conscientes todavía de la envergadura de la crisis que afrontamos. Lejos del optimismo naif del Sr. Zapatero, con sus “brotes verdes”, y del cinismo demagógico del Sr. Rajoy, esta crisis ofrece perfiles de “metástasis” alarmantes, en la medida que es el propio sistema quien, lejos de resolverla, la realimenta. Una “metástasis” en la que, la primacía del poder financiero, en su insaciable voracidad, socava la sostenibilidad, no sólo de la economía, sino del propio sistema financiero. Y lo que es más grave, una “metástasis” que está destruyendo las conquistas sociales y democráticas del último siglo, al tiempo que acelera la insostenibilidad de nuestra sociedad sobre el planeta.

En esta segunda vuelta de las elecciones, el reto de atrevernos a lanzar una nueva transición democrática debe de enmarcarse en el reto de levantar un nuevo europeísmo democrático y solidario que nos permita superar el fiasco de la UE ante esta crisis. No pretendo decir que desde España podamos cambiar de un plumazo Europa, pero en estos momentos decisivos, la emergencia de un Gobierno de Progreso en nuestro país, podría y debería suponer un punto de inflexión y de cambio en la fracasada estrategia de “austeridad” que está destruyendo la UE.

¡Qué pronto hemos olvidado a nuestros abuelos, que también tuvieron que huir para salvar la vida y fueron refugiados en Francia, en Méjico o en otros países!

Con esta huelga de hambre de una semana sólo pretendemos hacer un llamamiento a los miles de indignados que aún se conmueven por esos 10.000 niños desaparecidos, al perder a sus padres en su intento por llegar al pretendido refugio europeo.

Desgraciadamente, de momento, el lado oscuro de esta vieja Europa está ganando la partida. Y está ganando haciendo valer la insolidaridad para culpar de nuestras desgracias al más débil, y no al poderoso que esconde su botín en paraísos fiscales, mientras exige austeridad a los demás en nombre del interés general.

Europa se desmorona, y no tanto por la crisis económica, sino por la crisis moral y política que se deriva de las mal llamadas estrategias de “austeridad” y de la corrupción galopante, que se consagra en los paraísos fiscales, ya sea la City londinense, Luxemburgo, Suiza, Jersey, Andorra o Gibraltar…

Estaremos toda la semana sin comer, la mayoría en la Plaza de España, y Jorge Luis (el diputado de Podemos-Alto Aragón en Común) y yo en nuestra escaño, en las Cortes de Madrid, con un solo objetivo: reforzar el llamamiento de los movimientos sociales a esa vigilia de 24 horas, que empezará en la Plaza San Bruno el próximo viernes 22 a las seis de la tarde. Una jornada de acción y convivencia contra el vergonzoso acuerdo de la UE con Turquía y en defensa de la legalidad internacional y del derecho de asilo para los refugiados.

El reto, desde mi punto de vista, es tan claro como urgente: levantar la conciencia de humanidad y el espíritu democrático que existe en nuestros barrios y en nuestros pueblos para revertir, antes de que sea tarde, esta oleada de racismo y de corrupción que amenaza el futuro y el presente de la democracia en España y en nuestra vieja Europa.

Hace pocos días, se me encogía el alma mientras escuchaba el clamoroso ejercicio de cinismo que hizo el Sr. Rajoy en su comparecencia ante el Parlamento, afirmando que el Gobierno hacia todo lo posible para defender la dignidad y la seguridad de los refugiados … ¿Cómo es posible que desde el Gobierno, en sintonía con la mayor parte de Gobiernos Europeos, se defienda como la mejor solución pagar unos miles de millones para que sea el régimen turco quien garantice los derechos humanos de esos refugiados que llaman a nuestra puerta? Me cuesta tanto entenderlo … Y me cuesta porque, cuando intento entenderlo, me asalta la sospecha, por no decir la convicción, de que la derecha albergue expectativas, probablemente fundadas, de que esa posición pueda mejorar sus perspectivas de voto, desde su sistemática apelación al miedo y al egoísmo puro y duro.

Como me cuesta entender que las encuestas sigan dando esas proporciones de voto a un Partido Popular que no para de ofrecer nuevos casos de corrupción. Y es que, ciertamente, más allá de la ideología, afrontamos una crisis moral de una profundidad sin precedentes.

Creo que habrá valido la pena pasar un poco de hambre durante una semana, si con ello se ayuda, siquiera un poco, a que reaccionemos, en primera persona del plural. Porque, si no reaccionamos, esta degradación moral, vertebrada con la degradación política en marcha, nos arrastrará a un futuro muy oscuro.

Desde luego, si algún día tienen posibilidad de imputar algún delito financiero a cualquier dirigente de PODEMOS, por mínimo que sea, no lo archivarán ni marearán la causa; como debe ser, por cierto, sea quien sea el imputado o imputada. Ojalá la lupa que hay sobre PODEMOS hubiera estado dirigida, y lo esté en el futuro con esa intensidad, sobre todos los partidos, empresas y poderosos que han alimentado la corrupción, la evasión y la elusión fiscal en este país, tal y como se está demostrando.

El otro día, en un corrillo de las Cortes, una alta dirigente del PP comentaba en tono semicordial: “… hombre, no me podéis decir que un partido como PODEMOS se monta en menos de dos años sin unos cuantos millones de un sitio o de otro…, que yo me sé como se lanzó el PSOE en la transición”. Y creo que lo decía sinceramente. Como también debo decir que comprendo lo difícil que puede resultar a gente como ella aceptar que miles de activistas consideremos habitual pagarnos los viajes para ir a dar charlas y conferencias, por las que no cobramos, o poner dinero en las mil campañas sociales que se han organizado, se organizan y se organizarán …

Poco antes de las elecciones, alguien me llamó desde Madrid, para pedirme si podría formar parte de la pequeña comitiva que acompañaría a Pablo Iglesias en los desayunos del Ritz a los que estaba invitado. Consulté mi agenda y acepté. Al poco, la misma persona me volvió a llamar, nerviosa … “es que, no sé como decirle algo más que debo decirle…”. Me va a pedir que vaya con corbata, pensé. Pero no, lo que al final me dijo, apurada, fue que si podría pagarme yo el viaje … Y por supuesto me lo pagué, con gusto … Y ojalá que dure esa verdadera austeridad, pensé yo.

Comprendo que se hace difícil para quienes se han profesionalizado en la política, y más si lo han hecho en altos cargos, que personas como yo ganemos un 30% menos desde que somos diputados o diputadas de PODEMOS; que renunciemos a más de la mitad de lo que el Congreso prevé pagar por nuestro alojamiento en Madrid; o a los taxis a costa del Estado … Comprendo que les resulte difícil entender por qué yo, profesor de universidad, como tantas otras personas, en PODEMOS o en otros partidos de la izquierda, nos metamos en estos compromisos, cuando podríamos ganar mucho más dinero, aún sin meternos en asuntos oscuros …

Recuerdo otra pequeña anécdota significativa, el día que presentábamos la candidatura al congreso, que yo tuve el honor de encabezar. La primera palabra fue para una señora que estaba en la primera fila. Se dirigió a Julio Rodríguez:  “Cuando me enteré que le habían puesto a usted de segundo en la lista, discúlpeme, pero me llevé un disgusto grandísimo, porque soy antimilitarista; pero, permítame 2 preguntas: ¿usted era Jefe del Alto Estado Mayor, verdad?... ”  Si, contestó Julio Rodríguez. “ Pero cuando dejó de serlo, con las puertas giratorias, podría haber entrado en la industria de armamento, en España o en otros países, a ganar un pastizal, ¿no es así? ”. Pues si, contestó Julio. “Y en lugar de eso, se ha venido a PODEMOS ¿verdad? … Pues¡ ya está! …”. En efecto, está claro…; aunque comprendo que muchos no lo comprendan.

Y es que, asumir el compromiso, de forma pública y radical, de no pedir jamás un crédito a los bancos, para preservar por encima de todo, nuestra independencia política , puede que algunos no lo entiendan. Y sin embargo, desde mi punto de vista, es uno de los compromisos más valiosos que define hoy a PODEMOS. Y que dure …