Izquierda Unida presentó en el pasado pleno ordinario de marzo una moción en la que se pedía la inclusión de Santander en la Red de Municipios Laicos. El laicismo es aquella corriente de pensamiento que defiende la separación total entre el Estado y las diferentes confesiones religiosas. Una corriente con siglos de historia y acorde a las ideas de progreso y modernización. Nuestra moción no fue aprobada porque la derecha de la Corporación no vio con buenos ojos la propuesta.

Días después, la concejala de Barrios y Participación Ciudadana, Carmen Ruiz (PP), realizó unas apocalípticas declaraciones en las que aseguraba que la inclusión de nuestra ciudad en la Red de Municipios Laicos traería como consecuencia la imposibilidad de financiar con fondos municipales a la Cocina Económica o a la Obra San Martín. Obviamente, en el año 2016 los argumentos para no defender la separación entre lo público y la religión son peregrinos y la señora Ruiz protagoniza un buen ejemplo. Ni Izquierda Unida quiere dejar de financiar actividades tan loables como necesarias, ni ese es el debate. Y la derecha lo sabe.

Nuestra moción incluía varios aspectos en los que sí hay consecuencias económicas, como el hecho de que los edificios que son propiedad de las confesiones religiosas paguen el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), impuesto que pagamos los demás santanderinos, impuesto que hemos visto con resignación, cristiana o no, alcanzar cotas desorbitadas. También quiere evitar que se sigan otorgando privilegios y favores económicos a instituciones religiosas (cesiones de suelo, financiación, subvenciones, etc.), dádivas que no tienen relación alguna con la realización de actividades asistenciales en Santander. Izquierda Unida está a favor de ayudar desde la institución municipal a asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales, de carácter laico o religioso, en sus labores de ayuda a los más necesitados. La moción no afectaba a dicha materia y la derecha lo sabe.

Dicho esto, le quiero recordar al Partido Popular que la actividad de estas asociaciones no puede, bajo ninguna circunstancia, implicar la sustitución y la desatención del ejercicio de las competencias públicas en materia de Servicios Sociales. Y eso viene recogido tanto en la Constitución española como en la Ley de Bases de Régimen Local. Servicios que corren el serio riesgo de ser privatizados, la sempiterna fórmula neoliberal que nos ha llevado a esta dramática situación.

El escenario de desatención y abandono previsto por la señora Ruiz no hace sino darnos la razón. Haya o no haya entidades privadas que hagan una labor asistencial, nuestro estado social y democrático de derecho tiene la obligación de realizar esas labores. Esto no hace más que reflejar la ignorancia, incluso el cinismo, de la derecha en nuestra ciudad. Ruiz ha reconocido que si estas asociaciones no existieran habría un claro déficit asistencial en Santander. El PP está confesando que sus políticas de recortes han supuesto un duro varapalo que ha dejado en una situación vulnerable a miles de santanderinos y que, además, el Ayuntamiento no puede-quiere atenderlos.

Por otro lado, también es falso que las festividades municipales se vieran en serio peligro si, finalmente, Santander formase parte de la Red de Municipios Laicos. Desde Izquierda Unida somos conocedores de su origen cultural y antropológico y la celebración de las mismas no depende de ninguna bendición, venga esta del alcalde o del obispo. Nuestra moción no pretende acabar con dichas fiestas, con amplio carácter popular, sino evitar la sumisión de las instituciones y cargos públicos a iconos o instituciones de carácter religioso.

Todo esto que solicitamos viene en el artículo 16.3 de la Constitución de 1978 en el que se recoge que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, resultando llamativo que casi cuarenta años después una moción que pide el cumplimiento de la norma suprema sea objeto de rechazo frontal por el equipo de Gobierno de Santander.

Un Santander del siglo XXI, no utilizaré anglicismos que tanto deleitan al alcalde, ha de ser forzosamente un Santander laico, entendiendo laico como algo distinto a anticlerical. El laicismo hizo de países como Francia el faro de la razón y el progreso y sacó a Turquía de las tinieblas del medievo para adentrarla en el sendero de la civilización ya en el siglo XX, sendero del que quiere sacarla el islamista Tayyip Erdogan. El laicismo nunca propugnó, precisamente, no ayudar al vulnerable, no dar agua al sediento o no dar de comer al hambriento.

En estos momentos, tan pálidos para aquellos que creemos en la estricta separación entre la esfera pública y la religiosa, Izquierda Unida planta cara en este debate abierto por la derecha. Sin el ruido de las siete trompetas de fondo, señora Ruiz, seamos limpios y evitemos los golpes bajos. Los santanderinos lo merecen.

Separar la vida pública de la religión es una condición indispensable para una vida pública democrática, lo que exige entre otras cosas, que los creyentes de cada credo se pague su magia, y se garantice el derecho a la libre opinión.

La mayoría de las reacciones al atentado salafista de Barcelona han ido decantándose, en una especie de reacción química elemental, entre los que por un lado piden homogeneidad en Europa, especialmente en su versión xenófoba (sí, de nuevo), y por otro lado, aquellos que piden que seamos respetuosos con la religión islámica, identificando por un credo a todos los inmigrantes con origen en países confesionales de religión islámica, quienes en muchos casos tendrían notables problemas para apostatar de dicha fe y no digamos ya ejercer el ateísmo. Victoria aquí para imanes y ulemas.

Entre los primeros parece encontrarse Enrique Álvarez, funcionario público del Ayuntamiento de Santander, quien en una tribuna de opinión en El Diario Montañés defendía hace unos días que el Islam es una religión maligna, al igual que el marxismo es una ideología de odio, y que Europa debería recuperar la fe en Cristo, dentro de los límites de la democracia (como si esto fuera posible, añado yo, desandando los últimos tres siglos de secularización del estado).

Su postura no es distinta de la acción proselitista de las religiones monoteístas, empeñadas en aplicar el término infiel o takfir a todo aquel que no vive la religiosidad como ellos deciden. Y no es una postura distinta a la defendida por el Partido Popular en Santander, que reprochó a Izquierda Unida cuando en marzo de 2016 presentamos una moción en la que se pedía incluir a la ciudad en la Red de Municipios Laicos, que el Ayuntamiento separase Estado y religión supondría que no se podría destinar dinero a la Cocina Económica o a la Obra San Martín. Ese era el nivel del debate.

Los monoteísmos son una construcción cultural humana, y como tal están condicionados por las condiciones materiales y el pensamiento dominante del lugar donde surgen. No hay extensión aquí para explicar las interesantes relaciones entre estos, sus diferencias y su evolución, pero sí existen unas similitudes entre todos: son y han sido toda su historia una perfecta y eficaz herramienta de dominio y control político y social, casi siempre al servicio de las clases dominantes, gracias a su tremenda fuerza coercitiva, que no necesita de justificaciones de ningún tipo para su aplicación más allá de la existencia de un cuerpo de revelaciones divinas que interpretan todos los campos del conocimiento y que son obligatorias. Este conjunto de creencias de una tremenda pulsión conservadora, han sido siempre enemigas de la libertad de pensamiento, y tan sólo debido al avance tecnológico de los últimos cinco siglos en Europa hemos podido librarnos parcialmente del cristianismo y de todo su potencial castrador.

El Islam, último en llegar y destilación del conjunto de creencias monoteístas anteriores, tuvo un enorme vigor que le impulsó rápidamente por enormes territorios, favorecido por una visión ultraconservadora fijada en el inamovible conjunto Corán y Sunna, con su epítome de conducta personal en todos los ámbitos de la vida, la sharia, dotado de fuerza jurídica. Pese al enorme tránsito geográfico e histórico del Islam por todo Eurasia y África y el enorme conjunto de civilizaciones preexistentes en el que se ha impuesto, las tendencias revisionistas del mismo que separaran la religión de la vida pública han tenido poco éxito.

Desde antes de la desintegración del Imperio Otomano, los países occidentales, dirigidos por sus capitalistas, han estado interesados exclusivamente en instalarse en los países del mundo árabe musulmán para la obtención de sus materias primas y riqueza, y no en favorecer el desarrollo de unas sociedades libres: la “modernización” que impusimos desde Europa no fue una experiencia secular de autonomía e independencia, sino de desposesión y dependencia.

En muchas sociedades, la reacción a la pérdida del poder político que se ha ejercido tradicionalmente en el mundo árabe (sultanato) y la explotación directa por potencias coloniales provocó un repliegue sobre el rigorismo y la visión conservadora religiosa, en ocasiones apoyada por las potencias occidentales si esto limitaba el poder político de las opciones de corte socialista o simplemente nacionalista. Solo debemos recordar al presidente Ronald Reagan recibiendo a los talibanes en la Casa Blanca en 1985 y diciendo que eran “los equivalentes morales a los padres fundadores” (de EE.UU.).

El laicismo ha sido visto en el mundo musulmán con frecuencia como la punta de lanza de la desposesión y explotación occidental, donde la riqueza llegaba solo a las clases dominantes, quienes habían pactado favorecedoras condiciones con las empresas capitalistas extranjeras. Por eso, grandes masas de la población se han refugiado en los ulemas e imanes y las recetas de justicia social que esconde la religión. Tras la descolonización, nos encontramos con el reverso de esas políticas en nuestros propios países.

La cruenta lucha por separar la que parecía indisoluble unión de la Corona y la religión no ha acabado en nuestros países. Durante milenios la religión ha sido el puño ideológico que ha aplastado a nuestras sociedades, y en este camino existen algunos hitos entre los que destaca la libertad ideológica y la libertad de expresión, íntimamente unidas, culmen de un proceso de liberación de las cadenas de la Escolástica y de la subordinación de la razón a la fe, un camino que las revoluciones burguesas consideraron terminado con la obtención de libertades individuales, clausurando el camino hacia la obtención de derechos sociales.

Separar la vida pública de la religión es una condición indispensable para una vida pública democrática, lo que exige entre otras cosas, que los creyentes de cada credo se pague su magia, y se garantice el derecho a la libre opinión. De lo contrario estaremos regresando a tiempos anteriores a la Ilustración.

Los presupuestos del PP dibujan el retrato de un municipio agotado y envejecido, incapaz de generar empleo estable, con sus servicios privatizados y destinados a mejorar las cuentas de las empresas que los gestionan

El pasado 17 de noviembre se celebró un pleno en el Ayuntamiento de Santander en el que elegimos a la nueva alcaldesa y votamos los presupuestos municipales para el año 2017. Esta segunda votación apenas ha trascendido debido a que el equipo de gobierno decidió solapar el debate presupuestario con la elección de Gema Igual, en una loca ceremonia que combinó las mejores tradiciones amanecistas con los eventos organizado por 'El Bigotes'. Izquierda Unida ha enmendado la totalidad del presupuesto del Partido Popular y ha votado en contra de su aprobación, saliendo este adelante con los votos del matrimonio canónico entre PP y Ciudadanos, estos últimos, tras “recibir la autorización desde Barcelona”.

Las razones de nuestra postura derivan de su carácter antisocial, ya que tienen por objeto en exclusiva amortizar la deuda municipal y asegurar el beneficio de las numerosas empresas que gestionan servicios públicos privatizados. Para ello se redactan unos presupuestos irreales cuyos capítulos de gasto se incumplen sistemáticamente, como ha venido ocurriendo durante los últimos ejercicios, y unos ingresos mediante impuesto y tasas sin ningún criterio de progresividad fiscal. Tampoco se ha tenido en cuenta la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que tendrá repercusiones tanto en materia de ingresos como gastos en este y los siguientes ejercicios.

Para llevar a cabo ese principio político, el equipo de gobierno del PP regula de forma regresiva e insolidaria los impuestos directos que gravan a los santanderinos, imponiendo las mismas cargas fiscales independientemente del nivel de renta de quien las soporta. En otro orden de magnitudes, la carga fiscal per cápita municipal (impuestos y tasas) es muy superior a la de ciudades de nuestro entorno como Gijón, Oviedo, Bilbao o San Sebastián.

En materia de gasto, son presupuestos que destacan por no dejar margen a la participación vecinal en los capítulos de inversión. Los presupuestos participativos son un instrumento esencial para dotar de transparencia a la gestión municipal, racionalizando el gasto en infraestructuras adecuadas a los barrios y alejándolo de megaconstrucciones, evitando así políticas clientelares entre el equipo de gobierno y los empresarios ladrilleros.

Sin embargo, el presupuesto solo recoge una partida que denomina presupuesto participativo dotada con un millón de euros de los que el año pasado solo se gastó un 67% debido a que fueron rechazados el 90% de los proyectos presentados debido a un caótico modelo de gestión, sobre el que el PP y Ciudadanos se han negado a modificar nada pese a la propuesta de Ordenanza presentada por Izquierda Unida.

Dentro de las partidas de gastos, destaca el enorme capítulo segundo, los gastos corrientes en bienes y servicios, donde se incluyen trabajos de mantenimiento o externalización de servicios, por un importe total de 84,6 millones de euros, capítulo totalmente sobredimensionado en nuestro Ayuntamiento y que contrasta con los 60 millones de euros de los gastos de una plantilla municipal que tiene más de 300 vacantes sin cubrir; supone este capítulo un 44,4% del total de gastos no financieros, mientras que en la media de entidades locales españolas es el 31,8%, y esto debido principalmente a las enormes cantidades que el presupuesto municipal tiene comprometidas a pagar servicios públicos prestados por empresas externas: 51,7 millones de euros, en los que se incluyen todos los servicios municipales privatizados y entre los que se encuentran los conocidos del servicio de aguas, limpieza viaria y recogida de basuras, parques y jardines, conservación de vías públicas, pero también multitud de contratos de asesoramiento y servicios técnicos que se solapan con el trabajo que los empleados públicos municipales que podrían perfectamente realizarse hoy mismo de forma directa en materias como gestión de multas, urbanismo, licencias, tributos…

En distintas ocasiones y a iniciativa de Izquierda Unida, el equipo de gobierno y los concejales de Ciudadanos se han negado a establecer un mayor control sobre las empresas concesionarias de servicios públicos, como el solicitado a través de una oficina de control de contratos de concesión de servicios públicos, o la inclusión de cláusulas sociales en estos contratos, porque el Partido Popular y sus socios no confían en la gestión de los empleados municipales y buscan exclusivamente que estas empresas obtengan tranquilamente sus ganancias a costa de los vecinos de Santander, y ello pese al dictamen del informe de fiscalización del sector público local del Tribunal de Cuentas del año 2011, donde tras un estudio de miles de municipios españoles, concluía que la gestión municipal directa de los servicios públicos es más económica que la privatizada.

Son presupuestos poco creíbles por la falta de ejecución de los mismos en algunos capítulos del gasto, especialmente aquellos relacionados con inversiones. El presupuesto inicial presenta un superávit no financiero por unos 4,8 millones de euros. En el año anterior, el superávit previsto era de unos 15,7 millones de euros (un 8,6% del total de gastos no financieros). Se prevé ya en los presupuestos un superávit, inexplicable desde un punto de vista económico y de gestión racional, desde un punto de vista social, de las cuentas públicas. Como referencia, frente a ese 8,4% del total de gastos no financieros, en el conjunto de entidades locales supuso un 5,5%. La diferencia es de más de 5 millones de euros adicionales que hubieran podido gastarse en políticas sociales beneficiosas para todos los vecinos.

El Gobierno municipal acostumbra a incumplir el presupuesto de gastos mientras cumple con creces el de ingresos gracias a la sangría que suponen unos impuestos directos regulada de forma insolidaria y regresiva. Según la cuenta general del presupuesto de 2015 fue de tan solo el 75%, mientras el ejercicio 2014, tan solo se ejecutó un 83%. Sin embargo, el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de 2015 ha sido del 106%.

Así pues, vemos como respecto del ejercicio 2015, los programas de gasto relacionados con el fomento del empleo se han ejecutado tan sólo en un 56%, o los programas de asistencia social primaria en tan sólo un 84%, además de otros programas de inversión relacionados con inversiones como pavimentación de vías públicas (36,55%) o infraestructuras de transporte (0%) y por ello con el empeoramiento de infraestructuras de uso público con la consiguiente afectación de la actividad económica local.

El Gobierno local fía toda su política de inversiones al destino que pueda dar al gigantesco superávit que consigue cada ejercicio debido a ese estrangulamiento del gasto municipal al que he hecho referencia, algo casi imposible debido a la bota de hierro con la que el Ministerio del señor Montoro aplasta las todas las cuentas de los municipios españoles y las extraordinarias limitaciones que impone para dar a ese superávit cualquier otro destino que no sea amortizar deuda.

Finalmente, podemos observar como todo el presupuesto municipal tiene un único objetivo: amortizar la tremenda deuda municipal acumulada en años de deficientes inversiones poco eficientes socialmente. Además de las cantidades destinadas a amortizar deuda del presupuesto, el Partido Popular destina el superávit de cada ejercicio a ese mismo fin: de los 19.540.000 euros del superávit del ejercicio 2014 destinados a inversiones financieramente sostenibles mediante modificaciones presupuestarias aprobadas durante el año 2015, se han trasladado a amortizar deuda 11.805.636 euros, de forma que tan solo el 37 % de dicho superávit ha sido destinado a nuevas inversiones en la ciudad inversiones.

De los 27 millones de euros de superávit del año 2015, el equipo de gobierno ha comprometido 13 millones de euros en inversiones (a la espera de autorización del Ministerio del señor Montoro), quedando 14 millones de euros sin comprometer y que se dedicarán de nuevo a amortizar deuda.

El Ayuntamiento de Santander tiene aún 110 millones de euros de deuda viva, concertada a un tipo de interés medio de 1,35%, una deuda ya controlada que debería permitir a los santanderinos respirar y exigir a sus gobernantes unas más expansivas políticas sociales y de inversión que dinamizaran el empleo y mejoraran dotaciones y equipamientos públicos.

Esta política presupuestaria y de falta de ejecución del gasto actúa en perjuicio de una inversión más eficiente desde el punto de vista social, que permitiría destinar recursos a dotar un verdadero parque de viviendas en régimen de alquiler social o una red de escuelas infantiles públicas.

Los presupuestos del Partido Popular dibujan, en definitiva, el retrato de un municipio agotado y envejecido, incapaz de generar empleo estable, con sus principales servicios privatizados destinados a mejorar las cuentas de las empresas que los gestionan a costa de un mayor coste económico para los santanderinos, y viviendo una realidad virtual sobre planes estratégicos futuros de cartón piedra e infografía y un Plan General anulado, pero con la inestimable muleta de los concejales del partido naranja dispuesta para continuar hacia el vacío.