Cuando el 18 de marzo se firmó el tratado de la Unión Europea con Turquía que externalizaba el “problema” europeo de los refugiados al país eurasiático, fuimos muchos los que denunciamos que se trataba de una política cobarde, vergonzosa e irresponsable, que eludía las responsabilidades que la UE tenía con la comunidad internacional, que se saltaba su propia legalidad y todos los compromisos adquiridos a nivel mundial: la Carta Europea de Derechos Fundamentales, la Convención de Ginebra, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y se infringe el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos uníamos en esa denuncia a voces de gran peso, como ACNUR, la ONU o Amnistía Internacional. Nada de eso les importó. Por 6.000 millones de euros, la liberación de los visados a los ciudadanos turcos y algunas promesas sobre la aceleración de las negociaciones para su incorporación a la UE, Turquía controlaría la afluencia de emigrantes desde sus fronteras y recibiría repatriados a todas las personas que consiguiesen pasar. El argumento central fue que Turquía era “un tercer país seguro”.

Sin embargo, ya estaba claro entonces, para cualquiera que quisiera verlo, que Turquía no era un país seguro. Para empezar no cumplía los estándares mínimos que deberían haber sido exigidos: nunca subscribió el Protocolo I de la Convención de Ginebra, que se refiere precisamente a la protección de víctimas de conflictos internacionales armados, y no aplicaba la legislación internacional en materia de estatuto del refugiado. De ahí que su generosidad en la acogida (en torno a los tres millones) no se correspondía con las garantías de derechos (humanos y civiles) de las personas recibidas. La mayor parte quedaban a su suerte, debiendo procurarse su subsistencia en condiciones penosas, que no excluyían la explotación infantil de cuyo trabajo dependen a veces familias enteras (como denunció Amnistía Internacional en abril). Todo eso se sabía y se sabe; pero qué importancia podía tener entonces, en una situación “tan apremiante” como la que se representaba la UE ante la “crisis migratoria”; para eso se les pagaba esa elevada suma; era más fácil confiar en que la empleasen bien y cumpliesen sus promesas de introducir algunas reformas en su legislación; lo esencial es que liberasen la presión de sus fronteras, aunque ello supusiera mirar para otro lado.

Los efectos de la firma del tratado se dejaron notar casi de forma inmediata en lo que se refiere a la afluencia de refugiados, que pasaron de miles de personas al día a menos de 50. Ello hace pensar que Turquía cumplió bien su compromiso en torno a la vigilancia de salidas, que complementó con restricciones de acogida y con la repatriación de sirios (difícil de calcular pero acreditada por cientos, según documento de John Dalhuisen director para Europa y Asía Central de Amnistía Internacional). Menos éxito tuvieron las devoluciones desde Grecia. En Lesbos, Chios y otras islas próximas a Turquía esperan aún hoy este destino unas 8.500 personas. Por ahora han sido devueltos menos de 500 y ninguna desde junio. Debemos agradecer esta lentitud tanto a dificultades organizativas como al papel de los jueces que han paralizado numerosas “órdenes de traslado” dando la razón a los abogados de las organizaciones civiles que están interviniendo y que argumentan, fundamentalmente, las condiciones de inseguridad de Turquía.

El golpe del 15 de julio y, sobre todo las medidas represivas que ha impuesto Erdogán como reacción, convierten esa condición de inseguridad en indiscutible. La represión ha sido fulminante: el día 18 de julio había ya 8.660 detenidos (6.000 militares, 100 policías, 755 jueces y fiscales y 650 civiles), casi 50.000 destituidos (unos 36.000 profesores, más de 1.500 decanos de facultades, más de 2.700 jueces y casi 10.000 funcionarios de distintos cuerpos); medidas excepcionales como la prohibición de viajar al extranjero, suspensión de vacaciones de funcionarios, retirada de licencia a 24 medios de comunicación, y la posibilidad de restauración de la pena de muerte. Además, desde el 21 de julio se instauró el estado de emergencia, que entre otras cosas supone: la ampliación de poderes del ejecutivo; la posibilidad de prohibición de cualquier periódico, revista o libro por los gobernadores provinciales nombrados por el gobierno central; la restricción del derecho de reunión y manifestación; autorización a disparar a las fuerzas de seguridad en caso de no ser obedecidas, y ampliación del tiempo en que se puede estar detenido sin comparecer ante el juez. El estado de emergencia, que en principio se prevé para tres meses, podría ser ampliado otros cuatro o sine die en caso de que el ejecutivo considere que el peligro continúa.

Tras conocerse la noticia del golpe la UE se apresuró a condenarlo y mantuvo cierto silencio ante las primeras reacciones represivas. Su preocupación por el futuro del tratado se manifestó enseguida. El 18 de julio, en plena orgía represiva, Margaritas Schinas portavoz de la Comisión pedía públicamente a Turquía que cumpliese con todos los compromisos adquiridos en el tratado. Y el 2 de agosto la portavoz del ejecutivo comunitario Mina Andrea, cuando se le preguntó si se contemplaba un plan B en caso de que dicho tratado se rompiese, respondió aún sin un resquicio de duda que sólo se tenía un plan A, es decir, el cumplimiento del tratado, y lo justificaba con estas increíbles palabras: “El marco legal turco sobre protección internacional y las garantías dadas por las autoridades turcas en relación al trato de nacionales sirios y no sirios retornados de Grecia a Turquía todavía pueden considerarse protección suficiente. Por ahora la Comisión no tiene ninguna indicación de que sea lo contrario y por tanto Turquía todavía puede considerarse como tercer país seguro”.

La Comisión Europea -no puede entenderse de otro modo- quiere seguir creyendo que se puede mantener el tratado. Conoce, sin embargo, el peligro de ruptura expresado, por ejemplo, por el propio Juncker después de que el Ministro de Asuntos Exteriores turco y el propio Erdogán amenazaran con romperlo si la UE no eliminaba ya el visado para los ciudadanos turcos (cuyo plazo al parecer se cumplía en junio). Un peligro que no hace sino aumentar con el incremento de la tensión que ha generado la posible reintroducción de la pena de muerte en el país euroasiático. La UE, con Merkel a la cabeza, parece haberse plantado en este asunto, y reivindica ya de paso la recuperación de la democracia en Turquía. Todo parece formar parte de la representación de un nuevo pulso entre Erdogan -que quiere que se acepten las nuevas condiciones de su régimen- y sus socios occidentales, amenazando para ello con romper los lazos que les unían a ellos y volver su mirada hacia Rusia.

Mientras tanto el flujo migratorio desde Turquía se ha duplicado, pero ello no supone más que unos 100 refugiados diarios, muy por debajo de de los miles que llegaban antes de la firma del tratado. El bloqueo de fronteras del estado de emergencia puede que esté controlando, de momento, el flujo, pero las condiciones que impone ese mismo estado de emergencia (la falta de garantías judiciales, de derechos y libertades) puede incrementarlo rápidamente, incluyendo entre los refugiados a los propios turcos amenazados por el régimen de Erdogán. Incluso si se mantuviera el tratado -lo que supondría una auténtica atrocidad- ¿que haría la UE con los refugiados turcos perseguidos? ¿los devolvería a sabiendas de la suerte que correrían?

La UE se ha colocado a sí misma en un atolladero del que debería salir con dignidad. Primero rompiendo el vergonzoso tratado que nunca debió firmar y asumiendo sus responsabilidades internacionales en materia de refugiados. Y segundo exigiendo a Turquía la adopción y el cumplimiento del estatuto internacional del refugiado, así como el restablecimiento de los derechos humanos y de los derechos civiles y las libertades.

Manuel Corbera, profesor de la Universidad de Cantabria y miembro de la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión (LIBRES) reclama la necesidad de abrir procesos constituyentes.

Hace casi cinco años, el 15 de mayo de 2011, la ocupación de las plazas en casi todas las ciudades del Estado puso en evidencia las grietas que el llamado régimen del 78 presentaba en su permanentemente maquillada fachada. La crisis del neoliberalismo descubrió la auténtica naturaleza de los partidos del bipartidismo (PP y PSOE), títeres al servicio de los mercados y de las instituciones internacionales capitalistas (FMI, BM, UE). Descubrieron que mientras los gobiernos convertían la deuda de los bancos en deuda pública e imponían políticas austeridad y privatizaciones de servicios públicos para dar confianza a los mercados financieros, el paro seguía su carrera desbocada, la reforma laboral precarizaba el empleo y los escándalos de corrupción se convertían  en un agravio intolerable para una ciudadanía cada vez más empobrecida y una juventud sin futuro. Los gritos atronadores de “¡lo llaman democracia y no lo es!” y  “¡no nos representan!” preocupó e incluso atemorizó, sin duda, a estos partidos que creían su futuro asegurado sine die.

Fue la Constitución del 78 la que ofreció el marco electoral que garantizaba la alternancia de los grandes partidos del régimen de la transición. El artículo 68 estableció la circunscripción por provincias, otorgando a cada una un número inicial de diputados y diputadas, ampliable después según la población. La aplicación de la Ley d’Hondt apuntaló la ventaja de los grandes partidos a la vez que penalizó definitivamente a los pequeños, haciendo además muy difícil que nuevos partidos que no hubiesen participado en el pacto constitucional tuviesen posibilidades de obtener resultados importantes en las urnas.

Por otro lado, la Constitución del 78 aseguró un marco ideológico e institucional que conservaba herencias del nacionalcatolicismo franquista, sobre todo en materia religiosa y nacional. El nuevo Estado no nació laico, sino aconfesional; una fórmula ambigua que escondía en realidad un Estado decididamente católico en el que el poder de la Iglesia no ha dejado nunca de manifestarse: las sentencias contra Rita Maestre y la Procesión del Coño Insumiso nos lo han venido a recordar recientemente (¿acaso un supuesto agravio al Islam hubiese acarreado sentencias semejantes?), pero sus reacciones contra el divorcio, la homosexualidad, los anticonceptivos y, sobre todo el aborto, han marcado la historia de las últimas décadas. La situación hoy conseguida en alguno de estos terrenos ha sido el resultado de muchas y duras luchas, que, sin embargo, no han socavado aún su poder en el terreno educativo, desde la que ejerce un destacado papel de adoctrinamiento favorecido por las ayudas concertadas desde el Estado.

Además, la Constitución del 78 reconoció la indisoluble unidad de la patria y de la nación española (de la que el ejército franquista se sentía garante). Instauró un Estado centralista, con reconocimiento de autonomías que reciben las competencias por cesión del Estado. La fórmula del “café para todos” que reconoció 17 autonomías en pie de igualdad, ignoró las diferencias de sentimientos identitarios, de experiencia histórica y de expectativas nacionales de los distintos pueblos. En el terreno institucional, la monarquía continuadora del franquismo no fue cuestionada y el ejército conservó buena parte de sus privilegios.

La aceptación de tales herencias ilegítimas del franquismo siempre fue justificada por las circunstancias que rodearon a la elaboración de la Carta Magna. Circunstancias calificadas de delicadas porque la transición discurría bajo una continua amenaza de involución. Fuese o no real dicho peligro –en una contexto de fuerte movilización social– lo cierto es que los partidos de izquierda (calificativo que aún se aplicaba al PSOE, pero que estaba representada sobre todo por el PCE) cedieron en sus pretensiones y acabaron renunciando a exigir una democratización más profunda.

Después de todo, la Constitución tenía otros muchos aspectos positivos. El Título I recoge los derechos fundamentales de los españoles extraídos en buena parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: libertades, derechos, garantías... Pero también es verdad que una serie de derechos sociales –como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la seguridad social, a la educación y la sanidad– fueron separados de los derechos fundamentales en capítulo aparte (a petición de Adolfo Suárez), haciendo que fueran interpretados como “no fundamentales” y quedasen por ello menos garantizados.

La ciudadanía se vio absolutamente privada de una participación que le permitiese decir qué es lo que quería, qué tipo de Estado, qué instituciones democráticas debían crearse y cuáles de las heredadas debían eliminarse, qué derechos debían ser fundamentales. La Constitución que parieron los padres designados para la labor tampoco contemplaba canales de participación ciudadana. Respondía al modelo de democracia representativa en la que los ciudadanos y ciudadanas votaban cada cuatro años a sus representantes y los soportaban (cumpliesen o no sus promesas) durante ese período.

La única prerrogativa que se otorgó al pueblo fue la aprobación o rechazo del texto completo mediante referéndum (¿Aprueba el proyecto de Constitución? Sí o no). El hecho de que fuera el rey, mediante Real Decreto (2560/1978 de 3 de noviembre), quien sometiese a referéndum el proyecto de Constitución (en el que se aceptaba la monarquía como forma de Estado), lo dice ya casi todo.

De igual manera la participación de la ciudadanía quedaba excluida en un proceso de reforma constitucional. Esta tiene que ser aprobada por tres quintos de los votos de cada Cámara, o al menos por la mayoría absoluta del Senado y dos tercios del Congreso. Solo al final, una vez aprobada por diputados y senadores, podrá ser sometida a referéndum si lo solicita al menos el diez por ciento de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Ninguna de las dos reformas que se han producido han necesitado la consulta, y, desde luego, no ha sido porque no fueran reformas de calado, sobre todo en el caso de la segunda.

La primera se produjo en 1992 para ajustar la Constitución a los acuerdos adoptados en Maastricht, y solo afectó al derecho de los ciudadanos y ciudadanas de los estados de la Unión a ser candidatos en los países en los que residían. La segunda ha sido reciente y mucho más importante, ya que afecta a las condiciones de vida de la ciudadanía. Se trata de la reforma del artículo 135 aprobada en el 2011 mediante un pacto entre el PP y el PSOE (316 votos a favor), que otorga prioridad a la deuda sobre las necesidades sociales.

Esta segunda reforma se enmarca, en todo caso, en lo que Gerardo Pisarello ha llamado “golpes deconstituyentes” y Miguel Romero “el proceso constituyente de la derecha”, que en realidad incluyen sucesivos ataques a las partes más sociales de la Constitución. Responde al auge internacional del neoliberalismo que desde hace ya casi cuatro décadas ha impuesto la hegemonía absoluta del mercado (lex mercatoria) y arrinconado o transformado las instituciones de Bretton Woods y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, penetrando en la Unión Europea mediante los tratados de Maastricht, Lisboa, el Pacto Fiscal y la política monetaria y de austeridad.

En el caso español la reforma del artículo 135 convierte definitivamente en papel mojado el capítulo de derechos sociales “no fundamentales”. Pero, además, los últimos gobiernos –y sobre todo el del PP– han vulnerado los derechos y libertades fundamentales al reprimir las legitimas protestas de las clases populares contra las medidas “austericidas” (como se las denomina ya en la calle), la reforma laboral, los desahucios y la privatización de los servicios públicos y sectores estratégicos. Incluso han introducido nueva legislación que los quebranta, como sucede con la Ley de Seguridad Ciudadana (la Ley Mordaza) y de la Reforma del Código Penal que atentan contra la libertad de expresión y el derecho de manifestación, que otorgan un poder excesivo a la policía y reducen las garantías ciudadanas.

Todo ello no es más que una reacción a la manifiesta crisis del régimen, como se señalaba más arriba. Los desajustes de la Constitución del 78 se revelan tanto en las aspiraciones populares como en las prácticas que exigen las élites financieras neoliberales. Los partidos del régimen no parecen aún estar de acuerdo en cómo cerrar esta crisis que evidencia las debilidades y contradicciones de la Carta Magna.

El PP se atrinchera, no quiere oír hablar de reforma constitucional al tiempo que dirige certeros golpes deconstituyentes sobre los contenidos más sociales y democráticos. El PSOE propone una reforma en la que los derechos sociales pasasen a formar parte de los fundamentales, se contemplase la igualdad de hombres y mujeres en la sucesión de la Corona, ciertos cambios en el sistema electoral y una reforma federal que recogiera aspectos de países europeos federales (como Alemania o Austria, que por cierto son uninacionales). Por su parte Ciudadanos plantea reformas cinco aspectos: la supresión de los aforamientos, la reducción de exigencias para permitir iniciativas legislativas populares, la despolitización de la justicia, la supresión de las diputaciones y la limitación del mandato para el presidente del Gobierno a ocho años.

Desde la izquierda, Podemos cambió –poco antes de las elecciones– el discurso que mantuvo Pablo Iglesias al ponerse al frente de la dirección del partido, en el que sostenía que uno de sus objetivos era romper el candado del régimen heredado de la transición e impulsar un proceso constituyente, sustituyéndolo por el de una reforma que incluiría el cambio de la ley electoral, la garantía de independencia de la Justicia, la inclusión de los derechos sociales (trabajo, vivienda, educación, sanidad) entre los derechos fundamentales, la lucha contra la corrupción y prohibición de las puertas giratorias y la resolución democrática de la cuestión nacional. Tan solo Unidad Popular-Izquierda Unida abogó por un proceso constituyente en el que cabría la participación ciudadana.

Llegados a este punto es necesario aclarar que debemos entender por proceso constituyente. En primer lugar se trataría de un proceso rupturista, que no acepta la filosofía que inspiró Constitución del 78 ni los procedimientos que prevé para su reforma. No quiere eso decir que rechace todos sus contenidos, sino que los aceptables tendrían que incorporarse a un un nuevo texto en cuya elaboración participaría –en la forma en que se decidiese– la ciudadanía. En algún momento de dicho proceso de discusión se tendría que convocar una Asamblea Constituyente, que sería la única institución que legítimamente podría aprobarla.

Ciertamente para muchas y muchos todo eso se encuentra hoy fuera de nuestro alcance. Después de todo, cada Constitución refleja una correlación de fuerzas entre el poder de las élites y el contrapoder popular. Sin embargo, el abrir espacios que impulsen procesos constituyentes ofrece varias ventajas. La primera e indudable es la de crear un lugar de confluencia no solo de partidos de izquierda (Podemos e Izquierda Unida, que ya tienen propuestas políticas al respecto), sino también de movimientos, mareas y de toda manifestación de contrapoder individual u organizada. La segunda facilitar la politización de la sociedad al entrar en contacto con debates esenciales para sus condiciones de vida: el modelo de Estado, el modelo de democracia, sus libertades y derechos fundamentales, las formas de fiscalidad, las prioridades presupuestarias, los sectores estratégicos que deben preservarse como públicos, la participación en las instituciones internacionales, etc, etc.

En definitiva, se trataría de abrir un proceso en el que la ciudadanía recuperase la política con mayúsculas, en el que hiciese política sin intermediarios, y en el que se garantizase el marco para intervenir en la elaboración de las leyes fundamentales y para controlar a sus representantes en el futuro.