El transporte ferroviario público es fundamental para la vertebración territorial, la sostenibilidad socioeconómica y la descarbonización, actuando como un eje estratégico para el futuro. Fomenta la cohesión social, reduce la congestión y ofrece una alternativa de bajas emisiones, ahorrando millones de euros en impacto ambiental. El debate sobre esta cuestión en Navarra apenas ha existido, habiendo quedado reducido al Tren de Alta Velocidad (TAV) sí o sí, y en Euskadi algo más, aunque no lo suficiente.

Al calor de los trágicos y dramáticos accidentes ferroviarios en Adamuz y en Gelida (Barcelona), y del colapso de la red de Rodalies en Cataluña, se ha avivado el debate sobre la alta velocidad en el Estado español, y han aflorado datos y límites del modelo ferroviario actual lo suficientemente graves cómo para hacernos algunas preguntas: ¿De verdad necesitamos construir trenes que no son sostenibles social y económicamente? ¿Necesitamos trenes con velocidades de 300 km/h o superiores? 

A su vez, este 2026 se cumplen veinte años del inicio de la construcción del corredor ferroviario vasco de alta velocidad, la conocida como 'Y vasca' por ser la forma en que se conectan las capitales, Bilbao, Donostia y Vitoria, que como se señalaba en un reportaje del director de elDiario.es/Euskadi, Iker Rioja Andueza, publicado en estas mismas páginas, “se eterniza y siguen pendientes accesos y conexiones”.

La Comisión Europea declaraba 2021 como el año europeo del ferrocarril. La promoción de modos más sostenibles de transporte ha sido una de las prioridades de la política europea desde finales del siglo pasado. El objetivo ha sido reconciliar un crecimiento imparable del transporte de pasajeros y mercancías con unos crecientes efectos perjudiciales para la sociedad, el medio ambiente e incluso la propia economía.

En el caso español, el ferrocarril central en esta nueva política de transporte, ha adquirido un protagonismo especial en forma de inversiones masivas en alta velocidad ferroviaria.

Este año 2026 se cumplirán 34 años desde la puesta en marcha de la primera línea de alta velocidad en el Estado español, Madrid-Sevilla. Los argumentos sociales, económicos y ambientales favorables al modelo español de alta velocidad ferroviaria se han desvanecido a la luz de la evidencia científica acumulada.

El AVE (Alta Velocidad Española) es una ruina económica. La deuda acumulada de ADIF asciende a 25.000 millones de euros. Hasta la fecha se han gastado 57.000 millones de euros en el Estado español para construir 3.993 km: cada km cuesta 16 millones de euros y su mantenimiento anual es de más de 150.000 euros. Sin olvidar los sobrecostos: el último conocido es el de la “Y vasca” que acumula ya 2.200 millones, y qué a principios de 2026, el coste total previsto se estima en 9.000 millones de euros, mientras que la finalización completa de la obra (incluyendo accesos a las capitales) se pospone con horizontes temporales que oscilan entre 2030 y 2035. 

En el caso de Navarra, las obras del TAV está mucho más retrasadas que en Euskadi, siendo, además, los tramos en construcción totalmente inconexos y corresponden sólo al trayecto Castejón-Pamplona. El TAV, al que distintos sectores cuestionan su utilidad para la sociedad navarra y en Euskadi, y, que, según la Cámara de Comptos, los 214 kilómetros que tiene esta infraestructura del Corredor Navarro de Alta Velocidad costarán entre 3.000 y 4.000 millones de euros, sin contar la estación de Pamplona y la conexión de la Y vasca, está aún por decidir. Mientras tanto, en el período 2015-2025 la única inversión recogida en los Presupuestos de Navarra para fomentar el transporte público ha sido de una media anual de entre 10 y 15 millones dedicados en su totalidad a subvenciones. 

En Navarra, el transporte público ferroviario está empeorando, con la eliminación de servicios, en especial lo referido al transporte de personas, mientras se sigue apoyando el Tren de Alta Velocidad (TAV). Tal y como ha señalado en repetidas ocasiones la Fundación Sustrai Erakuntza “el TAV no vertebra el territorio navarro, además de otras cuestiones, y desvía fondos de un Tren Público y Social necesario para la ciudadanía, la movilidad sostenible y el desarrollo local”. En el caso de Euskadi, el sistema ferroviario presenta una red convencional que ha sufrido una fuerte desinversión. 

Una cuestión muy importante es que mientras el AVE lo utiliza apenas el 5% del total de personas viajeras, el 90% lo hace el de Cercanías. Sin embargo, la inversión en el AVE es 15 veces superior a la de Cercanías. Y eso se paga caro como lo vienen denunciando los sindicatos ferroviarios: falta de personal, retrasos y supresiones de servicios, falta de confort en los trenes, accidentes, cierres de estaciones rurales, desmantelamiento de las bases de mantenimiento y privatizaciones. Esta situación poco tiene de calidad, justicia y redistribución social.

Todos estos datos y más deberían servir para cuestionar la idoneidad de lo que se está haciendo en Navarra en materia ferroviaria y Euskadi, donde las obras están mucho más avanzadas, a pesar del retraso que llevan, y rectificar y promover un modelo ferroviario más racional en lo económico, más eficaz en lo social y más ventajoso en lo ambiental. 

Otro tema importante a reflexionar, es sobre la apuesta constante por aumentar la velocidad, incluso cuando esta tensiona los límites de la seguridad. Hoy hablamos ya de trenes capaces de circular a velocidades de 500 km/h, como el Maglev japonés -el tren bala más rápido del mundo-, aunque el AVE circula a 300 km/h en España, pudiendo hacerlo a más velocidad. A mayor velocidad, menores márgenes de error y mayor severidad de las consecuencias. Sucesos improbables, un cruce inesperado, una intrusión en la vía, una combinación de fallos, siguen siendo poco frecuentes, pero se vuelven más probables conforme aumenta el tráfico y se incrementa la complejidad del sistema. No porque falle la tecnología, sino porque ningún sistema complejo puede aspirar al riesgo cero.

Cuanta mayor velocidad, se precisan más medidas de seguridad e infraestructuras que son cada vez más costosas, y más en un estado como el español donde la red de alta velocidad es el mayor del mundo después de China. El coste de mantenimiento de 1 km de TAV es de algo más de 150.000 euros al año, pudiendo llegar a 500.000 en tramos complejos. La seguridad extrema tiene un precio, y también límites prácticos.

Velocidad y vida no se llevan bien, y, sin embargo, el discurso dominante en la sociedad sigue uniendo progreso con rapidez. Reducir minutos se presenta como un éxito incuestionable, mientras que aceptar límites se percibe como una renuncia. 

Es necesario hacerse la pregunta siguiente: ¿queremos un transporte máximo y rápido, o un transporte óptimo y seguro? Si el camino elegido es el primero, veremos sus consecuencias. Algunas serán asumibles. Otras, trágicas. No se trata de superar récords de velocidad, sino en atrevernos a decidir hasta dónde queremos llegar antes de que sea la realidad la que nos imponga el límite.

La refinería de Petronor, en Muskiz, sufrió el viernes 26 de febrero una fuga de benceno que ha elevado los niveles de este compuesto por encima de los habituales en la zona, a pocos kilómetros de Bilbao. Ha sido una “incidencia” en uno de los tanques de gasolina de Petronor la que provocó las altas concentraciones de benceno en Muskiz, según ha admitido el Gobierno vasco. En entornos industriales, con niveles de 100 a 200 microgramos/m3, se requiere que se informe a la población para que se adopten medidas de carácter preventivo para reducir la exposición, que es lo que se ha hecho.

El pasado domingo 22 de febrero se produjo otro sobresalto en la refinería de Petronor que provocó su inmediata parada a las 17.15, con impresionantes humaredas negras, registrándose benceno y xileno en la estación de medición de calidad del aire del barrio de Las Karreras. Según la dirección de Petronor, fue debido a “la falta de suministro eléctrico” en todas las unidades de la refinería.

Hay que decir que el benceno es un hidrocarburo que procede sobre todo de fuentes de tipo natural. Se libera básicamente como consecuencia de procesos de combustión incompleta y por evaporación de determinados combustibles. Sin embargo, su presencia es habitual en entornos industriales vinculados al refino de petróleo, como es el caso de Petronor.

El benceno es un compuesto orgánico potencialmente carcinogénico que, tras ser inhalado y después de exposiciones prolongadas, puede ocasionar graves efectos sobre la salud humana, ya que afecta al sistema nervioso central y a la normal producción de células sanguíneas, puede deteriorar el sistema inmunitario y dañar el material genético celular, lo que a su vez puede originar determinados tipos de cáncer (leucemia) así como malformaciones congénitas.

Sus efectos nocivos se dejan igualmente sentir sobre el medio ambiente, ya que resulta marcadamente tóxico para los organismos acuáticos y, en especial, sobre los invertebrados, en los que puede producir cambios genéticos (problemas reproductivos, malformaciones) y de comportamiento. Afecta también a la vegetación (puede llegar a provocar la muerte de la planta afectada, lo que adquiere además un matiz económico cuando se trata de cultivos), así como al clima, ya que se trata de un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento de la atmósfera y a la formación de O3 y de aerosoles orgánicos secundarios.

Con Petronor llueve sobre mojado, suma muchos problemas en sus 50 años de existencia. Además, la refinería emite cerca de 2,6 millones de toneladas de CO2 anualmente, que suponen en torno al 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la comunidad autónoma vasca, siendo la empresa más contaminante de Euskadi.

En cuanto al impacto sanitario, hay datos del Departamento de Salud del Gobierno vasco según los cuales Muskiz presenta tasas de mortalidad por cáncer de pulmón entre un 11% y un 45% superiores a la media vasca. Más allá de su contribución al cambio climático, presenta problemas específicos de contaminación, tanto a la atmósfera como al agua. En el campo de los vertidos, según información facilitada al Parlamento Vasco por la consejera Arantxa Tapia, y recogida por elDiario.es, entre 2012 y 2022 se registraron 19 vertidos procedentes de Petronor en Muskiz, incluyendo derrames en la terminal marítima y en la ría del Barbadún.

En el caso de la fuga de benceno del jueves 26 de febrero, el municipio de Muskiz (con 7.465 habitantes) amaneció al día siguiente con un confinamiento preventivo, debido a concentraciones de benceno en el aire que llegaron a alcanzar entre 100 y 200 microgramos por metro cúbico en zonas habitadas, niveles que las propias autoridades sanitarias califican de “significativamente elevados”. Aunque el Gobierno Vasco no empleó formalmente el término “confinamiento”, sí pidió a la población que evitara salir a la calle y que los escolares regresaran a sus domicilios. Eso es un confinamiento en toda regla.

Según la legislación vigente, en entornos industriales con niveles de 100 a 200 microgramos/m3 se requiere que se informe a la población para que se adopten medidas de carácter preventivo, que es lo que se ha hecho. Ahora bien, habría que decir también que se avisó muy tarde, unas ocho horas después, y de hecho el pico máximo afectó a la población de Muskiz. Esta demora está vinculada, en mi opinión, a una falta de transparencia que ha caracterizado históricamente la gestión de incidentes en la planta.

Conviene recordar que la contaminación atmosférica no entiende de fronteras municipales, y la red de sensores de calidad del aire en Muskiz y el resto del área metropolitana de Bilbao permite medir concentraciones en distintos puntos, y qué con factores como el viento -en este caso, viento sur- influyen decisivamente en la propagación, afectando a otros municpios. Hay estudios del Gobierno vasco que detectaron contaminantes procedentes de la refinería de Petronor en Getxo, municipio sin industria, debido precisamente a la dinámica atmosférica.

Muskiz lleva conviviendo décadas con la refinería a escasos metros de sus barrios. Este último episodio contaminante vuelve a recordar las consecuencias que tiene Petronor para la vida y la salud de sus vecinos y vecinas, y, en la necesidad de revisar los mecanismos de control y reforzar la información para que se dé lo más rápidamente posible, y exigir la máxima trasparencia.

Pero también es necesario decir que la existencia de Petronor (Petróleos del Norte) está ligada al alto consumo histórico de combustibles fósiles, que es la mayor causa del calentamiento global, provocando fenómenos meteorológicos extremos, aumento del nivel del mar y pérdida de biodiversidad, y cuya reducción radical es una necesidad imperativa para mitigar la crisis climática.

El enero más lluvioso de los últimos 25 años y lo que llevamos de febrero puede tener una consecuencia casi paradójica en unos meses: el regreso de los megaincendios en buena parte de la Península Ibérica. La cantidad de agua que está cayendo puede provocar una explosión de vegetación. 

Un reciente artículo de Global Change Biology analiza los incendios del noroeste de España del verano pasado. En este artículo se viene a decir que, a finales de agosto de 2025, Europa experimentó incendios forestales récord, concentrándose principalmente en el noroeste de la Península Ibérica. En agosto de 2025, se quemaron aproximadamente 1 millón de hectáreas en Europa, siendo la mayor área registrada, con más de la mitad (541,000 ha) en el noroeste de la Península Ibérica (NW-IP). Los incendios ocasionaron al menos ocho muertes y evacuaciones masivas, lo que llevó a la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea en España. Estos eventos se produjeron durante una ola de calor de 16 días, con condiciones meteorológicas extremas que aumentaron el índice de peligro de incendios (FWI) a niveles récord. 

El FWI alcanzó su valor más alto en el periodo 1985-2025, y se estima que el cambio climático ha incrementado la probabilidad de condiciones de fuego extremo en 40 veces y su intensidad en un 30%. 

Ahora mismo estamos viendo un patrón bastante parecido al de 2025: lluvia, crecimiento de la vegetación, y un verano que promete ser igual de extremo. Estamos a febrero de 2026, y prevenir los incendios de este próximo verano debería estar en la agenda. Por más que se alerte del peligro cuando lo que sucede es más que obvio y los científicos no paran de alertarnos, lo que tenemos que hacer ahora mismo es en el ámbito de la prevención.

Me gustaría equivocarme, pero tengo la impresión que se están creando las condiciones para un verano nefasto en materia de incendios, que esperamos que este año por fin se pongan los medios de prevención a tiempo y la coordinación entre administraciones y otros agentes esté perfectamente protocolizada y organizada.

¿Qué se puede hacer? En el artículo de Global Change Biology se plantea la necesidad imperiosa de una acción inmediata para mitigar el riesgo de incendios, enfocándose en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en la planificación del uso del suelo. Es esencial adoptar estrategias proactivas que incluyan la reducción de combustibles en ubicaciones estratégicas y la gestión forestal cuidadosa. La prevención debe ser una prioridad estratégica, dado que los incendios forestales en aumento amenazan la población, la infraestructura, la biodiversidad, la economía…Este análisis subraya la necesidad de un enfoque coordinado para abordar los riesgos asociados con los incendios forestales, considerando tanto la mitigación como la adaptación para evitar que eventos extremos se conviertan en la nueva norma.

Así mismo partiendo de la relación existente entre las dinámicas del paisaje y el régimen del fuego, investigadores de la Universidad Complutense de Madrid bajo la de la catedrática Cristina Montiel Molina, han desarrollado una metodología que permite diferenciar los escenarios territoriales con distinto riesgo de incendio forestal utilizando sistemas de información geográfica y técnicas de análisis geográfico regional. “Se trata de una metodología de carácter multiescalar que ha sido aplicada para definir los escenarios regionales del fuego en el ámbito montañoso del Sistema Central”, señala Cristina Montiel. Es la primera vez que se caracteriza y se cartografía con precisión las unidades territoriales de riesgo de incendios. La identificación de los territorios más propensos a un determinado tipo de incendio –los escenarios del fuego– permite planificar tanto las medidas preventivas a corto, medio y largo plazo como las de pre-extinción en situaciones de máxima alerta por alto riesgo meteorológico.

Este trabajo publicado en Journal of Environmental Management, explica y demuestra las causas estructurales de los incendios actuales y porqué se manifiestan de forma más o menos virulenta en unos lugares u otros.

Tanto el método como los resultados para la región del Sistema Central son directamente aplicables a cualquier otro ámbito del territorio español. “La decisión de extenderlo a otros espacios está sujeta a la voluntad política de las administraciones competentes en la materia en cada Comunidad Autónoma”, señala Montiel.

Otra cuestión importante es crear zonas buffer o “franjas de baja combustibilidad” bien gestionadas que dificulten el avance del fuego entre zonas forestales y urbanas para reducir la densidad de vegetación y eliminar materiales inflamables. Actúa como una zona segura que detiene o ralentiza la propagación del fuego, protegiendo vidas y propiedades. Ejemplo de ello lo tenemos en el municipio navarro de Legarda, que aprendió de la tragedia tras el incendio de 2022. Vacas Bomberas (ganado controlado), aspersores y comunidad formada demuestran cómo la combinación de agricultura y ganadería tradicional, infraestructura moderna y participación ciudadana son algunos de los ingredientes que señalan la importancia de construir la resiliencia desde lo local.

Un plan suficientemente ambicioso que es necesario en Navarra debe poner en primera instancia no únicamente a los planes de actuación municipal, sino que debe evaluar multitud de infraestructuras críticas, vías de comunicación o determinados puntos de afluencia de personas en el medio natural…

Por otra parte, está el trabajo de comunicación que es fundamental con mensajes simples y comprensibles que pueden salvar vidas y formar a la ciudadanía para que se sepa en cada momento cómo actuar.

El Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU-INWEH), una de las 13 instituciones que conforman la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), el brazo académico de la ONU, conocido como 'El Think Tank de la ONU sobre el Agua', UNU-INWEH (en sus siglas en inglés), acaba de publicar un informe “Quiebra global del agua: Viviendo más allá de nuestros recursos hídricos en la era poscrisis”.

Este informe declara que el mundo ya ha entrado en la era de la bancarrota global del agua. La condición no es una amenaza lejana, sino una realidad presente. Muchos sistemas humanos de agua se encuentran ahora en un estado de fallo post-crisis, donde las líneas base anteriores ya no pueden restaurarse.

La bancarrota global del agua se define como un estado persistente de fallo tras una crisis. En este estado, el uso prolongado del agua y la contaminación han superado los flujos renovables y los límites de agotamiento seguros. Partes clave del sistema hídrico ya no pueden volver de forma realista a los niveles anteriores de suministro y función del ecosistema.

Términos como estrés hídrico y crisis hídrica ya no son suficientes para describir las nuevas realidades hídricas del mundo. Muchos ríos, lagos, acuíferos, humedales y glaciares han sido empujados más allá de los puntos de inflexión y no pueden volver a superar las líneas base. El lenguaje de crisis temporal ya no es preciso en muchas regiones.

El ciclo global del agua ha superado su límite planetario seguro. Junto con el clima, la biodiversidad y los sistemas terrestres, el agua dulce ha sido empujada fuera de su espacio operativo seguro. El informe concluye que el mundo vive más allá de sus medios hidrológicos.

Miles de millones de personas viven con inseguridad hídrica crónica. Alrededor de 2.200 millones de personas siguen careciendo de agua potable gestionada de forma segura, 3.500 millones carecen de saneamiento gestionado de forma segura y casi 4.000 millones enfrentan una grave escasez de agua durante al menos un mes cada año. Casi tres cuartas partes de la población mundial vive en países clasificados como inseguros por el agua o críticamente inseguros por el agua.

La bancarrota global del agua también es un desafío de justicia, seguridad y economía política. Sin un compromiso deliberado con la equidad, los costes del ajuste recaerán de forma desproporcionada en los agricultores, las comunidades rurales, los pueblos indígenas, los residentes urbanos informales, las mujeres, los jóvenes y otros grupos vulnerables. Este desequilibrio aumenta el riesgo de disturbios sociales y conflictos en muchas regiones.

Los gobiernos deben pasar urgentemente de la gestión de crisis a la gestión de bancarrotas. El informe pide el fin del pensamiento de emergencia a corto plazo. En cambio, insta a estrategias que eviten daños irreversibles adicionales, reduzcan y reasignen la demanda, transformen sectores intensivos en agua, aborden las retiradas ilegales y la contaminación, y aseguren transiciones justas para las personas cuyos medios de vida deben cambiar.

Como señala Marta Santafé, consultora especialista en agua y medio ambiente en Fundación The Social Water, publicado en la revista Stakeholders, medio referente en sostenibilidad en el Perú y muy sensible al tema del agua, “durante décadas, la aproximación dominante a la gestión del agua se ha centrado en la ingeniería y la oferta, buscando siempre el modo de obtener más agua para satisfacer una demanda que se asumía como ilimitada. Al enfocarse principalmente en las grandes soluciones tecnológicas -como presas y trasvases-, se ignoraron otras dos dimensiones cruciales para la sostenibilidad: la salud ecológica de los ecosistemas y la justicia social.

El resultado de este enfoque sesgado ha conducido a una triple amenaza de alcance planetario. Por un lado, la acción del cambio climático está alterando de forma impredecible los ciclos naturales del agua. Por otro, la sobreexplotación está vaciando acuíferos milenarios. Y, quizá lo más grave, vivimos una profunda crisis de equidad y justicia que golpea a los más vulnerables“.

En esta situación, surge la transición hídrica justa, un cambio urgente en la planificación y gestión del agua hacia un modelo sostenible y justo para enfrentar la crisis del agua, reemplazando la explotación ilimitada por una economía circular y un nuevo contrato social basado en la sostenibilidad.

Esa transición también se debe llevar a cabo en Euskadi. Siempre se ha considerado que en nuestra comunidad tenemos suficiente agua y todavía esa mentalidad perdura en no pocas mentes. Sin embargo, una constatación real que se plasma en numerosos estudios científicos es que habrá cada vez menos debido al cambio climático. Y aquí la pregunta que hay que hacer es si queremos cambiar la forma de gestionar el agua. ¿Vamos a dejar que el mercado sea el que decida quién va a tener agua como se hace ya en algunas comunidades, o queremos la adaptación al cambio climático desde la consideración de un bien de interés público, con criterios ambientales y de equidad social?

En mi opinión lo que hay que hacer es empujar con mucha celeridad una transición hídrica justa con el objetivo de adaptarnos a la crisis climática, y donde se garantice el abastecimiento humano y se recupere el buen estado de nuestros ríos, acuíferos, zonas húmedas, estuarios y zonas costeras.

La transición hídrica también tener en cuenta más cuestiones como continuar con la reducción del uso del agua en el abastecimiento humano. Y, en esta materia sí que se están haciendo los deberes aquí, ya que nuestra comunidad tiene el consumo de agua más bajo por habitante y día de todo el Estado español, con 97 litros, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Cuestión que no ocurre con la agricultura, aunque es el caso más bien de Navarra, donde en torno al 80% de los usos consultivos del agua se destina a regadío.

En la hoja de ruta para dicha transición hídrica justa hemos de incluir además las soluciones basadas en la naturaleza (SbN), que se refieren a un conjunto de acciones o políticas que aprovechan el poder de la naturaleza para abordar algunos de nuestros desafíos sociales más urgentes, como la amenaza de la disponibilidad del agua, el creciente riesgo de desastres o el cambio climático, y una gobernanza real del agua. Esta gobernanza pasa por una participación activa y real de todos los sectores sociales y ciudadanos; por una coordinación muy estrecha entre administraciones a todos los niveles; y, por una gestión adaptativa que se vaya ajustando a los cambios que impone el cambio climático.

La actual agenda global del agua ya no es adecuada para el Antropoceno. Un enfoque limitado en el agua potable, el saneamiento y pequeñas mejoras en eficiencia no será suficiente para resolver los crecientes riesgos relacionados con el agua. De hecho, ese enfoque limitado comprometerá cada vez más el progreso en la acción climática, la protección de la biodiversidad, la gestión de la tierra, la seguridad alimentaria y la paz.

El año 2025 que acaba de finalizar, pasará a la historia como un año extraordinariamente cálido, que, a falta de confirmarse será el segundo más caluroso a nivel global hasta la fecha. Los datos son muy preocupantes, pero todavía es más alarmante que en el promedio trienal del período 2023-2025 se haya superado los 1,5ºC por primera vez, que sigue siendo el objetivo del Acuerdo de París para finales del presente siglo, aprobado en la conferencia sobre cambio climático de la ONU de 2015 (la COP21), hace ya más de diez años.

Ya 2025 comenzó mal en materia climática. Donald Trump se hizo con la presidencia de la primera potencia global en noviembre de 2024, pero a finales de enero se hizo oficial: Estados Unidos salía del Acuerdo de París. Esa decisión tuvo su influencia en la Cumbre del Clima de Belém (COP30) celebrada el pasado noviembre. Ni hoja de ruta para acabar con los combustibles fósiles, ni incremento de los compromisos de los países para descarbonizar sus economías, ni los fondos necesarios para hacer frente al problema. La declaración final de la Cumbre, si bien recoge algunos avances no demasiado concretados, como la puesta en marcha del Mecanismo de Belém para la Transición Justa, queda muy lejos de las expectativas de una presidencia brasileña que había puesto el listón mucho más alto, pero que fue frenada por una unión de países petroleros y naciones en manos de gobiernos partidarios de retrasar, cuando no torpedear, la lucha contra la crisis climática.

En 2025, un equipo internacional de científicos de World Weather Attribution (WWA) que realiza estudios rápidos sobre fenómenos extremos con elevados impactos entre la población para determinar qué papel ha jugado el cambio climático en esos episodios, han investigado 22 de esos eventos en África, América, Asia, Europa y Oceanía. En 17 casos han determinado que fueron “más graves o más probables debido al cambio climático”. En los cinco restantes, explica WWA en su informe, los resultados no fueron concluyentes debido fundamentalmente a la falta de datos meteorológicos y a las limitaciones en los modelos climáticos. Entre los eventos que analizaron y en los que sí localizaron la huella del calentamiento global como agravante están los incendios de agosto en el noroeste de la península Ibérica. De entre todos los fenómenos meteorológicos extremos, WWA considera que las olas de calor fueron las más mortíferas de 2025.

Este 2025 ha sido también el año del ascenso de los movimientos negacionistas, con Donald Trump a la cabeza, y donde la ultraderecha ha impuesto sus políticas retardistas y antiecológicas en Europa. Los Paquetes Ómnibus (Omnibus Packages) de la UE, especialmente los recientes (como el Ómnibus VIII presentado a finales de 2025), bajo la excusa de que buscan simplificar la legislación ambiental para reducir la carga administrativa a las empresas, se traduce en el debilitamiento de normativas clave como la Directiva de Emisiones Industriales, la Directiva Marco de y la eliminación de obligaciones de planes de transición climática.

Tampoco puede ser ignorada en 2025 la noticia del Instituto para la Investigación del Cambio Climático de Potsdam que certificó en septiembre que la humanidad había rebasado el séptimo límite planetario para una existencia segura: la acidificación de los océanos. Un problema, por cierto, causado en gran parte por la quema de combustibles fósiles que provoca una mayor presencia de CO2 en nuestra atmósfera. De un total de nueve, solo dos límites siguen en la zona segura: el agujero de ozono y la contaminación de aerosoles y partículas en la atmósfera. Los otros siete han ido a peor. Se trata de la crisis climática, la integridad de la biosfera, el uso de agua dulce, la deforestación y los cambios de uso del suelo, la contaminación química, y los ciclos del nitrógeno y el fósforo.

Y por finalizar este breve balance climático de 2025, el último ejemplo ha sido el fin del veto a los coches de combustión, que los 27 habían pactado prohibido vender en 2035. En el fondo, se encuentra la lucha por la hegemonía en el coche eléctrico que los fabricantes europeos están perdiendo frente a sus competidores chinos. Una vez más, el dinero ha ido por delante de la crisis climática.

También ha habido alguna noticia positiva en materia climática: la Corte Internacional de Justicia sentenció en julio que las medidas gubernamentales que impulsan el cambio climático son ilegales y que los Estados deben ser considerados legalmente responsables de sus emisiones. El fallo es histórico por ser el primero emitido respecto a la emergencia climática del tribunal internacional más importante de la Tierra y porque, aunque no es vinculante, podría desencadenar “una reacción en cadena que acelerará los litigios climáticos a escala mundial”, tal como señalaban las organizaciones impulsoras de proceso judicial nada más converse la decisión.

Cabe mencionar también la reactivación de movimientos de ciudadanía en distintos países, y en Valencia, con ocasión de la dana, que han demostrado que la presión social puede reorientar dinámicas y pueden activar cambios relevantes en políticas y estructuras. Una noticia especialmente esperanzadora fue el fin de la sombra que sobrevolaba la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. El Patronato del Museo Guggenheim Bilbao descartaba definitivamente el controvertido proyecto de expansión del museo. Es el triunfo de la movilización de la sociedad civil.  

No obstante, el balance es pesimista. La política continúa acomodándose a la economía cuando debería ser lo inverso. Las instituciones que debieran proteger a la población están capturadas por intereses que se benefician del statu quo fósil. El sistema climático cruza umbrales irrevocables. Es necesaria la movilización social y la recuperación real de la autonomía ciudadana, e instituciones y empresas que se adapten a los límites biofísicos y políticas que se ajusten a la realidad climática.

A medida que los impactos climáticos se intensifican y golpean especialmente a los países más vulnerables del mundo, es prioritario aumentar los esfuerzos de adaptación al cambio climático. Así se indica en el informe “La Brecha de Adaptación 2024”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Los retrasos en la adopción de soluciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero comportarán mayores impactos del cambio climático, lo que hará que empeoren las actuales condiciones, que acarrearán incendios forestales, olas de calor, inundaciones, sequías... Pero, ¿estamos preparados para afrontar las amenazas del cambio climático?

Aun logrando todos los objetivos de mitigación (reducción de los gases de efecto invernadero) –algo que a estas alturas parece muy improbable–, los impactos del cambio climático irán a más. Por tanto, la adaptación al nuevo y peligroso clima asoma como un reto impostergable para que las alteraciones que van a ocurrir en todos los ámbitos de nuestras vidas –salud, economía, agricultura, energía, movilidad, industria, ciudades, etc.– nos afecten lo menos posible. 

En Europa, a pesar de que el cambio climático es una de las principales prioridades de la mayoría de los alcaldes de 54 ciudades, una quinta parte de ellas no cuenta con un equipo dedicado a la adaptación al cambio climático, y, por otra parte, la financiación es escasa.

Eso lo refleja una nueva encuesta de Eurocities Pulse, que viene a decir que las amenazas climáticas están avanzando más rápido que la capacidad de las ciudades europeas para adaptarse. Entre los riesgos urbanos más urgentes destacan las olas de calor, las inundaciones y las sequías. 

El sondeo analizó 54 ciudades de 17 países europeos, incluidos Portugal, Italia, Alemania, España y Francia. La falta de financiación, la escasez de personal y la débil coordinación entre organismos siguen siendo los grandes obstáculos para mejorar la planificación de las políticas de adaptación.  

En lo que respecta a Navarra y en lo relativo a financiación de la lucha contra la crisis climática, el documento clave es el “Informe de perspectiva climática” que el Gobierno de Navarra elabora y adjunta al Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra (PGN) cada año, como el de 2025, donde se detalla cómo se integra la acción climática en las cuentas públicas, siguiendo la ley foral de cambio climático y transición energética, evaluando el impacto ambiental de los gastos e ingresos y destinando fondos a políticas de sostenibilidad, según el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

En la citada publicación de 2025, se viene a decir que la incorporación de la perspectiva climática en los presupuestos es crucial para abordar los objetivos climáticos. La Ley Foral 4/2022 establece la obligación de incluir partidas para adaptación y mitigación del cambio climático en los Presupuestos Generales de Navarra.

En el informe se identifican 100 partidas con perspectiva climática para el año 2025, distribuidas en 10 Departamentos del Gobierno de Navarra. La cuantificación de los presupuestos climáticos previstos para 2025 alcanza 133’1 millones de euros. La mayor parte del gasto se destina a la mitigación del cambio climático (78%), mientras que el resto (22%) se dedica a la adaptación. No obstante, si el 78% de los fondos se han destinado a la mitigación y solo el 22% a la adaptación, quizá haya llegado el momento de invertir más en prepararnos.

Si bien reducir emisiones es muy importante, y podemos hacer mucho más en Navarra, prevenir y adaptarse ya no es una opción, es un imperativo y una acción inaplazable. Para ello, se requiere un análisis de riesgos climáticos relevantes en tofos los sectores que conforman el sistema socioecológico y económico navarro: salud, agua, biodiversidad, sector forestal, agricultura, energía movilidad, industria, turismo, sistema financiero, patrimonio cultural, cohesión social y municipios, que oriente la planificación de políticas públicas de adaptación y la integración de la variable climática en la toma de decisiones. 

Pero, además, uno de los requisitos en las políticas de adaptación al cambio climático es contar con una adecuada dotación presupuestaria en los Presupuestos Generales. Actuar ahora no solo es más rentable económicamente, sino que salva vidas. Cada euro invertido en medidas de adaptación puede evitar mayores costes en el futuro. El cambio climático está aquí, y es una amenaza muy grande que pone en riesgo la forma de vida tal como la conocemos.

Pero llama la atención que el Gobierno de Navarra destine ingentes fondos a determinados proyectos, mientras que las políticas de adaptación, con la importancia y prioridad que tienen, se doten con tan escaso presupuesto.  

Es el caso, entre otros, del Tren de Alta Velocidad (TAV), al que distintos sectores cuestionan su utilidad para la sociedad navarra, y, que, según la Cámara de Comptos, los 214 kilómetros que tiene esta infraestructura entre Castejón e Iruña-Pamplona costarán entre 3.000 y 4.000 millones de euros, sin contar la estación en la capital de Navarra y la conexión de la 'Y vasca', que tendrán su propio presupuesto, y aún su trazado está por decidir. Mientras tanto, en el período 2015-2025 la única inversión recogida en los presupuestos de Navarra para fomentar el transporte público ha sido de una media anual de entre 10 y 15 millones, dedicados en su totalidad a subvenciones. 

¿Somos conscientes de la situación de emergencia climática en que vivimos?

Ante el desafío de la emergencia climática, cada vez más gobiernos de ámbito estatal, autonómico o municipal están apostando por la deliberación ciudadana a través de asambleas y otros ejercicios de organización democrática. En Europa, distintos países, entre ellos Francia, Reino Unido, Irlanda, Escocia, Alemania o Dinamarca, han puesto en marcha mecanismos de deliberación para asegurar que la transición ecológica se haga en clave de justicia social. 

En el caso del Estado español, la Asamblea Ciudadana para el Clima es una experiencia de democracia deliberativa que ampara la Ley de Cambio Climático de 2021, y cuyo mandato, iniciado en diciembre del 2021 y concluido un año después, consistió en elaborar recomendaciones para “lograr una sociedad más justa y segura frente al cambio climático”. Compuesta por 100 personas seleccionadas al azar para representar a la sociedad, y tras varias sesiones de trabajo, asesoradas por personas expertas, desarrollaron un documento final con 172 recomendaciones que se presentó al Congreso de los Diputados.

Además de la Asamblea Ciudadana para el Clima a nivel estatal, se han llevado a cabo otras asambleas a diferentes escalas, como son las de Illes Balears, de Gipuzkoa y Navarra, la más reciente, y de capitales como Bilbao y Barcelona, entre otras.

Una Asamblea ciudadana climática es un ejercicio de democracia deliberativa que permite escuchar la opinión formada sobre la emergencia climática de una muestra representativa de la ciudadanía que encarna el conjunto de intereses existente en la sociedad, con el objetivo de emitir recomendaciones y/o propuestas de política pública al Gobierno, al Parlamento y a la sociedad en general.

La OCDE, en colaboración con un grupo internacional de importantes profesionales de la administración pública, la sociedad civil y la universidad, ha publicado los criterios de mejores prácticas en los procesos deliberativos de toma de decisiones públicas, algunos de los cuales son: 

En lo que respecta a Navarra, la Asamblea Ciudadana del Clima se desarrolló desde febrero hasta mediados de junio del presente año y su constitución es un compromiso recogido en la Ley Foral 4/2022 de Cambio Climático y Transición Energética. 

La Asamblea Ciudadana del Clima de Navarra, en la que formé parte del Grupo de Personas Expertas (GPE), no cumplió algunas de las características que he señalado anteriormente, aunque en otras sí. Así, por ejemplo, no se contempló que sus decisiones fueran vinculantes, y las 30 personas participantes -en un inicio iban a ser 50- que finalmente representaron la diversidad del territorio en cuanto a edad, género, nivel de estudios o lugar de residencia, no fueron escogidas mediante un sorteo cívico aleatorio de ciudadanos y ciudadanas, un requisito fundamental para este tipo de procesos deliberativos.

La asamblea a partir de la pregunta “¿qué debemos hacer en Navarra ante el cambio climático de manera efectiva y socialmente justa?”, y a lo largo de once sesiones desarrolló propuestas que tengan en cuenta el cambio climático en áreas como la ordenación territorial, la agricultura y ganadería, el consumo, la movilidad, la energía, la biodiversidad y ecosistemas, la responsabilidad empresarial…, que concluyeron con la aprobación por votación de 106 propuestas. El próximo día 16 de diciembre la Asamblea Ciudadana de Cambio Climático presentará ante el Parlamento de Navarra el informe de recomendaciones y propuestas, y a partir de ahí serán las administraciones quiénes decidan si se aplican o no.  

De estas 106 propuestas, se priorizaron quince por su importancia y prioridad, que van desde la reducción del uso de energía, materiales y consumo además de impulsar “políticas de decrecimiento”, hasta la renaturalización y restauración ecológica de espacios degradados, aplicación de una fiscalidad ambiental efectiva mediante impuestos y otras medidas que desincentivan la contaminación y promueven prácticas sostenibles, regulación de explotaciones y macrogranjas, incremento del presupuesto y personal para medio ambiente y biodiversidad…

En lo que respecta a Euskadi, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1/2024, de 8 de febrero, de Transición Energética y Cambio Climático, el Gobierno Vasco debe configurar “una Asamblea Ciudadana en Euskadi que sea un foro para generar reflexión y conocimiento colectivo en materia de transición energética y cambio climático”. 

La composición, organización y funcionamiento de la Asamblea Ciudadana de Euskadi serán reguladas mediante un decreto tal y como establece la ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático, y deberá seguir las directrices sobre participación ciudadana de diversos organismos internaciones, anteriormente enumeradas. En este sentido difiere de la Asamblea Ciudadana del Clima en Navarra, en la cual las personas participantes no fueron escogidas mediante un sorteo cívico aleatorio de ciudadanos y ciudadanas, un requisito fundamental para este tipo de procesos deliberativos.

En lo qué si las dos Asambleas Ciudadanas del Clima coinciden, la vasca y la navarra, es en que las propuestas que se hagan por parte de los asambleístas no contemplan que sus decisiones sean vinculantes, a partir de lograr un nivel de consenso cualificado tal y como reclamaron las organizaciones ecologistas y otros organismos.

Ante el cambio climático, es más necesario que nunca establecer herramientas de participación democrática reales de forma estable, representativas de la diversidad social y con capacidad vinculante. Un espacio institucionalizado donde ciudadanía, actores sociales y comunidad científica diseñen, supervisen y controlen cuestiones tan relevantes como la reducción de emisiones o las políticas de adaptación.

A punto de cumplirse diez años del histórico Acuerdo de París del 15 de diciembre de 2015 nos encontramos con la 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima que se celebra del 6 al 21 de noviembre de 2025 en Belém, Brasil. El reto es, si de una vez por todas se va a poner en marcha las promesas hechas en el pasado.

Diez años después, las emisiones y temperaturas globales se mantienen en máximos históricos, y en 2024 se sobrepasó 1,5ºC, que era el límite que el Acuerdo de París venía a plantear para 2.100. 

Los datos no invitan a ese optimismo a día de hoy, ya que los compromisos de reducción hasta ahora presentados por los países nos llevarían a aumentos de temperatura cercanos a los 3 grados, muy lejos del objetivo marcado para evitar un cambio climático catastrófico. 

La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París es muy grave. Es responsable de más del 11% de las emisiones globales y el principal emisor histórico. Pero conviene recordar que ya lo hizo en 2017 cuando por primera vez fue presidente Trump, y el mundo siguió avanzando. Sin embargo, la diferencia ahora es que, en esta ocasión, no hay esa decisión para seguir adelante en muchos países clave. A diferencia de hace unos años, el trumpismo de hoy no se queda sólo en Estados Unidos.

La Unión Europea, por ejemplo, que fue líder en la lucha contra el cambio climático, hoy ha abandonado esa posición. Nadie contrarresta el negacionismo de Trump con la decisión necesaria que requiere la gravedad de la emergencia climática en la que estamos inmersos. Y, el problema es que ya son demasiadas COPs en las que sólo con mantener las negociaciones parece una victoria. Y eso es muy poquita cosa. 

Y, ¿cómo están las cosas en Euskadi? En 2024, Euskadi ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero un 18% respecto a 1990, aunque hay que decir que el objetivo marcado por la UE para 2030 es de una reducción del 55%. O sea, estamos lejos, aunque el objetivo de reducción de los GEIS de la Ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático, aprobada por el Parlamento Vasco en la pasada legislatura, tras el acuerdo de PNV, PSE y EH Bildu, fue de una reducción de un 44% en 2030. Es decir, más bajo que lo planteado por la UE. Por tanto, hay mucho trabajo por hacer.  

Pero siendo la mitigación muy importante y debemos hacer mucho más en Euskadi, no nos podemos olvidar del otro pilar de la lucha contra la crisis climática, la adaptación frente al cambio climático.

En nuestra comunidad se han dado avances en planes de adaptación, pero no basta con declararlos. Se deben evaluar los riesgos, priorizar la protección de los sectores más vulnerables y garantizar que las medidas se implementen correctamente. Esto incluye infraestructuras verdes, refugios climáticos accesibles, rehabilitación de viviendas, eficiencia energética, planes de concienciación ciudadana… Voy a poner un ejemplo con los refugios climáticos. De nada servirán si no hay accesibilidad, y deben ser fáciles de alcanzar para todas las personas, incluyendo a aquellos con movilidad reducida; deben tener cierto confort térmico y ser confortables, donde la gente pueda descansar o socializar; deben incorporar elementos como vegetación, agua y materiales que reflejan el calor para ayudar a regular la temperatura y abiertos al público, que se pueden usar de forma libre y gratuita, sin estar ligados al consumo.

Se suele decir que la esperanza es lo último que se pierde. El hecho de que ningún país haya seguido el ejemplo de Estados Unidos de abandonar el Acuerdo de París es esperanzador, pero quedan muchas incertidumbres con respecto a las emisiones de China e India y tenemos la debilidad política de la UE. Si no se consiguen avances importantes, va a ser imposible alcanzar el objetivo de 1,5 grados del Acuerdo de París.

También hay que pensar que es necesaria una revisión fundamental de las COPs. Como han manifestado un grupo de destacados científicos en una carta dirigida al secretario ejecutivo de Cambio Climático de la ONU, Simon Stiell, en estas reuniones se debe pasar de la negociación a la aplicación para poder cumplir los compromisos acordados y garantizar la eliminación progresiva de la energía fósil. Y, que haya una representación equitativa en las conferencias, dado que los lobistas de los combustibles fósiles superan en número a los representantes científicos, indígenas y de las naciones vulnerables al clima.

No nos queda mucho tiempo para evitar una catástrofe que ponga en peligro la supervivencia humana en este planeta. Y, al contrario de lo que piensan los habitantes de Marte como Elon Musk, no hay planeta B. Si en la COP 30 de Belém (Brasil) no se alcanzan avances sustanciales, como ha ocurrido en las últimas COPs, esto hará que se produzca sólo la supervivencia de las negociaciones que últimamente aparece como una victoria. Y eso, no es suficiente, ni mucho menos. Es un resultado muy raquítico. 

Al mismo tiempo, en el marco de la COP30 en Belém, se celebra una Cumbre de los Pueblos, un espacio de la sociedad civil donde ecologistas, indígenas, feministas y otros movimientos sociales exigirán justicia climática y alternativas al sistema actual, protestando por la inacción gubernamental. Esta cumbre paralela busca influir en las negociaciones oficiales, presentar soluciones desde la base y afirmar la necesidad de un cambio profundo frente a la crisis ecológica. 

El cambio climático no depende solo de los líderes gubernamentales. En una buena proporción de la sociedad civil, de sus gentes que se movilizan, que demandan justicia y alzan la voz por un futuro habitable.

El término “zona de sacrificio” surgió en Estados Unidos en los años de la Guerra Fría, cuando los efectos de la minería de uranio dejaron grandes espacios inhabitables. Posteriormente, fue tomada por los ambientalistas para nombrar los territorios marcados por la contaminación, el despojo y la violencia estructural.

Las “zonas de sacrificio” en urbanismo y medio ambiente son territorios donde se ha priorizado el desarrollo económico sobre el bienestar social y ambiental ocasionando alta contaminación, degradación, vulnerabilidad…, ya que se han construido viviendas y demás edificaciones en zonas inundables.  

Un ejemplo, es el barrio de Etxabakoitz. El nacimiento del barrio en los 60 por acumulación de flujos migratorios al socaire de la industrialización, según el diagnóstico realizado por Rubén Lasheras Ruiz e Izaskun Andueza Imirizaldu, profesores del Departamento de Trabajo Social de la UPNA, propició una acumulación de trabajadores no cualificados venidos de otros lugares con un fuerte sentimiento de clase. Un barrio obrero, con una construcción deficiente, pocos servicios y un barrio estructurado en dos alturas, cuya distancia trata de salvarse mediante elevadores urbanos.

Y, donde se construyó en zonas inundables, como es el caso del Grupo Urdánoz. Hay quienes dicen que cuando se construyó eran otros tiempos. Así es, pero eso no es óbice para escudarse en ello, ya que implica una profunda injusticia ambiental y social, donde las personas son forzadas a vivir en condiciones de riesgo a pesar de que las administraciones tienen el deber de proteger derechos fundamentales, como la salud, el medio ambiente, una vivienda en condiciones, etcétera. 

Recientemente se ha publicado el informe “Infraestructuras críticas inundables en Navarra”, del Observatorio de Sostenibilidad, donde se decía, entre otras cosas, que “187 infraestructuras críticas ocupan lugares inundables en nuestra comunidad, la mayoría de ellas están relacionadas con población vulnerable (65) y servicios básicos (64)”. 

Dicho informe además de señalar los puntos calientes de la infraestructura navarra en cuanto a riesgo de inundación, propone también una serie de recomendaciones, como la mejora de los sistemas de alerta temprana existentes con protocolos claros y estrictos de cumplimientos de forma preventiva, implementar una etiqueta de calificación de edificaciones e infraestructuras críticas frente al riesgo de inundaciones, la revisión de los planes urbanísticos o el alejamiento de la superficie urbanizada en las zonas de riesgo más elevado de los núcleos urbanos, la creación de llanuras de inundación antes de los municipios que suponen “que el agua llegue mucho más remansada que cuando se canaliza”, y, que toda planificación debe ser realizada con el nuevo escenario de cambio climático en el que ya nos encontramos. 

Actualmente, nos encontramos que el Gobierno de Navarra está tramitando la Modificación del PSIS del Tren. Comarca de Pamplona“, y con el que se quiere construir 10.841 nuevas viviendas en el meandro inundable del río Elorz en Etxabakoitz. El plazo para presentar alegaciones finaliza el 11 de noviembre.

La planificación del PSIS fue realizada hace ya 15 años. Eran momentos en que no se hablaba de cambio climático, lo cual obliga a repensar la urbanización propuesta. 

El Estudio Ambiental Estratégico de esta Modificación del PSIS señala que “la gran cuenca de recepción del río Elorz lo convierte en uno de los ríos de Navarra que, a pesar de su escaso cauce habitual, puede llegar a sufrir inundaciones importantes. Los puntos conflictivos en la situación actual en este río son tres fundamentalmente: la desembocadura del Sadar, el puente sobre el río en la Avenida Arostegui, que se ha visto cortado a la circulación en numerosas ocasiones, y el Grupo Urdánoz que se ve afectado para el período de retorno de 10 años.

Sorprendentemente, el Grupo Urdánoz, construido en zona inundable, no entra en el PSIS actual. ¿Un plan de construcción de 10.841 viviendas no debería integrarlo o aportar mejoras? ¿No es la ocasión histórica para solucionar esta “zona de sacrificio”? ¿Qué se va a hacer con posibles inundaciones como ha ocurrido en diversas ocasiones en ese lugar?

En la modificación del PSIS, a pesar de las actuaciones previstas en las márgenes del río, el Grupo Urdánoz sigue estando en “zona inundable de flujo preferente”, lo cual indica riesgo grave para las personas y bienes. 

Siguiendo con el PSIS, una parte de la zona a urbanizar se localiza en terreno inundable en períodos de retorno de 500 años. Para evitar los efectos de estas posibles inundaciones la urbanización debe realizarse tras hacer una serie de modificaciones en la zona de actuación que van desde el relleno de algunas zonas, la elevación de cotas en viales y plataformas de urbanización, la remodelación, alzado de la cota y ampliación de la luz de puentes existentes para eliminar obstáculos.

Como se dice en las alegaciones presentadas por la Fundación Sustrai en 2024 a la modificación del PSIS, se van a tomar una serie de medidas que ya han fracasado en el 100% de los casos estudiados en el área metropolitana de Pamplona, según los trabajos de E. Cabrejas (2018), y A. Aretxabala (2022, 2024), que como bien se ha comprobado, lo que hacen es derivar el problema, pero amplificado, a las zonas adyacentes. 

El principio de solidaridad de la Directiva Marco del Agua (DMA) tiene una un papel protagonista en la gestión del riesgo de inundación cuando la pretensión es “llevar el problema a otra parte”. Estas prácticas provocan inundaciones más graves una vez sobrepasados o superados los obstáculos. La crecida inundará lo primero que encuentre, sean huertas, polideportivos, zonas residenciales o bosques de ribera.

Con este planteamiento, el Gobierno de Navarra y ayuntamientos como el de Iruñea-Pamplona, y los otros tres incluidos en el Consorcio, ¿al servicio de quienes están?

El miércoles 29 de octubre se cumple un año de la dana con 229 víctimas y con grandes impactos de todo tipo. En este año hemos asistido a silencios, ocultamientos y falsedades por parte de la Generalitat del País València y a las trampas de su presidente, Carlos Mazón, para eludir sus responsabilidades en la gestión de la emergencia. 

No hay muchas dudas de que la dana está estrechamente vinculada al calentamiento global. La organización científica World Weather Attribution, que se dedica a calificar qué parte de un fenómeno meteorológico extremo está vinculada al cambio climático, contabilizó que las lluvias de octubre fueron “un 12% más intensas” debido al calentamiento global.

También habría que decir que tuvieron lugar importantes fallos en las alertas tempranas y en la planificación preventiva. En muchas zonas, la información no llegó a toda la población hasta muy tarde, cuando las precipitaciones más críticas ya habían pasado. La emisión de estas alarmas con al menos un día de antelación habría permitido tomar decisiones preventivas más claras, como la suspensión de clases en escuelas, universidades y centros de formación; la parada de actividades en empresas e industrias; la adaptación del transporte público; evacuar residencias de personas mayores; y la recomendación de evitar vehículos privados. La falta de planes preventivos integrados dejó a la población sin claridad sobre cómo actuar.

Hemos visto en primer plano la ocupación de zonas inundables con viviendas, equipamientos e infraestructuras de todo tipo que se han permitido construir a pesar de que poco a poco nos hemos ido dotando de normativas que, en teoría, prohibían la ocupación de espacios en esos lugares de peligrosidad. Todo ello debido a que el suelo es una cuestión fundamental para diversos actores que han visto en este elemento un espacio de transformación acelerada y de enriquecimiento rápido. 

Tras el fatídico 29 de octubre, todos los actores políticos y sociales han hablado de reconstrucción. Ahora bien, según de quien se trate, la palabra puede significar una cosa u otra. Según Amnistía Internacional, un año después del paso de la dana, las autoridades no han tomado las medidas necesarias para que una de las peores catástrofes climáticas de la historia reciente de España y Europa no vuelva a repetirse. El informe 'Llueve sobre mojado' de Amnistía Internacional, hecho público este 22 de octubre, concluye que la construcción en zonas inundables en los municipios afectados por la tormenta sigue poniendo en riesgo a decenas de miles de personas. 

Esta organización de derechos humanos se muestra clara en la advertencia: una tormenta como la que asoló Aragón, Catalunya, Castilla-La Mancha y, sobre todo, el País València, puede repetirse en un contexto de cambio climático donde los fenómenos meteorológicos “serán más frecuentes y más graves”. Y las consecuencias “nada naturales” de estos fenómenos amenazan a ser igual o más graves, ya que las instituciones no han hecho lo necesario para evitar que se siga construyendo en zonas inundables.

En Euskadi, las temperaturas altas y precipitaciones intensas son fenómenos que se han intensificado en los últimos años, evidenciado por veranos muy cálidos con récords de temperatura y tormentas puntuales y torrenciales, y el nivel del mar en la costa vasca ha aumentado alrededor de 20 cm desde 1800. Se espera que estos fenómenos sean más frecuentes debido al cambio climático, según estudios del Gobierno Vasco. 

El peligro de la ocupación de ríos y zonas inundables también se ha dado desde hace ya muchos años en Euskadi. Edificaciones e infraestructuras ocupan e invaden las llanuras de inundación en distintas zonas, reduciendo drásticamente la capacidad de desagüe de los cauces y haciendo que personas y bienes queden expuestos a las crecidas. 

Se ha repetido en múltiples ocasiones, que los ríos se expanden. Podemos negarlo, pero no por eso va a dejar de pasar. Ha pasado siempre y seguirá ocurriendo. Podemos intentar dos cosas: procurar dominarlos o intentar acomodarnos a su dinámica natural. Llevamos muchos años peleándonos contra ellos y por ahora no parece que vayamos ganando la batalla.  

Pero, ¿qué hacemos con el pasivo histórico? ¿Qué hacemos con los cascos urbanos y polígonos industriales sometidos a alto riesgo de inundación? No se puede dar una solución genérica. En estas zonas habrá que adoptar medidas estructurales. Las soluciones de ingeniería clásica que hasta hace muy poco se han adoptado a pesar de cada zona es diferente, se deberán utilizar cuando no haya otra opción posible, y en todo caso ejecutando la acción correspondiente con el máximo respeto medioambiental. En otras situaciones habrá que realizar actuaciones urbanísticas de realojos, liberando el territorio fluvial de las construcciones existentes.

Estamos bastante lejos de limitar el aumento de temperatura global a 1,5 grados cono señala la comunidad científica para evitar las peores consecuencias climáticas. Las medidas de mitigación son insuficientes y los planes de adaptación son fundamentales, como se está haciendo, aunque habría que ver si a la velocidad deseada, con planes de emergencia ante el riesgo de inundaciones, e iniciativas como el impulso a soluciones basadas en la naturaleza, la mejora de la resiliencia urbana y la integración de criterios climáticos en la planificación, destacando la iniciativa KAIA, coordinada por Ihobe, Sociedad Pública del Gobierno vasco.

Pero también debe impedirse la construcción de viviendas, pabellones industriales e infraestructuras en zonas inundables. Prohibir nuevas construcciones en zonas inundables hoy en día es una labor prioritaria. De nada servirán plantear otras medidas si seguimos incrementando el negro catálogo de zonas de alto riesgo. Sin olvidar otra cosa no menos importante: que se cumpla la legislación existente.

Reparar un producto en muchas ocasiones no resulta nada fácil y es una tarea que conlleva multitud de obstáculos en el camino, como diseños que no favorecen la durabilidad, costes que superan a los de un producto nuevo, falta de repuestos, entre otros, a lo que habría que añadir la propaganda en publicidad que gastan los fabricantes, que nos empuja a la sociedad de comprar, usar y tirar, generando una gran cantidad de residuos. 

En el caso de los residuos electrónicos, en 2022 en todo el mundo se registró la mayor cifra de residuos electrónicos hasta la fecha, concretamente 62 millones de toneladas, según el Observatorio Internacional de estos residuos. Esto supone más de 7 kilos por persona al año, una cifra que sube hasta los 17,6 kilos por persona si nos referimos a Europa.

Con esta basura electrónica se pierden miles de millones de euros en metales valiosos, además de un gran impacto ambiental, y se sostiene un sistema de producción y consumo lineal, cuando el planeta tiene unos recursos finitos. Es la llamada economía lineal que se caracteriza por extraer, producir y desperdiciar.  

En la revista Residuosprofesional se publicaba el pasado 28 de julio un estudio que revela que solo el 11% de las y los europeos recicla sus móviles y ordenadores viejos. Según datos Eurostat de 2024 sobre hábitos de consumo de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la Unión Europea, más de la mitad de los ciudadanos (51%) mantienen en casa sus viejos smartphones en lugar de darles una salida sostenible. Solo un 11% los recicla y un 18% opta por venderlos o regalarlos. Un pequeño porcentaje, el 2%, los desecha directamente sin reciclarlos.

Los comportamientos varían según la edad: el 13% de las personas entre 55 y 74 años recicla su antiguo teléfono, frente al 7% de los jóvenes entre 16 y 24 años. En cambio, los más jóvenes son más proclives a dar una segunda vida a sus dispositivos móviles (23% frente a 12% en los mayores). 

Los hábitos con otros dispositivos son muy similares. En el caso de los ordenadores portátiles y las tabletas, un 11% se recicla, un 12% se dona o vende y un 34% permanece guardado en casa. Grecia (20%) y Dinamarca (19%) lideran el reciclaje de estos dispositivos, mientras que Croacia (29%) y Rumanía (18%) destacan en la reutilización.

Más allá del final de la vida útil de los dispositivos, la sostenibilidad también se refleja en la compra. En 2024, solo el 12% de los ciudadanos de la UE consideró el ecodiseño (durabilidad, facilidad de reparación, materiales respetuosos con el medio ambiente) como un factor importante a la hora de adquirir equipos TIC. Austria (62%) y Chipre (41%) fueron los países con mayor conciencia ecológica en este aspecto.

La eficiencia energética del dispositivo (19%), la posibilidad de prolongar su vida útil (10%) y los programas de recogida de equipos antiguos (7%) también fueron valorados, aunque lejos de criterios más tradicionales como el precio (69%), el rendimiento del hardware (53%) o el diseño y la marca (50%).

A todo esto, habría que añadir qué, en solo unas pocas semanas, el próximo 14 de octubre, Microsoft pondrá fin al soporte gratuito de Windows 10, un sistema operativo que aún utilizan casi la mitad de los ordenadores con Windows en todo el mundo. La medida podría condenar a la obsolescencia a 400 millones de equipos, generando más de 700 millones de kilos de residuos electrónicos evitables, tal y como se publica en la revista Residuosprofesional.

Los equipos afectados no podrán actualizarse a Windows 11, por lo que sus usuarios tendrán cuatro opciones: comprar un nuevo ordenador, pagar un programa de extensión de soporte temporal ofrecido por Microsoft, migrar a otro sistema operativo o seguir usando Windows 10 sin actualizaciones de seguridad, con los riesgos que ello implica.

La decisión coincide, irónicamente, con el Día Internacional de los Residuos Electrónicos (14 de octubre) y llega apenas cuatro días antes del Día Internacional de la Reparación (18 de octubre), que busca visibilizar alternativas frente a la cultura de la obsolescencia programada.

Las vías para que un objeto se quede obsoleto son varias. Desde que los productos pueden tener un tiempo de vida limitado por diseño, hasta que pueden dejar de ser útiles ante nuevos estándares técnicos, pasando porque no hay recambios o que pueden parecer viejos o pasados de moda por causa de la publicidad y el marketing. 

Frente a esto, la reparación es muy importante, por razones de índole social, económica y ambiental. En este sentido, cabe destacar las oportunidades de negocio y de empleo que depara, hasta promover un uso más eficiente de los recursos, reducir los residuos y fomentar un uso prolongado de los productos». 

Hasta la fecha al menos en Europa el derecho a reparar se ha plasmado en su aceptación como tal, y en directivas, pero con poca o nula plasmación práctica. Y la realidad actual, es que la información sigue sin estar disponible, los manuales de los dispositivos están cerrados, las piezas no se pueden conseguir, el software está restringido, los métodos de reparación se complican mucho … Todo esto limita mucho el derecho real a reparar.

¿Cómo podemos reparar? En las localidades y ciudades vascas todavía quedan talleres de reparación, de diversos materiales, entre ellos los productos eléctricos, pero son escasos. El relevo generacional, las dificultades para acceder a piezas de recambio, componentes y aplicaciones adecuados para reparar, el coste económico, y la ausencia de incentivos para invitar a la población a reparar, son los principales obstáculos que enfrenta la reparación.

Como iniciativas interesantes, tenemos los Repair Cafés, lugares de libre acceso donde todo gira en torno a reparar cosas juntos, normalmente en un bar o un restaurante, u otros similares, o Traperos de Emaús, e iniciativas profesionales que buscan conectar a los reparadores con las personas que necesitan sus servicios, como GuíaReparaciones. 

Sin duda, son necesarias normativas y leyes más firmes que obliguen a los fabricantes a facilitar la reparación, pero también una verdadera cultura de la reparación, incentivos fiscales o subvenciones a quienes se dedican a ello.

Con la ola de calor más larga desde que hay registros, según Aemet, los fuegos se han cebado en una parte importante del Estado español en un año que se ubica en el más catastrófico en cuatro décadas, según el sistema de vigilancia europeo Copernicus. La catástrofe debería servir al menos para extraer lecciones, aunque habrá que verlo.  

Más de 400.000 hectáreas quemadas, ocho personas muertas cuando luchaban contra los incendios y muy dañada la economía de muchos pueblos, convierte a 2025 en la peor temporada de incendios forestales de España en más de 30 años. 

El cambio climático sí eleva el riesgo de que se produzcan y, no solo eso, sino de que sean más intensos y afecten a una mayor superficie, y también los hace más difíciles, o incluso imposibles de controlar. De hecho, estos días se ha hablado de los incendios de sexta generación, fuegos que, por su tamaño y virulencia, son prácticamente imposibles de apagar.

Durante este verano se ha comentado mucho de la necesidad de prevención. La organización Greenpeace estima que con una inversión de 1.000 millones en auténtica prevención de incendios “se podría ahorrar hasta 99.000 millones en extinción”. Y utiliza para este cálculo las cifras de la Agenda Forestal Navarra que achaca un gasto de 10.000 euros por hectárea para apagar fuegos si intervienen medios aéreos, además del cálculo del Colegio de Ingenieros Forestales, que afirma que “cada euro preventivo reduce en 100 euros la factura de la extinción”.

A pesar de que ya se sabe que muchos siniestros serán inextinguibles por el cambio climático, los presupuestos siguen primando la extinción sobre las medidas preventivas

En esta ola de incendios tan devastadora, hay que destacar la nefasta política de los gobiernos autonómicos gobernados por el PP, que ha abrazado el negacionismo climático de VOX, donde hemos oído declaraciones del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones, como que “veía absurdo y un despilfarro mantener el operativo de incendios todo el año”, o, “que los ecologistas provocan los incendios”. Y, también las declaraciones de otros dirigentes del PP con la retahíla continua de que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha puesto todos los medios y capacidades disponibles del estado, tratando de evadir sus responsabilidades, cuando las competencias en materia de prevención y extinción de incendios, y en general en emergencias y protección civil, son autonómicas, según la legislación vigente.  

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó el pasado 25 de agosto, su propio plan de incendios, el llamado ‘Plan integral de ayuda, recuperación y prevención para el medio rural y forestal’, con una iniciativa muy sorprendente, como la creación de un “Registro Nacional de Pirómanos” para identificar a los condenados por incendios, e imponer pulseras telemáticas, que es un intento más de más de “eludir el bulto” en la gestión de los incendios, cuando solo el 7% de los incendios intencionados tiene esa causa. La Fiscalía General del Estado señala que existen distintos tipos de delito relacionados con los incendios provocados por lo que, no corresponde centrar la atención de la lucha contra los incendios en la figura del pirómano. 

En el plan propuesto por el presidente del PP, tampoco hay ninguna mención a la necesidad de mitigar las causas del cambio climático, que incrementa el riesgo de incendio y multiplica su potencial, lo cual prueba su negacionismo climático. 

El Gobierno central, en el primer Consejo de Ministros y tras aprobar la declaración de zonas de emergencia los territorios afectados por los incendios, ponía en marcha las primeras iniciativas del pacto de Estado frente a la emergencia climática presentado por el presidente Pedro Sánchez. Un pacto que apela a la colaboración de todos y que, según sus propias palabras, debe quedar “fuera de la lucha partidista”. Un consenso que, en mitad de la bronca política que se vive parece totalmente imposible de alcanzar. Pero, además, como ha señalado Rebelión Científica su enfoque actual no está a la altura de las recomendaciones de la ciencia, ni de la tragedia de la DANA en Valencia con 232 muertos, ni de las cerca de 400.000 hectáreas quemadas que han dejado al Estado español herido como nunca. La ciencia prevé un escenario de aumento de 4 °C (o más) en Europa del Sur para 2100 y, como señaló el secretario general de la ONU, António Guterres, tras décadas de inacción, “hemos abierto las puertas del infierno climático”.

También se ha prodigado mucho este verano al calor de los incendios tan devastadores la expresión “limpiar el monte”. El catedrático de Botánica en la Universidad de Vigo, Luis Navarro, viene a decir en un interesante artículo publicado en su blog titulado “Limpiar el bosque… ¿hasta que no quede bosque?” que “es triste ver que, tras más de medio siglo de acumular conocimiento sólido sobre ecología del fuego, aún llamemos ”maleza“ a la vida del bosque. Triste es escuchar, una y otra vez, que ”los incendios se apagan en invierno“ con ”limpiezas“ que dejan el monte peinado como un green: homogéneo, brillante y, sobre todo, desprovisto de lo que no encaja en la postal. El mensaje cala porque es simple; pero el problema es mucho más complejo”.

Y, se pregunta, ¿significa eso que no debamos gestionar? Al contrario: gestionemos, sí, pero sin arrasar, sin repetir los errores que nos trajeron hasta aquí. La prioridad, pensando en las próximas décadas y sobre todo en las siguientes generaciones, es cortar la cadena humana de igniciones en su origen: educación, vigilancia inteligente y sanciones efectivas para quienes prenden fuego a nuestro mayor tesoro. Solo después, hablemos de gestión ecológica -no de “limpieza”- y discutamos, con datos fehacientes, sobre la necesidad o no de crear mosaicos que rompan la continuidad del combustible, recuperar usos del territorio (el tan manido pastoreo dirigido y silvicultura bien planificada) y de aplicar, donde proceda y con criterios científicos, quemas prescritas y clareos selectivos.

En los últimos años estamos asistiendo a la proliferación de proyectos de plantas de biogás y biometanización en todo el estado, incluida Navarra, sin ninguna planificación. ¿A qué responden? El negocio y la rentabilidad son el objetivo principal de estos proyectos, y esto provoca que el medio ambiente y la protección de la ciudadanía sean secundarios, sobre la base de traer residuos de otros lugares.

Pero, ¿qué es el biogás y la biometanización? Son dos fuentes de energía incluidas en el grupo de las energías renovables. Se producen a través de la descomposición anaerobia, es decir, sin oxígeno, de materia orgánica. Según las plantas y los proyectos, con diversos tamaños y procesos, se pueden mezclar residuos agrícolas, ganaderos, agroindustriales, lodos de depuradoras o residuos domésticos, entre otros. La descomposición anaeróbica de la materia orgánica produce una mezcla de gases, principalmente metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), que se denomina biogás y puede ser utilizado como fuente de energía directamente.

En cuanto al biometano, se elabora a partir de basura orgánica mediante un proceso de fermentación en condiciones anaeróbicas (sin oxígeno). El residuo restante es un lodo llamado digestato que desde luego ni se le parece al estiércol o el compost con el que abonar en el campo. El biometano es en realidad un biogás mejorado en su porcentaje de metano para resultar similar al gas natural, y por eso, les resulta fundamental instalar las plantas de producción en la proximidad de la red de gaseoductos, independientemente de si esas tuberías pasan a 6,4 o 2 km cerca de tu pueblo, porque en estos macroproyectos, lo prioritario son los beneficios empresariales.

Hasta qué punto el biogás y la biometanización son tecnologías interesantes o prometedoras que puedan contribuir hacia un sistema energético más respetuoso con el medio ambiente es un tema que conviene debatir. Una de las cuestiones a dilucidar de estos gases es la materia orgánica que se utiliza para la producción. Por ejemplo, el compostaje aerobio, con presencia de oxígeno, transformado en compost, es muy útil para la regeneración de suelos degradados desde un enfoque agroecológico. Por otra parte, en los vertederos la utilización del biogás también es interesante, ya que la emisión de estos gases tiene un grave impacto climático.

En lo que respecta a la materia orgánica procedente de la agricultura y la ganadería industrial es importante analizar una serie de cuestiones. Así, en el caso de la gestión de la ganadería industrial, este modelo agroalimentario nos lleva a las macrogranjas, que plantean una serie de problemas ambientales muy grandes, y que van asociadas a este tipo de ganadería muy dirigida a la exportación y no al consumo interno, y, por tanto, con el añadido de desaparición de granjas familiares, gran concentración de animales, aumento muy grande de residuos orgánicos...

Las dificultades, tal y como señala en una publicación Ecologistas en Acción, no está en la tecnología sino en el sistema de producción y en el modelo de planta que se está imponiendo. Una cosa son las pequeñas instalaciones para el aprovechamiento de los residuos de pequeñas comunidades o instalaciones agrícolas y ganaderas, produciendo biogás para esas mismas instalaciones, y, otra muy diferente son los proyectos a gran escala.

En la experiencia de las plantas de biometanización que se están instalando en diversas comunidades, como en Navarra, estas instalaciones procesan basuras contaminantes, lodos de las depuradoras, residuos de mataderos e industrias alimentarias, cultivos energéticos o desechos agrícolas y purines. Y dado su carácter “macro”, estas instalaciones no se limitarán a las macrogranjas existentes, sino que actuarán como un efecto llamada para nuevas instalaciones.

Algunos de los problemas de este tipo de plantas son los malos olores que se generan, así como el peligro de la emisión de gases perniciosos para la salud, el aumento de un tráfico incesante de camiones de gran tonelaje cargados de purines, la dispersión del digestato por los campos....El tamaño de las plantas hace difícil manejar estos riesgos ambientales, como por ejemplo podría ser la contaminación de los suelos y acuíferos.

Todo esto viene a cuento, porque el 13 de junio se publicó en el Boletín Oficial de Navarra el anuncio a exposición pública del expediente de concesión de autorización ambiental integrada a fin de realizar alegaciones al proyecto de “Planta de biometanización y fertilizantes” en Viana, promovida por B.POWER GEN II SLU.

Con motivo de este proyecto y ante la falta de información a la población afectada, la Fundación Sustrai dio una charla el pasado viernes 4 de julio en Viana con una participación de 150 personas donde se informó del proyecto, ante la preocupación existente.

Como se dijo en la charla, la planta proyectada es una actividad industrial y su objetivo es la producción de biogás para inyección en la red general de gas natural. Pero se pretende instalar en un suelo no urbanizable, tal y como está catalogado en el Plan Municipal, cuando debería serlo cuando menos en un polígono industrial.

El hecho de centralizar en una planta residuos de otros lugares supone aumentar el traslado de residuos y, por tanto, la contaminación que genera el transporte. Se produce una acumulación de residuos en una localización, que dificulta la adecuada gestión del digestato como fertilizante, porque supone extender una cantidad importante de residuos en una zona cercana a la planta, porque de lo contrario supondría un gran gasto económico.

La ribera del Ebro en la comarca de Viana va a ser incluida en las Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos en la próxima revisión del Decreto Foral. Este hecho debería de servir para abandonar la idea de la planta.

El cambio climático es uno de los desafíos más importantes, si no el principal, a los que nos enfrentamos como sociedad. Las observaciones y reconstrucciones del clima pasado evidencian el calentamiento global provocado por las actividades humanas a través de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los últimos estudios del Servicio europeo Copernicus de cambio climático, vienen a señalar que Europa es el continente que más rápido se están calentando. En el caso de la península Ibérica, las proyecciones científicas señalan que se podría alcanzar un incremento de temperatura superior a los 4ºC para finales de siglo, si no se adoptan medidas urgentes y drásticas. Este escenario que hace unos años parecía poco menos que improbable, se perfila como una posibilidad real.

En lo que respecta a Navarra, el número de días de calor extremos en los veranos 2022 y 2023 es mayor que el de los 40 veranos anteriores. La ola de calor de junio de 2022, hace ahora tres años, seguida del mayo más cálido y seco en Navarra en al menos los últimos 50 años, desembocó en la peor oleada de incendios forestales, con nuevas condiciones de propagación, que arrasó 15.000 hectáreas.

Vista esta realidad climática, deberíamos preguntarnos si estamos haciendo todo lo posible por cambiar el rumbo. La mitigación y la adaptación son las dos estrategias de las que depende la lucha contra el cambio climático. Las de mitigación del cambio climático limitan y reducen las emisiones a la atmósfera, y las de adaptación abordan sus impactos y sus riesgos y reducen las vulnerabilidades frente a él.

El Acuerdo de París establece en 2015 el objetivo para finales del siglo XXI de mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de 2°C, y proseguir con los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales.

Sin embargo, al actual ritmo de emisiones de CO2 a la atmósfera, la humanidad solo tiene tres años para contener el calentamiento global en un nivel seguro; es decir, por debajo de 1,5ºC respecto a los niveles preindustriales. Así se desprende del tercer informe 'Indicadores del Cambio Climático Global', realizado por un equipo de más de 60 científicos de 17 países y publicado el pasado jueves 19 de junio en la revista 'Earth System Science Data'. Por lo tanto, los resultados son muy escasos.

Un aspecto cada vez más importante en la acción climática son las políticas de adaptación al nuevo escenario, y, a este nivel cabe decir que todavía se ha hecho bastante poco, cuando debería situarse al mismo nivel que la mitigación cuando menos.

Los impactos del cambio climático se producen en una variedad de sectores críticos en Navarra para nuestro funcionamiento y seguridad, como la salud, ecosistemas, agricultura y ganadería y gestión hídrica, entre otros, y lo que se está proyectando es que irán a más de manera rápida.

Las altas temperaturas y las olas de calor afectan a la salud, y las consecuencias son mayores en colectivos vulnerables, como personas de edad avanzada, bebés o personas con patologías crónicas. Por otra parte, los barrios con menos renta tienen una mayor vulnerabilidad ante el cambio climático, debido a la falta de aislamiento térmico, sin apenas zonas verdes y árboles, lo que supone un agravio añadido. En las zonas urbanas, donde se concentra la mayor parte de la población, se generan las llamadas “islas de calor”, cuyas temperaturas pueden ser de unos 8ºC superiores a las zonas rurales.

En Navarra se está desarrollando el proyecto LIFE-IP NAdapta-CC, proyecto europeo que coordina el Gobierno de esta comunidad, y en el que el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) es el responsable del desarrollo y ejecución del área de salud, que está trabajando en los factores con mayor evidencia de impacto en la salud, como las temperaturas extremas, la calidad del aire, riesgos emergentes y vectores trasmisores de enfermedades mediante la implementación y mejora de sistemas de vigilancia de estos factores, la puesta en marcha de medidas preventivas y la difusión de la información, con el objetivo de mejorar la adaptación de la población al impacto del cambio climático en su salud.

Otro de los impactos del cambio climático son las precipitaciones con cambios muy bruscos en su régimen y que conllevan problemas de disponibilidad de agua, como de precipitaciones muy intensas y torrenciales que pueden provocar inundaciones. Aunque es un tema del que habrá que estudiar y analizar más en Navarra, sí que parece que las precipitaciones van a disminuir en las próximos años. En este sentido es necesario gestionar los recursos hídricos de manera sostenible, reconociendo que la cantidad de agua disponible puede variar y que debemos ajustar nuestro consumo y gestión a esa realidad. Esto implica adoptar prácticas que maximicen el uso eficiente del agua y minimicen el desperdicio, adaptando nuestras necesidades a la disponibilidad real del recurso. Y esto cobra especial importancia en la viabilidad de ciertos regadíos y en el abastecimiento de agua que en determinados períodos puede estar comprometido.

También está presente el riesgo potencial de incendios forestales, teniendo Navarra una proporción muy grande de masa forestal respecto a su superficie. La posibilidad de que se produzcan grandes incendios y cada vez más devastadores es real y sus consecuencias rebasan al sector forestal y llegan al ámbito de la protección civil y la seguridad ciudadana, además del agrario, infraestructuras y ecosistemas.

Para hacer frente a este desafío se requiere políticas de adaptación a todos los niveles de las instituciones, presupuestos adecuados e instrumentos de participación que involucren a la ciudadanía en la toma de decisiones.

Estos días han comenzado las fiestas en varios lugares de la geografía navarra, que poco a poco se multiplicarán conforme se acerca el verano. Y muchas personas nos preguntamos si se repetirán las escenas que año tras año vemos en nuestras calles y plazas que se convierten cada día en auténticos vertederos con residuos de vidrio, plásticos, latas, materia orgánica, envoltorios de todo tipo y un sinfin de cosas más.

Las fiestas son uno de los momentos más celebrados a través de los cuales se manifiestan distintas cuestiones de diversa índole, desde tradiciones, a manifestaciones de sentimientos colectivos. Y también en esos momentos y en esos espacios es necesario actuar de acuerdo al medio ambiente y al entorno. Esto quiere decir, trabajar para que la fiesta genere la cantidad mínima de residuos posible y que estos sean recogidos de forma separada, para que puedan ser posteriormente reutilizados y reciclados y se ahorren recursos energéticos, se reduzcan los factores de contaminación atmosférica o acústica, o el riesgo de accidentes, entre otras cosas. Aunque también habría que decir que Fiesta y Sostenibilidad son elementos un tanto contrapuestos, y, cabe preguntarse si hace falta tanto consumismo en fiestas, y en la vida cotidiana. 

Para que unas fiestas puedan ser sostenibles habría que considerar tanto criterios sociales como ambientales y qué normativas se aplican. La apuesta por unas fiestas cada vez más masivas, además de riqueza para el sector servicios también trae impactos ambientales, y más preocupante aún en la situación de emergencia climática en la que estamos. 

Es necesario abandonar la idea de que las fiestas son sucesos inusuales donde las conductas de las personas no tienen en cuenta los efectos sobre el medio ambiente y el entorno. Las fiestas consumen un espacio y lo ocupan hasta tal punto que pueden llegar a transformarlo radicalmente. En una sociedad de consumo, como la nuestra, una celebración se asocia a una aceleración del nivel de consumo de bienes y servicios.

Dicho esto, cabe señalar que el pasado 3 de mayo entró en vigor el Decreto Foral 36/2024 de eventos públicos y sostenibilidad, normativa impulsada por el Gobierno de Navarra que según han manifestado sus responsables busca principalmente reducir la generación de residuos y fomentar prácticas sostenibles en la celebración de actos públicos, tanto culturales como deportivos, festivos o de cualquier otra índole. Y, entre otras cuestiones, prohíbe la utilización de plásticos de un solo uso. Ni vasos de usar y tirar, ni platos o cubiertos de plástico en comidas festivas, ni tampoco botellines de agua en carreras populares...

El ámbito de aplicación del decreto afecta a todos los eventos públicos que se celebren en el territorio foral, tanto los que sean organizados por entidades públicas como los que estén patrocinados o subvencionados por las administraciones, así como para aquellos que requieran de autorización administrativa expresa. Es importante recordar que las actividades que tengan lugar de modo habitual en locales que cuenten con la correspondiente licencia de actividad clasificada, en un bar, por ejemplo, no están sujetos a esta normativa. Tampoco en un partido en el Sadar, por ejemplo, o en un concierto en el Arena, porque son actividades habituales de esa licencia de actividad. 

La normativa puesta en marcha no dudo que tendrá beneficios ambientales, pero limitados. Por otra parte, plantea unos cuantos interrogantes, y, por otra parte, afecta a determinados eventos, pero no, por ejemplo, a la multitud de fiestas que se celebran en los los distintos pueblos de Navarra y en su capital, Iruña-Pamplona, Y, en este sentido, cabe pensar que se repetirán escenas en las que las calles y plazas estén repletas de todo tipo de residuos.

Entre los interrogantes que plantea el Decreto Foral están, por ejemplo, que si bien en el decreto se dice que “se fomentarán sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR), a continuación se señala ”siempre que dicho sistema esté implantado en la Comunidad Foral o en la entidad local en la que se desarrolle el evento“. Como no lo está, entonces cabe preguntarse, ¿para cuando?  

Por otra parte, tal y como dice el Decreto Foral, los locales que cuenten con la correspondiente licencia de actividad clasificada, un bar, por ejemplo, no están sujetos al Decreto Foral, lo cual eso limita enormemente la efectividad del citado decreto, aunque sí el resto de normativa existente al ser un productor de producto.  

Otra cuestión es la referente a la utilización de vasos reutilizables. Hace años que se consideró como una interesante iniciativa, porque permitía reducir el consumo de plástico y evitar el  uso de vasos de plástico de un solo uso. Sin embargo, la realidad comprobada es que en unos porcentajes altísimos los vasos reutilizables no han vuelto a su retorno, y han ido a parar al vertedero, ya que se ha dificultando mucho esa devolución. ¿Se van a seguir fomentando los vasos reutilizables a sabiendas de que van ir a la basura?

Ahora, bien, los impactos ambientales que se suceden en las fiestas u otros eventos de nuestros municipios y ciudades, ¿se trata de un problema de normativas, de sistemas de control, de civismo, de educación ambiental, o de limpieza viaria y colocación de distintos contenedores donde depositar los distintos residuos? En mi opinión, es un poco de todo. Bienvenida sea una norma de sostenibilidad ambiental de aplicación general a nivel de Navarra que realmente sirva para que se eviten las escenas que vemos en la mayor parte de nuestros pueblos en las fiestas, pero me temo que no lo va a hacer. Pero, además, es necesario un cambio radical en nuestros hábitos y disfrutar las fiestas de otra forma, sin ensuciarlo todo.

Ha muerto el papa Francisco. Y quiero recordar de él, algunas cuestiones que dijo acerca de la crisis climática.

Empezaré diciendo que el 18 de junio de 2015, el papa Francisco publicó Laudato sí, una encíclica papal que es como una circular que se envía a todos los católicos del mundo, dedicada por completo a cuestiones ecológicas, que influyó y supuso un espaldarazo a las negociaciones climáticas internacionales, al aprobarse ese año el Acuerdo de París -el 15 de diciembre de 2015-, que rige en la actualidad los esfuerzos internacionales para combatir el cambio climático, aunque no se viene cumpliendo. En dicho documento, a lo largo de 184 páginas, conecta por primera vez la lucha contra el cambio climático con la necesidad de la justicia social.

Ocho años después, el papa Francisco volvió a hablar del cambio climático en Laudate Deum (2023) ante la ausencia de la acción climática, aunque en esa ocasión utilizó el término crisis climática en el que elevó el tono hacia sus causantes, las empresas del sector de los combustibles fósiles, y también fue muy crítico con la respuesta que los Gobiernos y las diferentes cumbres climáticas estaban dando a este problema global, el mayo desafío que tiene la humanidad en la actualidad. “La transición que se necesita, hacia energías limpias como las energías renovables, abandonando los combustibles fósiles, no tiene la velocidad necesaria”, señaló.  

De la primera encíclica del papa Francisco que se difundió en junio de 2015, hasta tiempos más recientes el mensaje de Bergoglio es muy diferente en relación con las llamadas cumbres climáticas, ya que las que se han celebrado posteriormente han sido más bien un fracaso. Concretamente, el papa Francisco recuerda en su texto que, ante la cumbre climática a celebrar en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) que tuvo lugar del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 -la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático- a la que estuvo a punto de acudir, vino a decir que se trata de un país “que se caracteriza por ser un gran exportador de energías fósiles”, y advierte de que “las empresas de gas y petróleo ambicionan nuevos proyectos allí para ampliar más aún la producción”.

De la exhortación apostólica del papa Francisco, destacaría como principales cuestiones, su posicionamiento contra el negacionismo climático. Bertoglio viene a decir que “por más que se pretendan negar, esconder, disimular o relativizar, los signos del cambio climático están ahí. Nadie puede ignorar fenómenos extremos, períodos frecuentes de calor inusual, sequía y otros quejidos de la tierra. Es verdad que no cabe atribuir cada catástrofe al cambio climático global. Sin embargo, sí es verificable que determinados cambios en el clima provocados por la humanidad aumentan notablemente la probabilidad de fenómenos extremos. En los últimos años no han faltado personas que pretendieron burlarse de esta constatación. Mencionan supuestos datos científicamente sólidos, como el hecho de que el planeta siempre tuvo y tendrá períodos de enfriamiento y de calentamiento”.

También vino a decir que “ya no se puede dudar del origen humano del cambio climático”. Veamos por qué, dice. “La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que por ese efecto provocan el calentamiento de la tierra, se mantuvo estable hasta el siglo XIX, por debajo de las 300 partes por millón en volumen. Pero a mediados de ese siglo, en coincidencia con el desarrollo industrial, comenzaron a crecer las emisiones. Mientras escribía `Laudato si´ se alcanzó el máximo de la historia -400 partes por millón- hasta llegar el pasado febrero de 2025 a 427,70 ppm (partes por millón). Este valor es el promedio diario más reciente, según Earth's CO2. La concentración de CO2 en la atmósfera ha ido aumentando a un ritmo de aproximadamente 2 ppm por año, y esta tasa de aumento se está acelerando.

El Papa Francisco se refiere también “a la responsabilidad del modelo económico”, señalando que “la lógica del máximo beneficio con el menor costo, disfrazada de racionalidad, de progreso y de promesas ilusorias, vuelve imposible cualquier sincera preocupación por la casa común y cualquier inquietud por promover a los descartados de la sociedad. En los últimos años podemos advertir que, aturdidos y extasiados frente a las promesas de tantos falsos profetas, a veces los mismos pobres caen en el engaño de un mundo que no se construye para ellos”.

Y, viene a considerar a Occidente, como un “modelo irresponsable” llamado a cambiar. “Si consideramos que las emisiones per cápita en Estados Unidos son alrededor del doble de las de un habitante de China y cerca de siete veces más respecto a la media de los países más pobres, podemos afirmar que un cambio generalizado en el estilo de vida irresponsable ligado al modelo occidental tendría un impacto significativo a largo plazo. Así, junto con las indispensables decisiones políticas, estaríamos en la senda del cuidado mutuo”.

La lucha contra el cambio climático depende de decisiones políticas y de una sociedad internacional concienciada y movilizada, y si hay alguien con autoridad, como es el papa Francisco, que fue el máximo responsable de una tradición religiosa milenaria en la que se reconocen cientos de millones de personas, hablara de la crisis climática y en los términos en que lo hizo, es algo muy importante y positivo.  

En el Día Mundial del Clima que se celebra el 26 de marzo, declarado así en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático efectuada en 1992, Fundación Clima/Klima Fundazioa entrega el Premio Klima Saria 2025, en su primera edición, al Ayuntamiento de Villaba/Atarrabiako Udala en reconocimiento a su trabajo frente a la crisis climática.

No es, no queremos que sea un premio al uso: no hay una cantidad de dinero, ni se regala un objeto caro, ni lo entregan una academia, un gobierno o un rey. Es un premio ciudadano, más bien un compromiso y una interpelación llenos, esto sí, de respeto y agradecimiento. Y la razón es que, a diferencia de otras muchas instituciones de las que tenemos cerca o lejos de nosotros y nosotras, el Ayuntamiento de Villaba/Atarrabiako Udala viene mostrando un interés firme y creciente por proteger a los vecinos y a las vecinas de las dificultades de las que poco se habla y mucho se teme. Por eso nuestro premio no es más, ni menos, que un arbolico. Echamos en falta, en realidad, el poder dar muchos más de estos, si se diera el caso, que no se da, de que todo el mundo estuviera haciendo su trabajo. Es conveniente que nos preguntemos por qué, y hay que reconocer que es un trabajo difícil: no está escrito, y arrastra, tendrá que arrastrar consigo, muchos de los aspectos de nuestra forma de vida, un imperativo al que cuesta mirar, aún de reojo.

De este modo, y como simples ciudadanos y ciudadanas que somos, el colectivo de personas implicadas en Fundación Clima/Klima Fundazioa hacemos entrega al Ayuntamiento de Villaba/Atarrabiako Udala de este premio-compromiso, por haberse preocupado, y por seguir haciéndolo, de cómo proteger a sus vecinos y vecinas frente a las incertidumbres del cambio climático. Por investigar, por educar y por prevenir. A ver si ayudamos a que sirva de ejemplo para que todos y todas podamos avanzar.

El pasado año 2024, las temperaturas batieron récords en nuestra biosfera. El termómetro global ha aumentado 1,6 ºC respecto a la era preindustrial y provoca fenómenos extremos progresivamente más numerosos e intensos, con un nuevo récord, ese año, de víctimas mortales y destrucciones y daños materiales. Es urgente preguntarnos qué estamos haciendo y si estamos preparados para estas situaciones.

Los municipios y sus ayuntamientos, y demás entidades locales, tienen una excepcional importancia en la lucha contra el cambio climático, especialmente en la adaptación climática: en su seno se determinan  muchas cuestiones relativas al uso del suelo y las medidas y las prácticas con las que se puede reducir la vulnerabilidad. Entre otras cosas, pueden aumentar las zonas verdes; utilizar pavimentos y materiales naturales para bajar la temperatura de los municipios -hasta más de 4 ºC- y facilitar la captación de agua de lluvia por el suelo, así como la posibilidad de devolver radiación fuera de la atmósfera colocando elementos reflectores en cubiertas y aumentando de esta forma el potencial de enfriamiento pasivo a nivel urbano; pueden diseñar parques inundables, y reforestar riberas fluviales para contener el impacto de las inundaciones; levantar barreras naturales para proteger los entornos urbanizados; y, como medida fundamental, reubicar, en la medida de lo posible, las infraestructuras y construcciones vulnerables. En definitiva, planificar los espacios urbanos con una perspectiva integral del territorio y de los riesgos, ya que no podemos seguir pavimentando municipios e impermeabilizando cada vez más zonas urbanas, ajenos a la crisis climática.

Por todo ello, es vital asumir nuevos enfoques a nivel local, incorporando las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), que son acciones o procesos que utilizan los principios de la naturaleza para dar solución a distintos problemas relacionados con la gestión territorial y urbana como la adaptación al cambio climático, la gestión de los recursos, del agua, la seguridad alimentaria o la calidad del aire y el entorno, y que tienen costes muy asumibles por los municipios. 

La ordenación urbana y la integración y desarrollo de infraestructuras verdes (parques, espacios de tránsito, pavimentos permeables, humedales artificiales y estanques, etcétera), son planteamientos esenciales en el diseño de un nuevo urbanismo para la resilencia ante fenómenos extremos, cuya creciente incidencia no dejará de aumentar.

Las soluciones basadas en la naturaleza no solo mejoran la resilencia frente al cambio climático, sino que también aportan múltiples beneficios ambientales, sociales y económicos. Los municipios tienen mucho trabajo por delante, pero también muchas oportunidades de generar espacios sociales y centros económicos sostenibles con capacidad para hacer frente y adaptarse a los impactos climáticos.

Los municipios también pueden promover la eficiencia y el ahorro energético y de recursos naturales mejorando de forma muy importante los planes de sostenibilidad local, comprometiéndose con la transparencia y la gestión transformadora desde nuevas visiones, implicando a la ciudadanía en la necesidad de un cambio.  

Las medidas que se adoptan en los ámbitos locales se proyectan sobre el propio territorio y tienen un impacto muy directo en la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, la dinámica de la economía de proximidad. Permiten, además, un canal de comunicación directa con la ciudadanía que puedan sostener sistemas de participación social adecuados, que impliquen a la ciudadanía en un deseado e imperioso cambio de rumbo.

Adaptarse al cambio climático ya no es una opción, es una exigencia.

El paso del tiempo no ha apagado la cadena de errores previos y posteriores, la desinformación y el oscurantismo que arrastra el derrumbe ladera abajo del vertedero de Zaldibar, propiedad de Verter Recycling 2002. Como consecuencia del derrumbe del vertedero, dos trabajadores fallecieron, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, a quienes se recordará en este quinto aniversario en un acto convocado por Zaldibar Argitu.

Recordando tal y como se sucedieron los hechos, es primordial dar algunas cifras y datos, y, en este sentido, cabe decir que el vertedero de Zaldibar contaba con una capacidad autorizada de 2,74 millones de metros cúbicos para una vida útil de 35 años, que venía a suponer una media anual de vertido de unos 118.000 toneladas, pero que se disparó año tras año. Así, en los dos últimos dos años se rellenó la mitad de su capacidad, superando ampliamente las previsiones de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), concedida por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. 

Todo esto está unido a otro problema muy importante, y es la ubicación en que se construyó el vertedero, en la ladera de un monte con unos 200 metros de desnivel, y por lo tanto con una importante pendiente, que en mi opinión, fueron las primeras causas de una de las mayores causas ambientales, sino la mayor, que ha ocurrido en Euskadi.

A todo esto habría que unir la diversidad de residuos depositados en el vertedero, calificado como un vertedero de residuos industriales no peligrosos e inorgánicos, pero que, sin embargo, albergó también de forma ilegal residuos orgánicos, procedente de la industria, como la de de la pasta y papel -ello provocó por fermentación anaerobia (en ausencia de oxígeno), gas metano principal responsable de los incendios en el vertedero-, plásticos y otros residuos urbanos, y también residuos tóxicos y peligrosos, como amianto y PCBs. Era un cajón de sastre donde todo cabía“, denunciaron en su día quienes conocen lo que sucedía en una instalación que, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 2015, recibió residuos peligrosos como PCB -los denominados bifenilos policlorados, prohibidos desde 1986 por su elevado poder cancerígeno y sus dañinos efectos sobre el medio ambiente-, además de residuos de amianto, debido a una autorización concedida en 2013, pero antes ya se habían depositado, concretamente, unas 16.000 toneladas, sin autorización. 

En mi opinión, la responsabilidad del desastre es de la empresa Verter Recycling, como propietaria del vertedero, y deberá rendir cuentas de todo ello. Pero, además, se vislumbra un cúmulo de negligencias en el control y la vigilancia de un vertedero por parte del Gobierno vasco sobre el que los trabajadores venían advirtiendo de la existencia de grietas en la estructura de la gigantesca montaña de residuos, entre ellos materiales potencialmente nocivos como el amianto u otros. Las siete inspecciones realizadas por el departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco no detectaron nada problemático en sus instalaciones, y en la última de ellas, realizada los días 10 de junio y 10 de julio de 2019 para comprobar el grado de cumplimiento de las condiciones de su AAI (Autorización Ambiental Integrada), se recogieron en un informe un total de 23 desviaciones, aunque ninguna de ellas graves, que se consideraron como “poco relevantes”. Sin embargo, el 6 de febrero de 2020 tuvo lugar la que se ha considerado la mayor catástrofe medioambiental que ha existido hasta la fecha en Euskadi.

Por otra parte, el que no se exigiera reducir el ritmo de llenado del vertedero o se sancionara el depósito de residuos tóxicos y peligrosos con el amianto, indica el insuficiente control público del vertedero. Cinco años después de la catástrofe del vertedero de Zaldibar, las responsabilidades están todavía sin dirimir, y en lo que se refiere a los delitos contra el medio ambiente, se encuentran en fase de investigación preliminar, y, apenas hay información.  

Lo que sí sabemos es que el Gobierno vasco se lleva gastado de dinero público 30 millones de euros en tareas de rescate, estabilización y sellado del vertedero, que han dicho que lo hacían de manera “subsidiaria”, y que debería de haber sido a cargo de los propietarios del vertedero.  Los propietarios del vertedero de Zaldibar, ¿se irán de rositas?

Vivimos en un mundo finito, en donde la materia no se crea ni se destruye. Hablar de eliminación de residuos es falso. Depositar residuos en un vertedero debería estar sujeto a unas mínimas condiciones de gestión y control. Es necesario, aunque no suficiente, que tanto la gestión como el control sean públicos, en donde el coste de la operación incluya los costes ambientales, cosa que no ocurre.

El derrumbe del vertedero de Zaldibar indica que, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y se podría decir en el conjunto del Estado español, se gestionan los residuos industriales en “vertederos de bajo costo”.  En realidad, en un vertedero no se eliminan los residuos, sino que se esconden. Al verterlos, los echan en un hueco y los tapan con tierra, es decir, se entierran. Pero el residuo permanece y una vez clausurado un vertedero, hay que controlar el residuo durante 30 o más años, porque es un vertido vivo que sigue emitiendo gases y tiene impacto medioambiental. Sin duda, se trata de deshacerse de la basura de la peor forma posible. Es la última de las opciones contempladas en la jerarquía comunitaria de gestión de residuos, que pasa por este orden, por la reducción, reutilización, reciclaje, valorización energética o incineración, y vertido. 

El servicio europeo Copernicus ha confirmado que 2024 es el más cálido en el planeta desde que hay registros, y el primer año natural en que la temperatura media ha superado en 1,5º C el nivel anterior a la revolución industrial, aunque esto no significa que se haya rebasado el límite del 1,5 ºC establecido en el Acuerdo de París en 2015, ya que alude a las temperaturas globales de promedio durante al menos dos décadas, pero indican que vamos mal. Estas temperaturas globales, unidas a niveles récord de vapor de agua en la atmósfera mundial en 2024, se han traducido en olas de calor sin precedentes y episodios de lluvias torrenciales, que están causando sufrimiento a millones de personas.

Por su parte, la asociación británica internacional Christian Aid como cada año desde 2018, ha publicado un informe en el cual viene a decir que la DANA de Valencia está entre las diez catástrofes climáticas globales con mayor impacto económico en 2024, cuyas repercusiones económicas estimadas son alrededor de más de 4.000 millones de euros.

Hay diversos expertos que consideran que Christain Aid ha dado unos datos un tanto conservadores sobre las pérdidas económicas en la DANA de Valencia, pues los daños económicos podrían situarse por encima de los 10.000 millones. Hay, además, cada vez más voces que defienden que se deberían contabilizar de forma más completa esos daños, como por ejemplo, teniendo en cuenta la paralización de la actividad económica, las pérdidas económicas por el turismo, el valor ecosistémico perdido, etcétera.

Estados Unidos ha sido quién más pérdidas económicas ha tenido por los fenómenos meteorológicos extremos. Las tormentas que han ido azotando el país durante todo el año han supuesto alrededor de 60.000 millones de dólares de pérdidas económicas, lo que supondría alrededor del 85% del PIB de un país como Eslovenia. Otros lugares del mundo que salen gravemente damnificados económicamente este año a consecuencia del clima extremo son varias zonas de Asia, como China, país en el que 315 personas fallecieron a consecuencia de las inundaciones que tuvieron lugar entre junio y julio, y donde se generó un coste económico de alrededor de 15.600 millones de dólares. Por otro lado, en el suroeste asiático el Tifón Yagi se cobró la vida de más de 800 personas. Las consecuencias en términos económicos fueron de 12.600 millones de dólares. Las Islas del Caribe y Brasil sufrieron también graves pérdidas por ciclones o inundaciones.

En el séptimo lugar, se encuentra la Tormenta Boris, que ocasionó estragos en el centro de Europa llevándose un valor aproximado de 5.200 millones de dólares. En el noveno se sitúa la catástrofe que provocó las inundaciones de Baviera, en Alemania, región que perdió lo equivalente a unos 4.450 millones de dólares. Sumando estas dos catástrofes a la de la DANA, la pérdida económica de Europa equivale a unos 13.870 millones de dólares.

Pero ninguna región del globo se libró de estos sucesos en 2024. Aunque el top ten se centra en los costes financieros, que suelen ser más elevados en los países más ricos porque tienen valores inmobiliarios más altos, algunos de los fenómenos meteorológicos extremos más devastadores en 2024 afectaron a los países más pobres, que han contribuido poco a causar la crisis climática y tienen menos recursos para responder.

La atmósfera tiene hoy una concentración de dióxido de carbono (CO2) de 422 ppm (partes por millón), y en 2022, los niveles de CO2 superaron los 418 ppm, frente a las 317 ppm registrados en 1960. Una concentración por encima de 450 ppm, que estamos muy cerca, si se traspasa, el mundo se adentrará en un territorio no conocido en los últimos tres mil millones de años, con efectos muy catastróficos.

Incluso si hoy mismo se dejase de emitir dióxido de carbono (CO2), la temperatura de la Tierra continuaría aumentando, pues no se ha alcanzado el punto de equilibrio entre la energía que llega del Sol y la que emite nuestro planeta correspondiente a esa concentración.

La situación actual induce a considerar que no se va a poder controlar la subida de la temperatura global media de la Tierra. EEUU va a tener un presidente el 20 de enero que no tiene ninguna intención de eliminar la quema de combustibles fósiles. India, con una población que alcanza los 1.400 millones de habitantes, depende del carbón para el 70% de sus necesidades energéticas. Por su parte, China va a seguir con el carbón y el petróleo a pesar de sus esfuerzos por instalar energías renovables.

El cambio climático intenso seguirá haciendo estragos a nivel de pérdidas humanas y daños económicos, mientras no se aceleren los planes de adaptación al cambio climático. Las Cumbres del Clima no parece que vayan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero cada país, cada comunidad, y, entre ellas Euskadi, sí que pueden adoptar medidas eficaces como respuesta a los escenarios climáticos actuales o esperados, y en este sentido los planes de adaptación son fundamentales, como ya se viene haciendo, aunque haría falta un Plan de Adaptación Integral, que abarque a todos los sectores y medios.

Actuar ahora no solo es más rentable económicamente, sino que también salva vidas. Cada euro invertido en medidas de adaptación puede evitar mayores costos en el futuro. El cambio climático está aquí, y es una amenaza muy grande que pone en riesgo la forma de vida tal como la conocemos.

Nada más comenzar el año 2025, nos hemos encontrado con los graves incendios que están asolando a Los Ángeles. El Sur de California solía tener una temporada de incendios en el otoño, pero en esta ocasión las condiciones de sequedad y los fuertes vientos huracanados se han adentrado en pleno invierno. La intensificación del cambio climático está haciendo en California que los llamados incendios de sexta generación, tan explosivos y difíciles de controlar, sean la nueva normalidad.

Las realidades de la región de California y de Euskadi son muy diferentes. En Los Ángeles, además de darse una serie de fenómenos meteorológicos muy adversos, otro factor muy importante es la forma en que se ha urbanizado la región, donde muchas construcciones son de madera y arden con más facilidad, entre otras cuestiones.

No obstante, si bien lo que protegen a las masas forestales es un cierto contenido de humedad sobre todo en la vertiente cantábrica que hace difícil que se produzcan grandes incendios forestales, los incendios en Euskadi se incrementarán, algo inevitable por el cambio climático, y en este sentido, es fundamental la prevención, y los que que no podamos, que tengan el menos impacto posible.

El Gobierno español pondrá en marcha en el plazo de dos años en todo el Estado, y, por tanto, también en Euskadi, el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para botellas de plástico de un solo uso, después de comprobar que en el año 2023 únicamente se recogió el 41,3% de estos envases, frente al objetivo del 70%, marcado por la Ley estatal de Residuos y Suelos Contaminados para ese año. 

El sistema depósito, devolución y retorno (SDDR) se basa en vender aguas, cervezas, zumos y refrescos, que son los productos que más consumimos fuera del hogar, con una pequeña cantidad económica extra que, al retornar latas, botellas o briks a la tienda para su correcta reutilización o reciclaje, la persona recupera íntegramente.

Esta es una práctica que se conoce como ‘devolver el casco’, ya que era de uso habitual hasta los años 80, y que funciona con éxito en 50 países y regiones de todo el mundo (16 actualmente en la UE) que recuperan de media el 90% de los envases de bebidas para su reutilización y/o reciclaje en nuevos envases, a la vez que han solucionado el problema de la contaminación causado por latas, botellas y briks en el medio ambiente.

La implantación de este sistema es una consecuencia de que no se han cumplido los objetivos intermedios marcados, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Así, de acuerdo al porcentaje de recogida separada de botellas para el año 2023, no se alcanzan los objetivos de recogida separada establecidos en el artículo 59 de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, para el año 2023 y, en consecuencia, se deberá implantar, en todo el Estado y en el plazo de dos años, un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR).

Esta decisión se enmarca en la publicación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica el pasado 22 de noviembre de los datos de recogida separada de botellas de plástico de bebidas de menos de tres litros de 2023. El resultado del análisis del Ministerio es que la tasa de esta recogida selectiva en el 41,3%, y, por tanto no se alcanzan los objetivos de recogida separada establecida en la Ley española de Residuos y Suelos Contaminados para ese año, que debería de haber sido del 70%. 

De esta manera, el 22 de noviembre de 2026, latas, botellas y briks de aguas, zumos, refrescos y cervezas podrán devolverse a tiendas y supermercados, como ya ocurre en 16 países de la UE (19 en 2025) y en unos 50 países y regiones de todo el mundo, para asegurar la reutilización y el reciclaje de más del 90% de todos los envases de bebidas.

“Esta decisión supone dar un gran paso hacia delante para acabar con el abandono diario de 35 millones de envases de bebidas que ocurre cada día en el Estado español y que dañan tanto nuestra salud como nuestro medio ambiente”, dicen las organizaciones ecologistas, y, es una forma para promover una herramienta de economía circular limpia que ayude en la mitigación de los efectos de la emergencia climática“. 

Por su parte, Ecoembes, que a través del contenedor amarillo tenía el monopolio de la recogida de plásticos, ha mostrado su disconformidad y ha aducido discrepancias técnicas sobre la medición. Pero, no es así, ni muchos menos. Diversos estudios atestiguan que el SDDR dispara la recogida separada de botellas de plásticos, latas y briks, y reduce el llamado “litering”, basura abandonada en cualquier lugar.

La puesta en marcha del SDDR implica al conjunto de las comunidades autónomas, entre ellas Euskadi. El plazo de dos años -noviembre de 2026- para su puesta en marcha es corto si no se empieza ya. A nivel estatal, ya que hay unos cuantos temas a tratar y adoptar decisiones, pero, en el caso de Euskadi, también. En nuestra comunidad, en la pasada legislatura, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, anunció la implantación de un proyecto piloto de devolución y retorno de envases, que no se ha hecho. En la presente legislatura, los nuevos responsables del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco no han dicho nada al respecto sobre el SDDR. Y, bueno sería que lo hicieran. 

Si bien la implementación del SDDR es ahora una obligación legal, su éxito dependerá de cómo se diseñe y ejecute en el Estado, y, también en Euskadi. Y, una buena forma para que sea exitosa su puesta en marcha, sería la realización de algunos proyectos pilotos que podrían permitir hacer mejor su extensión e implantación en nuestra comunidad.  

En el caso de Navarra, hay que decir que la Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad, que fue aprobada el 7 de junio de 2018 por el Parlamento de Navarra de forma exitosa, y  calificada de pionera en el contexto estatal, ya fijaba la realización de una prueba técnica del SDDR, y en base a los resultados obtenidos, ver su posible implantación en el conjunto de la comunidad. De esta forma, se adelantó a la Ley española de Residuos y Suelos Contaminados aprobada en 2022, aunque dicha prueba se ha postergado a lo largo de seis años, aunque por fin se realizará en el municipio de Sangüesa a comienzos del próximo año 2025.