Las elevadas temperaturas de los últimos veranos, en una tendencia al alza que no parece tener freno, se prolongan cada vez más hasta bien entrado el otoño. Este retraso térmico coincide con el periodo en el que la atmósfera suele generar más DANA (depresiones aisladas en niveles altos), cuyos efectos son especialmente peligrosos en el litoral mediterráneo español. El fenómeno se debe a la alta inercia térmica del mar: aunque tarda más en calentarse que el aire, una vez que alcanza su temperatura máxima (generalmente en agosto) almacena ese calor y lo libera lentamente durante los meses siguientes, intensificando el riesgo de sufrir fenómenos meteorológicos adversos.

El litoral mediterráneo es, de por sí, un territorio de riesgo, uno de los más destacados en ese sentido del mundo. Pero es que, además, está experimentando de forma muy notable los efectos del proceso de cambio climático actual, y ello obedece justamente al comportamiento térmico del mar. A finales de verano y en otoño, el litoral mediterráneo eleva esa condición de riesgo, porque sufre una mayor frecuencia de desarrollo de eventos atmosféricos de alta inestabilidad: danas o gotas frías; vaguadas.

Ahora bien, salvando algunas distancias, en el Cantábrico está ocurriendo exactamente el mismo proceso de calentamiento y alteración de dinámicas climáticas. El aumento de la temperatura del agua del mar actúa como un “combustible” para la atmósfera. Al estar el agua más caliente, se evapora más humedad. Cuando entran masas de aire frío en altura, esa enorme cantidad de vapor de agua se condensa de forma violenta, provocando lluvias torrenciales y sistemas de tormentas estáticas (o trenes de tormentas) que descargan volúmenes históricos en muy pocas horas.

A lo largo de la historia se han vivido en Euskadi episodios de lluvia torrencial e inundaciones catastróficas. El problema es que, en la coyuntura actual de calentamiento progresivo del clima, con un mar Cantábrico que no deja de acumular calor y energía, hay más posibilidades de que los episodios de lluvia intensa se produzcan con una mayor frecuencia y alcancen más intensidad en sus efectos pluviométricos. 

El episodio de lluvias torrenciales el pasado fin de semana, con calles y locales anegados, alcantarillas que no pudieron absorber el agua, personas refugiándose en los comercios en el Casco Viejo de Bilbao, y otras incidencias en diversos municipios vizcaínos, también indican que la capacidad de desagüe urbano y el alcantarillado están al límite ante regímenes de lluvia mucho más agresivos para los que no fueron diseñados. El cambio de escenario climático ha dejado obsoletos los cálculos con los que se diseñaron las redes de saneamiento originales. Este hecho, en un territorio densamente ocupado y a menudo mal ocupado, con implantación de viviendas e infraestructuras en zonas inundables, convierte a Euskadi en un espacio geográfico de gran vulnerabilidad ante episodios de lluvia intensa.

Más allá de lamentar las malas decisiones del pasado, ¿qué podemos hacer en la práctica para evitar nuevas tragedias? La receta ha de ser global y debe basarse en un sistema de drenaje urbano potente y sostenible; no podemos tener un urbanismo totalmente impermeable que simplemente conduzca el agua peligrosamente a gran velocidad. Estas soluciones buscan aumentar la infraestructura verde mediante jardines inundables, cubiertas vegetales, pavimentos permeables o zanjas de infiltración. De este modo se reduce la cantidad de agua que llega al alcantarillado durante las tormentas. Parte de la lluvia se infiltra en el subsuelo, recarga los acuíferos y puede aprovecharse para el riego o el baldeo de las calles, y no como se hace actualmente con agua potable.

Los pavimentos permeables de alta capacidad, con velocidades de absorción superiores a los 100 litros/minuto/m2 y por tanto capaces de absorber las intensidades de lluvia que estamos padeciendo, son una herramienta excelente. Ello no significa que el simple cambio de pavimento sea la solución, pero si el primer paso para diseñar e implementar nuevas técnicas alternativas y complementarias al sistema de alcantarillado convencional que vayan reduciendo la sobrecarga y colapso que cada vez con más frecuencia van e irán padeciendo. 

Durante décadas hemos intentado evacuar el agua de lluvia lo más rápido posible. Hoy sabemos que, a menudo, es preferible retenerla, infiltrarla y aprovecharla. Parte de la solución a los problemas podría consistir, precisamente, en permitir que el agua de la lluvia vuelva a comportarse como lo haría en la naturaleza.

Pero, más allá de ello, está la integración de la cultura del riesgo en la sociedad, qué no solo salva vidas, sino que transforma la forma en que planificamos nuestras ciudades y municipios. Cuando la población comprende las dinámicas del territorio que habita, deja de ver las catástrofes como eventos impredecibles y empieza a actuar desde la prevención y la resiliencia. 

Los depósitos de retención de aguas pluviales, conocidos como tanques de tormenta, sobre todo cuando hay precipitaciones muy intensas, sirven también para disminuir la posibilidad de inundaciones en los casos en que la capacidad de escurrido del agua es menor que el volumen de lluvia. Estos depósitos almacenan temporalmente el agua hasta que las depuradoras pueden asumir su tratamiento. 

Otro aspecto esencial son los sistemas de alerta, cuyo mayor reto sigue siendo la respuesta ciudadana. Para lograr que la población esté realmente concienciada y responda de forma automática y correcta a las alertas, no basta con enviar un mensaje al móvil. Se requiere construir una cultura de la autoprotección basada en la psicología de la emergencia, la educación y la confianza.

Las ciudades no se miden por su infraestructura o su marketing sostenible, sino por la calidad de vida de las personas que las habitan. La ciudad de los “15 minutos”, de la que se ha hablado tanto, de nada sirve que todo esté a un paseo de distancia si el tejido social que trabajaba allí ha sido expulsado a la periferia por la vivienda prohibitiva. El hacinamiento en pisos compartidos o la emancipación tardía a los 31 años anulan el espacio personal y el descanso, que son la base para que cualquier sociedad prospere. Si el alquiler consume el 50% o más de los ingresos, el consumo local se reduce a la pura supervivencia, asfixiando los comercios que dan vida a las calles. La verdadera seguridad no emana de una mayor presencia policial o de plazas diáfanas de hormigón, sino de la cohesión social y de no dejar desamparados a los vecinos y vecinas bajo los puentes. 

Una ciudad amable no es la que estrena parterres cada cuatro años, sino aquella donde la gente mayor (las “Maricarmenes”) puede envejecer con dignidad, seguridad y un sentido de pertenencia.

Pamplona también encarna a la perfección esa dolorosa paradoja urbana. Por un lado, las estadísticas y los rankings la ensalzan sistemáticamente como la ciudad con mayor calidad de vida del Estado y una de las mejores de Europa, destacando su seguridad, sus espectaculares zonas verdes y sus servicios públicos. Sin embargo, si rascas esa superficie de “ciudad ideal”, te chocas de frente con el muro de la vivienda. 

La paradoja de los “15 minutos” bajo el control de precios. El Gobierno de Navarra ha tenido que declarar Pamplona y su comarca como Zona de Mercado Residencial Tensionado para intentar frenar la sangría. Aunque se ha logrado contener el precio medio del alquiler en torno a los 11,6 €/m², la realidad en barrios históricos y universitarios como el Casco Antiguo (12,5 €/m²) o el Segundo Ensanche (11,9 €/m²) sigue expulsando a los vecinos.

Pagar un alquiler medio en Pamplona en los nuevos contratos se sitúa en 796,2 euros en el segundo trimestre de este año, mientras fuera de las zonas tensionadas sube un 4,7%, y supera los 1.000 euros si se buscan pisos completos en portales inmobiliarios generales. Teniendo en cuenta la precariedad juvenil, la consecuencia directa es pisos compartidos obligatorios para estirar el sueldo o jóvenes atrapados en casa de sus padres.

El informe del Eurobarómetro sobre la calidad de vida en las ciudades europeas, marzo de 2025, adaptado a Pamplona lo deja claro. Mientras que el 98% de los vecinos y vecinas dicen que la ciudad es maravillosa para vivir, un abrumador 88,3% confiesa que es casi imposible encontrar una vivienda asequible. Pamplona es la penúltima ciudad de toda la Unión Europea en este indicador.

De nada sirve tener los parques de la Vuelta del Castillo o la Taconera impecables si las “Maricarmenes” de San Jorge, Iturrama o la Rochapea ven cómo sus nietos tienen que mudarse a la periferia o a pueblos de la Comarca de Pamplona porque la capital se ha vuelto económicamente prohibitiva. Pamplona tiene el diseño de una ciudad amable, pero corre el riesgo de quedarse sin gente que pueda pagarse el derecho a disfrutarla.

También es urgente regular y limitar la proliferación de pisos turísticos y la especulación que desplaza al comercio local de los barrios céntricos como el Casco Antiguo o el Ensanche. Suspender licencias de cambio de uso de locales a viviendas de lujo o apartamentos turísticos ayuda a mantener el tejido residencial tradicional.

En Pamplona, el sinhogarismo ha dejado de ser un problema invisible para convertirse en una fractura social evidente en los portales, los cajeros y debajo de los puentes del río Arga. Los colectivos sociales y las entidades vecinales que trabajan sobre el terreno estiman que hay unas 200 personas viviendo en la calle de manera permanente en Pamplona. Desde estos colectivos de apoyo se denuncia que los recursos siguen siendo insuficientes y que los criterios de arraigo (como exigir tiempo mínimo de empadronamiento para optar a ciertas plazas de media estancia) siguen dejando a decenas de personas fuera de los albergues durante el invierno. El sinhogarismo en Pamplona ya no es algo coyuntural, sino el reflejo de que el mercado de la vivienda ha expulsado por completo a los eslabones más débiles de la cadena.

Cuando hablamos de “mezcla de usos del suelo” como clave de ciudades sanas, vivas y sostenibles no me refiero a un Carrefour 24h en el bajo y unos apartamentos turísticos (Airbnbs) en las plantas superiores. La vivienda también es urbanismo. Quizá sea, de hecho, el urbanismo más básico de todos.

La financiarización de la vivienda, los fondos inversores de capital y la concentración de vivienda en manos de grandes tenedores amenazan todo lo que sabemos que una ciudad es, un punto de encuentro, un lugar de conocimiento, de cultura, de tradiciones que se pasan por generaciones.

Por cierto, llamar buitres a estos fondos inversores de capital es muy injusto para el ave rapaz de ese nombre. El buitre espera, pero no mata: limpia, recicla la muerte, evita enfermedades y cumple una función esencial en el equilibrio del ecosistema. Los 'fondos buitre' son una de las perversiones del lenguaje, que hay que cambiar en los medios y en otros lugares. 

Pero volviendo al brutal e inhumano trato que ha sufrido Maricarmen, estos días nos están demostrando la importancia de la movilización, para hacer frente a la realidad actual del mercado de la vivienda, el cual, por causas políticas, impide ejercer uno de sus derechos fundamentales como es el acceso a un hogar digno. Tienen razón en protestar porque, como estamos comprobando, para avanzar socialmente es necesario que la ciudadanía se movilice. 

El pasado miércoles 23 de septiembre se publicaba la noticia de que se había aprobado en la Comisión de Ordenación del Territorio el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de Etxabakoitz (PSIS), que permitirá construir 11.500 viviendas, la mitad de ellas protegidas y a precio asequible. 

En su presentación, tanto la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, como el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, subrayaron “la importancia de poner a disposición de la ciudadanía suelo para vivienda protegida y pública, de acuerdo con las necesidades de la sociedad. También señalaron que el proyecto permitirá a Pamplona y su comarca ganar espacios públicos, zonas verdes y corredores de movilidad”.

Sin restar valor a estos beneficios, el proyecto genera una gran preocupación vecinal, por las dinámicas hídricas del río Elorz y su confluencia con el río Sadar. Hay zonas, como en el Sadar por la zona de universidades que literalmente se mete el cauce en un tubo, y, el llamado “efecto tapón” o de traslación del riesgo río abajo es una de las principales críticas técnicas y ambientales frente a las modificaciones agresivas en los cauces. Al sobreelevar cotas de terreno y encauzar artificialmente un tramo, se altera drásticamente la llanura de inundación natural. Esto provoca consecuencias físicas inmediatas: el agua acelera su velocidad al reducirse el espacio de fricción natural y busca espacio en las zonas contiguas que quedan topográficamente más bajas, agravando las inundaciones en los municipios vecinos. Este fenómeno vulnera directamente el principio de gestión solidaria de cuencas promovido por la Directiva Marco del Agua de la UE, la cual exige que las soluciones a las inundaciones en un punto no trasladen el problema a los habitantes de aguas abajo. 

Lo que hoy es una extensa llanura aluvial, aguas abajo del Grupo Urdánoz, se convertirá en un pasillo estrecho del río Elorz franqueado por muros. La propia Declaración Ambiental, que se publicó el 21 de julio en el BON, lo reconoce: “3. En ese mismo tramo del ”Sector S3: Harinera“ la amplitud del cauce se estrecha enormemente en la margen izquierda, concretamente junto a tres-cuatro manzanas de bloques de edificios en ”U“ y en una longitud de cauce aproximada de 250 metros. Existe un punto donde solo se dejan 16 metros de distancia entre el vial peatonal y la orilla del río.” ¿Pero esto es un urbanismo moderno junto al río Elorz? ¿De verdad teniendo, además, el grave problema heredado de inundabilidad en el Grupo Urdánoz?

Actualmente, se está trabajando a nivel estatal en un real decreto para incorporar el riesgo de inundación en el planeamiento urbanístico, pero me temo que llegará tarde y que no reducirá la vulnerabilidad en el enorme parque edificado e industrial existente.  

Se urbaniza en zonas de inundación asumiendo que “elevar el terreno” o sobredimensionar desagües soluciona el problema, cuando en realidad lo que se hace es trasladar el riesgo aguas abajo y crear una falsa sensación de seguridad.

Una de las grandes contradicciones del urbanismo contemporáneo radica en la gestión del riesgo geotécnico e hidráulico, ejemplificada en el uso sistemático de cimentaciones profundas. Debido a que el Código Técnico de la Edificación (CTE) prohíbe apoyar estructuras sobre rellenos antrópicos no consolidados, se recurre de forma generalizada al pilotaje. Si bien esta técnica garantiza la estabilidad estructural del edificio frente a las cargas, no mitiga la vulnerabilidad ambiental del entorno. El agua, al recuperar su espacio natural, erosiona los suelos colindantes y compromete gravemente la infraestructura urbana perimetral, dejando desprotegidas las vías públicas y las redes de abastecimiento y saneamiento.

Por otra parte, diseñar aparcamientos subterráneos en llanuras aluviales -incluso en la narrativa moderna de adaptarlos para el coche eléctrico- es un riesgo mayúsculo. No solo se crean ratoneras hidráulicas difíciles de evacuar, por falta de previsión de las inundaciones freáticas, sino que la presencia de baterías de litio y sistemas eléctricos en zonas inundables añaden un peligro severo.

Se sigue aplicando una mentalidad basada en “domar” el río mediante hormigón y movimientos de tierras, en lugar de aplicar un principio básico de precaución: no construir donde el agua va a entrar. Lamentablemente, el enorme parque edificado e industrial ya existente en zonas de riesgo estructural es el gran olvidado en la planificación, que suele mirar al futuro, pero ofrecen pocas soluciones de adaptación, como la relocalización incentivada para lo que ya está en pie.

Una pregunta clave es, ¿si se meten millones de euros en ingeniería pesada (muros, elevación de parcelas, encauzamientos y balsas), queda resuelta la inundabilidad para esas 11.500 viviendas y otras aledañas existentes? La ingeniería tradicional se centra en que el río no entre (inundación fluvial), pero olvida el agua que cae del cielo (inundación pluvial). Al construir 11.500 viviendas, se impermeabilizan cientos de hectáreas con hormigón, viales, techos y aceras, disminuyendo el tiempo de concentración. El agua de lluvia no puede infiltrarse en el suelo. Todo ese volumen va directo e inmediato a los colectores y alcantarillas. Si el río principal ya va lleno, los desagües no pueden evacuar por gravedad, el sistema entra en carga y la urbanización se inunda desde dentro por sus propias alcantarillas. Y, eso ha pasado en el Grupo Urdánoz, construido entre los años 1954 y 1959, en zona inundable y de flujo preferente, y que sorprendentemente no entra en el PSIS actual. Es la oportunidad de realizar una Retirada Estratégica de las viviendas del grupo Urdánoz con la previsión de un realojo por fases en la nueva edificación prevista.

En un volumen de edificación tan descomunal como 11.500 viviendas, confiar exclusivamente en la ingeniería del siglo pasado es firmar una hipoteca de riesgo muy alta para las próximas décadas, sobre todo en la previsión de cambio climático con lluvias cada vez más torrenciales.

La Organización Meteorológica Mundial acaba de publicar el pasado 16 de septiembre que el agujero de ozono antártico de 2025 fue uno de los más pequeños en décadas. Es el segundo año consecutivo en el que su profundidad y extensión están claramente por debajo de la media 1990-2010. No ha ocurrido por casualidad: es el resultado de ciencia y la cooperación internacional.

Cuarenta países adoptaron en 1987 el Protocolo de Montreal, acordando eliminar gradualmente el uso de los famosos clorofluorocarbonos (CFC) y otros compuestos químicos usados en refrigerantes, solventes y otros productos industriales que afectaban la capa de ozono que protege la Tierra. Fue un logro histórico, el ejemplo más exitoso de países unidos frente a una compleja amenaza colectiva para el medio ambiente. Algo más de tres décadas después, la capa de ozono atmosférico se está recuperando lentamente, protegiendo de los niveles adicionales de radiación ultravioleta que causan cáncer, daño ocular y otros problemas de salud. 

El 16 de septiembre fue el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994, celebrándose por primera vez al año siguiente, en 1995. La elección del 16 de septiembre sirve para conmemorar el día de 1987 en que se firmó el Protocolo de Montreal, uno de los acuerdos ambientales más exitosos de la historia enfocado en eliminar las sustancias químicas que agotan este escudo protector.

Antes de valorar el éxito del Protocolo de Montreal, es fundamental aclarar algunos conceptos básicos. Para entender su verdadero impacto, primero debemos responder a tres preguntas clave: ¿qué es exactamente el “agujero” de la capa de ozono, dónde se encuentra y por qué se formó allí. 

La capa de ozono es como un escudo invisible que rodea la Tierra (entre los 15 y 35 km de altura) y nos protege de los dañinos rayos ultravioleta (UV) del sol. Imagina que el ozono es un guardián que “atrapa” estos rayos y los destruye sacrificándose a sí mismo, aunque luego el propio planeta lo vuelve a fabricar de forma natural. El problema es que los contaminantes químicos (como el cloro o el bromo) actúan como “villanos” que destruyen miles de moléculas de ozono sin necesidad de usar los rayos del Sol. Al haber menos ozono, el escudo se debilita, los rayos ultravioletas pasan libremente y aumenta el riesgo de sufrir quemaduras, cáncer de piel o problemas oculares.

Aunque este fenómeno ocurre en todo el planeta, el verdadero drama se vive en el Polo Sur. Todo empieza durante el durísimo invierno antártico. En esa época, se forman unos vientos huracanados llamados vórtice polar que aíslan el aire de la zona, convirtiéndola en una gigantesca nevera extrema. Ese frío tan brutal crea unas nubes brillantes llamadas nubes estratosféricas polares. Son hermosas a la vista, pero peligrosas: actúan como laboratorios flotantes que transforman gases inofensivos en auténticos “monstruos” químicos destructores de ozono. Cómo el viento polar los mantiene encerrados en esa nevera, estos destructores se van acumulando durante meses. Sin embargo, les falta un ingrediente secreto para atacar: la luz del sol -recordemos que el invierno polar se pasa a oscuras-. El caos empieza con la llegada de la primavera. En cuanto los primeros rayos de sol tocan la Antártida, activan de golpe a todos los químicos atrapados, iniciando una destrucción masiva. El resultado es el famoso agujero de ozono. Cabe aclarar que no es un agujero real en el cielo, ni el ozono es una manta física; es, en realidad, un adelgazamiento extremo de la densidad de este gas, que nos deja temporalmente desprotegidos.

El agujero de la capa de ozono vuelve a aparecer cada año, y es algo natural. El problema es que los seres humanos añadimos gases destructores que duran décadas en la atmósfera. Por suerte, gracias al Protocolo de Montreal, se prohibieron los peores químicos y la capa de ozono se está recuperando de forma constante. 

El Protocolo de Montreal demuestra que los grandes problemas ambientales no son necesariamente irreversibles cuando existe evidencia científica, acuerdos amplios y medidas mantenidas en el tiempo. También recuerda la importancia de distinguir las variaciones naturales de la tendencia general antes de sacar conclusiones por un año concreto. 

El Protocolo de Montreal de 1987 es, sin duda, el ejemplo más exitoso de cooperación ambiental global y demuestra que la acción colectiva basada en la ciencia puede revertir daños de escala planetaria. Aunque el mecanismo de la acción multilateral ya esté probado, replicar ese éxito con los gases de efecto invernadero (GEI) y el cambio climático es un desafío exponencialmente más complejo debido a varias diferencias estructurales profundas. Así, mientras los clorofluorocarburos (CFC) eran producidos por un número muy reducido de empresas químicas (principalmente DuPont) y se usaban en industrias específicas (refrigeración, aerosoles), las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de prácticamente cualquier actividad humana. La energía, el transporte, la agricultura, la construcción, la manufactura… dependen de los combustibles fósiles. 

Combatir el cambio climático no consiste en hacer reparaciones superficiales ni en plantar algunos árboles. Equivale a reconfigurar todo el sistema circulatorio de la humanidad: transformar de raíz cómo nos movemos, cómo producimos energía y cómo fabricamos lo que consumimos. 

Hoy en día, las olas de calor extremo, las sequías prolongadas y los fenómenos meteorológicos extremos nos demuestran que estamos llegando al límite de nuestra capacidad de adaptación. La única opción es recortar las emisiones de forma drástica para transitar por los escenarios menos dañinos posibles.

El verano se acerca a su fin dejando un reguero de récords de calor y números nunca vistos de muertes por temperaturas extremas a lo largo y ancho de Europa. 2026 no ha sido una excepción, sino el último episodio de una tendencia que no deja de agravarse, según las conclusiones del informe de Lancet Countdown 2026 sobre salud y cambio climático en las ciudades del continente.

El nuevo informe científico desarrollado por 58 investigadores de 31 instituciones académicas, confirma que los riesgos climáticos para la salud urbana crecen de forma desigual. El informe analiza 28 indicadores, como la mortalidad atribuible al calor, la contaminación del aire, las concentraciones de polen o la superficie arbolada, de más de 850 ciudades europeas, entre ellas Iruñea.  

El estudio hecho público el miércoles se pregunta si las ciudades se están adaptando lo suficientemente rápido a este nuevo paradigma climático, y se considera que las medidas adoptadas no son suficientes: Europa debe avanzar más rápido y llevar a cabo acciones más contundentes para aplacar los impactos climáticos, especialmente graves en nuestro continente, que se calienta al doble de velocidad que la media global.

En el caso del Estado español, donde se han analizado un total de 98 ciudades, el informe destaca que la concentración de población en las ciudades agrava los riesgos que el cambio climático tiene para la salud de sus residentes, con unas urbes que suspenden en espacios verdes y movilidad sostenible. Concretamente, en 2023 más de la mitad de la población del estado vivía en 98 ciudades y alrededor del 40 % de la población urbana se concentraba en Madrid, Barcelona y Valencia, mientras que el 27,5 % lo hacía en 16 urbes grandes o muy grandes. 

Las muertes por causas relacionadas con el calor han aumentado más en el Estado español que en la media europea, después de que en el periodo 2015-2024 se registrara un promedio de 95,4 fallecimientos adicionales al año por cada millón de habitantes, frente a los 82 muertos por cada millón de habitantes en el resto de urbes del continente.

Para enfriar las ciudades, reducir la contaminación del aire y proteger la salud pública, la ONU recomienda que las ciudades mantengan al menos un 30 % de la cubierta arbórea. Sin embargo, este porcentaje era del 13,2 % en las ciudades del Estado español en 2020 y solo el 12 % de las urbes tenían una cubierta del 30 % o más.

Otro indicador estudiado es la facilidad para una movilidad sostenible, tal como caminar, ir en bici o usar transporte público, opciones que contribuyen a reducir las emisiones de dióxido de carbono y mejoran la calidad del aire. Los autores apuntan que una buena puntuación es aquella que al menos se sitúa en siete sobre diez o superior, y revelan que, en 2022, “las ciudades del estado obtuvieron una puntuación media de 5,3 sobre 10”. Según sus datos, Iruñea se sitúa a la cabeza, con un 6,8 sobre 10. 

Pero tampoco se trata de echar “las campanas al vuelo”. El pasado 2 de septiembre el alcalde de Iruñea, Joseba Asiron, presentaba un Pacto de Ciudad por el Clima que se pretende trabajar con la ciudadanía, tejido social y económico y grupos municipales, con una gran profusión de datos que confirman las anomalías que se están registrando en la capital navarra respecto a la serie histórica en conceptos como la temperatura media, las noches tropicales o las precipitaciones.

La propuesta se basa en la asunción de seis compromisos centrales. En primer lugar, un compromiso con la ciudadanía “para que la salud de las personas sea el mayor objetivo de las políticas públicas de este Ayuntamiento”. En segundo lugar, se propone que la ciudad se comprometa a contribuir “en todos los ámbitos” a la lucha contra el cambio climático impulsando la reducción de su contribución al calentamiento del planeta. El tercer compromiso sería mejorar las condiciones y herramientas para que la ciudad pueda dar respuesta “a los riesgos climáticos y a los episodios extremos”. El cuarto habla de igualdad y reclama que esta transición se haga desde el principio de justicia social y bajo la premisa de que “nadie quede atrás”. En quinto lugar, se pide priorizar la búsqueda de financiación adecuada para las actuaciones a realizar y, finalmente, el sexto compromiso, reclama intensificar la cooperación y coordinación con otras administraciones públicas y entidades sociales o económicas.

Un Pacto de Ciudad por el Clima resulta interesante y positivo porque permite adaptar la capital navarra al aumento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos.

Ahora bien, hay algunas cuestiones que se deberían tener muy en cuenta. Una de ellas, es la evolución de las temperaturas globales que está superando las predicciones climáticas más conservadoras, lo que ha dejado obsoletas muchas de las planificaciones. Esta aceleración del calentamiento obliga a un rediseño profundo y urgente en áreas críticas como fenómenos extremos, umbrales de habitabilidad, infraestructuras resilientes y economía de adaptación. 

Otra cuestión fundamental es el presupuesto. En este sentido, las políticas climáticas requieren financiación adecuada y las partidas destinadas actualmente a esta materia sigan siendo insuficientes en relación con la magnitud del problema. De hecho, en el informe Lancet Countdown se señala que “las limitaciones en la capacidad financiera pueden obstaculizar la capacidad de las ciudades para planificar, implementar y mantener la financiación de acciones climáticas integrales”.

Finalmente, la participación ciudadana real, vinculante y deliberativa, como las Asambleas Ciudadanas de Cambio Climático, es el pilar fundamental para que la acción climática local funcione, tenga legitimidad y continuidad a largo plazo.

El mes de junio de 2026 ha sido el tercero más caluroso registrado en el Estado español, con una media 3,2ºC por encima del promedio 1991-2020. A eso le siguió julio con mayor temperatura de los medidos (+2,6ºC sobre el mismo promedio). Este bimestre es el más caluroso de la historia y supera los anteriores récords de 2022 y 2025. Los científicos alertan de que un potente fenómeno de El Niño, que se espera para este otoño en su máximo exponente, podría elevar la temperatura media del planeta hasta rozar o superar los 1,7 ºC en 2027 sobre los niveles preindustriales.

La situación también tiene una traducción clara en la península. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) califica julio de 2026 como el mes más cálido de toda la serie histórica española, empatado con julio de 2022. La temperatura media de la España peninsular alcanzó los 25,7 ºC, nada menos que 2,6 ºC por encima del promedio de referencia de 1991-2020. Además, ocho de los diez julios más cálidos registrados en España pertenecen ya al siglo XXI.

Un verano más, nos morimos de calor. Según los últimos datos disponibles del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, en lo que va de año han fallecido 5.444 personas por causas atribuibles a la temperatura. La mayoría han tenido lugar durante el verano –937 en junio, 2.024 en julio y 1.301 en lo que va de agosto–. Un total de 297 personas han muerto en Euskadi en lo que va de verano por causas atribuibles al calor. Por edades, un 92% de los fallecidos tenía más de 65 años (un total de 273 muertes).

¿No hay vuelta atrás? La evolución de los registros térmicos confirma que el margen para frenar el calentamiento global se reduce de forma crítica. Si las previsiones sobre la intensidad de El Niño se materializan, 2027 podría consolidar de manera permanente umbrales de aumento de temperatura sin precedentes históricos, hasta convertir los 1,7 ºC en una cifra que deje de pertenecer al terreno de las proyecciones para convertirse en una nueva referencia de la realidad climática.

Pero, además de las altas temperaturas y de la falta de agua, han llegado los incendios forestales que, a mitad de agosto, ascienden a 290.000 en el sistema europeo de seguimiento EFFIS. Los datos provisionales de 2026 muestran que la gravedad de los incendios se ha adelantado y acelerado de forma drástica respecto a periodos equivalentes de años anteriores, superando en ciertos tramos temporales el ritmo de destrucción de campañas históricas previas.

Para completar la situación, distintas comunidades de la península como Galicia, Cantabria, Euskadi, Asturias, La Rioja… han estado en situación crítica por falta de agua. Hemos visto una vez más cómo camiones cisternas trasportaban agua en diversas comunidades, que es el resultado inevitable de haber gestionado el agua bajo la falsa premisa de que es infinita. Es el caso, entre otros, del municipio vizcaíno de Karrantza, que recibe hasta 300.000 litros diarios de agua en cisternas para garantizar el abastecimiento durante agosto, y también hay restricciones de uso en 21 municipios de Urdaibai y en varias localidades alavesas.

En este contexto, hemos visto de forma reiterada, como el verano pasado, al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, hacer llamamientos a las fuerzas políticas, instituciones y agentes sociales para forjar un gran Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, con el fin de superar la confrontación partidista ante fenómenos extremos como las olas de calor e incendios forestales. Hasta el momento, más de 250 organizaciones se han adherido ya al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que merece su felicitación.

Ahora bien, resulta difícil de entender que la postura de 250 organizaciones no vaya acompañada de una reivindicación igual de fuerte de mecanismos permanentes de participación, mecanismos que están ausentes del Pacto. En el Estado español ya se ha ensayado varias asambleas ciudadanas por el clima a nivel estatal –en Cataluña, Navarra, Baleares, próximamente en Euskadi…, o en ciudades como Bilbao–, pero ninguna fue vinculante y sus recomendaciones no han tenido mucho recorrido. De hecho, el Observatorio de Sostenibilidad (OS) ha analizado el cumplimiento de las 172 recomendaciones ciudadanas en la Asamblea Ciudadana del Clima estatal desarrollada entre 2021 y 2022, y el resultado es el siguiente: el 10% de estas propuestas registran retrocesos, en el 42% no se ha producido ningún avance y en el 43% de los casos se dan avances puntuales. Finalmente, se detecta un 4% progresos y tan solo en un 1% la recomendación está fase de cumplimiento.

Mientras el Pacto de Estado climático sigue encallado en el mismo callejón sin salida política –sin el respaldo del PP, sin mecanismos vinculantes, sostenido más por la adhesión de organizaciones que por un consenso real entre partidos–, se han quemado ya en el Estado español más de 250.000 hectáreas este año y sigue sin los recursos de prevención necesarios. Por eso ha surgido, al margen de las grandes organizaciones, una petición ciudadana -Todos contra el Fuego- que exige, además de ese Parlamento Ciudadano Climático, redirigir las ayudas públicas hoy tóxicas para el medio ambiente hacia el pastoreo, la ganadería extensiva y unas condiciones dignas para quienes producen lo que comemos, en lugar de sostener los modelos industriales que vacían el territorio. Es exactamente el tipo de exigencia concreta y verificable que a los pactos institucionales les falta.

“La mayoría de la población quiere que la ciencia marque el rumbo y quiere participar en las decisiones que afectan a su vida. Pedimos crear una asamblea ciudadana por sorteo con un consejo científico de capacidad real, para que los objetivos del Pacto de Estado se fijen según la evidencia y no según la negociación entre despachos”. Llamamiento de “Todos contra el fuego”.

En pleno agosto el Gobierno español ha concedido la prórroga a la central nuclear de Almaraz, lo que supone retrasar la clausura de sus dos reactores, inicialmente fijada para noviembre de 2027 en la Unidad I y octubre de 2028 en la Unidad II, y abre la posibilidad de que este movimiento pueda acabar afectando al calendario de cierres previsto para el conjunto del parque nuclear.

Como ha expresado Ecologistas en Acción, “el gobierno español ha optado por blindar el negocio nuclear de las grandes eléctricas frente al cumplimiento de sus propias promesas, dinamitando un calendario de cierre pactado. Esta decisión abre la puerta a un negocio radiactivo que carga sobre la sociedad mayores costes a medio y largo plazo, y retrasa una transformación energética inaplazable”.

El Gobierno español pretende escudarse en un procedimiento administrativo nada ortodoxo para justificar la prórroga, sin haber llevado a cabo una revisión de seguridad en profundidad. El propio informe del Consejo de Seguridad Nuclear que avala la operación reconoce que se limita a analizar la concesión de la autorización, dejando fuera la labor de inspección y control de la central durante estos años, así como el cumplimiento íntegro de los compromisos exigidos en la renovación de 2020.

Pero no es solo Almaraz. Esta forma de proceder allana el camino para que el resto del parque nuclear reclame idéntico trato. En 2030 está programado el cierre de las centrales nucleares de Cofrentes y Ascó I. Es aquí donde está la primera trampa de la oferta de las eléctricas. Si el cierre de Almaraz se retrasa tres años -hasta 2030- en ese año nos encontraremos con el cierre programado de nada menos que cuatro centrales nucleares. Una tarea que ningún Gobierno querrá acometer. Cuando el oligopolio eléctrico acepta que la prórroga de Almaraz no suponga un coste para el Estado lo hace sabiendo que en tres años tendrá la sartén por el mango, y podrá imponer todas sus condiciones económicas al Gobierno de turno. En concreto, lo que buscan es un precio que les beneficie para el Mwh nuclear, y que se rebaje o elimine la llamada tasa enresa, la tasa para la gestión de los residuos radiactivos. Es decir, maximizar los beneficios manteniendo a las nucleares funcionando, arrastrando en su calendario a Ascó 1 y Cofrentes, bloqueando así el cierre nuclear pactado. De esta manera, el Gobierno ha cedido ante los intereses del oligopolio eléctrico y de la derecha política.

El Gobierno español se ha escudado para conceder la prórroga de la central nuclear de Almaraz en cuestiones, como que la medida no incidirá en el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas, ni tendrá incidencia en el mix energético, ni requerirá más instalaciones, en lo que respecta a los residuos radiactivos que generará la ampliación de la operación de Almaraz.

Pero es obligado referirme al informe 'Cierre nuclear y transición energética: el caso de Almaraz. Análisis de impactos económicos y ambientales', encargado por Greenpeace y cuyos autores son Eloy Sanz, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos y director de la Cátedra de Transición Energética, y Víctor García Carrasco, investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña, en el que afirman que prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz conllevaría una pérdida acumulada de inversiones en renovables de 26.130 millones de euros entre los años 2026 y 2033, y generaría unos sobrecostes en la factura eléctrica de 3.831 millones de euros.

El informe Eloy Sanz y Víctor García Carrasco se cimenta sobre modelizaciones a medio y largo plazo en cuanto a la evolución de la oferta y la demanda eléctrica, contemplando tres escenarios: el de cierre (tal y como se preveía en el calendario de cierres fijado en 2019 por las eléctricas y Enresa), el de prórroga (hasta 2030, como han solicitado las propietarias del complejo de Almaraz), y el de sucesivas prórrogas del resto de las centrales, denominado 'prórroga + desaceleración renovable'.

La conclusión general del informe es tajante: “Los resultados muestran que el cierre programado de Almaraz es técnicamente viable, ambientalmente favorable y económicamente más eficiente que su prórroga”. Y advierte que analizar la extensión solo por el alivio temporal de precios durante los años de prórroga sería mirar el sistema “por el retrovisor”, justo cuando la carretera exige acelerar la transición.

Pero hay más razones para el cierre definitivo de Almaraz, como que detiene la acumulación de estos desechos peligrosos y elimina el riesgo de accidentes, deja “espacio” en la red para que entren proyectos de energía solar, eólica y sistemas de almacenamiento masivo, y además las centrales envejecidas, requieren inversiones multimillonarias constantes para actualizar sus sistemas de seguridad.

El modelo de consumo energético ilimitado resulta insostenible para el planeta. Es necesario transitar hacia un sistema basado en la eficiencia, el ahorro y la suficiencia, adaptando la demanda a los límites ecológicos reales y reduciendo la dependencia de tecnologías centralizadas y de alto riesgo como la energía nuclear.

Celebrar como un éxito la prórroga de dos años y medio de Almaraz, tal como ha hecho el Gobierno español, refleja una incomprensión de la dependencia energética, frena la transición ecológica y desperdicia la oportunidad de alinear la producción y la demanda con los límites del planeta.

No quiero finalizar este artículo sin referirme a Sabino Ormazabal, que murió el pasado sábado en Donostia y al que conocí siendo muy jóvenes en la lucha antinuclear y ecologista. Un referente importante en el ecologismo vasco, en el antimilitarismo, en el periodismo ambiental, en la defensa de la paz y la no violencia y en otras causas justas. Beti arte. Hasta siempre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado con datos oficiales lo que la temporada de incendios de este verano ya sugería: la superficie quemada en la región europea ha crecido un 57% en solo cuatro años, pasando de 1,4 a 2,2 millones de hectáreas entre 2022 y 2025. España y Portugal han duplicado el número de incendios respecto al año pasado, y solo entre enero y el 22 de julio de 2026 se han contabilizado en Europa más de 1.250 fuegos, con emisiones superiores a 8,3 millones de toneladas de CO2. Los registros del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales muestran que España y Portugal multiplican con creces los valores medios de años anteriores.

Pero no es solo la península Ibérica la que sufre los incendios, sino que Europa en general ha pasado de tener que lidiar con 1.194 incendios en 2016 a 10.403 sólo durante los seis primeros meses de 2026. Señalar también los graves incendios de las Landas, o los que está habiendo en Grecia. Y también en otros lugares del planeta como Chile, Canadá, Australia, o en el noroeste de EEUU, como Oregón.

Más allá de los daños materiales, la OMS subraya el coste sanitario: el humo de los incendios agrava enfermedades del corazón y los pulmones, afecta a la salud mental y golpea con más fuerza a mayores, menores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. La organización insiste en que el cambio climático, con temperaturas más altas y ambientes más secos, está detrás de este aumento sostenido y pide reforzar los sistemas de alerta y los servicios sanitarios de emergencia.

La adaptación al cambio climático es un reto urgente e inaplazable que exige revisar los presupuestos, transformar la gestión del territorio y reforzar los servicios públicos. La mitigación de emisiones es vital, pero la preparación ante fenómenos extremos ya no puede ser la prioridad menor. Necesitamos adaptarnos a una realidad que cada vez nos golpea con más fuerza. El modelo actual está claro que no funciona, la gestión clásica del territorio y de los montes no responde a lo que necesitamos, la información y alerta al ciudadano sigue siendo escasa, y nuestros sistemas de salud siguen sin estar preparados. Cada vez resulta más evidente la necesidad de cambiar de rumbo, de un cambio profundo, y asumir que convivimos con un riesgo climático estructural.

La prevención y la seguridad son las bases principales para proteger vidas y propiedades frente a los incendios forestales. La necesidad de establecer planes de autoprotección en las zonas vulnerables, especialmente en las viviendas y urbanizaciones construidas en la interfaz urbano-forestal, la gestión del territorio, y la prevención, son auténticas prioridades.

Pero también es fundamental que aumente la sensibilidad social, que haya un cambio de conciencia basado en la percepción del riesgo. Necesitamos municipios preparados, con verdaderos planes de actuación frente a incendios forestales, actualizados, coordinados y conocidos por la población. Cada euro invertido en prevención evita costes infinitamente mayores en extinción y reconstrucción. Y, sobre todo, necesitamos una auténtica cultura de prevención.

En esa línea destacaría la reacción vecinal ante el incendio transcurrido en Salinas de Pamplona, donde vivo a remolque con Bilbao, y que se extendió a otros concejos, declarado el pasado 24 de julio, que quedó controlado en menos de cinco horas gracias, a que desde los primeros momentos reaccionaron el propio Concejo con su presidente y concejantes, vecinos y vecinas que sabían dónde estaban las bocas de riego y los mayores riesgos en un incendio, y a los avisos que se dieron que hizo que comenzaran a llegar agricultores y efectivos de distintos servicios, como los bomberos, protección civil, policía, etcétera. Desde el Ayuntamiento se activó inmediatamente el Plan de Actuación Municipal ante Incendios Forestales (PAMIF).

Necesitamos municipios preparados, con verdaderos planes de actuación frente a incendios forestales, actualizados, coordinados y conocidos por la población. Cada euro invertido en prevención evita costes infinitamente mayores en extinción y reconstrucción

También tenemos otros ejemplos cercanos, como el plan AdapTe, en el municipio navarro de Legarda, en el Valdizarbe o valle de Izarbe, que como respuesta al incendio que en 2022 asoló el pueblo y sus alrededores, esta localidad puso en marcha un ambicioso Plan para la prevención y actuación en caso de incendios, y que cuenta con medidas tecnológicas, silvopastorales -el plan de las vacas bomberas utiliza la ganadería extensiva para reducir la biomasa seca-, pero fundamentalmente con un enfoque comunitario de abordaje de los incendios forestales y la adaptación al cambio climático que le proporciona una mejor respuesta y una más adecuada preparación ante posibles catástrofes.

En Euskadi, la gestión directa ante el fuego recae principalmente en las tres diputaciones forales, mientras que a nivel local se engloba dentro de los Planes de Emergencia Municipal (PEM). Los riesgos de fuego se integran de manera supramunicipal en el Plan Especial de Emergencias por Riesgo de Incendios Forestales de Euskadi, complementado por los planes de prevención y extinción de las diputaciones (como el plano foral en Álava o el dispositivo INFOBI en Bizkaia)

La web Prevenir Incendios Forestales recopila las primeras experiencias de vecinos y vecinas que empiezan a formar parte de la prevención y la emergencia. En ella, aparece Legarda, y otras 28 experiencias más.

En el contexto actual no habrá paisajes seguros sin la participación activa de los vecinos y vecinas, quienes deben crear planes locales de autoprotección para reducir el riesgo real frente a los incendios forestales. Las claves de la autoprotección local, están en la prevención activa, gestionando adecuadamente la llamada interfaz urbana-forestal, y, que se convierta en una barrera natural frente a los incendios; la participación vecinal, y la toma de decisiones comunitarias sobre cómo actuar antes de que llegue el fuego; y el apoyo técnico, combinando el saber de los bomberos con el trabajo diario de la gente del lugar.

Es totalmente necesario mejorar sobre todo las medidas de prevención y de extinción. Pero también es el momento de aumentar la capacidad de las poblaciones de participar de su seguridad y su autoprotección.

Hace unas cuantas semanas que arrancaron las fiestas u otros eventos, y nos encontramos con los llamados vasos “reutilizables”. Y hemos oído la misma cantinela de siempre: “Por cada uno de estos vasos reutilizables se evitará el consumo de más de cinco vasos de plástico de un solo uso. El medio ambiente gana”. ¿Pero es así?

Conforme se comenzó con el uso de vasos de plástico reutilizables en diversos eventos, muchas personas pensamos que era una buena medida para reducir la ingente generación de residuos, especialmente de plástico. La idea original era que hubiera una reutilización real de estos vasos, y que ésta fuera de la mano de las entidades organizadoras de los eventos. Pero la realidad ha sido otra: lo que ha ocurrido es que esta responsabilidad ha pasado una vez más a la persona usuaria final. Lo que debía ser una medida de prevención de residuos en la mayoría de los casos se ha convertido en un sistema de financiación de los eventos, sin posibilidad de devolución.

Antes que nada, conviene tener en cuenta algunas definiciones, como se hace en un informe de la Fundación The Best Wordl, publicado en febrero de 2026. El vaso reutilizable se define como un envase diseñado para múltiples ciclos de uso mediante sistemas de recogida, lavado y redistribución; el retorno efectivo es la devolución del vaso al sistema tras su uso para permitir su reutilización posterior; el circuito cerrado de reutilización es el modelo en el que los envases se recuperan, limpian y vuelven a utilizarse dentro de un mismo sistema operativo; la tasa de retorno es el porcentaje de envases recuperados respecto al total de distribuidos en un evento; y reutilización efectiva es el uso repetido del mismo envase en múltiples ciclos, garantizando su retorno y acondicionamiento para un nuevo uso.

La introducción del uso de estos vasos ha permitido a muchos eventos colgarse la medalla de “evento sostenible” y ha creado en el público una falsa sensación de sostenibilidad, tal y como señala en un artículo Míriam Galindo Fernández, de la consultora y fundación ENT, titulado “El fracaso de los vasos reutilizables. ¿Qué ha fallado?” y publicado en la revista 'Residuos profesional'. En la mayoría de los casos no existe una logística real de reutilización, y esta carencia comienza ya con el diseño del vaso, en el que se incorpora la edición del festival o de la fiesta y los patrocinadores, haciendo inviable su reutilización en ediciones posteriores. Y la falta de un sistema de devolución imposibilita su reutilización. Hay que tener presente que, si no se da un número mínimo de reutilizaciones, el impacto ambiental de un vaso de plástico reutilizable puede ser mayor que el de un vaso de plástico de un solo uso, debido a la mayor necesidad de material y recursos para su fabricación.

La Ley estatal 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, quiso avanzar en la buena dirección. Estableció la jerarquía de residuos como principio rector: Primero prevenir, después preparar para la reutilización y, solo después, reciclar o valorizar.

Hay que tener presente que, si no se da un número mínimo de reutilizaciones, el impacto ambiental de un vaso de plástico reutilizable puede ser mayor que el de un vaso de plástico de un solo uso, debido a la mayor necesidad de material y recursos para su fabricación

El Real Decreto 1055/2022, de envases y residuos de envases, concretó esta orientación para los eventos festivos, culturales y deportivos: desde el 1 de julio de 2023, los promotores tienen que implantar alternativas a la venta y distribución de bebidas en envases y vasos desechables. Y solo cuando se opte por vasos reutilizables con depósito, hay que habilitar mecanismos para devolver este importe cuando la persona consumidora devuelva el vaso.

Sobre el papel, era una medida necesaria, razonable y ampliamente compartida. Pero una buena intención normativa no siempre garantiza una buena política pública. El vacío legal permite hacer lavado de imagen verde con la reutilización.

El problema es que la norma no ha sido lo suficientemente clara. Para que un vaso sea reutilizado, hay que habilitar sistemas efectivos de recogida y lavado. Demasiado a menudo, el vaso reutilizable se ha convertido en un producto que se vende, no en un envase que circula. Se presenta como una medida ambiental, pero no siempre dispone de un sistema efectivo de retorno, recogida, lavado y reutilización.

En el Bando San Fermín 2026 se viene a decir lo siguiente: “Con el fin de prevenir la generación de residuos, especialmente los plásticos de un solo uso, y de mitigar los aspectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y gestión, es obligatorio el uso del vaso reutilizable con Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) frente al uso del vaso desechable, para todos los establecimientos del ramo de la hostelería. Para ello, el Ayuntamiento pondrá todas las medidas a su alcance para garantizar esa reducción de residuos a través de un servicio de gestión de los vasos reutilizables, a disposición de todos los establecimientos de hostelería y otros espacios festivos públicos”.

Pero cabe preguntarse: ¿están funcionando los sistemas de recogida efectivos? ¿Existen mecanismos de lavado y reutilización para que vuelvan a circular? ¿Hay supervisión y sanciones para los que incumplen? Las fotos que nos llegan de Iruña nos muestran una gran cantidad de vasos retornables desparramados por el suelo. Habrá que esperar al balance que se haga cuando finalicen los Sanfermines.

En el caso del BBK Live que se celebra del 9 al 11 de julio, en su web se puede leer que existen vasos reutilizables, pero que debes tener en cuenta, que, al comprar tu primera bebida, pagarás un depósito de 2,5 euros además del precio de la consumición. (Normativa Vasos Reutilizables En Eventos – Encore). Sí se pueden devolver en las barras habilitadas para ello y recuperar tu depósito. Sería muy importante que se hiciera público con la máxima transparencia, el porcentaje de envases que se recuperan, limpian y vuelven a utilizarse.

Tenemos también el caso de Vitoria-Gasteiz, donde la Fundación Vital y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lanzan desde hace años una campaña para sustituir los vasos de un solo uso en fiestas La Blanca u otras por otros reutilizables y evitar residuos. El sistema funciona mediante un depósito de 1 € que el ciudadano recupera íntegramente al devolver el recipiente en cualquiera de los puntos oficiales o locales adheridos. Sin embargo, aparte de que se diga que la campaña “Plástico 0” del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Fundación Vital suele ser es un éxito rotundo, evitando millones de envases de un solo uso, no hay datos que justifiquen esa afirmación.

En este contexto, la Alianza Residuo Cero que la componen diferentes entidades ecologistas a nivel estatal, ha planteado una serie de medidas, entre las que figuran la definición legal de un sistema efectivo de reutilización, la obligación de disponer de puntos de devolución accesibles durante todo el evento, la información clara sobre el carácter retornable de los depósitos cobrados a la ciudadanía y la implantación de sistemas de trazabilidad que permitan conocer cuántos vasos se ponen en circulación, cuántos se recuperan y cuántos vuelven a utilizarse.

El calor extremo ya no es “un verano fuerte”. Es una crisis climática en aceleración rápida, impulsada por emisiones humanas, que está convirtiendo ciudades enteras en auténticas trampas térmicas y poniendo contra las cuerdas a infraestructuras críticas.

Los científicos advierten que eventos como estos —capaces de colapsar redes eléctricas y saturar hospitales— serían prácticamente imposibles sin el impacto del cambio climático provocado por el ser humano.

Las ciudades están acumulando calor como hornos urbanos, mientras carreteras, sistemas eléctricos y servicios de emergencia trabajan al límite. Y hay un detalle aún más alarmante: las noches ya no refrescan lo suficiente, lo que impide que el cuerpo humano se recupere del estrés térmico.

El escenario está cambiando rápido: lo que antes era un evento estacional ahora se perfila como una nueva normalidad persistente. Con océanos más calientes y niveles de humedad en aumento, las próximas olas de calor podrían ser todavía más intensas.

La agricultura, la construcción, el transporte, los servicios de emergencia, los docentes y alumnos en aulas que sobrepasan los 30 grados e incluso los 40 grados, y poblaciones vulnerables están entre los más expuestos a este futuro cada vez más extremo.

Una ola de calor que paraliza países enteros durante cinco días seguidos es una anomalía, pero será la norma si las emisiones globales no pisan el freno de inmediato, según la comunidad científica. La ciencia indica que el cambio climático ha hecho que las temperaturas extremas sostenidas y las sofocantes noches sin brisa sean hasta 100 veces más probables que en décadas pasadas, alterando por completo cómo debe ser la adaptación de nuestras ciudades y hogares.

Un reciente análisis de World Weather Attribution advierte que 385 de las 854 ciudades europeas analizadas (el 45%) ya han superado o romperán a corto plazo sus máximos históricos de estrés térmico, un índice que combina temperatura, humedad y viento. Esta alteración confirma el pronóstico del climatólogo Erich Fischer, de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich de la ETH Zúrich, quien explica que los récords climáticos ya no se baten por décimas, sino por márgenes excepcionales que destrozan las marcas, y utiliza una metáfora deportiva para ilustrar la magnitud del problema: es como si un atleta de salto de altura batiera el récord mundial por medio metro de golpe, en lugar de por un par de centímetros. Lo excepcional ha colonizado la normalidad.

Convendría recordar que la línea roja que durante milenos había mantenido las concentraciones de CO2 en la atmósfera por debajo de las 300 partes por millón (PPM) hoy está más que superada: las concentraciones han aumentado drásticamente en los últimos 100 años, alcanzando en mayo pasado las 432 ppm, según la NASA.

El adelanto del verano y sus olas de calor ha interferido de forma grave en el calendario escolar. En el Estado español en general, y, en particular en Euskadi, en el último mes del curso escolar, la temperatura en el interior de las aulas ha sobrepasado a menudo los valores del necesario confort que requiere el estudio de los niños y niñas y los jóvenes. Lo mismo ocurre al inicio del curso en septiembre, con veranos que se alargan. Está cambiando el calendario climático y esto interfiere en muchas actividades.

En estos días ante unas temperaturas que suben más y más, hemos visto que la venta de aparatos de aire acondicionado y las peticiones de instalación se han disparado en las distintas poblaciones de Euskadi. Está claro que el aire acondicionado puede ser necesario, especialmente durante episodios extremos o en espacios vulnerables. Sin embargo, se debería tener una mirada algo más larga. Las altas temperaturas han venido para quedarse.

Nazaret Ruiz Marín, profesora del Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad de Cádiz, en un artículo publicado en la revista The Conversation, afirma que convertirlo en la única solución tiene sus inconvenientes. Aumenta el consumo eléctrico, eleva los costes de funcionamiento y desplaza al exterior parte del calor que extrae de las aulas.

Este debate llega, además, en un momento clave para la edificación. La actualización del Código Técnico de la Edificación, ligada a la Directiva europea de eficiencia energética, busca avanzar hacia un parque inmobiliario de cero emisiones en 2050 y refuerza una idea básica: antes de climatizar más, hay que reducir la demanda energética de los edificios. En un sector que ya representa alrededor del 40 % del consumo energético mundial, adaptar los colegios al calor no puede consistir simplemente en consumir más electricidad.

Una estrategia eficaz frente al calor extremo comienza por algo tan básico como impedir que la vivienda, el aula u otra instalación, se sobrecaliente desde el principio. Esto se puede hacer con diseño pasivo: orientar bien el edificio, proteger las ventanas del sol, mejorar la ventilación, incorporar sombra y vegetación, e innovar en el uso de materiales.

Hace unos días, la consejera de Educación del Gobierno vasco, Begoña Pedrosa, anunció que su departamento trabaja en “un plan de confort térmico para los centros educativos” ante las olas de calor registradas en Euskadi como consecuencia del cambio climático. Este verano se pondrá en marcha un proyecto piloto en cuatro centros. Sin desdeñar, el interés de este proyecto, se me antoja que es totalmente insuficiente.

Tampoco se trata de climatizar todos los centros, por lo que decía anteriormente, Además, de que requeriría una inversión elevadísima. Pero existen recursos para ir avanzando en medidas de mitigación del calor que eviten que los niños y niñas y jóvenes estudien en hornos.

El calor extremo en las escuelas y demás centros educativos es un problema crítico de salud pública y equidad educativa. Los colegios necesitan un cambio de paradigma urgente: pasar de medidas de emergencia a intervenciones arquitectónicas estructurales que garanticen espacios seguros, protejan la salud infantil y de los jóvenes y mantengan la concentración.

El cambio climático agrava, adelanta y alarga los eventos extremos como el que golpea ya a buena parte de la península Ibérica. La primera ola de calor del verano dejó el pasado domingo temperaturas superiores a los 39 y 40 ºC en gran parte del territorio de la Península y Baleares, donde se superaron holgadamente los 40 ºC en amplias zonas. 

El aumento de las temperaturas y la mayor frecuencia de episodios de calor extremo son una realidad en Euskadi. Los escenarios climáticos apuntan a que, en las próximas décadas, el número de días con temperaturas superiores a los 35ºC se multiplicará en todo el territorio, lo que supone un riesgo creciente para la salud, especialmente para las personas más vulnerables (personas mayores, infancia, personas con enfermedades crónicas o en situación de pobreza energética). En Bizkaia y Gipuzkoa, pasará de ser de 3 ó 4 días al año a unos 16-17 días a final de siglo; y en Álava de aproximadamente 4 días a superar más de 20 días al año.

De acuerdo con el primer informe del 'Estado del Clima en Euskadi' presentado por el Gobierno vasco el pasado año, desde 1970 la temperatura en Euskadi ha aumentado 0,3 °C por década y se aprecia un aumento en la frecuencia y duración de las olas de calor. El número de días de olas de calor se ha duplicado, pasando de 4 días en el periodo 1970-2000, a casi 9 en el periodo 2014-2023.

El inicio de la época de olas se adelanta en el calendario a razón de cuatro días por década, como refleja la última edición de la Evaluación de riesgos e impactos derivados del cambio climático en España (ERICC-2025). Esto da lugar a una estación cálida más prolongada.

Las olas de calor no son más que el síntoma visible de un sistema global alterado. Lo que hay es un planeta cada vez más caliente. Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático del sistema europeo Copernicus, lo señala así: “Los 11 años más cálidos a nivel global se han producido todos en los últimos 11 años. No se trata simplemente de una rareza estadística extrema. Es la demostración del calentamiento global causado por el ser humano”.

Las comunidades del norte peninsular, que tradicionalmente han sido un refugio frente al calor del verano en la península Ibérica, son las que más riesgo presentan para la salud durante los episodios de temperaturas extremas como los de estos días. Aunque los termómetros allí no se disparen tanto como en Córdoba, Zaragoza o Cáceres, el mayor número de avisos del Ministerio de Sanidad por exceso de calor durante el verano pasado se registró en Asturias, contra todo pronóstico, y las comunidades con más muertes atribuibles al calor –en relación a su población– fueron Castilla y León y Galicia en los últimos dos años.

La tendencia este verano apunta en la misma línea, pero de manera incluso más exagerada. Según el Monitor de Mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III, desde el 15 de mayo hasta ahora se estiman 168 muertes atribuibles al calor en España, y 148 de ellas (el 83%) se concentran exclusivamente en Asturias, Galicia y Euskadi. En Andalucía, el epicentro del calor en España, solo se estiman cuatro fallecimientos. 

Los picos de temperatura de lugares tradicionalmente cálidos son los que reciben atención porque allí se registran las temperaturas más salvajes, pero los expertos subrayan que el riesgo para la salud radica en lo acostumbrada que esté la población a ese calor y en la adaptación de las casas y las ciudades a él, como recuerda Julio Díaz, investigador del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y codirector de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano en la Escuela Nacional de Sanidad.

“La clave está en el umbral de mortalidad por temperaturas que tiene cada comunidad porque no es lo mismo 37ºC en Sevilla que en Bilbao, por ejemplo. En la primera puede ser duro, pero en la segunda es una barbaridad”, opina Díaz, ya la ciudadanía no está acostumbrada ni preparada a estas altas temperaturas. 

Pero la canícula no es cosa solo de la península Ibérica, sino de toda Europa. El 90% de la población de Francia, está sometida al riesgo de las temperaturas extremas. Un total de 49 departamentos están en alerta roja por ola de calor el lunes 22 de junio en Francia, lo que constituye un récord, según ha anunciado Mathieu Lefèvre, ministro delegado para la Transición Ecológica. 

Más al norte, en Bélgica, esta semana podría ser “la más calurosa jamás registrada en el país”, con una temperatura media superior a los 27 °C, según David Dehenauw, jefe de pronósticos del Real Instituto Meteorológico. Algunos trenes en hora punta fueron cancelados el lunes y el martes, según la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Bélgica (SNCB).

La relación entre las olas de calor y los combustibles fósiles lo refleja muy bien un estudio publicado el pasado septiembre en la revista científica Nature, en el cual un grupo de investigadores analizó 213 olas de calor históricas registradas en el mundo entre 2000 y 2023. Concluyeron que fueron más probables e intensas debido al calentamiento global. Además, analizaron las emisiones expulsadas por las mayores empresas del sector fósil entre 1854 y 2023, es decir, desde que arrancó la quema masiva de combustible, y, concluyeron que las emisiones históricas de esos 180 grandes productores de petróleo, gas y carbón y de cemento están detrás de la mitad del aumento de la intensidad de las olas.

Todos los eventos analizados en aquel estudio, los 213, fueron agravados por el cambio climático. Pero, además, una cuarta parte (55) hubieran sido prácticamente imposibles sin el calentamiento actual. En el caso de España, investigaron ocho, entre los que destacaban las altísimas temperaturas del verano de 2022, un episodio que sin el actual nivel de calentamiento no se habría desencadenado.

La península Ibérica —y en ella, Euskadi— sufre desde hace más de una semana temperaturas propias del punto álgido del verano, lo que se conoce como canícula y que comprende entre mediados de julio y mediados de agosto. Se trata de un fenómeno anormal para la época del año, cuando técnicamente todavía es primavera. 

Llevamos unos días hablando de calor en mayúsculas en la península Ibérica, pero no somos los únicos para los que el verano ha entrado de golpe. Así, en el Reino Unido se estableció un récord el 25 de mayo de 2026, con 34,8 ºC provisionales en Kew Gardens. Al día siguiente, 26 de mayo de 2026, la cifra se superó al alcanzar los 35,1 ºC en la misma estación. Romper un récord histórico por un margen tan amplio en plena primavera evidencia un cambio climático acelerado.

Y no solo de día. La marca de 19,4 ºC registrada en Kenley Airfield (sur de Londres) ya rompió el récord de la temperatura mínima diaria más alta en un mes de mayo, superando con creces la antigua marca de 18,9 ºC de 1947. Ese registro fue destrozado inmediatamente la madrugada siguiente, cuando los termómetros no bajaron de 21,3 ºC en la misma estación. Esto supuso la primera noche tropical registrada en la historia de Reino Unido en un mes de mayo (temperatura mínima sin bajar de 20 ºC).

Este calor no es normal en muchos países ni siquiera en verano. Estamos ante un episodio que afecta a muchas zonas de Europa y vuelve a poner sobre la mesa no solo la urgencia de mitigar peores escenarios de cambio climático, sino de adaptarnos a situaciones que son un auténtico peligro para toda la sociedad.

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III confirmó que el verano de 2025 dejó 3.832 muertes atribuibles a las altas temperaturas entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre. Representa un incremento del 87,6% respecto al verano anterior. En este mes de mayo de 2026, ya son 36 las personas que han muerto con temperaturas más típicas del verano. Todos los fallecidos son del norte peninsular. De hecho, han muerto 15 personas en Euskadi, 13 en Asturias, cinco en Galicia y tres en Cantabria.

“Una ciudad que solo se puede habitar en verano si puedes pagar aire acondicionado no es una ciudad preparada para el cambio climático”, escribe en 'Agenda Pública' Isabela León Cesín, arquitecta y urbanista, que arroja luz sobre la brecha climática, donde barrios sin sombra, viviendas mal aisladas y hogares vulnerables no pueden protegerse del calor. La respuesta, sostiene, pasa por renaturalizar, rehabilitar y planificar la refrigeración urbana por una cuestión de salud pública.

Aproximadamente el 75% de la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) reside en entornos calificados como urbanos, y muchas zonas y barrios en nuestras ciudades y municipios son particularmente vulnerables: el asfalto, el hormigón y la escasa vegetación crean islas de calor urbanas donde las temperaturas pueden ser entre 10 °C y 15 °C más altas que en las zonas rurales.  

“Vivir con temperaturas extremas implica dormir mal, enfermar más, vivir peor y asumir riesgos que no deberían depender del código postal ni del nivel de ingresos”, viene a decir Isabela León Cesín. La pobreza energética también significa no poder protegerse del calor en primavera y verano. En Euskadi, unos 55.000 hogares y más de 100.000 personas sufren pobreza energética severa al tener dificultades para mantener una temperatura adecuada en sus viviendas.

Los municipios y sus ayuntamientos y demás entidades locales tienen una excepcional importancia en la lucha contra el cambio climático, especialmente en la adaptación climática: en su seno se determinan muchas cuestiones relativas al uso del suelo y las medidas y las prácticas con las que se puede reducir la vulnerabilidad. Entre otras cosas, pueden aumentar las zonas verdes —los árboles, a través de la sombra y la evapotranspiración, pueden reducir la temperatura del aire entre 2 °C y 5 °C y la de las superficies entre 10 °C y 12 °C en plena ola de calor—; utilizar pavimentos y materiales naturales para bajar la temperatura de los municipios —hasta más de 4 ºC—; transformar patios escolares asfaltados en espacios verdes —en París redujo las temperaturas del suelo en torno a 7 °C—; habilitar refugios climáticos….

Estos días tal y como se recogía en este diario, muchas familias han denunciado aulas de colegios de Bilbao a 30 grados, también en otros municipios vascos, y han solicitado la instalación de “soluciones de climatización, protección solar en ventanas y aulas y zonas de sombra en el patio”. Pero, además de estas medidas, es importante renaturalizar los centros educativos. Esta estrategia crea refugios climáticos, mejora la biodiversidad urbana y transforma los patios en zonas coeducativas, inclusivas y pedagógicas.

La evidencia científica sobre los efectos de las altas temperaturas en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los menores están cada vez más claros según diversos estudios. De acuerdo con la evidencia científica, se trata de un grupo altamente vulnerable al calor porque tiene un sistema termorregulador todavía inmaduro, produce más calor por kilogramo de peso que los adultos, y tiene una menor tasa de sudoración. La evidencia muestra también que, a más días de calor, más problemas de salud y peores resultados educativos.

Otro tema muy importante son las temperaturas tan altas en los hospitales, hasta con 30 grados, que, si le sumas la fiebre de muchos pacientes, es un cóctel perfecto. 

Algunas de las actuaciones enumeradas ya se vienen haciendo en Euskadi, incorporando las llamadas Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), que son acciones o procesos que utilizan los principios de la naturaleza para dar solución a distintos problemas relacionados con la gestión territorial y urbana como la adaptación al cambio climático, la gestión de los recursos, del agua, la seguridad alimentaria o la calidad del aire y el entorno. Pero es vital, en la situación de emergencia climática en la que estamos, acelerarlas por la importancia y prioridad que tienen.

El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Los fenómenos meteorológicos extremos aumentan en frecuencia e intensidad, agravando sus consecuencias. Además de la dramática pérdida de vidas humanas, se produce una destrucción del territorio y un aumento de los daños. 

Los datos son contundentes. La Organización Meteorológica Mundial advierte de pérdidas económicas debidas a fenómenos climáticos, que se han multiplicado por siete desde 1970; en Europa, las pérdidas acumuladas desde 1980 se estiman en 738 mil millones de euros, de los cuales el 22% se concentraron entre 2021 y 2023, lo que demuestra una aceleración crítica de los daños; un informe reciente de la Universidad de Mannheim y el Banco Central Europeo estima que el coste a corto plazo de las olas de calor, las sequías y las inundaciones en 2025 en Europa supera los 43 mil millones de euros, el 0,26% del PIB de toda la UE, y lo calcula en más de 126 mil millones para 2029. Estas estimaciones no tienen en cuenta otros desastres como los destructivos incendios forestales de julio y agosto del verano pasado.

Las compañías aseguradoras, conscientes del creciente riesgo, llevan tiempo aumentando sistemáticamente sus primas. Según estimaciones globales, los eventos extremos ya representan entre el 35 % y el 40 % de las pérdidas aseguradas anuales, un coste que afecta directamente a todos. Además, a medida que los eventos se vuelven predeciblemente extremos, muchos bienes dejan de ser asegurables.

El estudio “El futuro de los seguros 2025-2026: cómo crecer y liderar en un mercado en transformación”, señala que el 20,5 % del crecimiento de las primas mundiales hasta 2040 se deberá al cambio climático.

La crisis climática ha dejado de ser una proyección futura para convertirse en un riesgo sistémico que afecta la estabilidad de la economía global, las infraestructuras y los medios de vida.

Navarra enfrenta vulnerabilidades ante el cambio climático, caracterizadas principalmente por un aumento de temperaturas, reducción de agua disponible y fenómenos meteorológicos extremos, según la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático en Navarra (LIFE-IP NAdapta-CC). El territorio muestra una tendencia hacia un clima más seco y cálido, con impactos significativos cada vez más cercanos.  

Las olas de calor se han intensificado y duplicado en frecuencia e intensidad en la última década, consolidándose como un riesgo creciente debido al cambio climático. Los años 2022, 2023, 2024 y 2025 son los 4 más cálidos desde 1961. Las muertes atribuidas a altas temperaturas se duplicaron en Navarra durante el verano de 2025, con 72 fallecimientos frente a 36 en periodos anteriores. En resumen, este calor extremo ha llegado para quedarse.

Otro impacto al que nos enfrentamos es la intensificación de los incendios forestales de nueva generación y una temporada de riesgo más prolongada, lo que incrementa los daños. El responsable del Departamento de Reducción de Riesgo de Desastres de TESICNOR, Peio Oria, en la jornada científico-técnica Pirogeografía de Navarra celebrada el pasado 24 de abril en el Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) en Pamplona, dijo que los grandes incendios catastróficos “todavía están por llegar a Navarra”, aunque señaló que el verano de 2022 ofreció ya “un anticipo de lo que puede ocurrir”. 

Los incendios afectan a nuestra comunidad y requieren un aumento del presupuesto anual destinado a la prevención y defensa contra incendios. Otros daños más difíciles de cuantificar son la erosión y la pérdida de productividad del suelo, la destrucción de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y otros impactos en cadena, como el efecto de las lluvias torrenciales.

Paradójicamente, a pesar de la intensidad de las lluvias, la posibilidad de estrés hídrico y sequías estivales más prolongadas ya nos afecta. Así, por ejemplo, la campaña de cereal en Navarra en 2022 fue una de las peores de la década, marcada por un descenso de producción cercano al 15 % respecto a la campaña anterior, principalmente por la falta de lluvias y las altas temperaturas. En la Zona Media y el sur (secanos áridos), los rendimientos fueron bajísimos, considerados de los peores en años. La campaña 2023 fue calificada como la peor en los últimos 20 años, alcanzando cifras muy graves en cultivos de secano y pastos.

Los criterios tradicionales utilizados en economía y gestión territorial han quedado obsoletos. Un punto central en el contexto actual es el marcado por la necesidad de transitar de un modelo de “reconstrucción tras el desastre” a uno de “prevención y adaptación estructural”.

Navarra enfrenta efectos significativos del cambio climático, con un impacto económico creciente que afecta a sectores clave como el agroalimentario y la industria. Este escenario obliga a abordar la mitigación del calentamiento mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con mayor intensidad, ya que siguen creciendo, pero considerando los impactos que estamos experimentando, sin adaptación, los impactos actuales serán inasumibles.

La adaptación es un área de inversión con altos retornos económicos, ya que invertir en resiliencia hoy reduce costos masivos por daños en el futuro. La adaptación no es solo un gasto, sino una protección de activos y vidas, mejorando la seguridad ante eventos extremos. Sin embargo, la prioridad que se ha dado en los últimos presupuestos generales de Navarra a la mitigación (83,63% de la inversión presupuestada en acción climática) frente a la adaptación (16,37%) demuestra que es una estrategia de mucha energía y poco de clima, cuando ya ha llegado el momento de invertir más en prepararnos.

Parece como que la sociedad humana tiende a mantener sus rutinas y comportamientos habituales, viviendo “como si nada”, a pesar de enfrentar crisis graves y estructurales (ambientales, económicas o geopolíticas) muy fuertes.

Sin embargo, tenemos cada vez más información científica de cómo estamos. El informe de la Revisión de la Salud Planetaria 2025 (PHC, por sus siglas en inglés) del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático alerta de que el planeta ha superado siete de los nueve límites planetarios seguros. Esta evaluación indica que la Tierra está en una situación crítica (“cuidados intensivos”), con una presión creciente en la mayoría de sus sistemas vitales, incluyendo cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Estos tres factores interactúan entre sí, acelerando el deterioro ambiental.

Los siete límites que han rebasado su “zona segura” muestran tendencias de aumento de presión, que incluyen el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el cambio en el uso del suelo, el ciclo del agua, el flujo de nutrientes (nitrógeno/fósforo), la contaminación química y la acidificación oceánica. Solo la carga de aerosoles y el agotamiento de la capa de ozono se mantienen dentro de los niveles operativos seguros.

El Informe sobre los puntos de inflexión globales 2025 (Global Tipping Reports 2025), elaborado por 160 científicos procedentes de 23 países, advierte que los arrecifes de coral ya han cruzado su punto de no retorno y que el Amazonas, los casquetes polares y la circulación atlántica están peligrosamente cerca de sus propios puntos críticos. Superar estos puntos de inflexión reduce la capacidad de la Tierra para hacer frente a la intervención humana.

Cuando en 2015 casi 200 países firmaron el Acuerdo de París, el objetivo de limitar el calentamiento a 1.5 °C (con un techo de 2 °C) se presentó como una línea roja para evitar impactos climáticos irreversibles. Pero desde entonces, las emisiones globales no solo no han disminuido, sino que han seguido aumentando, impulsadas por la quema de combustibles fósiles y un modelo económico adicto al crecimiento infinito. Hoy, científicos como Robert Watson, expresidente del IPCC, no dudan en declarar: “La política climática ha fracasado. El Acuerdo de París está muerto”.

El problema no es solo la falta de acción, sino la hipocresía estructural. Mientras los líderes mundiales se reúnen año tras año en cumbres climáticas (COP) para repetir discursos vacíos, los subsidios a los combustibles fósiles alcanzaron $7 billones de dólares en 2022 (FMI), y proyectos como la expansión de petróleo en la Amazonía o el carbón en Asia demuestran que el negocio de la destrucción climática sigue siendo más rentable que la transición ecológica.

La mayoría de la gente parece que no quiere cambiar nada. ¿A qué se debe?

Según el evolucionista John Tooby, que fue un antropólogo estadounidense que, junto a su esposa, la psicóloga Leda Cosmides, ayudó a impulsar el campo de la psicología evolucionista, la velocidad de los cambios culturales y tecnológicos modernos supera la capacidad de adaptación biológica. Por tanto, utilizamos mecanismos cognitivos antiguos en entornos nuevos. Nuestra mente no está diseñada para gestionar riesgos civilizatorios o tendencias climáticas a largo plazo (50 años), sino para amenazas directas y visibles (ataques, hambre inmediata…).

La Teoría de la Gestión del Terror (TMT) (Terror Management Theory), propuesta por Jeff Greenberg, Sheldon Solomon y Tom Pyszczynski en los años 80, tras años de investigación, postula que la conciencia de nuestra propia mortalidad genera un terror existencial que el ser humano gestiona mediante defensas psicológicas. Cuando la amenaza de muerte es consciente, la primera reacción es negarla, racionalizarla o suprimir el pensamiento para reducir la ansiedad.

Según la citada teoría, el miedo a la muerte es tan intenso que los individuos adoptan visiones del mundo que les permiten creer que son parte de algo duradero, reforzando sus valores y autoestima para protegerse.

En cuanto a los jóvenes, un estudio con 10.000 jóvenes de 16 a 25 años publicado en The Lancet reveló que el 84% está al menos moderadamente preocupado por el cambio climático y que el 75% considera que el futuro es aterrador. Pero esa angustia no produce siempre movimiento y activismo. Estudios recientes indican que la ansiedad climática afecta desproporcionadamente a los jóvenes, asociándose en algunos varones con visiones más autoritarias ante la sensación de falta de futuro. En el Estado español, el 40% de los hombres de 18 a 34 años vota a un partido climáticamente negacionista. Se basa en la creencia de que el futuro está fuera de control, o es catastrófico, por lo que se renuncia a cambiarlo.

En los últimos tiempos cada vez más se habla de la solastalgia, que comenzó cuando el filósofo australiano Glenn Albrecht observó cómo la región de Hunter Valley, al norte de Sidney (Australia) pasó de ser un enclave de pasto verde, animales y cielo despejado a una zona “de sacrificio”, industrial, ruidosa, contaminada, debido a la minería de carbón. “Las personas que vivían allí seguían en casa, mirando por las ventanas, pero lo que habían disfrutado de su entorno familiar se había deteriorado. Ya no les brindaba consuelo”, rememora en su libro “Las emociones de la Tierra” (MRA Ediciones, 2020).

Lo de la solastalgia es sentir añoranza del lugar en el que vivías desde el mismo lugar en el que vives. Mirar por la ventana y ver un paisaje quemado que es totalmente distinto del que veías unos días anteriores, por ejemplo. Lo que Caroline Hickman, destacada profesora de Psicología Climática en la Universidad de Bath (Reino Unido) y psicoterapeuta, autora principal de estudios sobre ansiedad climática, defendiéndola como una respuesta saludable y natural -no una enfermedad- ante la emergencia ambiental, viene a decir que no duele tanto la situación, que obviamente duele, sino que lo que duele y genera una enorme ansiedad es que no se esté haciendo nada ante ella.

En este contexto, cabe señalar la importancia de la campaña No Normal, impulsada por científicos, académicos, divulgadores y personas comprometidas, que buscan algo muy concreto, explicar lo que está pasando antes de que sea demasiado tarde, generar conciencia real y ayudar a las personas a entender y adaptarse ante la nueva realidad, con conferencias, charlas y mesas redondas en lo localidades de Euskal Herria y de distintas comunidades del Estado, donde se explica cómo hemos llegado hasta aquí, a asomarnos al abismo climático, medioambiental, energético y ecosocial, pero que también es un llamamiento a la acción de todas las personas a que se hagan conscientes y actúen frente a esta emergencia y policrisis local y global.

El transporte ferroviario público es fundamental para la vertebración territorial, la sostenibilidad socioeconómica y la descarbonización, actuando como un eje estratégico para el futuro. Fomenta la cohesión social, reduce la congestión y ofrece una alternativa de bajas emisiones, ahorrando millones de euros en impacto ambiental. El debate sobre esta cuestión en Navarra apenas ha existido, habiendo quedado reducido al Tren de Alta Velocidad (TAV) sí o sí, y en Euskadi algo más, aunque no lo suficiente.

Al calor de los trágicos y dramáticos accidentes ferroviarios en Adamuz y en Gelida (Barcelona), y del colapso de la red de Rodalies en Cataluña, se ha avivado el debate sobre la alta velocidad en el Estado español, y han aflorado datos y límites del modelo ferroviario actual lo suficientemente graves cómo para hacernos algunas preguntas: ¿De verdad necesitamos construir trenes que no son sostenibles social y económicamente? ¿Necesitamos trenes con velocidades de 300 km/h o superiores? 

A su vez, este 2026 se cumplen veinte años del inicio de la construcción del corredor ferroviario vasco de alta velocidad, la conocida como 'Y vasca' por ser la forma en que se conectan las capitales, Bilbao, Donostia y Vitoria, que como se señalaba en un reportaje del director de elDiario.es/Euskadi, Iker Rioja Andueza, publicado en estas mismas páginas, “se eterniza y siguen pendientes accesos y conexiones”.

La Comisión Europea declaraba 2021 como el año europeo del ferrocarril. La promoción de modos más sostenibles de transporte ha sido una de las prioridades de la política europea desde finales del siglo pasado. El objetivo ha sido reconciliar un crecimiento imparable del transporte de pasajeros y mercancías con unos crecientes efectos perjudiciales para la sociedad, el medio ambiente e incluso la propia economía.

En el caso español, el ferrocarril central en esta nueva política de transporte, ha adquirido un protagonismo especial en forma de inversiones masivas en alta velocidad ferroviaria.

Este año 2026 se cumplirán 34 años desde la puesta en marcha de la primera línea de alta velocidad en el Estado español, Madrid-Sevilla. Los argumentos sociales, económicos y ambientales favorables al modelo español de alta velocidad ferroviaria se han desvanecido a la luz de la evidencia científica acumulada.

El AVE (Alta Velocidad Española) es una ruina económica. La deuda acumulada de ADIF asciende a 25.000 millones de euros. Hasta la fecha se han gastado 57.000 millones de euros en el Estado español para construir 3.993 km: cada km cuesta 16 millones de euros y su mantenimiento anual es de más de 150.000 euros. Sin olvidar los sobrecostos: el último conocido es el de la “Y vasca” que acumula ya 2.200 millones, y qué a principios de 2026, el coste total previsto se estima en 9.000 millones de euros, mientras que la finalización completa de la obra (incluyendo accesos a las capitales) se pospone con horizontes temporales que oscilan entre 2030 y 2035. 

En el caso de Navarra, las obras del TAV está mucho más retrasadas que en Euskadi, siendo, además, los tramos en construcción totalmente inconexos y corresponden sólo al trayecto Castejón-Pamplona. El TAV, al que distintos sectores cuestionan su utilidad para la sociedad navarra y en Euskadi, y, que, según la Cámara de Comptos, los 214 kilómetros que tiene esta infraestructura del Corredor Navarro de Alta Velocidad costarán entre 3.000 y 4.000 millones de euros, sin contar la estación de Pamplona y la conexión de la Y vasca, está aún por decidir. Mientras tanto, en el período 2015-2025 la única inversión recogida en los Presupuestos de Navarra para fomentar el transporte público ha sido de una media anual de entre 10 y 15 millones dedicados en su totalidad a subvenciones. 

En Navarra, el transporte público ferroviario está empeorando, con la eliminación de servicios, en especial lo referido al transporte de personas, mientras se sigue apoyando el Tren de Alta Velocidad (TAV). Tal y como ha señalado en repetidas ocasiones la Fundación Sustrai Erakuntza “el TAV no vertebra el territorio navarro, además de otras cuestiones, y desvía fondos de un Tren Público y Social necesario para la ciudadanía, la movilidad sostenible y el desarrollo local”. En el caso de Euskadi, el sistema ferroviario presenta una red convencional que ha sufrido una fuerte desinversión. 

Una cuestión muy importante es que mientras el AVE lo utiliza apenas el 5% del total de personas viajeras, el 90% lo hace el de Cercanías. Sin embargo, la inversión en el AVE es 15 veces superior a la de Cercanías. Y eso se paga caro como lo vienen denunciando los sindicatos ferroviarios: falta de personal, retrasos y supresiones de servicios, falta de confort en los trenes, accidentes, cierres de estaciones rurales, desmantelamiento de las bases de mantenimiento y privatizaciones. Esta situación poco tiene de calidad, justicia y redistribución social.

Todos estos datos y más deberían servir para cuestionar la idoneidad de lo que se está haciendo en Navarra en materia ferroviaria y Euskadi, donde las obras están mucho más avanzadas, a pesar del retraso que llevan, y rectificar y promover un modelo ferroviario más racional en lo económico, más eficaz en lo social y más ventajoso en lo ambiental. 

Otro tema importante a reflexionar, es sobre la apuesta constante por aumentar la velocidad, incluso cuando esta tensiona los límites de la seguridad. Hoy hablamos ya de trenes capaces de circular a velocidades de 500 km/h, como el Maglev japonés -el tren bala más rápido del mundo-, aunque el AVE circula a 300 km/h en España, pudiendo hacerlo a más velocidad. A mayor velocidad, menores márgenes de error y mayor severidad de las consecuencias. Sucesos improbables, un cruce inesperado, una intrusión en la vía, una combinación de fallos, siguen siendo poco frecuentes, pero se vuelven más probables conforme aumenta el tráfico y se incrementa la complejidad del sistema. No porque falle la tecnología, sino porque ningún sistema complejo puede aspirar al riesgo cero.

Cuanta mayor velocidad, se precisan más medidas de seguridad e infraestructuras que son cada vez más costosas, y más en un estado como el español donde la red de alta velocidad es el mayor del mundo después de China. El coste de mantenimiento de 1 km de TAV es de algo más de 150.000 euros al año, pudiendo llegar a 500.000 en tramos complejos. La seguridad extrema tiene un precio, y también límites prácticos.

Velocidad y vida no se llevan bien, y, sin embargo, el discurso dominante en la sociedad sigue uniendo progreso con rapidez. Reducir minutos se presenta como un éxito incuestionable, mientras que aceptar límites se percibe como una renuncia. 

Es necesario hacerse la pregunta siguiente: ¿queremos un transporte máximo y rápido, o un transporte óptimo y seguro? Si el camino elegido es el primero, veremos sus consecuencias. Algunas serán asumibles. Otras, trágicas. No se trata de superar récords de velocidad, sino en atrevernos a decidir hasta dónde queremos llegar antes de que sea la realidad la que nos imponga el límite.

La refinería de Petronor, en Muskiz, sufrió el viernes 26 de febrero una fuga de benceno que ha elevado los niveles de este compuesto por encima de los habituales en la zona, a pocos kilómetros de Bilbao. Ha sido una “incidencia” en uno de los tanques de gasolina de Petronor la que provocó las altas concentraciones de benceno en Muskiz, según ha admitido el Gobierno vasco. En entornos industriales, con niveles de 100 a 200 microgramos/m3, se requiere que se informe a la población para que se adopten medidas de carácter preventivo para reducir la exposición, que es lo que se ha hecho.

El pasado domingo 22 de febrero se produjo otro sobresalto en la refinería de Petronor que provocó su inmediata parada a las 17.15, con impresionantes humaredas negras, registrándose benceno y xileno en la estación de medición de calidad del aire del barrio de Las Karreras. Según la dirección de Petronor, fue debido a “la falta de suministro eléctrico” en todas las unidades de la refinería.

Hay que decir que el benceno es un hidrocarburo que procede sobre todo de fuentes de tipo natural. Se libera básicamente como consecuencia de procesos de combustión incompleta y por evaporación de determinados combustibles. Sin embargo, su presencia es habitual en entornos industriales vinculados al refino de petróleo, como es el caso de Petronor.

El benceno es un compuesto orgánico potencialmente carcinogénico que, tras ser inhalado y después de exposiciones prolongadas, puede ocasionar graves efectos sobre la salud humana, ya que afecta al sistema nervioso central y a la normal producción de células sanguíneas, puede deteriorar el sistema inmunitario y dañar el material genético celular, lo que a su vez puede originar determinados tipos de cáncer (leucemia) así como malformaciones congénitas.

Sus efectos nocivos se dejan igualmente sentir sobre el medio ambiente, ya que resulta marcadamente tóxico para los organismos acuáticos y, en especial, sobre los invertebrados, en los que puede producir cambios genéticos (problemas reproductivos, malformaciones) y de comportamiento. Afecta también a la vegetación (puede llegar a provocar la muerte de la planta afectada, lo que adquiere además un matiz económico cuando se trata de cultivos), así como al clima, ya que se trata de un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento de la atmósfera y a la formación de O3 y de aerosoles orgánicos secundarios.

Con Petronor llueve sobre mojado, suma muchos problemas en sus 50 años de existencia. Además, la refinería emite cerca de 2,6 millones de toneladas de CO2 anualmente, que suponen en torno al 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la comunidad autónoma vasca, siendo la empresa más contaminante de Euskadi.

En cuanto al impacto sanitario, hay datos del Departamento de Salud del Gobierno vasco según los cuales Muskiz presenta tasas de mortalidad por cáncer de pulmón entre un 11% y un 45% superiores a la media vasca. Más allá de su contribución al cambio climático, presenta problemas específicos de contaminación, tanto a la atmósfera como al agua. En el campo de los vertidos, según información facilitada al Parlamento Vasco por la consejera Arantxa Tapia, y recogida por elDiario.es, entre 2012 y 2022 se registraron 19 vertidos procedentes de Petronor en Muskiz, incluyendo derrames en la terminal marítima y en la ría del Barbadún.

En el caso de la fuga de benceno del jueves 26 de febrero, el municipio de Muskiz (con 7.465 habitantes) amaneció al día siguiente con un confinamiento preventivo, debido a concentraciones de benceno en el aire que llegaron a alcanzar entre 100 y 200 microgramos por metro cúbico en zonas habitadas, niveles que las propias autoridades sanitarias califican de “significativamente elevados”. Aunque el Gobierno Vasco no empleó formalmente el término “confinamiento”, sí pidió a la población que evitara salir a la calle y que los escolares regresaran a sus domicilios. Eso es un confinamiento en toda regla.

Según la legislación vigente, en entornos industriales con niveles de 100 a 200 microgramos/m3 se requiere que se informe a la población para que se adopten medidas de carácter preventivo, que es lo que se ha hecho. Ahora bien, habría que decir también que se avisó muy tarde, unas ocho horas después, y de hecho el pico máximo afectó a la población de Muskiz. Esta demora está vinculada, en mi opinión, a una falta de transparencia que ha caracterizado históricamente la gestión de incidentes en la planta.

Conviene recordar que la contaminación atmosférica no entiende de fronteras municipales, y la red de sensores de calidad del aire en Muskiz y el resto del área metropolitana de Bilbao permite medir concentraciones en distintos puntos, y qué con factores como el viento -en este caso, viento sur- influyen decisivamente en la propagación, afectando a otros municpios. Hay estudios del Gobierno vasco que detectaron contaminantes procedentes de la refinería de Petronor en Getxo, municipio sin industria, debido precisamente a la dinámica atmosférica.

Muskiz lleva conviviendo décadas con la refinería a escasos metros de sus barrios. Este último episodio contaminante vuelve a recordar las consecuencias que tiene Petronor para la vida y la salud de sus vecinos y vecinas, y, en la necesidad de revisar los mecanismos de control y reforzar la información para que se dé lo más rápidamente posible, y exigir la máxima trasparencia.

Pero también es necesario decir que la existencia de Petronor (Petróleos del Norte) está ligada al alto consumo histórico de combustibles fósiles, que es la mayor causa del calentamiento global, provocando fenómenos meteorológicos extremos, aumento del nivel del mar y pérdida de biodiversidad, y cuya reducción radical es una necesidad imperativa para mitigar la crisis climática.

El enero más lluvioso de los últimos 25 años y lo que llevamos de febrero puede tener una consecuencia casi paradójica en unos meses: el regreso de los megaincendios en buena parte de la Península Ibérica. La cantidad de agua que está cayendo puede provocar una explosión de vegetación. 

Un reciente artículo de Global Change Biology analiza los incendios del noroeste de España del verano pasado. En este artículo se viene a decir que, a finales de agosto de 2025, Europa experimentó incendios forestales récord, concentrándose principalmente en el noroeste de la Península Ibérica. En agosto de 2025, se quemaron aproximadamente 1 millón de hectáreas en Europa, siendo la mayor área registrada, con más de la mitad (541,000 ha) en el noroeste de la Península Ibérica (NW-IP). Los incendios ocasionaron al menos ocho muertes y evacuaciones masivas, lo que llevó a la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea en España. Estos eventos se produjeron durante una ola de calor de 16 días, con condiciones meteorológicas extremas que aumentaron el índice de peligro de incendios (FWI) a niveles récord. 

El FWI alcanzó su valor más alto en el periodo 1985-2025, y se estima que el cambio climático ha incrementado la probabilidad de condiciones de fuego extremo en 40 veces y su intensidad en un 30%. 

Ahora mismo estamos viendo un patrón bastante parecido al de 2025: lluvia, crecimiento de la vegetación, y un verano que promete ser igual de extremo. Estamos a febrero de 2026, y prevenir los incendios de este próximo verano debería estar en la agenda. Por más que se alerte del peligro cuando lo que sucede es más que obvio y los científicos no paran de alertarnos, lo que tenemos que hacer ahora mismo es en el ámbito de la prevención.

Me gustaría equivocarme, pero tengo la impresión que se están creando las condiciones para un verano nefasto en materia de incendios, que esperamos que este año por fin se pongan los medios de prevención a tiempo y la coordinación entre administraciones y otros agentes esté perfectamente protocolizada y organizada.

¿Qué se puede hacer? En el artículo de Global Change Biology se plantea la necesidad imperiosa de una acción inmediata para mitigar el riesgo de incendios, enfocándose en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en la planificación del uso del suelo. Es esencial adoptar estrategias proactivas que incluyan la reducción de combustibles en ubicaciones estratégicas y la gestión forestal cuidadosa. La prevención debe ser una prioridad estratégica, dado que los incendios forestales en aumento amenazan la población, la infraestructura, la biodiversidad, la economía…Este análisis subraya la necesidad de un enfoque coordinado para abordar los riesgos asociados con los incendios forestales, considerando tanto la mitigación como la adaptación para evitar que eventos extremos se conviertan en la nueva norma.

Así mismo partiendo de la relación existente entre las dinámicas del paisaje y el régimen del fuego, investigadores de la Universidad Complutense de Madrid bajo la de la catedrática Cristina Montiel Molina, han desarrollado una metodología que permite diferenciar los escenarios territoriales con distinto riesgo de incendio forestal utilizando sistemas de información geográfica y técnicas de análisis geográfico regional. “Se trata de una metodología de carácter multiescalar que ha sido aplicada para definir los escenarios regionales del fuego en el ámbito montañoso del Sistema Central”, señala Cristina Montiel. Es la primera vez que se caracteriza y se cartografía con precisión las unidades territoriales de riesgo de incendios. La identificación de los territorios más propensos a un determinado tipo de incendio –los escenarios del fuego– permite planificar tanto las medidas preventivas a corto, medio y largo plazo como las de pre-extinción en situaciones de máxima alerta por alto riesgo meteorológico.

Este trabajo publicado en Journal of Environmental Management, explica y demuestra las causas estructurales de los incendios actuales y porqué se manifiestan de forma más o menos virulenta en unos lugares u otros.

Tanto el método como los resultados para la región del Sistema Central son directamente aplicables a cualquier otro ámbito del territorio español. “La decisión de extenderlo a otros espacios está sujeta a la voluntad política de las administraciones competentes en la materia en cada Comunidad Autónoma”, señala Montiel.

Otra cuestión importante es crear zonas buffer o “franjas de baja combustibilidad” bien gestionadas que dificulten el avance del fuego entre zonas forestales y urbanas para reducir la densidad de vegetación y eliminar materiales inflamables. Actúa como una zona segura que detiene o ralentiza la propagación del fuego, protegiendo vidas y propiedades. Ejemplo de ello lo tenemos en el municipio navarro de Legarda, que aprendió de la tragedia tras el incendio de 2022. Vacas Bomberas (ganado controlado), aspersores y comunidad formada demuestran cómo la combinación de agricultura y ganadería tradicional, infraestructura moderna y participación ciudadana son algunos de los ingredientes que señalan la importancia de construir la resiliencia desde lo local.

Un plan suficientemente ambicioso que es necesario en Navarra debe poner en primera instancia no únicamente a los planes de actuación municipal, sino que debe evaluar multitud de infraestructuras críticas, vías de comunicación o determinados puntos de afluencia de personas en el medio natural…

Por otra parte, está el trabajo de comunicación que es fundamental con mensajes simples y comprensibles que pueden salvar vidas y formar a la ciudadanía para que se sepa en cada momento cómo actuar.

El Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU-INWEH), una de las 13 instituciones que conforman la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), el brazo académico de la ONU, conocido como 'El Think Tank de la ONU sobre el Agua', UNU-INWEH (en sus siglas en inglés), acaba de publicar un informe “Quiebra global del agua: Viviendo más allá de nuestros recursos hídricos en la era poscrisis”.

Este informe declara que el mundo ya ha entrado en la era de la bancarrota global del agua. La condición no es una amenaza lejana, sino una realidad presente. Muchos sistemas humanos de agua se encuentran ahora en un estado de fallo post-crisis, donde las líneas base anteriores ya no pueden restaurarse.

La bancarrota global del agua se define como un estado persistente de fallo tras una crisis. En este estado, el uso prolongado del agua y la contaminación han superado los flujos renovables y los límites de agotamiento seguros. Partes clave del sistema hídrico ya no pueden volver de forma realista a los niveles anteriores de suministro y función del ecosistema.

Términos como estrés hídrico y crisis hídrica ya no son suficientes para describir las nuevas realidades hídricas del mundo. Muchos ríos, lagos, acuíferos, humedales y glaciares han sido empujados más allá de los puntos de inflexión y no pueden volver a superar las líneas base. El lenguaje de crisis temporal ya no es preciso en muchas regiones.

El ciclo global del agua ha superado su límite planetario seguro. Junto con el clima, la biodiversidad y los sistemas terrestres, el agua dulce ha sido empujada fuera de su espacio operativo seguro. El informe concluye que el mundo vive más allá de sus medios hidrológicos.

Miles de millones de personas viven con inseguridad hídrica crónica. Alrededor de 2.200 millones de personas siguen careciendo de agua potable gestionada de forma segura, 3.500 millones carecen de saneamiento gestionado de forma segura y casi 4.000 millones enfrentan una grave escasez de agua durante al menos un mes cada año. Casi tres cuartas partes de la población mundial vive en países clasificados como inseguros por el agua o críticamente inseguros por el agua.

La bancarrota global del agua también es un desafío de justicia, seguridad y economía política. Sin un compromiso deliberado con la equidad, los costes del ajuste recaerán de forma desproporcionada en los agricultores, las comunidades rurales, los pueblos indígenas, los residentes urbanos informales, las mujeres, los jóvenes y otros grupos vulnerables. Este desequilibrio aumenta el riesgo de disturbios sociales y conflictos en muchas regiones.

Los gobiernos deben pasar urgentemente de la gestión de crisis a la gestión de bancarrotas. El informe pide el fin del pensamiento de emergencia a corto plazo. En cambio, insta a estrategias que eviten daños irreversibles adicionales, reduzcan y reasignen la demanda, transformen sectores intensivos en agua, aborden las retiradas ilegales y la contaminación, y aseguren transiciones justas para las personas cuyos medios de vida deben cambiar.

Como señala Marta Santafé, consultora especialista en agua y medio ambiente en Fundación The Social Water, publicado en la revista Stakeholders, medio referente en sostenibilidad en el Perú y muy sensible al tema del agua, “durante décadas, la aproximación dominante a la gestión del agua se ha centrado en la ingeniería y la oferta, buscando siempre el modo de obtener más agua para satisfacer una demanda que se asumía como ilimitada. Al enfocarse principalmente en las grandes soluciones tecnológicas -como presas y trasvases-, se ignoraron otras dos dimensiones cruciales para la sostenibilidad: la salud ecológica de los ecosistemas y la justicia social.

El resultado de este enfoque sesgado ha conducido a una triple amenaza de alcance planetario. Por un lado, la acción del cambio climático está alterando de forma impredecible los ciclos naturales del agua. Por otro, la sobreexplotación está vaciando acuíferos milenarios. Y, quizá lo más grave, vivimos una profunda crisis de equidad y justicia que golpea a los más vulnerables“.

En esta situación, surge la transición hídrica justa, un cambio urgente en la planificación y gestión del agua hacia un modelo sostenible y justo para enfrentar la crisis del agua, reemplazando la explotación ilimitada por una economía circular y un nuevo contrato social basado en la sostenibilidad.

Esa transición también se debe llevar a cabo en Euskadi. Siempre se ha considerado que en nuestra comunidad tenemos suficiente agua y todavía esa mentalidad perdura en no pocas mentes. Sin embargo, una constatación real que se plasma en numerosos estudios científicos es que habrá cada vez menos debido al cambio climático. Y aquí la pregunta que hay que hacer es si queremos cambiar la forma de gestionar el agua. ¿Vamos a dejar que el mercado sea el que decida quién va a tener agua como se hace ya en algunas comunidades, o queremos la adaptación al cambio climático desde la consideración de un bien de interés público, con criterios ambientales y de equidad social?

En mi opinión lo que hay que hacer es empujar con mucha celeridad una transición hídrica justa con el objetivo de adaptarnos a la crisis climática, y donde se garantice el abastecimiento humano y se recupere el buen estado de nuestros ríos, acuíferos, zonas húmedas, estuarios y zonas costeras.

La transición hídrica también tener en cuenta más cuestiones como continuar con la reducción del uso del agua en el abastecimiento humano. Y, en esta materia sí que se están haciendo los deberes aquí, ya que nuestra comunidad tiene el consumo de agua más bajo por habitante y día de todo el Estado español, con 97 litros, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Cuestión que no ocurre con la agricultura, aunque es el caso más bien de Navarra, donde en torno al 80% de los usos consultivos del agua se destina a regadío.

En la hoja de ruta para dicha transición hídrica justa hemos de incluir además las soluciones basadas en la naturaleza (SbN), que se refieren a un conjunto de acciones o políticas que aprovechan el poder de la naturaleza para abordar algunos de nuestros desafíos sociales más urgentes, como la amenaza de la disponibilidad del agua, el creciente riesgo de desastres o el cambio climático, y una gobernanza real del agua. Esta gobernanza pasa por una participación activa y real de todos los sectores sociales y ciudadanos; por una coordinación muy estrecha entre administraciones a todos los niveles; y, por una gestión adaptativa que se vaya ajustando a los cambios que impone el cambio climático.

La actual agenda global del agua ya no es adecuada para el Antropoceno. Un enfoque limitado en el agua potable, el saneamiento y pequeñas mejoras en eficiencia no será suficiente para resolver los crecientes riesgos relacionados con el agua. De hecho, ese enfoque limitado comprometerá cada vez más el progreso en la acción climática, la protección de la biodiversidad, la gestión de la tierra, la seguridad alimentaria y la paz.

El año 2025 que acaba de finalizar, pasará a la historia como un año extraordinariamente cálido, que, a falta de confirmarse será el segundo más caluroso a nivel global hasta la fecha. Los datos son muy preocupantes, pero todavía es más alarmante que en el promedio trienal del período 2023-2025 se haya superado los 1,5ºC por primera vez, que sigue siendo el objetivo del Acuerdo de París para finales del presente siglo, aprobado en la conferencia sobre cambio climático de la ONU de 2015 (la COP21), hace ya más de diez años.

Ya 2025 comenzó mal en materia climática. Donald Trump se hizo con la presidencia de la primera potencia global en noviembre de 2024, pero a finales de enero se hizo oficial: Estados Unidos salía del Acuerdo de París. Esa decisión tuvo su influencia en la Cumbre del Clima de Belém (COP30) celebrada el pasado noviembre. Ni hoja de ruta para acabar con los combustibles fósiles, ni incremento de los compromisos de los países para descarbonizar sus economías, ni los fondos necesarios para hacer frente al problema. La declaración final de la Cumbre, si bien recoge algunos avances no demasiado concretados, como la puesta en marcha del Mecanismo de Belém para la Transición Justa, queda muy lejos de las expectativas de una presidencia brasileña que había puesto el listón mucho más alto, pero que fue frenada por una unión de países petroleros y naciones en manos de gobiernos partidarios de retrasar, cuando no torpedear, la lucha contra la crisis climática.

En 2025, un equipo internacional de científicos de World Weather Attribution (WWA) que realiza estudios rápidos sobre fenómenos extremos con elevados impactos entre la población para determinar qué papel ha jugado el cambio climático en esos episodios, han investigado 22 de esos eventos en África, América, Asia, Europa y Oceanía. En 17 casos han determinado que fueron “más graves o más probables debido al cambio climático”. En los cinco restantes, explica WWA en su informe, los resultados no fueron concluyentes debido fundamentalmente a la falta de datos meteorológicos y a las limitaciones en los modelos climáticos. Entre los eventos que analizaron y en los que sí localizaron la huella del calentamiento global como agravante están los incendios de agosto en el noroeste de la península Ibérica. De entre todos los fenómenos meteorológicos extremos, WWA considera que las olas de calor fueron las más mortíferas de 2025.

Este 2025 ha sido también el año del ascenso de los movimientos negacionistas, con Donald Trump a la cabeza, y donde la ultraderecha ha impuesto sus políticas retardistas y antiecológicas en Europa. Los Paquetes Ómnibus (Omnibus Packages) de la UE, especialmente los recientes (como el Ómnibus VIII presentado a finales de 2025), bajo la excusa de que buscan simplificar la legislación ambiental para reducir la carga administrativa a las empresas, se traduce en el debilitamiento de normativas clave como la Directiva de Emisiones Industriales, la Directiva Marco de y la eliminación de obligaciones de planes de transición climática.

Tampoco puede ser ignorada en 2025 la noticia del Instituto para la Investigación del Cambio Climático de Potsdam que certificó en septiembre que la humanidad había rebasado el séptimo límite planetario para una existencia segura: la acidificación de los océanos. Un problema, por cierto, causado en gran parte por la quema de combustibles fósiles que provoca una mayor presencia de CO2 en nuestra atmósfera. De un total de nueve, solo dos límites siguen en la zona segura: el agujero de ozono y la contaminación de aerosoles y partículas en la atmósfera. Los otros siete han ido a peor. Se trata de la crisis climática, la integridad de la biosfera, el uso de agua dulce, la deforestación y los cambios de uso del suelo, la contaminación química, y los ciclos del nitrógeno y el fósforo.

Y por finalizar este breve balance climático de 2025, el último ejemplo ha sido el fin del veto a los coches de combustión, que los 27 habían pactado prohibido vender en 2035. En el fondo, se encuentra la lucha por la hegemonía en el coche eléctrico que los fabricantes europeos están perdiendo frente a sus competidores chinos. Una vez más, el dinero ha ido por delante de la crisis climática.

También ha habido alguna noticia positiva en materia climática: la Corte Internacional de Justicia sentenció en julio que las medidas gubernamentales que impulsan el cambio climático son ilegales y que los Estados deben ser considerados legalmente responsables de sus emisiones. El fallo es histórico por ser el primero emitido respecto a la emergencia climática del tribunal internacional más importante de la Tierra y porque, aunque no es vinculante, podría desencadenar “una reacción en cadena que acelerará los litigios climáticos a escala mundial”, tal como señalaban las organizaciones impulsoras de proceso judicial nada más converse la decisión.

Cabe mencionar también la reactivación de movimientos de ciudadanía en distintos países, y en Valencia, con ocasión de la dana, que han demostrado que la presión social puede reorientar dinámicas y pueden activar cambios relevantes en políticas y estructuras. Una noticia especialmente esperanzadora fue el fin de la sombra que sobrevolaba la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. El Patronato del Museo Guggenheim Bilbao descartaba definitivamente el controvertido proyecto de expansión del museo. Es el triunfo de la movilización de la sociedad civil.  

No obstante, el balance es pesimista. La política continúa acomodándose a la economía cuando debería ser lo inverso. Las instituciones que debieran proteger a la población están capturadas por intereses que se benefician del statu quo fósil. El sistema climático cruza umbrales irrevocables. Es necesaria la movilización social y la recuperación real de la autonomía ciudadana, e instituciones y empresas que se adapten a los límites biofísicos y políticas que se ajusten a la realidad climática.

A medida que los impactos climáticos se intensifican y golpean especialmente a los países más vulnerables del mundo, es prioritario aumentar los esfuerzos de adaptación al cambio climático. Así se indica en el informe “La Brecha de Adaptación 2024”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Los retrasos en la adopción de soluciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero comportarán mayores impactos del cambio climático, lo que hará que empeoren las actuales condiciones, que acarrearán incendios forestales, olas de calor, inundaciones, sequías... Pero, ¿estamos preparados para afrontar las amenazas del cambio climático?

Aun logrando todos los objetivos de mitigación (reducción de los gases de efecto invernadero) –algo que a estas alturas parece muy improbable–, los impactos del cambio climático irán a más. Por tanto, la adaptación al nuevo y peligroso clima asoma como un reto impostergable para que las alteraciones que van a ocurrir en todos los ámbitos de nuestras vidas –salud, economía, agricultura, energía, movilidad, industria, ciudades, etc.– nos afecten lo menos posible. 

En Europa, a pesar de que el cambio climático es una de las principales prioridades de la mayoría de los alcaldes de 54 ciudades, una quinta parte de ellas no cuenta con un equipo dedicado a la adaptación al cambio climático, y, por otra parte, la financiación es escasa.

Eso lo refleja una nueva encuesta de Eurocities Pulse, que viene a decir que las amenazas climáticas están avanzando más rápido que la capacidad de las ciudades europeas para adaptarse. Entre los riesgos urbanos más urgentes destacan las olas de calor, las inundaciones y las sequías. 

El sondeo analizó 54 ciudades de 17 países europeos, incluidos Portugal, Italia, Alemania, España y Francia. La falta de financiación, la escasez de personal y la débil coordinación entre organismos siguen siendo los grandes obstáculos para mejorar la planificación de las políticas de adaptación.  

En lo que respecta a Navarra y en lo relativo a financiación de la lucha contra la crisis climática, el documento clave es el “Informe de perspectiva climática” que el Gobierno de Navarra elabora y adjunta al Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra (PGN) cada año, como el de 2025, donde se detalla cómo se integra la acción climática en las cuentas públicas, siguiendo la ley foral de cambio climático y transición energética, evaluando el impacto ambiental de los gastos e ingresos y destinando fondos a políticas de sostenibilidad, según el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

En la citada publicación de 2025, se viene a decir que la incorporación de la perspectiva climática en los presupuestos es crucial para abordar los objetivos climáticos. La Ley Foral 4/2022 establece la obligación de incluir partidas para adaptación y mitigación del cambio climático en los Presupuestos Generales de Navarra.

En el informe se identifican 100 partidas con perspectiva climática para el año 2025, distribuidas en 10 Departamentos del Gobierno de Navarra. La cuantificación de los presupuestos climáticos previstos para 2025 alcanza 133’1 millones de euros. La mayor parte del gasto se destina a la mitigación del cambio climático (78%), mientras que el resto (22%) se dedica a la adaptación. No obstante, si el 78% de los fondos se han destinado a la mitigación y solo el 22% a la adaptación, quizá haya llegado el momento de invertir más en prepararnos.

Si bien reducir emisiones es muy importante, y podemos hacer mucho más en Navarra, prevenir y adaptarse ya no es una opción, es un imperativo y una acción inaplazable. Para ello, se requiere un análisis de riesgos climáticos relevantes en tofos los sectores que conforman el sistema socioecológico y económico navarro: salud, agua, biodiversidad, sector forestal, agricultura, energía movilidad, industria, turismo, sistema financiero, patrimonio cultural, cohesión social y municipios, que oriente la planificación de políticas públicas de adaptación y la integración de la variable climática en la toma de decisiones. 

Pero, además, uno de los requisitos en las políticas de adaptación al cambio climático es contar con una adecuada dotación presupuestaria en los Presupuestos Generales. Actuar ahora no solo es más rentable económicamente, sino que salva vidas. Cada euro invertido en medidas de adaptación puede evitar mayores costes en el futuro. El cambio climático está aquí, y es una amenaza muy grande que pone en riesgo la forma de vida tal como la conocemos.

Pero llama la atención que el Gobierno de Navarra destine ingentes fondos a determinados proyectos, mientras que las políticas de adaptación, con la importancia y prioridad que tienen, se doten con tan escaso presupuesto.  

Es el caso, entre otros, del Tren de Alta Velocidad (TAV), al que distintos sectores cuestionan su utilidad para la sociedad navarra, y, que, según la Cámara de Comptos, los 214 kilómetros que tiene esta infraestructura entre Castejón e Iruña-Pamplona costarán entre 3.000 y 4.000 millones de euros, sin contar la estación en la capital de Navarra y la conexión de la 'Y vasca', que tendrán su propio presupuesto, y aún su trazado está por decidir. Mientras tanto, en el período 2015-2025 la única inversión recogida en los presupuestos de Navarra para fomentar el transporte público ha sido de una media anual de entre 10 y 15 millones, dedicados en su totalidad a subvenciones. 

¿Somos conscientes de la situación de emergencia climática en que vivimos?