Formar parte de la gran maquinaria que gestiona la educación pública canaria debería ser un honor, ya sea desde la limpieza y mantenimiento de los centros, la administración, la docencia, los padres y madres o las direcciones políticas. Esa maquinaria, cada engranaje, afina o desafina la formación intelectual, cultural y humana de la siguiente promoción de estudiantes; por tanto, afina o desafina el nivel social (el tipo de trabajo, los salarios e inquietudes) del archipiélago que está por venir a medio plazo.

El Parlamento es uno de esos engranajes de la gran maquinaria que gestiona la educación pública canaria. El PSOE ha defendido en los últimos meses cuatro propuestas centrales para mejorar el ‘afinado’ del curso 2017-2018. Algunas han contado con el apoyo mayoritario de la Cámara y otras con su respaldo unánime. Es decir, el engranaje funciona hasta que llega la hora del Gobierno que, en su huida hacia adelante, ignora las soluciones para la educación pública que aprobamos en el Parlamento.

Es entendible así que los y las socialistas acojamos con sentimientos contrapuestos que el Gobierno, finalmente, haya asumido para su gestión al menos una de esas cuatro propuestas centrales, y este curso comience con un aumento de plazas de profesorado (aunque sigue siendo de las peores comunidades autónomas en cuanto a ratio de alumnos por profesor).

Haber conseguido que Educación aumente las plazas de profesorado en el curso 2017-2018 es positivo, pero como suele ocurrir con este Gobierno, las alegrías se quedan muy a medias cuando el equipo de Clavijo también ignora la creación de becas para Educación Infantil de 0 a 3 años, continúa la privatización de los comedores escolares y retrasa la modificación del Decreto sobre vivienda vacacional.

Esas han sido las cuatro propuestas centrales del PSOE para este curso, en línea con lo que hizo Educación en la pasada legislatura: la ampliación de la plantilla docente, la creación de una bolsa de cuatro millones de euros para becas destinadas a niños de 0 a 3 años, la recuperación de los comedores escolares públicos en lugar de los catering (para mejorar la alimentación de los alumnos cocinando en el propio centro) y la mejor regulación de las viviendas vacacionales que en islas como Lanzarote y Fuerteventura impiden a los docentes alquilar un piso durante el curso.

En cuanto a las becas para Educación Infantil de 0 a 3 años, el PSOE propuso crear una bolsa de más de 4,1 millones de euros para familias con menores a cargo. Logró su aprobación en el último Debate de la Nacionalidad (2017), pero su posterior materialización en la Ley de Crédito Extraordinario, en la que Educación dispuso de 50 millones, fue rechazada por CC y otros grupos en ese momento afines al Gobierno.

Los socialistas consideramos que la decisión de incorporar a estos niños y niñas a la primera etapa educativa no debe depender de su capacidad económica sino de criterios exclusivamente pedagógicos o personales.

El Gobierno Clavijo en minoría tampoco secundó nuestra iniciativa parlamentaria de recuperar la gestión pública de los comedores escolares, tanto por criterios dietéticos para los alumnos como por razones laborales. De hecho, este próximo curso no sólo no recupera comedores, sino que privatiza siete más.

El Partido Socialista presentó varias enmiendas a una PNL de Podemos para hacer posible que los consejos escolares soliciten el cambio de gestión directa de los comedores escolares externalizados a través de un catering, y la comida del alumnado pase a cocinarse in situ con personal público.

Sacamos adelante en el Parlamento una propuesta muy completa y útil que otorga a los consejos escolares la capacidad de cambiar políticas silentes de privatización en los centros, y que afectan tanto a los alumnos como a los trabajadores, pero una vez más esa propuesta se ha estancado en el Gobierno y en su falta de voluntad o de capacidad para ejecutar los acuerdos parlamentarios.

Debo recordar un hecho que también complica el buen desarrollo del curso 2017-2018. El decreto del Gobierno de Canarias que regula la vivienda vacacional es uno de los causantes de la escalada de precios de los alquileres de viviendas en las zonas residenciales próximas a las zonas turísticas y, de forma general, en Lanzarote y Fuerteventura.

Así es casi imposible que un docente asignado temporalmente, por ejemplo, a Corralejo pueda pagar un alquiler en Fuerteventura y mantener su residencia familiar en otra isla. Pero el equipo de Clavijo, con la sentencia en la mano, prefiere dilatar la solución para las familias de docentes y trabajadores de hostelería que son los colectivos más afectados por esta nueva actividad económica y un decreto mal planteado.

Le reconozco a la consejera de Educación que asumiera al menos una de las cuatro iniciativas parlamentarias planteadas por el PSOE para mejorar las condiciones de este nuevo curso. También resalto que prestara atención (ella o su homóloga de Hacienda) a mi sugerencia para que pagara cuanto antes al personal docente no universitario los sexenios que le corresponden, sin esperar al año electoral como acaban de hacer.

Queda demostrado que la maquinaria funciona cuando todos los engranajes trabajan para un mismo objetivo: afinar la educación pública de Canarias.

No obstante, no nos conformamos con este gesto. Las reválidas no deben estar presentes ni siquiera como hechos testimoniales, que es la situación en que permanecerían tras el anuncio de que quedarán sin efecto para la obtención del título mientras continúan exigiéndose para el acceso a la universidad.

Resulta evidente que la reválida se ha revelado como un mecanismo ineficaz que nada tiene que ver con la calidad educativa. Desde que conocimos el contenido de la Lomce, desde el PSOE manifestamos que estas pruebas debían aplazarse y, ahora, volvemos a insistir en que esa flexibilización es absolutamente insuficiente: queremos su total eliminación y la derogación integral de la Lomce.

La ley del entonces ministro Wert será siempre recordada por la enorme oposición que generó en materia política y social. El Gobierno del PP decidió unilateralmente sustituir la LOE –la ley educativa más consensuada y dialogada de la historia- por una nueva norma que no vino sino a convertirse en la expresión de la incapacidad del Ejecutivo de propiciar acuerdos en educación y de responder a la aspiración a la tan ansiada estabilidad del sistema educativo español.

El desprecio a la comunidad educativa y a los interlocutores políticos y sociales fue la base en torno a la que giró todo el desarrollo de un texto que, recordemos, impone unos planteamientos segregadores e intervencionistas, nació sin una memoria económica creíble, conculca el principio de igualdad, devalúa la FP, organiza el currículo de manera antipedagógica, niega la diversidad lingüística de las comunidades autónomas, impone la recentralización educativa, limita la participación de la comunidad educativa y ataca a la equidad del sistema público, instalando un modelo elitista, economicista e impropio de un Estado aconfesional.

Sólo este año, y como consecuencia de la nueva mayoría parlamentaria tras los procesos electorales, el Congreso ha tumbado dos veces la Lomce y el PP ha vuelto a quedarse solo en su defensa. La última vez fue a principios de este mes, con 173 votos a favor de una nueva propuesta para paralizar el calendario de implantación, 34 abstenciones y los 133 votos en contra emitidos por el PP. El hecho de producirse este trámite con un Gobierno en funciones hace que la iniciativa pierda su valor, pero es indiscutible el nuevo revés que esto representa para el Ejecutivo ‘popular’.

Ahora el PP da un paso atrás con un sistema de reválidas que, como tanto se denunció en estos años, animaba a desconfiar del profesorado y no suponía ventaja alguna en cuanto a la formación integral del alumnado. Igualmente importante es recordar que la Lomce también ha servido para dejar fuera una asignatura tan importante como Educación para la ciudadanía, esencial para la educación en unos valores democráticos que el PP desprecia continuamente.

En el PSOE apostamos por la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos y, por supuesto, también en el educativo. La educación debe ser siempre un proceso integrador, de crecimiento personal, intelectual y social del alumnado. De ningún modo puede convertirse en un privilegio, por lo que es necesario trabajar con rigor y responsabilidad. Es mucho lo que nos jugamos; hablamos de darles o no a las nuevas generaciones la posibilidad de tener el futuro que deseen, de gozar de unos niveles de calidad óptimos, de recibir una formación completa, de desarrollar su espíritu crítico y de muchísimas cosas más. También queremos que España esté a la altura de los objetivos 2020 de la Unión Europea, porque estamos cansados de este largo viaje siempre en el vagón de cola.

Continuaremos defendiendo un gran pacto educativo por la estabilidad del sistema en España, por la mejora de la calidad. También debemos reiterar que los poderes políticos y las instituciones deben tender a la cercanía al contexto educativo, no ser meros espectadores que siguen desde lejos una secuencia de hechos como si nada tuviese que ver con ellos.

Desde el diálogo social y político, volvemos a animar al PP a que dé ese paso valiente, diga adiós a la Lomce y se sume a la apuesta ciudadana por una educación igualitaria y de calidad. Para ello, será necesario que el Gobierno del PP revierta todas las reformas educativas ideológicas realizadas en estos años.

Somos nosotros, los adultos, quienes tenemos la responsabilidad y la obligación moral de no inculcar a los niños y niñas ideas que puedan conducirles a actitudes de desprecio hacia los demás. Debemos construir una sociedad abierta, tolerante y respetuosa, trabajando para ello desde la infancia, en las familias y en las aulas. Es importante subrayar que muchos adultos trasladan sus miedos y complejos a sus hijos, sin ser conscientes -o, en el peor de los casos, siéndolo- de que esas ideas las van a reproducir.

Es justo recordar que el Partido Popular consideró necesario hacer desaparecer la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Sería este año, 2016, cuando según la Lomce del PP (y sólo del PP) se daría por completamente extinguida esta apuesta del Gobierno de Rodríguez Zapatero por promover una sociedad libre, tolerante y justa, que contribuya a la defensa de los valores y los principios de libertad, pluralismo o derechos humanos, entre otros. No obstante, dejemos por el momento en un veremos que así sea.

El respeto a las diferencias: incluso desde esta premisa tan básica se nos exige comenzar a reflexionar y a puntualizar. ¿Qué es exactamente la diferencia hoy, en la sociedad canaria del siglo XXI? ¿Qué, quién o quiénes determinan que una persona, un aspecto físico, un comportamiento sea diferente? ¿El hecho de que sea minoritario?

Somos nosotros quienes creamos las diferencias, quienes las catalogamos, al tratar lo no mayoritario o lo no convencional como algo anormal. Los niños y niñas acosados suelen ser personas no diferentes, sino especiales: especiales porque puede que sean más sensibles, puede que sean más maduras, puede que no hayan tenido la oportunidad de elegir ante ciertas circunstancias, puede que sí hayan tenido incluso más oportunidades que el resto pero no lo consideren importante...

“Eres un marica, eres aburrida, gordo, empollona, raro, cuatro ojos”... Ni en las aulas ni en casa podemos permitir que esto de lo que a menudo somos testigos se considere “cosas de niños”. En una situación de acoso, sucede que la víctima termina sintiéndose culpable, y cuando el asunto trasciende y se demuestra que efectivamente ha existido acoso escolar, esa culpabilidad se extiende al ámbito familiar.

Hablamos, por lo general, de niños y niñas que hacen bien las cosas, que son respetuosos con los demás, que sacan buenas notas pero, de pronto, comienza un cambio de actitud, en ocasiones como consecuencia del estado de ánimo en el que van entrando: aislamiento, depresión, tristeza, pasividad, apatía, agresividad, terrores nocturnos, excesiva dependencia de los adultos, llanto constante...

El miedo a relacionarse con niños de su edad conduce a que se refugien en otros más pequeños y se resistan a crecer para así sentirse protegidos. Especialmente grave llega a ser la situación cuando a todo esto se añade la violencia física o cuando el niño o niña acosada no ve otra salida que no sea imitar a su acosador.

No puede ser que ir al colegio se convierta en una tortura. No puede ser que un niño de seis años se refugie en los baños durante el recreo, solo, en silencio, esperando a que pase el tiempo para volver estar en su pupitre a salvo bajo la protección del maestro o maestra. Eso no lo podemos permitir. Se exige la implicación de la comunidad educativa, no tratarlo como un asunto menor porque, insisto, no son cosas de niños.

Hay que actuar ante la más mínima sospecha, por pequeña que sea, para así poder poner en marcha acciones en fases tempranas. Es muy importante tener presente que muchos niños no lo cuentan por vergüenza, por miedo o, lo que peor, porque admiten que merecen ser tratados así, pues a medida que aumenta el acoso disminuye la autoestima. Es clave la vigilancia en el centro, la labor de los docentes.

Los niños y niñas deben crecer jugando, riendo, compartiendo, disfrutando de la vida a esas edades, no sufriendo por sentirse peores, diferentes, raros. Los episodios de acoso escolar marcan el desarrollo posterior de la persona, su carácter. Adultos con problemas para relacionarse con otras personas, con miedos o tendencia a la depresión, en muchos casos han desarrollado ese carácter como consecuencia del acoso al que fueron sometidos en su infancia. El acosador termina destrozando la vida de esa persona.

Las nuevas tecnologías y las redes sociales, tan positivas para tantísimas cosas, hacen que ese acoso se lo lleven muchos niños a casa en la mochila, porque los insultos y las burlas continúan luego por Whatsapp, Twenty, Facebook... No se trata, ni mucho menos, de demonizar estas formas de comunicación, pero sí de advertir de la necesidad de que los padres y madres, en casa, estén atentos a lo que hacen sus hijos con el móvil o con el ordenador. Hay que proteger al niño o niña que sufre acoso, sí, pero también controlar al que presente conductas acosadoras.

Personas que lo han sufrido se preguntan por qué siempre es la víctima la que termina pagando las consecuencias: se le cambia de colegio mientras que el acosador o los acosadores continúan su vida normal, sin sufrir alteraciones. Desde el PSOE apostamos por impulsar acciones enfocadas a los niños y niñas que se demuestra que maltratan a sus compañeros. Es frecuente que sea el centro el que invite a la familia a cambiar a su hijo de colegio, lo que resulta claramente injusto y perjudica de nuevo a la víctima, al tiempo que altera la vida de toda la familia.

Igualmente importante es que los centros dejen constancia por escrito de la visita de padres y madres que acuden para contar lo que sus hijos, presuntamente acosados, les cuentan a ellos. Colectivos que trabajan en la materia recomiendan que así sea, es decir, que queden siempre registradas en el centro las advertencias que realizan los padres y madres sobre la información que reciben a través de sus hijos.

Insistimos hasta la saciedad: la clave está en prevenir, en educar y en intervenir cuanto antes. Acabo con un testimonio real rescatado de Internet: “Tengo... 67 años. No recuerdo cómo fue mi primer beso, pero no he podido olvidar el nombre de mis acosadores del bachillerato elemental (...). Mis delitos: llevar gafas, y ser larguirucho y risueño. Alguna vez he soñado con ellos. Nunca con mi primera novia”.