7.642 millones de euros para programas de Defensa, cero euros para el Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Este será el balance de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se aprobarán en mayo, a la espera de enmiendas que puedan ser incorporadas en el documento final. Oficialmente, los presupuestos ordinarios de Defensa para este 2017 suben tan sólo un 0,6% respecto a los del año pasado. Sin embargo, si sumamos la integración de los pagos pendientes de los programas de modernización de las Fuerzas Armadas, antes ocultos y los gastos camuflados en otros ministerios y departamentos, el incremento podría ser de hasta un 32%, como ya denunciaba hace unas semanas el Centre Delàs. Hay asociaciones que, después de un análisis detallado de todas las partidas, aseguran que el gasto militar total ascendería a 33.762,4 millones de euros, un presupuesto similar al que el último gobierno del PSOE destinó en el año 2011 a la lucha contra la violencia de género.

La partida destinada a combatir el machismo sufrió, con el cambio de gobierno, un recorte del 8,68% que no se ha rectificado, y los PGE no contemplan inversión alguna para desplegar la Convención de Estambul, ratificada por el gobierno español en 2014, ni para el mencionado pacto de Estado que, en teoría, debía desplegarse estos meses venideros. Hace ya más de 10 años que el Congreso español aprobó por unanimidad la creación de una subcomisión para analizar qué fallaba en la sensibilización y en las medidas de protección para combatir la violencia de género, con este acuerdo político y social en el horizonte. Desde entonces, el machismo asesino no sólo no ha remitido, sino que en sus manos han muerto 802 mujeres y niñas.

Aunque las dos partidas parezcan no tener relación, el discurso que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, utiliza para legitimar ese aumento en el presupuesto militar y el silencio de todo el gobierno sobre la necesidad de combatir los feminicidios, son dos caras de una misma moneda. Responden, de forma clara, a dos paradigmas sobre la seguridad: el que coloca al Estado, sus instituciones y la defensa de sus valores -el militarismo entre ellos- en el centro, y la que concibe como prioridad la seguridad de los individuos de una comunidad. Nombraría aún un tercero: el que percibe el género, la clase y la raza o etnia como factores clave a la hora de ser objetivo de amenazas específicas o de vivir experiencias concretas.

“La seguridad de nuestras familias empieza en las calles de Mosul”, aseguraba De Cospedal el pasado 8 de marzo en una comparecencia en Almería. Defendía, también, que “la expansión de la cultura de Defensa no sólo atañe al estamento militar, sino a toda la sociedad porque hoy no existe una auténtica división entre seguridad interior y seguridad exterior”. La ministra se remite así, en primer lugar, a uno de los más viejos pilares del discurso militarista: la equiparación entre el Estado, la familia y la nación. La nación es una gran familia que debe ser defendida, sus hombres son los héroes que deben matar y morir para salvarla y sus mujeres, como reza otro manido puntal del militarismo, deben ejercer de madres supremas y abnegadas, reproducir y cuidar a los soldados -y al resto de la sociedad- y enviarlos a morir.

Para De Cospedal, la gran amenaza, no sólo física, sino para los valores de la nación, está a miles de kilómetros, la batalla por nuestra seguridad se juega en otro continente, pero toda la sociedad debe militarizarse, ser cómplice de esa “cultura de la defensa”, porque la amenaza también es interna. Resulta, sin embargo, que, en su extrema mayoría, los habitantes del Estado Español que mueren de forma violenta no lo hacen en atentados terroristas, sino en suicidios, asesinatos machistas u homófobos, accidentes laborales o crímenes cuyo trasfondo son la pobreza o el racismo. Y resulta, también, que vivimos en un continente en el que una de cada tres mujeres ha sido maltratada o agredida sexualmente.

Pero la ministra y su gobierno reducen el término 'seguridad' a quien puede sufrir como mayor amenaza un potencial atentado terrorista, excluyendo a los numerosos sujetos cuya existencia cotidiana e integridad se ven amenazadas por otros muchos peligros que, como demuestra la inexistente inversión para el Pacto de Estado y el despliegue de las directivas europeas e internacionales, ni siquiera se conciben como ataques a la seguridad nacional. A quien protege, pues, esa Estrategia de Defensa Nacional de la que hablan?

Cuando la ministra se dirige a los otros partidos “para alcanzar acuerdos por encima de ideologías”, como si la seguridad fuese un concepto unívoco y objetivo, se remite, precisamente, a una forma concreta de percibirla: la realista. La que define la seguridad en términos militares, la que maneja la guerra como principal herramienta en un conflicto, la que coloca en el centro la defensa del Estado, sus estructuras y lo que cree sus valores.

De la misma manera que el Estado no es una estructura neutral en términos de clase, raza, género y orientación sexual -Catherine Mackinnon decía que “el Estado liberal es un hombre”, ahora añadiríamos que es, además, blanco, rico, heterosexual y sano- tampoco la seguridad está desprovista de connotaciones ideológicas y de género. En los años 90, escuelas críticas como la Noruega lograron extender globalmente el concepto de “Human security” (seguridad humana) como contraposición a esa seguridad militar realista. La seguridad humana desplazaba al Estado como sujeto central a proteger y ponía el foco en las amenazas al bienestar y a la integridad de la población, atendiendo derechos como la educación, la salud, la democracia, la degradación medioambiental y la proliferación de armas. Bajo esta perspectiva, la pobreza i la injustícia devenían, también, ataques a la seguridad, y se abogaba por abordar las nuevas y viejas amenazas con recetas no militaristas.

Las personas, y no los Estados, debían ser el objeto de la seguridad. Sin embargo, su caracter universalizador mantenía en la invisibilidad experiencias y daños que tenían y tienen que ver con el género, la sexualidad o la condición de legal/ ilegal. Partía, además, de la división entre lo doméstico y lo internacional, lo público y lo privado. Eso suponía, pues, seguir seleccionando de forma exluyente qué personas eran o no sujetos de derechos y de ciudadanía y qué vidas merecían ser protegidas.

Cuando el feminismo internacional comienza a introducir el análisis de género en los estudios de seguridad, lo hace desafiando no solo la idea del Estado como sujeto a proteger, sino la misma concepción del Estado como proveedor de seguridad. Una de sus mayores contribuciones es haber ampliado este concepto a las amenazas específicas para la vida y la integridad que ocurren en el ámbito privado, llevando la violencia contra las mujeres al ámbito público y obligando a la comunidad internacional a incluirla en la agenda política. Uno de los instrumentos surgidos de esa presión fue la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las mujeres (CEDAW), conocida también como la 'Convención de las Mujeres', cuyo comité instó al Estado Español en 2015 a revertir los recortes al considerar que habían supuesto un claro retroceso en materia de igualdad.

El Comité llega a asegurar en el informe que “está alarmado por la prevalencia en España de la violencia contra la mujer, incluida la violencia sexual, y por el alto porcentaje de mujeres que han muerto como resultado de la violencia de género en las relaciones de pareja”. A pesar de ello, el presupuesto estatal destinado a la lucha contra la violencia sexual sigue siendo inexistente, y solo 9 de las 17 comunidades autónomas disponen de partidas para combatirla.

Paralelamente al discurso de que Occidente necesita gastar más en seguridad para afrontar una gran amenaza, se reinstala en la sociedad un fanatismo patriarcal militante, que pone en la picota las libertades sexuales y el derecho al propio cuerpo. No es casual. El militarismo lleva asociado un programa moral muy conservador, lo que Rita Laura Segato llama “dueñidad”. La declaración de guerra tácita abarca no sólo la esfera económica, sinó también las vidas y cuerpos de quienes habitan en el Estado. Es un mensaje de dominio: 'esos cuerpos solo pueden ser vulnerados por los nuestros'.

Crec que no descobreixo res de nou si dic que la medicina, la investigació i la ciència, no han estat en general al servei de la salut, la comoditat o les preferències de les dones

Aquest dijous ens llevàvem amb una notícia que ha generat consternació, si atenem a la dimensió mediàtica de tot plegat, arreu del territori. I no m'estranya. La CUP vol imposar alternatives als tampons i les compreses. I, el més greu, vol que les dones joves rebin informació sobre què passa dins dels seus cossos i, impacta només d'escriure-ho, que la rebin per part d'organismes públics i no d'empreses privades. De les mateixes empreses privades que després els venen els seus productes com si fossin els únics existents.

Sí, comprenc perfectament la indignació generada, els nervis de punta de molts homes que han expressat el seu fàstic, desacord i disgust per la proposta. Ells, que parlen amb coneixement de causa i experiència, que frisen per sentir cada mes la sensació plaent d'extreure un tampó sec de l'interior dels seus cossos.

A priori, sembla fora de tota lògica que algú desitgi evitar a les dones, i especialment a les dones joves, un dispositiu de cotó recobert de blanquejants tòxics i que genera efectes tan beneficiosos per a la salut com ara la Síndrome del Xoc Tòxic (SST). Ei, i no ho diu Teresa Forcades en un vídeo, no. Us heu llegit mai aquells paperets doblegats que venen amb les caixes de la marca de tampons citada a la moció? Doncs de fet, el pamflet comença amb aquesta frase lapidària: “Probablement has sentit a parlar de la SST alguna vegada”.

Doncs no. No, perquè ningú no t'explica, tan aviat com et ve la primera regla, que els tampons són perillosos si oblides que els duus a dins i que et rasquen les parets de la vagina, amb la possibilitat de patir petites infeccions. El mateix que et pot passar si t'exposes a l'ambient humit de les compreses de cel·lulosa. Però això tant és quan la prioritat absoluta és evitar formes i olors, que ningú noti que ets humana i, el pitjor, que tu també ets portadora de l'estigma de sagnar de tres a cinc dies cada mes.

He de reconèixer que, d'entre la munió de comentaris que ridiculitzen la moció de Manresa, n'hi ha d'encisadors. Com ara el d'un home que assegura sentir-se molest per “la història de les compreses i tampons”. La “història”, la minúcia, la ximpleria de considerar d'importància política una fotesa com ara la salut pública de les dones. I suggereix, “sigueu més delicades/cats amb les qüestions fisiològiques d'un o altre sexe”.

El que recomana, en definitiva, és que els nostres ovaris i el què hi passa no siguin de domini públic. Paradoxalment, però, podria ser que aquest home que s'ha sentit molest tingui una opinió conformada sobre l'avortament, una altra qüestió que afecta eminentment el funcionament dels nostres propis ovaris, i que fins i tot el consideri un tema prou important per a ser debatut en les sagrades institucions.

Hom podria pensar, doncs, que el que molesta aquest home, i a tants d'altres que s'han atrevit a menysprear la moció, és que les dones joves s'hagin atrevit a qüestionar el que es considera o no política amb majúscules, que hagin tingut el valor de treure les seves regles de l'àmbit privat i les hagin fet esdevenir una qüestió de debat municipal, carregant-se pel camí l'estigma i el secretisme que acompanya la menstruació com si fos un fotut ritus ancestral.

El que molesta, en definitiva, és haver de parlar, en un àmbit tan extremadament masculinitzat com la política, de la salut de les dones. Perquè molt més enllà de l'anècdota, el fons de la polèmica, que de tan gastada se li veuen les costures, és que els nostres cossos només són una qüestió pública quan cal assegurar que la roda de la reproducció no s'aturi. Llavors sí, polítics, legisladors, metges i bisbes s'asseuen en una taula a disseccionar els nostres úters i ovaris. Perquè allò sí, allò és política amb majúscules i ningú es planteja que l'accés a l'avortament potser ni tan sols hauria de ser un tema de debat.

El problema no és que parlem de sang menstrual, el que cou és que les dones joves recuperem els nostres cossos introduint-los en la política, que la nostra salut sexual i reproductiva escapi del control de legisladors i polítics i que, a més, ens neguem que l'educació sexual i afectiva que rebem depengui d'empreses privades de productes higiènics.

Crec que no descobreixo res de nou si dic que la medicina, la investigació i la ciència, no han estat en general al servei de la salut, la comoditat o les preferències de les dones. I, tot i així, hi ha qui ha desenvolupat mètodes naturals, o barats, o ecològics, o simplement més saludables que ens permeten controlar els nostres processos menstruals i conèixer-nos millor a nosaltres mateixes. I l'obligació de les institucions, especialment de les més properes, és proporcionar-nos-en tota la informació i l'accés.

Creo que no descubro nada nuevo si digo que la medicina, la investigación y la ciencia, no han estado en general al servicio de la salud, la comodidad o las preferencias de las mujeres

Este jueves nos hemos levantado con una noticia que ha generado consternación, si atendemos a la dimensión mediática de todo ello, en todo el territorio. Y no me extraña. La CUP quiere imponer alternativas a los tampones y las compresas. Y, lo más grave, quiere que las mujeres jóvenes reciban información sobre qué pasa dentro de sus cuerpos e, impacta escribirlo, que la reciban por parte de organismos públicos y no de empresas privadas. De las mismas empresas privadas que luego les venden sus productos como si fueran los únicos existentes.

Sí, comprendo perfectamente la indignación generada, los nervios de punta de muchos hombres que han expresado su asco, desacuerdo y disgusto por la propuesta. Ellos, que hablan con conocimiento de causa y experiencia, que desean sentir cada mes la sensación placentera de extraer un tampón seco del interior de sus cuerpos.

A priori, parece fuera de toda lógica que alguien desee evitar a las mujeres, y especialmente a las mujeres jóvenes, un dispositivo de algodón recubierto de blanqueantes tóxicos y que genera efectos tan beneficiosos para la salud tales como el Síndrome del Choque Tóxico (SST). Eh, y no lo dice Teresa Forcades en un vídeo, no. ¿Os habéis leído aquellos papelitos doblados que vienen con las cajas de la marca de tampones citada en la moción de la CUP? Pues de hecho, el panfleto comienza con esta frase lapidaria: “Probablemente has oído hablar de la SST alguna vez”.

Pues no. No, porque nadie te cuenta, tan pronto como te viene la primera regla, que los tampones son peligrosos si olvidas que los llevas dentro y que te rascan las paredes de la vagina, con la posibilidad de sufrir pequeñas infecciones. Lo mismo que te puede pasar si te expones al ambiente húmedo de las compresas de celulosa. Pero esto da igual cuando la prioridad absoluta es evitar formas y olores, que nadie note que eres humana y, lo peor, que tú también eres portadora del estigma de sangrar de tres a cinco días cada mes.

Tengo que reconocer que, de entre la multitud de comentarios que ridiculizan la moción de Manresa, los hay encantadores. Como el de un hombre que asegura sentirse molesto por “la historia de las compresas y tampones”. La “historia”, la minucia, la tontería de considerar de importancia política una nadería como la salud pública de las mujeres. Y sugiere, “sed más delicadas/os con las cuestiones fisiológicas de un u otro sexo”.

Lo que recomienda, en definitiva, es que nuestros ovarios y lo que pasa no sean de dominio público. Paradójicamente, sin embargo, podría ser que este hombre que se ha sentido molesto tenga una opinión conformada sobre el aborto, otra cuestión que afecta eminentemente el funcionamiento de nuestros propios ovarios, y que incluso lo considere un tema suficientemente importante como para ser debatido en las sagradas instituciones.

Se podría pensar, pues, que lo que molesta a este hombre, y a tantos otros que se han atrevido a despreciar la moción, es que las mujeres jóvenes se hayan atrevido a cuestionar lo que se considera o no política con mayúsculas, que hayan tenido el valor de sacar sus reglas del ámbito privado y las hayan hecho convertirse en una cuestión de debate municipal, cargándose por el camino el estigma y el secretismo que acompaña a la menstruación como si fuera un jodido rito ancestral.

Lo que molesta, en definitiva, es tener que hablar, en un ámbito tan extremadamente masculinizado como la política, de la salud de las mujeres. Porque mucho más allá de la anécdota, el fondo de la polémica, que de tan gastada se le ven las costuras, es que nuestros cuerpos son una cuestión pública cuando hay que asegurar que la rueda de la reproducción no se detenga. Entonces sí, políticos, legisladores, médicos y obispos se sientan en una mesa a diseccionar nuestros úteros y ovarios. Porque eso sí es política en mayúsculas y nadie se plantea si el acceso al aborto debiera ser siquiera un tema de debate.

El problema no es que hablemos de sangre menstrual, lo que escuece es que las mujeres jóvenes recuperemos nuestros cuerpos introduciéndolos en la política, que nuestra salud sexual y reproductiva escape del control de legisladores y políticos y que, además, nos neguemos a que la educación sexual y afectiva que recibimos dependa de empresas privadas de productos higiénicos.

Creo que no descubro nada nuevo si digo que la medicina, la investigación y la ciencia, no han estado en general al servicio de la salud, la comodidad o las preferencias de las mujeres. Y, aun así, hay quien ha desarrollado métodos naturales, o baratos, o ecológicos, o simplemente más saludables que nos permiten controlar nuestros procesos menstruales y conocernos mejor a nosotros mismas. Y la obligación de las instituciones, especialmente de las más cercanas, es proporcionar sobre ello toda la información y el acceso.