Un amigo columnista asimilaba la situación actual a la de un viaje a bordo de un barco destartalado y a punto de zozobrar en cualquier momento y hacía una comparación con lo acontecido con la otra crisis más reciente a la que nos hemos enfrentado, la del 2008. En aquella ocasión nos tocó resistir a la tormenta con una oficialidad y una tripulación pirata, que solo se preocupó de buscar salvavidas para la banca, el IBEX 35 y unos pocos clientes de primera clase, sin preocuparse en lo más mínimo por los pasajeros más humildes que viajaban en las bodegas inferiores.

No me cabe la menor duda de que ahora estamos de suerte y en la gran mayoría de las instituciones, quienes tienen la responsabilidad de timonear la situación, están haciendo lo imposible para que el barco no vaya proa al marisco y para que toda la gente embarcada tenga alguna suerte de salvavidas. Tampoco dejo de reconocer que ahora se han multiplicado los escollos peligrosos y los tiburones sedientos de sangre que merodean la embarcación.

Ambas crisis, la del 2008, de más contenido económico y la actual, sanitaria sobre todo, son reflejos y, de alguna manera, consecuencia del agotamiento de un sistema, que además ha engendrado a la madre de todas las crisis, la climática, que nos sigue esperando con la celada preparada. Estos días hemos podido ver publicados datos esperanzadores sobre la mejora general de nuestro medio natural, como dos gráficos elaborados por la empresa tinerfeña Sistemas de Datos, tomando como base las informaciones proporcionadas por uno de los satélites Sentinel, antes y durante la situación de confinamiento por la COVID-19 y que muestran una brutal disminución en el cielo de Canarias de la contaminación atmosférica por Dióxido de nitrógeno (NO2), contaminante ambiental muy ligado a las emisiones del transporte.

Esta mejora indudable de la calidad ambiental y, en ciertas manifestaciones, hasta un desenfreno de la naturaleza como hacía tiempo que no se veía, no nos pueden llevar a engaños, estamos solo ante un espejismo producto de una eventualidad. Para muestra un botón: el efecto sobre la disminución de los GEI en la atmósfera ya se está revirtiendo a pasos agigantados con la vuelta de China a “la normalidad” y con las exigencias energéticas desenfrenadas de su industria ligera y pesada. Cuando los otros dos gigantes industriales y de consumo del mundo, la UE y los Estados Unidos, se incorporen plenamente a “normalidad” anterior, el espejismo desaparecerá de inmediato.

Sin embargo, yo sigo la senda del optimismo y la de creer en el poder transformador de la humanidad, tal y como lo ha expresado recientemente en una entrevista el profesor Wolfredo Wildpret y considero que de la crisis sanitaria en la que estamos inmersos tenemos que sacar positividades que hagan que el efecto sobre el clima no sea un sarampión pasajero. En cualquier caso, pobre de la humanidad si se confía en que este barco va llegar a buen puerto sin hundirse, reparar sus averías y volver a zarpar para realizar las mismas singladuras. Con esta pandemia no se va a acabar el mundo, pero con toda probabilidad sí se acabará un mundo, el de la “normalidad” que nos ha llevado hasta aquí y al que sería un suicidio intentar volver.

En la Concejalía de Medio Ambiente y Lucha Contra el Cambio Climático de La Laguna lo tenemos presente y, a pesar de que ahora el grueso de nuestras energías, como en el resto de áreas del Gobierno municipal, están puestas al servicio de combatir los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria sobre la ciudadanía lagunera, seguimos con la máquina avante, sin perder el rumbo y plenamente conscientes de que continuamos en emergencia climática y que por tanto tenemos la obligación de enfrentar a la madre de todas las crisis, esa que puede cuestionar la pervivencia del planeta y de la humanidad con mayor virulencia que la de la de 2008 y la de la COVID-19 juntas.

Sus consecuencias económicas son innegables y es indudable que se puso en riesgo la seguridad de miles de personas que, como las que habitan los caseríos de Anaga, estuvieron varias horas aisladas sin posibilidad de poder comunicar cualquier emergencia.

En la “Arabía Saudita de las energías renovables”, como se ha bautizado a nuestro archipiélago por expertos de primer nivel mundial por sus potencialidades en esta materia, y cuando la madurez de la tecnología y las caídas de los precios configuran un viento de cola muy propicio, es inexplicable que por un fallo en una estación transformadora se haya sufrido un apagón de esta magnitud, que ha afectado a más de un millón de personas y que informativamente ha trascendido nuestras insulares fronteras. Sin lugar a dudas estamos recogiendo los frutos de la negligencia de quienes han gobernado estas islas en las últimas décadas.

Formulada la crítica por lo acontecido y aprovechando que también se hace cierto lo de “no hay mal que por bien no venga”, es la hora de ser propositivos y poner en el tablero del debate soluciones para que esto no vuelva a suceder o, por lo menos, para minimizar los efectos de futuras eventualidades en el sistema energético insular.

En estos momentos las instituciones, especialmente las locales, tienen en sus manos dos grandes herramientas que les permiten transitar por la senda de un nuevo modelo energético no centralizado y basado en las energías renovables: la comentada madurez y abaratamiento de la tecnología, especialmente la fotovoltaica y la química de acumulación, sin olvidar otras como la eólica o la geotermia de baja y alta entalpía y, sobre todo, un marco legislativo superador del atávico impuesto al sol de Soria, el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica y que no solo permite el autoconsumo individual y colectivo, sino que va más allá y permite la inyección de excedentes en red, compartir la energía en un radio de 500 metros e incluso alienta experiencias novedosas como las comunidades energéticas.

En La Laguna, donde tenemos un gran potencial para el desarrollo de las energías renovables, nos hemos puesto a hacer la tarea y, después de marcar una hoja de ruta con la declaración de la emergencia climática y la firma de compromisos rigurosos para descarbonizar el municipio en un 40% en 2030, estamos creando las condiciones para hacer posible una verdadera transición energética municipal que se debe basar en el ahorro, la eficiencia y la utilización masiva de las energías renovables.

Esta transición tiene como grandes líneas maestras: la elaboración de un plan estratégico municipal para la transición energética; políticas de ahorro y de concienciación ciudadana; potenciación de las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en edificios municipales y en las promociones de viviendas sociales; medidas fiscales, de subvenciones, de abaratamiento y simplificación de trámites urbanísticos, que incentiven las instalaciones fotovoltaicas en todo tipo de edificaciones; estudio inmediato de las posibilidades de la geotermia de baja entalpía en el casco del municipio, donde la existencia de un acuífero a poca profundidad parece que ofrece unas condiciones ideales para aplicar esta tecnología; creación de una oficina técnica de apoyo a la transición energética, que desarrolle su trabajo a pie de calle, informando a la ciudadanía en las AA. VV., comunidades de viviendas, colectivos sociales, etcétera, de todo el potencial que tiene el comentado decreto de autoconsumo y de los incentivos municipales para dar ese gran salto hacia un nuevo modelo energético.

Esta senda que tomará La Laguna no la vamos a transitar en solitario y en estos momentos ya hemos iniciado un proceso en el que estamos implicados diez municipios tinerfeños, de distinto color político, pero todos convencidos de que tenemos la ineludible obligación de ponernos al frente de procesos de transformación que nos permitan enfrentar la emergencia climática, siendo modélicos, innovadores y dando ejemplo a nuestra ciudadanía.

No nos cabe la menor duda de que, siguiendo el ejemplo de otras ciudades como Rubí (Barcelona) o el que se desarrolla de forma unitaria en los catorce municipios y el Cabildo Insular de La Palma, a este proceso se van a sumar cada vez más municipios tinerfeños y en pocos años estaremos muy avanzados en un nuevo modelo descentralizado y más democrático, que va a permitir el empoderamiento energético de la ciudadanía. Entonces tendremos en nuestras manos una poderosa herramienta con la que los ceros energéticos insulares serán cosa del irracional y obsoleto modelo actual.

Y todo esto sucede mientras la crisis económica castiga duramente a la ciudadanía en general y de un modo lacerante a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, que ven con impotencia como las instituciones que tendrían que defenderlos y velar por sus intereses hacen la vista gorda ante el problema.

Por otra parte, los continuos escándalos de corrupción, que vinculan a una parte de la política y la actividad económica-financiera, están contribuyendo a crear una brecha social entre la población y la elite político financiera que da sustento a esa situación y que sumado a las consecuencias nefastas de las políticas neoliberales (recortes, pérdida de derechos laborales y civiles, pauperización de los servicios públicos...), ponen en entredicho no solo al sistema político y la calidad de la democracia, sino que están contribuyendo a romper la cohesión social.

Todas las administraciones públicas, también los gobiernos locales a pesar de escaso margen de actuación en fiscalidad, deben velar por el cumplimiento de buenas prácticas financieras y fiscales, preservando la ética de los negocios, la transparencia, la igualdad de oportunidades y la lealtad en la competencia, ya que, entre otros males, la evasión fiscal es una medida que permite a las grandes corporaciones tener posiciones ventajosas frente a las pequeñas o medianas empresas locales.

No es cierto que no se pueda hacer nada contra esta lacra, que solo sea cometido de las grandes instituciones de ámbito supranacional o que se mantenga porque los gobiernos no alcanzan a controlar la economía globaliza. Al contrario, este combate contra la evasión y la irresponsabilidad fiscal se debe plantear y se debe ganar en todos los ámbitos, empezando por organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a los ayuntamientos y terminando en los foros políticos más alejados y poderosos.

De hecho, la evasión hacia paraísos fiscales está ahora en la agenda de la UE, de la OCDE, del G8, del G20 y otros organismos de carácter global, gracias a iniciativas que parten desde esa base ciudadana de las sociedades más avanzadas.

Así, en los últimos años en el ámbito local han florecido iniciativas pioneras de exigencia de compromiso con la responsabilidad fiscal y en contra de los paraísos fiscales promovidos por organizaciones del tercer sector, como Oxfam-Intermon y la Plataforma por una Fiscalidad Justa. En Europa destacan algunas regiones y ciudades francesas, como Grenoble y Estrasburgo y muchas municipalidades de Suecia, Noruega y Finlandia.

En el Estado español, después de las últimas elecciones locales y con la entrada de las fuerzas del cambio en muchos municipios, ya sea en los gobiernos o en la oposición, empiezan a aprobarse declaraciones institucionales de “municipios libres de paraísos fiscales” e iniciativas que van más allá exigiendo garantías éticas y una mayor transparencia y responsabilidad fiscal en la gestión de sus licitaciones públicas a empresas y personas. Así lo han hecho Mataró, Castellón de la Plana, Tarragona,..., y muy recientemente Barcelona.

Siguiendo las directrices del Informe BEPS (Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios -Base Erosion and Profit Shifting-) de la OCDE, que se aplica ya en el Estado español en el sector financiero, y en el marco del contexto social anteriormente descrito, desde Unid@s se puede pretendemos que el Pleno lagunero suscriba una declaración simbólica y moralizante de que nuestro municipio está libre de paraísos fiscales.

Además proponemos otras medidas prácticas para requerir que las grandes empresas que concurran a concursos públicos municipales deban presentar informes de responsabilidad fiscal, especificando en su caso en qué países tienen filiales y tributan impuestos y una declaración jurada asegurando que sus directivos no tienen vinculación con empresas, sociedades financieras o bancos que estén situados en países catalogados como paraísos fiscales.

De conseguirlo, cosa en la que confiamos porque no encontramos argumentos para que el resto de partidos de la corporación pueda votar en contra, La Laguna sería el primer municipio de Canarias que se suma a este movimiento social en contra de la evasión y los paraísos fiscales.

Su capital social se reparte de la siguiente manera: Canaragua Concesiones, S.A. 49,70 %, Ayuntamiento de La Laguna 40,26 % y Ayuntamiento de Tacoronte 10,04 %, por lo que está clasificada dentro del sector público del Ayuntamiento de La Laguna, entidad ante la que tiene que responder en primera instancia y a efectos de sus presupuestos y cuentas anuales, así como de sus respectivos informes de estabilidad.

Los servicios que presta Teidagua cumplen con todos los preceptos que establece el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales para que su cobranza sea por medio de una tasa y no de un precio público como se viene haciendo en los últimos años. Una sentencia de 23 de noviembre de 2015 del Tribunal Supremo fulmina la discusión doctrinal sobre la posibilidad de que este servicio se pueda seguir cobrando como precio público, con independencia de que lo preste la administración directamente o una sociedad mercantil municipal o privada en régimen de gestión indirecta.

Que el recibo del agua en La Laguna se le cobre a los usuarios de una forma o de otra no es una cuestión baladí. El precio público debe cubrir como mínimo el coste real del servicio y de ahí para arriba se puede incrementar en la cantidad que estime la Junta General y el Pleno municipal, mientras que una tasa lo debe hacer por el máximo de su coste real y no debería generar beneficios.

Analizando los datos que aparecen en el portal de transparencia de Teidagua, nos encontramos que tuvo un balance positivo en sus cuentas de resultados de 2.289.524,77 en 2014 y de 2.258.878,08 € en 2013, que consolidaron un reparto de dividendos por importe de 2.264.799,01 € en 2014 y 2.016.687,88 € en 2013, lo que demuestra que los precios o tarifas abonados en los municipios de Tacoronte y La Laguna han sido superiores a los que se deberían haber cobrado si se hubiese establecido una tasa.

Como consecuencia de la política empresarial diseñada, si analizamos la rentabilidad obtenida, nos encontramos que un capital social (recursos aportados por los socios) de 4.128.938,70, generan una rentabilidad en 2013 del 48,84% (2.016.687,88€) y en 2014 del 54,85% (2.264.799,01€), lo que garantiza la reposición de la inversión en menos de dos años, algo desmesurado que para sí quisiera cualquier empresa que tuviese que sobrevivir en el sector privado en un régimen de libre competencia.

En el caso del socio privado de Teidagua, una empresa foránea filial de Aguas de Barcelona y de la multinacional Grupo Agbar, a los desproporcionados dividendos obtenidos se tiene que añadir el 4% del importe de la facturación de la sociedad, en torno a 1 millón de euros. De esta forma, en los dos ejercicios analizados ha obtenido unos ingresos superiores al doble del importe de la inversión realizada, es decir, en tan sólo dos ejercicios ha sido capaz de recuperar la inversión realizada (2.052.082 €) y además obtener unos ingresos adicionales ligeramente superiores a los 2.000.000 €. En tres ejercicios el beneficio generado duplicaría la inversión realizada, en cuatro ejercicios la triplicaría,...

En un contexto de profunda crisis económica y de una auténtica emergencia social en nuestro municipio, se ha utilizado la cobranza como precio público por los servicios municipales prestados a través de Teidagua para proceder a establecer unas tarifas muy por encima del coste real, interpretación que claramente constituye un fraude de ley en perjuicio de la ciudadanía lagunera y tacorontera, al mismo tiempo que se generaba un beneficio a un particular (Canaragua) con recursos públicos, por cuyos servicios, además, esa sociedad ya recibe un 4% del importe de la facturación total de Teidagua.

Tampoco se puede obviar otra situación, cuando menos curiosa, que se da en el seno de Teidagua, que contrata gran parte de su actividad a otras empresas privadas vinculadas a Aguas de Barcelona (Aqualogy Solutions, Aquagest Servicios, Pozos y Recursos del Teide, Aquadom,...), lo que conlleva falta de concurrencia pública, precios poco eficientes por los servicios prestados y al final un beneficio extra para la parte privada, en detrimento de la pública y, sobre todo, de la ciudadanía, que actúa como una clientela cautiva de una empresa que ejerce su actividad en régimen de monopolio.

Para rematar el ramo, Canaragua ostenta la gerencia de la empresa, algo que le garantiza casi un control absoluto sobre la gestión de Teidagua; ¡el regalo maravilloso que todo empresario le pediría a los Reyes Magos!

Además, en los años 2013 y 2014 se produce un “grave error” en el cálculo de la previsión de los resultados positivos del ejercicio y, por lo tanto, de los dividendos a distribuir, diferencias que en ambos ejercicios ascienden al 100% de su cuantía, es decir, el resultado del ejercicio finalmente obtenido es del doble del valor del incluido en el presupuesto. De esta situación se podría deducir que la forma de elaboración de los presupuestos de la sociedad ha sido muy deficiente o que al aprobarlos con beneficios reducidos se estaba intentando ocultar los objetivos empresariales a obtener.

Los datos que acabamos de poner de manifiesto nos permiten afirmar que los concejales y las concejalas que formaban parte del Consejo de Administración de Teidagua, S.A. en ese periodo, fueron conscientes y participes de esta situación irregular, tanto en el momento de diseñar los objetivos a conseguir por la empresa, aprobación del presupuesto, como en el momento de analizar y aprobar las cuentas anuales.

Todo esto sucede con un Consejo de Administración de Teidagua que se ha repartido unas dietas absolutamente desorbitadas ( 72.763,75 € en 2012, 83.837,59€ durante el ejercicio 2.013 y 73.528,66 € en 2014, más de 6.000€ de media por unas pocas horas de reunión al año), que nos lleva a que nos cuestionemos si no eran conscientes de que con sus decisiones estaban generando un enriquecimiento ilícito a los socios privados de la empresa y que lo hacían con fondos públicos.

En nuestra opinión esta situación irregular debería conllevar la devolución de las cantidades percibidas en concepto de dividendos por los tres socios a la sociedad Teidagua, S.A., para ser utilizadas en la mejora de los servicios municipales cuya prestación ha generado estos beneficios o procederse al reintegro a los usuarios de ambos municipios.

Asimismo, se deben exigir responsabilidades a los miembros del Consejo de Administración con nombramiento municipal que han promovido cobrar unos precios por los servicios municipales en los Ayuntamientos de La Laguna y Tacoronte por encima de los costes reales de los mismos y que han acordado la aprobación de estos presupuestos y los correspondientes repartos de dividendos producidos.

Todos los interrogantes que salen de los datos que aportamos fueron presentados por Unid@s se puede al alcalde de La Laguna en una comparecencia en el último Pleno del 14 de abril, recibiendo la callada por respuesta y un denso informe propagandístico sobre Teidagua, con vaguedades y obviedades, casi todas copiadas de la propia web de la empresa.

Javier Abreu, quien fuera máximo responsable político de Teidagua hasta hace poco, siendo concejal opositor,en noviembre de 2010, dijo que “en La Laguna el agua hace daño a la salud y al bolsillo y que al final te matan de una manera o de otra” y aunque con las extracción de agua del pozo de Las Mercedes y de Las Gavias, sin entrar en el debate sobre la sostenibilidad de esta medida, se ha conseguido mejorar la calidad del agua, en lo segundo no le faltaba ni pizca de razón.

Nos reafirmamos en decir que por mucho que se empeñe el alcalde de La Laguna, las aguas de Teidagua no son tan transparentes como quiere hacernos creer y que tal vez ha llegado la hora de empezar a hablar en serio de remunicipalización de servicios públicos.