La pandemia de COVID-19 y su consecuente situación de emergencia han sacado a la luz las debilidades que nos amenazan como sociedad. Es en esos momentos cuando necesitamos una Constitución que nos proporcione seguridad en la garantía de los derechos, capacidad de decidir, protección frente a las amenazas y, sobre todo, un renovado objetivo colectivo. La referencia a una Constitución de la Covid-19 no se refiere, es obvio, a una Constitución para un virus en particular, sino a una Constitución para cualquier virus; para cualquier amenaza similar que nos obligue, como ha sido el caso, a permanecer en nuestras casas, limitar nuestros movimientos, experimentar cómo se evaporan cosas que creíamos muy seguras y que ahora simplemente han quedado en algo que solíamos hacer siempre. 

Sin embargo, ya sabemos que la Constitución actualmente vigente, la que sirvió para la Transición, no puede ser objeto de reforma sustantiva por ella misma. Cada año por estas fechas, cuando todo el mundo habla de reforma de la Constitución pero aún no nos hemos movido de la casilla de salida, el tiempo nos da la razón en esta afirmación a quienes hemos advertido que la reforma de la Constitución es un canto de sirenas, porque los protagonistas del postfranquismo la dejaron atada y bien atada. Tan atada que solo ha sido susceptible de dos concretas enmiendas mediante mayorías parlamentarias coyunturales en momentos muy oportunos. Y nada más. Cuando se trata de tomar grandes decisiones que afectan al “pacto” constituyente de 1978, la Constitución saca las garras y convierte su reforma en una yincana imposible de completar.  

Pongamos por caso que decidimos excluir la pena de muerte del artículo 15, inconcebible en la sociedad actual. O que queremos prescindir de la obligación del Estado en colaborar con la Iglesia Católica del artículo 16. O eliminar la discriminación de la mujer en el acceso al trono, en el artículo 57. O sustituir la determinación del jefe de Estado por sucesión por una elección democrática (Título II). En todos esos casos el procedimiento constitucional deja en manos de la minoría la decisión; es decir, no prevalece el principio democrático de la mayoría, sino el bloqueo de los que mantienen una posición contraria y que, pese a ser los menos, podrían vetar cualquier reforma.

La cuestión se torna más grave cuando nos referimos a los derechos sociales. El Título I de la Constitución no los considera propiamente derechos, sino principios rectores menguados en cuanto a sus garantías y con una naturaleza que roza la irrelevancia. Pensemos en el derecho a la vivienda del artículo 47; o a la salud, en el artículo 46, o a la Seguridad Social, en el artículo 41. Estos artículos, dice la Constitución, no pueden alegarse directamente como derechos constitucionales; solo puede hacerse a través de la ley (art. 53.3), a diferencia del resto del Título sobre los derechos.

¿Está bien que la Constitución discrimine a los derechos sociales del resto de derechos como, pongamos por caso, la libertad religiosa o la intimidad? Por supuesto que no. En 1951 Hannah Arendt hizo referencia en su estudio sobre el totalitarismo al “derecho a tener derechos”. El derecho a tener derechos es justamente la función de los derechos sociales: si no contamos con un techo bajo el que realizarnos, un sistema de salud que cuide de nosotros, unos servicios sociales que nos protejan, ¿cómo podemos afirmar que estamos velando por el derecho a la vida? La ideología constitucional de la Transición responde a una época en la que predominaba en el país la posición que defendía que el acceso a un hospital o a una pensión de jubilación no podían estar garantizados en la Constitución. Las prioridades eran distintas a las actuales. Afortunadamente la situación ha cambiado, y hoy nadie con sentido común está dispuesto a negar el papel del Estado en la protección de las personas.

Pero a la Constitución de la Transición cada vez más se le ven las costuras. No es culpa suya, sino nuestra. Mejor dicho, de los que siguen resistiéndose a activar la decisión democrática y renovar el pacto colectivo. Si la Constitución de la Transición hablara, nos lo diría en voz baja: “Aunque ya no estoy para muchos más trotes, fui capaz de sustituir los ruidos de sables por el 'Sí se puede' del 15M. Consumé mi objetivo: hacer posible la Transición”. Y es cierto, porque es una Constitución que evitó el involucionismo a través de un acuerdo entre las clases dirigentes de la Transición. Solo por esa razón, nunca podemos olvidar darle las gracias.

Pero los retos que enfrentamos ahora son muy diferentes a los que había hace cuatro décadas. Algunos de ellos ni siquiera los conocemos, pero sabemos que pueden ser de gran ferocidad. Quienes nunca pudimos formar parte del pacto de la Transición pedimos un avance democrático para que nuestra voz sea tenida en cuenta. Ningún demócrata puede tenerle miedo a la democracia. Y si lo tiene, no puede, desde luego, creer en ella. 

En definitiva, necesitamos despertar pronto con una Constitución adecuada a los nuevos tiempos.

Este tiempo, esta extraña aberración que se va a lo oscuro, a morir…

El lúcido verso de María Beneyto evoca la capacidad que hemos tenido las sociedades de dejar atrás los peores momentos y salir reforzados de ellos. Aunque esta posición nos ha caracterizado desde el origen de los tiempos, en psicología se le puso nombre hace cincuenta años: resiliencia, de resilio -volver de un salto, rebotar-; esto es, la capacidad humana de sobreponernos a situaciones límite y salir fortalecidos de ellas.

La Covid-19 nos ha colocado en una situación límite y la crisis sanitaria dará paso a un tiempo nuevo; eso es lo que piensan siete de cada diez ciudadanas y ciudadanos según las últimas encuestas. Somos conscientes de que saldremos de esta y seremos capaces de superar el sufrimiento que nosotros y nuestras familias hemos soportado durante la crisis. Sabemos que llegará el día en que saldremos de nuestras casas y respiraremos profundamente con la vista en el horizonte; es esa convicción la que nos motiva ahora a confinarnos y a seguir las medidas de seguridad que nos proporcionan las autoridades.

Ahora es nuestra obligación reflexionar sobre qué significa “salir fortalecidos”. Y salir fortalecidos -así lo manifiesta el 80% de las personas consultadas- no puede ser en ningún caso pensar que las cosas serán como antes. Esa manifestación de la inteligencia colectiva que solemos llamar sentido común así nos lo dice. El sentido común nos indica qué podemos recuperar de lo que teníamos y qué tenemos que dejar atrás definitivamente. Y sin duda este ejercicio de reflexión profunda que realizamos cada día en sociedad, la conciencia de nuestra vulnerabilidad, el reconocimiento a quienes salen todos los días a enfrentar la enfermedad en primera línea de fuego, la mayor cercanía con allegados y los vecinos de escalera que hasta ahora eran casi desconocidos, los aplausos en los balcones y en los portales a las ocho de la noche, la experiencia de poder cruzar calles vacías de tráfico cuando se baja a por el pan y de respirar aire limpio en pleno centro de la ciudad, o la solidaridad entre generaciones pocas veces tan exteriorizada como ahora, desembocan en una conclusión: somos más conscientes de la necesidad de cuidarnos, de preocuparnos por nuestro entorno, de la razón de ser de nuestras vidas. Saldremos de la crisis siendo menos individualistas y más conscientes de la fuerza de la unidad.

Esa consciencia reforzará sin duda el papel de lo público. Lo público entendido como lo de todos, incluso más allá del Estado. Todos hemos sido testigos de amigos y conocidos que hace apenas unos meses apoyaban propuestas políticas a favor de los recortes en el sector público, en sanidad o en educación, y que ahora se han lanzado sin dudarlo a los brazos del sistema público de salud y han tratado a nuestro personal sanitario, como no podía ser de otra forma, de héroes. De hecho, los países que más sufrirán los efectos de la pandemia serán, lamentablemente, aquellos que no construyeron a tiempo un Estado del Bienestar y que, después de esta crisis, no dudarán en la necesidad de hacerlo. Sin Estado social, sin debate y control democráticos, sin inversión en derechos esta crisis hubiera sido una catástrofe de dimensiones mucho más graves de lo que será. Los problemas globales solo pueden ser combatidos son soluciones globales, y nadie en estos momentos discute que esas soluciones integrales solo pueden darse ahora mismo desde la reivindicación de lo público. Podemos desterrar el debate sobre la necesidad o no de Estado social y de más democracia: ese debate ya lo ha ganado la sociedad.

Pero la importancia de lo público, que ya no parece que pueda cuestionarse más, debe responder a los valores en construcción de nuestra generación; y esto sí estaba en cuestionamiento por parte de algunos sectores privados que siguen empecinados en imponer los intereses particulares sobre los generales. Recordemos que meses antes de la llegada del virus estábamos inmersos en asuntos fundamentales como la lucha contra el cambio climático, la transición ecológica y los derechos de la naturaleza. Estos debates no han quedado postergados, sino en un paréntesis a causa de la contingencia. Y serán muy importantes cuando salgamos a las calles y emprendamos nuestras vidas.  El llamado Nuevo Pacto Verde que lenta pero inquebrantablemente va infiltrándose entre los papeles de los despachos y las agendas de nuestros gobernantes es ahora ya no una opción, sino una obligación. Y todos debemos asumir nuestra parte de responsabilidad; tanto quienes toman decisiones políticas desde los gobiernos como quienes también las toman desde el sector privado.

El coronavirus ha fulminado las grandes ampliaciones de puertos, los monumentales proyectos de macrocentros comerciales y las propuestas de llenar con más hormigón nuestras costas y montañas. Ya no es sostenible que la mayor parte de los desplazamientos deban realizarse en automóviles particulares, que las grandes autopistas penetren hasta el corazón de las ciudades destrozando todo lo que encuentren a su alrededor, o que los aparcamientos sustituyan las calles, las plazas o los caminos. El modelo de desarrollo en que se basaban estas decisiones ha quedado descartado; los nuevos valores empujan hacia pueblos y ciudades más habitables, más adecuadas a una vida en sociedad, y en las que sea posible caminar para comprar el pan y respirar aire puro. Defender lo contrario sería no solo ir contra el sentido común, esa manifestación lúcida de la inteligencia colectiva, sino aún peor: sería ir contra la sostenibilidad de nuestra vida presente y futura.

Estos son los grandes debates que tendremos que ganar cuando desterremos al virus. Y será en torno a ellos donde se fijarán las posiciones de quienes quieren dejar el pasado y avanzar o quienes quieren seguir cometiendo los mismos errores que ya se cometieron, sin aprender nada de este tiempo acabado, esta extraña aberración que se va a lo oscuro.

Rubén Martínez Dalmau es vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana

El Consell también decretó hace unos meses el “estado de emergencia climática” y recientemente desde la Vicepresidencia Segunda pusimos en marcha una Comisión Delegada para la coordinación de todas las políticas de Transición Ecológica y Sostenibilidad Ambiental, porque cuando se habla de políticas verdes ya no podemos pensar en uno u otro departamento sino en la transversalidad de las políticas de gobierno.

El convencimiento de que las políticas de transición ecológica son una tarea de todos ha sido también lo que nos ha impulsado a plantear, por primera vez, la presencia de la Generalitat en la organización de los debates sociales de una Cumbre Internacional por el Clima. Así, la próxima semana en Madrid vamos a dirigir una actividad sobre la transversalidad de lo que podríamos resumir como políticas verdes en las administraciones públicas. Queremos reflexionar y debatir sobre economía y sobre urbanismo, sobre medio ambiente y educación, sobre impuestos y justicia social, sobre cómo organizarnos, y la COP25 nos parece un marco ideal para hacerlo. El objetivo es poner en común cómo hacer algo sobre lo que no hay precedentes pero que tenemos que hacer de manera urgente: conseguir alinear el conjunto de las políticas que se hacen desde cualquier nivel de la administración a las exigencias de la crisis climática, a los acuerdos internacionales adoptados y a las recomendaciones científicas que se multiplican diariamente.

No es sencillo. Lo sabemos. Sabemos que las políticas tendentes a adaptarnos al cambio climático y a su minimización son tan complejas como imprescindibles. Son decisiones que implican un cambio productivo, económico y hasta social y que por tanto reclaman valentía y capacidad de liderazgo. Unas condiciones que el actual Govern del Botànic ya comprometió en el acuerdo para su puesta en marcha.

La realidad es tozuda. Los grandes acuerdos internacionales se están quedando en solemnes unanimidades de salón pero parece que la comunidad internacional no encuentra el momento de pasar a la acción, de concretar en medidas, en restricciones y en alternativas los buenos propósitos de los documentos que se firman.

Naciones Unidas acaba de anunciarnos que a finales de siglo, si no reducimos las emisiones a la atmósfera, estaremos por encima de los tres grados de aumento de temperatura. ¿Qué planeta pretendemos dejar a los que vienen? Deberíamos reducir emisiones a un ritmo de casi el 8% de aquí a 2030 para hacer frente a la crisis climática. En cambio, no solo no estamos en fase de reducción sino que las estamos ampliando de forma irresponsable y suicida. La presencia de CO2 en la atmósfera está en niveles de los que no se tienen datos desde hace tres millones de años, cuando el género humano no habita la tierra. Si el cambio climático es el mayor reto de nuestra civilización, lo estamos perdiendo. Madrid debe ser estos días el marco para repensar lo que estamos haciendo, para pasar a la acción. Cueste lo que cueste. Nos va la vida en ello.

*Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

Así inició en 1810, según su propia crónica, el diputado de Xàtiva Joaquín Lorenzo Villanueva su Viaje a Cádiz. Eran tiempos de cambio, y Villanueva lo sabía. Como Borrull, y tres decenas de valencianos más, había emprendido por varias vías -prefiriendo el mar, más seguro, pero temiendo a los corsarios frente a las costas granadinas- su traslado a Cádiz. Las primeras cortes constituyentes habían sido convocadas, e incorporarse valía la pena; se iba a hacer historia, y querían estar presentes.

Aquellos que conocen cómo puede influir un cambio constitucional en nuestras vidas se convierten en sus más firmes defensores o en sus más firmes detractores. No es banal: las Constituciones, cuando no son democráticas, sirven para imponer determinada estructura política y económica, que al final determinan las condiciones sociales de un país. Cuando son democráticas, definen voluntades populares y crean marcos de convivencia adecuados que reflejan cómo son realmente las cosas y definen cómo queremos que sean. Esa es la razón por la que el pensamiento conservador es inmovilista: la Constitución, cuanto más breve mejor; y cuanto menos se modifique, mejor. Esa es la razón, por otro lado, por la que el pensamiento progresista cree en las evoluciones constitucionales: la Constitución, cuanto más detallada mejor, porque evita en mayor medida su violación por parte de los gobiernos que deben aplicarla; y debe poder ser modificada democráticamente para adaptarse a las realidades de los pueblos que la escriben.

Pongamos el caso de un Estado plurinacional, como España, donde conviven (o pueden querer convivir) diferentes comunidades con culturas, entornos, lenguas y valores comunes o diferentes. La plurinacionalidad bien entendida es riqueza, y es contraria a la homogeneidad buscada desde el pensamiento centralizador del Estado-nación. La cultura del Estado-nación, cuando es irreal porque se impone sobre comunidades diferentes, es reduccionista y empobrecedora: no se crea un Estado más fuerte porque se piense en una sola lengua, sino porque se construye una identidad diferente y racional desde la voluntad democrática de sus ciudadanos. La cultura del Estado plurinacional, democráticamente construido, es mucho más fuerte: se basa en una decisión consciente; y no solo en el respeto a las diferencias, sino en su protección. Las diferencias enriquecen la vida en común desde la decisión racional de hacer real esa vida en común. Véase, si no, el caso suizo, seguramente el más antiguo de los países europeos, paradigma de democracia y plurinacionalidad donde los haya, que incluso ha decidido denominarse a sí mismo en latín, Helvetia, para evitar imponer una lengua sobre las demás. Exactamente lo contrario que se ha realizado en el caso español.

Regresemos ahora a la genealogía no por repetida menos real de la Constitución de 1978. Como todo el mundo sabe, fue un texto negociado entre los representantes de los partidos políticos, que nunca rompió con la legalidad franquista, y cuyo contenido no pudo ser debatido plural y abiertamente. No es propiamente una crítica; es una mera descripción de la realidad, porque también podríamos preguntarnos si se podía hacer algo más con una sociedad que había sufrido cuarenta años de propaganda autoritaria y quería sobrevivir más que emanciparse. Cuestión diferente es la actualidad: cuatro décadas de bipartidismo de facto, un Estado de las autonomías tambaleante en varios aspectos, diez años de recortes que han dificultado la consolidación de un Estado Social, y un 15M que fue la más importante manifestación participativa que ha tenido este país desde la Constitución de la proclamación de la II República, hacen que las cosas tomen otro cariz. Un cariz que, como el de Villanueva y Borrull, tendrá perfiles que marcarán historia. Y, como ellos, querremos estar presentes.

Esa es la razón por la que este 25 de abril es un hito más en un viaje histórico que nos llevará a reconocer en una Constitución democrática la materialidad de varias naciones que decidirán vivir en un Estado plurinacional. Donde las valencianas y los valencianos podrán decidir sobre aspectos de su vida en común que les fueron contrabandeados durante unos aciagos días de la transición. Los que quieran avanzar, apostarán por un cambio constitucional democrático que establezca el progreso como objetivo fundacional de la sociedad; los que quieran conservar, intentarán por todos los medios que nada se mueva, y reaccionarán contra la acción democrática en la que estaremos comprometidos. No en balde se les llama reaccionarios. Cuando Carl Schmitt definió la Constitución como una decisión de vida en común no podía ni imaginarse hasta qué punto tendría razón.