Hay derechos que hoy damos tan por sentados, tan extendidos, que cuesta acordarse de lo mucho que costó conquistarlos. Ni siquiera nos produce ya la más leve mueca, cuando vemos ejercer esos mismos derechos a aquellos que, a la hora de la verdad, cuando tocó reivindicarlos, se pusieron del otro lado. A esos mismos que un día anunciaron, desde sus medios y desde sus púlpitos, el fin de la familia y el advenimiento de mil plagas, y hoy les vemos divorciarse, o asistir a la boda de un amigo gay –incluso de un diputado–, con la normalidad con la que el resto de la sociedad recurre a estas herramientas civiles; en absoluto garantes de ninguna felicidad personal, pero al menos disponibles como opciones tan válidas como cualquier otra para buscarla.

Y es que, al final, siempre ocurre que las nuevas realidades nos ponen a todas y a todos en nuestro sitio, y debemos aceptar que gente de nuestro entorno, gente a la que queremos –acaso nosotrxs mismxs– tenemos derecho a vivir como nos dé la real gana. Por eso, y en muchos sentidos, el debate de la eutanasia hoy, es el debate de la ley del divorcio de hace más de treinta años, o del matrimonio homosexual de hace algo más de diez. Quizá algún día nuestrxs nietxs no sepan decir muy bien cuál de estos derechos se conquistó primero, porque todos ellos les parecerán igual de obvios.

Pero lo cierto es que hoy en España se sufre innecesariamente al morir. Según los últimos estudios, unas 130 personas mueren al día con sufrimiento en nuestro país. Hace años, las personas morían en sus casas, rodeadas de su gente, sin paliar los sufrimientos provocados por las distintas patologías. Hoy lxs pacientes mueren sobre todo en los hospitales, en muchas ocasiones, con padecimientos que son fruto de la obstinación diagnóstica y terapéutica de una sociedad hiper-medicalizada. Sin embargo, la población ha ido solicitando más información sobre su situación clínica, y ahora demanda más poder para decidir.

Desde la aprobación de la Ley 41/2002 (básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica), sin duda se ha reforzado el derecho a la autonomía del paciente. Se han registrado avances, como los cuidados paliativos, actualmente recogidos en la cartera de servicios. En algunas autonomías se han aprobado normativas en este sentido. Sin embargo, quedan otros muchos casos por cubrir, ya que existen personas que, no encontrándose próximas a la muerte, pueden presentar sufrimiento irreversible, y desean poner fin a su padecimiento.

Por otro lado, y según las principales encuestas de opinión pública, la inmensa mayoría de la sociedad española contemporánea está a favor de regular el derecho a morir dignamente. Desde hace años, la labor de varias organizaciones de la sociedad civil como Derecho a Morir Dignamente ha ido sembrando este nuevo sentido común. En otros países como Bélgica, Suiza u Holanda, este derecho ya existe desde hace años. Hace apenas un mes, en Portugal, el Bloco de Esquerda presentó un anteproyecto de ley de la eutanasia, muy similar a la que estamos promoviendo desde el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea.

En España, el clamor por llevar adelante esta medida ha surgido tradicionalmente desde la izquierda. Desde varios parlamentos autonómicos, los partidos progresistas –incluido el PSOE– han votado a favor o han promovido mociones instando al Gobierno a regular la eutanasia. Parecía razonable pensar, por tanto, que el PSOE se sumaría a esta iniciativa que ahora proponemos, para poner a consideración de la Cámara el desarrollo de una Ley de la Eutanasia. Desarrollo en el que, posteriormente, este y el resto de partidos tendrían la oportunidad de proponer y negociar sus puntos de vista.

Sin embargo, ahora el PSOE no se suma. Y, al no hacerlo, ha tumbado la posibilidad de iniciar este trámite. Con ello, se pospone sine die el debate. ¿Por qué? Argumentan que ya han registrado la tramitación de una ley de muerte digna. Sin embargo, la misma pretende apenas armonizar los avances que ya se han realizado en algunas autonomías, y muy poco más. Quizá este cambio repentino de posición tenga que ver con que esta iniciativa ha sido discutida con Ciudadanos, socio preferente de la actual cúpula socialista, para cambiar aquello que no cambia nada. Quizá se deba más bien a esa práctica, tan propia de esta cúpula, que consiste en incendiar el verbo, para luego enfriar la letra. O, sencillamente, quizá prefieren paralizarlo todo, hasta que aclaren si quieren ser útiles al Ibex o a la ciudadanía.

Mientras tanto, la gente deberá seguir esperando a que sus instituciones respondan.

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Amparo Botejara es portavoz del Grupo Parlamentario Confederal UP-ECP-EM en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

Txema Guijarro es secretario general del Grupo Parlamentario Confederal UP-ECP-EM.

Esta nueva circunstancia añade más variables a la ecuación electoral que todo ciudadano debe resolver, ante el reto de depositar su papeleta en una urna. No quiero decir con ello que antes no hubiera acuerdos, sino que la posibilidad de los mismos no era determinante para decidir el sentido del voto. De hecho, si los electores que votaron al PP en 1996 hubieran sospechado que Aznar hablaba catalán en la intimidad (es decir, que iba a pactar con la antigua CiU a cambio de cesiones competenciales a la Generalitat), quizá se hubieran replanteado su elección.

Hoy en día, esta realidad, la de los pactos de gobierno, está ya en la mente de todos. Desde luego, sí en algo coinciden todos los analistas políticos es que a) el panorama actual está más abierto que nunca, y b) ningún partido logrará una mayoría absoluta. Esto redefine por completo la vieja idea del “voto útil” que tanto ha circulado en nuestro país desde hace tiempo, en la medida en que su utilidad ya no se mide tanto por el partido al que sirve, sino por las alianzas postelectorales que prefigura. En este sentido, a la hora de enfrentar el desafío de las urnas, la ciudadanía tiene ante sí la facultad de fijar la correlación de fuerzas parlamentarias que condicionarán definitivamente esas alianzas.

Qué alianzas son hoy verosímiles, a la luz de lo vivido en la política española de los últimos años? Por un lado, la experiencia reciente en Andalucía ha fijado ya un peligroso precedente, ya que las tres derechas han puesto en marcha un gobierno descaradamente reaccionario, machista y amigo de los recortes. Es decir, el campo de encuentro no ha sido el del centro-derecha, sino que PP y Cs se han escorado bien a la derecha, naturalizando de paso la presencia de un partido abiertamente ultra como es Vox. Por otro lado, no es descartable un pacto PSOE-Ciudadanos. No solo porque ya lo hicieron en Andalucía en el 2015, o los mismos Sánchez y Rivera en Madrid, en 2016. Tampoco podemos descartarlo, dado el ejercicio de funambulismo practicado por Sánchez para contestar a una sencilla pregunta, de “sí o ”no“. ”No está en mis planes...cordón sanitario...“. En fin, que no lo descarta. Sí parece descartarlo, no obstante, Rivera. Aunque basta con tirar de hemeroteca para otorgarle la fiabilidad que se merece. Es decir, ninguna. Por tanto, a nadie debería sorprender este escenario, más aún cuando imaginamos las llamadas a capítulo que recibirán ambos líderes, la misma noche del 28, si el resultado electoral así lo permitiera.

Finalmente, hay una tercera alternativa. La de un gobierno progresista, que sepa no solo asumir la diversidad de sensibilidades que existen en España, sino también capaz de afrontar con espíritu constructivo los enormes desafíos estructurales que tenemos por delante, como país de países. Unos desafíos que ni mucho menos se agotan en la cuestión territorial. La revolución feminista y la transición ecológica están llamadas a inaugurar un cambio de época, y la Comunitat Valenciana será una de las principales interpeladas. Con razón decimos que la precarización del mercado laboral valenciano tiene rostro de mujer, y que la transformación ecológica en marcha tendrá a nuestra  tierra -especialmente, a las comarcas alicantinas- como a uno de sus principales protagonistas, para bien o para mal. Hagamos que sea para bien; hagamos de todo ello una oportunidad, también para Alicante. Apostemos entonces por esta alternativa de gobierno, y no perdamos el tren de la Historia.

Txema Guijarro García es cabeza de lista al Congreso por Alicante de Unidas Podemos

El objetivo siempre fue el de trascender las paredes de los centros de trabajo, y llevar a los espacios comunes de todas las ciudades y pueblos, a sus calles y sus plazas, el eco de los conflictos que allá se originaban. Se trataba –se trata todavía- de dar a conocer, de reivindicar unos derechos que, de otro modo, jamás conquistaríamos. Efectivamente, ha sido en esas mismas calles donde hemos aprendido que solo convirtiendo los problemas laborales en materia política –en asunto de todos y todas- pueden ser estos resueltos.

Esa importantísima lección que nos legó la Historia ha adquirido un particular significado en la España de los últimos años. Y es que no por casualidad aquel embrión destituyente que nació en la primavera de 2011, se gestó precisamente en los espacios públicos que ocuparemos mañana, día del trabajo. Hoy, como hace más de un siglo, millones de ciudadanos y ciudadanas saldremos a decir que hay un problema laboral en España, y que sus orígenes, y sus soluciones, están en la política.

Porque fueron los políticos los que aprobaron sendas reformas laborales. Reformas que nos han hecho retroceder décadas en materia de derechos sociales, y que han convertido el trabajo en efímero, en temporal. Ha sido desde la política que se han aplicado los malditos recortes contra los servicios públicos, que no solo se han convertido en un verdadero drama para muchas familias, sino que han contribuido decisivamente a colocar los niveles de desempleo en nuestro país sistemáticamente por encima del 20% -más del doble de la media UE-.

Pues bien; solo desde la política lograremos revertir esta situación. Y precisamente, han sido las calles desde las que se ha abierto la vía política; en las que se ha materializado toda una agenda social que comparten hoy grandes mayorías en nuestro país. En este sentido, los principios de de manifestación, reunión y participación han demostrado formar parte, nuevamente, de la esencia democrática de un Estado; tanto como lo son las urnas.

Sin embargo, ¿Cómo reaccionó el Gobierno español ante este fenómeno histórico? Básicamente, aprobando una Ley Mordaza. Frente a las reivindicaciones populares de más democracia, la respuesta fue menos. Quizá pensaron que así eliminarían esta molestia de las calles… y se la han encontrado ahora en las instituciones. PODEMOS nació precisamente con esa vocación; la de trasladar a los espacios de decisión y deliberación política esa agenda social y democrática que el bipartidismo había relegado. Desde el comienzo, nos propusimos crear una organización política que sobre todo, sirviera de cauce y expresión democrática a esas reivindicaciones. Efectivamente, junto con otras fuerzas políticas del campo popular, hemos ido abriendo las grietas por las que, poco a poco, ha penetrado el clamor de mucha gente.

Ciertamente, ya han cambiado algunas cosas. No solo escuchamos hoy a algunos políticos de la vieja escuela repetir frases y fórmulas que hace muy poco tildaban ellos mismos de “populistas”. Hay pruebas tangibles: las alcaldías del cambio han demostrado hasta qué punto un municipalismo plural, por encima de las siglas y las organizaciones, puede incidir positivamente en la vida de millones de personas, combinando una gestión responsable y transparente de los asuntos públicos con mejores servicios a la ciudadanía. A nivel autonómico, ha sido aquí, en la Comunitat Valenciana, en la que mejor se ha demostrado la posibilidad cierta de revertir el drama de las políticas implementadas por un Partido Popular, literalmente enquistado en las instituciones, a partir de un acuerdo de gobierno entre diversas fuerzas progresistas.

No obstante, la sensación que deja esta undécima legislatura fallida en las Cortes Generales es la de que aún estamos a medio camino. El ciclo de cambios en España está lejos de concluir. Las buenas y malas noticias son, a la vez, que seguimos en la lucha; que la ventana de oportunidad histórica está aún entreabierta. Por eso, ahora más que nunca debemos ser conscientes de que el esfuerzo por llevar a buen puerto los cambios en curso no se puede limitar al trabajo en las instituciones. Las calles, las plazas, los centros de trabajo, los bares, los patios vecinales, los círculos… desde donde se alzaron las voces que hoy pretendemos representar, están vivos, y siguen pronunciándose. Es también nuestro deber como respresentantes del pueblo, por tanto, seguir ahí, por fidelidad a lo que somos. Por mi parte, si algo ha aprendido un servidor en tan solo cuatro meses de experiencia parlamentaria -como diputado de la Agrupación Valenciana de Podemos-En Comú Podem- En Marea- es que, frente a la enfermedad de normalizarnos y homologarnos al bipartidismo, está siempre la vacuna de la calle. Nos vemos el 1 de mayo.