En España tendemos a pensarnos como un país permanentemente atrasado y minusvaloramos nuestros logros. Si no me creen, fíjense en Europa: en Alemania o Italia, no hay matrimonio igualitario. En Francia, las técnicas de reproducción asistida no están al acceso de las mujeres lesbianas. El voto femenino se aprobó 13 años más tarde en Francia y 15 en Italia. Nuestro sistema sanitario es puntero en todo el mundo, uno de los más eficientes del planeta, combinando la mejor atención al coste más contenido en % del PIB. Históricamente, España ha sido pionera en varias ocasiones en múltiples asuntos, pero los logros conseguidos tienden a obviarse: nuestro inveterado pesimismo decimonónico nos lleva a mirar lo que se hace fuera con admiración y minimizar o ignorar nuestros logros como país. Solo esto puede explicar que, a la hora de buscar la legislación más satisfactoria sobre la gestación subrogada, que dé cobertura a la mayor cantidad de personas y que proteja a las mujeres con la máxima garantía, no aprovechemos nuestra experiencia en aquello en lo que España es puntera: en gestionar desde lo público, con inteligencia, organización y efectividad, la solidaridad y el altruismo de la ciudadanía.

España es, desde hace 24 años, líder mundial de trasplantes de órganos. El modelo español, envidiado y copiado internacionalmente, consigue el mayor número efectivo de trasplantes de todo el mundo, batiendo, año a año, récords de personas receptoras de órganos, de nueva vida, desde la gratuidad y sin ningún tipo de mercantilización, pago o compra. La Organización Nacional de Trasplantes, una organización pública que intermedia entre el donante y el receptor, y su director, Rafael Matesanz, han logrado éxitos internacionales continuados, demostrando que un modelo organizativo bien diseñado, dentro de la sanidad pública, encargado de gestionar donaciones con criterio de voluntariedad, altruismo, confidencialidad, ausencia de ánimo de lucro y gratuidad para las partes (Real Decreto 1723/2012), es más efectivo para el bienestar de la población, sean donantes o receptores, que soluciones privadas o semipúblicas, con agencias u ONGs, que existen en países como EEUU, Reino Unido o Alemania. De hecho, un modelo netamente público como el de la ONT no solo garantiza un mayor número de trasplantes, la gratuidad, la salud y la seguridad de todas las partes implicadas, garantiza asimismo dos elementos que un modelo más mercantil, de contrato entre particulares, no puede asegurar por su propia naturaleza.

En primer lugar, garantiza que no se genere un mercado sobre un bien ligado íntimamente al cuerpo y la vida de las personas, como son los órganos. La asignación de los órganos a los donantes por criterios estrictamente médicos, de cercanía territorial y de lista de espera, garantizando la confidencialidad, unido al monopolio estatal de la gestión de las donaciones, evita que se pueda incentivar económicamente a terceros a donar órganos y esto, a los hechos, maximiza las donaciones al ser percibidas como verdaderamente altruistas y generosas por los donantes y no como una fuente de beneficio para terceros intermediarios.

En segundo lugar, al eliminar el riesgo del mercado, garantiza el acceso en plena igualdad a la recepción de los órganos, sin que pueda primar ventaja alguna por nivel de renta, que permitiría a los que tienen recursos, saltarse puestos en las listas, o contraprestar directa o indirectamente a posibles donantes, presentándolos como amigos o familiares. Dejar las donaciones a la gestión entre particulares no solo perjudica a los más desfavorecidos, que se ven impelidos a donar, sino que sus donaciones benefician principalmente a los más pudientes.

Y si el modelo de trasplantes de la ONT conjuga de la manera más efectiva los intereses de las dos partes implicadas, donantes y receptores de vida, con criterios de igualdad, ¿por qué no sería posible extender este modelo de éxito a la gestación por subrogación, una forma de donación, en este caso, de capacidad gestante?

Una Organización Nacional de Subrogación, creada dentro del sistema público de salud, que localizase, coordinase e intermediase entre las donantes altruistas y los demandantes de gestaciones subrogadas, asignando las donaciones por criterios técnicos no económicos y de lista de espera, permitiría un mayor acceso a la gestación subrogada al conjunto de la población que a través del mecanismo del acuerdo entre particulares, del mercado, en el que la capacidad de acceder a una gestación está ligada a la capacidad económica para localizar y pagar, formal o informalmente, a las gestantes.

A su vez, la reglamentación de la gestación subrogada a través de un monopolio estatal, con requisitos de voluntariedad, altruismo, confidencialidad (al menos inicial), ausencia de ánimo de lucro y gratuidad, sería una garantía de que no se produjese la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, conjugando la protección de la mujer con la libertad de las mismas de disponer de sus propios cuerpos para realizar gestaciones altruistas si ellas lo desean, pues de la misma forma que en la donación de órganos, estaría permitida la donación intrafamiliar o entre personas a las que une una fuerte amistad verificada.

La articulación de las donaciones de gestación, organizadas en los tres niveles de coordinación, nacional, autonómico y hospitalario, la independencia del coordinador de los equipos de atención a la gestante, la pertenencia del coordinador al hospital donde trabaje, la futura ONS como agencia de servicios, la coordinación con el Consejo interterritorial y, sobre todo, una legislación adecuada que posibilite la acción de un futuro equipo medico que coordine las gestaciones podría garantizar, a buen seguro, mejores resultados en términos de seguridad, calidad y donaciones que un modelo entre particulares, privado o semipúblico que, podría abrir la puerta al riesgo de mercantilización de las gestaciones, algo que a la postre, reduciría el número de gestantes altruistas.

Porque, aunque parezca contraintuitivo, la mercantilización y el pago, inevitables con los modelos de contratos entre particulares, desincentivan el altruismo y la donación, promoviendo la donación principalmente de parte de personas sin recursos, como ya apunto Titmuss en 1970 en su estudio sobre donaciones de sangre y han confirmado recientemente Mellström y Johannesson. Este último estudio apunta, además, que son precisamente las mujeres las más propensas a dejar de donar si se recibe contraprestación económica por la donación, indicando la importancia central de la intervención publica y la legislación para garantizar el altruismo y la ausencia de costes para ambas partes (gratuidad), en el proceso de gestación subrogada.

En resumen, la extensión del modelo de trasplantes español a la gestación subrogada no solo sería más efectivo en sus resultados, sino que encaja de la manera más satisfactoria posible los dos intereses en juego, el individual, el legítimo deseo de maternidad o paternidad de aquellos ciudadanos concretos que no puede acceder a ella por otros medios, así como el deseo individual de gestar altruistamente para terceros, y el colectivo, el asegurar que la legislación española no promueve, permite, ampara o incentiva de manera directa o indirecta la desigualdad de un colectivo concreto, en este caso las mujeres, que podrían verse abocadas o incentivadas a cumplir un rol restrictivo, limitado, en la sociedad, por la vía de la mercantilización de su capacidad gestante.

Es hora de que los partidos políticos y las partes implicadas asuman que es necesario legislar de tal manera que se dé solución a los dos intereses en juego, el de los padres y madres, las asociaciones que desean promover la gestación subrogada y el de aquellas personas y colectivos que desean asegurar la no mercantilización del cuerpo de la mujer. Cualquier legislación que se plantee sin atender ambos intereses, generará una inestabilidad y un riesgo continuo que un planteamiento mas equilibrado puede conjurar de manera definitiva.

El mercado, los acuerdos entre individuos, no tiene por qué ser, por definición, la solución mas eficiente, ni la más ética. Mirar a lo que hacemos mejor nos puede ayudar a ver que la mejor manera de gestionar la generosidad de las donaciones podría ser, precisamente, hacerlo desde la gratuidad y el altruismo organizados desde lo público.