Ha sido un verano caliente. Ya no hablamos de olas, sino de un calor permanente que ha llevado a temperaturas récord a gran parte del país. Imágenes dantescas de incendios descontrolados durante días, cosechas que ponen en jaque la soberanía alimentaria y daños irreparables en los ecosistemas peninsulares. El calentamiento del mar a niveles tropicales está ahora comportando tormentas violentas y granizo de gran tamaño que va más allá de la gota fría que conocemos en el clima mediterráneo.

Todo ello ha sido amenizado con la banda sonora del verano, en tertulias e informativos, sobre cómo superar la crisis energética y de precios provocada por el incremento de las tarifas del gas y su incidencia en el mercado global en el contexto geopolítico mundial.

No puedo evitar sentir frustración e indignación, igual que gran parte de la ciudadanía, al ver cómo se llega tarde y mal a dar respuesta a uno de los mayores retos de la humanidad: el cambio climático, del que hace décadas que tenemos evidencias científicas y alertas claras. Ya han pasado más de 30 años del primer informe del IPCC de NNUU, y hasta aquí hemos llegado regateando grados de temperatura que podamos gobernar como si de un juego macabro se tratara.

Tampoco puedo evitar sentir nostalgia cuando el próximo 17 de septiembre se celebrará en Madrid el X aniversario de la plataforma por un Nuevo Modelo Energético. En aquel tiempo era diputada en el Congreso por ICV, y tuve la oportunidad de asistir al nacimiento de un espacio plural, lleno de generosidad e inteligencia colectiva para hacer emerger en el debate público la injusticia del modelo energético, y especialmente los abusos y privilegios del oligopolio eléctrico surgidos de los procesos de privatización a medida del sector. España encabezaba los precios de la electricidad en Europa y estábamos en la cola de producción de energía renovable siendo un país rico en viento y sol.

En esta plataforma, ecologistas, sindicatos, ciudadanía organizada, empresarios concienciados y académicos aprendíamos juntos generando propuestas para avanzar en medidas concretas contra la pobreza energética, la dependencia exterior, la amenaza del fracking o los beneficios caídos del cielo del oligopolio. Nombres como Jorge Morales, Ladis Martínez, Cote Romero, Alba del Campo, Mario Sánchez y muchos más, de trayectorias diversas, nos encontrábamos en Lavapiés para configurar propuestas y priorizar las luchas.

Pero también eran años en que los ministros Cañete y Soria aprobaban, a golpe de decreto, decenas de medidas que ahondaban en las debilidades del sistema. Desde el impuesto al sol, el abandono de las políticas de ahorro energético, la apuesta decidida por el gas en connivencia con Convergencia i Unió (cuyo diputado portavoz hoy es el líder de la patronal Foment) o el cambio de la Ley de Costas. Y todo ello en diálogo permanente con el oligopolio, para aprobar a su medida cada decreto.

Fue en esos tiempos cuando el portavoz del PP me replicaba en sede parlamentaria que esto del cambio climático era como las profecías mayas. Sí, sí, real como el nivel de debate medioambiental de ese gobierno.

Fue una legislatura de denuncia y lucha tenaz. Nos encontramos con un muro político que bloqueó la transformación energética imprescindible e inaplazable que requería España. Y hoy estamos donde estamos. Porque igual que los incendios se previenen en invierno, la política energética requiere mirada larga y planificación. Reducir la dependencia energética exterior, apostar por las renovables, democratizar la energía y proteger a la ciudadanía ante los abusos del oligopolio exige valentía y altura de miras.

Ciertamente, el nuevo gobierno de coalición de izquierdas, después de años de destrozos, ha desandado parte del camino del PP con medidas importantes para favorecer las renovables, el autoconsumo o cuestionando la injusticia del mercado eléctrico también en Europa. La excepción ibérica es uno de los logros, pero corremos el riesgo de que sea una medida frágil y temporal. El mercado marginalista es un problema más allá de la crisis de oferta rusa. Demasiados intereses confrontados de cada estado, debido a la falta de modelo europeo, amenazan la viabilidad de los cambios que apuntaba Von der Leyen.

Así que, aunque es fundamental acelerar la agenda de cambio a nivel de estado y a nivel europeo, y no caer en los errores de siempre, como hacer macroproyectos al servicio del gas, también quiero señalar que durante esta década perdida han existido administraciones que han sido la resistencia y la esperanza.

Y esa plataforma creada hace 10 años, que tuvo en Catalunya su propia Alianza Contra la Pobreza Energética, impulsó espacios de empoderamiento para entender la perversidad del mercado. Estas escuelas ciudadanas generaron el conocimiento imprescindible para que, cuando en 2015 emergieron las ciudades del cambio, se aplicaran rápidamente medidas en este campo. Las ciudades han sido trincheras contra la pobreza energética, la desmercantilización de la energía, la rehabilitación orientada a la equidad en los barrios y la apuesta por el autoconsumo.

Desde Cádiz a Barcelona, las ciudades del cambio han creado servicios de atención a la ciudadanía, se han creado empresas municipales de comercialización o producción, se han cambiado ordenanzas para favorecer la sostenibilidad y el abastecimiento con energías limpias. Podemos decir que los deberes pendientes se empezaron a hacer cuando el poder, en algunos consistorios, lo han liderado personas no secuestradas por los discursos tradicionales, condicionados por los consejos de administración de Endesa o Iberdrola, sino escuchando esas auténticas escuelas de cambio de modelo energético. Escuchando los casos concretos, las historias de frío, de enfermos conectados a máquinas en su casa, de enfermedades provocadas por la falta de confort térmico, desde el conocimiento técnico y la experiencia cotidiana.

Y lo que planteo no es un relato. Hace unas semanas, Barcelona presentaba el balance del servicio que se creó a finales de 2015 para asesorar a la ciudadanía. Además de crear la comercializadora, Barcelona Energía, se pusieron en marcha Puntos de Asesoramiento Energético en toda la ciudad. Empezó en las tres áreas más empobrecidas de la ciudad, formando a personas en riesgo de exclusión social para que se convirtieran en agentes de cambio. Empoderamiento, relación entre iguales y defensa de derechos como clave del éxito. Este servicio, solo en 2021, ha atendido a más de 33.000 personas. Desde que se creó, y gracias a regulaciones promovidas por los movimientos sociales, se han podido evitar más de 100.000 cortes de luz de familias empobrecidas. Mientras las compañías hacen campañas de desinformación, en los puntos de asesoramiento energético de Barcelona se modifican las tarifas, se tramitan bonos sociales y se visita el domicilio para facilitar microrrehabilitaciones.

Cádiz ha sido otro ejemplo de apuesta por una política energética local. Utilizando la empresa pública, Eléctrica de Cádiz, para luchar contra la pobreza energética y concienciando a la ciudadanía sobre la importancia de la energía como eje de transformación económica y local.

Valencia tienen también una potente estrategia de transformación energética que incluye asesoramiento a la ciudadanía en los barrios, promoción de distritos energéticamente neutrales o la apuesta clara por una movilidad sostenible en la ciudad.

Agradezco haber tenido el privilegio de ver nacer la plataforma y de aprender con ella esos años. También fue un privilegio haber participado del primer Gobierno de Ada Colau en Barcelona como teniente de alcaldía responsable de políticas sociales y, ahora, de poder seguir esa línea de trabajo al frente de los servicios sociales del Prat de Llobregat. Este municipio ecosocialista ha puesto en marcha la Casa de la Energía, un espacio de referencia para la ciudadanía, empresas, escuelas… El Prat lidera la puesta en marcha de la comunidad local de energía de mayoría pública más grande del Estado. Y lo hace implicando a empresas, escuelas y vecinos para compartir producción y consumo de energía. Un proyecto que tiene la huella de un luchador por el cambio de modelo energético como es Joan Herrera.

En definitiva, las ciudades van por delante. Son más ágiles y valientes. Se anticipan a los retos. Pero ese coraje de David contra Goliat lo necesitamos de manera urgente en todos los ámbitos de la administración. No podemos seguir llegando tarde. Si en 2019 el Gobierno aprobó el autoconsumo, ahora toca ir más allá. Los fondos europeos tienen que ir a parar a buenas manos. Debemos seguir cambiando la regulación en favor del bien común. Promoviendo las renovables, pero también la democratización y la proximidad con comunidades compartidas, como está impulsando Portugal. Las grandes energéticas amenazan la democratización de la transición verde y, ante este escenario, los municipios deben ser los socios prioritarios de cualquier Gobierno si realmente quiere plantar cara a un mercado energético que no responde a las necesidades sociales, ni ambientales ni económicas. Las ciudades valientes son las palancas de transformación que necesitamos.

En los últimos años en Barcelona se observa un descenso en la incidencia de la infección por el VIH. Esto es consecuencia del esfuerzo que se ha realizado desde todos los ámbitos (asistencial, comunitario y de salud pública) pero, a pesar de esta buena noticia, el VIH sigue siendo una de las enfermedades de declaración obligatoria más frecuente en nuestra ciudad. En este sentido, tenemos que mencionar que existe una proporción de personas infectadas y no diagnosticadas, aproximadamente una cuarta parte de los casos, que pueden transmitir el virus sin saberlo. Es una de las razones por las cuales la epidemia todavía es difícil de controlar del todo.

La administración de fármacos antirretrovirales utilizados como profilaxis preexposición (PrEP) en personas no infectadas y expuestas al VIH se ha demostrado altamente eficaz para evitar la infección en personas que forman parte de colectivos vulnerables, como es el caso de hombres que tienen sexo con hombres. El número de parejas sexuales, el tipo de prácticas sexuales y el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual (ITS) son factores que permiten identificar a las personas con mayor riesgo de contraer el VIH.

Actualmente en Barcelona se están llevando a cabo diversos estudios de implementación de la PrEP. Son necesarios para definir procedimientos y circuitos de dispensación; determinar su aceptabilidad y potencial impacto; identificar responsabilidades de los diferentes niveles de actuación y analizar los aspectos económicos. De esta manera se puede complementar la información necesaria para establecer recomendaciones de usos de la PrEP. Porque en definitiva, la PrEP tiene que incluirse en los programas de prevención y control de la infección por VIH de forma integrada con el resto de estrategias de eficacia contrastada como son la promoción de la salud sexual, el uso del preservativo, la formación, el consejo asistido, el diagnóstico y el tratamiento precoz de las personas infectadas. Todas ellas tienen que seguir siendo piezas clave en la lucha contra el VIH y el sida.

La PrEP tiene que ser prescrita en unidades asistenciales que reúnan unos requisitos mínimos para garantizar el correcto funcionamiento de la intervención, aunque en la captación de personas susceptibles para su uso se podrían incorporar centros comunitarios.

La agencia del medicamento estadounidense fue la primera en incluir la PrEP en abril de 2012. Hoy en día está incorporada en la US National HIV/AIDS Strategy publicada en julio de 2015 como un componente más de la prevención. Actualmente, otros países han aprobado esta ampliación de la indicación o están en vías de hacerlo. El 22 de julio de 2016, el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos emitió una opinión positiva sobre la PrEP, en combinación con otras medidas preventivas y prácticas sexuales más seguras para reducir el riesgo de infección por VIH en adultos con alto riesgo.

Después de esta opinión positiva, en agosto de 2016 la Comisión Europea adoptó la resolución por la que se modificó la autorización de la comercialización del medicamento relativo a la PrEP (Truvada®) para incluir su uso en la profilaxis preexposición. A continuación, el laboratorio titular de la autorización tiene que iniciar los trámites para que cada Estado Miembro adopte una decisión sobre su precio, financiación y las condiciones de uso efectivo en el contexto de sus políticas y servicios de salud.

El proceso de implementación de la PrEP en España se encuentra detenido en algunas actuaciones administrativas como son la fijación de precios, la implementación, el informe sobre el posicionamiento terapéutico y la consulta pública de la cartera de servicios. De esta manera, las personas interesadas en la utilización de la PrEP solo la pueden conseguir fuera del circuito normal de la sanidad pública o privada y, además, no se realizan los controles médicos de seguimiento, adherencia y efectos adversos, lo cual puede conducir a asumir riesgos substanciales. Adicionalmente, no podemos obviar que el VIH es una de las infecciones declaración obligatoria más frecuente en nuestra ciudad. Por todo ello, es preciso incorporar un instrumento más en la lucha contra el sida, regulando la utilización de la PrEP y incluyéndola en las prestaciones sanitarias.

El pasado día 16 de noviembre, la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley que instaba al Gobierno a facilitar el proceso para implementar la PrEP e incluirla en la cartera de Sistema Nacional de Salud. Desde el Ayuntamiento de Barcelona nos sumamos a la demanda al Gobierno para que próximamente la implementación de la PrEP sea una realidad. Mientras tanto, e Barcelona seguiremos impulsando todas las estrategias preventivas para hacer frente al VIH: la promoción de la salud sexual, el uso del preservativo, la formación, el consejo asistido y el tratamiento precoz de las personas infectadas. Todo ello, a partir del trabajo de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), del apoyo a las entidades comprometidas que trabajan en esta dirección y también del impulso de las organizaciones sanitarias de la ciudad.

Estamos a las puertas de otro frío invierno y la pobreza energética sigue sin solucionarse. La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad aprobada en la cumbre de Hábitat III, que busca recoger los compromisos y medidas para que todas las personas vivan con dignidad en las ciudades, incluye el acceso a la energía y suministros entre los derechos a proteger. La Ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, con reconocida trayectoria en la lucha contra el cambio climático y participación en los foros internacionales, conoce bien las exigencias de la agenda urbana y la Carta por el derecho a la ciudad.

En las últimas semanas se han impulsado reformas en materia de autoconsumo y la eliminación del impuesto al sol, que son avances claros para poner fin al despropósito de la política energética del PP contra las renovables y la soberanía energética. Pero más allá de enmiendas al Gobierno de Mariano Rajoy, necesitamos dar un giro de 180 grados a la regulación impulsada durante décadas por el bipartidismo. El marco regulatorio eléctrico aprobado por el PP y PSOE ha permitido especular con un bien común como la energía, provocando un incremento de precios insaciable para el consumidor, un 36% desde 2014 por ejemplo, siendo el mercado más caro de Europa y con un diferencial de precios mayor entre pequeño y gran consumidor. Es decir, penalizando el acceso a la energía doméstica.

En España, 6.8 millones de personas, el 15% de la población, tiene dificultades para acceder al agua, luz o gas. Sabemos que las reformas estructurales no se hacen en dos meses, pero es urgente e imperdonable que la lucha contra la pobreza energética se aplace 6 meses cuando estamos a las puertas de un nuevo invierno.

Mientras el margen de beneficios de las empresas del oligopolio no para de crecer – en 2017 las 5 grandes superaron los 5.600 millones de Euros de beneficios mientras el precio subió un 10,8%- nos dicen que no hay recursos para la transición y, nos presentan una tímida reforma del bono social del PP, que a día de hoy se ha mostrado totalmente insuficiente y excluyente, dejando desprotegidos los hogares más vulnerables de este país. Debemos poner fin al expolio eléctrico, como la sobrerretribución y los beneficios caídos del cielo por un mercado hecho a medida de las empresas, con mayor corresponsabilidad de todo el sector energético y fiscalidad ambiental, donde hay mucho camino a recorrer. Pero es urgente proteger ya a miles de hogares, cuando sabemos que la pobreza energética afecta a la salud y pone en riesgo a muchas personas vulnerables. No hay más tiempo.

Ahora somos las ciudades las que estamos remando contra corriente para defender los derechos energéticos, pero urgen medidas estructurales que luchen contra esta lacra y un sistema de tarifas sociales que permitan el acceso universal a este bien esencial. En los 3 últimos tres años nos hemos encontrado con unas administraciones públicas estatales y autonómicas que han mirado hacia otro lado para evitar la exigencia de responsabilidad al oligopolio.

Barcelona en el 2017 fue la primera ciudad del Estado en lanzar una campaña de comunicación con el lema: “¿Cuáles son tus derechos energéticos? ¡Defiéndelos!”. Detrás de esa campaña se ponía en marcha un servicio, pionero en toda Europa, de 11 puntos de asesoramiento energético que hasta el día de hoy ha atendido a casi 50.000 personas y ha parado más de 10.000 cortes de suministros de vecinos y vecinas de la ciudad, aportando un ahorro de más de 100.000 euros de los sobrecostes que las empresas suministradoras cargan en sus recibos domésticos.

Además, hemos puesto herramientas para hacer cumplir Ley 24/2015, que prohíbe hacer cortes de suministros en hogares con vulnerabilidad energética, imponiendo sanciones a las empresas que vulneran el principio de precaución y garantía de suministro. Es un servicio que ha demostrado la importancia de que las administraciones públicas plantemos cara y acompañemos a nuestras vecinas en la defensa de sus derechos. Pero necesitamos leyes y financiación que remen a favor.

Este viernes finaliza en Barcelona el Segundo Congreso Catalán de Pobreza Energética. Nos ha hecho ilusión que nuestra ciudad continúe siendo un espacio de reflexión, intercambio, acción y llamada a la corresponsabilidad. Necesitamos que el Derecho a la Ciudad sea efectivo con políticas de cambio legislativo y fiscal y que de manera inmediata tanto la Generalitat con la ley catalana, como el Gobierno de España, impulsen acciones para garantizar el acceso a la energía a miles de hogares.

El bono social del PP no se maquilla como ha planteado tímidamente la Ministra. Debemos extender el principio de precaución, poner fin al endeudamiento que ahogan miles de hogares empobrecidos, que se construya una tarifa justa según la rentas de las familias y que se acaben con los sobrecostes ilegítimos en las facturas del agua, de la luz y el gas. Al fin y al cabo, lo que necesitamos las ciudades y sus vecinos es que se pongan a nuestro lado, enfrente de aquellos privilegios del oligopolio que durante tanto tiempo han dictado las políticas energéticas en nuestro país.

"Estamos recuperando el terreno perdido de manera acelerada. Estamos convencidos de que así vendrá la verdadera recuperación del bienestar de la gente y de sus derechos", asegura Laia Ortiz, tercera teniente de Alcaldía de derechos sociales del Ayuntamiento de Barcelona

Los presupuestos suelen ser la decisión más relevante de un gobierno. Es allí donde realmente se definen prioridades, el resto puede quedarse sólo en palabras. Dime qué presupuestos haces y te diré quién eres. Pues bien, si echamos un vistazo al proyecto de presupuestos presentados por el gobierno municipal de Barcelona creo que no hay duda: la apuesta de este ayuntamiento para la transformación social es evidente. Si los presupuestos nos definen, claramente confirman el compromiso con el que llegamos al gobierno: el cambio social, promover lo común frente a los privilegios de unos pocos, combatir las causas de las desigualdades sociales y ensanchar derechos y bienestar.

La priorización de esta Área dentro del conjunto del Ayuntamiento fue evidente desde el primer momento. Actuamos para responder a la situación de emergencia, con un conjunto de acciones urgentes que configuraban el Plan de Choque contra la emergencia social que aún se mantiene hoy. Así, el gasto ordinario en el primer año y medio de mandato aumentó inmediatamente de 223 a 314 millones de euros.

El Ayuntamiento ha aumentado en 39 millones los fondos destinados específicamente a promoción social, un 15% más que el presupuesto del 2015. La diferencia ha ido básicamente a transferencias claramente sociales (rentas contra la pobreza infantil, becas comedor, apoyo al alquiler), además de promover nuevos servicios para garantizar derechos, como los puntos asesoramiento energético, la Unidad Contra la Exclusión Residencial o incremento de Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), que ha pasado de 50 a 65 millones. El plan de choque social tiene un coste anual recurrente de 75 millones.

Un ejemplo paradigmático. Este año la renta por menor a cargo (0-16) ha supuesto 22 millones, cuando el año anterior, durante el mandato de Xavier Trias, no llegó a los 11. ¿Cómo puede ser? Es la diferencia que hay entre la estética y la ética. La estética es decir que la haces, pero flojito para que se entere poca gente y cueste poco dinero. Y sólo presumir cuando llegan las elecciones. La ética es creer de verdad que es necesaria, y hacerla para que llegue a todo el mundo, y eso es lo que estamos consiguiendo este año.

Así pues, y desmintiendo algunas falsas informaciones, afirmar que el gobierno de la ciudad ha reducido la inversión social es una impostura, que sólo puede ser producto del desconocimiento, del error o de la manipulación. No se puede olvidar la modificación presupuestaria aprobada a finales de abril de 2016, que continuó la dinámica iniciada en 2015 de poner freno a los recortes que Barcelona ha sufrido en los últimos años.

Pero el gobierno de Barcelona en Comú quiere ir aún más allá: el presupuesto del próximo año, el 2017, prevé volver a aumentar la inversión en políticas sociales. En este caso, el aumento propuesto es del 11%, para llegar a dedicar 334 millones de euros a este ámbito.

Esto nos permitirá impulsar proyectos estratégicos, como los nuevos Puntos de Asesoramiento Energético para luchar contra la pobreza energética, que estarán activos todo el año y en todos los distritos; incrementar el número de beneficiarios del servicio de atención domiciliaria y la teleasistencia; implantar el Plan de Salud Mental, el de Sinhogarismo y el de Accesibilidad Universal; doblar los recursos para conseguir un parque público de vivienda de alquiler social y hacer de la rehabilitación una política de regeneración urbana y también de erradicación de la infravivienda; consolidar la construcción de las nuevas guarderías y los programas sociales en el plan de barrios y en la franja Besòs; promover planes de salud comunitaria; garantizar el derecho al ocio educativos en los barrios y poner recursos para mejorar la escuela pública, potenciar la innovación y reducir las desigualdades educativas en nuestra ciudad.

Son políticas que van mucho más allá de la emergencia, que pretenden combatir las causas estructurales de la desigualdad, un cambio de modelo. El impulso de políticas de rentas que empodere a las familias, mientras esperamos que la Generalitat apruebe un renta garantizada que parece que no llega, es otro ejemplo de cómo, desde Barcelona, queremos hacer avanzar cambios estructurales. No se trata de fragmentar en múltiples ayudas, sino de garantizar mínimos vitales.

Sé que hay quien prefiere no hablar de cifras, ni de políticas. Algunas personas prefieren los argumentos tacticistas, el intercambio de cromos entre instituciones. Hay a quien no le importa si se invierte más o menos aquí o allá, con el fin de apuntalar a gobiernos afines.

Nosotros preferimos hablar de acción. Estamos cumpliendo con nuestro programa electoral, donde el grueso recaía en Derechos Sociales. Y obviamente no se recuperan 8 años de crisis y 4 de gobierno conservador en un año y medio, porque la emergencia social que nos han dejado es muy grande.

El PIB puede crecer, pero si no se genera empleo de calidad y no se recauda y redistribuye bien, siempre ganan y pierden los mismos. Nosotros estamos recuperando el terreno perdido de manera acelerada. Estamos convencidos de que así vendrá la verdadera recuperación del bienestar de la gente y de sus derechos.

"Estem recuperant el terreny perdut de manera accelerada. Estem convençuts que així vindrà la veritable recuperació del benestar de la gent i dels seus drets", assegura Laia Ortiz, tercera tinenta d'alcadessa de drets socials de l’Ajuntament de Barcelona

Els pressupostos acostumen a ser la decisió més rellevant d’un govern. És allà on realment es defineixen prioritats, la resta pot quedar-se només en paraules. Diga’m quins pressupostos fas i et diré qui ets. Doncs bé, si fem una ullada al projecte de pressupostos presentats pel govern municipal de Barcelona crec que no hi ha dubte: l’aposta d’aquest ajuntament per la transformació social és evident. Si els pressupostos ens defineixen, clarament confirmen el compromís amb el que vam arribar al govern: el canvi social, promoure allò que és comú front els privilegis d’uns pocs, combatre les causes de les desigualtats socials i eixamplar drets i benestar.

La priorització d’aquesta Àrea dins el conjunt de l’Ajuntament va ser evident des del primer moment. Vam actuar per respondre a la situació d’emergència, amb un conjunt d’accions urgents que configuraven el Pla de Xoc contra l’emergència social que encara es manté avui. Així, la despesa ordinària en el primer any i mig de mandat va augmentar immediatament de 223 a 314 milions d’euros.

L'Ajuntament ha augmentat en 39 milions els fons destinats específicament a promoció social, un 15% més que el pressupost del 2015. La diferència ha anat bàsicament a transferències clarament socials (rendes contra la pobresa infantil, beques menjador, suport al lloguer) a més de promoure nous serveis per garantir drets, com els punts assessorament energètic, la Unitat Contra l’Exclusió Residencial o increment de Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), que ha passat de 50 a 65 milions. El pla de xoc social té un cost anual recorrent de 75 milions.

Un exemple paradigmàtic. Enguany la renda per menor a càrrec (0-16) ha suposat 22 milions, quan l’any anterior, durant el mandat de Xavier Trias, no va arribar als 11. Com pot ser això? És la diferència que hi ha entre l’estètica i l’ètica. L’estètica és dir que la fas, però fluixet perquè se n'assabenti poca gent i costi pocs diners. I només presumir quan arriben les eleccions. L’ètica és creure de debò que és necessària, i fer-la perquè arribi a tothom, i això és el que estem aconseguint enguany.

Així doncs, i desmentint algunes falses informacions, afirmar que el govern de la ciutat ha reduït la inversió social és una impostura, que només pot ser producte del desconeixement, de l’error o de la manipulació. No es pot oblidar la modificació pressupostària aprovada a finals d’abril del 2016, que va continuar la dinàmica iniciada el 2015 de posar fre a les retallades que Barcelona ha patit en els últims anys.

Però el govern de Barcelona en Comú vol anar encara més enllà: el pressupost de l'any vinent, el 2017, preveu tornar a augmentar la inversió en polítiques socials. En aquest cas, l'augment proposat és de l'11%, per arribar a dedicar 334 milions d'euros a aquest àmbit.

Això ens ha de permetre impulsar projectes estratègics, com els nous Punts d’Assessorament Energètic per lluitar contra la pobresa energètica, que estaran actius tot l’any i a tots els districtes; incrementar el número de persones beneficiàries del servei d’atenció domiciliària i la teleassistència; implantar el Pla de Salut Mental, el de Sensellarisme i el d’Accessibilitat Universal; doblar els recursos per aconseguir un parc públic d’habitatge de lloguer social i fer de la rehabilitació una política de regeneració urbana i també d’eradicació de l’infrahabitatge; consolidar la construcció de les noves escoles bressol i els programes socials al pla de barris i a la franja Besòs; promoure plans de salut comunitària; garantir el dret al lleure educatius als barris i posar recursos per millorar l’escola pública, potenciar la innovació i reduir les desigualtats educatives a la nostra ciutat.

Són polítiques que van molt més enllà de l’emergència, que pretenen combatre les causes estructurals de la desigualtat, un canvi de model. L’impuls de polítiques de rendes que empoderin les famílies, mentre esperem que la Generalitat aprovi un renda garantida que sembla que no arriba, és un altre exemple de com, des de Barcelona, volem fer avançar canvis estructurals. No es tracta de fragmentar en múltiples ajuts, sinó de garantir mínims vitals.

Sé que hi ha qui prefereix no parlar de xifres, ni de polítiques. Hi ha qui prefereix els arguments tacticistes, l’intercanvi de cromos entre institucions. Hi ha a qui no li importa si s’inverteix més o menys aquí o allà, amb tal d’apuntalar governs afins.

Nosaltres preferim parlar d’acció. Estem complint amb el nostre programa electoral, on el gruix requeia en Drets Socials. I òbviament no es recuperen 8 anys de crisi i 4 de govern conservador en un any i mig, perquè l’emergència social que ens han deixat és molt gran.

El PIB pot créixer, però si no es genera ocupació de qualitat i no es recapta i redistribueix bé, sempre guanyen i perden els mateixos. Nosaltres estem recuperant el terreny perdut de manera accelerada. Estem convençuts que així vindrà la veritable recuperació del benestar de la gent i dels seus drets.

"La política de garantia de drets socials ha d’estar alineada amb la de turisme, urbanisme, mobilitat, economia... Perquè són totes les polítiques les que incideixen en les condicions de vida de la gent, com el preu dels lloguers", expliquen la tinent d'alcaldessa de Drets Socials de Barcelona en Comú, Laia Ortiz, i el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner

Tradicionalment, a l’Estat espanyol, el dret a l’habitatge ha estat considerat, amb honroses excepcions com la Llei pel Dret a l’Habitatge del 2007 del Govern del tripartit, o la legislació del País Basc, com un dret de segona categoria. Se’l mirava només com un factor d’enriquiment econòmic, i no com un dret essencial que calia preservar de la voràgine especulativa.

El resultat és prou conegut i patit: la pervivència dramàtica dels desnonaments, uns 50 a la setmana a Barcelona; de persones sense llar, unes 3.000 segons el darrer recompte; i un nombre cada cop major de persones que veuen gairebé impossible poder accedir a un habitatge per l’augment desorbitat dels lloguers. Joves i persones grans es veuen forçades a abandonar els pisos de tota la vida per l’augment de la pressió del mercat. A Barcelona, l’habitatge s’ha convertit en una mercaderia especialment atractiva per als inversos, que acaparen un 40% de les compres, exercint una forta pressió a les àrees d’alta atracció turística.

El panorama de l’herència de bombolla immobiliària, denunciada per V de Vivienda; l’emergència habitacional afrontada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH); l’expulsió de veïns i veïnes amb motiu de la proliferació de pisos turístics il·legals denunciada per les associacions veïnals són alguns dels reptes a afrontar des del Govern municipal.

En aquest context tan difícil, amb un Govern de la Generalitat a mig gas i un Govern estatal en funcions del PP que directament forma part del problema, com va demostrar recorrent la llei d’emergència habitacional, l’Ajuntament està actuant decididament en quatre eixos.

En primer lloc, prevenint i atenent l’emergència habitacional. Per lluitar contra els desnonaments, per prevenir-los i aturar-los, es va crear el gener del 2016 la Unitat contra l’Exclusió Residencial (UCER), amb 1.515 casos atesos en set mesos. Al mateix temps, s’han reforçat els ajuts d’urgència al pagament de lloguer, i el 2015 s’han atorgat a quasi a 3.000 famílies.

En segon lloc, estem afrontant l’ús antisocial de l’habitatge: pisos buits, en mal estat, ocupats a precari o infrahabitatge. Això implica un règim disciplinari de sancions que ens ha ajudat a aconseguir 550 pisos dels bancs, respecte els 19 de tot el mandat passat. És clar que el diàleg s’ha de combinar amb la mà dura. Per això no ens ha tremolat la mà a l’hora de multar bancs per especular amb pisos buits, ni de sancionar apartaments turístics il·legals o als propietaris que practiquen la usura llogant espais sense les condicions més bàsiques de salubritat.

En tercer lloc és clau l’increment del parc d’habitatge públic. Durant aquest mandat posarem en marxa la construcció de 3.500 nous pisos, dels quals el 80% seran de lloguer públic, quan ara el parc d’habitatge públic de la ciutat és només de 6.500 i el d’habitatge accessible de 10.500. Per aconseguir-ho, el Patronat Municipal de l’Habitatge s’ha reforçat i activat.

Per últim, destinarem 80 milions d’euros en els propers 4 anys a la rehabilitació proactiva d’edificis i pisos, generant ocupació digna i millorant la funcionalitat i accessibilitat dels habitatges i la seva eficiència energètica.

Som conscients que les eines amb les que compta un ajuntament, tot i ser gran com el de Barcelona, són limitades. I, tanmateix, la principal conclusió és que hem col·locat les polítiques d’habitatge al centre de l’acció municipal. Sense negar els obstacles, considerem que la resignació no és una bona estratègia i que cal actuar sobre les estructures de mercat. Això vol dir que la política de garantia de drets socials ha d’estar alineada amb la de turisme, urbanisme, mobilitat, economia... Perquè són totes les polítiques les que incideixen en les condicions de vida de la gent, com el preu dels lloguers.

Es tracta, també, d’obrir nous camins, innovant davant la complexitat i les múltiples necessitats. Algunes dades per a la reflexió: AirBnB ofereix al seu web gairebé 21.000 lloguers i només hi ha 9.000 pisos turístics legals a la ciutat; hi ha 125.000 pisos a la ciutat que tenen 4 habitacions més de les que necessiten les famílies que hi viuen; o el creixent envelliment de la població, que farà que al 2050 el 30% de la població sigui major de 65 anys, i els reptes que això suposa en termes habitacionals.

Per dur a terme la nostra tasca cal obrir els debats, canviar les polítiques i les prioritats, però també la legislació autonòmica i estatal. Per això estem treballant per una nova Llei d’Arrendaments Urbans que reguli el mercat de lloguer impedint increments desmesurats o abusius.

Però si realment volem que l’habitatge es consideri per sempre més un dret de primera, cal també promoure un canvi en la concepció mateixa de l’habitatge com a bé d’inversió. Per això, en el Dia Mundial de l’Hàbitat, reiterem que l’habitatge és un dret com una casa, i recordem que hem creat un nou i únic portal que aglutina totes les informacions sobre habitatge: www.habitatge.barcelona. Perquè l’habitatge no és un negoci; és un dret com una casa.

Tradicionalmente, en España, el derecho a la vivienda ha sido considerado, con honrosas excepciones como la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2007 del Gobierno del tripartito, o la legislación del País Vasco, como un derecho de segunda categoría. Se le consideraba sólo un factor de enriquecimiento económico, y no un derecho esencial que había que preservar de la vorágine especulativa.

El resultado es bastante conocido y sufrido: la pervivencia dramática de los desahucios, unos 50 a la semana en Barcelona; de personas sin hogar, unas 3.000 según el último recuento; y un número cada vez mayor de personas que ven casi imposible poder acceder a una vivienda por el aumento desorbitado de los alquileres. Jóvenes y personas mayores se ven forzadas a abandonar los pisos de toda la vida por el aumento de la presión del mercado. En Barcelona, la vivienda se ha convertido en una mercancía especialmente atractiva para los inversores, que acaparan un 40% de las compras, ejerciendo una fuerte presión en las áreas de alta atracción turística.

El panorama de la herencia de burbuja inmobiliaria, denunciada por V de Vivienda; la emergencia habitacional afrontada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH); la expulsión de vecinos y vecinas con motivo de la proliferación de pisos turísticos ilegales denunciada por las asociaciones vecinales son algunos de los retos a afrontar desde el Gobierno municipal.

En este contexto tan difícil, con un Gobierno catalán a medio gas y un Gobierno estatal en funciones del PP que directamente forma parte del problema, como demostró recorriendo la ley de emergencia habitacional, el Ayuntamiento está actuando decididamente en cuatro ejes.

En primer lugar, previniendo y atendiendo la emergencia habitacional. Para luchar contra los desahucios, para prevenirlos y pararlos, se creó en enero de 2016 la Unidad contra la Exclusión Residencial (UCER), con 1.515 casos atendidos en siete meses. Al mismo tiempo, se han reforzado las ayudas de urgencia al pago de alquiler, y en 2015 se han otorgado a casi 3.000 familias.

En segundo lugar, estamos afrontando el uso antisocial de la vivienda: pisos vacíos, en mal estado, ocupados en precario o infravivienda. Esto implica un régimen disciplinario de sanciones que nos ha ayudado a conseguir 550 pisos de los bancos, respecto a los 19 de todo el mandato pasado. Está claro que el diálogo debe combinarse con la mano dura. Por eso no nos ha temblado el pulso a la hora de multar bancos por especular con pisos vacíos, ni de sancionar apartamentos turísticos ilegales o los propietarios que practican la usura alquilando espacios sin las condiciones más básicas de salubridad.

En tercer lugar, es clave el incremento del parque de vivienda pública. Durante este mandato pondremos en marcha la construcción de 3.500 nuevos pisos, de los cuales el 80% serán de alquiler público, cuando el parque de vivienda pública de la ciudad es sólo de 6.500 y el de vivienda accesible de 10.500. Para ello, el Patronato Municipal de la Vivienda se ha reforzado y activado.

Por último, destinaremos 80 millones de euros en los próximos 4 años a la rehabilitación proactiva de edificios y pisos, generando empleo digno y mejorando la funcionalidad y accesibilidad de las viviendas y su eficiencia energética.

Somos conscientes de que las herramientas con las que cuenta un ayuntamiento, a pesar de ser grande como el de Barcelona, son limitadas. Y, sin embargo, la principal conclusión es que hemos colocado las políticas de vivienda en el centro de la acción municipal. Sin negar los obstáculos, consideramos que la resignación no es una buena estrategia y que hay que actuar sobre las estructuras de mercado. Esto quiere decir que la política de garantía de derechos sociales debe estar alineada con la de turismo, urbanismo, movilidad, economía... Porque son todas las políticas las que inciden en las condiciones de vida de la gente, como el precio de los alquileres.

Se trata, también, de abrir nuevos caminos, innovando ante la complejidad y las múltiples necesidades. Algunos datos para la reflexión: AirBnB ofrece en su web casi 21.000 alquileres y sólo hay 9.000 pisos turísticos legales en la ciudad; hay 125.000 pisos en la ciudad que tienen 4 habitaciones más de las que necesitan las familias que viven; o el creciente envejecimiento de la población, que hará que el 2050 el 30% de la población sea mayor de 65 años, y los retos que ello supone en términos habitacionales.

Para llevar a cabo nuestra labor hay que abrir los debates, cambiar las políticas y las prioridades, pero también la legislación autonómica y estatal. Por eso estamos trabajando en una nueva Ley de Arrendamientos Urbanos que regule el mercado de alquiler impidiendo incrementos desmesurados o abusivos.

Pero si realmente queremos que la vivienda se considere para siempre un derecho de primera, hay también promover un cambio en la concepción misma de la vivienda como bien de inversión. Por ello, en el Día Mundial del Hábitat, reiteramos que la vivienda es un derecho como una casa, y recordamos que hemos creado un nuevo y único portal que aglutina todas las informaciones sobre vivienda: www.habitatge.barcelona. Porque la vivienda no es un negocio; es un derecho como una casa.

"Esperemos que en breve ya no debamos enfrentarnos al ministro Montoro, ni a ningún otro ministro del PP o de Ciudadanos, sino que contemos con un gobierno del cambio en el Estado que sea un aliado, y no un adversario", afirma la autora

Los ayuntamientos nos hemos convertido en uno de los objetivos de las políticas de austeridad. El hecho de que se encuentren asfixiados y maniatados provoca que lo estén la educación pública, la salud, los servicios sociales o el derecho a la vivienda. La culpa no la tiene la crisis. La crisis es el problema, cierto. Pero gobiernos como el del ayuntamiento de Barcelona sabemos cómo hacerle frente a la vez que reforzamos los derechos sociales y combatimos la desigualdad. Y en ello estamos. Los obstáculos en el camino son muchos, pero el principal es el despropósito de política económica y fiscal del PP y la recentralización administrativa.

Para ser justos debería añadir también a CDC, pues juntos votaron a favor de la ley de estabilidad presupuestaria, o ley Montoro, que establece una regla de gasto que impone recortes (mal llamados “austeridad”) y que permite a dicho ministro imponer límites en la inversión (techo de gasto), lo que, como decía al inicio, impide a los ayuntamientos dar respuesta a la grave situación social que sufrimos.

¿Qué sentido tiene esta política de asfixia económica a ayuntamientos que están muy lejos de los techos de deuda marcados? ¿Qué sentido tiene imponer recortes a la inversión a ayuntamientos como el de Barcelona, muy saneados económicamente y que han cerrado con superávit los cuatro últimos ejercicios? Barcelona tiene una deuda muy por debajo de las principales ciudades europeas y un tercio de lo que fija de límite del decreto estatal.

Lo que hay detrás de la imposición de mayor exigencia a las ciudades en los objetivos de déficit es la voluntad de recortar los servicios  públicos y las prestaciones sociales, incrementando así la desigualdad. Tal ha sido el caso del ayuntamiento de Barcelona, una ciudad rica y que genera riqueza, pero que la revierte de manera muy desigual en sus vecinos y vecinas. El gobierno de CIU se permitió el lujo de no gastarse ese superávit, e incluso de dedicarlo a amortizar deuda en un contexto de extraordinaria emergencia social. Una institución al servicio de la ciudadanía no puede presumir de riqueza en sus cuentas mientras contempla impasible un aumento de las desigualdades y las necesidades sociales. A no ser que no le importe.

El neoliberalismo ha querido inculcar en nuestras mentes que las administraciones públicas somos como las familias, que se aprietan el cinturón cuando ven reducidos sus ingresos. Y nada más lejos de la realidad. Nuestra función de redistribución, política económica, la de garantizar derechos y servicios públicos, nos hace claramente distintos y con una posición de fuerza  respecto a las entidades financieras (siempre y cuando las cuentas se mantengan saneadas) que no tienen las familias. La generación de déficit, si responde a necesidades de inversión y a criterios de sosteniblidad, es imprescindible para invertir en infraestructuras o equipamientos que van a ser amortizados durante décadas. Por eso tiene sentido financiar a largo plazo. La crisis de la deuda privada y su rescate público no puede ser ahora interpretada como el fin de la inversión pública, porque esa hipoteca sí que sería impagable.

La cuestión es:¿ tienen los ayuntamientos, como es el caso de Barcelona, margen para hacer más? Si la respuesta es afirmativa, debemos poder hacerlo. Barcelona se encuentra entre las ciudades españolas con menos deuda pública en proporción a sus ingresos. No tiene sentido seguir esa senda cuando podemos aprovechar estos recursos para garantizar derechos sociales (vivienda, centros de acogida, escuelas 0-3…) e incluso para cambiar el modelo de raíz, para socavar las causas estructurales de la desigualdad (con un operador energético propio, remunicipalizando el agua, impulsando la reindustrialización urbana el transporte público y la rehabilitación energética…). Y por supuesto, no es de recibo que esa posibilidad se vea coartada por el gobierno del PP y su obsesión neoliberal.

Los dos grandes fracasos de la política de austeridad aplicada tienen que ver con el empleo y la desigualdad. La desinversión acelerada de las administraciones públicas ha generado una destrucción masiva de empleo, sumándose a la falta de dinamismo del sector privado. Es evidente que no es cuestión de volver a una concepción faraónica de la receta Keynesiana a base de grandes inversiones , sino de promover desde los municipios  multitud de micro-inversiones pendientes que generan bienestar, reequilibran el territorio y crean  puestos de trabajo. No hablamos de km de AVE que van vacíos ni de Fórums u Olimpíadas o ciudades de las artes… Estamos hablando de inversión de proximidad, de coser los barrios, de construir o rehabilitar escuelas, de garantizar la accesibilidad del espacio público, de centros cívicos  o de salud comunitaria, de poder tener un parque público de vivienda o pistas deportivas. Detrás de estas inversiones nos jugamos el acceso a servicios de proximidad, la calidad de las instalaciones que usamos la mayoría de la ciudadanía, el derecho a la vivienda o el acceso a la cultura.

En un momento en el que la economía productiva no tira, donde el mismo Fondo Monetario Internacional reconoce que los recortes en inversión han acelerado la destrucción de empleo, no tiene sentido mantener las cifras de déficit impuestas. Nos lo dijo literalmente alguien del prestigio académico de Varoufakis en su visita a Barcelona el pasado octubre: “La solución consistirá en invertir en capacidad productiva”, lo mismo que nos avanzaba en su modesta proposición para Europa, donde reclamaba una recuperación impulsada por las inversiones. Pero orientadas a la gente, al bien común.

Para que todo ello sea posible, necesitamos modificar un reparto injusto de los objetivos de déficit y el techo de gasto de los municipios. Para transformar en profundidad, para atacar las causas de la desigualdad (no sólo sus consecuencias) hace falta cambiar esas leyes, y también cambiar el dogma neoliberal de la asfixia fiscal.

No es una política aislada. El PP ha dirigido un ataque contra el gobierno local en toda regla con su ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, una ley recentralizadora y que expropia la capacidad de actuación de los municipios.

Al PP le preocupan las ciudades del cambio que hace un año ganaron en Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza o Badalona. Y le preocupan las ciudades resistentes (Sant Feliu de Llobregat, El Prat, Montornés…), las que durante estos años han mantenido gobiernos y políticas progresistas contra viento y marea, garantizando derechos y bienestar a sus vecinos y vecinas. Ciudades todas ellas que son ejemplo de “Municipalismo del bien común”, una alternativa a la derecha, y también una novedad en la izquierda, que combina la apuesta firme por la cohesión social, la solvencia económica y desde la colaboración ciudadana y comunitaria.

Por todo ello vamos a seguir batallando junto con todas ellas en el impulso de una verdadera red de ciudades contra la mal llamada austeridad. Seguiremos batallando por una nueva ley de gobierno local que asegure la suficiencia financiera y refuerce la autonomía municipal, que garantice una financiación estable a unas competencias bien definidas, definiendo la participación de las haciendas locales en los ingresos del Estado, incluido el IVA, y en los de las CCAA, incrementar la capacidad y autonomía normativa en la determinación de los impuestos locales. De hecho, hoy, por responsabilidad sabemos que nuestras actuaciones van más allá de nuestras competencias. Creemos en nuestras capacidades y voluntad de transformación.

Esperemos que en breve ya no debamos enfrentarnos al ministro Montoro, ni a ningún otro ministro del PP o de Ciudadanos, sino que contemos con un gobierno del cambio en el Estado que sea un aliado, y no un adversario, con el que construir ciudades para la vida, para la equidad, orgullosas de seguir luchando codo a codo e incansablemente por la cohesión social.