Para que esta bajeza moral haya tomado carta de naturaleza, convertida en acomodada rutina está siendo imprescindible la colaboración mediática. El papel de algunos medios de comunicación es fundamental para que la nociva filosofía política devenga en negocio rastrero para los arribistas de siempre, a base de manipulaciones orquestadas en campañas de propaganda política (definidas en el decálogo de Chomsky como “Armas silenciosas para guerras tranquilas”). Para ello se necesita comprar, o en su caso alquilar, líneas editoriales puestas en venta y propensas a prescindir de un código deontológico en favor de la voz de su amo. Pues “quien paga, manda”. Un ámbito periodístico muy sensible, donde el intrusismo mercenario de “comunicadores” vendidos al mejor postor, se enseñorea con impunidad donde debiera imperar la ética de una profesión cuya excelencia queda en entredicho; a falta de una colegiación de rango nacional que la proteja de sucedáneos invasivos, la defienda en sus intereses profesionales y de la posible explotación empresarial.

Ahí el ciudadano normal poco puede hacer. Solo protegerse de asechanzas ideológicas, sesgadas y tendenciosas y, sobre todo, intentar defender su dignidad de pueblo soberano, cuya conciencia no puede ser vulnerable a maquinaciones analfabetas. Dicho de otro modo, no permitir que los cutres “padres patrios”, bien pagados, crean que los votantes somos cortos de entendimiento y que no los tenemos localizados.

Es muy desagradable, para el ciudadano normal, sentirse instalado en un recinto ferial, o circense, en formato de mercadillo barriobajero, donde se manejan negocios soterrados y del que no se puede salir porque está vallado; con un ostentoso cartel en todo lo alto que reza “Estado de Derecho”. 

Los feriantes actúan como si fueran los amos. Aunque elegidos por el pueblo al que engañan con currículums ficticios y falsas promesas que no se cumplen. En lugar de pagar un canon por ocupar un puesto, como en cualquier feria de pueblo, ellos perciben un suculento salario para administrar los bienes e intereses de los propietarios de las instalaciones, que son precisamente los usuarios del recinto que han depositado dicha voluntad en unas urnas. Tras la selección, y una vez colocados los aspirantes en sus respectivas casetas, lo primero que hacen es encaramarse en una poltrona de patas largas, como para investirse de fatua autoridad y poder contemplar desde lo alto y con menosprecio a quienes el día antes les doraban la píldora para ser elegidos… Los dueños legítimos pasan a ser clientes mal tratados por unos supuestos servidores del pueblo que, con sus argucias de hampones y facinerosos fulleros, tratan de someter al “pueblo soberano” y avasallarlo con intención de hacerlos siervos tributarios para poder así seguir forrándose ad eternum. 

Los empleados contratados en barbecho, no son trigo limpio. Sus comportamientos son propios de una pandilleja de baja estofa. Se odian entre sí por mor de ambiciones patógenas y exceso de competencia de unos contra otros. En sus luchas encarnizadas recurren a las peores artimañas, donde la traición no respeta ni a parientes del mismo clan. Cuando se teme que el primo que regenta el puesto de al lado pueda guindar parte de la clientela por su mejor discurso, no importa prenderle fuego a la caseta anexa, aunque eso favorezca a los verdaderos enemigos: los estafadores de enfrente; los trileros de siempre; incluso algún asesino en serie convicto a medio redimir. Solo se trata de que los clientes no se desvíen al puesto de al lado. El resto, que la mafia organizada se enseñoree del patio, no tiene la menor importancia… aunque el tinglado termine explosionando.

Mal avío tiene el descosido. Porque la plazoleta central, foco y mentidero de cuanto circunda el poblado, dispone de un tablón de anuncios, a la vista de todos, en el que se insertan toda suerte de normas e imposiciones dictadas a golpe de plumazo por la junta rectora de los mercaderes en su templo. Anuncios y datos falsos que mienten y cambian los “dije” y “diego” de un día para otro. Cada nuevo bando “decretado” es un texto destructivo contra alguno de los múltiples valores que de antaño gozaba esta comunidad social. No hay un solo indicio constructivo en favor del respeto por usos y costumbres, valores morales tradicionales, ni cualquier atisbo de fomentar sentimientos positivos por el arraigo natural de los titulares del asentamiento, desolados y vulnerables ante la corrosión sistemática y premeditada del sistema. No importa el fracaso comercial del mercadillo; pues la ruina de cada tenderete supone el empobrecimiento generalizado; muy conveniente para que la soberanía del lugar vaya pasando subrepticiamente de los ingenuos e indefensos titulares a manos de los feriantes corruptos, trileros tramposos y delincuentes mafiosos con capacidad de comprarlo todo; incluidas sentencias judiciales…

El concepto de democracia y su etimología la definen como “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Teoría que implica principios de igualdad para todos los ciudadanos; respeto a la autonomía privada garantizada mediante la protección de los derechos individuales; pluralismo y control del poder político; capacidad de los ciudadanos para poder participar en las decisiones que les afecten; y otros varios predicados adscritos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Nada tiene que ver esta utopía con la realidad que padecemos en primera persona de plural dentro de la comuna tribal antes descrita. A pesar de su encabezamiento como “Estado de Derecho”, se parece más a la “casa de tócame Roque” o a la granja de Orwell, que terminó por reventar…

Para depurar personal nocivo y librarnos de esta lacra política, sería conveniente aplicar el polígrafo a titulares, eslóganes, intervenciones, entrevistas y declaraciones de todos los cargos públicos… Y ni por esas… 

Es la afición de un pueblo que vive, vibra y sueña con los éxitos de su equipo. Son sentimientos que pueden parecer banales y exagerados a quienes repudian esta simbología deportiva. Pero hay que reconocer la misma profundidad que en cualquier otro ideal ético o emocional, cuando un resultado es capaz de cambiar la vida normal de una ciudad… hasta la siguiente jornada.

Nuestro C D Tenerife atraviesa una de las épocas más críticas de su historia. No solo por los resultados adversos y la moral resquebrajada por una gestión lamentable; sino sobre todo por la estructura administrativa de una sociedad anónima deportiva que, en malas manos puede destrozar grandes ilusiones y cualquier viabilidad de futuro. (Léase el caso sangrante de un glorioso Valencia FC; hoy en las pérfidas manos de un especulador, inmune a la indignación colectiva de una gran afición, indefensa ante un desmantelamiento que puede ser irreversible y definitivo. Por citar también a nuestra entrañable U. D. Las Palmas. Otra entidad señera hoy en la picota por mala praxis administrativa). 

Camino llevamos si lo de aquí no se rectifica pronto… Es importante identificar el problema; su enunciado, planteamiento correcto y operaciones adecuadas para ofrecer soluciones. Demostrado queda que un club de fútbol no puede gestionarse con criterio empresarial. Si falla el espíritu deportivo y se supeditan los recursos a un pretendido negocio, que además viene precedido de fracasos operativos varios, conflictos profesionales y sistemático mal trato laboral en las sucesivas empresas; si también existe una estrecha vinculación con un solo partido político –el de siempre–, se cumple el aforismo: “Todo lo que toca la política se contamina y desmorona”. El TeTe no podía sustraerse al anatema y el fracaso está servido en bacinilla de loza fina.

Si para colmo el presidente, condenado por un delito de estafa, deja de ser presunto y bajo sentencia judicial deviene en convicto y confeso, por lógica y sentido común no puede seguir en la poltrona ni un segundo más. Ni mucho menos montar el paripé de un recurso inviable como argucia para prolongar su acomodo presidencial. El daño al club sería irreparable; pero el desprestigio para la dignidad de toda una población produciría tremendo bochorno. 

Este despropósito de mantenella y no enmendalla puede estar apoyado, de buena fe o no, por algunos “fieles” que desde la junta directiva justifican algo así como “No. Es que ha tenido que declararse culpable y pactar con Fiscalía para evitar que sus hijas y él fueran a la cárcel”. Hay argumentos que intentan defender pero producen el efecto contrario… si con ellos, para más inri, se da pie al tópico interrogativo: “¿La Justicia es igual para todos…?”

Santa Cruz merece un C D Tenerife en 1ª división. Pero abocados a la 2ªB y sin un revulsivo suficientemente eficaz, estamos en riesgo de desaparición del club –no seríamos el primero ni el último–. Ni siquiera el dinero público de las generosas subvenciones, prodigadas sin recato por instituciones afectas al desaguisado actual, podrían salvarnos del desastre definitivo.

Quizá no tenga nada que ver, pero desde que desapareció la fuente de la Plaza de La Paz, hoy sustituida por una palangana con ínfulas de jacuzzi, en cuyas aguas se celebraba antaño cada ascenso a 1ª en plan chapuzón colectivo, no se ha vuelto a dar la ocasión ni la refrescante escena… pues últimamente hemos tenido que remar, o bracear con angustia, a contracorriente desde los puestos de descenso al temido infierno de la 2ªB.

Sería curioso que se restaurara dicha fuente en la plaza aledaña de República Dominicana, en sustitución de la “insuficiente” escultura que la preside, y que por arte de birlibirloque, resueltos los conflictos políticos del TeTe, se diera el milagroso ascenso a 1ª, debidamente celebrado como antes en el pilón de aquella preciosa fuente. Parecerá tontería, pero estoy convencido de que si se desmantelase La Cibeles, el R. Madrid no volvería a ganar una Champions. 

Aparte de que la proposición urbanística mejoraría enormemente el paisaje santacrucero en una de sus entradas principales… 

Mucho ánimo a la afición. Firmeza a las peñas en defensa de nuestro patrimonio chicharrero. A las autoridades, por favor, que dejen a un lado sus intereses políticos; se dediquen a lo suyo, que bastante tienen; y a ser posible que no perjudiquen más a un pueblo que no merece tanta felonía.

¡TENERIFE ADELANTE!... ¡Adelante sin temor a la meta final… con la emoción del riquirraca…! 

El ejercicio del periodismo goza de un componente vocacional que no todas las profesiones disfrutan. Cuando el sentimiento coloca los emolumentos percibidos por el trabajo en segundo término con respecto a la satisfacción por lo bien hecho, hace del profesional un privilegiado –así cotejado en primera persona, en un ámbito completamente distinto donde una pasión de altos vuelos también tuvo que sufrir en su día los efectos adversativos de la asechanza organizada–. En ambos casos, la bandera del deber cumplido ondea el orgullo de sus principios, como recompensa moral por el esfuerzo que conduce al éxito. 

En toda profesión estatuida en un código ético explícito, o intrínseco en ausencia de colegio profesional, se articula la bondad de sus actividades y se controlan posibles desvíos conductuales con expresión de las sanciones pertinentes.

La teoría se ofrece perfecta y gratificante. Pero aparece el factor humano para desbaratarla. No ya por la propia fragilidad inherente a la triste condición de intereses mezquinos por excesivamente individuales, sino por la incapacidad de afrontar ataques exteriores que acometen con poca piedad las bases del baluarte que necesita voluntad y firmeza para ser defendido.

Desde la oscura percepción captada golondrinamente a ras de suelo, los ciudadanos normales nos sentimos indefensos ante la abusiva injerencia de  intereses políticos en los medios, tanto impresos como audiovisuales. A bote pronto parece gran indecencia aprovechar la precariedad empresarial, laboral y profesional de algunas entidades de toda la vida dedicadas a la comunicación, labradas en democracia, vinculadas a derechos y libertades de declaración universal, que parecieron encontrar acomodo vocacional en el sacrosanto ejercicio de “informar, formar y entretener” a una opinión pública muy sensible y vulnerable a manipulaciones mediáticas. Hoy gestadas, para desgracia nuestra, desde otros poderes que utilizan al profesional de periodismo como vía de difusión para ideas y propaganda política que nada tienen que ver con al interés general, y sí mucho con ambiciones individuales o partidistas.

Duelen testimonios de históricos profesionales del periodismo que asumen como inevitables las tragaderas para mantener puestos de trabajo en determinada redacción, y solo publicar en favor de quien más paga y en contra del adversario político de turno. Cierto que se trata de una situación de emergencia con carácter humanitario, como corresponde al empobrecimiento laboral paulatino y progresivo. Cuando la precariedad de recursos aboca a la ruina y desamparo en la familia del trabajador, cuya calidad profesional no encuentra el merecido respaldo económico, no tiene más remedio que aceptar un misérrimo mileurismo para decir o escribir lo que le manden. 

Todo ello en contra de los principios deontológicos de una profesión que adolece de la intrusión de advenedizos que un día encontraron un micro en el que vieron un filón de medro personal, sin necesidad de titulación ni acervo moral en el plano formativo. Son “comunicadores” que van de periodistas sin serlo, obsesionados con la primicia, la exclusiva y con los índices de audiencia. Que invaden escenarios adaptados con facilidad al “negocio” de la propaganda política mediante la publicidad institucional y subvenciones oficiales pagadas con dinero público. Es decir: “con mi dinero estoy pagando a unos desaprensivos sobornados por otros para que me mientan…” 

En este foro disponemos de casos flagrantes. Alguno incluso trasladado a la FAPE. Cuando se plantea un problema, para dar validez al argumento, conviene proponer posibles soluciones. Creemos que la supervivencia de la profesión más gratificante del mundo depende de la creación definitiva de un Colegio Profesional de Periodismo a nivel nacional. Es difícil concebir, con la que está cayendo, que no esté ya configurado para articular sus estatutos y dar forma a un código deontológico acorde con la dignidad y sensibilidad vocacional del periodismo verdadero. Al tiempo de proteger la profesión del intrusismo organizado en contra de unos principios éticos fundamentales.

La gestión económica de las empresas afectas a la comunicación, es la otra parte vulnerable en términos de supervivencia. Qué duda cabe de que la adaptación a las nuevas tecnologías está recibiendo la merecida atención de expertos en la materia. La prensa convencional está sufriendo un deterioro comercial alarmante. Ya casi nadie compra el periódico porque las publicaciones digitales son mucho más cómodas y la fácil divulgación en las redes de noticias, reportajes y entrevistas, resulta accesible y barata. Así, los diarios de siempre se están volcando en digitalizarse. Y los nuevos que surgen, ya digitales, presentan ciertas ventajas operativas sobre los tradicionales. Aunque todos se nutren de la publicidad comercial, es insuficiente para salir adelante. Y seguimos en las mismas; con líneas editoriales en apariencia ideológicas pero con el trasfondo comentado de propaganda política bien pagada.

Somos la “opinión pública”. El “pueblo soberano” con derecho a la “veracidad”. Pero no es gratis. Somos nosotros quienes tenemos la necesidad y obligación de rescatar el periodismo genuino. El que ejerce el derecho a la libre información y está exento de compromisos mezquinos con facciones tendenciosas y propensas a la manipulación corrupta del dinero público. Salvemos a quienes nos merecen para que nosotros los merezcamos. Está en nuestras manos, pero no sin esfuerzo… un pequeño esfuerzo. Tan simple como calcular lo que antes gastábamos en comprar el periódico habitual a lo largo del mes, y donarlo a la publicación que elijamos. Aquella o aquellas que nos ofrezcan garantía de veracidad y calidad periodística. Y si aportamos algo más, será en beneficio propio… como lo de prescindir en el dial de emisoras de medio pelo; desagradables, mal presentadas y peor manejadas…

01/11/2020                                                     www.elrincondelbonzo.blogspot.com

Nada hay peor que una construcción con cimientos débiles. Nuestra estructura productiva basada en el turismo como recurso exclusivo, adoleció desde sus principios de un riesgo que ya nos anunció en cabeza ajena la “primavera árabe”. Cualquier evento intempestivo o situación traumática sobrevenida e inesperada, podía dar al traste con toda la tramoya mal asentada en un escenario tan vulnerable. 

Cierto que parece sencillo opinar a balón pasado. Incluso podría ser una impertinencia.

Para no caer en la apariencia de oportunismo por juzgar la actualidad en plan ventajista, ante la inquietud que producen las últimas noticias, he repasado mi blog en el apartado “categorías” donde dice “Turismo Canarias” (sigue abierto para consumo colectivo). Son ocho artículos relacionados… escritos desde la perspectiva profana del ciudadano peatón, sin vínculo alguno con la especialidad, pero con la buena fe que acompaña el uso de razón y el más elemental sentido común. Datan de hace más de una década, en distintos avatares que me hicieron “despacharme” con intención de compartir percepciones que, por desgracia, se han cumplido.

Reaccioné en su día contra el triunfalismo de los números de afluencia, pernoctaciones e incrementos anuales de ingresos, gracias a que actos terroristas se habían cargado a la competencia. En lugar de poner a remojo las barbas propias y dedicarnos a fidelizar clientes, nos regodeamos en desgracias ajenas y nos aprovecharnos de lo fácil que era atraer gente sin apenas esfuerzo operativo.

Hacia 2018 empezaron a flaquear las cifras, porque ya los países damnificados por la violencia terrorista iban resurgiendo de sus penurias y empezaban a plantar cara.

El problema para afrontarlo, así como el abuso acomodaticio anterior, radicó en la penosa gestión política que, por desgracia, está vinculada indefectiblemente al sector turístico. La FITUR de 2015, comentada en el artículo “JACTA EST”, habla de la injerencia institucional en un ámbito necesitado de la operatividad y eficacia imprescindibles para el éxito, presente y futuro, La entradilla rezaba así: “Culminada con el triunfalismo habitual FITUR 2015, un año más se celebra el éxito en Canarias con ostentosos titulares referidos al reiterado incremento de turistas, gracias a la buena gestión de los responsables políticos y las muy optimistas perspectivas de futuro. Cuando las realidades de presente y las venideras son preocupantes sin paliativos…” .

En otros trabajos se aludía a la fatua pretensión oficial por el “turismo de calidad”. Solo titulares rimbombantes, pues todo parecía diseñado en contra: Paquetes del “todo incluido”; turoperadores especuladores con precios a la baja; aerolíneas de bajo coste; maltrato laboral a los empleados de hostelería; un litoral isleño afectado de vertidos fecales incontrolados; pasajeros mal tratados con largas horas de espera a pleno sol porque la T-1 del Reina Sofía se había quedado vieja e insuficiente, cuando ¡oh sorpresa! en enero de 2017 se descubrió que existía una T-2 construida e inaugurada en 2008, pero al día siguiente fue cerrada a cal y canto. Se quedó sin estrenar para ignorancia de las autoridades y sin explicación de AENA. Eso sí; los alcaldes del Sur clamando por una 2ª pista para sacar áridos hacia el fallido puerto de Granadilla… ¿Turismo de calidad?... 

Claro, con estos antecedentes, el presente pandémico es angustioso y las posibilidades de futuro inquietantes al máximo. No ya por lo también comentado en otros artículos sobre la imprescindible diversificación de recursos, ante el riesgo de polarización de los huevos en una sola cesta, sino porque la gestión sigue en las manos oficiales menos recomendables por su ineptitud y falta de conocimiento.

Dejamos en las redes y sus comentarios el reciente número de las “low cost” ofertando pasajes de Reino Unido y Alemania a Canarias por 25 €. Ha sido una eclosión de pánico ante la posible afluencia descontrolada de infectados de covid 19, sin pasar test de salida, llegada ni alojamiento. El riesgo de que nos confinen de nuevo en plan masivo, contrasta con algunas declaraciones triunfalistas de “¡Qué bien! ¡Qué suerte! Por fin se va a reactivar el turismo (¿de calidad?)”.

Esta muestra de desconocimiento viene dada por el problema endémico de responsables políticos ignorantes que no tienen idea de lo que tienen en sus manos, y solo les interesa algún titular o declaraciones llamativas para justificar su cargo. ¿Cómo es posible, con la que está cayendo, que desde la Consejería de Turismo se declare la brillante iniciativa de gastarse un pastón en promocionar el turismo de EEUU y Canadá hacia Canarias? ¿Acaso han calculado cómo se podría competir con Hawai, o los archipiélagos del Caribe? No solo por entidad ni importancia, sino por una simple cuestión geográfica y el simple acceso al alcance de la mano. Aparte de nuestras limitaciones comentadas, incompatibles aquí con el turismo de calidad.

“Si lo barato es barato por su baja calidad, deja de ser barato”.

Cualquier idea, concepto u opinión contienen matices intrínsecos que limitan la radicalidad del “mi verdad es siempre única… aunque difiera de la tuya”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos canalizó el sentido común de aplicar las libertades en el contexto social del respeto colectivo. Define el alcance de mis derechos hasta donde empiezan los del prójimo. Convencionalismo racional y razonado como método de supervivencia a través de unas reglas de convivencia racionales que intentan ser justas.

Así se recoge en las respectivas constituciones y legislación de los países democráticos que configuran nuestra civilización occidental.

Pero como la perfección es una utopía, toda iniciativa e innovación oficial o administrativa ofrecen pros y contras, partidarios y adversarios, que crean conflicto sobre la frontera que separa los propios derechos y el deber hacia los demás, para que el concepto de libertad no se infecte en modo libertinaje.

P.ej.: La implantación de cámaras de seguridad en espacios públicos, ¿afecta a la privacidad del individuo? Quizá sea el precio por otras ventajas como la de proteger la seguridad ciudadana. Su existencia produce además un efecto disuasorio ante el vandalismo callejero o delitos en la vía pública.

En grandes almacenes y otros establecimientos las cámaras de seguridad son parte esencial de su estructura; como la grabación del vehículo y su matrícula cuando se accede a un aparcamiento público. Se aceptan y nadie normal siente perturbada su intimidad. Las calles, plazas, parques y jardines al aire libre, son espacios públicos en los que nadie puede comportarse en términos de privacidad absoluta, como pudiera ejercerse en la intimidad del propio hogar, dormitorio, cuarto de baño o ante la chimenea de su sala de estar. No parece contraindicación ni atentado hacia derechos fundamentales. Solo se trata de diferenciar entre espacio público y recinto privado; ajustado cada sitio al comportamiento cívico y al respeto por la intimidad individual.

En los países más avanzados de nuestro entorno geoestratégico, una red expandida de cámaras de seguridad impide, por ejemplo, que ningún coche circule con matrícula falsa, sin seguro o falto de la inspección obligatoria. Por no comentar, como en las películas de acción, policiacas o de espías, cómo una buena grabación puede sustituir un traumático interrogatorio que atentaría contra los derechos humanitarios del enemigo o del presunto delincuente. 

Son ventajas referidas a la seguridad colectiva. Lo que no obsta, como suele suceder, que el poder instituido abusase de su utilización con fines políticos. Si tal no pudiera controlarse, el efecto sería pernicioso para la ciudadanía y aprovechable como argumento para quienes priorizan su defensa egocéntrica contra el supuesto bien común.

Esto también es válido para debatir pros y contras del negacionismo en el actual estadio avanzado de pandemia. Con el rechazo a medidas extremas impuestas por la autoridad “competente”: confinamiento, mascarillas, distancia social, limitación grupal… se representa la bandera de la libertad a ultranza y la reivindicación de derechos individuales a toda costa que, si no encuentran un límite frontal, ponen en riesgo por contagio a la parte más vulnerable de la sociedad, que vería invadido su derecho a la salud y a la vida por parte de los activistas reaccionarios.

Cierto que la gestión política ha demostrado incapacidad, ignorancia y exceso de intereses partidistas en contra de la imprescindible eficacia para atajar la epidemia o, al menos, amortiguar sus lamentables efectos. Sería impensable que pudiera resolverse tan grave problema “solo” en clave política; pues hartos estamos los ciudadanos de comprobar que todo lo que toca la política se contamina y se descompone en residuos orgánicos… y que “solo la sociedad civil está capacitada para resolver sus propios problemas”. Es por lo que se requiere el esfuerzo colectivo de usar la razón y aplicar el sentido común con criterio humanitario, exento de “iluminaciones” personales y actitudes dañinas o peligrosas para el entorno familiar, afectivo y social. 

“La libertad personal absoluta solo existe para el náufrago en su isla desierta. En la realidad tribal está limitada por el respeto a los derechos de los demás”.

Repasamos nuestro historial democrático de 40 años con tres casos en los que se debió aplicar el reglamento, y se pasó de largo. Y al contrario, otros tantos en los que se montó el número, pero con serias dudas sobre su conveniencia y legitimidad, afectados de interesada contaminación política, como suele suceder, para que en apariencia prevaleciera la suspicacia sobre los verdaderos motivos que indujeron las decisiones oficiales de liarla parda.

Tuvimos un 23-F: intento de golpe de estado que quedó en agua de borrajas por puro milagro. ¿No fue aquella una ocasión pintiparada para proteger nuestro Estado de Derecho mediante la aplicación, de un plumazo, del Art. 116?

Tuvimos un 11-M: Lamentable tragedia del mayor atentado terrorista sufrido en esta bendita tierra. Por equiparación, nuestras torres gemelas con demasiados puntos oscuros sin resolver. ¿No procedió un estado de excepción en lugar de intentar el camuflaje y esconderse con fines electoralistas por parte de uno y otro bando?

Tuvimos un 1-O: Más reciente pero de tan alto riesgo como los dos anteriores. Una sublevación organizada, en términos belicistas disfrazados de falso pacifismo y una democracia de vía estrecha, para desintegrar una parte de España por parte de una facción sediciosa, que sin duda mereció un estado de sitio en nombre del Estado de Derecho amparado por la Constitución, en lugar de dejarlo en el aire para ahora chalanear apoyos políticos del poder instituido con delincuentes comunes.

Un contrapunto lo tenemos el 5D2010, fecha de aquel escandaloso cierre del espacio aéreo español. Se decretó estado de alarma, militarización incluida, por un conflicto laboral. Importante, pero nada que ver con las emergencias nacionales reseñadas. El Gobierno decidió doblegar al colectivo de controladores aéreos porque su convenio laboral contemplaba supuestos privilegios económicos, incompatibles con el proceso iniciado de privatización de AENA. Ellos decidieron defender sus legítimos derechos y se les organizó una encerrona mediante el despliegue de una feroz campaña de desprestigio con masiva colaboración mediática. Se les acusó en falso de abandonar sus puestos de trabajo  y del cierre del espacio aéreo –Impensable que un cirujano cabreado se largue del quirófano con su paciente en la camilla, anestesiado y a corazón abierto–. Imposible que los controladores abandonasen sin control a cientos de tráficos en el aire bajo su responsabilidad. Fue una maniobra orquestada por el Ministerio de Fomento, de acuerdo con Eurocontrol (Bruselas), para ir vaciando el espacio aéreo a lo largo del día. Cuando ya no quedaba ningún avión volando, los “comisarios políticos” de AENA expulsaron de sus consolas a los controladores que se mantenían trabajando e impidieron el acceso a los equipos del turno entrante. Una felonía perversa para masacrar a un colectivo al que posteriores sentencias exoneraron de toda culpa… Pero esto no trascendió en los medios con el mismo énfasis que antes se les dedicó para machacarlos. No parece el uso político decente de un estado de excepción como arma alternativa para casos extremos.

Por segunda vez se decretó en España un estado de alarma el pasado mes de marzo con motivo de la pandemia fatalmente gestionada por los responsables políticos que, ahora aparece ya demostrado, tuvieron información previa suficiente para adoptar medidas de prevención adecuadas al riesgo anunciado sin ambages por organismos propios e internacionales, a fin de minorar los devastadores efectos letales que se produjeron ante la inacción y reacción tardía, por no priorizar una grave amenaza contra la salud pública a costa de otros intereses oficiales que nada tienen que ver con derechos sociales, ni de lejos con el estado del bienestar. La consecuencia de tanta chapuza previa fue sin remedio decretar el estado de alarma, con el traumático confinamiento general y todos los daños colaterales inferidos por la mala praxis de unos gobernantes ineptos, falaces y desalmados, cuya desidia e inoperancia se vio castigada en la carne de las víctimas inocentes.

Como resultó fácil lo de apretar el gatillo para corregir o disimular los propios fallos, pareciera que le tomaran gusto al tema y ante cualquier incomodidad operativa, incluido un dictamen judicial, no tienen empacho en repartirle estopa al contrario en un alarde de prepotencia, autoritarismo y carencia de buena fe. El fatuo triunfalismo de haber doblegado por la fuerza del poder a la Comunidad de Madrid, en su calidad de adversaria política, decretando un estado de alarma, con contraindicaciones diversas en el aire, ofrece una doble vertiente. De un lado, una vez más, la demostración de un estado autonómico precario e inviable, cual metástasis que acoge competencias tóxicas irradiadas desde un cuerpo central enfermo, con el resultado continuo de fracaso por injerencias competenciales y frustración por una burocracia patógena e inservible. Por otra parte, la desfachatez de quitarse el muerto de encima, delegando responsabilidades y dispersando sinergias  ante un gravísimo problema de salud pública, que requiere una actuación de liderazgo efectivo y la firmeza de coordinar medios y decisiones organizadas en un contexto crítico, que exige la voluntad política de asumir la responsabilidad única… A no ser que se previera el fracaso de la segunda ola, por correlación con los vergonzosos antecedentes y ante la calamitosa gestión de una desescalada también fallida. 

El eslogan presidencial: “Lo único importante es la salud pública”, debiera expresarse en voz alta y ante polígrafo. Es lo que tiene la falta de credibilidad de gente propensa a las medias verdades y al engaño por sistema.

“Las cosas bien hechas siempre se pueden mejorar. Pero cuando no pueden hacerse peor, no es solo torpeza e ignorancia, sino mala intención”.

Este artículo fue publicado también en  www.elrincondelbonzo.blogspot.com

El empresariado representa la forma eficiente de regular el potencial productivo mediante la creación y conservación de puestos de trabajo. Creador de riqueza y bienestar social a través de su legítimo derecho al medro personal y obtención de rentabilidad material acorde con su esfuerzo, capacidades y trabajo gestor.

Planteada la teoría, bajamos a ras de suelo para asumir la realidad. El colectivo empresarial no es un grupo homogéneo de personas con una misma vocación, iguales principios éticos ni parecida preparación en sus componentes. Son medios personales diferentes respaldados por distintos recursos materiales. Cada uno, un mundo.

En cualquier conjunto social con una estructura organizada, abundan calidades y cualidades positivas en su gran mayoría. Pero consecuente con la condición humana, es inevitable la presencia minoritaria de elementos discordantes; demasiado reseñables por sus efectos nocivos cuando perturban la normalidad de la organización.

Hay empresarios y “empresarios”. Los pocos entrecomillados son los que abusan laboralmente de sus trabajadores y terminan en los juzgados por una gestión deplorable. En algún caso, la vejación ejercida contra sus empleados, absolutamente inhumana, pasa desapercibida en sentencias que solo condenan sus fraudes y estafas.

Hay casos concretos, aleccionadores y escandalosos, que explosionaron en su día con gran parafernalia informativa, incluidos algunos medios afines y “comprados”, en exacerbada defensa de una presunción de inocencia inviable por hechos flagrantes. Tuvieron que envainar, esconderse y hablar de pájaros y flores cuando se les reprochaba su engaño a la opinión pública. Haciéndose pasar por periodistas de pro, cuando apenas eran voceros mal pagados por un presunto que dejó de serlo.

El problema del emprendedor entrecomillado suele radicar en su menguada calidad humana, por la que prioriza rentabilidad y beneficios sobre cualquier otro elemento del escenario operativo en el que se mueven proyectos, decisiones, resultados, previsiones y, sobre todo, personas que dejan de serlo convertidas en números por un patrono indecente. El fracaso viene envuelto en papel de regalo. Es el riesgo de ignorar que el capital más valioso de cualquier industria o comercio es, o debe ser, la entidad profesional de sus empleados y su vinculación afectiva con la empresa. Si esto falla por abuso o maltrato laboral, su puesto de trabajo se convierte en motivo de sacrificio y rechazo que sin duda repercute en su rendimiento y calidad funcional.

Sobre el presunto que dejó de serlo por convicto y confeso, se estableció un paradigma y punto de referencia que sirvió como ejemplo a no seguir para quienes componen el mundillo empresarial, con vocación decidida por el progreso y conciencia humanitaria en la gestión de este motor que mueve la economía de un país.

El susodicho, carente de principios elementales, a falta de formación humanística y cultural, obcecado por una ambición patógena al abrigo de influencias políticas que le facilitaban negocios a tutiplén, no tuvo peor ocurrencia que adquirir una compañía aérea de bajos vuelos, con la idea de que iba a forrarse de inmediato por cuantos mitos y tópicos rodean el ámbito aeronáutico. La ignorancia y desconocimiento del medio determinaron su quiebra. Torpeza absoluta, turbidez contable y el “carrito del helado” que le pilló in fraganti, darían con su masa ósea en la cárcel.

Lo peor, entre todos los delitos por los que le juzgaron, estuvo en el maltrato laboral ejercido sobre sus trabajadores de todos los colectivos que formaban la aerolínea. Hay profesiones y actividades laborales tan especiales y específicas que requieren unas condiciones físicas, psíquicas y mentales en perfecto estado; que no admiten perturbación externa alguna que afecte su rendimiento en perjuicio de la seguridad de las personas. En el código deontológico del transporte aéreo es el punto fundamental.

Una mala praxis empresarial, o gestión errónea de recursos, que redunde en una terrible situación para los trabajadores, por tantos meses sin percibir su salario, amenaza de despidos, sin garantías técnicas de mantenimiento precario por falta de material y desprecio absoluto por parte de un nefasto dueño de la compañía, induce a valorar el riesgo de una posible tragedia con pérdida de vidas humanas, por un accidente que fuera propiciado por tantas adversidades acumuladas. Un tratamiento laboral inhumano desequilibra las facultades operativas del personal, su estabilidad emocional y la integridad psicosomática, imprescindibles sin fisuras para la seguridad aérea. No obstante, llegado el caso, por desgracia, el truco consistiría, como siempre, en echarle la culpa al muerto y aquí no ha pasado nada.

El individuo en cuestión, presidente que fue de la CEOE, tuvo la desfachatez declarar en público “que jamás volaría en su propia compañía (Air Comet) porque no se fiaba de su seguridad”… ¡Hasta qué punto debió masacrar a sus empleados…! Como suele suceder, en las sentencias condenatorias por fraude y/o estafas, no apareció para nada este gravísimo atentado extremo contra la seguridad aérea.

En todas las causas de quiebra en aerolíneas debiera contemplarse este importante riesgo de tragedia que queda impune y nunca le llega a la opinión pública.

El ínclito Díaz Ferrán obtuvo ya el tercer grado, y ha mostrado públicamente todo su arrepentimiento por las fechorías cometidas que supusieron su condena. Un acto de contrición muy meritorio como resultado positivo de su paso por prisión.

Aunque… “si rompo un jarrón y luego pido perdón, los añicos no se recomponen por arte de magia”.

Pero no pasa nada… porque es importante identificar la realidad desde la perspectiva popular. La sabia conciencia ciudadana no se deja engañar por eslóganes torticeros o soflamas políticas que solo pretenden captar votos con mentiras y falsas promesas incumplidas antes de proponerlas. Pero la comodidad de no exigir derechos básicos y la resignación colectiva ante abusos institucionales, propician que los supuestos servidores del pueblo, contratados como tales en las urnas, apenas encaramados en la poltrona respectiva devengan en Vuecencia, Ilmo. Sr., Señorías, Usía y demás zarandajas del tratamiento protocolario que convendría ajustar a la verdadera entidad de los susodichos que, por arte de birlibirloque, de pronto y sin merecerlo, se ven convertidos en padres patrios; investidos de una fatua autoridad espléndidamente pagada por la parte contratante a la que menosprecian desde encima del hombro.

Pero no pasa nada… porque todo tiene arreglo. Aunque ante cualquier problema o conflicto de índole social, económica, laboral, humanitaria, cultural, sanitaria, deportiva o simplemente ideológica, que deban ser resueltos en términos políticos, el fracaso está servido de antemano. ¿Algún ejemplo concreto, uno solo, que contradiga este predicado con alguna solución exitosa, en clave política, obtenida sobre cualesquiera de los casos del abanico?... Si todo lo que toca la política se contamina y descompone en detritus residuales, ¿supone eso que los ciudadanos normales estamos indefensos ante cualquier felonía de estos desalmados? Respuesta: Sí y no. Depende de nosotros y de nuestra voluntad de supervivencia, que jamás debe fallar.

Pero no pasa nada… pues contemplamos con algo de conmiseración y cierto menosprecio a las pobres repúblicas bananeras tercermundistas gobernadas por las “élites” mafiosas de cárteles del narcotráfico, contrabando de armas, tráfico de personas, blanqueo de dinero… Pero ¿qué tenemos en casa?... ¿Qué respeto merecemos de los países en nuestro entorno denominado “civilización occidental”? Un análisis introspectivo, o examen de conciencia, permite autocalificarnos muy peyorativamente como un Estado de Derecho precario e infestado de lacras socio-políticas corrosivas y nocivas; inaceptables para un pueblo noble que ve su dignidad sojuzgada por minorías radicales de golpistas sediciosos o terroristas “reciclados” en políticos, con una ilimitada capacidad de chantaje para poner en jaque la viabilidad de un gobierno inconsistente, sin capacidad para encarar la afrenta, que no tiene más remedio que someterse a la extorsión continua para mal mantenerse en el poder.  

Pero no pasa nada… porque el origen de nuestras penurias está en una estructura política inviable en cualquier país normal, aunque fuera el más rico del mundo, cual no es nuestro caso. Un estado autonómico inoperante, fracasado y ruinoso. Multiplicidad de competencias sobre cada área transferida que, en amalgama con una burocracia cutre y enfermiza, se consigue que nada funcione. El truco político, aparte de forrarse sin decoro, está en la facilidad del sistema para eludir responsabilidades culpando a otros de cada fracaso propio. Agravado el disparate por un insostenible y aberrante gasto público para sufragar suculentos salarios y prebendas a una masificada clase política, convertida en el sumidero de depravados abusadores que succionan sanguijuelamente los recursos propios de una sociedad civil que tiene que sufrir la inoperancia e ineptitud de sus gestores.

Pero no pasa nada… a pesar de una ley electoral chapucera y vergonzante que ha permitido  la alternancia de los dos partidos  por antonomasia más corruptos en nuestra historia reciente. Los del “y tú, más”; flanqueados por las formaciones radicales y oportunistas que nunca faltan en los ríos revueltos donde pescar a mano. En un extremo, la recalcitrante y extemporánea ultraderecha que hasta hace una década yacía adormilada en el olvido. Pero ha revivido excitada por recuerdos difuminados con la pátina del tiempo. Alguien decidió resucitarlos con la apariencia humanitaria de una memoria histórica unilateral de interesada propaganda partidista, que estimuló sentimientos equivalentes en el otro bando para volver a las andadas que motivaron la gran tragedia de una guerra civil. Para vergüenza histórica de nuestro pueblo que parece no tener bastante con la mezquina “leyenda negra”, que aún perdura en algunas conciencias a medio cuajar.

Pero no pasa nada… aunque en el otro lado, con la extrema izquierda se nos haya instalado oficialmente el anti sistema más intenso que imaginarse pueda, contra todo lo que se mueve con el epígrafe de España. Al hilo y en la misma onda que los sediciosos catalanes y los ex terroristas vascos, los nostálgicos de un comunismo que ya pasó a la historia como modelo socio-político fallido, cruento, empobrecedor y fracasado, no dejan pasar oportunidad alguna de denigrar el buen nombre de España, ofender a las instituciones, socavar principios legítimos y agraviar sus valores como el más encarnizado enemigo extranjero; con el agravante de tenerlos en casa, o mejor dicho, dentro del propio gobierno, con el beneplácito y complicidad pasiva del presidente de un Estado Democrático que, se supone, debiera respetar y hacer respetar la Constitución, incluyendo en el compromiso jurado a sus compañeros de viaje. Como para plantearse un dilema: ¿cómo puede gobernarse un país al que se intenta destruir?... Un insólito contradiós.

Todo en contra… pero no pasa nada… Lo único importante es saber de qué va esto. Que todos nos mienten bellacamente; pero sabemos que hasta ellos saben que lo sabemos. Mientras así sea, podremos liberarnos cuando así lo decidamos.

La prevista rehabilitación del parque capitalino, Bien de Interés Cultural declarado monumento, sigue enmarañada en trabas e impedimentos contra su ejecución urgente y necesaria

La prevista rehabilitación del parque capitalino, Bien de Interés Cultural declarado monumento, sigue enmarañada en trabas e impedimentos contra su ejecución urgente y necesaria. Solo se precisa voluntad política decidida y exenta intereses extraños, sin camuflarse en burocracias patógenas.

Sin embargo, seguimos ante un proceso poco edificante contra esta joya urbana. Edificio neogótico (año 1902) antiguo colegio de la Asunción hasta los años 80. Posterior parque cultural cedido en 2004 al Gobierno de Canarias para su usufructo, mantenimiento y explotación, mediante convenio de cesión por parte del Ayuntamiento. Contrato que fue de inmediato y flagrantemente incumplido por la Consejería de Cultura; en connivencia con la pasividad del consistorio capitalino.

El incumplimiento consistió en que, tras una rimbombante ceremonia de presentación mediática ante la población, con un proyecto de desarrollo y de fantásticas nuevas instalaciones y actividades, acto seguido se procedió subrepticiamente al sellado de los edificios, vallado del parque y abandono intencionado de todo un BIC… (presunto delito de  Expolio de Patrimonio por la Administración. Art. 323 CP). Un privilegiado espacio urbano de 33.000 m2 en el centro de la capital, maltratado sin explicación. El presupuesto pactado en aquella cesión: 5.900.000 €, para acondicionar el inmueble a su nueva estructura, se desvió de un plumazo a la restauración del teatro Guiniguada de Las Palmas. Con un excelente éxito que perdura hoy día.

Durante varios años pasó desapercibido el destrozo que se estaba gestando. Pero a finales de 2011, alguien por casualidad lo descubrió y hasta pudo comprobar el desastre de dentro. La conciencia cívica individual trascendió a una gran parte de la ciudadanía. Comprometida con las causas locales y con el apoyo de varios medios de comunicación, se fundó una asociación sin ánimo de lucro, reivindicativa para la rehabilitación del parque y defensora del patrimonio histórico y cultural de la ciudad; a modo de participación ciudadana, apreciada erróneamente por la autoridades con rechazo sistemático a su espíritu de colaboración desinteresado y gratuito.

Hace pocos meses parecía estar ya todo encarrilado, con un presupuesto suficiente para empezar las obras de rehabilitación, convocado el concurso y resuelta la licitación por la nueva corporación. Pero la moción de censura permitió el regreso del anterior equipo. El que durante sus ocho años había gestionado peyorativamente el Viera y Clavijo [1]. Saltaron las alarmas, a la espera de cualquier maniobra que diera  al traste con el avance del proyecto en ciernes. ¿Es casualidad que recientemente haya aparecido un texto de alegaciones presentado por un competidor contra el ganador del concurso, que ha frenado en seco el arranque de las obras? El extraño alegato, con una redacción abstracta, contenido absurdo y rebatible, induce a sospechas varias.

El gran temor, motivado por el escarmiento histórico ante tanta obstrucción oficial por la rehabilitación del BIC, sin ánimo de incurrir en juicios temerarios, pero por correlación con hechos anteriores, es que se diera un nuevo desvío de los fondos a otra causa ajena al caso. Por suerte, parece no haber penuria de líquido municipal, pues el rescate de Las Teresitas –ejecutado con éxito por el anterior equipo censurado– y que el Gobierno Central no haya podido guindar el superávit de los ayuntamientos, hace suponer que hoy las arcas no dan excusa para una nueva fechoría. Preocupantes son los retrasos continuados so pretextos burocráticos o administrativos, pues el tiempo corre en contra de unos inmuebles demasiado maltratados; y la desidia excesiva hace sospechar deseos de que se caiga por inanición para quitarse un problema de encima [2].

[1] Los fondos provisionales asignados a iniciar la rehabilitación los consiguió el actual Alcalde a partir del contencioso–administrativo que tuvo que interponer ante el Gobierno Canario por incumplimiento del convenio de cesión. Fue un paripé burocrático y dilatorio, obligado por la presión popular y el activismo de la asociación; cuando procedía la vía penal por el presunto delito de Expolio de Patrimonio, para reclamar al gobierno de su partido los daños y perjuicios inferidos al patrimonio histórico y cultural de nuestra capital. Hubo quizá un conflicto de conciencia entre disciplina de partido y defensa de los derechos e intereses de sus ciudadanos… comprensible hasta cierto punto.

[2] Año 2015. La Consejería de Cultura anunció la demolición de una parte del conjunto protegido: teatro Pérez Minik, como aparente primer paso para derruir el resto. Ninguna autoridad ni representante político de cualquier color, incluido el alcalde, plantaron cara ante el desaguisado ni se opusieron al atropello. Fue la asociación, con el apoyo mediático y popular, la que cursó denuncia a Fiscalía para que actuase de oficio. El efecto inmediato fue la paralización del proyecto destructivo, con un auto de archivo (no se llegó a cometer el delito) en que se advertía de las responsabilidades penales a quienes hubiesen metido la excavadora en el edificio BIC. También aludía al posible futuro de una destrucción espontánea por negligencia pasiva o abandono intencionado. 

Lo único que puede hacer la asociación es seguir atenta a la evolución de los hechos y anticiparse, como siempre, antes de que sea demasiado tarde.

A pesar de todo, seguimos confiando en que la perseverancia dé sus frutos y que algo cambie en la conciencia institucional, en favor de un paisaje urbano que, en los aledaños del parque (puente Duggi y su entorno), se ofrece desolador. marginal, sucio y barriobajero en extremo. Santa Cruz merece un trato amable y respeto por su prestigio, historia e ilusión de futuro.

Este texto ha sido publicado en el blog www.elrincondelbonzo.blogspot.com

Lo más inquietante es que, al parecer, los “malos” van ganando. No por falta de arrojo, valentía y ese dar la cara a cambio de nada de los valerosos protectores de la integridad y dignidad de un Estado de Derecho –para eso están–; sino por una logística delictiva que tiene gran ventaja operativa sobre los recursos asignados al personal de defensa en valores y principios éticos; que necesitan estar respaldados no solo por el aplauso a su abnegación, sino por material adecuado a su protección y medios tácticos suficientes y eficaces para contrarrestar el carísimo armamento de un enemigo que no tiene problemas de financiación por la elevadísima rentabilidad de su negocio.

Por fortuna tenemos unidades operativas de muy alto nivel que solo necesitan un “preparado, listos, ya” para resolver esta lacra de un plumazo. Ni siquiera sería necesaria una confrontación cruenta; pues un solo gesto de suficiente firmeza sería disuasorio para que los delincuentes salieran escarbando en busca de otros lares. Además, la localización avanzada de los capos que manejan esto, es fundamental para la inmediata erradicación del conflicto.

La verdadera cuestión, como siempre, está en la voluntad política de quien tiene que levantar el teléfono rojo. Si empieza a dudar por la cantidad de votos que puede ganar o perder según lo que decida, los policías seguirán en inferioridad y sin chaleco antibalas de su medida. Y la Guardia Civil con vehículos vulnerables a los ataques de unos narcos bien dotados de armas modernas, sin problema para comprarlas en los mercados negros.

Un pueblo hoy asolado por la crisis sanitaria descontrolada y la consiguiente ruina económica. Autoridades bloqueadas ante los gravísimos conflictos sociales, intervenidos por el negacionismo y justificaciones ideológicas, tales como la okupación, la inmigración ilegal, independentismos corrosivos y los anti sistema organizados con fines destructivos. Cuestiones de alta sensibilidad que requieren soluciones justas, racionales y humanitarias, cuya ejecución pendiente solo precisa de la voluntad política de abordaje, con firmeza suficiente y sin restricciones partidistas que debiliten los resultados definitivos.

Ante tan incierta y preocupante coyuntura socio-económica, ya solo nos faltaba la irrupción del narcotráfico, a modo de poderoso órgano de gestión, con influencia política, de capos en las instituciones y sicarios infiltrados en diversas áreas de poder. No es exageración ni ficción de novela negra, sino correlación con tantos países afectados por dicha tara funcional e invasiva que supedita valores morales y principios éticos al monocultivo de un negocio sangriento y pernicioso, que conviene erradicar en sus comienzos para que el poder absoluto no se instituya en delincuencia organizada como sistema de gobierno.

De momento, todavía pertenecemos al área geopolítica de la civilización occidental, donde aún es posible defendernos con eficacia de asechanzas propias de épocas pasadas: gánsteres de gatillo fácil, coches que explosionan, policías corruptos y políticos comprados a buen precio… como guiones de cine en blanco y negro o historias ficticias con un elevado componente de violencia y sangrientos asesinatos. Por desgracia, hay países hermanos, devenidos en narco dictaduras bananeras, que hoy viven su realidad bajo el imperio del terror impuesto por organizaciones mafiosas, que últimamente parecen haber puesto el ojo en este sur de Europa para ampliar su negocio.

Es evidente que no podemos consentir este conato de avasallamiento. Hay medios y capacidad para erradicarlo. Cierto que en el peor momento de nuestra historia reciente nos hallamos gobernados por demasiadas incertidumbres y una aparente fragilidad institucional que puede ser aprovechada por vecinos beligerantes o adversarios invasivos, como estos delincuentes “señores” de la droga, a los que no hay más remedio que reducir con decisión y firmeza, so pena de encontrarnos en poco años con alternancia de gobiernos sometidos al narcotráfico, como en los países empobrecidos donde las grandes fortunas son las de sus dirigentes corruptos y sus familiares.

Como pueblo soberano tenemos la necesidad y obligación de exigir a nuestros mandatarios que adopten las medidas necesarias y suficientes para repeler con eficacia este ataque a una democracia que, aunque no perfecta, es nuestra y la única disponible. Es imprescindible proteger a quienes se baten en primera línea para que no lo hagan a pecho descubierto. Las heroicidades no sirven para resolver este drama. En un país civilizado las maniobras defensivas están previamente diseñadas en un contexto operativo donde la seguridad de los combatientes debe ser prioridad absoluta, para que cualquier posible baja o percance individual solo pueda tener consideración de mero accidente. Jamás indefensión ante el enemigo por carencia de medios.

Aparte de la buena fe popular, es imprescindible la mano firme de quien empuñe la batuta para dirigir el operativo. Es por lo que la importancia de un gobierno sólido, fiable y comprometido resulta vital; junto a la actuación en equipo de una oposición que, ante situaciones extremas, debe también abandonar vocaciones e intereses políticos. Así sea por ambas partes. Amén.

Salimos de una y nos metemos en otra. Pero si además la “otra” es la de antes, seguiremos sin levantar cabeza por “más de lo mismo”.

Esta ciudadanía santacrucera lleva una década padeciendo avatares municipales de muy baja estofa que redundan en perjuicio colectivo para sus intereses, en beneficio de ambiciones partidistas o personales, focalizada toda la atención política en el esfuerzo por acceder a la poltrona o intentar quedarse pegado al asiento de por vida.

No son conjeturas tendenciosas con ánimo peyorativo, sino la evidencia de una realidad concreta difícil de rebatir e incómoda de comentar… No nos conviene desviar la mirada ante situaciones adversas a favor de intereses particulares, que no merecen la resignación colectiva de quienes mantenemos esplendida y generosamente cargos oficiales que, en teoría, son ocupados por supuestos servidores del pueblo, cuya responsabilidad asumida bajo juramento  parece una remota prioridad para ellos.

Los ciudadanos hemos tenido que tragar con una turbia moción de censura, tras unas elecciones municipales, al amparo de una ley electoral deleznable que permite gobernar al menos votado. Como sucedió con el actual alcalde en su primera legislatura consistorial. Moneda que se le devolvió a los ocho años; esta vez en su contra. Como no se podía consentir tamaño desaire, era necesario urdir una operación “reconquista”, no para beneficio del pueblo gobernado, sino como una pugna de tronos para recuperar el bastón de mando que fugazmente había caído otras manos. 

Nada que objetar en cuanto a la legislación vigente que, desde su lamentable inconsistencia, permite este tipo de tropelías. Otro planteamiento lo es con criterios éticos, ajustados o no a la legitimidad y a la calidad moral de los interfectos. Unos y otros son de difícil ubicación en distintos sacos, pues la evidencia demuestra que ambos, todos, van a lo mismo: pillar cacho a cualquier precio, sin ventaja alguna para la población... Carencia de clase y de calidades humanas.

De hecho, el resultado está siendo penoso. Una ciudad de nuevo sucia, con su patrimonio  urbano abandonado, decrépita y maltratada por ciudadanos desaprensivos ante la pasividad de las autoridades… Pareciera que hayamos regresado a la inoperancia de las dos legislaturas anteriores… como así ha sido. Basuras esparcidas por un paisaje urbano que ha recuperado el vandalismo callejero de las pintadas grafiteras con impunidad absoluta. 

Cierto que aquí no concedemos la moratoria de los cien días a prueba. No es necesaria puesto que son los mismos que durante ocho años recientes ya dieron muestra suficiente de su incapacidad y desidia. Y desde luego siguen luciéndose. Tampoco ellos dieron oportunidad a los desbancados, duramente atacados en una operación subrepticia de censura, diseñada en las sombras de la pandemia y el confinamiento (lo que indica la verdadera ralea del personal), con una exagerada y bien orquestada campaña de propaganda personal y difamación de adversarios en abundantes intervenciones mediáticas, copando masivamente espacios en diversas emisoras y publicaciones –cuya  inversión en dinero público debiera transparentarse… así como los sospechosos recursos económicos actuales de la edil transfugada– hasta que salió adelante la moción de censura. A partir de entonces, han desaparecido de los medios y también, en apariencia, de sus labores institucionales. Todo se ha paralizado de repente.

Los mismos que en su campaña denostaban lo mal que lo estaban haciendo los otros y lo bien que iban a hacerlo ellos, son los que ahora justifican el destrozo urbano culpando al incivismo popular de los desmanes y actos vandálicos que asolan la ciudad. 

De acuerdo con que la educación cívica no es responsabilidad del gobierno ni del ayuntamiento. La buena crianza es cosa de familia. Pero si falla lo de casa y se infringen leyes u ordenanzas por vandalismo callejero o actitudes salvajes que atentan contra la higiene, salud pública, cuidado del mobiliario urbano y respeto por el patrimonio histórico y cultural,  las instituciones tienen recursos y medios suficientes para controlar los comportamientos cívicos desviados. Vigilancia adecuada y sanciones proporcionadas, firmes y disuasorias. Si las autoridades no son capaces de remediarlo, incluido el propio ejemplo, deben dimitir por su ineptitud, en lugar de quejarse del gamberrismo que dejan suelto con su permisividad. Deben dejar espacio a quienes estén capacitados y tengan voluntad de rersolverlo.

Hay muchos ejemplos en nuestra geografía de lo que significa para una gran ciudad un buen alcalde. Nosotros tenemos la mala suerte de llevar más de una década en la cuesta abajo, en esta magnífica y querida Santa Cruz venida a menos. Antes esplendorosa capital y hoy desvencijada, mortecina y dejada de la mano divina. 

Es imprescindible plantar cara en forma de presión ciudadana para salir de esta. Se trata de exigir responsabilidades y comportamiento digno a nuestros representantes ante su dejación de funciones, por tantas promesas electorales incumplidas y  problemas sin resolver que desde la participación ciudadana se les plantea y ofrece con posibles soluciones. No es una confrontación, sino el espíritu de colaboración gratuita que suele ser muy mal interpretado por los próceres. 

Atención especial a las víctimas del clientelismo electoral, cuyo voto mantiene este despropósito. Si el esfuerzo que se dedica a cultivarlo –por cierto, con bastante éxito– se aplicase a la eficacia en la gestión, sería indicativo de un gran alcalde gobernando una gran ciudad.

06/09/2020                                                       www.elrincondelbonzo.blogspot.com

La disgregación de intereses comunes y de las capacidades conjuntas de defensa, debilitan el algoritmo que concluye sin remedio en indeseable fracaso.

Los reinos de taifas, como epílogo del Califato de Córdoba, supusieron la liquidación definitiva de la invasión musulmana en la Península Ibérica, culminada con la victoria de la reconquista cristiana, facilitada al final por una dispersión estratégica errónea y fatídica para los vencidos.

Con otros matices, esta misma historia se ha repetido a lo largo de los siglos en distintas geografías y civilizaciones con el mismo desenlace pernicioso: La antigua Grecia fragmentada en numerosas polis o ciudades-estado independientes entre sí, que unas veces se aliaban y otras se enfrentaban en guerras sangrientas. También las ciudades-estado italianas de la Edad Media, que dilapidaron su efímera gloria en contiendas locales que desgastaron el enorme potencial de sus recursos culturales, comerciales y geoestratégicos que, de haberlos concertado como causa común, pudieron desarrollarse al modo de su precedente imperio romano; por aquello de la fuerza que da el “trabajo en equipo”. Es la diferencia que separa el éxito del fracaso.

La historia de la humanidad está jalonada de contextos cruentos y episodios bélicos que han ido cicatrizando con fronteras el mapamundi. Guerras, invasiones, conquistas, reconquistas, victorias y derrotas… los historiadores suelen coincidir en que los pueblos fuertes lo eran por la unidad de voluntades y firmeza en valores colectivos que los hacía ganadores. Que cuando esa integración colectiva desaparecía, se repetía el ciclo en favor de otro enemigo que, a su vez, también aflojaría cuando decidiera disgregarse… y así sucesivamente hasta nuestros días… como si las lecciones de historia mal aprendidas solo fueran cuentos infantiles de buenos y malos.

Y ahí estamos nosotros ahora, pandereta en mano, banderas al viento e indefensos ante el brutal ataque de un bicho, que parece haber encontrado acomodo en una fallida estructura política, que nos destroza con una contraofensiva titubeante e insuficiente, que se apoya precisamente en la desintegración territorial de un sistema autonómico aberrante, despilfarrador, inoperante y nocivo como salvaguardia de derechos fundamentales y defensa de los intereses de una población en guerra,  víctima de una pandemia mal tratada y peor explicada por los responsables políticos. Desorientados e incapaces de proteger a la gente con los medios adecuados y las medidas oportunas, ajustadas a la gravísima situación real de una desescalada caótica; de difícil justificación tras el batacazo en sus inicios por falta de conocimiento, o interés político en obviarlo, con el trágico resultado de decenas de miles de muertos mal contados.

Sin ánimo de pontificar ni mucho menos aleccionar al prójimo; pero el miedo ante la incertidumbre en el horizonte, en edades que nos define como personal de riesgo y la inseguridad de estar en malas manos, me mueven a compartir estas reflexiones de uso privado pero abiertas a ser debatidas, o rebatidas, siempre con la cortesía y buen rollo que corresponden a una educada crianza. No fuera cosa, para colmo, que se me atacase en términos negacionistas por algún fanático al uso; pues no me apetece nada jugar al frontón con una piedra.

En plena batalla por la supervivencia, con la angustia de unas perspectivas que no tienden a mejorar, sino que cada día aumentan en datos negativos y no se ve la salida… ¿qué sentido tiene la barbaridad de descentralizar competencias sobre estas áreas vitales; sanidad y educación, cuando el uso de razón impone la estrategia de “mando único” que aglutine, controle y asuma las plenas responsabilidades unificadas para combatir la pandemia con eficacia, en lugar de delegar en las autonomías iniciativas sin homologar para que cada una de la 17 haga la guerra por su cuenta? ¿Qué parámetro político induce a un supuesto líder a renunciar a su potestad de mando y poner en manos de subalternos la responsabilidad de decisiones dispersas, en las que va la vida de miles de personas? ¿Acaso se trata de quitarse un muerto de encima porque, ante la posibilidad de todavía más fracasos, el desgaste electoralista pueda invitar a escurrir el bulto? ¿Se prevé lo mal que va a salir todo esto y así poder culpar al “maestro armero” para, una vez más, salir de rositas?...

No se trata solo del despilfarro de caudales públicos que supone una estructura autonómica que sustenta generosa y abusivamente a 450.000 cargos públicos, más asesores, personal de confianza, parientes colocados, e inservibles órganos de gobierno creados para colocar gente afecta; con un escandaloso parque móvil de 40.000 coches oficiales de alta gama; en un país que además se permite el desmadre  de más de 8000 ayuntamientos, con todo el mundo bien pagado y vergonzosas prebendas incompatibles con un mínimo de decencia oficial. Pues a pesar de tanto disparate, en el momento actual de tan elevado  riesgo para la salud pública, el verdadero problema está en estos 17 reinos de taifas, dispersos y desarticulados, propensos a iluminaciones puntuales, tan ineficaces e inoperantes como las de quien delega responsabilidades en ellos con gesto megalómano desde una poltrona defendida a ultranza.

“Sinergia” (DRAE): I.- Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales.

Sentido común y uso de razón en la conciencia de una sociedad civil alarmada, temerosa, escandalizada e indefensa ante tanto despropósito oficial.

Ante esta creciente segunda ola de la pandemia, parece que se nos haya cauterizado el entendimiento, que estemos resignados a las cifras cotidianas de afectados por el virus, sintomáticos o no, y los centenares de muertos in crescendo en unas comunidades autónomas con más virulencia que en otras.

No parece, de momento, que tienda a disminuir la intensidad de esta tragedia colectiva. Antes bien, siguen aumentando los casos que en algunos puntos ya han alcanzado las mismas cotas de afectación que indujeron el estado de alarma y el confinamiento… ¿Adónde vamos a parar? ¿Cuál es el verdadero motivo de este fracaso que nos ha puesto en la picota a nivel internacional como el país que peor está gestionando la pandemia, con unos resultados deplorables y unas perspectivas de futuro inmediato altamente preocupantes? Las respuestas formarían un grotesco mosaico de despropósitos.

Si intentamos racionalizar qué está pasando, debemos repasar cómo fue la estrategia inicial desplegada en el principio de la invasión coronavírica. Cierto que se comparó con un ataque bélico imprevisto y, por lo tanto, el factor sorpresa impidió una defensa firme y eficaz porque nadie estaba preparado. Bueno; por países, unos más que otros. Nosotros anduvimos en el furgón de cola porque “no tuvimos conocimiento de lo que iba a pasar y nos pilló desprevenidos”. No era una excusa suficiente para intentar justificar el atropellado fracaso de medidas alborotadas, cambiantes, imprecisas e inútiles. No obstante, “aceptamos con resignación pulpo como animal de compañía”. 

Pero el disparate actual de una desescalada sin control aparente ya no admite los mismos fallos porque, en teoría, ya se conocen los datos del problema, los medios adecuados para resolverlo y la medidas que deben aplicarse con precisión y eficacia. ¿Por qué somos entonces el país de nuestro entorno más torpe en gestionar esto?

Uno de los fallos más importantes, todavía sin resolver, es la defectuosa transparencia institucional para informar a la opinión pública y comunicar con veracidad las vicisitudes, datos reales y claridad en las medidas impuestas o sugeridas, pero siempre planteadas con vacilaciones y cambios de “digo Diego donde dije digo” para desconcierto, frustración y desconfianza de los receptores de los poco fiables mensajes. 

Hoy seguimos igual o peor que en aquel principio sorpresivo. Se han agravado las posibilidades de supervivencia en esta guerra que estamos perdiendo porque –percepción muy personal– se ha disgregado, todavía más, el potencial energético para afrontar “todos a una” una emergencia que nos está destrozando. 

El destrozo del sistema autonómico, se demuestra una vez más por la descentralización de competencias, donde cada uno hace la guerra por su cuenta para que nada funcione. Sanidad, educación, asuntos sociales… Es la máquina perfecta para eludir culpas ante el fracaso generalizado con el :“¡Ah!... esto no es responsabilidad mía. La competencia es de…”. Vergonzoso. ¿no?

Para más inri, los movimientos negacionistas que invaden las redes, apoyados por testimonios, algunos más que sospechosos, de supuestos científicos y profesionales de la medicina, que divulgan especies que contradicen todo lo oficial: mascarillas, distancia de seguridad, aglomeraciones… porque el virus no contagia porque no existe; las vacunas pueden matar en el acto y servirán solo para implantarnos un chip que nos controle de por vida… todo es un negocio de las farmacéuticas, un contubernio capitalista y una conspiración política globalizada.

Está bien esto de plantarle cara a los gobernantes ineptos y caraduras que no dan un palo al agua y no aciertan en nada. Pero no parece este un buen camino. Pues como protesta contra esta pandilleja de desalmados, es poco inteligente que nos tiremos desde la azotea. Debemos racionalizar que las mascarillas, distancia social, las manos siempre limpias y evitar aglomeraciones, cumples, bodas y bautizos, son objetos y motivo de supervivencia, de protección para la salud de nuestros allegados y del prójimo general. Creo que debemos ser escrupulosos con dichos comportamientos, hasta que pase este drama con tendencia a la tragedia en tantos casos. Entonces será cuando pongamos de cara a la pared a esta caterva de indeseables apoltronados.

Las suntuosas vacaciones de nuestro presidente, en la crítica situación de una población maltratada por el abuso institucional, con tan gravísimos problemas pendientes de resolver, no me merece mayor reflexión que la vergüenza ajena cuando me lo comentan o preguntan desde fuera de nuestra tierra.

Federico es un recién jubilado que, tras cuarenta y tantos años de cotizar por “derechos pasivos máximos” accede a su pensión, limitada por ley a un tope.

A Federico no le importa, pues para los años que le quedan tiene suficientes recursos para sobrevivir como pensionista más o menos dignamente.

Su trayectoria profesional tuvo una motivación vocacional que, en su primera juventud, le infundió la capacidad de lucha suficiente para alcanzar un objetivo profesional de altos vuelos que, a bote pronto, parecía inalcanzable desde la perspectiva ensoñadora propia de los pocos años. Pero le pudo la pasión para imponerse a las fragilidades de su inmadurez, suplidas con el esfuerzo de dientes apretados para poner los medios adecuados que suponían la renuncia, durante un tiempo, a la vida agitada en una edad proclive al desmadre.

El premio era importante. Si ahora es difícil acceder a un puesto de trabajo, lo de entonces también era una oposición de 5000 aspirantes para ingresar 100. Federico lo logró a la tercera con buena nota. El esfuerzo valió la pena. Con 20 años supo que tenía el porvenir resuelto. Pero no quedaba ahí la cosa; pues no se trataba de un trabajo de funcionario al uso, sino que a partir de su inmersión profesional comenzó el verdadero proceso de demostrar valías.

A lo largo de su trayectoria tuvo siempre que esforzarse, estudiar, trabajar, arriesgar y, sobre todo, acreditar valores solo alcanzables con sacrificio.

Llegado a la cima, su entorno social y familiar le tildaba de “privilegiado”. Federico no lo rebatía. Aunque ellos solo se fijaban en el supuesto salario, se reprimía de explicarles que su verdadero privilegio era trabajar en lo que hubiese pagado por hacer… Lo callaba para no estimular sentimientos adversos en quienes no pueden disfrutar la placidez de lo bien hecho a cambio de nada. La cantinela de baja calidad: “ya me gustaría a mí tener que pagar a Hacienda lo mismo que tú”  no merecía respuesta alguna. Así quedaba implícita la satisfacción íntima de que los méritos no se rifan en una tómbola.

El afortunado Federico recuerda cómo antiguos compañeros suyos se quedaron en la estacada por dejar espacio único a las tendencias juveniles hacia el caos y el jolgorio. Amigos que lo intentaron pero no pudieron, encontraron caminos distintos. Compañeros de trabajo con los que compartir ámbito profesional en otras especialidades, ni mejores ni peores, pero de distinta entidad. También algunos por encima que le daban a Fede sopas con honda… Pues bien, estos últimos y él están muy cabreados por el vejatorio maltrato y ensañamiento económico que se les prodiga desde un Estado de Derecho demasiado propenso a sacar pasta como sea y de donde sea. Y este vulnerable colectivo está indefenso ante el abuso y tropelías de un sistema político que alardea en falso de respeto por los derechos fundamentales.

A ver: Federico y su primo Sebas han cotizado al mismo tiempo durante 45 años según sus ingresos. Sebas, lo justo y suficiente para acceder a la pensión máxima; al igual que Fede, pero este con la diferencia de que cotizó el doble que su primo cada mes durante los 45 años, de acuerdo con los ingresos de cada uno. Como por Ley estaba estipulada una pensión máxima, ambos están hoy equiparados con ella; pero a Federico durante su época activa no se le redujo su cotización al nivel del primo… a modo de expolio forzoso por parte de la Administración del Estado.

Si para colmo, de la media pensión que cobra Federico, dinero por el que ya cotizó durante su vida laboral, el Estado le guinda el IRPF (Impuesto de Renta de la Personas Físicas, por rendimiento de trabajo a ciudadanos que ya no trabajan), habida cuenta de que la doble imposición en directivas europeas es delictiva, la chorizada oficial es flagrante. Si además, esta pandilleja de desalmados gobernantes, habla de meterle mano a las pensiones para proteger sus propios emolumentos, cargos y prebendas en un estado autonómico despilfarrador e insostenible, sugiere el riesgo de un estallido social.

No solo por Federico que está más o menos a salvo, sino por ocho millones de jubilados de todo rango que no pueden consentir un insulto de esta calaña.

Si fuéramos capaces de articular un partido político con solo todos los pensionistas, a estos políticos mezquinos les iba a entrar la de Moctezuma. Queda dejar constancia de que los “federicos” no reclaman agradecimiento por su importante aportación al erario público, puesto que no fue acto generoso ni voluntario, sino forzado como un atraco a mano armada. Lo que sí exigen con legitimidad es un mínimo respeto, tanto de las instituciones como de sectores sociales adscritos a la facción destructiva del antisistema porque sí.

EL RINCÓN DEL BONZO -

La reciente irrupción mediática de una plataforma titulada “Médicos por la verdad” invita a la suspicacia con una pregunta: ¿Es que hay médicos no partidarios de respetar la verdad?

La misma elucubración me acometió la primera vez que leí “Jueces para la democracia”… ¿Acaso existen aparte jueces adversos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por tanto, ajenos al resto de principios democráticos? 

Si así fuera, en ambos casos, estaríamos todos asomados a un precipicio sin barandilla. Por espíritu de supervivencia nos interesa interpretar los conceptos “veracidad” y “democracia” muy por encima de la ambigüedad semántica que los caracteriza. Considerémoslos como dos sustantivos abstractos que cada persona utiliza a su conveniencia y aplica con la subjetividad ajustada a sus intereses individuales o a una ideología granítica –por aquello de que las ideas son como las huellas dactilares, personales, indelebles y difíciles de cambiar–. Es habitual tener que sufrir cómo los menos indicados para abanderarlo se visten de fatuos demócratas; o comunicadores mediocres que alardean de “veracidad”, aunque comprados al dictado de quien paga manda.

La citada plataforma del grupo creciente de médicos adversarios, arremete con cierta virulencia contra el discurso oficial sobre el coronavirus, la pandemia, y la eficacia de tests, PCRs, mascarillas y confinamientos. Pudiera haber razón en algunos de los puntos planteados; sobre todo los ofrecidos en términos técnicos inaccesibles para el profano normal. Pero en otros razonamientos aparecen una ambigüedad e imprecisiones, en modo elucubración o divagaciones, que inducen a la duda razonable sobre el predicado total. 

Es un hecho incuestionable que el movimiento reivindicativo está surtiendo  un efecto multiplicador de voces disidentes, que se han soltado la melena en plan masivo, inundando las redes con el programa articulado, despotricando contra todo lo que se mueve alrededor del problema.

¿Por qué esta proliferación intempestiva de criterios contrarios en aluvión contra la doctrina oficial? Parece claro que la insuficiente transparencia informativa, influida por intereses excesivamente políticos, y por tanto ajenos al bien común, ha servido de escarmiento para una opinión pública cansada de recibir mensajes erróneos, criterios cambiantes y datos falsos que, por correlación, afectan a la credibilidad total del discurso. Una desconfianza popular que supone grave perjuicio para el desarrollo de las imprescindibles medidas colectivas, encaminadas a encontrar la solución definitiva a una crisis sanitaria, económica y política de una entidad tan grave como inesperada. Objetivo que puede pasar a segundo plano por motivos “defensivos”.

Ante coyunturas comprometidas que pueden afectar el cálculo de votos que puedan ganarse o perderse, según lo que se haga o se diga, no falla; se impone la táctica de la distracción. Nada mejor que una cortina de humo que haga de bombazo mediático para que primeras páginas y artículos de opinión dejen de hablar de la maldita pandemia y sustituyan la atención, por ejemplo, con las presuntas fechorías de rey emérito. Este método de gestión, contemplado en la asignatura correspondiente de Ciencias Políticas (ahí llamado “bombas de humo”), es de una eficacia absoluta como medio de manipulación hacia la opinión pública, con la colaboración imprescindible de los medios de comunicación.

Otra cosa son las consecuencias del éxito obtenido. La calculada vulnerabilidad de la ingenuidad ciudadana, tocada en su buena fe, hace sencillo el estímulo de sentimientos, la exaltación de pasiones y radicalidad de pensamiento. Energías que se desvían hacia objetivos distintos del fundamental, en favor de temas que no es momento de tocar; que debería dedicarse todo el esfuerzo, en este caso, a sobrevivir en términos sanitarios.

La confrontación de los dos bandos de siempre le da un respiro a la caterva de dirigentes propensos a pifiarla en cada decisión tomada, antes de, durante y en plena desescalada, que está resultando calamitosa. Los dos contendientes, con o sin mascarilla, respetando o no la distancia social, se disponen a partirse la cara en nombre de unos ideales que nada tiene que ver hoy con la realidad actual.

De un lado, en el rincón de la izquierda, el republicano de toda la vida que exige un referéndum sobre la monarquía, pues como el emérito ha metido la pata hasta el corvejón, hay que aprovechar la oportunidad de sacar la bandera tricolor.

En el otro rincón, la derecha recalcitrante que, para contrarrestar al adversario exige otro referéndum. Este para que sean ilegalizados todos los partidos anti constitucionalistas, los formados por terroristas, separatistas sediciosos o formaciones antisistema que quieren destruir la patria. 

Por fortuna, nuestra Carta Magna nos protege de asechanzas de este calibre. Por estar escrita y adscrita al amparo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sería inviable atentar contra la libertad de expresión, de pensamiento o de ideología. Otra cosa será controlar a quienes contravienen las leyes, con los medios democráticos de que disponemos en un Estado de Derecho. 

El tema republicano, a pesar de la beligerancia que se está desplegando, tampoco tiene posibilidad, de momento. La truculenta historia de nuestra 2ª República y sus trágicos episodios, inhabilitan esta posible opción como alternativa. Fue un experimento democrático fallido, demasiado cruento como para regresar a un punto de la historia con mucho riesgo de repetirse.

Si la sociedad civil es la única capacitada para resolver sus propios problemas, obremos en consecuencia. No nos dejemos manipular y luchemos por nuestra salvación.

Como era de esperar, la réplica del Gobierno ha sido contradecir a la Sra. Oramas en los términos habituales de: “No hay constancia de la existencia de tales barcos nodriza…” . Un gobierno tan propenso a las medias verdades (por decirlo suave) pierde credibilidad ante cualquier mensaje que la desconfianza induce a poner en duda.

Bien; para acercarnos a la realidad, un caso concreto y puntual con indicios de no ser un episodio aislado, sino una operación orquestada de mayor magnitud: Una playa del sur de Tenerife a la que arriba una zodiac con cinco “pasajeros” a bordo que, apenas pisan la arena, salen corriendo tierra adentro. La embarcación, con la misma rapidez, vuelve por donde ha venido. Dos horas más tarde, reaparece la misma lancha, quizá con el mismo piloto, con otro “cargamento” igual al anterior y con el mismo resultado. Es evidente que hay un negocio turbio en marcha.

También queda clara la postura oficial de un gobierno que, al parecer, mira hacia otro lado porque no le interesa ver una realidad que está atosigando con demasiada intensidad a nuestras islas.

Dª Ana Oramas es la única voz que clama con energía, sabiduría y firmeza por los derechos de esta tierra en un Parlamento que, como ella bien apunta, anda demasiado disperso en asuntos tangenciales que nada tienen que ver con situaciones reales de perentoria prioridad, tratados como colaterales en virtud de otros intereses relacionados solo con la política, y por tanto, ajenos al bien común.

En la misma intervención, la Sra. Oramas, exigió a Josep Borrell, Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea, el despliegue de la FRONTEX en Canarias. “Un territorio que ha visto multiplicada la llegada de migrantes a sus costas desde el inicio de la pandemia”.

La FRONTEX, Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, se creó  para ayudar a los Estados miembros de la UE y a los países asociados a Schengen a proteger las fronteras exteriores del espacio de libre circulación de la UE. La Agencia tiene asignados múltiples cometidos y diversas funciones relacionadas, en teoría, con la seguridad, vigilancia y protección de fronteras. Evalúa la capacidad y disposición de todos los Estados miembro y países asociados al espacio Schengen. Asesora y se supone que proporciona medios aéreos, terrestres y marítimos  para hacer frente a contingencias fronterizas, entre las que figura como prioritaria la presión migratoria, como corresponde, o correspondería, a una actualidad de alta intensidad al respecto.

¿Cómo se explica, o mejor, por qué no se explica la ausencia de la Agencia en las inmediaciones de Canarias ante la avalancha migratoria favorecida por la inmunidad y falta de control de los barcos nodriza? ¿Ha respondido el Sr. Borrell al requerimiento de Dª Ana Oramas? ¿Son tan poderosas las mafias especializadas que un gobierno como el nuestro es capaz de plantarles cara?

A la vista del completo y complejo ideario de la FRONTEX y su nula presencia en un punto geográfico tan crítico como este, cabe sospechar que su competencia, responsabilidades y eficacia sean meramente nominales. Un exceso de burocracia, carencia de operatividad efectiva y nula capacidad ejecutiva que pueden asimilarla a otros organismos oficiales que no sirven para nada, tipo Defensor del Pueblo, nuestro Diputado del Común, o la misma OMIC. Entidades inservibles pero caras de mantener por los elevados emolumentos en sus respectivos organigramas, como corresponde a los echaderos de siempre.

La gestión política de la inmigración ilegal en nuestro país es un fracaso inhumano sin paliativos. Unos resultados fallidos que atentan contra el componente humanitario que debiera regir una operación sensible al límite, que afecta a las personas más desfavorecidas del mundo. A víctimas de guerras, hambre, miseria y pobreza extrema que les obliga a abandonar su tierra en busca de un mínimo recurso vital, que les permita la supervivencia desde un hilo de esperanza.

No se puede especular con la desgracia de unos seres humanos tan vulnerables e indefensos. No se les debe engañar en términos políticos. Ni el político puede ser cómplice interesado de las mafias organizadas.

Planteado el problema, requiere solución. Para alcanzarla, es preciso encontrar el algoritmo correcto por las personas adecuadas. Exentas de intereses mezquinos, con suficiente preparación técnica para no errar en las operaciones y, por encima de todo, con una sensibilidad humanitaria a toda prueba.

Sería el camino para racionalizar el procedimiento de acceso y acogida, los medios de integración… dotar de la formación adecuada a unas necesidades vitales para cumplir en ellos estrictamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es infamia especular con un potencial yacimiento de votos escarbando en la miseria.

Queda felicitar a Ana Oramas por su bravura dialéctica y el espíritu de patria chica tan bien abanderado con firmeza, tesón, exquisita corrección y la siempre elegancia en su discurso. Gracias y ¡Enhorabuena!

Este dicho popular no es una ficción a modo de refrán, pues procede de la supuesta historia real acaecida en una típica corrala madrileña del siglo XIX, cuya repercusión social pasó a la literatura de la época, en algún sainete y obra de teatro. Incluso fue citada por Pérez Galdós en alguno de sus episodios. 

Bajamos a ras de suelo: Tras resolver la UE el rescate económico aplicado a España, surgen cuestiones de alta enjundia con respecto a actitudes y alharacas desplegadas por los dos bandos de siempre. De un lado, el triunfalismo del administrador de la finca, por haber trincado de los demás, incluidos los no partidarios, pasta suficiente para poder seguir despilfarrando caudales públicos, aun a costa de entramparnos de por vida. En la otra mano, la incapacidad e inoperancia de una oposición que no puede, no sabe o no quiere plantar cara a los desmanes institucionales que nos están llevando a la ruina y a la vergüenza mendicante de un pueblo otrora glorioso, y hoy convertido en el “moño de la Bernarda” para los países civilizados que nos miran con desprecio por encima del hombro… como a una pandilla de rufianes  propensos a guindar al descuido los recursos de otros. No podemos obviar, aparte del desaguisado administrativo, que aquí hemos sufrido en alternancia a los dos partidos del “y tú más”; los más corruptos de nuestra reciente historia. No es raro que se nos haya perdido el respeto por ahí fuera.

Un experimento fallido: Desde luego, no fueron el uso de razón ni el sentido común los componentes intelectuales que gestaron la nefasta idea de un Estado de Autonomías.

Familia numerosa instalada en su gran mansión. La vivienda se dividió en apartamentos individuales para suavizar trifulcas y, de paso, que cada miembro disfrutara de una cómoda intimidad  y ejerciera el derecho a su albedrío.

Un reglamento de convivencia no logró erradicar rencillas entre padres, hijos, hermanos, cuñadas, primos, suegras, parejas de hecho o monoparentales, viudas, simples vecinos, perros y gatos que, aunque aislados cada uno en su cubículo, los eventuales encuentros en el rellano de escalera suelen desencadenar broncas más intensas que las de antes; pues la vocación de ir cada cual a lo suyo se incrementó por las respectivas soledades y la frustración de que aquello no era lo esperado. Cualquier indicio de solidaridad anterior desapareció por ensalmo, con grave deterioro para todos los vínculos afectivos.

La ocurrencia habitacional generó además un gasto colectivo brutal, pues 17 aposentos unifamiliares implicaron la dispersión de medios y multiplicación artificiosa de recursos asignados, a costa del bien común y en favor de intereses localizados para privilegio de los más golfos de la comunidad. Como en toda “buena familia”, los más pacíficos y tratables se quedan a verlas venir, y los pocos sinvergüenzas gozan del mimo parental para que sus fechorías repercutan lo menos posible, mediante el chantaje de “¡Ojo! Que si no me das lo que pido te monto el pollo”. 

Nuestro Estado autonómico ha resultado un fiasco insostenible que sería inviable hasta en el país más rico del mundo, cual no es nuestro caso. El salvaje gasto público que supone el aluvión de cargos públicos afectos a 17 parlamentos, con una burocracia enfermiza que traba la multiplicidad de competencias sobre cada una de las áreas descentralizadas para que nada funcione. Directores generales, Asesores, personal de confianza y parientes colocados a dedo, todos suculentamente pagados, y 40.000 coches oficiales de alta gama, algunos blindados, destrozan cualquier posibilidad de supervivencia económica en esta “casa de tócame Roque”. Predicado también aplicable a los más de 8000 ayuntamientos que salpican nuestra geografía.

La gran desgracia es que quienes debieran solucionar este disparate son los primeros interesados en que todo siga así, como únicos beneficiarios a costa de la penuria popular. Son los mismos que en plena pandemia, en medio de una crisis laboral extrema, no han sufrido mengua en sus ingresos ni reducción alguna de personal. Antes bien se han incrementado en algunos casos; con la desfachatez añadida de seguir cobrando dietas de asistencia a sus bancadas vacías.

Son los mismos desalmados que están planteando la posibilidad de meterle mano a las pensiones y de masacrar con impuestos a una sociedad civil indefensa ante tanto desaprensivo, a fin de conservar su privilegiado estatus económico y, de paso, justificar ante la UE reformas que avalen la garantía exigida de transparencia y honestidad, de cuya carencia tanto adolecemos. Un “todo por la patria” a costa de los paganos habituales en las muy malas manos de siempre.

Alguien dedicó esta ripiosa cuaderna vía a la afamada “casa de tócame Roque”:

“Érase que se era, la casa solariega.

Histórica morada, que hoy ayuda ruega.

Despilfarró su fama, siempre metida en juerga.

El vecino la mira. Con desprecio la niega.“

¿Nos vale para lo nuestro como un simple copia y pega?

26/07/2020                                                       www.elrincondelbonzo.blogspot.com          

Del mismo modo que la obligatoriedad de presentar declaración de bienes y patrimonio previa a la asunción de un cargo público, para poder comprobar que al cese nadie se haya forrado indebidamente, también sería importante la aportación documental del historial como educando y formación humanística, que indiquen la competencia del aspirante para administrar recursos públicos con la capacitación suficiente en determinada área de gestión.  

Claro que esta presentación curricular no debe ser objeto de propaganda electoralista, inflada y engañosa para aparentar lo que no se es, con falsificación de masters, titulaciones ficticias o el recurrente “cursó estudios de… en la Universidad de…” pero sin rematar la carrera. Datos abstractos como “nivel de inglés, alto” que convierten el documento en auténtico fraude.

Ni siquiera como declaraciones juradas serían fiables la de bienes y patrimonio ni la de vida laboral contada por el candidato. Porque hecha la ley hecha la trampa…, y en política mucho más. Para la primera existen los testaferros y el nepotismo organizado que dan forma a la corrupción. Con la otra, aunque no siempre, es como ofrecer un perfil falso en las redes sociales con fines poco confesables; en este caso, mentir para pillar cacho en forma de poltrona bien pagada.

Aunque este uso de documentación promocional individualizada parece ser de consumo interno para los organigramas de los respectivos partidos, y utilizada en los medios como publicidad engañosa, debiera ser de implantación oficial en la estructura electoral, de modo que cada aspirante, tanto en listas abiertas como cerradas, presentara la vida laboral veraz, previa a su irrupción en política con datos fehacientes, respaldados por los certificados correspondientes y en documento compulsado oficialmente para erradicar la picaresca habitual.

El beneficio fundamental, sin incurrir en la tecnocracia, estaría en adecuar las capacidades de cada gestor al cometido de su cargo. Lo que supondría un sustancioso ahorro en asesores y personal de confianza que habitualmente cubren las carencias del titular inútil por falta de conocimiento especializado, o específico de su función. El despilfarro es este sentido es brutal, en un país y en una situación de precariedad que obliga a racionalizar los recursos públicos.

Un punto y aparte en este contexto son los políticos “profesionales”. Aquellos que en su día entraron en las juventudes de un partido y han ido ascendiendo hasta llegar a ocupar los cargos más importantes sin haber trabajado nunca en otra cosa. Lo que presenta serios problemas. Si la política es una actividad con la característica de eventual servicio al pueblo, no puede ser una profesión, como tampoco cabe en un sindicalista, un cofrade nazareno o el directivo de un club de fútbol. Es imprescindible un background profesional previo a la incorporación política, donde pueda volver una vez cumplido su compromiso. Lo que no significa que el político vocacional deje de serlo de por vida, aunque no ocupe cargos mientras alterna con la actividad que corresponde a su profesión real.

El riesgo de que un político sin alternativa laboral, cuando termina un ciclo que lo deja sin poltrona y se queda de repente sin su único modus vivendi, está en su desespero por recuperar a toda costa el estatus perdido, porque le va la vida. Suele suceder que sus facultades para la intriga palaciega sean muy superiores a la baja calidad de su gobernanza. Lo que representa un riesgo para los receptores de un servicio público, que puede dejar de serlo por otros intereses individuales de muy baja estofa.

Ejemplos de unos y otros tenemos a tutiplén. Es por lo que consideramos saludable proponer sugerencias que limiten los desmanes a que nos vemos sometidos los ciudadanos normales. Bueno sería que se sistematizara la presentación de un CV veraz y compulsado de todas las personas con aspiraciones políticas, antes de ser aceptadas en la cosa pública. Se evitaría el intrusismo y aumentaría la calidad del servicio al pueblo.

¡Ah!... y mandato máximo de ocho años en cualquier cargo.

El artículo anterior lo despedí con el siguiente párrafo, escrito un poco al desgaire; espontáneo e imprevisto en el contexto del contenido bajo el título “¿Moción de censura o represalia?”

Quienes desde una perspectiva profana admiramos el periodismo y lo tenemos idealizado por el componente vocacional que dignifica una profesión, consideramos imprescindible la esperada y pendiente configuración de un Colegio Profesional, a nivel nacional, que oficialmente recoja el código ético de obligado cumplimiento para todos los colegiados; al tiempo que proteja del intrusismo y de la mala praxis de advenedizos que encuentran un modus vivendi que no les pertenece, propensos a contaminarse por la corrompida influencia política.

Al día siguiente de su publicación me sentí trabado, pues en el repaso me pareció estar leyendo un texto escrito por otro. Sensación que siguió a lo largo de la semana in crescendo en intensidad.

Sin ánimo de pontificar, ni mucho menos de dar lecciones al prójimo, pero me veo en la necesidad de incidir sobre el tema y ampliar reflexiones al respecto, con intención de compartir ideas muy personales y por tanto subjetivas; con muchas posibilidades de errar como corresponde a cualquier opinión expresada con libertad, aunque siempre con el respeto debido.

Estos días, vísperas de la anunciada moción de censura en Santa Cruz, asistimos a un espectáculo pasmoso, de difícil asimilación para los ciudadanos normales. Las estrategias políticas, en mezcolanza con la gestión mediática relacionada con el caso, desconciertan y expresan cierta connivencia. A veces no se distingue entre el político haciendo de avezado comunicador, y algún periodista –o sucedáneo– soltando un mitin como si fuera el apasionado portavoz de cualquier partido, bajo sospecha de su espléndida generosidad a la hora de pactar entrevistas pagadas con dinero público, presuntamente…

A todo esto, el pueblo no cuenta. Sus intereses y derechos quedan orillados ante el beligerante desespero por la pugna de poltronas. ¿Alguien se pregunta qué ventaja o beneficio supone para el ciudadano el circo que se ha montado? Sin tomar partido por ninguna de las dos facciones –difícil sería elegir una u otra, pues todos son iguales–, se evidencia esta suerte de contubernio donde se conculca impunemente el derecho constitucional de la opinión pública a recibir información veraz.

He procurado acompañar mis reflexiones de estos días con informaciones y datos que apoyasen mi inquietud. Encontré cómo existen asociaciones regionales de periodistas, algún colegio profesional con entidad autonómica, y la FAPE: Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles que aglutina burocráticamente gran parte de estas organizaciones locales. Pero no existe un colegio profesional a nivel nacional, como apunto en el párrafo de inicio. Aunque parece estar en proyecto desde años ha.

Hurgando en hemerotecas, encontré este artículo del medio y fecha indicados en la transcripción literal de los párrafos más reseñables:

ARRANCA LA CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE PERIODISTAS CANARIOS

ABC. Las Palmas 24/04/2018: La comisión promotora ha entregado al Gobierno de Canarias del documento en el que expresa su voluntad de iniciar la tramitación parlamentaria del correspondiente proyecto de Ley. Un colectivo de periodistas de la Comunidad Autónoma, entre los que figuran los presidentes de las Asociaciones de la Prensa de Tenerife y de Las Palmas, Salvador García Llanos y José Miguel Suárez Mujica, se ha dirigido con este objetivo al presidente del Gobierno de Canarias.

Los periodistas canarios que suscriben la comunicación estiman que es el momento de ofrecer el mejor servicio a la sociedad y salvaguardar lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Española que afirma que todo ciudadano tiene derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

El colectivo que firma este documento, ya registrado en el Ejecutivo autonómico, considera que el derecho a la información no estará realmente protegido si no existen sistemas de vertebración de la profesión periodística, autocontrol en el ejercicio profesional del informador, y organismos que garanticen el ejercicio digno de la profesión frente a los poderes públicos y empresariales.

Asimismo, el escrito señala que el nuevo Colegio Profesional de Periodistas Canarios, que deberá integrar a las asociaciones de la prensa de ambas provincias, contribuirá a una mejor defensa de las reglas y del código deontológico de la profesión.

Esto redundará en un mejor servicio a los ciudadanos y a sus derechos fundamentales, al tiempo que se convertirá en un cauce idóneo para la colaboración con las administraciones públicas, y servirá para consolidar y ampliar la tarea en defensa de la libertad de expresión de los periodistas canarios.

¿Cómo y por qué quedó este proyecto en agua de borrajas? ¿Dónde están ahora los miembros de la comisión promotora y los periodistas que suscribieron la comunicación? ¿Acaso en este maremágnum de intereses espurios ha dejado de interesar un código ético de obligado cumplimiento, que al tiempo proteja la dignidad de una profesión y vele por los derechos fundamentales de quienes dedican su vida laboral al dictado de una vocación que debe ser respetada sin reservas?

Sería una gran noticia que se reactivara el proyecto en favor del periodismo de calidad y, en especial, para defender a la opinión pública del clientelismo organizado en Canarias, que sin cómplices dejaría de serlo.

Un enésimo producto de mis cavilaciones: ¿Por qué la publicidad comercial tiene ciertos límites legales que la prohíben como engañosa, desleal, fraudulenta, incluso subliminal, y la propaganda política no tiene más cortapisa legal que los topes en gastos de campaña que, además, tampoco suelen cumplirse?

Pactos, alianzas y compromisos bien diseñados, sin tener en cuenta colores ni afinidades, con alguna que otra traición suelta y deslealtades varias que permitían cambiar de bando según procediera; con oportunismo y gran sentido práctico sobre rentabilidad política. Ni siquiera era necesaria mayoría alguna para que no chirriaran los goznes de unas bisagras bien engrasadas. Pero las máquinas con el tiempo se deterioran y el coste de la reparación puede resultar más caro de lo deseable.

Ante el escándalo que se ha montado con el anuncio de la moción de censura, lo más ignorado está siendo la ciudadanía y la opinión pública, los intereses del pueblo y un mínimo respeto por sus derechos. Lo único que cuenta es cómo “vender” con triunfalismo actos cuestionables y justificar decisiones de dudosa legitimidad. O como siempre, culpar a los demás para aparentar virtud en las propias maquinaciones urdidas desde la baja estofa conspirativa. Es la técnica propagandística de “armas silenciosas para guerras tranquilas”, en la que algunos medios de comunicación son necesarios para influir en la opinión pública y manipular ideas.

¿Qué sentido tiene, o que necesidad había, en esta situación crítica de supervivencia colectiva, organizar una innecesaria operación derribo, con la desagradable sensación de que han aprovechado el estado de alarma y el confinamiento, para tramar una encerrona política que no ofrece ningún beneficio social; que solo se trata de una lucha mezquina por poltronas y oscurantismo de trapos sucios?

No ensalzaremos a la todavía alcaldesa, pero tampoco podemos denigrarla; a no ser que sintiéramos hacia ella cierta animadversión personal, justificada o no, que no es el caso, pues lleva muy poco tiempo en el cargo y le ha tocado la época más cruda y menos propicia para lucirse en su gestión. No obstante, algunas iniciativas y resoluciones que estaban anquilosadas, parecen haberse puesto en marcha, aunque sus adversarios insistan en apuntarse esos tantos con carácter retrospectivo. P.ej.: Cuando parecía que ahora arrancaba la rehabilitación del parque cultural Viera y Clavijo, ¡por fin!, tras dos décadas de desidia e inoperancia de las autoridades anteriores, surge el posible varapalo de volver a las andadas de un “expolio de patrimonio”, caso de que saliese adelante la moción en favor del anterior regidor, cuya deplorable gestión sobre este Bien de Interés Cultural, declarado monumento, es todo un símbolo de lo que hizo, o mejor, de lo que no hizo, en dos legislaturas con nuestra otrora esplendorosa capital; que también la dejó decrépita, sucia, maltrecha y abandonada. Es por lo que no se explica que se le pongan reparos a la actual alcaldesa por unos pocos meses de gestión, en comparación con los diez años anteriores, en los que sería muy difícil reseñar un solo éxito de alguna medida o decisión que fueran motivo de alabanza para quienes no cumplieron una sola de sus promesas electorales. Sí; resultará muy inquietante que ahora repitan por tercera vez. 

Vista a ras de suelo, la operación parece demasiado turbia; por los personajes y por las formaciones implicadas. La tránsfuga de C´s, con indicios de “tamallazo” por su falta aparente de motivación ideológica, sustituible por otros posibles estímulos negociados durante el largo confinamiento, pertenecía a un partido que debió quedarse en Cataluña para luchar y defender su tierra desde dentro y de cerca. Lo tenía todo ganado allí, pero se dejó llevar por el oportunismo y la ambición de sus dirigentes de ampliar sus expectativas a nivel nacional. Y fracasaron. Además tuvieron que reclutar demasiado personal de aluvión en otras comunidades. Aunque hubo personas muy válidas, abundó la toxicidad de muchas otras que intentaron utilizar el partido para medro personal. Por estos lares tenemos algún que otro ejemplo cercano.

¿Y el extraño apoyo del PP? ¿Cómo se meten en una maniobra subrepticia con una tránsfuga de por medio, cuando a nivel nacional están fracasando como oposición, en la peor situación política posible? ¿Pueden sacrificarse el prestigio y la dignidad de unas siglas cambio de unas concejalías?

No teníamos suficiente con el angustioso tema monográfico de la pandemia, que para seguir martirizando nuestras conciencias con informaciones sesgadas y tendenciosas, se han desatado las hostilidades mediáticas con titulares rimbombantes, declaraciones que no hay por dónde cogerlas y artículos de opinión sospechosamente partidistas.

Resulta desagradable la desaforada defensa y promoción que algunos comunicadores dedican a estos “censores”, entrevistados como si fueran ídolos de algo o ejemplo para alguien. Se nos trata como tontos a los espectadores, que no tenemos más remedio que exigir nuestro derecho constitucional a la veracidad de la información… y pedir explicaciones de si esto es gratis o no. Y si se paga, si es o no con fondos públicos.

Los maestros del clientelismo, que en un principio lo eran solo de mortadela, con el paso de los años se han especializado en el negocio de la comunicación como arma política… y su propensión a comprarlo todo, induce sospechas más que razonables.

Quienes desde una perspectiva profana admiramos el periodismo y lo tenemos idealizado por el componente vocacional que dignifica una profesión, consideramos imprescindible la esperada y pendiente configuración de un Colegio Profesional, a nivel nacional, que oficialmente recoja el código ético de obligado cumplimiento para todos los colegiados; al tiempo que proteja del intrusismo y de la mala praxis de advenedizos que encuentran un modus vivendi que no les pertenece, propensos a contaminarse por la corrompida influencia política. 

Creo que la tropelía de esta moción no beneficiará a nadie y será dañina para todos.