¿Quiere usted saber qué es la trama? Lea el libro de Rubén Juste “Ibex 35. Una historia herética del poder en España”. Pero si 300 páginas le parecen mucho, le propongo que lea estas breves 700 palabras.

Para acercarse a la trama abra el grifo de su casa. Es probable que el agua que salga sea distribuida por Aqualia; Aqualia pertenece a la constructora FCC; FCC ya no es de las Koplowitz, ahora es de Carlos Slim, magnate mexicano que ha sabido hacer negocios en España gracias a su amigo Felipe González. ¿Quiere que el agua salga caliente? Entonces dependerá usted de las empresas de energía, responsables de que en España la factura de la luz y del gas sean de las más caras de Europa. Todas ellas tienen políticos en sus consejos de administración. Unos ejemplos rápidos: Miquel Roca, de Convergencia y abogado de la infanta Cristina, está en Endesa; Cristina Garmendia, ministra de Zapatero, en Gas Natural; Ángel Acebes, ministro de interior de Aznar durante el 11M, en Iberdrola.

¿Quiere usted saber más de la trama? Escuche a Francisco Correa, jefe de la Gürtel, diciendo que las constructoras OHL y ACS fueron las más beneficiadas en la era Aznar gracias, según él, a los pagos que hacían al PP. ACS fue además récord de España 2013 en número de filiales en paraísos fiscales (171 nada menos). OHL hasta hace unos meses estaba presidida por el Marqués de Villar Mir (nació sin sangre azul, pero Juan Carlos I le concedió el marquesado en 2011). El neomarqués de niño estudió en Colegio El Pilar y de mayor fue ministro de Hacienda antes de que en España se pudiera votar

¿Sigue usted queriendo saber qué es la trama? Acuérdese de las casi 3000 viviendas del IVIMA entregadas por Ignacio González, heredero de Esperanza Aguirre (condesa de Bornos), a Goldman Sachs por debajo del precio de mercado ¿Sabe quién trabaja para Goldman Sachs? Claudio Aguirre, primo de la condesa  ¿Sabe quién asesora a Goldman Sachs para sus compras en España? La consultora Aguirre-Newman de la que es director de Investment Management Fernando Ramírez de Haro Aguirre (sí, el hijo de la condensa).

¿Quiere saber más de la trama? Recuerde aquel email que escribió José María Aznar Botella a Miguel Blesa en 2009: “Con los pelos que se ha dejado (mi padre) por ti, es impresentable lo que has hecho”. El hijo de Aznar y Botella quería vender a Caja Madrid una colección de pinturas por 54 millones, pero la caja la había tasado en solo 3. Aznar Botella tiene también entre sus méritos haber facilitado los negocios en España del fondo americano Cerberus (liderado por destacados miembros del Partido Republicano y del clan Bush, viejos amigos de su padre) pero no fue el primero en hacerlo ¿Quiere saber quién introdujo a este fondo  en España? Oleguer Pujol (sí, el hijo de Jordi Pujol) que les facilitó que compraran la sede madrileña de PRISA (sí, del grupo PRISA) en Gran Vía 32.

¿Aún quiere saber más? Acuérdese de Botín librándose de 38 delitos fiscales porque la fiscalía no le acusó de nada (el Tribunal Supremo llamó a esto “doctrina Botín”, otros lo llaman “mafia del canapé”). Botín siempre tuvo buen rollo con ZP. Tan bueno que ZP indultó a su consejero delegado Alfredo Sáenz. ¿Sabe usted quién es primer accionista del Santander? Blackrock. No le suena ¿verdad? Se trata de la mayor empresa de activos financieros del mundo. Son expertos en opacidad. Tanto que el New York Times los llama “el gigante silencioso”. Son también el primer accionista del BBVA y de Telefónica. Están también en Mediaset, Aena, Repsol, Iberdrola, Acerinox y hasta en los supermercados DIA. También asesoran gobiernos. Su presidente Larry Fink llegó a decir: “Hay que educar a la población europea para que vote al líder correcto que tome las medidas correctas”.

Por último ¿Quiere de verdad saber qué es la trama? El 21 de junio de 2016, a pocos días de que se votara en España, el Marqués de Villar Mir, en su despedida de la presidencia de OHL que dejaba a su hijo, declaraba: “Podemos no cabe en un gobierno, sería un desastre”. El neomarqués sabía bien lo que decía porque sabe que la trama es un bloque de poder que para mantener sus privilegios necesita que la mayor parte la población siga cargando con los costes de esos privilegios. El neomarqués sabía bien lo que decía porque conoce bien nuestro objetivo: desarticular la trama para tener un país más justo y democrático.

Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. No lo decimos nosotros, lo dice la Constitución española. ¿Por qué deberíamos temer este debate cuando hablamos de las eléctricas? ¡Vete a Cuba! ¡Vete a Venezuela! gritarán nuestros adversarios ¿Y qué? Es incuestionable que el modelo eléctrico español no funciona. Está en manos de grandes empresas privadas que actúan como un oligopolio que impide la competencia real. Hablamos de un modelo en el que los beneficios de estas grandes corporaciones no dejan de crecer al tiempo que el precio final de la electricidad que paga la gente no deja de aumentar. Decir esto es decir la verdad, nos llamen lo que nos llamen.

Es así mismo incuestionable que las remunicipalizaciones (nacionalizaciones a escala municipal en palabras del abogado experto en energía Daniel Pérez) llevadas a cabo en varios municipios alemanes ha mejorado la calidad y el precio del servicio y es también cierto que en muchos de los países europeos en los que hay una o varias compañías eléctricas de titularidad estatal, se funciona mejor que en España. ¿Debemos temer que nos llamen radicales y extremistas por señalar lo evidente? Cosas peores nos han llamado y cosas peores nos llamarán y seguramente eso será señal de que estamos hablando de lo importante.

A día de hoy, cuando buena parte de nuestros compatriotas tienen problemas para pagar la factura de la luz, el papel de nuestra fuerza política debe ser el de señalar lo que el Gobierno y sus aliados no se atreven a decir: que el modelo eléctrico español que permite comprar a expresidentes y a exministros sentándolos en consejos de administración de grandes eléctricas a cambio de retribuciones impúdicas, no es sólo un modelo corrupto, sino ineficaz y obsoleto. Tan obsoleto como el sistema político que ha permitido durante décadas que una minoría se enriquezca a costa de mercadear con los derechos de los ciudadanos y con los recursos estratégicos del país.

¿Debe intimidarnos la ideología fracasada de esos señores que pretenden que nos parezcamos a ellos? Quizá en el pasado se pudo atemorizar a una parte de nuestro pueblo que tenía metido en el cuerpo el miedo a la dictadura, pero hoy hay una España joven y moderna que no cree a los que pretenden restaurar el sistema del turno y volver a la comodidad del bipartidismo a golpe de insultos y caricaturas.

Digamos la verdad sin miedo. En España hace falta un plan nacional de transición energética, que sirva para ahorrar energía rehabilitando edificios y apostando por las renovables. Eso implica una inversión estatal razonable (15.000 millones de euros al año, la cuarta parte de lo que costó rescatar a la banca) que crearía 400.000 empleos de calidad, fortalecería un tejido industrial propio y reduciría la dependencia energética de nuestro país. ¿Tenemos miedo de que nos llamen estatalistas por proponer lo evidente? ¿Tenemos miedo a que anuncien la llegada de las diez plagas de Egipto porque queremos perseguir con medios de verdad el fraude fiscal de los ricos y las grandes corporaciones para aumentar los ingresos del Estado? ¿Debemos algún favor nosotros a los que se enriquecen con la energía nuclear como para no plantear acabar con ella de una vez? Digamos la verdad; en España el Gobierno del PP nacionalizó Bankia con dinero público después de que sus hombres –Rato y Blesa- la expoliaran, y una vez saneada a costa del dinero del contribuyente, pretenden volver a privatizarla. Digamos sin miedo que Bankia debe seguir nacionalizada porque España necesita una banca pública y digamos de una vez que las nacionalizaciones no deben hacerse para salvar intereses privados sino para defender lo público, que es defender a la gente.

Este país necesita una fuerza política que diga la verdad y en estos días y en estos tiempos se están revelando muchas verdades que hay que señalar sin tener miedo a los reproches y a los insultos de los amos del poder. Como decía hace poco García Linera, la Globalización ha revelado sus límites y hay que decir a las claras que sin soberanía no hay democracia.

La nacionalización de las eléctricas no es la única ni la primera solución a los graves problemas del sector eléctrico español y tal vez no sea la mejor a corto a plazo, pero es una posibilidad que permite la Constitución y además es una excelente oportunidad para debatir qué hacer. Y para ello hay que partir de lo evidente; que el modelo privado no funciona y que un mayor control público de los sectores estratégicos que aseguran la soberanía del país, el ejercicio de los derechos sociales y la protección de los derechos humanos, es necesario para modernizar España y afrontar los retos del futuro. Ayer señalamos frente a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia que este organismo debe y puede intervenir. Es un organismo público independiente del gobierno facultado para supervisar, controlar y detectar cárteles, confabulaciones entre empresas en perjuicio del mercado y del consumidor. ¿Qué más tiene que pasar para que actúe?

No debemos temer llamar a las cosas por su nombre al tiempo que millones de ciudadanos están sufriendo los abusos de las eléctricas. Nuestro papel, como fuerza política, debe ser apoyar a los sectores de la sociedad civil que están planteando soluciones. Y debemos apoyarles en sus movilizaciones y campañas de concienciación pero también con nuestra acción parlamentaria y de gobierno en los ayuntamientos; no para ponernos medallas ni para competir con los demás partidos por las fotos y los titulares, sino para avanzar decididos hacia la modernización que necesita España para afrontar los retos del futuro, sin complejos y sin ningún miedo.

"Difícilmente los padres del 135 y los recortes van a poder asumir el desafío histórico que reclaman las gentes de nuestro país más allá de lo que voten", afirma el autor

"Debemos también sacar el debate a la sociedad para empezar a construir un espíritu constituyente que ya se intuye en los reclamos populares", escribe Iglesias

"Los avances sociales que recogen las constituciones no son el resultado del trabajo de especialistas y parlamentarios, sino del empuje democrático de los pueblos", defiende

"La democracia es el resultado del avance de los pueblos sobre las élites, del avance de los derechos sobre los privilegios", explica el secretario general de Podemos

La primera vez que me fijé en la palabra Constitución fue escuchando cantar a mi padre. Haciendo sonar una vieja guitarra que le regaló Paco Luque, un compañero de la tercera galería de Carabanchel donde estaban los presos políticos de base (los jefes estaban en la sexta) entonaba mi padre una poco conocida estrofa del himno de Riego que dice: “Si Riego murió en el cadalso no murió como infame traidor, que murió con la espada en la mano, defendiendo la Constitución”. No sabía nada yo entonces del heroísmo de nuestros militares liberales del XIX ni de la agitada historia de nuestro constitucionalismo.

Años después, estudiando segundo de BUP, empuñé por primera vez la Constitución del 78 como arma política. Acababa de ser elegido representante estudiantil en el Instituto Juana de Castilla de Moratalaz, y la dirección del centro nos impedía colocar carteles políticos aduciendo nuestra minoría de edad. Reuní a mis compañeros en casa y con mi madre, abogada en ejercicio, asesorándonos, estudiamos los artículos de la Constitución relativos a la libertad de expresión, reunión y asociación. Y allá que nos fuimos a la reunión del consejo escolar a decir que la Constitución estaba por encima de cualquier decisión de la dirección de nuestro instituto. Ganamos el derecho a pegar carteles pero no tanto por la Constitución y por nuestra oratoria persuasiva de entonces, sino por unos profesores y padres que valoraron nuestro esfuerzo y tenacidad contra una directora, a la sazón profesora de alemán, doña Rosa Recuenco, que defendió hasta el final que se restringieran nuestros derechos al tiempo que favorecía actos extra escolares del profesor de religión católica.

Poco después, ya siendo un adolescente enormemente politizado, conocí a Rafa Mayoral, quizá el mayor responsable de que me decidiera a estudiar la carrera de Derecho. El que fuera abogado de la PAH y hoy nuestro diputado, tenía a los 19 años aún más vehemencia que ahora y le recuerdo, con las pupilas encendidas, repitiéndome la clase de Derecho Constitucional que le habían dado, explicándome que el Derecho es fundamental para entender cómo funciona el sistema y que la Constitución es la expresión jurídica de la correlación de fuerzas.

Mi primer profesor en la facultad de Derecho de la Complutense fue el gran Pablo Santolaya Machetti. Recuerdo los maravillosos debates que favorecía en clase. Santolaya me dio mi primera matrícula de honor; decía que por mi madurez aunque hoy pienso que respondía más a mi pesadez. Me fascinaba el Derecho Constitucional entre otras cosas porque ofrecía enormes ventajas para entender muchas claves de la política que después explicábamos a los compañeros militantes que estudiaban otras carreras. De la profesora García Escudero, letrada de la Cortes, adquirí mis primeras nociones de Derecho parlamentario (esto no me entusiasmó ya tanto).

Un año de Erasmus en Bolonia me permitió conocer la constitución antifascista italiana, esa que como dice Enric Juliana [periodista de La Vanguardia] pactaron el partido del Papa (la DC) y el partido de Stalin (el PCI) y que los italianos acaban de defender frente al intento de Matteo Renzi de devenir en nuevo César todopoderoso desatado del parlamento.

Más tarde gané una beca de colaboración en el Departamento de Derecho Constitucional. Aunque ya entonces tenía claro que tras acabar la carrera me matricularía en Ciencias Políticas, allí conocí a algunos de los grandes nombres del Derecho Constitucional español.

Admiré a Jorge de Esteban, un gentleman de otra época, a pesar de nuestras diferencias políticas. Conocí al ya desparecido Pablo Lucas Verdú, anciano entrañable y muy conservador, que siempre me recordaba que fue profesor de Xabier Arzalluz –ex presidente del PNV– y que me conducía por las estanterías traduciéndome títulos del alemán, bajo la atenta mirada de Rocío, mi jefa, desesperada ante la posibilidad de que yo no fuera capaz de ordenar los títulos alemanes que desordenaba el profesor Lucas Verdú (pero quien ha sido becario de biblioteca sabe que las signaturas libran al peor de los políglotas de cualquier problema). Recuerdo que ante mi fascinación por Italia, Lucas Verdú me decía: “Hay que ver con los italianos; eran fascistas y luego se hicieron todos comunistas”. Yo pensaba para mis adentros: “Pues como tantos profesores españoles: eran franquistas y luego se hicieron demócratas”.

Conocí allí también al gran Raúl Morodo, a Carlos de Cabo, uno de los grandes constitucionalistas marxistas, a su hijo Antonio, que además de ser un excelente constitucionalista es un tipo extraordinariamente culto con el que he compartido militancias después. Conocí también a un profesor, a medio camino entre el fascismo y lo estrafalario, Hillers de Luque, que a pesar de todo era cualquier cosa menos un cobarde.

Gracias al que quizá sea el mejor profesor de Derecho que tuve, Enrique Olivas, supe de una apisonadora mental llamada Ordóñez. Ya en Políticas, recuerdo que entre algunos profesores se recordaba un mítico tête à tête en el que un jovencísimo Juan Carlos Monedero (aunque parezca imposible Juan Carlos Monedero fue joven) desafió al viejo león Ordóñez. Aunque el viejo león prevaleciera entonces, entre los honores intelectuales de Juan Carlos, está haber podido tener aquel debate.

Después, en la Fundación CEPS, conocí a los maestros que me enseñaron cómo el Derecho Constitucional puede servir para transformar la sociedad, prestando sus servicios en los procesos constituyentes. De Roberto Viciano, Rubén Martínez Dalmau, Albert Noguera o Marcos Criado no sólo aprendí constitucionalismo latinoamericano, sino la importancia política de las Constituciones para consolidar y proteger los avances sociales. También conocí por aquella época de la mano de Jaume Asens a Gerardo Pisarello. Ellos y Amaya Olivas me enseñaron del uso alternativo del Derecho.

Hoy, a 38 años de la promulgación de una Constitución que plasmó una dificilísima correlación de fuerzas en la que la oposición democrática tuvo que ceder más de lo que pudo arrancar a las élites de la dictadura, quiero homenajear a esos maestros que me enseñaron a entender la situación actual.

Hoy, los autoproclamados constitucionalistas (la triple alianza PP-PSOE-Ciudadanos) pretenden usar la Constitución del 78 para bunkerizarse y frenar los avances sociales que reclama nuestra sociedad. Si la reforma del artículo 135 fue una deshonrosa claudicación ante poderes exteriores, como reconocería incluso el destituido secretario general del PSOE, el atrincheramiento de la triple alianza para negar la necesidad de dar encaje constitucional a la plurinacionalidad y de avanzar en las cuestiones fundamentales que demanda la sociedad, revela que sólo entienden la Constitución como candado y no un texto resultado de una coyuntura histórica difícil (la metamorfosis de una dictadura) y de reformas discutibles, que es manifiestamente mejorable.

Hace exactamente un año propusimos cinco mejoras a la Constitución que seguimos defendiendo. Es necesario blindar en ella los derechos sociales, garantizar la independencia judicial, prohibir las puertas giratorias, cambiar el sistema electoral y dar encaje constitucional a la plurinacional constitutiva de nuestra patria. Frente a los que se atrincheran y se bunkerizan es necesario avanzar y modernizarse.

En esta legislatura es posible que los partidos del búnker busquen algún tipo de reforma. Estaremos como es lógico abiertos al debate pero no somos ingenuos. difícilmente los padres del 135 y los recortes van a poder asumir el desafío histórico que reclaman las gentes de nuestro país más allá de lo que voten. Por eso nuestro papel no debe limitarse a asegurar con nuestra fuerza en el Parlamento que cualquier reforma de la Constitución deberá ser sometida mediante referéndum a la voluntad del pueblo español, sino que debemos también sacar el debate a la sociedad para empezar a construir un espíritu constituyente que ya se intuye en los reclamos populares.

La indignación frente a los abusos de las eléctricas que cortan suministros a compatriotas; las luchas de la clase trabajadora por sus derechos (telemarketing, Coca-Cola); la defensa de las pensiones; la histórica reclamación del 15M del fin de las puertas giratorias y de un sistema electoral más proporcional; la justa reclamación del pueblo catalán de su derecho a votar y decidir; las reclamaciones de sectores populares con identidades que han padecido durante décadas la subalternización de un centralismo miope y antiguo; y la reivindicación de una justicia libre de amenazas e intromisiones del poder político y económico son temas que difícilmente van a asumir los partidos de la triple alianza parlamentaria si en España y sus pueblos no se construyen contrapoderes que den vida a un nuevo espíritu constituyente modernizador, tolerante y avanzado.

De mis padres de la Constitución aprendí muchas cosas, pero quizá la fundamental es que los avances sociales que recogen las constituciones no son el resultado del trabajo de especialistas y parlamentarios, sino del empuje democrático de los pueblos. Todo lo bueno de la Constitución del 78 tiene que ver con ese empuje, mientras que la mayor parte de sus deficiencias tiene que ver con la resistencia de las élites al cambio. Y si algo nos ha enseñado la Historia es que la democracia es el resultado del avance de los pueblos sobre las élites, del avance de los derechos sobre los privilegios.

Es un honor tomar la palabra en estas jornadas del Cercle d'Economia. Para alguien que aspira a ser presidente del gobierno, exponer su visión de la situación económica aquí y dialogar con ustedes no sólo es un placer, además es una obligación.

Quiero agradecer especialmente a su presidente, Antón Costas la invitación a participar y la llamada que me hizo en la que me orientó sobre qué elementos podrían tener más interés para mantener hoy un debate aquí.

He organizado mi exposición a partir de sus sugerencias con la intención de que podamos mantener después un diálogo.

Quiero agradecer la presencia de los amigos y compañeros de CSQP y ECP que nos acompañan así como la presencia de mi jefa de Gabinete, la señora Irene Montero y de nuestro secretario de economía, el profesor Nacho Álvarez. Si como esperamos, contamos con los apoyos suficientes para formar gobierno, al señor Álvarez le aguarda una ardua tarea al servicio de nuestro país. Quiero agradecer también la presencia del profesor Vicenç Navarro que me asesora siempre en cuestiones económicas y con cuyo saber y experiencia internacional también querremos contar en el futuro.

Expondré en primer lugar nuestro diagnóstico de la situación económica que vive nuestro país para a continuación señalar las principales líneas de política económica de nuestro programa de gobierno.

Antes de empezar quiero leerles una reflexión de Ludolfo Paramio…

“Cómo es posible que en medio de la mayor recesión de la historia del capitalismo se hayan impuesto en Europa desde Fráncfort unas ideas excéntricas y contraproducentes” (La cuarta socialdemocracia, de Agustín Basave. Presentación Rolando Cordera. Prólogo Ludolfo Paramio. Ed. La Catarata).

Como ustedes saben, en 2010 se produjo un giro copernicano en la política económica de la Zona Euro. La Comisión Europea, el BCE y el FMI presionaron a las economías de la periferia de la eurozona para que adoptaran medidas para equilibrar, por un lado, sus cuentas públicas – básicamente austeridad fiscal basada en la reducción del gasto público y, por otro lado, su sector exterior –básicamente reformas en el mercado de trabajo para ganar competitividad mediante la reducción de salarios y el abaratamiento de los costes laborales–.

Como saben la austeridad fiscal se tradujo en recortes en el gasto social (en educación y sanidad principalmente), en los salarios de los trabajadores públicos y en la inversión pública. Se congelaron las pensiones y se aprobaron subidas en los impuestos indirectos. En nuestro país incluso, el PP y el PSOE aprobaron una reforma constitucional que trataba de constitucionalizar, valga la redundancia, una opción de política económica, cuanto menos discutible y a mi juicio, como voy a explicar aquí, del todo ineficiente. El propio PSOE de hecho se arrepintió de aquella reforma constitucional que propició y nosotros lo celebramos. El resultado de esta política dogmática y obsoleta ya los conocemos: no se alcanzaron los objetivos marcados en relación con el PIB, precisamente por los efectos restrictivos que la propia política de recortes provoca. Pero incluso en lo que respecta a la reducción del déficit hay problemas notables. Como ustedes saben, la propia Comisión Europea, este año, ha manifestado dudas respecto a la posibilidad de que el déficit se reduzca por debajo del 3% en 2017, cuando inicialmente éste era el objetivo propuesto para el año 2013.

En lo que respecta a la devaluación interna, los resultados son también conocidos. Como es imposible hacer una devaluación nominal, se impuso un menor crecimiento de los salarios para abordar el desequilibrio externo. ¿Cómo se hizo? Con dos reformas del mercado de trabajo. Las dos, les recuerdo que fueron contestadas con sendas huelgas generales por los principales sindicatos del país y estarán de acuerdo conmigo en que los sindicatos españoles no son particularmente maximalistas. Las reformas laborales implicaron: recortes en los subsidios por desempleo; reducciones en los costes de despido, menos obstáculos legales para despedir y mayores facilidades para desvincularse de la negociación colectiva a la hora de determinar los salarios en las empresas.

Se supone que esto se hacía para aumentar la competitividad, pero esto no ocurrió. Lo que ocurrió fue, en todo caso, una elevación adicional de los beneficios, al tiempo que se producía con una gran disminución de la renta disponible de los hogares, debilitando el consumo final de los hogares.

Conclusión: La combinación de austeridad fiscal y devaluación interna provocó una fuerte contribución negativa de la demanda interna al crecimiento, que no pudo compensarse con una contribución positiva de la demanda externa y que profundizó en la recesión.

Podrán decir ustedes que sector exterior pasó de una fuerte contribución negativa al crecimiento a positiva entre 2010 y mediados de 2014, pero todos sabemos que esto se debe básicamente ala reducción de las importaciones como consecuencia del colapso de la demanda interna.

En definitiva, las políticas de duro ajuste fiscal y liberalización del mercado de trabajo han agravado y prolongado innecesariamente la crisis. Recuerden lo que decía Ludolfo Paramio y pregúntense ¿Qué representamos nosotros? Humildemente somos la expresión política que surge de la convicción de que las políticas de austeridad y las reformas estructurales no sólo no resuelven la actual situación, sino que además suponen un coste excesivo sobre una franja muy amplia de la población que ni es responsable de la crisis ni dispone de los recursos para soportar dicha carga. Algunos nos llamarán hoy los nuevos socialdemócratas. Pónganle ustedes la etiqueta que quieran. Lo que está claro es que en aras de la eficiencia, hay que hacer una política económica diferente. Hoy es un consenso entre buena parte de los economistas, a nivel mundial, que las políticas llamadas de austeridad han sido ineficientes para enfrentar la crisis.

El Gobierno en funciones no está de acuerdo con nosotros. Dice que la recesión económica ha terminado y que España ya ha salido de la crisis, hasta el punto de que está creciendo por encima de la media europea y creando buena parte del empleo que en este momento se crea en la zona euro.

España, efectivamente ha crecido un 3% durante 2015, por encima de la media de la UE, y se ha creado empleo. Sin embargo, no es cierto que la austeridad fiscal y la devaluación de los salarios hayan resultado exitosas para nuestra economía como sostiene insistentemente el gobierno. Y no es cierto por cuatro razones que paso a exponer:

En primer lugar, cuando en vez de analizar los datos económicos a partir de tasas de crecimiento, tomamos perspectiva y comparamos los niveles absolutos de las principales variables (PIB y empleo) ahora y antes de la crisis, vemos que hay aún un largo camino por recorrer antes de que podamos hablar de salida de la crisis. Los niveles de PIB y empleo no han recuperado aún los valores previos a la crisis. El PIB real de 2015 todavía fue un 5% inferior al que había antes de la Recesión, en España hay ahora mismo 2,6 millones de ocupados menos, y la tasa de paro es del 21%. Sólo se ha recuperado uno de cada tres empleos de los que se ha perdido durante la crisis.

Hoy podemos decir que la legislatura de Rajoy ha sido una legislatura “muerta” en materia de empleo: a él le gusta hablar del millón de empleos que ha creado entre 2014-2015, pero no del millón de empleos que sus políticas destruyeron entre 2012-2013. Las políticas de austeridad y devaluación salarial han retrasado la salida de la crisis, y nos han llevado a una “década perdida”.

En segundo lugar, las razones que explican el crecimiento actual no son precisamente aquellas que destaca el gobierno de Rajoy, sino otras bien distintas. España ha recuperado el crecimiento, precisamente, porque a los “vientos de cola” que llegan del exterior –política de inyección de liquidez del BCE, precios del petróleo y depreciación del euro– se ha sumado el cambio de orientación de la política fiscal en 2015. La contribución del consumo público y la inversión pública al crecimiento del PIB fue de -1% entre 2011 y 2013, nula en 2014, y del 1% en 2015.

El hecho de que 2015 haya sido año electoral, y de que la Comisión Europea utilice sus propios márgenes con discrecionalidad política, ha permitido que se haya producido una cierta “pausa de la austeridad” en 2015, lo que ha permitido animar la demanda interna y el empleo. Sólo cuando el Gobierno ha rectificado y ha hecho algo parecido a lo que nosotros decimos, han aparecido los famosos brotes verdes.

Esto significa dos cosas: que la vuelta a tasas de crecimiento positivas no es el resultado de la austeridad fiscal y la devaluación de los salarios aplicada durante estos años, sino todo lo contrario, y que volver a la política de recortes, como exige Bruselas y como declara Rajoy que hará en su famosa carta secreta a Junker, priorizando un ritmo excesivo de reducción del déficit, tendría de nuevo costes importantes en términos de actividad y empleo.

En tercer lugar, los grandes desequilibrios macroeconómicos y los grandes desafíos que tenía nuestra economía no se han solucionado con la política económica del gobierno. Los desequilibrios macroeconómicos no se han solucionado sino que se han desplazado. De esta manera:

-Hemos dejado de tener un elevado déficit externo, pero a costa de deprimir la demanda interna y generar un elevado desempleo.

-Hemos dejado de tener un fuerte déficit público, pero a costa de durísimos recortes del Estado del Bienestar que han hecho de nuestro país el país más desigual de la zona euro.

-Hemos reducido parcialmente el problema de excesivo endeudamiento de nuestro sistema financiero, pero a costa de que sea el sector público quien ahora tenga una importante deuda.

Finalmente, en cuarto lugar, no sólo la crisis, sino las propias políticas económicas aplicadas, han provocado una grave fractura social en España, con todos los indicadores de desigualdad y privación material deteriorándose. Esto es consecuencia del aumento del paro, especialmente el de larga duración, pero también de la devaluación salarial propiciada por la reforma laboral, y que ha afectado sobre todo a los salarios más bajos, de la menor protección de los desempleados, del aumento de la precariedad laboral y los trabajadores pobres, y de las políticas de recortes en los servicios públicos fundamentales. Podríamos ofrecer infinidad de datos para ilustrar este deterioro social, pero baste recordar que la Encuesta de Condiciones de Vida publicada esta semana muestra no sólo que la renta media de los españoles se ha reducido, sino que casi el 30% de los españoles se encuentra ahora mismo en una situación de pobreza o de riesgo de exclusión social.

Por todo ello, pensamos que nuestra economía se enfrenta a grandes desafíos, que exigen un cambio en la política económica.

A continuación me van a permitir que les señale los tres prioridades de nuestra política económica y que les indique algunas medidas concretas que tomaremos cuando formemos gobierno. Como ustedes saben somos la única fuerza política que incluye memoria económica en su programa al cual les remito así como a un documento específico extenso que hemos preparado especialmente para ustedes y en el que incluimos las tablas, los datos y los gráficos que sostienen las propuestas que les voy a exponer aquí, con la brevedad que requiere el formato de este acto.

En primer lugar, hay que Garantizar el derecho al trabajo y crear empleos decentes: El crecimiento actual no es el resultado de la austeridad, sino de la influencia de algunos factores cuyo efecto puede ser temporal, lo que explica la fragilidad de la recuperación y la necesidad de reforzarla. Además, incluso en un contexto macroeconómico favorable como el actual, la recuperación del empleo y la eliminación de la elevadísima tasa de paro es demasiado lenta para ser socialmente sostenible. Y el empleo que se está creando es muy precario.

En segundo lugar hay que poner en pie una potente agenda social que atienda la situación de las personas más afectadas por la crisis y ayude a disminuir la pobreza y la desigualdad, incluyendo la discriminación de género: Las políticas de recortes fiscales han deteriorado gravemente los servicios públicos fundamentales, que ya se encontraban infrafinanciados en España antes de la crisis, en comparación con otros países europeos con un nivel similar de desarrollo.

En tercer lugar, hay que transformar el modelo productivo, mejorar nuestra especialización industrial y reforzar la sostenibilidad: El modelo productivo español sigue caracterizándose por graves problemas estructurales. Apenas se ha modificado la especialización productiva de la economía española en sectores de bajo valor añadido y escaso crecimiento de la productividad, ni su dependencia energética. La debilidad del sector exterior mantiene el riesgo de que volvamos a experimentar notables déficits externos en balanza de pagos a medida que se recupere la demanda interna. Además, el modelo de crecimiento no es sostenible no sólo desde una perspectiva económica, sino tampoco desde una perspectiva ecológica.

En definitiva, lo que una nueva política económica debe hacer es reforzar el crecimiento al tiempo que promover otro tipo de crecimiento: transformar el crecimiento, para alcanzar una verdadera salida de la crisis basada en un nuevo modelo productivo y de redistribución de la renta.

Entre las medidas a tomar para asegurar las tres prioridades económicas que les señalo quiero destacar las siguientes:

-Hay que revertir los recortes y abandonar la política de austeridad.

-Hay que renegociar con Bruselas el ritmo de reducción del déficit para trasladar al final de la legislatura el cumplimiento del objetivo del 3%. En este sentido debemos apostar una expansión fiscal equilibrada, que no incremente el déficit, aunque lo reduzca más lentamente de lo que exige Bruselas

-Hay que poner en marcha un plan de lucha contra el fraude fiscal y una reforma tributaria progresiva

Como ustedes saben, los técnicos de la Agencia Tributaria han reiterado que la mayor parte del fraude fiscal de nuestro país se concentra en las grandes empresas y grandes fortunas del país. Se requiere por lo tanto un plan de lucha contra el fraude que tome en consideración esta realidad y que incluya:

•La Aprobación de un paquete de medidas contra los paraísos fiscales

•La Eliminación de las pantallas tributarias.

•La elaboración de un estatuto básico de la Agencia Tributaria para garantizar su autonomía, una dirección profesional y la erradicación del uso partidario de la institución.

Una reforma tributaria ambiciosa debería incrementar, a nuestro juicio, un 3% la ratio de ingresos/PIB a lo largo de la siguiente legislatura. El mecanismo fundamental para conseguir este incremento en la recaudación debe ser, además de la lucha contra el fraude fiscal, la ampliación de las bases tributarias. Asimismo, deberán acercarse los tipos efectivos a los tipos nominales mediante la eliminación de las deducciones más regresivas, habrá que desarrollar un impuesto sobre transacciones financieras, recuperar y reforzar los impuestos sobre la riqueza, sucesiones y donaciones además de modificar el mínimo exento en el impuesto de patrimonio. Por último debe instaurarse un impuesto de solidaridad a las entidades financieras privadas con carácter extraordinario, con el fin de recuperar parte de las ayudas públicas recibidas por el sector.

Esta reforma debe hacerse, además, reforzando la progresividad de nuestro sistema. Para ello, se aplicará el tipo superreducido del 4% de IVA a un mayor número de alimentos y productos sanitarios de primera necesidad, y el tipo reducido del 10% a todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) que actualmente no lo tienen.

-Hay que crear un nuevo marco de relaciones laborales y para ello es necesario derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, y avanzar en el desarrollo de un nuevo marco laboral que garantice la creación de empleo de calidad. Es necesario aprobar un calendario de incremento del salario mínimo interprofesional que permita alcanzar los 800 euros al mes en 14 pagas al final de los dos primeros años de legislatura, y que en 2019 sea de al menos 900 euros al mes.

-Hay que implementar un programa de Renta Garantizada que complemente los ingresos del hogar para todas las familias que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza monetaria, mediante el cobro de una renta complementaria que cubra la diferencia entre los ingresos existentes y el umbral de renta que se establezca. La cuantía inicial será de 600 euros mensuales para las unidades de convivencia de un solo miembro, y aumentará progresivamente en función del número de miembros (35% adicional para el segundo miembro, y 20% por cada uno de los siguientes).

-En lo que se refiere a las pensiones decimos claramente que se indexarán al IPC. Derogaremos las reformas que aprobaron el Gobierno del PSOE en 2010 y el Gobierno del PP en 2014. Nos comprometemos a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones con la introducción progresiva de la financiación por vía impositiva. Se revisarán y se suprimirán progresivamente los regímenes especiales de cotización para nuevas afiliaciones. Se eliminarán los beneficios fiscales para la previsión complementaria individual, como en el caso de los planes de pensiones privados. Se eliminará el tope máximo a las cotizaciones, sin necesidad de incrementar la pensión máxima en similar proporción. Se revalorizará la pensión mínima en los siguientes términos: la pensión de jubilación personal o con cónyuge no a cargo será equivalente al SMI anual, la pensión de jubilación con cónyuge a cargo será equivalente al 110% del SMI anual. Se revisarán todas las medidas de reducción de las cotizaciones empresariales aplicadas en los últimos años, que no han servido para generar empleo, pero sí para deteriorar gravemente el saldo de la Seguridad Social.

-La Atención a la dependencia nos parece una tarea urgente para la que queremos recuperar d los niveles de financiación por dependiente anteriores a los recortes realizados tras los decretos de 2012 y de 2013, y cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares. Al mismo tiempo es necesario establecer un calendario urgente para la atención de las 385.000 personas dependientes a las que se les ha reconocido el derecho, pero que actualmente se encuentran en lista de espera.

-Nuestra política de Vivienda y suministros básicos apuesta por la paralización de los desahucios por motivos económicos probados. Se tendrá derecho a la dación en pago con carácter retroactivo y a la reestructuración de la deuda hipotecaria. La Sareb se convertirá en un instrumento de gestión de un parque público de vivienda en alquiler. Se regulará por ley el concepto de alquiler social, que no podrá superar el 30% de la renta familiar (incluidos los gastos de suministros). Se regulará la función social de la vivienda, para lo que se sancionará a las entidades financieras y sociedades de gestión de activos que posean viviendas deshabitadas. Quiero hoy aquí agradecer la labor de los ayuntamientos del cambio y en especial el de Barcelona, que a pesar de sus límites competenciales, han sabido desarrollar notables avances en la protección del derecho a la vivienda. Estamos deseando gobernar para ponernos a trabajar con ellos.

-Una política económica seria y comprometida con el futuro de nuestro país debe apostar en el medio y largo plazo por un nuevo modelo productivo, por una política industrial acorde con nuestras potencialidades así como por una apuesta por la I+D+i a la altura de lo que cabe esperar de la cuarta economía de la zona euro. Les daré dos pinceladas:

-Nos fijamos como objetivo que la inversión nacional en I+D+i se sitúe en el 2% del PIB.

-Apostamos por una política industrial que desplace nuestro tejido empresarial hacia ramas de mayor valor añadido, teniendo en cuenta el mercado internacional de productos industriales.

-Una de nuestras propuestas que ha recibido más elogios es el Plan Nacional de Transición Energética (PNTE)

Debe estar estructurado alrededor de dos ejes:

1) Plan Nacional de Ahorro Energético: orientado a la mejora de la eficiencia energética y a la reducción de consumo energético en edificios, pero también en el transporte, la industria y los sistemas de distribución eléctrica. La columna vertebral de este plan será la rehabilitación energética de viviendas y edificios, que debería permitir recolocar parte de las personas paradas que vienen del sector de la construcción.

2) Plan Nacional de Energías Renovables: centrado en tecnologías como la solar fotovoltaica y la térmica, la eólica, la geotérmica, la pequeña hidroeléctrica y la biomasa de baja emisión.

-Hay que apostar de manera clara, abandonando los dogmatismos del pasado, por una Banca pública. Si queremos desarrollar una nueva política industrial hacen falta los instrumentos financieros públicos para crear sinergias entre las capacidades innovadoras y financieras del sector privado y del sector público. Con el fin de que España cuente también con una importante red de banca pública para llevar a cabo estas políticas, el Gobierno renegociará los términos del memorando de entendimiento firmado con la UE para poner en marcha una potente y eficaz banca pública a partir de las entidades ya nacionalizadas (Bankia y Banco Mare Nostrum), que no serán reprivatizadas, y del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Si los ciudadanos tuvieron que asumir el coste de la nacionalización de Bankia y Mare Nostrum, parece sensato que puedan contar ahora con los servicios de una banca pública.

-Es necesario así mismo, por razones de eficiencia, re-estructurar la deuda hipotecaria de los hogares

Como ustedes saben, el peso de la deuda privada sigue siendo muy importante en nuestro país, en particular el de la deuda hipotecaria de los hogares. La caída en el precio de las viviendas ha llevado a una fuerte desproporción entre el valor nominal de muchas hipotecas y el valor real de los activos inmobiliarios. Además, el elevado nivel de endeudamiento lastra la demanda privada y dificulta la recuperación.

Por ello, es necesario impulsar la reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares mediante una reducción en el valor nominal de las hipotecas de primera vivienda en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios. Por otro lado, se debe impulsar un procedimiento simplificado de reestructuración y cancelación de dentro de un nuevo régimen de segunda oportunidad que realmente libere de las deudas pasadas una vez que la situación de quiebra sea efectiva.

No quiero extenderme más ni robar más tiempo al diálogo. Permítanme sólo que me anticipe a una de las preguntas que seguro me formulan. ¿Es posible desarrollar políticas como las que nosotros proponemos en el marco de la Eurozona? Por supuesto que sí. Nosotros somos enormemente pragmáticos y conocemos los límites y tenemos plena conciencia de las presiones a las que puede ser sometido un gobierno, precisamente porque hemos visto cómo se presionaba a los gobiernos de nuestro país. Y hemos aprendido algo: gobernar es elegir opciones diferentes incluso a la hora de recortar. Como me recordaba hace poco el profesor Navarro, el presidente Zapatero congeló las pensiones para conseguir 1.700 millones de euros. Podría haber conseguido casi el doble, revertiendo la bajada de impuestos del patrimonio. El presidente Rajoy recortó 6.000 millones en sanidad, cuando podía haber conseguido una cantidad casi igual revertiendo la bajada de impuestos de sociedades para las empresas que facturan más de 140 millones de euros al año y que representan el 0.12% de todas las empresas del país.

Gobernar es elegir y hasta ahora los gobiernos en nuestro país han elegido un camino que no sólo se ha demostrado injusto para las mayorías sociales, sino ineficaz. Como reflexionaba Ludolfo Paramio, los viejos social-demócratas eligieron incluso políticas en las que no creían. No nos vamos a quejar si a nosotros nos llaman los nuevos socialdemócratas por elegir aquello que nos parece correcto. Para ello tendemos además la mano para que nos acompañen a los que en el pasado eligieron las opciones en las que ni siquiera creían. Muchas gracias.