Un compromiso serio que es necesario por razones medioambientales, sociales y económicas, las cuales se condensan en dos realidades muy concretas:

En el ranking de los 20 primeros contaminantes de España, se encuentran las dos centrales térmicas más importantes del sistema energético canario, pero también de las más importantes a nivel nacional: Granadilla (1,76 millones de toneladas de CO2) y Tirajana (1,62 millones) al cierre de 2019.

Sólo en este último año se ha producido una reducción de emisiones del 5,86% con respecto a 2018 en Granadilla, mientras que en Tirajana han permanecido constantes, tras años de crecimientos continuados, según los últimos datos publicados en 2019  por el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes del MITERD.

Esta situación provoca un sobrecoste muy importante sobre el recibo de la luz de todos los españoles, sin reportar beneficio alguno a los canarios. En 2020, Endesa-Enel percibió 1.283 millones de euros para compensar los sobrecostes de generación en los territorios no peninsulares, de los cuales casi 900 millones corresponden a Canarias, tal y como reflejan los últimos datos de CNMC.

Compensar la producción de electricidad con energías caras y contaminantes perjudica a todos los consumidores que podrían verse beneficiados con precios más bajos gracias a energías renovables, y además este dinero no se traduce en inversiones de Endesa en las islas.

Es especialmente preocupante la situación de Lanzarote y Fuerteventura, donde las emisiones se mantienen estables desde 2011, y donde no se ha producido ninguna reducción significativa en la última década. En el resto de las islas, los grupos más pequeños han reducido emisiones.

La agenda 2030 adoptada por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas tiene entre sus puntos combatir el cambio climático. 

Quedan muy pocos años para acometer esa revolución energética necesaria, y Canarias debe ser punta de lanza. 

Nuestro Gobierno decretó la emergencia climática en 2019 y esa emergencia climática no es gratuita. Con ello demuestra la preocupación y la sensibilidad de este Gobierno y los grupos parlamentarios que lo apoyan con esta cuestión.

Con una pandemia de por medio, no se ha cejado en ese empeño, es más, los difíciles meses transcurridos nos han hecho empeñarnos aún más en este propósito, porque cuando nosotros paramos, el planeta se repara.

Como representantes públicos debemos estar a la altura y ser conscientes del esfuerzo que estamos haciendo como ciudadanos, lo que está  haciendo toda la ciudadanía de Canarias en la reducción del consumo de energías fósiles.

Las instituciones no pueden ser ajenas al avance en la reducción y el fin definitivo del uso de combustibles fósiles en el sector de la generación eléctrica, uno de los principales sectores en la emisión de efecto invernadero.

En Canarias acusamos doblemente la insostenibilidad. Somos insostenibles económicamente y ambientalmente. La única manera de romper con esto es instalando nuevas fuentes de generación de origen renovable de manera ordenada.

La emergencia climática es real y los plazos de actuación muy cortos (año 2029). Aún estamos a tiempo de ganar la batalla.

Para centrar mi argumentación: lo que antes era el artículo 47, referido a la suspensión del planeamiento por razón de excepcionalidad, se multiplica en esta ley en los artículos 169, 64, 124 y 155. Sin rubor alguno, lo que antes se hacía de forma excepcional ahora se hará de forma ordinaria. Esta deriva hacia el peor desarrollismo de nuestra historia reciente se consuma con la pieza clave, la Cotmac, que se elimina y se sustituye por un órgano autonómico sin poder real.

El Partido Socialista no está en este baile. De hecho, tampoco lo están dirigentes de CC que nos pidieron ayuda para que el PSOE presentara algunas mejoras proteccionistas que su grupo les vetaba. Es conocido que esta ley se diseña y redacta desde un despacho externo: externo al Consejo de Gobierno cuando había pacto, externo a los partidos que lo formaban y externo a los grupos con representación en el Parlamento. Externo, incluso, a la Consejería de Política Territorial.

La CC de Clavijo no ha tenido vocación de consenso ni con sus compañeros de partido ni con sus socios de pacto. Por eso no enseñó el proyecto de ley hasta que lo tuvo armado. Cuando llegó por primera vez al Consejo de Gobierno, lo hizo como quien está obligado a pasar un trámite sin importancia. Es significativo que la única copia que se entregó a su socio de Gobierno, el PSOE, iba con las hojas marcadas para impedir - piensa el ladrón que todos son de su condición- que se fotocopiara y viera la luz pública, pero se encontró con un PSOE que se plantó y dijo no.

De ese plante, que se produce tras mirar por encima el documento y detectar que la Cotmac había pasado a mejor vida, la CC de Clavijo reacciona e introduce un órgano similar en atribuciones de control sobre la ordenación del territorio pero con otro nombre, para salvar su mensaje simple de que la Cotmac es mala. Mantener un órgano con esas atribuciones fue uno de los puntos firmados para revalidar el pacto tras la primera crisis de Gobierno. Una vez roto definitivamente el pacto, los exsocios dejaron el nombre del órgano y lo vaciaron de poder, es decir, continuaron su camino ideológico hacia la insularización de Canarias y la venta rápida de sus recursos para beneficio exclusivo de las cifras macroeconómicas, como hizo el PP de Aznar con la privatización de empresas públicas.

Sin el PSOE en el Gobierno y con una CC atada en corto, el proyecto de ley llegó al Parlamento. La agenda de la ponencia también dejó clara la intención de Clavijo: pasar otro trámite rápido e ir a la votación donde esperaban los diputados… que nutrirán una nueva mayoría de Gobierno.

El esfuerzo del Grupo Socialista para alcanzar acuerdos y mejorar el documento le llevó a apoyar 365 artículos de las 408 que tiene, todo esto en las 42 horas, repartidas en sesiones de tres horas, en las que los portavoces en la ponencia pudimos debatir. Nunca sabremos cuántos votos hubiera obtenido una Ley del Suelo debatida con la profundidad y serenidad que merece esta materia, ni si el Gobierno Clavijo habría podido mantener por más tiempo el abandono de sus competencias en la ordenación homogénea del territorio de Canarias, como finalmente ha sido por la desaparición de la Cotmac.

Lo cierto es que Clavijo lo ha conseguido. Ha conseguido que una mayoría de ciudadanos rechazara la Ley del Suelo aprobada por otra mayoría, pero de diputados. Ha conseguido huir del consenso democrático y seguir despiezando Canarias, porque los 33 diputados de CC, PP y ASG que apoyaron el texto suman 342.198 votantes, mientras que los 27 diputados de PSOE, Podemos y NC que lo rechazaron representan a 408.684 ciudadanos… Pero eso tiene que ver con la Ley Electoral que sigue sin reformarse.

Con estas premisas, el Partido Socialista atesora ya una singladura de 137 años de historia que nos han permitido dejar nuestra impronta en todas y cada una de las leyes y acuerdos vertebradores de este país, algo en lo que Canarias y su normativa territorial no han sido una excepción. El desarrollo sostenible de las islas no ha dejado de ser nunca una seña de identidad del PSOE. Por ello, manifestamos nuestro reconocimiento a las normas ambientales, territoriales y urbanísticas que promovimos al frente del Gobierno de Canarias: Ley 3/1985 de Medidas Urgentes en materia de Urbanismo y Protección de la Naturaleza, Ley 12/1987, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias, que fue sustituida por la Ley 12/1994, Ley 5/1987 de Ordenación Urbanística del Suelo Rústico, y Ley 1/1987 reguladora de los Planes Insulares de Ordenación.

Este reconocimiento lo hacemos extensivo a la contribución socialista en la tramitación de normas como la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, el texto refundido del Decreto Legislativo 1/2000 o la Ley de Directrices de Ordenación General y la Directrices de Ordenación del Turismo, de 2003.

Estas normas estaban inspiradas en la defensa de un modelo territorial sostenible y respetuoso con el medio ambiente y que han contribuido durante más de treinta años a delimitar y preservar los espacios naturales de Canarias, a contener el uso del suelo rústico, a ordenar el suelo, a regular las actuaciones en ejecución del planeamiento, la intervención administrativa en garantía de la legalidad urbanística y el régimen sancionador, a establecer la capacidad de carga de las islas, a contener el crecimiento desaforado de la planta alojativa turística y a incentivar su renovación y rehabilitación.

Con estos principios como eje de acción, tampoco hemos dudado en ejercer nuestra firme oposición a normas que, entendimos, contribuían a un consumo irresponsable del suelo y a la configuración de un modelo territorial que difícilmente podía servir de sostén al desarrollo socioeconómico de Canarias que nosotros defendemos. Claro ejemplo de ello es la Ley de Medidas Urgentes de 2001, cuando don Román Rodríguez era presidente.

Hemos querido reivindicar en el debate de este proyecto de ley el respeto a todas las posturas que cada grupo pretenda defender sobre el texto, a las que están a favor y a las que están contra pero, sobre todo, pedimos responsabilidad en la defensa de los distintos posicionamientos por cada uno de sus portavoces. No cerremos ninguna puerta al consenso por motivos de forma que podamos reconducir al abordar las cuestiones de fondo.

No podemos afirmar que estamos en contra de los pelotazos y seguir manteniendo cajones de sastre que dan pie a la arbitrariedad; no podemos hablar de simplificación normativa y querer mantener la actual dispersión sin plantear una alternativa distinta.

Comenzando por lo último, el propósito de este proyecto de ley es aglutinar en una única norma todas las reglas fundamentales de protección, ordenación y utilización del suelo de Canarias. Concretamente, pretende sustituir al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias del año 2000, la Ley Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias de 2003 y la Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales de 2014.

Si hablamos de planeamiento, lo cierto es que con la actual normativa, solo 26 de los 88 municipios de Canarias tienen su plan general aprobado. De esos 26, únicamente 19 los mantienen vigentes porque siete han sido suspendidos por la Justicia. Luego, si de verdad creemos que el planeamiento, en cualquiera de sus modalidades, es la solución –postura que defiende el PSOE-, lo lógico es que por lo menos reconozcamos que tenemos una problemática que necesita ser abordada, y eso es lo que hace este proyecto de ley.

Se dice, de manera más o menos explícita, que esta ley está al servicio del pelotazo y de la especulación. Sin embargo, tras casi 600 días transcurridos desde la constitución del Parlamento de Canarias, ninguno de los grupos que se arrogan estas alusiones han presentado proposición de ley alguna para modificar el artículo 47 del Texto Refundido del 2000, que es la herramienta que permite suspender el planeamiento para poder sacar adelante una infraestructura.

En general se ha venido manteniendo, tanto en los planeamientos insulares como en los municipales, una política meramente paisajística del suelo rústico, convertido en simple escenario de fondo de actividades turística y urbanas. Por esta razón, sus usos han quedado limitados a las actividades exclusivamente agrarias. Hoy existe un consenso generalizado en que para que el sector primario sea sostenible, debe poder contar con rentas complementarias a las agrarias, una tesis que además viene respaldada por la Política Agrícola Comunitaria.

Este proyecto de ley pretende abordar ese problema regulando la posibilidad de acometer inversiones para poder llevar a cabo esos usos complementarios. Simplificando mucho, podemos decir que el objetivo último de este proyecto de ley es compatibilizar la protección del paisaje y las condiciones generales que tienen las islas, permitir que se desarrolle la actividad económica en el suelo que ya está clasificado e impedir que se consuma y clasifique más suelo.

En Canarias todos estamos de acuerdo en la problemática existente. En lo que parece que discrepamos es en cómo abordarla, pero el marco para resolver esas discrepancias es el del diálogo y las mayorías parlamentarias. Sin duda, hemos enriquecido el texto con nuestras enmiendas y hemos profundizado en el enfoque que se le da algunas cuestiones. No obstante, somos conscientes de la necesidad de evitar triunfalismos que nos dificulten, en un futuro, modificar cualquier criterio si se llega a demostrar que el contenido de la norma no es el adecuado.

Podemos, con su PNL, pretendía marcarle el paso a estos colectivos.

Podemos, que siempre habla de participación ciudadana, de diálogo y de transparencia, pretendía decirles a las personas que están elaborando la nueva ley, lo que puede contener y lo que no, es decir, ellos dicen cuándo, cuánto y cómo. Por esa razón, y cansados de las continuas injerencias al trabajo de los colectivos animalistas, el Grupo Parlamentario Socialista dijo no.

Tras mi turno de intervención en este punto, los diputados de Podemos protestaron y pidieron la palabra porque, según ellos, había habido “alusiones a este grupo y a esta persona”. Lógico es, en un Parlamento, que se hagan alusiones, pero lo que resulta hilarante es que sean ellos los que se sientan “insultados” por decir en mi intervención que Podemos hacía un uso electoralista de esta PNL y que obstaculizaban el trabajo de los colectivos. Ellos se ofenden por esa afirmación. Han de tener la piel finísima, porque yo he tenido que soportar afirmaciones de la formación malva tales como que soy casta, corrupta, ladrona y que mi voto está promovido por intereses económicos, entre otras lindezas. Pero al parecer, yo tengo que encajar, sonreír y continuar escuchando, porque como no soy de Podemos, parto de un estatus criminal a priori.

Tras negarle el turno el vicepresidente del Parlamento por esas alusiones, varios diputados de Podemos abandonaron el hemiciclo, pero Noemí Santana ya nos había dedicado aquello de “sinvergüenzas”. Fuera empezó a llorar, pero no lloraba por la situación de los canarios en Venezuela, no, eso les daba risa mientras en el día anterior el PSOE preguntaba al presidente del Gobierno de Canarias sobre ese asunto. Lloraba porque, según ella, el tema de los circos era de una sensibilidad extrema. Sensibilidad selectiva la llamaría yo.

Nunca he compartido en las redes esos vídeos contra Podemos donde se ve a Pablo Iglesias diciendo que no puede decir España, o a Monedero hablando de su Dios Chávez. Siempre he creído que están sesgados y manipulados. Lo que tampoco imaginé jamás es que los propios diputados de Podemos utilizaran esa artimaña para alimentar a sus fans enloquecidos.

La diputada de Podemos graba el final de mi intervención y la sube en las redes sociales. Comentarios como que soy una cateta,una payasa, etcétera no sólo no son frenados por los diputados de Podemos, sino que arengan para que la cosa se anime.

Hacer de la política una ciénaga, enfangar cualquier iniciativa que no salga de Podemos parece que es la misión de la Nueva Política.

En el Parlamento de Canarias ya existía la participación y el debate, incluso el color malva. En el Parlamento de Canarias ya se hablaba de la gente antes de que se inventara Podemos.

Parece que una vez que están ellos, el respeto y el derecho a la discrepancia corre peligro.