En este sentido, el Anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias responde de forma bastante diáfana al marco ideológico neoliberal, según el cual, hay que resgringir al máximo la intervención pública para no interferir en el libre ejercicio del mercado. En este sentido, también hay que rebajar las trabas legales que buscan la protección de los bienes públicos, y entender que cualquiera de estos bienes públicos, incluída la Naturaleza, es un bien mercantilizable.

Dentro de la lógica neoliberal en la que se enmarca esta Ley, el territorio pasa de ser el lugar en el que desarrollan la vida y las relaciones humanas, a un bien de mercado y un fondo de inversión. Y es por eso por lo que el Anteproyecto de Ley se denomina 'del Suelo', y ella misma define 'suelo' como 'un recurso (…) utilizado para el aprovechamiento urbanístico', y se eliminan herramientas y entes reguladores de dicho aprovechamiento.

Las consecuencias que normalmente acarrea esta lógica de pensamiento son similares a las que lleva aparejada esta propuesta, y tienen que ver con el acrecentamiento de las desigualdades relacionada con la pérdida del capacidad de decisión de la mayoría social sobre su propia vida y su futuro, así como el desvío de las políticas desde el interés general al interés particular de los estratos sociales mejor posicionados en la pirámide del mercado. Por supuesto, aquellas formas de vida que no son interesantes para este mercado, entiéndase las personas más desfavorecidas, y por supuesto más aún la fauna y la flora, quedan totalmente excluídas.

A estos efectos, es destacable que el planeamiento se ejecute “de abajo para arriba”, desde lo municipal hasta lo regional, desde lo particular hasta lo general, desde los bienes privados hasta los bienes públicos, condicionando los segundos a los primeros. Porque aunque en teoría no sea así, el hecho de eliminar controles supramunicipales, dar potestad planificadora a los ayuntamientos, y permitir que cualquier plan actualmente de rango inferior, pueda modificar el contenido de planes superiores, convertirá el territorio en decenas de entidades inonexas y caóticas, y además dejará indefensa aquella parte del territorio que no es de nadie en particular porque es de todo el mundo.

Desgranando estas consecuencias, cabe hacer especial mención a la pérdida de la exigua capacidad de abastecimiento alimentario de estas islas, derivada de la tensión especulativa que sufrirá un suelo rústico totalmente expuesto a la iniciativa empresarial de los sectores económicos más hipertrofiados de Canarias: la construcción y el turismo. Un suelo rústico que ya, de por sí, y debido a esa tendencia histórica de este gobierno a desatender las necesidades reales de la población como la soberanía alimentaria, y a potenciar únicamente a los sectores que responden mejor a los intereses de la élite empresarial, se han convertido en los más caros, con diferencia, en todo el Estado español.

El suelo rústico, y ya de paso, los espacios naturales en los que se procura salvaguardar lo que queda de la riqueza ecológica de Canarias, serán copados por las ocurrencias de empresarios y ayuntamientos, que podrán ser aprobadas al margen de los Cabildos y del Gobierno de Canarias mediante figuras como las ordenanzas provisionales municipales. También mediante las ocurrencias de Cabildos al margen de los ayuntamientos y del Gobierno de Canarias a través de las ordenanzas provisionales insulares y de los proyectos de interés insular. Y también mediante las ocurrencias del Gobierno de Canarias al margen de los ayuntamientos y los Cabildos a través de los proyectos de interés autonómico. O con la complicidad de todos ellos mediante las suspensiones de vigencia.

Y, por supuesto, tenemos que nombrar la cuestionable figura del interés social o público con la que se van a poder hacer muchas actividades cuestionables en suelo rústico sin que nadie sepa a qué responderá realmente ese interés, pero todo el mundo sospeche que no será ni social, ni se hará público.

Así que en resumen, quien únicamente queda al margen de este negocio es la ciudadanía, a la que se le recortan las vías de participación y las herramientas con las que acudir a los tribunales para defender el derecho democrático de decidir su futuro, el derecho constitucional a vivir en un entorno sano, y el derecho europeo a participar en asuntos que tengan que ver con la protección del territorio y el medio ambiente.

Volviendo al suelo rústico, la amenaza de la pérdida de este suelo por el crecimiento vegetativo en los asentamientos rurales, es una amenaza real, aunque menor. Porque previsiblemente, la población rural, la que desarrolla su vida en los entornos rurales, la que podría solucionar la emergencia social que supone que estemos importando más del 90 % de lo que consumimos, será expulsada poco a poco. Más nos tememos que la pérdida de suelo responda a intereses de sectores de población que no viven ni trabajan en los entornos rurales.

Y de la misma manera, por culpa de una Ley que prima la inversión privada frente a la ordenación pública, en entornos urbanos la población también será expulsada mediante procesos de gentrificación urbana. Además, esta lógica provoca desinversión en zonas menos rentables, que unida a la ausencia de límites a la densificación urbana y el debilitamiento de la obligatoriedad de garantizar espacios verdes que sirvan de pulmón a las ciudades, harán que los sectores de población con menor nivel de renta vivan hacinados en espacios de baja calidad ambiental. La puesta a disposición de buena parte de la capacidad de decisión sobre las dotaciones públicas a manos de los promotores privados es otra vía para desmejorar la calidad de recursos de tanto interés como los sanitarios o los educativos.

No debería sorprendernos que esto fuera así, porque ocurre en todas las ciudades que responden al modelo neoliberal, que, recordemos, es aquél en el que se se inserta este Anteproyecto de Ley.

El neoliberalismo se afianzó sin duda tras la crisis que vivimos. Y los mismos sectores que provocaron la crisis son premiados con una ley que les sirve en bandeja la materia prima de sus intereses. El turismo queda al margen de la regulación. Se prevé para él una norma sectorial, pero no se fija ningún criterio que ordene un sector que utiliza el territorio como el principal reclamo para su oferta. La construcción es la principal beneficiada. Pero también lo son los mercados financieros.

El planeamiento en suelo turístico no caducará. Siempre prevalecerán los derechos adquiridos por inversores que no ejecutan su plan, frente a las decisiones futuras sobre posibles reconversiones o modificaciones por necesidad de suelos vacíos. El suelo, así, podrá ser un bien financiero sujeto al juego de los mercados y al derecho a la indemnización de propietarios que jamás pensaron en el bienestar de Canarias. Sin duda, el mercado es quien dictaminará nuestro futuro.

Cabe preguntarnos a quién va a beneficiar este nuevo paradigma que se abre si se aprueba esta norma. En este sentido, analizando el Anteproyecto vemos detalles que nos hacen recordar cómo, históricamente, las administraciones canarias han sufrido confrontaciones entre ellas cuando algunos proyectos inadminisibles se han topado con alcaldes “díscolos” o más bien, diríamos nosotras, honestos. Nos vienen a la cabeza las torres de alta tensión y el conflicto con Vilaflor, la regasificadora de Arinaga y la firme oposición municipal. Y vemos cómo los proyectos de interés insular o autonómico permitirán sortear a este tipo de alcaldes o alcaldesas rebeldes.

Recordamos el caso Varadero y los informes técnicos contrarios de la COTMAC, que permitieron que se condenara una ilegalidad. O los planes generales más desarrollistas, como el de La Laguna. O el caso Arona. Eliminando la COTMAC, los controles supramunicipales, y aprobando figuras que permiten la construcción de cualquier cosa en cualquier suelo, “ya no habrá caso”, y además, a partir de ahora tampoco habrá límites.

Evidentemente, hablamos de acabar con la corrupción urbanística sin acabar con los corruptos.

Y todo ello se hará sin ningún miramiento hacia los grandes problemas sociales ni ambientales que amenazan ni a Canarias ni al Planeta. La pérdida de biodiversidad y el cambio climático son externalidades negativas, pero no son problemas preocupantes para los mercados. Tampoco lo son los problemas de accesibilidad, la calidad ambiental urbana y la seguridad civil y ambiental. Y sin embargo, sí lo son para las personas que viven en el mundo real. Y para las que ahora no tienen edad de votar. Canarias, previsiblemente, se convertirá en uno más de los territorios que se autodestruyeron desde dentro hacia afuera, y que también sufrirán las consecuencias de problemas globales como el cambio climático, que terminará de destruirla desde fuera hacia dentro.

Creemos que esta Ley no se habría diseñado de esta manera si hubiera contado con un verdadero plan de participación ciudadana. Porque nadie, en su sano juicio, apuesta por autodestruirse. Pero no ha sido así. La Consejera de Política Territorial se ha jactado de haberse reunido con todo tipo de colectivos, cuando la realidad es que la ciudadanía es mucho más que los colectivos sociales en los que sólo una parte de ella se organiza, y además, no sólo quedan muchos colectivos por consultar, sino que muchos de ellos sí lo han sido, pero sus demandas han caído en saco roto.

La participación ciudadana no se ha de limitar a una serie de reuniones y una devolución de un texto normativo del volumen y la densidad del presente, con un plazo de exposición pública de 20 días, ampliado a otros ridículos 15 más. La participación ciudadana debe suponer un intercambio de pareceres, y para recoger estos pareceres, es necesario un despliegue de medios y recursos técnicos, humanos y de saberes de los que hay experiencias sobradas dondequiera que ha habido interés real en llevarla a efecto. Y debe partir de la responsabilidad de respetar sus resultados. Pero para ello, el equipo promotor de la Ley debe salirse del marco ideológico neoliberal. Porque en este marco no cabe, siquiera, el ejercicio de la participación.