Cuando surge la noticia necrológica de un indigente muerto debajo de un puente, se moviliza la opinión pública y los medios de comunicación se vuelcan en la información de detalles y descripción del hecho, acompañando el criterio de cómo podía haberse evitado. Incluso se especula con la identidad de la víctima y su posible historia de desgracia continua. No sirve de mucho porque ya nada puede hacerse por el muerto. Un caso puntual de trágico desenlace en una supuesta biografía marcada por el infortunio. Mala suerte, y ya está.

Pero si al día siguiente se produce otro episodio, como así ha sucedido en Santa Cruz de Tenerife, en una plaza pública con el mismo resultado de muerte abandonada en exclusión humanitaria, parece que la conciencia colectiva comienza a inquietarse; atenta y preocupada por si al tercer día aparece otro cadáver abandonado. Es evidente que una sociedad estructurada hacia el estado del bienestar, no puede permitirse esta aberración.

El problema está perfectamente localizado. Es responsabilidad política plantear las operaciones adecuadas a su resolución. Todos los parámetros adyacentes de tipo económico, organizativo y operativo de los Servicios Sociales, deben ser suficientes y eficaces a la hora de abordar situaciones de vulnerabilidad extrema y necesidades básicas sin posibilidad de cobertura.

No trataremos aquí la multiplicidad de competencias sobre esta área, solapadas e interfiriéndose unas a otras con un exceso patógeno de burocracia. Gobierno Central, Autonómico, Ayuntamientos y Cabildos incidiendo en la misma gestión sobre Servicios Sociales, pero con criterios distintos, según los intereses de cada formación política y, por supuesto, aplicando el recurso de escurrir el bulto y eludir responsabilidades mediante el truco de echar culpas a otro del propio fracaso.

Así no funciona nada. Pero en el caso que nos ocupa, estamos hablando de vidas humanas. No podemos resignarnos a la derrota social que significa esta lacra humanitaria por defecto de medios, o falta de voluntad por resolverlos. Algo parecido sucede con la violencia de género y los asesinatos in crescendo a manos de criminales injertados en un escenario social en calidad de auténticos depredadores peligrosos. En ambos casos, algo tiene que cambiar porque lo que se está haciendo hasta ahora, no sirve de nada.

La participación ciudadana es importante por el espíritu de colaboración que no siempre es bien aceptado por las instituciones. Como si interpretar los problemas a ras de suelo supusiera injerencia o menoscabo a la supuesta labor oficial. Pero está claro que el actual problema humanitario de las muertes en “exclusión urbana” está en manos de la Administración.

SOLUCIONES

Posibilidades de erradicar los defectos funcionales que asolan el área más sensible a nivel municipal.

-Importante. Definir las competencias asignadas y disponibles para obrar en consecuencia. Sin reservas y usando todos los medios disponibles.

-Exigir la asignación económica suficiente para cumplir el cometido encomendado. Así como la contratación de personal adecuado al objetivo pretendido

-Fundamental. No basta con la preparación técnica o profesional de las personas implicadas en el elevado cometido que aquí se les encomienda. Imprescindible añadir una sensibilidad humanitaria a toda prueba, para poder empatizar con los verdaderos problemas de las víctimas. Aquí se incluye no solo a los trabajadores de campo, sino sobre todo, a los directores, concejales, consejeros y demás responsables que operan desde los despachos.

Más reflexiones: El albergue municipal no puede asumir la problemática social por varias razones.

-Debiera ser de responsabilidad insular, puesto que acoge personal de todo Tenerife. El Cabildo debe implicarse.

-Por motivos de insuficiente capacidad, habría que implantar otros centros de acogida en el Norte, La Laguna, y en el Sur; la zona turística por excelencia donde resolver, por ejemplo, el grave problema de los “sin techo” que han invadido la terminal T-1 del aeropuerto Reina Sofía.

-Considerar las diferencias impuestas por estados de salud, adicciones a drogas, alcoholismo o patologías mentales. Es inhumano e inviable aglutinar a todo el mundo bajo el mismo techo. Habrá que articular medidas y espacios diferenciados para atender cada caso según su situación real, de atención sanitaria, física, psíquica o estado de salud.

-Atención específica y especial a los sintecho. No es necesario explicar por qué.

Solo añadir que la lección aprendida de la legislatura anterior en el Ayuntamiento de Santa Cruz, con respecto a los Servicios Sociales, sirva como escarmiento de cómo no se deben hacer las cosas. Solo se necesitan personas adecuadas, medios suficientes y la voluntad política de resolver cada uno de los problemas que se planteen, tratados con la sensibilidad humanitaria de cuya falta tanto se adoleció en años anteriores.

Peor es que lo sepan y obren en absurdo por intereses individuales, volcados en urdir maquinaciones como se desprende de los peyorativos e ingenuos comentarios que acompañan titulares y declaraciones del tipo: “Expulsados los consejeros y concejales díscolos de C´s ”.

El tufo que se irradia es irrespirable para propios y ajenos, entre los que nos encontramos quienes, en su día, nos asomamos de buena fe a un proyecto con apariencia ilusionante, para desembocar de inmediato en el fiasco que nos hizo salir escarbando y despavoridos de la ciénaga que empeoraba un “más de lo mismo”.

Esta estampida generalizada, en progresión continua, nos permite analizar desde fuera lo que está pasando dentro, con la objetividad del conocimiento adquirido entonces.

Sorprende comprobar que los mentideros políticos, así como las redacciones de todos los medios de comunicación, con datos y documentación contrastada, conocen con precisión nombres, apellidos, trayectorias personales y comportamientos deleznables (algunos inaceptables hasta para el más radical de los movimientos feministas), que han propiciado la actual debacle local de un partido soufflé. Y a pesar de tanta evidencia cotejada, siguen apareciendo testimonios publicados en redes y medios que defienden con cierta virulencia las razones vacías de las dos intocables en esta sucursal del partido, con el aparente objetivo de manipulación pública y desvío de la atención en favor de intereses espurios, personales y quizá poco confesables.

Hablamos del pretendido acceso a cargos públicos y poltronas importantes que, a última hora, frustrarían los resultados electorales por el estrepitoso y mal calculado fracaso de CC. Entre ambas intentaron la urgente rectificación de los pactos para variar la estrategia de forma precipitada. Pero era demasiado tarde, pues los compromisos adquiridos y firmados, con palabra dada tras arduas negociaciones no admitían la frivolidad de una modificación imprevista que favoreciera, una vez más, a CC y por ende a dos maquiavelas solo interesadas en lo suyo.

Esta especie de franquicia canaria parece el botón de muestra de un partido abstracto que ha calculado mal sus pretensiones políticas en un Estado de Derecho, donde escándalos encadenados han jalonado una breve trayectoria de despropósitos, renuncias, deserciones, expulsiones e intrigas palaciegas poco adecuadas a un proceso de consolidación que les permitiera “invadir” con garantías, un espacio de centro que sustituyera el denostado bipartidismo gestionado bajo la alternancia de PP y PSOE; los dos partidos corruptos por antonomasia que nos han gobernado con cierta impunidad a lo largo de las últimas décadas de nuestra frágil democracia.

La irrupción de este partido emergente pareció encontrar acomodo en sus líneas rojas que, cual muletilla electoralista, patentaron como modelo estratégico: “qué malos son los demás, con lo buenos que somos nosotros”… sin percatarse de que la corrupción no es solo la que se aplica a los demás en términos economicistas, sino que hay otras modalidades también perniciosas, relativas a la moral y a los principios éticos del “no todo vale” para conquistar parcelas de poder en formato de poltronas, pactos contra natura o argucias politicoides que nada tienen que ver con los derechos del pueblo soberano, y sí mucho con intereses particulares, de partido o personales.

Una elemental percepción induce el convencimiento de que todos estos debieron quedarse en su sitio, a luchar por lo suyo y actuar con eficacia sobre el gravísimo conflicto de Cataluña. Bastante tenían con aquello como para distraer sus energías y facultades en un asalto oportunista al poder central. Dispersión que los aboca al fracaso en ambos frentes… como suele pasar por exceso de ambición mal calculada.

En la parte que nos afecta, aquí tenemos que sufrir la rabieta de los frustrados perdedores de CC, con sus diatribas y malos modos contra quienes, con el buen hacer en favor de su partido, negociaron magistralmente con sus futuros socios importantes áreas de responsabilidad que de otro modo jamás habrían obtenido.

Atención a las injurias y calumnias que se están prodigando con preocupante ligereza, por cuanto la responsabilidad penal que se deduce de los términos tránsfuga o tamayazo que, como insulto u ofensa, atentan contra el honor de las personas. Parece inevitable un desenlace judicial donde aflore el cúmulo de trapos sucios que apestan este escenario. Si procede, ahí estaremos quienes desinteresada y honradamente aportaremos nuestro bien informado testimonio en favor de la verdad.

Es vergonzosa la pataleta de mal perder en quienes llevaban décadas manejando el clientelismo político con cierto éxito (hoy conchabados descaradamente con la parte oscura de C´s… en un intento desesperado de volver para “ pillar cacho”). Resentidos porque les ha fallado una impresentable ley electoral que le ha devuelto a un alcalde la misma jugarreta que, ocho años atrás, él aplicó con éxito a su contrincante política.

Ocho años de decepción y escarmiento por una fallida gestión municipal que ha convertido a nuestra amada Santa Cruz en una capital decrépita, sucia y abandonada; un patrimonio histórico-cultural ignorado y maltratado; servicios sociales mal gestionados por una penosa falta de sensibilidad humanitaria… No puede encontrarse un solo motivo de éxito en estas dos legislaturas de promesas incumplidas y proyectos fatuos. Ni siquiera sirve el triunfalismo de los números ofrecidos en clave electoralista.

De momento, el cambio es bien venido, con la ilusión y esperanza de que los nuevos responsables sean capaces de rescatar el antiguo esplendor y dignidad de la que fuera una de las ciudades más bellas del mundo… abierta al mar y motivo de orgullo para quienes la disfrutamos como habitantes.

Si así no lo cumplieran, que también a ellos se lo demanden las urnas.

Así sucede que el esfuerzo dedicado a intentar consolidar un cargo, alcanzado a través de las urnas, desgasta gran parte de las energías que debieran dedicarse en exclusividad al servicio para el que se fue contratado con los votos, en beneficio y a favor de la ciudadanía que delega responsabilidades y funciones que no son directamente viables desde la actuación popular.

Una expresión sin intención peyorativa: “los cargos electos son los empleados del pueblo soberano”. Para desarrollar su cometido están dotados de una estructura jerárquica que escalafona categorías y son investidos, como autoridades, con tratamientos protocolarios (Su Excelencia, Señoría…) que ensalzan artificialmente la entidad del cargo y del personaje. Lo que puede conducir al error de conceptos, pues no tienen nada que ver la amabilidad, cercanía y sonrisas desplegadas en campaña electoral, con la inmediata altivez y distancia marcada apenas se encaraman en la poltrona, como asumiendo el papel de padres patrios para considerar a sus votantes como meros vasallos.

La asunción mal interpretada del poder induce al fracaso. Si repasamos con objetividad los resultados de las dos últimas legislaturas municipales en nuestra querida Santa Cruz, concluimos que en esta década no se ha hecho nada reseñable que permita mantener el orgullo de sentirnos chicharreros por disfrutar, conservar y vivir en una capital esplendorosa, cuyo pasado reciente la contemplaba como una de las ciudades más bellas del mundo. Limpia, cuidada, con un patrimonio urbano digno de encomio y un ambiente cultural que aglutinaba admiración y atractivo desde fuera…

Paulatinamente se fue viniendo abajo por una gestión cuyos proyectos electorales quedaron todos en promesas incumplidas. ¿Alguien podría encontrar un solo motivo de éxito en tantos años, que no fueran palabras huecas o números fatuos de propaganda electoralista? Han dejado una ciudad decrépita. Jamás estuvo tan sucia; pintarrajeada de grafitis; infestada de excrementos de palomas y plagas de ratas en pleno centro; mal asfaltada; un paisaje urbano en progresivo deterioro; fuentes secas y algunas de las históricas desmanteladas y escondidas no se sabe dónde; el patrimonio histórico y cultural abandonado; valiosas joyas arquitectónicas abocadas a la ruina por falta de mantenimiento para su conservación; vandalismo callejero consentido por una pasividad institucional inadmisible; servicios sociales fracasados en pobreza extrema, exclusión social, incremento de indigentes con decenas de fallecimientos en la calle; un albergue municipal precario e insuficiente…

Desidia e inoperancia mantenidas durante décadas a base de un clientelismo feroz. No ya con la mortadela compra-votos de siempre, sino manejando subvenciones y otros caudales públicos para promoción personal e imponiendo férrea censura a algunos medios, proclives a dejarse comprar, para evitar críticas que afectasen su estrategia propagandística.

Eso sí; el Carnaval y su entorno han sido privilegiados con facilidades de todo tipo en medios y necesidades, como corresponde al alto nivel y prestigio que proporciona a la ciudad. Esperemos que esto siga así a pesar del cambio.

Para colmo, la vergonzosa rabieta de algunos “salientes” que arremeten contra todo lo que se mueve con insultos, descalificaciones y la agresividad propia de la frustración por el fracaso ayudado con una ley electoral deplorable. Pero en esta ocasión, no hay mal que por bien no venga, ha servido para propiciar un cambio que se desea positivo y esperanzador. Una tercera legislatura en las mismas manos habría sido desastrosa.

La inquietud es importante por cuanto el escarmiento sufrido durante esta década, nos hace reprimir el optimismo ilusionante ante unas expectativas en las que creemos, está todo a favor de abordar los problemas planteados y anquilosados, con decisión, firmeza y buena fe. Estamos seguros que esta magnífica ciudad es además muy agradecida si se la trata bien. Solo es cuestión de rescatar el antiguo esplendor perdido.

Con respecto a las prioridades, nadie mejor que los responsables para establecerlas con criterio racional y desinteresado. Es imprescindible, además, que las áreas más sensibles, Servicios Sociales y Patrimonio –afectas al ideario de nuestra asociación– estén manejadas por supuesto por personas con bastante capacidad y preparación técnica. Pero fundamental que estas cualidades vayan acompañadas, en el primer caso, de una sensibilidad humanitaria a la que se supediten todas las demás. Y en el segundo, una vocación cultural suficiente y necesaria para abordar el futuro inmediato de nuestro patrimonio histórico, con la eficacia que ha faltado estos últimos años, por carencias insuperables y poco deseables.

En 2004 (adenda 2006) se procedió a la cesión del enclave histórico por el Ayuntamiento a favor del Gobierno de Canarias, contrato donde figuraban derechos de usufructo y explotación, así como obligaciones de conservación, mantenimiento y restauración de las instalaciones.

Tras una ostentosa ceremonia de presentación y parafernalia mediática del proyecto previsto, con triunfalistas discursos de los entonces líderes de ambas instituciones, todos del mismo color político, al día siguiente aquello se cerró a cal y canto.

Se incumplió flagrantemente el contrato del convenio de cesión. Los 5.900.000 euros previstos para los primeros retoques se desviaron de un plumazo para la rehabilitación del teatro Guiniguada de Las Palmas, culminada con éxito. Aparte, sigue en la zona oscura, la millonaria indemnización que hubo que pagar a la empresa constructora contratada para las obras de reparación y acondicionamiento, que fueron subrepticiamente canceladas tras iniciarse con derribos previos, como la cubierta del teatro Pérez Minik, las escaleras de acceso y otras lindezas que dejaron una especie de imagen posbélica en unos edificios que, una vez abandonados, fueron invadidos por okupas, entonces de muy alto riesgo.

El recinto estaba vallado y sin acceso visual a lo que había y sucedía dentro. Por una casualidad, se descubrieron indicios sospechosos -finales del año 2011- desde una perspectiva muy limitada, a nivel de ciudadanía de a pie. Al ir profundizando en la adquisición de conocimientos, se pudo acceder a la verdadera gravedad de una gestión deplorable. Se inició una movilización popular bajo los auspicios de la plataforma reivindicativa: Asociación Viera y Clavijo, en la que al amparo de la Ley de Participación Ciudadana se propuso, aparte de exigir responsabilidades, ofrecer, sin ánimo de lucro, soluciones al problema planteado con el único objetivo de evitar la ruina de esta joya de nuestro patrimonio urbano.

Por desgracia, este activismo desinteresado y gratuito se convirtió en adversario de las instituciones oficiales. Quizá por dejar en evidencia la desidia de los responsables y su desinterés por proteger los derechos ciudadanos.

No obstante, se obtuvieron logros puntuales, insuficientes pero escalones válidos hacia el objetivo final de la rehabilitación total. Se empezó con la restauración de las esculturas del parque mancilladas por el vandalismo callejero, impune y consentido por las autoridades. Hubo que recurrir a la Fundación Joan Miró para que la trascendencia mediática obligara a la restauración de su Femme bouteille. Igual con El devorador de pájaros de Christian Salvain; el busto pintarrajeado del maestro Tarridas; o la propia escultura degollada de Viera y Clavijo. Se erradicaron las grotescas pintadas de la tapia del paseo de Asuncionistas, así como los desvencijados murales de grafitis que jalonaban la avenida San Sebastián hasta casi el Hotel Escuela.

Tras ardua presión de varios años se consiguió al fin que el Ayuntamiento eliminase las vallas publicitarias de paneles móviles en la fachada principal de un BIC, taxativamente prohibidas por la Ley Canaria de Protección del Patrimonio y, lo que es más significativo, por la propia Ordenanza Municipal de Paisaje Urbano.

El éxito más reseñable de nuestra actividad reivindicativa fue evitar la demolición del inmueble que la ínclita consejera de entonces, doña Inés Rojas, pretendió ejecutar en el Pérez Minik. Anunciado en prensa el propósito de destrucción, nadie se inmutó ni movió un dedo para parar los pies a esta señora. La pasividad del alcalde y el consentimiento tácito del gobierno de turno nos indujo a acudir a Fiscalía y denunciar la barbaridad en curso.

Gracias a la eficacia de la Guardia Civil y a la diligencia del Seprona, se consiguió cortar en seco dicha iniciativa. El auto de sobreseimiento, puesto que no se había llegado a cometer el delito, contemplaba la advertencia de que, si llegan a meter la pala en un BIC, varios de los responsables hubiesen incurrido en penas de cárcel, multas e inhabilitaciones varias. Por casos como este debiera respetarse más la participación ciudadana.

En las dos legislaturas fallidas del señor Bermúdez, su fracasada gestión sobre el patrimonio histórico y cultural, por correlación, trasciende al resto. Una ciudad esplendorosa que se ha venido abajo, sucia, decrépita, abandonada, asolada por plagas nocivas… ha dejado todos los problemas sin resolver. Al menos no seguirá otros cuatro años diciendo que hace sin hacer nada.

La gran preocupación ante la nueva perspectiva, que podía ser ilusionante, es la desconfianza por el riesgo de meternos en guatepeor. Los 100 días de moratoria no tienen sentido. Si se cobra por lo que se hace o debe hacerse, desde el principio hay que responder por el trabajo bien hecho. De momento no aparecen movimientos esperanzadores. Ahora hay 10 millones de euros recién asignados a la rehabilitación, no sea cosa que también se desvíen a otros menesteres.

Atención muy especial a dos áreas muy comprometidas: Asuntos Sociales y Patrimonio. Para gestionar la primera, se necesita una buena preparación, conocimientos técnicos, capacidad psicológica y formación cívica. Pero es imprescindible un mínimo de sensibilidad humanitaria. Pues si falla la empatía, el fracaso está servido, como tal ha sucedido en las dos legislaturas anteriores con las concejalías y consejerías al respecto.

Del mismo modo, para la gestión del patrimonio, es necesaria la preparación técnica y la sabiduría intelectual suficiente para conocer qué se tiene en las manos. Pero, al modo de lo anterior, es imprescindible un mínimo de sensibilidad cultural y formación humanística para actuar con éxito. Las carencias por dar prioridad a las poltronas conducen al fracaso.

Esta “foto” llega en mal momento para algunos. Aquellos que en vísperas electorales centran todos sus esfuerzos en vendernos charlatanamente la excelencia de su gestión para repetir poltrona. Otros, los aspirantes a la alternancia que pretenden desbancar a los amarrados, se ceban en la noticia para atacar al adversario como culpable del oprobio público que supone salir en los papeles con tanto desaire. Todos intentan lavar la cara con poco éxito, pues la realidad se lo impide. Unos, alegando públicamente que la porquería expandida por aceras, calzadas, paredes y vertederos improvisados “solo son sensaciones” [sic] de quienes nos quejamos como clamor en el desierto. Otros, utilizando la mugre como argumento electoral de “yo lo haría mejor”, tampoco sirve como garantía, pues ya se sabe qué pasa con las promesas jamás cumplidas.

Lo cierto es que andamos –y no es de ahora– sobre un espacio urbano sucio e inmundo. Desde este mismo púlpito, de antaño se ha reivindicado solución al problema (“Santa Cruz; la belleza de una gran ciudad” jul.2012 – “Santa Cruz; esta joya mortecina” ago.2013 – “El vandalismo callejero; una llaga infectada” nov. 2016… y varios más). Un extracto de lo publicado entonces: “Numerosas ciudades, capitales de provincia o no, han resuelto el problema con firmeza e inteligencia para ofrecer un paisaje urbano gratificante, limpio y presentable, tanto para sus habitantes como para quienes las visitan. Cuestión de voluntad política de cuya falta aquí adolecemos…). Es evidente que esto no ha mejorado nada. Incluso, en la calificación de referencia, la OCU puntúa además la mejora o empeoramiento con respecto a la anterior revisión periódica. Y también en esta suspendemos más que nadie. Lo que significa que llevamos una década de mal en peor… y sin visos de mejoría…

Según el estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, estamos peor ahora que hace 4 años… y que hace 8… Como indicadores de la limpieza de una ciudad se consideran: la presencia de excrementos animales en la vía pública, las pintadas, la presencia o no de contenedores, su limpieza y la de su entorno, o la existencia de puntos negros y lugares especialmente sucios, entre otros factores. De modo, que aquí estamos lucidos. Si a esto añadimos las reiteradas plagas de ratas, tanto en barrios periféricos como en el propio centro de la capital, producto de la inmundicia generalizada y la desidia en su gestión; bandadas de palomas sin control sanitario, cuya suciedad y excrementos atentan contra la salud pública; personas irresponsables que las alimentan impunemente sin oposición de las autoridades; comportamientos incívicos de algunos poseedores de perros; el vandalismo callejero con el mobiliario urbano; ¡¡¡los masivos vertidos fecales en La Hondura!!!... 20 millones de litros diarios sin depurar, consentidos y autorizados hasta 2021… ¡¡¡un problema sin resolver desde hace más de 30 años!!!

No es exageración ni son “sensaciones”, sino una lamentable realidad que en dos décadas ha destrozado el prestigio e imagen de una esplendorosa capital que fue ejemplo para otras y motivo de orgullo para estos, ahora, avergonzados habitantes.

Como símbolo de todo lo demás, la suciedad en Santa Cruz representa el fracaso y errónea gestión de los intereses del pueblo y de la defensa de sus derechos. Dos legislaturas en declive operativo progresivo que ahora pretenden repetir con una tercera, a ser posible con mayoría absoluta, con la promesa de que ahora se hará lo que no se ha sido capaz en los ocho años anteriores. Resulta escandalosa la adicción al poder por el poder cuando lo inteligente y moralmente adecuado sería la dimisión por la demostrada incapacidad para el cargo.

No sirve echar balones fuera culpando de malas artes a la oposición o a comportamientos incívicos y falta de urbanidad en algunos colectivos marginales y destructivos. La autoridad debe ejercerse con ponderación y eficacia. Si no se es capaz de controlar desvíos conductuales con medidas disuasorias justas y proporcionadas, pero con la firmeza suficiente, es preciso reconocer la propia incapacidad y echarse a un lado.

Tan importante como dar ejemplo y prestar más atención a la pretendida “participación ciudadana” que desinteresada y gratuitamente plantea los problemas existentes y propone soluciones. Otro símbolo de que no nos merecemos estar en las manos actuales: desde este foro, se ha tardado ocho años en que se erradicasen las vallas publicitarias ilegales en la fachada del Viera y Clavijo, tras una denodada y perseverante lucha legal, administrativa y mediática, que solo encontraba rechazo y animadversión oficial en quien debiera dar ejemplo de cumplimiento, no solo de la Ley Canaria de Protección del Patrimonio Histórico, sino de la propia Ordenanza Municipal de Paisaje Urbano… incumplida contumazmente por quien precisamente la redactó y firmó. Tras este detalle tan representativo, ¿qué se puede esperar de las renovadas promesas de rehabilitación del patrimonio histórico, cultural y urbano de Santa Cruz?

Con sinceridad, me preocupa a nivel de alarma social que por falta de alternativa tengamos que sufrir otros cuatro años de penurias, aguantando falsos triunfalismos y ostentosos titulares en algunos medios subvencionados con dinero público (¿pagamos con nuestro dinero para que nos engañe?), a juego con un panorama mugriento real y vergonzoso.

No es la primera vez que el Alcalde convoca capciosamente a la Asociación de ex Alumnas del Colegio de la Asunción –asentado hasta 1980 en dicho edificio neogótico (1902), bien de Interés Cultural, declarado Monumento–, para “venderles” la falsa excelencia de su gestión y la maravillosa expectativa de “estamos en ello” sobre el futuro inmediato de esta valiosa joya urbana. Tan ficticio como absurdo ha sido su pasado reciente de abandono institucional y deterioro progresivo, con aparente intención de abocarlo a un estado de ruina irreversible tras dos décadas de desidia y dejación oficial de responsabilidad.

Sin ambages ni medias tintas: si no hubiese aparecido nuestra Asociación en defensa de dicho patrimonio, año 2011, el “Parque Cultural” sería hoy un espacio desvencijado, en 30.000 m2. de suelo urbano, casi en el centro de la capital, apto y disponible para cualquier fechoría urbanística. Gracias, en especial, a las personas que ocupan los antiguos recintos, acondicionados a medias como habitáculos provisionales, que han servido para frenar el deterioro progresivo de los edificios y evitar los antiguos actos de vandalismo como auténticos guardianes del inmueble.

La actividad de la Asociación se volcó en reivindicar la urgente y adecuada rehabilitación de la capilla, del edificio del colegio y del antiguo teatro Pérez Minik, que configuran el conjunto arquitectónico BIC, así como del entorno ajardinado, elementos culturales y aspecto externo del entorno circundante.

Mediante la presión suficiente, logramos la restauración de las vandalizadas esculturas “la femme bouteille” (Joan Miró), “el devorador de pájaros” (Christian Silvain), el busto pintarrajeado del maestro Tarridas, o la estatua degollada del propio Viera y Clavijo. Se erradicaron las impresentables pintadas grafiteras en la tapia que da al Paseo de Asuncionistas; anuncios y propaganda electoral pegados en la fachada principal; los deteriorados grafitis que afeaban la Avda. San Sebastián; y tras una ardua batalla de 15 años, recientemente hemos logrado eliminar la ilegalidad de las vallas publicitarias que contaminaban el paisaje urbano en la fachada de la Pza. República Dominicana.

Conviene repasar el histórico reciente del Parque y su desgraciada evolución: En 2004 (addenda de 2006),el Ayuntamiento firmó con el Gobierno de Canarias un convenio de cesión mediante el cual, la Consejería de Cultura se hacía cargo del mantenimiento y conservación de los inmuebles (conjunto, no olvidemos, Bien de Interés Cultural), a cambio del usufructo para eventos culturales e instalación de estructuras educacionales y formativas, como correspondía a la entidad del entorno, su historia y calidad urbana.

Todo fue una burda mentira, pues al día siguiente de la presentación oficial de la cesión, con exhibición de un fastuoso proyecto y ostentosas promesas de costosísimas instalaciones, se procedió al cierre absoluto del recinto y a su abandono tapiado a cal y canto. Lo que no fue óbice para que paulatinamente fuera invadido por okupas de muy alto riesgo, que afortunadamente fueron desapareciendo gracias a la presencia de los actuales “guardianes”.

El descubrimiento casual y personal de la ruina que se estaba gestando con ocultismo en el recinto clausurado (año 2011), determinó que se movilizara esta iniciativa ciudadana, para estimular el ejercicio de responsabilidad en las autoridades desde una asociación desinteresada, sin ánimo de lucro, con el único interés de salvar este bien patrimonial de todos los santacruceros.

La pasividad del Ayuntamiento ante la aparente fechoría del Gobierno de

Canarias, fue desde un principio el mayor escollo operativo que encontramos en nombre de una “participación ciudadana” que solo existe en papel mojado. A pesar de nuestro espíritu de colaboración desinteresada, nos convertimos en algo incómodo y molesto por la perseverancia que redundó en rechazo institucional hacia nuestro activismo gratuito, sin otra motivación que el amor por nuestra ciudad y el respeto por su mal tratado patrimonio.

La deplorable actuación del Gobierno de Canarias sobre el “Viera y Clavijo”, está tipificada en el Código Penal como presunto delito de “Expolio de Patrimonio por las Instituciones”. Pero se impuso la disciplina de partido sobre los intereses de la ciudadanía, y en lugar de acceder a la vía penal, para exigir al Gobierno autonómico la reparación pertinente e inmediata, y una indemnización millonaria por los daños y perjuicios inferidos al pueblo santacrucero, el Sr. Alcalde, presionado por este activismo ciudadano, se vio forzado a auspiciar un simple, insuficiente y menos comprometido Contencioso Administrativo, que tardó una década en resolverse a favor, pero ignorando cuantías importantes para reparar el destrozo causado.

Solo añadir a mis queridas amigas, ex compañeras del Colegio, que no se dejen engañar por el discurso político de “lo bueno que soy, porque ahora voy a hacer lo que no he sido capaz en las dos legislaturas anteriores”. Pues lo del Viera y Clavijo es solo el símbolo de una realidad mucho más amplia que, por correlación, abarca un cúmulo de promesas electorales incumplidas, que vuelven a proponerse sin pudor, a sabiendas de que seguirán en el dique seco.

Con la satisfacción de no pertenecer a formación política alguna ni estar comprometida con ninguna ideología, puedo permitirme también estar en campaña… Con la diferencia de que mi único interés no tiene nada que ver con juegos de poltronas. Ni hay motivos de animadversión personal. Puedo asegurar que Bermúdez me cae muy bien como persona; pero me veo en la necesidad y obligación de, con todo respeto, criticar su gestión para evitar que reincida en los mismos errores por tercera vez.

El placer de disfrutar de un entorno urbano limpio y bien cuidado, donde jardines y parterres florecen sin necesidad de especular con el negocio de las carísimas y efímeras flores de temporada. Aceras y calzadas, impolutas por bien regadas, donde no se aprecian restos excrementicios de perros ni palomas sucias sin control sanitario; ni pasean impunemente unas pobres mujeres con su bolsa de comida prohibida para las aves, que también aprovechaban las ratas de alcantarilla. Los servicios sociales, por fin, atienden a estas personas que atentaban contra la salud pública. Fachadas céntricas de edificios históricos, recién restauradas algunas, pero todas exentas de pintadas grafiteras, porque ya no existen los delincuentes del spray, pues las autoridades consiguieron su erradicación con medidas ejemplarizantes. La playa de Las Teresitas ya tiene su bandera azul vitalicia. En Las Gaviotas, se cumplió la promesa y también está apta para el baño, sin riesgo de desprendimientos. La piscina municipal, abierta los domingos para ocio familiar. El Parque Marítimo, libre ya de vertidos fecales, dejó de ser objeto de especulación para convertirse en un servicio público ejemplar, donde parados y familiares acceden gratuitamente. Valleseco, playa rehabilitada para uso y disfrute de los vecinos allegados. Obras de la Vía Marítima, ya culminadas. Aquellos locales dedicados a comedores sociales, reciclados como espacios de ocio y cultura, pues ya no hay conciudadanos nuestros que pasen hambre, y sus niños pueden desayunar, comer y cenar sin problema. No existe una sola barrera arquitectónica; incluido el parquin de la Pza. España. Se adaptó la legislación vigente a la normativa europea. La seguridad ciudadana permite dormir con ventanas y puertas abiertas. Las variadas policías que protegen la ley y el orden cumplen tan bien con su deber que su cercanía al pueblo se traduce en menos motorización. Ya no se conducen por céntricas calles peatonales con el vehículo de servicio, separando peatones como Moisés entre las aguas del Mar Rojo. Ahora transitan a pie para vigilar y atender a los paseantes. Ya nadie tira colillas ni chicles al suelo, pues aunque la educación en urbanidad es responsabilidad familiar, no de las autoridades municipales, misión de estas es imponer comportamiento cívico mediante medidas disuasorias suficientes para obligar a cumplir normas de convivencia normales, que respeten los derechos elementales de los demás. Papel fundamental en este objetivo, el despliegue de las cámaras de vigilancia en espacios públicos, como corresponde a ciudades y capitales con entidad cívica sin paliativos. Responsables políticos, incapaces de resolver alguno de estos problemas, tuvieron que dimitir para dejar sitio a otros mejor dotados. Transportes públicos eficaces, con precio adecuado a las necesidades ciudadanas, exentos de injerencias políticas y conflictos laborales. No existe corrupción ni malversación de fondos públicos. Hasta los que en su día delinquieron, han tenido que devolver al erario público todo lo que sustrajeron, más intereses. Alguno, hasta se ha librado de la cárcel. Unos Plenos del Ayuntamiento, cuyo orden del día se ajusta exclusivamente a tratar los problemas específicos que afectan al municipio, donde se enajenan cuestiones ideológicas privadas y de interés político que no coinciden ni influyen en los habitantes. Tampoco se aprovecha ninguna deficiencia legal, como una ley electoral inadecuada, para organizar un pacto contra natura que favorezca intereses políticos contra los de una mayoría que no los ha elegido. Han desaparecido aquellos bandos municipales, obsoletos y faltos de eficacia, más propios de un siglo pretérito, como lo de “prohibido escupir, blasfemar y orinar en la vía pública”. Se da por hecho que las medidas disuasorias aplicadas por las autoridades han erradicado comportamientos incívicos, como los de pegar anuncios privados en farolas, o carteles y pasquines en tapias y paredes de edificios BIC. Somos admiración y envidia de visitantes y turistas por nuestro patrimonio histórico y cultural bien cuidado, y por nuestras autoridades municipales, cultas, honradas y bien preparadas que, durante el último año, ha hecho de Santa Cruz un brillante paradigma de futuro, ejemplo a seguir para todas las ciudades del mundo.

Ha sido una larga noche. Acaba de amanecer. Estoy recién despierta. Me asomo a la ventana y contemplo, desolada, la realidad de Santa Cruz.

Lo que apenas ha sido un sueño, deja paso a una vigilia de pesadilla al comprobar que la vida solo es sueño y los sueños, sueños son.

Como consecuencia del problema creado, se procedió a construir una nueva terminal, anexa a la antigua, en un nuevo edificio de 21.000 metros cuadrados, con diseño moderno de arquitectura vanguardista, que fue oficialmente inaugurada a bombo y platillo, con asistencia de las autoridades más reseñables del momento: enero de 2008.

En contra de toda lógica y por insondables motivos que atentan contra el uso de razón, tras la vistosa ceremonia inaugural, en lugar de ponerla en marcha para solucionar el angustioso problema de saturación en la terminal (T-1), se le echó el cierre y se bloqueó el acceso.

Pudo ser una medida eventual como para solucionar algún detalle de última hora que hubiese quedado pendiente por las prisas. Pero han pasado diez años para la preciosa y carísima instalación, sin estrenar, que sigue clausurada a cal y canto.

Para colmo de despropósitos, ante la ya insostenible situación operativa de la saturada y desvencijada antigua terminal, surgen voces oficiales de instituciones públicas, de organizaciones empresariales, asociaciones de constructores, hoteleros, alcaldes de los municipios sureños, incluso del propio Cabildo Insular (moción aprobada en el pleno celebrado el 24/02/2017), para exigir la urgente construcción de una nueva terminal que solucione el grave problema creado por la insuficiente capacidad de la instalación vieja. Nadie parece estar enterado de que ya existe una terminal nueva, construida hace 10 años, precintada y que sigue sin estrenar.

En esta asociación, y con una perseverancia más que notable, desde hace más de cinco años se ha venido informando periódicamente y denunciando tan inexplicable anomalía, con el frustrante resultado de que nadie atendía la prédica en el desierto, cual avestruces que no escuchan cuando meten la cabeza en el agujero.

La pasividad institucional generalizada, la ignorancia hacia nuestra participación ciudadana y la contaminación inoculada a una opinión pública indefensa ante su derecho a la veracidad, nos han decidido a buscar medios y apoyos más eficaces para divulgar una realidad a fin de encontrar explicación si la hubiese; averiguar quién o quiénes son los presuntos culpables de tamaño disparate y, por supuesto, pedir responsabilidades sobre una operación que rebasó, hace 10 años, los 30 millones de euros –dinero público– por una obra que se mantiene inexplicada e inexplicablemente intacta y escondida durante tanto tiempo.

La redes sociales, el apoyo puntual de una figura política, la difusión en radio y TV, y la publicación en medios –como el aquí presente– que no tienen compromisos que limiten su libertad de información, nos han servido como revulsivo para llegar al público en general, y a los directamente implicados en particular.

El trabajo de campo de varios meses ha permitido ofrecer en las redes el reportaje gráfico, con fotos testimoniales del interior de la construcción fantasma, y el video de hemeroteca con la filmación –2008– de la triunfalista ceremonia de inauguración por el pletórico delegado del Gobierno en aquel entonces.

Es un buen arranque con la vista puesta en la búsqueda de la posible solución a un problema. En estos primeros pasos, en los que han tenido que dar la cara algunas cabezas visibles, es sintomático y decepcionante el desconocimiento de la existencia de la T-2 y la dialéctica evasiva para intentar eludir responsabilidades, tirar balones fuera y sacudirse las pulgas lo más lejos posible: “Es culpa de AENA…”, como si AENA no estuviera supeditada al Cabildo como entidad y, por ende, al servicio del pueblo canario, ante la pasividad y consentimiento de las autoridades competentes.

No obstante, la realidad no se ajusta al título jerárquico asignado por ley al pueblo soberano. Asistimos habitualmente con desolación a gestos y actitudes de algunos representantes políticos que “concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular” (art. 6), pero que nada tienen que ver con el respeto debido hacia quienes les delegan la responsabilidad de servicio público, inherente a cada cargo oficial.

El actual destrozo social, político y económico inferido a esta ciudadanía, por mor de una gestión poselectoral nociva y contaminada de ambiciones individualistas e intereses de partido, nos ha abocado a un estado de indefensión de difícil escapatoria; pues unas nuevas elecciones, con los mismos candidatos de cada facción, no auguran ninguna posibilidad de éxito para nadie; en especial para el “patrono” defraudado por aquellos empleados que contrató en las urnas a partir de un currículo en formato de propaganda electoral y promesas falaces que jamás se cumplirían.

La precaria situación sociopolítica actual viene de dos vertientes bien definidas que confluyen en el título de este análisis.

De un lado, la dicotomía instaurada entre la ciudadanía normal y la mal denominada clase política, devenida en la peyorativa definición de casta por motivos flagrantes.

Por otra parte, el habitual menosprecio ejercido desde los cargos públicos hacia la población en general, conculcando derechos constitucionales perfectamente definidos en las Carta Magna.

El primer caso es una cuestión de prioridades. La gran distancia entre los derechos del pueblo y los intereses políticos, determina una diferencia insalvable entre dos bloques diferenciados en mundos aparte, donde nada tienen que ver unos con otros.

La segunda consideración es consecuencia de esta primera. Y es aquí donde se confunden los términos de quién es el soberano y quién el servidor. Aquellos que acceden al mal llamado poder, ofreciendo una supuesta vocación de servicio, quienes apenas instalados en la poltrona la consideran trono, que consideran a sus antes conciudadanos como vasallos. Se coronan como padres patrios, pero son, además de un fraude, una esperpéntica figura para vergüenza ajena de sus otrora allegados.

Un vínculo que paliase tanto despropósito sería la Ley de Participación Ciudadana. Un articulado pletórico de buenas intenciones, cuya redacción inspira la excelencia de la cooperación con las instituciones y los beneficios de la aportación gratuita y desinteresada de asociaciones populares y plataformas vecinales, para ofrecer respuestas viables a problemas detectados a pie de calle; no desde un despacho. Por desgracia, dicha ley es papel mojado, hasta llegar a la conclusión de que solo la sociedad civil está capacitada para resolver sus propios problemas. Dichos grupos ciudadanos, debida y legalmente configurados, son interpretados como una incómoda molestia para las instituciones, como si de una injerencia se tratara, en lugar de aprovechar la sinergia colectiva en favor de los intereses ciudadanos.

Es sintomático el intento de ninguneo ante iniciativas populares que solucionarían alguna parcela problemática en manos de la mediocridad oficial. Rechina que un cargo público se refiera a sí mismo en tercera persona y por el título, en un intento aparente de marcar distancias en favor suyo, cuando en la realidad él se halla por debajo. Decir de su propia persona: “Este concejal opina…”, cuando debiera expresarse como: “Este servidor del pueblo…” es un claro indicio de cómo pueden llegar a confundirse los términos.