También llegamos convencidos de que hay otra forma de hacer política, sin que se convierta en una forma de vida, sino como algo temporal: llevar la experiencia vital a las instituciones sabiendo que regresarás más temprano que tarde a tu vida laboral anterior.

Un partido donde los inscritos e inscritas iban a tomar, a través de la asambleas, las grandes decisiones que teníamos que enfrentar. Un partido abierto, plural, pero organizado. Una herramienta indispensable que permitiera el debate pero que no estuviera secuestrado por los intereses de algunos.

Un partido que decide en sus primarias quienes van a llevar las riendas de los diferentes órganos y de la dirección. Así, encaramos una forma natural de renovación y decisión en un partido que nace con una vocación altamente democrática. Luego unas primarias no pueden convertirse en un proceso de descalificación, de estás conmigo o contra mí, de falta de transparencia, de falta de seguridad del proceso y de falta de imparcialidad. 

Aún recuerdo cuando en el verano de 2017 me presentaba a unas primarias para optar a Secretaria General, después de una campaña donde se acusaba a la candidatura de la que yo formaba parte de incumplir con las normas de gasto, sin pruebas, así al menos salía en la prensa. 

Unas primarias que perdí en primera persona, yo, pero no la candidatura en la que iba, que obtuvo la mayoría en el Consejo Ciudadano Autonómico. Una mayoría decidida por los inscritos e inscritas que la prensa no supo explicar, porque nunca contrastó la información sobre por qué yo no había llegado ni siquiera a formar parte de ese órgano, además de perder la secretaría general. Muy simple, porque no me presenté, mientras que los otros candidatos si se presentaron. Una decisión de la mayoría, en un proceso donde el propio sistema de elección permitía que las minorías tuvieran mayor protagonismo que el que le daban los votos, para mayor integración. 

En unas primarias hace falta saber perder, y seguir trabajando, pero sobre todo, hay que saber ganar, y trabajar realmente con todas y todos, porque si no, no tendrá sentido hacer primarias, y después ser juzgado por apoyar lo que democráticamente decidas, sin ser ni peor ni mejor. Una campaña donde algunos “compañeros” me pidieron que no me presentara porque eso dividía el voto entre“ los podemos” y “los no podemos”. Donde se nos criticó por mantener fuera de los órganos del partido a personas de otros partidos, y que esa relación fuera distinta, más sana diría yo, manteniendo cada uno sus órganos de decisión, y no un partido dentro de otro partido, algo que en el fondo pensaban muchos. En eso parecía que estábamos de acuerdo. 

Algunos comentarios me llegan de lo que se dice de los candidatos en mensaje enviados, esto es muy pequeño y se sabe todo, las primarias se convierten en un enfrentamiento de poder personal, donde parece que todo vale, donde te llegan los comentarios y los mensajes de quienes en ese proceso intentar medrar la confianza de la gente en ti, en lo que haces o eres, para ganar un puñado de votos, no en el debate de ideas. 

No se integra más cuando hay menos ruido interno, porque no todos somos iguales, porque hay otras formas de estar y seguir. Quiénes no saben integrar las diferencias, para reforzar el proyecto, no están a la altura. Esto se construye desde la honestidad y la humildad, coser y tejer alianzas, fortaleciendo lo que nos une. Porque si no, unas primarias siempre servirán para romper y destruir y eso nos hará más débiles siempre.

Quienes participan en unas primarias, deben asumir la responsabilidad enorme de configurar una organización útil y que sea eficaz en la transformación de las políticas, en cada rincón en el que estemos, en los círculos, en los órganos del partido, en las instituciones, en los gobiernos, con el apoyo necesario y con las herramientas necesarias para que ese duro trabajo se haga de forma colectiva. 

¿Y quiénes participan en estas primarias?¿quiénes se pueden inscribir? En estos días me sorprendía que un miembro destacado de otro partido en Canarias, me comentara que había recibido un mensaje de alguien de Podemos para apoyar en las primarias su candidatura. Mi pregunta extrañada, ¿tú estás inscrito en Podemos?

Pareciera que no se cree que realmente unas primarias sean la forma más eficaz de decidir los órganos de un partido, que se buscan todos los resquicios para estar, a cualquier precio. No hay imparcialidad y pareciera que no todos somos Podemos, parece que unos son más que otros en función de si la dirección saliente o la estatal te nombra como el Podemos de verdad.

Realmente, ¿es tan difícil contrastar ideas y modelos? en definitiva, ¿es tan difícil creer en unas primarias?, porque el desgaste es mucho, y las energías debemos gastarlas ahí fuera, donde la gente lo pasa mal y espera que haya otras formas de hacer las cosas. O nos creemos lo que representamos o seremos lo mismo que ya existe. Y no podemos permitir que esto suceda en una herramienta política indispensable en los tiempos que corren como Podemos. 

De hecho, me atrevería a aventurar que un alto porcentaje de las personas que lean estas líneas han participado en alguna ocasión en conversaciones en las que alguien se lamentaba de lo nervioso que se ponía un ser querido por el estruendo de los voladores. Un estado de ansiedad que también se da en la mayor parte de los animales, que en estos días corren despavoridos sin saber cómo remediar su malestar.

Ante esta situación y en una apuesta por facilitar convivencia respetuosa de todas y todas, desde Sí Podemos en el Cabildo de Gran Canaria hemos impulsado una moción en el pleno Insular para regular el control y manejo de la pirotecnia en los espacios públicos y proteger así a las personas afectadas por el ruido de estos productos y también a los animales.

Las personas que tienen hipersensibilidad sensitiva, sobre todo auditiva, son quienes sufren en mayor medida el ruido y estallido derivados del uso del material pirotécnico. Una afectación que suele verse provocada, o agudizada por ciertos tratamientos como la quimioterapia, que puede provocar una reducción considerable de la tolerancia al ruido. De igual forma, quienes padecen determinados trastornos cognitivos, como autismo, suelen verse afectados por las consecuencias de los fuegos artificiales y petardos tan comunes en las celebraciones.

En el caso de los animales, domésticos o silvestres, son frecuentes los cuadros de taquicardias, temblores o pérdida de control, entre otros padecimientos, derivados de las molestias causadas por el estruendo de la pirotecnia. Esta situación puede derivar hasta en la muerte del animal por paradas cardiacas o accidentes al huir despavoridos.

En estas fechas, en las que especialmente se hace uso de este material, es cuando debe incidirse en la concienciación de las consecuencias de la pirotecnia. Ser sensibles a las molestias que causan y ser capaces de empatizar con quiénes se ven afectados por el ruido que genera.

A través de las redes sociales hemos visto ejemplos de los efectos dramáticos que el uso de la pirotecnia tiene en animales. También ejemplos gráficos para ponernos en su piel, ya que para ellos el sonido es tres veces mayor que lo que percibimos los humanos. ¿Nos imaginamos escuchar ese ruido amplificado 3 veces?

Siendo así, es difícil entender cómo, a día de hoy, no hemos tomado medidas para controlar o reducir los perjuicios que genera la pirotecnia, teniendo ejemplos en otros territorios donde este tipo de normativas llevan varios años vigentes.

En el caso de Gran Canaria, entre las medidas que queremos plantear, para regular la utilización de material pirotécnico, es instar a quiénes tienen la capacidad de regularlo a hacerlo. Además, también proponemos estudiar la viabilidad del uso de pirotecnia sin ruido ni explosiones en los espectáculos y eventos subvencionados por este Cabildo.

Pero, sobre todo, creemos, que es importante incidir en la necesidad de llevar a cabo campañas informativas que sensibilicen y conciencien sobre los problemas que el estruendo de la pirotecnia genera en personas y animales. Estas iniciativas, que deben dirigirse, especialmente, a niños y adolescentes, deben hacer también hincapié en la importancia de hacer un buen manejo del material pirotécnico, ya que es frecuente ver en las calles de nuestros municipios a menores divirtiéndose con petardos y demás elementos artificiales que pueden provocar situaciones de descontrol y peligro.

El bienestar de las personas y los animales y la convivencia de todos entendiendo que tenemos los mismos derechos, debe animarnos a cambiar nuestras costumbres sobre el uso de la pirotecnia. El uso de la luz y el color sin ruido, es también una buena forma de festejar y disfrutar, siendo además respetuosos con los demás.

Pero no es así.

El sistema eléctrico en Canarias es singular y complejo, y son muchas las fuentes de generación eléctrica que entran en el sistema. A esto lo llamamos mix energético, que varía incluso cada hora y que depende de muchos factores.

La demanda eléctrica se nutre de la producción de energía no renovable como los ciclos combinados que pueden funcionar con derivados del petróleo o gas, las turbinas de vapor, los motores diesel, y de la producción de energía renovable: los molinos y placas fotovoltaicas principalmente.

Así, Red Electrica de España (REE) en Canarias decide la proporción de las fuentes energéticas que entran en el mix energético, dando prioridad a la producción más barata.

Pero hay que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, si hay viento o sol, pero también de cómo se puede graduar (disminuir) la producción de las instalaciones no renovables, que en su gran mayoría no son flexibles, es decir, que producen una cantidad mínima constante.

Así, combinar las producción renovable no depende de que tengamos las instalaciones para producirla solamente, sino de si somos capaces de reducir la producción de las instalaciones no renovables.

En los últimos meses hemos escuchado como se ha desbloqueado la instalación de parques eólicos en Canarias y que, por tanto, se ha incrementado la potencia que somos capaces de producir con energía eólica.

Pero eso no se traduce en que toda esa producción con energía renovable vaya al mix energético ni que cuando encendemos el interruptor de la luz o encendemos la televisión el porcentaje de energía que proviene de las renovables sea toda la posible.

Así lo demuestran los datos medios del mix energético en Canarias que suministra REE de las principales fuentes de energía, que son los siguientes:

“El índice de penetración de las energías renovables en nuestro mix energético ha pasado de representar 8% en 2015 a superar el 20% a finales de 2018”, dijo en el discurso del Debate de la Nacionalidad el pasado mes de febrero el presidente Fernando Clavijo.

Pues bien, si vemos en la tabla, efectivamente, en 2015 teníamos una penetración del 8% de energías renovables, pero en 2018 fue de 10,5% y no del 20% como anunció en su discurso el  señor Clavijo, y a lo largo de 2019 estamos en un 9,9% de renovables.

Por lo tanto, falsean la realidad.

Por lo tanto, esa apuesta por las renovables y esa soberanía energética que algunos nos anuncian como uno de los grandes logros de esta legislatura se traduce en un aumento de solo 2,2 puntos en 2018 y un aumento de únicamente 1,9 puntos en lo que vamos de 2019. Menos que en 2018 y, desde luego, no el  20% que nos quiere hacer creer el presidente. 

Esto en cuanto a la producción centralizada, pero ¿y el autoconsumo?

¿Dónde están las políticas encaminadas a fomentar la producción en los hogares, industrias, edificios públicos, colegios, hospitales o comercios de su propia energía?

¿Cuánto hemos incrementado en nuestros tejados la instalación de placas fotovoltaicas para reducir la producción centralizada, esa que conforma el mix energético?

No tenemos datos, pero basta con mirar hacia los tejados y comprobar que esto no ha estado en la agenda de nuestro Gobierno.

Seríamos capaces de reducir esa producción centralizada en más de un 30%, según los expertos. Así democratizaríamos la producción energética, que estaría en manos de las personas.

Y entonces ¿por qué no se fomenta? Porque estamos en manos del ritmo que nos marcan las grandes empresas para la penetración de renovables. Porque no hay un gobierno que apueste realmente por modificar el sistema energético en Canarias.

Canarias no tiene un plan energético, no sabemos hacia dónde vamos ni cómo, y eso es aún más preocupante. Y mientras, el recibo de la luz sube cada vez más sin que las políticas energéticas cambien y se pongan al servicio de las personas.

Se sigue hablando del gas como transición. ¿Cómo es posible? Una fuente no renovable que nos sigue haciendo dependientes y que impedirá la penetración de las renovables. Una energía que es causante del cambio climático, porque no solo hablamos de quemar este combustible sino de cómo contamina al extraerlo. Y vamos a colaborar en su producción. ¿Qué intereses están detrás de su introducción en Canarias? 

Escribamos nuestra historia de otra manera, el futuro depende de nosotros, toca decidir qué futuro energético queremos para Canarias.

No debemos permitir que las grandes eléctricas escriban nuestra historia.

Ni que los gobiernos estén al servicio de éstas y nos mientan.

Nuestro sistema electoral se comporta así porque fue ideado para mantener el poder de la oligarquía en las islas. Esto ha convertido al Archipiélago en un reino de Taifas, en un puzle pensado para impedir a toda costa su unidad.

Les pongo un ejemplo; pensemos en nuestros Cabildos Insulares (siete en total) y Ayuntamientos (ochenta y ocho). Al votar a estas instituciones se cumple la máxima democrática de una persona, un voto. Es decir, tu voto al Cabildo de Gran Canaria, vivas en el municipio que vivas, vale igual que el de cualquier otro elector. Y lo mismo sucede a nivel local, donde tu voto vale lo mismo seas de la zona que sea. Entonces ¿por qué cuando votamos al Parlamento Canarias no se cumple esta misma regla independientemente de dónde residas? ¿Por qué tiene que primar el territorio sobre las personas? ¿Por qué en lugar de cohesionarnos, el sistema enfrenta a las y los canarios?

Volviendo a la propuesta a la que ahora se ha llegado, es importante saber que esta se basa en una bajada de los porcentajes que rigen el reparto de escaños en nuestra tierra. Pero que esta ni siquiera alcanza los porcentajes que originalmente fueron definidos por nuestro Estatuto de Autonomía en el año 82, que catorce años después fueron duplicados por el PP y Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Como lo leen, los nacionalistas modificaron nuestro Estatuto en Madrid para elevar sus topes al 6% autonómico y 30% insular que poseen en la actualidad. Además nos dicen que se avanza en el modelo de doble circunscripción, al potenciar el carácter archipielágico mediante la implementación de un sistema de restos, (9 diputados), y se otorga un escaño más a la isla de Fuerteventura, porque hay más población, hasta llegar a los 70. Pero la realidad es que al aplicar a esta propuesta, los resultados de las elecciones de 2015, los tres partidos que han gobernado Canarias durante décadas mantendrían las mismas proporciones que con el sistema actual… todo esto para que al final todo siga casi igual.

¿Esta es la reforma que pide la ciudadanía? ¿Los canarios y canarias realmente piensan que la solución para corregir nuestro injusto sistema electoral pasa por ampliar a diez diputados más? ¿Este es el debate más diputados?

Este acuerdo, sencillamente, no va a suponer una mejora sustancial de nuestro sistema electoral. No es una propuesta de cambio real, y tengo el convencimiento de que aún hay posibilidades de seguir trabajando en una propuesta que mejore realmente la proporcionalidad y represente mejor el sentir de toda nuestra gente. Por eso me sorprende el triunfalismo, que algunos han manifestando valorándolo como un gran avance para la democracia en canarias.

Nuestro pueblo sabe perfectamente lo que nos estamos jugando. Esta modificación tiene que cambiar la realidad política de Canarias, si no, será un auténtico fraude para la ciudadanía. Por eso es tan importante que apelemos a la responsabilidad, y sobre todo a la honestidad, la transparencia y la claridad en las negociaciones por parte de todos los grupos.

Estamos ante una oportunidad única de mejorar una herramienta que no ha redundado en el beneficio de todas y todos los canarios. Sólo con un sistema electoral que refleje nuestra realidad, podremos plantar cara desde las instituciones a problemas tan graves como el paro, la corrupción, la pobreza y el insularismo.

Por esa razón resulta tan llamativo escuchar a la vieja política decir que este acuerdo no les gusta. No le gusta al PSOE, ni al PP, ni tampoco a Nueva Canarias, que reconocen lo injusto de nuestro sistema actual en la traducción de escaños. Pero es que con esta propuesta, CC seguiría obteniendo el mayor número de escaños a pesar de ser el tercer partido en votos. ¿Por qué mantienen entonces sus reticencias a rebajar de verdad los topes y mejorar la proporcionalidad? ¿Será que se conforman con compartir el poder con el insularismo rancio, antes que apoyar un sistema electoral que sea justo de verdad?

En lo que respecta a Podemos, las mayorías necesarias en el parlamento hace que nuestro voto sea irrelevante, no decisivo. Y creo firmemente que sería un inmenso error dejar de intentar una reforma mejor, renunciando a alcanzar un acuerdo más ambicioso.

Nuestro inscritos nos han marcado, tras celebrar una consulta, dos límites claros: este acuerdo tiene que ser un primer paso, y no puede tener costes para la ciudadanía. ¿Estamos en condiciones de garantizar eso? La verdad, viendo la postura del resto de partidos todo parece indicar que no, ni en lo que se refiere a continuar negociando y mucho menos en relación al coste. Llevamos tres años pidiendo reducción de sueldos de diputados y siempre ha habido un no por respuesta de todos los grupos políticos. ¿Antes no y ahora si? , las matemáticas no engañan.

Tenemos la obligación de ser claros y no defraudar a la ciudadanía. Hemos nacido gritando aquello de que “lo llaman democracia y no lo es”. Lo que significa que nuestra misión es impugnar el sistema, rescatar el Archipiélago de las manos de quienes lo han contaminado, empobrecido. No podemos permitir un acuerdo que solo contribuya a cerrar en falso un debate crucial.

Habitamos en un territorio donde las leyes parecen hechas a medida de unos pocos, con la mayoría de su población devastada económicamente y que esperan de Podemos otra forma de hacer política que sirva para acabar de una vez por todas con esta situación.

La reforma que necesitamos es la que acabe con esos reinos de taifas, con el divide y vencerás que nos ha impedido la cohesión social, política, cultural y económica que anhelamos, que necesitamos. Y ante esa histórica tarea, no hay sitio para los atajos: apostar el cambio en nuestra tierra es defender una reforma electoral para su gente.

Un censo que debe sustituir al que teníamos, realizado en el año 2007. Diez años más tarde, el Gobierno de Canarias vuelve a preocuparse por los vertidos que llegan a nuestro mar.

Precisamente, en ese momento, en 2007, se realizó un listado de aquellos vertidos líquidos que, aunque no tenían como destino directo el mar, se produjeron en zonas próximas y, de alguna manera, podrían haber acabado en él.

Pero ahora, diez años más tarde, y a pesar de que la consejera ha asegurado que el objetivo “es que la afección marina sea mínima”, el Gobierno de Canarias ha cambiado los criterios para realizar el inventario de los vertidos en el Archipiélago.

De hecho, en el nuevo censo, que aún es provisional, se eliminan los vertidos no localizados en dominio público marítimo-terrestre, pero próximos. ¿Es que éstos no llegan al mar? Pero además también excluyen los que están en pozos porque consideran que son de escasa entidad. ¿Qué entiende este Gobierno por escasa entidad?

Se eliminan también los vertidos de aguas de escorrentías u origen pluvial, aunque vayan al mar porque suponemos que entienden que no representan ningún riesgo a la calidad ambiental de las aguas marinas, y por ello, ni siquiera tienen en cuenta las zonas sensibles o de alto valor ecológico.

Con estas modificaciones, en Podemos nos preguntamos si realmente así se cumple el objetivo marcado por la consejera, si realmente así minimizamos la afección al mar. Desde luego que creemos que no.

Lo que todavía no podemos entender son los motivos para cambiar los criterios. Lo preguntamos en el último pleno y el gobierno no lo explica, ni siquiera el responsable en responder estaba presente cuando se formuló la pregunta. Y no queremos pensar mal, pero con los datos provisionales que tenemos, en una isla como Lanzarote, este censo reduce en un 50 por ciento el número de vertidos. Donde antes estaban contabilizados 70, ahora pasan a ser 33. Pero además, 8 están autorizados, cuando antes estaban autorizados 7. Es decir, que pasamos de un 10 a un 20 por ciento de vertidos autorizados.

Y no queremos pensar mal, pero con estos datos en la mano, hay 37 vertidos menos con respecto al inventario de 2007. Curiosamente todos los que ya no aparecen, serían vertidos no autorizados, por lo que el porcentaje de los autorizados en el censo de este año se incrementan notablemente. Blanco y en botella.

Si en cualquier territorio con costa son importantes las políticas para preservar la calidad ambiental de las aguas marinas, en canarias tiene mayor relevancia. Ello se debe a nuestra situación geográfica, a las corrientes Atlánticas que mantienen un anillo alrededor de las islas, lo que significa que la contaminación que producimos se queda alrededor de nuestras islas.

Por tanto la vigilancia del medio acuático afectado por los vertidos, las inspecciones, los inventarios, los muestreos y el análisis de la calidad de las aguas y, por supuesto, el estudio de la evolución de los datos que nos ayuden a evaluar las acciones, son en Canarias, más que en ningún sitio, indispensable.

La protección de nuestros mares debería ser tomado como un asunto prioritario y serio para el Gobierno de Canarias porque no sólo es un mandato competencial, sino que es indispensable para la vida de todos y todas las canarias.

En Podemos creemos que debemos apostar por un modelo más sostenible, por un verdadero ciclo del agua donde seamos capaces de gestionarlo con soluciones locales que impidan la contaminación de nuestros mares.

En este 25 aniversario hay que recordar que el ITC es una sociedad mercantil pública, adscrita a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, y que su capital procede, al cien por cien, del Gobierno de Canarias.

Sin embargo, a pesar de esta efeméride, el ITC ha vivido en los últimos años una situación dramática, que ha puesto en peligro que pudiéramos celebrar su aniversario. En 2014 y 2015 se aplicaron recortes en el personal de casi un 20 por ciento. Un gran sacrificio para mejorar supuestamente la gestión del ITC, que vino acompañada también de una drástica reducción en sus presupuestos.

Pero ahí no queda todo, ya que el Gobierno de Canarias llegó a anunciar además su cierre, mientras elogiaba y consideraba al ITER, el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, dependiente del Cabildo de Tenerife, como una pieza estratégica en el avance de Canarias y lo ponía de ejemplo de cómo se tenían que hacer las cosas.

En ese momento, desde Podemos nos preguntamos si en el ITC, que dependía del propio Gobierno autonómico, no se estaban haciendo las cosas como se debieran. También nos preocupamos por qué no se había apostado en el ITC por el desarrollo de las energías renovables para permitirle una mayor autofinanciación, como ocurría con el ITER.

No encontramos respuesta. Como tampoco la encontramos para la nula capacidad del Gobierno de Canarias de valorar al personal que innova e investiga en Canarias, de evitar que nuestros investigadores estén avocados a marcharse buscando nuevas y mejores oportunidades. Ése debería ser uno de los retos del Gobierno de Canarias, pero no con palabras, sino con hechos.

Creemos que el Gobierno de Canarias debe contribuir de forma determinante al fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico en Canarias, y que una parte sustancial de los desarrollos tecnológicos que ejecute el ITC procedan de demandas concretas del tejido empresarial del Archipiélago, y así favorecer el trasvase de tecnología.

El ITC cumple 25 años, y el Gobierno de Canarias debería celebrarlo dándole la importancia que se merece, para que siga sumando aniversario en beneficio de todas y todos los canarios. ¡Muchas felicidades!

Las cosas siguen bastante mal para la mayoría de la gente. A pesar de que estamos en verano, la época del año en la que se consiguen reducir sensiblemente los índices de paro, el número de personas que busca un empleo y no logra encontrarlo se mantiene por encima de los 3,5 millones. Y por si esto fuera poco, la mitad de ellas llevan ya más de doce meses en esta delicada situación, es decir, son parados de larga duración. Una cifra que casi coincide con el volumen de población que, a pesar de encontrarse en esta situación, no percibe ahora mismo ningún tipo de prestación o subsidio.

El gasto público se ha contraído por encima de los 50.000 millones de euros desde que empezó la crisis. Aunque es cierto que los tijeretazos más grandes los ha padecido el sector público desde que Mariano Rajoy pisa la moqueta de La Moncloa. Las ciencias, por ejemplo, han sufrido una reducción de inversiones tan drástica que ya han perdido más de una cuarta parte del presupuesto que recibían antes de la mayoría absoluta que ha permitido al Partido Popular arrollar los servicios esenciales y derechos fundamentales a la ciudadanía desde 2011. Otras áreas, como agricultura y energía, severamente ajustadas durante este mismo periodo de tiempo, han visto reducidos sus emolumentos en un 21%, lo que se va a perseverar en la involución del desarrollo de las renovables en todo el Estado, además de significar un nuevo revés para la agricultura ecológica.

A pesar de todo esto, en Canarias se barruntan campanas de pacto entre esta misma formación, la que nos ha arrastrado hasta el umbral de la emergencia social, y Coalición Canaria, su homólogo con cachorro. Dos partidos cuya máxima aspiración pasa por reproducirse en el poder, legislando únicamente para esa minoría a la que adeudan campañas millonarias e interminables cadenas de favores. Y mientras tanto, una parte de nuestras niñas y niños continúan estudiando en barracones.

El Partido Socialista ya ha dado muestras suficientes de su falta de voluntad para ayudarnos a construir en nuestra tierra un gobierno alternativo a la derecha antes de 2019. Lo hizo tras ser humillado por Clavijo y no atreverse siquiera a intentar derrotar al gobierno más nefasto de la historia de las Islas, aun cuando el precio a pagar era formar parte de un gobierno en minoría. Un socialista debería hacer cualquier cosa antes que dejar nuestro sistema público de salud en manos de la patronal de la sanidad privada.

Sin embargo, la oportunidad todavía la tenemos en el gobierno central, donde podemos empezar desde hoy mismo a articular una opción de cambio, censurando al Partido que propone una amnistía fiscal que viola la Constitución, que mantiene en su cargo a ministros reprobados por la mayoría del arco parlamentario del Congreso, que combate a sus rivales políticos haciendo uso de las administraciones y también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que nombró fiscal anticorrupción a un magistrado que poseía sociedades en Panamá para no declarar impuestos en España.

Definitivamente, hay alternativa para cambiar las cosas. Podemos echar de las instituciones al partido que ha anegado de corrupción los mapas de nuestro país. El momento es ahora. Mañana es tarde.

El Régimen Especial de Abastecimiento de Canarias es una herramienta económica que forma parte, junto con las medidas de apoyo a la producción local, del POSEI, y que a su vez se engloba en la Política Agraria Comunitaria de la UE de las regiones ultraperiféricas, que tiene como objetivo paliar las dificultades por la lejanía e insularidad de Canarias frente al continente.

Garantizar el suministro a las regiones ultraperiféricas de productos esenciales para el consumo humano, paliando los costes adicionales derivados de esa lejanía e insularidad, sin perjudicar la producción local y su desarrollo, es, como digo, uno de los objetivos del POSEI. Por ello, me pregunto si realmente estamos alcanzando ese objetivo, y llego a la conclusión de que evidente no es así.

Hace tan sólo unos días, en una comparecencia que planteábamos en el Parlamento de Canarias sobre el REA, analizábamos cómo afecta esta herramienta a nuestros agricultores y ganaderos y a nuestras industrias agroalimentarias, porque el REA permite importar productos de la UE y de terceros países, es decir de fuera de la UE.

Los beneficios del REA son la exención de los derechos de aduana a los productos originarios de terceros países y la concesión de ayudas a la introducción cuando se tratan de productos originarios de la Unión Europea. Solo se acogen unos determinados productos como las carnes de pollo, ternera, cerdo, mantequilla, leche concentrada y sin concentrar, cereales, preparados para la industria a base de frutas, cereales, forraje, papas de siembra, queso, etc. Son productos para el consumo directo, productos que son materia prima de nuestras industrias agroalimentarias e insumos o medios de producción para nuestro sistema agrario.

Las cantidades que se benefician del REA deben ser únicamente las que resultan necesarias para el suministro regular de estos productos en Canarias, por lo que este sistema no debería obstaculizar el buen funcionamiento del mercado interior. Es decir, se debe conciliar las ayudas al consumo de productos básicos de importación con el apoyo a las producciones agrícolas, ganaderas e industriales.

El objetivo, por tanto, es claro. El REA debe paliar el sobrecoste en la economía canaria por la condición territorial y social. Estos sobrecostes son varios, entre ellos el transporte pero también el almacenamiento, las instalaciones múltiples, gastos en energía, agua, etc.

Es evidente que la aplicación del REA debe paliar este sobrecoste en los precios de venta de los productos. Es decir, que debe repercutir sobre los precios al consumidor. Sin embargo, un estudio realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 2013, constata que no es así realizando un trabajo comparativo de precios de tres productos básicos: el pollo, la lecha entera y la mantequilla.

Este estudio arroja que durante los años 2006-2011 el precio que pagaban los consumidores por la carne de pollo era similar en Tenerife y en Sevilla, oscilando entre los 2,5 y 3 euros el kilo. Pero, para Las Palmas el precio siempre ha sido superior. En el caso de la mantequilla, también sucede algo similar, no así en la leche entera.

El REA representa y significa un modelo de desarrollo que debe mantener un equilibrio razonable entre el sector agrícola, el industrial y el comercial establecidos en Canarias bajo la premisa de tener un nivel de precios razonables y con un respeto escrupuloso a la libre competencia en el mercado canario. Sin embargo no es así. Las industrias canarias no pueden competir con los precios de los productos subvencionados. ¿Cómo pueden competir los productores de las islas con los precios de, por ejemplo, las mermeladas importadas? ¿cómo es posible que importemos quesos que somos capaces de producir?

Canarias es dependiente desde el punto de vista agroalimentario de casi el 90%, es decir producimos poco más de un 10%. ¿No creen que tenemos potencial para producir más en las islas y por tanto diversificar nuestra economía? Hay que hacer un esfuerzo por conciliar las ayudas al consumo de productos básicos de importación con el apoyo a las producciones agrícolas, ganaderas e industriales. Sólo así avanzaremos hacia la soberanía alimentaria en Canarias.

Hace unos días pregunté precisamente sobre esto a la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad sobre las actuaciones que iban a adoptar después de conocer el veredicto. Su respuesta fue que no iban a hacer nada. Es decir, que actuarán cuando la Justicia se pronuncie, o lo que es lo mismo, acatarán las sentencias –como no podría ser de otra forma-. Pero esa no fue mi pregunta.

Realmente estaba relacionada con los hechos y situaciones que se habían producido en el seno del Cuerpo General de la Policía Canaria, y que habían transcendido durante la investigación y el proceso judicial del citado caso.

Las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación recogieron conversaciones entre el comisario del cuerpo y el subinspector hablando de “cargarse” a algunos agentes mediante expedientes disciplinarios. Una purga que se hizo realidad. Durante las semanas siguientes a esas conversaciones se incoaron 21 expedientes disciplinarios, sancionando a los agentes.

Éstos, que vieron vulnerados sus derechos, acudieron a la Justicia, y les dio la razón en todos y cada uno de los casos. A pesar de esta persecución, la Administración recurrió estas sentencias, y volvemos a tener entre nuestras manos dictámenes firmes favorables a los agentes, aunque ahora las costas las pagamos todas y todos.

Durante el juicio, el comisario Jefe de la Policía Canaria, es decir el máximo responsable de la misma, declaró a favor del subinspector. Argumentó que existía una conspiración sindical, y que los agentes implicados en todo este thriller se habían inculpado para perjudicar al subinspector. Tengo que reconocer que este punto de la trama suena algo increíble porque ¿cómo van a ponerse de acuerdo los agentes y arriesgarse a tener una sentencia en su contra? ¿Para qué van a mentir a la Justicia si podían salir mal parados? ¿Y todo esto para perjudicar a un subinspector?

Pero aquí no acaba todo. Tras las denuncias de varios agentes por acoso laboral, un comité de expertos de la Administración elaboró un informe en el que realizaban 17 recomendaciones para mejorar el clima laboral en el seno del Cuerpo General de la Policía Canaria. El Gobierno no ha puesto en marcha ninguna. Lo que demuestra que no tiene ningún tipo de intención en mejorarlo.

Lo que sí que ha hecho, sin embargo, es cesar hace pocas semanas al director general de Seguridad y Emergencias. Se han cargado a alguien que al parecer había demostrado su intención de cambiar el “status quo” en el que parece que se ha instalado la Policía Canaria. Con todo esto, ¿qué título tendría la trama? ¿Hablamos de mafia en la Policía Canaria?

En Podemos tenemos claro que este no es el modelo de Policía Autonómica que queremos. Los canarios y canarias asumen el coste que supone tenerla, y por ello se merecen un cuerpo que responda a las necesidades de la ciudadanía. Que sea profesional y moderna, alejada de las maneras y formas del pasado en las que parece que la han asumido. Pedimos que se planifique con objetivos alcanzables y ajustados a los medios humanos actuales, que son 68 agentes.

Seguimos sin entender la inactividad de este Gobierno que lo hace cómplice de la situación que viven los agentes de la Policía Canaria. Queremos que actúen. Que asuman su responsabilidad, que dejen de mirar hacia otro lado porque así no se resuelven los problemas, sino que lo único que consiguen es seguir alimentando la “mafia” en la Poli Canaria.

Podemos defendía una Proposición de Ley para declarar 'Hogares Vulnerables' a aquellos que no pueden hacer frente a las facturas de agua y luz, y lo hacíamos porque el bono social, implantado por el PP, ha resultado ser totalmente ineficaz. Las solicitudes para acogerse a éste han caído un 17% a pesar de que la pobreza energética no ha hecho más que crecer.

Por eso, proponíamos una tarifa social que cubriera el consumo energético de estos hogares de forma progresiva, entre el 100% en los casos de pobreza extrema hasta el 20% en las situaciones de pobreza relativa. Pero Partido Popular, Coalición Canaria y Partido Socialista prefirieron mirar hacia otro lado, argumentando que deberían ser los ayuntamientos los que llegaran a convenios con las empresas suministradoras para evitar los cortes de agua y luz. En vez de legislar, sus señorías prefirieron dejar en manos de quienes obtienen beneficios la protección de los más desfavorecidos.

Si yo estoy frustrada con esta actitud, que sólo entiendo desde una clave puramente electoralista, no me puedo imaginar la frustración que sentirán las 778.000 personas que están en riesgo de pobreza en Canarias o las 215.000 que sufren pobreza severa. Los datos siguen siendo alarmantes y tenemos que actuar. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) los hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes en el Archipiélago suponen el 35% en 2015, una tasa que ha aumentado un 15% con respecto al año anterior. El 67% no puede afrontar gastos imprevistos. El 10,5% de los canarios no pueden permitirse comer carne o pescado. El 18,1% se ha visto obligado a retrasar gastos relacionados con la vivienda, como la electricidad o el agua.

Además, según el estudio “Cartografía de los Recortes” de CCOO, el recibo de la luz se ha incrementado un 52% desde 2009 a 2014. Mientras esto sucede las eléctricas que operan en España han ganado más de 56.000 millones de euros en ese periodo, lo que supone un beneficio neto de 20 millones de euros al día, que se dice pronto.

Cuando una familia se encuentra en situación de pobreza energética cambia sus hábitos de vida. Por ejemplo, se abandona la higiene personal o se buscan alternativas al aseo en centros de trabajo o deportivos. También cambia la forma de alimentarse porque, por ejemplo, en Cáritas han constatado que han aunmentado las solicitudes de alimentos pre-cocinados para evitar el gasto energético en el tiempo de elaboración. Hay tensiones en la convivencia. Se producen enfermedades, tanto físicas como mentales. ¿Necesitan sus señorías más datos para entender que éste es un asunto urgente que requiere del compromiso de todos? Los suministros básicos deben ser un derecho, un bien común y corresponde a la clase política la responsabilidad de hacer que ésto sea así. No puede haber recuperación económica si se siguen acrecentando las desigualdades. No podemos seguir constituyéndonos como sociedad si dejamos a personas abandonadas por el camino.

El Papa Francisco afirmó en una ocasión que “los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión y los asesinatos sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades”.