La UE “pierde su alma”, abdica su razón de ser, en su inacción ante emplazamientos inapelables: así ha descrito Borrell, antiguo High Rep de la UE, su clamoroso silencio ante el genocidio perpetrado por Netanyahu en Gaza.

La crítica se expande, corroyendo cada uno de los pilares históricos de la integración europea. El Marco Financiero (MFF) presentado por la Comisión Europea que preside Von der Leyen (Comisión VDL II) epitomiza crudamente la negación de la Europa que nos movilizó hasta ahora. Por ello mismo, inaceptable. Disuelve, hasta hacerlas irreconocibles, las mejores consecuciones de los últimos 30 años: Políticas de Cohesión, Regionales, Agrícola Común y de Pesca, Solidaridad e instrumentos de respuesta a las nuevas exigencias de Common EU Goods: Sanidad, Emergencias, Protección Civil...y Vivienda.

La PESD naufraga con Kallas, lejos, muy por debajo, del listón elevado y exigente en que se situó Borrell. Afasia, impotencia, irrelevancia, la UE renuncia a una voz digna de ser escuchada -no digamos respetada- por los actores relevantes en el desorden global.

Lo peor: doble rasero, Double Standard, Ucrania y Gaza unidas sólo por el hilo conductor del arrinconamiento de la UE hasta su humillación e insignificancia ante quienes nos habíamos propuesto hablar de tú a tú. Contradicción palmaria con la promesa anunciada de la autonomía estratégica de una UE geopolítica, globalmente relevante.

Esa UE cuyos mejores capítulos y realizaciones llevan impronta socialista y socialdemócrata se está escorando, como nunca, a estribor, a la derecha, con una “nueva mayoría” en el PE y en las Instituciones, consecuentes con la proliferación de Gobiernos nacionales en los EEMM minados o intervenidos por ultraderechas pujantes en su nacionalismo xenófobo, radical, eurófobo, populista, o todo ello a la vez.

La deriva de la UE hacia su propia negación responde a múltiples concausas. La imparable preeminencia de redes sociales -plataformas tecnológicas en manos de una oligarquía, nuevo tecnofeudalismo de magnates digitales- en la formación de la política y su comunicación, con algoritmos adictivos que premian la infantilización y la tribalización sectaria de todo mensaje, segmentando sociedades en polos irreconciliables e impidiendo cualquier atisbo de deliberación entre opciones racionales, destaca como precondición de todas las demás coordenadas de la erosión democrática que ha sometido espacios. No es la única: el resentimiento emocional contra la globalización entre quienes se perciben entre sus “perdedores”, enturbia ese mar de fondo en que relatos populistas y discursos de odio señalan chivos expiatorios -migrantes, diferentes-, en una espiral que no vislumbra correctivos eficaces.

¿Hay esperanza? Es, en todo caso, irrenunciable. Como lo es la acción que ha de seguir a la razón. 

La pelea que se avecina concierne, por supuesto, a la causa de la izquierda progresista, minorizada severamente en todas las Instituciones. Pero se extiende en su alcance al europeísmo tout court. Quienes, bregando contra corriente, nos consideramos federalistas querríamos un cambio de rumbo copernicano. Pero, mientras se reabre paso a esa profundización de la integración europea que no se asoma a lo que alcanza nuestra vista, la “reeuropeización” de esta UE con la que hoy nos damos de bruces, demanda una conjugación de dos vectores que están, al menos, al alcance del sufragio universal de ciudadanía europea que legitima al Parlamento Europeo (PE) como única Institución directamente electiva, motor democrático de Europa: la politización y la parlamentarización de su proceso decisorio.

Ello comporta, primero, reivindicar la política como contraposición entre opciones, alternativas que presuponen debate y decisión: un escenario distinto al de los falsos consensos en mínimos denominadores, penosamente incapaces de aportar valor añadido o avances respecto a sus Estados miembros (EEMM). Y requiere, además, que el PE haga valer su naturaleza distintiva en Derecho comparado: único Parlamento supranacional en el mundo que realmente lo es; que, además de legislar un Derecho vinculante para los EEMM, legitima con su voto a la Comisión Europea (Ejecutivo colegial), controla su responsabilidad política y puede derribarla con su censura. Y exige rigurosamente a la Comisión VDL II el estricto cumplimiento de su rol de “guardiana de los Tratados y de la legislación europea”, sin “lenguaje de madera” (langue du bois, en la jerga), sin medias tintas ni ambages, pasteleos elusivos ni “compromising as usual”. 

Bref: lo contrario de cuanto campea en este minuto. Mejor UE -menos casilla nacional-, más acción y decisión política, mirada al tablero global, tan revuelto de tanto recibir patadas, ¿No era eso, cuando hablábamos de una UE geopolítica? 

La controversia sobre la amnistía ha transitado velozmente desde su anticipatoria protesta por “contraria a Derecho” -aún antes de que se conociese el texto- a la discusión acerca de los requisitos de su “legitimidad política” en términos de opinión pública.   

Escribió Rubio Llorente: “del silencio constitucional respecto de la amnistía no se sigue necesariamente su prohibición” (El País, 11 diciembre 2000). Las tesis que han sostenido su inconstitucionalidad han obtenido una por una su refutación convincente: el examen que descansa en el principio “minus ad maius” por el que, alegadamente, si la Constitución prohíbe los “indultos generales” con mayor fuerza excluiría toda amnistía, ignora que la diferencia entre el indulto (necesariamente individualizado, toda vez que condona el cumplimiento de la pena tras una sentencia firme) y la amnistía (que extingue, por ley orgánica, la perseguibilidad penal de ciertos hechos) no es cuantitativa sino cualitativa. Así también con la que invoca la “separación de poderes” y la “reserva de jurisdicción”, que no resulta alterada por una decisión del legislador democrático cuyo alcance se contrae, objetiva y subjetivamente, a la delimitación de un supuesto concreto, y cuya adecuación a la Constitución dependerá estrictamente de su finalidad, justificación y motivación. Este razonamiento rebate asimismo la tesis de que una amnistía sólo podría explicarse en un “cambio de régimen”: tanto el Derecho histórico español (las Constituciones progresistas de 1869 y 1931 las contemplaron y aplicaron sin desdecirse de sus fundamentos) como el Derecho comparado (Francia, Italia, Alemania, Reino Unido) muestran casos específicos que no equivalieron a reconocer que quienes delinquieron “tenían razón” y que la democracia “les pidiese perdón”: en todos estos supuestos, fue el Estado constitucional quien concedió el perdón, en ningún caso al revés. Son razonamientos ya expuestos pormenorizadamente en el libro El indulto. Un análisis jurídico-constitucional (pp.36-91) (R. García Mahamut, 2004). Lejos también de la actual disputa, estudiosos de la materia han fundamentado la cabida constitucional de las leyes de amnistía bajo condiciones precisas (Aguado Renedo; 2023, Linde Paniagua en 1998, entre otros).

Una vez hecha pública la Proposición de Ley Orgánica registrada en el Congreso, ni peligra la Constitución ni el Estado de Derecho ni la independencia judicial: se trata de una iniciativa ejercitada conforme al art.87.1 CE, minuciosamente articulada para superar su examen de constitucionalidad (finalidad legítima, proporcionalidad y adecuación), de conformidad al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la jurisprudencia del TEDH (que objeta las amnistías de delitos de lesa humanidad y torturas, lo que obviamente no es el caso) y de adecuación al Derecho de la UE y su garantía ante el TJUE (al excluir los “delitos contra los intereses financieros de la UE”). 

Toda Ley asienta su normatividad en su aplicación judicial y en la lectura que de su “interés público” ejercite el ministerio fiscal en los procedimientos: precisamente porque en España disfrutamos de una Justicia independiente -cuyo frente de erosión no es otro que el inconstitucional bloqueo del CGPJ durante cinco largos años, por la exclusiva responsabilidad del PP al denegar sus votos imprescindibles para la formación de 3/5 en cada una de las Cámaras-, es fácilmente predecible que serán numerosas las cuestiones de constitucionalidad (y de prejudicialidad ante el TJUE) las que elevarán los jueces que deban suspender las causas de las que estén conociendo a la entrada en vigor de la Ley, con efectos suspensivos sobre el asunto concreto. Al interponerlas -sumadas a los recursos de inconstitucionalidad que interpondrá el PP con todos los instrumentos jurídicos a su alcance-, los jueces estarán dando prueba de su independencia, intacta, y desmintiendo por tanto esa retórica inflamada de denuncias de “atentado a la separación de poderes” a las que se han apuntado asociaciones judiciales, contraviniendo su Ley Orgánica que les prohíbe dirigir sus críticas a los poderes públicos. 

Es innegable que la opción por la amnistía es políticamente arriesgada para el Gobierno con que arranca esta Legislatura. La investidura de su Presidente, con holgada mayoría absoluta, ha sido legítimamente estimada como mejor para la democracia que su alternativa (dejar caducar los dos meses cuyo transcurso abocaría a nuevas elecciones tras el fracaso de Feijóo en su intento de sumar una mayoría en el Congreso). Pero es una opción defendible, tal y como se argumenta en su Exposición de Motivos: una Ley singular para superar una crisis asimismo excepcional, favoreciendo con ella la normalización política y social en Cataluña, tras la grave fractura causada por el procés, y su reintegración institucional en nuestro Estado autonómico. 

Los hechos cuya persecución puede excluirse por ley se refieren, como es obvio, a la secuencia de decisiones, actos y leyes que, condujo, en 2017, a la DUI (Declaración unilateral de independencia) y a la mayor crisis experimentada en la España democrática desde el 23F. La respuesta del Estado contempló una fase política -el 155 CE- y una fase judicial, cuyo capítulo más relevante se sustanció ante el TS y culminó con condenas tras un debido proceso con todas las garantías. No obstante, en esta derivada penden desde entonces cientos de causas

La conjugación de la Proposición de Ley Orgánica con el principio de igualdad radica en el acotamiento de su ámbito temporal, subjetivo y material y en el razonamiento de la proporcionalidad de su trato diferenciado. El perímetro preciso de actos tipificados como delito o como determinantes de responsabilidad administrativa o contable preparatorios o conexos a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum de 1 octubre de 2017, sucesos, excusa recordarse, que tuvieron lugar en el tiempo de Gobierno en España del PP.  Partiendo de esta delimitación se establece la extinción de la responsabilidad penal, contable y administrativa, la competencia de los órganos que deben aplicar la amnistía y el procedimiento a seguir, explicando en cada caso la adecuación de la medida a la finalidad que el legislador democrático vincula al interés general.

La Constitución se defiende en cuanto Norma Suprema al ofrecer soluciones a aquello conflictos sociales, políticos y jurídicos que importen a la paz social, y sólo al TC competerá enjuiciar su validez. Que se abra paso otra etapa de reparación implicará un ejercicio de responsabilidad política cuyo juicio corresponderá, en cambio, a la ciudadanía de una democracia madura, a la que toca encarar los desafíos planteados cuando son ineludibles. Por eso, procede atajar también una espiral lesiva con muchos daños infligidos a la reputación institucional de España: porque nunca antes de los “hechos de 2017” habíamos asistido a una ofensiva tan sostenida en el tiempo y polifónica en sus coros contra nuestra credibilidad como una democracia sólida y plenamente garantista, tanto en la propia UE como ante las jurisdicciones de alcance supranacional (TEDH, TJUE), pasando por los instrumentos de cooperación judicial (euroórdenes y extradiciones varias veces denegadas, siempre con recursos pendientes y giros inesperados).

Ojalá, una medida excepcional como la que plantea la ley sirva a la recuperación de un diálogo sobre el que reconstruir entendimiento y convivencia desde el irreductible pluralismo político, lingüístico e identitario con el que se hace España.

Una de mis competencias como ministro de Justicia residía en elevar propuestas de indulto al Consejo de Ministros: su deliberación colegiada era segura e ineludible. Cada gracia se adoptaba atendiendo pros y contras, pensando en sus implicaciones y sus explicaciones. Aunque históricamente residual y estadísticamente excepcional, en todo decreto de indulto palpita, llamativamente, una de esas medidas controvertibles, arduas, quizá de las más espinosas, en las que se ejerce Gobierno.

Conforme a la Constitución (que se refiere ¡por tres veces! a la “prerrogativa real de gracia”, arts.62.i, 87.3 y 102.3 CE) y la Ley que lo regula (de ¡18 de junio de 1870!, modificada en 1988), un indulto no consiste en ninguna revocación de la sentencia, ni en su revisión. Asume un punto de partida: ha habido ya un juicio justo, por un Tribunal independiente, con todas las garantías (defensa, presunción de inocencia, derecho a la prueba y a los recursos), y se ha dictado condena fundada en Derecho y firme. Se reduce a condonar (“perdonar”) el cumplimiento total o parcial de alguna de las penas impuestas (principal y/o accesorias), por razones de “equidad” (un tiempo penitenciario que se estime innecesario) o de “utilidad pública”. Entender esto es crucial: indultar no es enfrentar al Gobierno (que refrenda los decretos que llevan la firma del Rey) con “la Justicia” en general, como tampoco, en concreto, con el Juez sentenciador. Se limita a dispensar -las más de las veces, en parte- el agotamiento de penas que, de otro modo, sería íntegro. Y a hacerlo por razones políticas, no jurisdiccionales, con valoración responsable de su utilidad social.

Ojalá fuese posible compartir tales motivos con una oposición de Estado. Pero, mientras no sea así, como parlamentario, jurista y profesor de Derecho, exministro de Justicia, apoyo, pleno, a mi Gobierno en su función constitucional, que incluye, y cómo, tough choices. Lo respaldo especialmente en esta hora difícil, en las duras y maduras. Porque he formado parte de su acción tengo fundada confianza en que sus decisiones se cimientan en la buena fe y en el mejor servicio al interés general y nacional de España, expresiones ambas recibidas en la letra de la Constitución. De modo que también lo defiendo en la consideración de fondo que explique el riesgo que asume con un gesto que no mire a los “políticos presos”; sino a Cataluña en España. 

Como a millones de españoles, me duele el deterioro dramático de la cuestión catalana en los años de que traen causa los hechos enjuiciados en la Sala II del TS. Es incuestionable que un porcentaje de la ciudadanía de Cataluña se ha ubicado en posiciones que dicen ser inconciliables con su encaje en España. El desgarro contumaz de esos hilos intangibles que nos hacen vivir juntos indican con gravedad que, si no se hace nada en absoluto ni nadie se atreve a intentar algo que no sea la ya ensayada reiteración de errores como el de contraponer ley y voluntad popular -por más que prolongue enconos que han causado mucho daño-, sólo será cuestión de tiempo que, en la próxima curva o estación generacional, por pura inercia demográfica, esa voluntad de ruptura llegue a ser irreversible.

Somos mayoría, sin embargo, quienes nos comprometemos a relanzar la integridad territorial y constitucional de España. Unida en su diversidad, vertebradora de su fuerte pluralismo en lo político, lingüístico, cultural e identitario, desde la preservación de nuestro espacio común. Asegurar ese activo ante las dificultades que vienen acumulándose, requiere osar, arriesgar, y argumentar con coraje la motivación de obrar. Un indulto motivado e individualizado sobre lo que aun reste de prisión a los convictos del procés no cuestionaría al TS (ni a su Sala II ni a su Sala III), ni se aplaudirá en Colón. Pero su excarcelación -pasados casi cuatro años- es, sí, ampliamente esperada en la sociedad catalana, que es donde primordialmente debería desplegar sus efectos psicológicos, sociales, ergo políticos. Hacia una distensión y, ojalá, una esperanza: que el camino de reencuentro sigue siendo posible, y, a juicio de tantos compatriotas, desde luego deseable frente a cualquier alternativa.

Tal indulto parcial no sería medida fácil, sino muy dura e ingrata. Por eso expreso mi certeza de que, si se resuelve, con su coste y sus aristas, será porque así resulte de una discusión concienzuda y fundamento convincente en que ha preponderado, con los elementos de juicio y los datos en presencia, el interés nacional y superior de España. Y ese acto motivado no tendría, por descontado ningún efecto taumatúrgico, performativo, ni mágico, ni produciría por sí solo un ensalmo de antes y después. Ninguna ingenuidad ni autoengaño. Pero su utilidad pública se acreditará si ayuda a regenerar el clima en que ese antes y después sea -y vuelva a parecer- un horizonte alcanzable. Como el de recuperar a muchos de cuantos ahora rechazan todas las opciones de diálogo para una convivencia en los círculos concéntricos de identidad compatible y ciudadanía abierta que sepa ser al mismo tiempo catalana, española y europea. Con futuro por delante. Y en que -¡mejor antes que después, y de que ya sea tarde!- la España constitucional y plenamente democrática siga siendo europea con toda Cataluña dentro.

Con redoble de tambor se ha querido incrustar en la UE una controversia española: el desbloqueo del CGPJ en un piélago de órganos de elección parlamentaria pendientes de renovación en prolongado incumplimiento de la Constitución. Una iniciativa incoada por dos partidos de gobierno que no suman mayoría absoluta (y que por tanto no es ley) ha venido a compararse artificiosamente con la estrategia ejecutada por mayorías absolutas en Hungría y en Polonia para alterar de cabo a rabo sus marcos constitucionales en corto espacio de tiempo, sin escuchar a nadie y desoyendo los reproches de sus tribunales constitucionales y del TJUE. Asemejando situaciones sin nada en común entre sí, causan preocupación las cartas dirigidas a responsables de la UE para cuestionar que España acceda a fondos europeos vitales para familias y empresas, con ataques que remedan los que el secesionismo ha venido perpetrando contra la reputación que tanto nos costó erigir.

 Instituciones europeas, Consejo de Europa, Comisión de Venecia, thinktanks de derechos humanos, llevan años advirtiendo sobre la confrontación del gobierno polaco -en manos del ultraconservador partido Ley y Justicia (PiS)- con los valores del art.2 TUE cuya sanción se regula en el art.7. Si Polonia ha sido puesta bajo foco ante su acelerado galope iliberal, no ha sido por una iniciativa sobre el Consejo Judicial más o menos criticable, sino por la implacable acumulación de nada menos que seis leyes, aprobadas y en vigor, que no dejan títere con cabeza: TC, TS, Poder Judicial, Oficina Judicial, Cámara Disciplinaria, y “Ley mordaza” que amenaza con sanciones a jueces críticos que apliquen la obligada primacía del Derecho de la UE. 

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y su Carta de Derechos, la Comisión LIBE en la Eurocámara examina todo riesgo de violación grave de los principios comunes del art.2 TUE: ha resultado ser el caso de una putinización de Hungría que actuó de precursora de la orbanización de Polonia. Por eso, recientemente, el Pleno del PE aprobó mi Informe sobre Rule of Law exigiendo del Consejo una decisión en el marco del art.7 y la condicionalidad del acceso al Presupuesto y a los Fondos Europeos al cumplimiento de las reglas por las que se está en la UE. En su día (2018), la activación del art.7 sólo pudo sumar una mayoría de 2/3 (difícil en un Parlamento muy plural y fragmentado) tras años de exhaustivo trabajo y testimonios masivos, en sucesivos hearings (Audiencias), de sus jueces y fiscales, abogados, activistas, periodistas, ONGs, académicos y expertos. 

A estas alturas, el diagnóstico describe un “Constitutional breakdown”: depuración y ocupación de todas las terminales del Poder Judicial y abuso de la fiscalía (encabezada sin más por el ministro de Justicia). Por toda respuesta, el Gobierno polaco no solo ha desoído las Resoluciones del PE, sino que ha despreciado varias sentencias del TJUE como la que le ordena suspender su “Cámara Disciplinaria” y la llamada “Ley mordaza” por contrarias al TL: rayando el surrealismo, insiste, por toda respuesta, en una conspiración izquierdista, contraria a su “identidad nacional”. En un giro de tuerca, no por esperado menos inaceptable, Polonia y Hungría ¡imponen al Consejo su veto al acuerdo con el PE, largamente negociado y celebrado como histórico, por el que se incrementan el MFF y el Fondo de Recuperación como parte de un “paquete” con el Reglamento que establece la Rule of Law conditionality! Más de 400 millones de ciudadanos/as de la UE, con sus esperanzas a cuestas, penden ahora de que el Consejo mantenga y doble ese pulso que bloquea unas ayudas tan necesarias como urgentes.

Como Presidente de LIBE y Ponente de este último Informe sobre Polonia -con el voto del PP-, velé por que sus conclusiones fuesen precisas y factuales, atentas a datos y a hechos, sin excesos verbales, sabiendo que, en los medios polacos, gubernamentalizados, se ataca esta supervisión y a quienes personalmente participamos en ella. Pero su mensaje es claro: pluralismo, garantía del Derecho, y la función de oposición por la que la minoría de hoy sea mayoría mañana, son valores cuestionados cuyo respeto es esencial para que Polonia regrese a donde pertenece. Cuando el PE expresa preocupación por Polonia, defiende a la ciudadanía polaca que, por serlo, es europea.

En contra de la falaz pero recurrente réplica de la derecha polaca que acusa al PE de imponerle un “injusto doble rasero”, urgimos a la Comisión a establecer un Marco de Estado de Derecho que, con carácter permanente, periódico y objetivo, evalúe anualmente la adecuación de las leyes de los EE.MM a los valores comunes del art.2 TUE. Cumpliendo nuestro mandato el Comisario de Justicia D. Reynders debatió ante LIBE su primer Informe Anual sobre Rule of Law en los 27 EEMM: ¡su principal crítica a España reside en no renovar sus órganos en los tiempos constitucionalmente ordenados! 

¿Alguien cree seriamente que la secuencia polaca tiene algo que ver con lo que pasa en España? ¿Acaso alguna mayoría absoluta aplastando minorías? ¿O no es más bien otra cosa?: Gobierno minoritario, con dificultades notorias para legislar -incluso para cumplir el art.134 CE aprobando anualmente una Ley de Presupuestos-, no consigue desbloquear la renovación de órganos de elección parlamentaria por un motivo más próximo al veto filibustero impuesto por una minoría que a ningún inexistente rodillo de mayoría. ¿Una parálisis dañina para las instituciones? Sin duda, pero, lamentándolo, cabe preguntarse quién incumple aquí con ellas y los valores europeos ¿No será quizá quien solo piense en prorrogar su hegemonía sobre su composición, que, a fines de 2020, trae todavía causa de aquella mayoría absoluta que el PP obtuvo en 2011 -¡9 años atrás!-, pero perdió ya en 2015?

La COVID-19 reta a la UE en todos los planos: económico, social, político, psicológico, emocional. Pero también en el jurídico ¡y cómo! sobre los instrumentos disponibles (Fondos de contingencia, BEI, BCE, MEDE, MFF) y sobre los objetivos (mutualización: eurobonos) para poder financiar la recuperación, con intereses asequibles y deuda no condicional. El mismo debate alcanza a las decisiones de cierre unilateral de fronteras interiores, descoordinadas entre sí, en la medida en que cuestionen bases del Derecho europeo (el Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE) y la legislación adoptada por el Parlamento Europeo (Código de Fronteras Schengen), que impone procedimientos y condiciones vinculantes para el restablecimiento de fronteras interiores y para la suspensión de la libre circulación:  principios de necesidad, proporcionalidad, comunicación recíproca, prórrogas acordadas, y, lo más importante, estrictos límites temporales.

Esta misma controversia afecta a la compatibilidad de las respuestas contra el virus de los Estados miembros (EEMM) con los principios consagrados en el art.2 TUE: Estado de Derecho, imperio de la ley, democracia representativa, separación de poderes, derechos fundamentales, pluralismo político y protección de minorías.

No en vano, en los últimos años, la resiliencia de la UE ha sido sometida a antes

conocidos, activando previsiones del Derecho Europeo que parecían “pensadas para no ser aplicadas”: articulación del MEDE por Tratado intergubernamental y art.136 TFUE; votos de rechazo en el PE a Acuerdos internacionales, art.218 TFUE; ejecución del Brexit, art.50 TUE; y expedientes de sanción contra EEMM de la UE por riesgo y/o violación del Rule of Law, art.7 TUE.

También, en tiempo reciente, la Constitución española ha usado, por primera vez, preceptos que no había estrenado jamás con anterioridad: arts. 57.5 CDE (Ley orgánica para aprobar la abdicación del Rey), 99.5 CE (convocatoria mecánica de nuevas elecciones por transcurso de dos meses desde el primer intento de investidura fallida), 155. CE (intervención estatal sobre una Comunidad autónoma).Y un estado de alarma (art.116) que alcanza a algunas libertades que hasta hace poco creíamos reservadas al estado de excepción (LO 4/81). La reflexión sobre la constitucionalidad de las medidas de emergencia (STC 83/2016) es, pues, no solo legítima, sino saludable y necesaria. Preocuparía que no existiese, ni aquí ni entre los socios europeos que se precian de culturas homólogas a la nuestra.

Y, sin embargo, es innegable que en los EEMM se están testando los límites del marco constitucional con decisiones carentes de precedentes, como no tiene parangón la amenaza que enfrentamos. Bajo la invocación del adagio “Salus populi Suprema Lex” asumimos restricciones de libertades preciadísimas, como la de desplazarnos sin requerir permisos (libertad deambulatoria, art.17 CE), sin que ello nos exima de calibrar sus consecuencias mediatas y en el largo plazo. De modo que, si se hace preciso asomarse a la geolocalización y al confinamiento forzoso de personas asintomáticas en centros de internamiento, para la salvaguardia de la salud pública, no podrá hacerse a despecho de su autorización y/o control judicial y de la garantía de la confidencialidad de los datos personales (LO 3/18).

Es cierto que en algún caso (la Hungría de Orbán,'usual suspect', sospechoso habitual de deriva autoritaria e iliberal en la UE) se han impuesto normativas que en la práctica suspenden las libertades de expresión y de prensa, imponen penas carentes de las garantías generales del Derecho punitivo y sancionatorio, prescinden del Parlamento y autorizan indefinidamente el gobierno por decreto, violando así el marco europeo de acotamiento temporal de las medidas de excepción.

La preocupación se acentúa ante las condiciones para las elecciones presidenciales polacas (cuya primera vuelta está prevista el 10 de mayo), con riesgo de ventajismo a favor del ultraconservador partido de Gobierno, PiS. Máxime cuando constatamos que la mayoría del PiS en el Parlamento polaco ha promovido una reforma electoral urgente (imponiendo el voto por correo) en pleno proceso electoral, en una actuación contraria a los estándares prescritos por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa para reconocer un resultado electoral con todas las garantías.

En contraste, los comicios convocados en País Vasco y Galicia, que se encontraban ya en curso, han venido a suspenderse por un decreto autonómico del Presidente respectivo, aun sin cobertura legal (precisaba una reforma de la LOREG). Cierto que era inevitable, vista la gravedad de la emergencia sanitaria. Aunque hubiese sido preferible hacerlo de forma impecable, todos lo hemos aceptado ante la ausencia clamorosa de alternativas practicables (iniciativa del Gobierno y convocatoria de las Cortes para revisar la Ley, incluso por procedimiento de urgencia y en lectura única). Simplemente, se ha hecho.

La doctrina del Derecho conoce como mutación lo que, desde tiempos de Jellinek, describe como variaciones en el modo veníamos entendiendo el sentido de una norma sin tener que reformarla. De modo que, entre los debates a que venimos asistiendo, no es menor el que concierne a cómo las mutaciones del virus están suscitando otras tantas mutaciones en las Constituciones de los EEMM y en el Derecho europeo.

Ante la force majeure, respuestas extraordinarias, sí. Pero prestemos atención a límites y garantías, y a la rigurosa exigencia de un debate razonado sobre sus implicaciones.

Porque la fuerza de la Ley se pone a prueba, sobre todo, ante la tempestad. Mientras dure, y cuando pase, permanezcamos fieles a nuestra Unión en valores. Con dos compromisos anejos: uno, restablecer plenamente la normalidad que añoramos, en cuanto resulte posible (restableciendo Schengen, desescalando restricciones y medidas de emergencia); dos, aprender las lecciones de esta experiencia, tan dura, para reformar las normas en lo que sea necesario conforme a sus procedimientos, de modo que respondamos a las emergencias futuras desde el respeto a las reglas. Sin quebrarlas ni ignorarlas mediante mutaciones que tensionen la vigencia del acervo de la UE, cuya integración reside precisamente en la sujeción al Derecho.

La socialdemocracia es una experiencia histórica. Y esta experiencia es la de un éxito que, en una ironía de la historia mil veces repetida, amenaza con acabar con ella. Arranca de la rebelión contra las injusticias y desigualdades desatadas por la revolución industrial en toda Europa. La tensión entre la vía revolucionaria y la apuesta socialreformista recorre el continente, a lomos de la tragedia de la I Guerra Mundial (1914-1918). Pero solo después de la II Guerra Mundial (1939-1945), aprendiendo de sus durísimas lecciones, tuvo lugar el despliegue de sus mejores potencialidades: el Estado social que confía a servicios públicos (financiados con impuestos progresivos) la realización de derechos prestacionales de titularidad universal: sanidad, educación, protección frente a la enfermedad, al infortunio, la siniestralidad, la mayor edad y el desempleo.

En efecto, sin renunciar al conflicto social ni a las movilizaciones cívicas, el socialismo apuesta por la institucionalidad. La vía socialdemócrata acabaría demostrando cómo el ideal socialista contra las injusticias y las desigualdades no se abre paso tanto de la acumulación de huelgas revolucionarias, barricadas, movimientos e insurgencias, cuanto de la acumulación de avances afianzada por una legislación progresista que asegura y garantiza la dignidad del trabajo, los derechos sociales y la decidida intervención de los poderes públicos sobre la economía y sobre la regulación de los mercados. Y todo ello, descansando en la palanca de la progresividad fiscal: este es el “modelo social” que hizo posible que el llamado “Estado de bienestar” (Estado social, en España) sea financiado con cargo a los presupuestos del Estado para la realización de los derechos fundamentales de titularidad universal, con cargo al deber de contribuir al sostenimiento del gasto público de acuerdo con un principio de capacidad económica por el que contribuyen más los que más tienen, más ganan, más heredan, y no al revés.

La razón de ser de la socialdemocracia es, pues, un liderazgo político entorno a una conciencia basada en la sostenibilidad de un genuino pacto solidario de rentas y generaciones.

Pese a los formidables logros de este movimiento histórico a finales del S. XX, la caída del Muro de Berlín preludió una prolongada hegemonía conservadora. La misma que todavía dura, y que ha sometido a las formaciones socialistas y socialdemócratas al mayor desafío existencial de toda su historia. A partir de ahí, una nueva derecha “desacomplexé” (según Aznar), ha desatado un ajuste de cuentas contra aquel pacto social. Esa misma derecha se ha enseñoreado también de la construcción europea, que tanto sufre por el deterioro de sus equilibrios sociales. Su resultado expresa la consiguiente redefinición de un paisaje político marcado por el repliegue nacional, la extrema derecha y el auge del populismo, que explotan el malestar y la indignación propalando su discurso del odio y del miedo ante la globalización (y su revolución tecnológica, de transporte y de conocimiento). Hemos asistido así a un irrefrenable auge de narrativas simplificadoras frente a la complejidad y enormidad de los problemas que acucian a cuantos se sienten perdedores en sociedades abiertas (y, por tanto, vulnerables).

Rafael Álvarez Gil construye aquí un ensayo que se suma a la polifonía coral que se ocupa de esta crisis en tiempo de trasformación y de “transición”, cambios dramáticos y drásticos, en los que buena parte de los todavía votantes de formaciones socialdemócratas se distancian o reniegan de sus ofertas por falta de inmediación o exactitud en la respuesta, cambiando de domicilio hacia la tentación populista, acusando la impotencia de una “democracia herida”.

El ensayo de Rafael Álvarez Gil es un escrito oportuno, que se suma a una conversación abierta. Su contribución merece lectura y reconocimiento. Porque la aventura de la socialdemocracia no ha terminado. Tiene futuro. Es más: aunque, paradójicamente, muchos resumen el problema en que “la socialdemocracia ha dejado de ser tanto una solución como una alternativa a la hegemonía de la derecha”, sigue siendo cierto que sin socialdemocracia, en toda su escala europea, no se vislumbra salida a los desafíos que acechan a la democracia en Europa.

Es completamente falso que me haya fotografiado ante el "muro" que delinea la frontera entre Cisjordania. Ni menos que lo haya hecho con "soldados genocidas", "culpables de delitos contra la humanidad" o "con las manos manchadas de sangre"

En anteriores ocasiones he visitado los territorios palestinos y sostenido interlocución con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás. He defendido siempre y continuo haciéndolo, su derecho a un Estado palestino, capaz de convivir pacíficamente con Israel

Llevo días recibiendo ataques en las redes sociales relacionados con un viaje parlamentario de dos días y medio de duración a Israel llevado a cabo hace tres semanas.

Trabajando en el espacio público estoy acostumbrado a la crítica y es mi obligación asumirlas y hacer frente a las discrepancias con profundo respeto por todas las opiniones y por los opinantes. No así a los insultos, las injurias y las calumnias, en mensajes notoriamente cargados de incitación al odio, que en nada contribuyen a la comprensión del conflicto israelo-palestino, ni atienden tampoco a la verdad.

Es completamente falso que me haya fotografiado ante el “muro” que delinea la frontera entre Cisjordania (los territorios ocupados) y el Estado de Israel. Ni menos que lo haya hecho con “soldados genocidas”, “culpables de delitos contra la humanidad” o “con las manos manchadas de sangre”. La foto se hizo en carretera, sobre la marcha, transitando en territorio israelí, no sujeto a ninguna disputa. No en territorio ocupado. El muro que aparece en la foto no tiene nada que ver con la demarcación con los territorios ocupado en el West Bank (Cisjordania). Ni los soldados que en ella figuran acompañaban o escoltaban a la delegación: se sumaron a la instantánea de manera casual.

En lo demás, asumir que todos los soldados israelíes son, sin más, “criminales de guerra”, supone ignorar que el servicio militar israelí obliga por ley a todos los hombres y mujeres, entre sus 18 y sus 21 años, como una contribución a la defensa nacional en un país cuya identidad se ha forjado en un sentimiento de amenaza permanente. Y pretender que la sola interlocución con autoridades israelíes convierte a todo el mundo en “complaciente” o “cómplice”, ante un “genocidio” es simplemente inaceptable. Máxime cuando se añade, en el espacio de un tuit, la descalificación como “basura” o como “sinvergüenza” de todo el que estreche una mano en el Estado de Israel. 

En mi trayectoria política he mantenido siempre un compromiso con los derechos fundamentales y la lucha contra toda forma de discriminación. He presidido durante 5 años la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo. Participo activamente en todos los intergrupos (agrupaciones de distintas formaciones políticas) que combaten la discriminación contra los colectivos LGBT, la población roma (etnia gitana), la islamofobia (discriminación contra los musulmanes) y presido, por elección de mis colegas, el grupo contra el antisemitismo.

En esta ocasión el viaje se ceñía al territorio de Israel, incluyendo conversaciones con miembros del gobierno, líderes parlamentarios y magistrados del Tribunal Supremo. En todas las conversaciones me ocupo de subrayar la línea que diferencia la legítima crítica al gobierno israelí y a sus actuaciones concretas respecto de la incitación directa del odio o desprecio a los judíos y la negación del derecho a la existencia de su Estado. Nadie puede ignorar la altísima conciencia defensiva del Estado de Israel contra las amenazas terroristas y la presión proveniente de su entorno de inestabilidad y conflicto.

En anteriores ocasiones he visitado los territorios palestinos y sostenido interlocución con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, y con numerosos ministros de la Autoridad Palestina, he defendido siempre y continuo haciéndolo, su derecho a un Estado palestino, capaz de convivir pacíficamente con Israel y sus vecinos en Oriente Medio, dentro de fronteras seguras y reconocidas. En toda mi interlocución con autoridades israelíes sostengo la prioridad que para el Parlamento Europeo, y la UE en su conjunto, supone la defensa de los derechos humanos de la población palestina y el apoyo a la solución de dos Estados (Two States Solution). Esta posición europea, que es la mía, se contrapone abierta y frontalmente a la política ejercitada por el actual gobierno conservador en el Estado de Israel (cuyo carácter democrático, de acuerdo con sus elecciones y su mayoría en la Knesset, no está sujeto a discusión). En un conflicto que dura 70 años ningún horizonte podrá abrirse sin diálogo y, a través de este, negociación conducente a un Estado palestino en fronteras seguras y reconocidas internacionalmente.

El crecimiento del antisemitismo en toda la UE es un problema real: entre sus concausas, la pujanza de la extrema derecha, con sus viejos demonios y estigmatizaciones que apuntan de nuevo a los judíos como culpables, extraños a la cultura europea; la yihadización de segmentos de las comunidades islámicas (incrementando el riesgo de violencia terrorista, no sólo contra los judíos, pero desde luego contra estos); y el discurso del odio, la incitación al odio, cuando no a la violencia en las redes sociales bajo la cobertura del anonimato. De este último factor hay innumerables evidencias en el contenido de muchos de los mensajes injuriosos e infamantes que, con desprecio a la verdad y sin ánimo de contribuir a ningún debate racional, se han vertido estos días a propósito de esa foto.