Las asociaciones vecinales rechazan el proyecto de María José Catalá del bulevar García Lorca, que renuncia al corredor verde para incorporar tres carriles de tráfico. La Plataforma ciudadana Corredor Verd, que agrupa a doce asociaciones vecinales y a la Federación de Asociaciones Vecinales de València, denuncia que el gobierno municipal haya presentado el proyecto ante los medios de comunicación antes que a los vecinos, sin permitir una participación ciudadana real y comunicando una decisión ya adoptada.

La Plataforma critica que el gobierno local no haya iniciado un proceso participativo como se aprobó en el pleno en mayo de 2025. Apunta que la concejalía de Movilidad ha ido proponiendo y descartando alternativas “hasta llegar a la que les ha parecido correcta a ellos. En todo ese tiempo no se han hecho públicas las conclusiones, nadie ajeno al área ha podido evaluar con medios técnicos los modelos empleados, ni proponer medidas a incorporar en los análisis, ni iterar sobre la planta viaria del Corredor Verde avalado por más de 44.000 firmas”, señalan. Son, “trece meses de decisiones de despacho sobre el mayor proyecto urbano de la década”.

La Plataforma asegura que el edil de Movilidad, Jesús Carbonell, les trasladó que no podrían decidir sobre el proyecto y que la participación se remitirá a valorar las propuestas de la paisajista Kathryn Gustafson. “¿Vas a poder participar? Sí. ¿Vas a poder decidir? No. Porque le corresponde al gobierno”, aseguran que les trasladó.

Los vecinos se oponen a incorporar carriles para el tráfico, aunque el consistorio apunta que uno será para transporte público y que los vehículos privados circularán en sentido salida de la ciudad, desde el centro hasta el sur. El consistorio asegura que el estudio encargado señala que es inviable que el bulevar sea un corredor verde, como quieren los vecinos, porque supondría colapsar otras vías de la ciudad. Sin embargo, la plataforma apunta: “No son los coches de los nuevos residentes: es tráfico de paso que la planta viaria no solo no disuade, sino que canaliza deliberadamente por la zona al no contemplar ninguna medida para evitarlo”.

En un comunicado, la agrupación de entidades exige la publicación inmediata e íntegra del estudio de movilidad, con sus 26 alternativas, modelos e hipótesis de cálculo, para permitir su evaluación técnica independiente; un proceso de participación pública real antes de remitir el proyecto a la paisajista, y que el diseño parta de las bases del concurso de ideas y de su propuesta ganadora, “sin tráfico de paso a través del corredor”.

“La ciudad que enterró una autopista para ganar el Turia no puede perder este parque. València tiene la última gran oportunidad de su generación y este gobierno la está decidiendo a puerta cerrada”, concluye la Plataforma.

Més de 100.000 euros en només set mesos. És la factura provisional del tancament de la fundació d'ocupació de València, l'extinció de la qual va ordenar Vox el passat estiu. El grup d'ultradreta a l'Ajuntament, amb les competències d'Ocupació, va acordar amb el Patronat municipal el tancament de València Activa, mesos després de saber-se que l'UCO investiga contractes en l'etapa de Juan Manuel Badenas, exportaveu de Vox i exregidor d'Ocupació, al capdavant. El tancament definitiu ha arribat aquest dijous, amb l'ultima reunió del Patronat després de mig any de liquidació.

El Patronat, presidit per l'edil d'Ocupació, José Gosàlbez, va habilitar l'advocat Luis Ignacio Sierra Mallol com a liquidador de l'ens, amb capacitat per a gestionar “tots els tràmits necessaris” durant el procés, que no es va delimitar. Sierra Mallol presta serveis jurídics a l'ens des del 2019, quan va ser contractat per la fundació que aleshores dirigia la socialista Pilar Bernabé, i va continuar treballant amb Badenas quan Vox va assumir les competències d'Ocupació.

L'advocat va comparèixer al costat del regidor d'ultradreta en una roda de premsa per a defensar els processos de contractació pels quals el partit va expedientar Badenas i que quasi acaben amb la seua expulsió, dos mesos abans que l'UCO demanara a l'Ajuntament informació sobre la fundació i sobre la investigació en Fiscalia. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civilindaga contractes públics adjudicats a empreses afins al partit d'ultradreta. Mesos després, Vox va decidir tancar-la. La Intervenció General Municipal de València també ha detectat irregularitats en la fundació, que qüestiona una sèrie de contractes menors i les retribucions al marge del personal.

Qui fou l''advocat de la fundació d'ocupació de València, liquidada formalment aquest dijous, ha remés factures durant els últims nou mesos per un import superior als 100.000 euros. Segons expliquen fonts de l'Ajuntament, percep les mateixes retribucions que el gerent. “Per al seu salari s'ha utilitzat, en aplicació del que disposa la Llei de societats de capital, el cost que tenia per a la Fundació la gerència”, assenyalen. L'expert també ha donat compte al Patronat d'altres despeses, com ara el tancament de comptes, les despeses de notaria o les transferències del liquidador, que l'Ajuntament ha de comprovar

En el document del seu nomenament, s'acorda “facultar tan àmpliament en dret com resulte necessari Luis Ignacio Sierra Mallol per al compliment dels tràmits legalment exigits durant el procés d'extinció i liquidació”, el marge temporal del qual no es delimita. L'advocat ha anat remeten les factures, una mica més d'un centenar en aquests set mesos —entre octubre i abril—, al Patronat de la fundació, on estan representades la patronal i les organitzacions sindicals. Segons les fonts consultades, les últimes minutes corresponen a mitjan abril, quan es va presentar la liquidació definitiva de l'ens, encara que s'han remés despeses posteriors referides a altres gestions. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va oficialitzar l'extinció el 8 d'abril, però no ha sigut fins a aquest dijous, amb l'última reunió del Patronat, quan s'ha informat formalment del seu cessament.

Más de 100.000 euros en solo siete meses. Es la factura provisional del cierre de la fundación de empleo de València, cuya extinción ordenó Vox el pasado verano. El grupo de ultraderecha el Ayuntamiento, con las competencias de Empleo, acordó con el Patronato municipal el cierre de València Activa, meses después de saberse que la UCO investiga contratos en la etapa de Juan Manuel Badenas, exportavoz de Vox y exconcejal de Empleo, al frente. El cierre definitivo ha llegado este jueves, con la última reunión del Patronato tras medio año de liquidación.

El Patronato, presidido por el edil de Empleo, José Gosálbez, habilitó a al abogado Luis Ignacio Sierra Mallol como liquidador del ente, con capacidad para gestionar “todos los trámites necesarios” durante el proceso, que no se acotó. Sierra Mallol viene prestando servicios jurídicos al ente desde 2019, cuando fue contratado por la fundación que entonces dirigía la socialista Pilar Bernabé, y siguió trabajando con Badenas cuando Vox asumió las competencias en Empleo.

El abogado compareció junto al concejal de ultraderecha en una rueda de prensa para defender los procesos de contratación por los que el partido expedientó a Badenas y que casi terminan con su expulsión, dos meses antes de que la UCO pidiera al Ayuntamiento información sobre la fundación y de la investigación en Fiscalía. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil indaga en contratos públicos a empresas afines al partido de ultraderecha. Meses después, Vox decidió cerrarla. La Intervención General Municipal de València también ha detectado irregularidades en la fundación, que cuestiona una serie de contratos menores y las retribuciones al margen del personal.

El que fuera abogado de la fundación de empleo de València, liquidada formalmente este jueves, ha remitido facturas durante los últimos nueve meses por un importe que supera los 100.000 euros. Según explican fuentes del Ayuntamiento, percibe las mismas retribuciones que el gerente. “Para su salario se ha utilizado en aplicación de lo dispuesto en la ley de sociedad de capital los costes que tenía para la Fundación la gerencia”, señalan. El experto también ha dado cuenta al Patronato de otros gastos como cierre de cuentas, gastos de notaría o transferencias del liquidador, que el Ayuntamiento ha de comprobar.

En el documento de su nombramiento, se acuerda “facultar tan ampliamente en derecho como resulte necesario a Don Luis Ignacio Serra Mallol para el cumplimiento de los trámites legalmente exigidos durante el proceso de extinción y liquidación”, cuyo margen temporal no se acota. El abogado ha ido enviando las facturas, algo más de medio centenar en estos siete meses -entre octubre y abril-, al Patronato de la fundación, donde están representados patronal y sindicatos. Según las fuentes consultadas, las últimas minutas corresponden a mediados de abril, cuando se presentó la liquidación definitiva del ente, aunque se han remitido gastos posteriores referentes a otras gestiones. El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana oficializó la extinción el 8 de abril, pero no ha sido hasta este jueves, con la última reunión del Patronato, cuando se ha dado cuenta formalmente de su cese.

La alcaldesa de València, María José Catalá, desvela su proyecto para el Bulevar García Lorca, una de las obras de mayor calado de la ciudad en los próximos años y que mayor atención genera para los vecinos. Sobre las vías que serán soterradas se situará un corredor con arbolada, tres carriles para el tráfico de salida de la ciudad y un carril bici bidireccional. El resto, casi un 80% del espacio según el consistorio, serán zonas de arbolada y peatonales.

El Bulevar, pensado inicialmente como un gran corredor verde, tendrá dirección única en sentido sur para el tráfico a motor, mientras que San Vicente tendrá dirección única en sentido norte con idéntica configuración. Esta cuestión, la del paso de vehículos, viene generando malestar entre los vecinos, que claman por un espacio únicamente peatonal y con vegetación para mitigar el impacto del tráfico, el ruido y las emisiones contaminantes. Tras las críticas, el proyecto de los populares visibiliza las zonas verdes en lo que el consistorio denomina una 'solución binaria'. “La solución propuesta reduce el tráfico un 41% en San Vicente, un 36% en Carrera de Malilla y un 10% en Ausias March, respecto a la alternativa del Corredor Verde”, afirma el consistorio.

Catalá ha presentado este jueves el proyecto junto al concejal de Movilidad, Jesús Carbonell. Allí ha asegurado que un estudio técnico de movilidad ha analizado las posibles alternativas para el futuro paseo García Lorca: “La propuesta elegida será un verdadero paseo verde ya que destina el 88% a espacios verdes, peatonales y ciclistas y solo un 12% a uso viario incluyendo el carril bus”, ha manifestado la alcaldesa, tras afirmar que “el mismo estudio concluye que ejecutar un Corredor Verde colapsaría la Calle San Vicente y la carrera de Malilla, supondría que 3.500 vehículos necesitarían más de una hora para cruzar la calle San Vicente”.

La propuesta definitiva contempla la conexión transversal en 3 calles para coser los barrios a ambos lados de García Lorca, en concreto a través de las calles Joaquín Navarro, Almudaina y Pianista Empar Iturbi; configurar la calle San Vicente en un único sentido en dirección norte desde el Bulevar sur con dos carriles para vehículo privado, un carril para transporte público y el recientemente construido carril bici bidireccional y demoler el puente existente en el Bulevar Sur que actualmente salva las vías ferroviarias para evitar el efecto barrera entre los barrios y conseguir una mejor integración urbana.

Guerra abierta entre el Ayuntamiento de València y la protectora de animales Modepran por la gestión de los refugios de València. La Guardia Civil confirma que fue el concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, quien requirió a los agentes del Seprona para facilitar información sobre la asociación, que pierde este viernes la gestión del refugio de la ciudad. Fuentes del instituto armado apuntan que la unidad recibió “una solicitud” del edil del PP para trasladar información sobre una empresa con la que mantiene un contrato o convenio el Ayuntamiento.

Agentes del Uprona, una unidad del Seprona, se personaron el miércoles en el consistorio para reunirse con el edil. Entonces se trasladó que se investiga a raíz de un requerimiento si se habría producido tráfico ilegal de animales, mientras la protectora y decenas de activistas critican que una empresa vaya a hacerse cargo de los animales abandonados en la ciudad. Fuentes del Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, trasladaron que se trataba de un encuentro de colaboración.

El concejal negó el miércoles a preguntas de elDiario.es haber presentado una denuncia, él o el propio Ayuntamiento. “Taxativamente no”, señaló a esta redacción. Trasladó que el consistorio aportó la información solicitada por el instituto armado en el marco de una investigación, en una reunión agendada previamente. El edil de Bienestar Animal insiste en que él no ha denunciado nada y en la línea de colaboración con el instituto armado. Fuentes del Ayuntamiento trasladan que es una investigación que lleva tiempo en marcha y se habían mantenido más reuniones. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, apuntó que los agentes se habían personado por una denuncia. La Guardia Civil apunta que no se ha formalizado una denuncia, pero que con esa información determinará si abre diligencias de oficio para una investigación.

A partir de este viernes, una unión de varias empresas dedicadas al control de plagas y especies invasoras se hará cargo de los dos centro municipales que albergan animales, el de especies exóticas y el de animales domésticos. Una de ellas ha recibido varias denuncias por el trato a los animales en otros refugios, una cuestión que ha incendiado a la ciudadanía. En los últimos días se han sucedido fuertes reproches al consistorio, que ha adjudicado la gestión en un concurso público.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha explicado que este miércoles se produjo una reunión entre la Guardia Civil y el concejal de Bienestar Animal “en el marco de una colaboración” que el Ayuntamiento lleva “desarrollando desde hace mucho tiempo”, pues “la Guardia Civil lleva años analizando la gestión de Modepran”.

Catalá ha confirmado que lo que se produjo este miércoles fue una reunión “a instancias” del concejal pero, ha dicho, “en el marco de una colaboración que llevamos desarrollando con la Guardia Civil” que está “años” analizando la gestión de la protectora.

“Éramos conocedores de ese contexto”, ha dicho Catalá, quien no obstante, ha instado a la Guardia Civil y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que habló ayer de “denuncia”, a que expliquen quién la ha puesto ya que la primera edil rechaza hablar de “investigación” sino que se refiere a “análisis de la gestión de un modelo” sobre el que llevan “años” trabajando con el instituto armado.

Preguntada sobre esta denuncia, Catalá ha afirmado que es la delegada y la Guardia Civil “la que tiene que dar explicaciones, ya que fue ella quien habló de esa denuncia”.

Compromís convoca la asamblea que ratificará a Mónica Oltra como candidata a la alcaldía de València el próximo 4 de julio. La coalición organizará un espacio de encuentro en el que la candidata explicará su proyecto político a la ciudadanía y al que se ha invitado a otras fuerzas de izquierdas, en el marco de una alianza electoral más amplia para ganar a la derecha la ciudad.

Según explica la coalición, a la cita se invitará a otras fuerzas políticas y organizaciones sociales “para que participen de una asamblea abierta que servirá como pistoletazo de salida para impulsar una candidatura de Compromís abierta e ilusionante que permita devolver la dignidad y el buen gobierno que la ciudadanía de València merece”.

La Ejecutiva municipal de la coalición acordó el pasado 3 de junio convocar el proceso pactado con la candidata para formalizar su elección. Oltra fue aupada por Iniciativa, su partido, en el último congreso celebrado a finales de abril. Semanas después, y en vista de la parálisis en la coalición por desencuentros sobre la fórmula electoral, el exalcalde Joan Ribó urgió a acelerar el proceso. Todos quieren tener los deberes listos antes del verano para ponerse a trabajar en una candidatura que puede hacerles recuperar la vara de mando.

Los vecinos de Les Tendetes se oponen a la construcción de la continuación del Parque Gulliver de València, una versión 'mini' destinada a los infantes de la ciudad, que el Ayuntamiento proyecta en el antiguo Cauce del Túria. La Unión Vecinal de Les Tendetes, el barrio que alberga este tramo del río, critican la falta de diálogo del consistorio sobre este proyecto y se muestran muy escépticos con la propuesta: supone “cercenar la única zona verde de libre esparcimiento del barrio”.

La alcaldesa de València anunció el lunes una nueva atracción en el antiguo cauce del Túria, entre el Pont de les Arts y el Pont de los Glòries Valencianes, con una figura de 8 metros de altura y 2.300 metros de superficie, frente a los 60.000 del parque original. Será una escultura vertical construida por el IVO y cedida a la ciudad, en el marco del convenio por la ampliación del centro oncológico.

La agrupación vecinal ha emitido un comunicado en el que cuestionan que la obra implique “volcar cemento y fibra de vidrio, arrasando parte de la arboleda existente, con la excusa de un nuevo parque infantil”. El arbolado de esta zona, señalan, “amortigua la polución de una zona densa y altamente transitada por tráfico rodado, refresca el ambiente, conecta paisajísticamente el Barri y el viejo cauce con el Botànic, y permite con sus zonas de sombra que cientos de habitantes se recreen en sus conversaciones, paseos, ejercicios físicos y reuniones de amigos y familiares”.

Tendetes es uno de los barrios más populares de la ciudad, con una renta media que se encuentra entre los tramos bajos. La unión vecinal se muestra muy crítica con la gestión de María José Catalá, y apunta que las instalaciones infantiles del barrio se han “degradado”: están “sucias, mal mantenidas, llenas de hojarasca caída, con el firme en mal estado, sin avituallamiento en sus cercanías y con riesgo de accidentes para sus transeúntes”.

El presidente de la entidad, Juan Martínez-Tercero, pide conocer más información de la propuesta y lanzaba una reflexión: “La buena gobernanza de las cosas se caracteriza por escuchar y consensuar las aportaciones de todas las partes concernidas en la planificación y usos del territorio. De momento no ha sido así. En el tramo del Jardí del Túria a su paso por Les Tendetes, no sobra ni un árbol, ni un matorral ni un seto. Lo que sobra es el afán por añadir cemento a un Barrio que merece oxígeno, espacios públicos decentes, y un respeto a sus necesidades cotidianas. Queremos ser escuchados”.

La gestión del centro de adopción de animales de València se ha convertido en un gran e inesperado incendio político. Unas pesquisas de la Guardia Civil por supuesto tráfico ilegal de animales unido al cambio de gestión de la protectora Modepran a una unión de empresas de control de plagas han desatado el malestar en la ciudad, con cruces de acusaciones ante el cambio inminente en el refugio público.

A partir de este viernes, una unión de varias empresas dedicadas al control de plagas y especies invasoras se hará cargo de los dos centro municipales que albergan animales, el de especies exóticas y el de animales domésticos. El primero, en el barrio de Natzaret, era de gestión municipal directa desde su origen; el segundo, sito en Benimàmet, llevaba 15 años a cargo de la protectora de animales Modepran. El cambio, fruto de un concurso público para adaptarse a la legislación en vigor, ha desatado una oleada de críticas contra el Gobierno de PP y Vox que encabeza María José Catalá, más aún a sabiendas de que una de las empresas ha sido objeto de investigaciones por el trato a los animales.

La personación de los agentes del Seprona en el Ayuntamiento de València ha terminado de agitar el avispero. Este miércoles, a tres días del cambio de gestor, un equipo del servicio de medio ambiente y protección animal entraba en el consistorio para reunirse con el responsable de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero. Los agentes acudían a pedir información sobre una investigación abierta de la que ni el Cuerpo ni el consistorio han querido facilitar detalles. Fuentes del instituto armado solo han confirmado que los agentes se han reunido “para recabar información sobre un asunto”.

Según ha podido saber elDiario.es, los agentes han ido a requerimiento tras una llamada telefónica, cuyo origen aún se desconoce, lo que podría desembocar en una denuncia formal por un posible caso de tráfico ilegal de animales que señalaría a la protectora. El concejal del ramo, Juan Carlos Caballero, niega a preguntas de elDiario.es que el consistorio haya presentado denuncia contra la protectora.

Desde Modepran afirman no tener conocimiento alguno de las pesquisas, ni haber recibido requerimientos ni peticiones de información al tiempo que aseguran estar muy tranqullos porque “no hay nada que ocultar” y afirman que el cambio de gestión previsto para este viernes se hará “con calma y normalidad”.

Fuentes del consistorio apuntan que se han producido más reuniones con el Seprona durante este mandato y enmarcan la cita de este miércoles en una serie de encuentros de colaboración. Ni hay investigación al Ayuntamiento, ni se han llevado documentación, ni ha habido registros, señalan. Solo han acudido a pedir información, señalan estas fuentes. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, únicamente informó este miércoles de que los agentes acudieron por una denuncia.

Un contrato de cinco millones atragantado

El cambio en la gestión de los refugios se debe a un concurso público, un proceso que lleva años atragantado. Hasta la fecha, el refugio de perros y gatos de Benimàmet se ha ido gestionando mediante un convenio caducado hace años, un modelo al que los servicios jurídicos han puesto reparos. Desde entonces, el consistorio abona mensualmente las facturas de los gastos a la protectora, unos 52.000 euros mensuales, que ha seguido prestando el servicio de recogida y atención con un extenso equipo de voluntarios.

El gobierno de Compromís y el PSPV trató de sacar a concurso el refugio, pero la convocatoria quedó desierta. Con el cambio de color en el consistorio, PP y Vox volvieron a iniciar el trámite, y esta vez se presentaron dos ofertas: la UTE Athisa Medioambiente-Adda Ops y la misma Modepran. Por el camino, en 2023, se aprobó la ley de Bienestar Animal, que ha obligado a modificar los términos y adaptarlos.

La UTE Athisa Medioambiente (de Andalucía) y Adda Ops (Castellón) fue elegida como adjudicataria en un concurso público. Obtuvo la mejor puntuación frente a la protectora Modepran, la única opción alternativa en este proceso. Athisa, dedicada al control de plagas, tiene un servicio de recogida y proteccion de los animales vagabundos y abandonados y gestiona otros ocho refugios en España. Adda Ops es una constructora que también presta servicios de control de fauna, centrada en palomas, jabalís y especies invasoras. La nueva adjudicataria es una alianza de dos empresas dedicadas al control de plagas y especies invasoras, que también gestionan otros refugios en España. La protectora les acusa de tener procesos abiertos por maltrato animal. La Guardia Civil abrió un expediente a Athisa por la gestión del refugio en la Bahía de Cádiz a instancias de una denuncia vecinal.

El contrato abarca el “servicio de gestión integral de recogida, acogida, atención veterinaria y mantenimiento de los animales en los centros municipales de animales abandonados en el municipio de València, con la finalidad de ejercer las competencias municipales atribuidas por las Leyes 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales y Ley 2/2023, de 13 de marzo, de Protección, Bienestar y Tenencia de animales de compañia y otras medidas de bienestar animal”.

Pese a los 15 años de experiencia, la protectora no logró la mejor puntuación. Su punto fuerte es el conocimiento del refugio de Benimàmet, centrado en perros y gatos, pero los informes consideran que no se describe adecuadamente el proyecto para el centro de Natzaret (dedicado a las especies exóticas) y que, en general, su redacción es “confusa” respecto a medidas de seguridad. En la valoración técnica, Modepran obtuvo 16,65 puntos y la UTE 25.

La protectora ha tratado de paralizar por todos los medios administrativos el contrato. Primero recurrieron al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que lo suspendió cautelarmente pero finalmente autorizó seguir con el proceso. Tras esta decisión, Modepran ha acudido al juzgado de lo contencioso para tratar de revertir la contratación, y apunta a irregularidades en el proceso, según denuncian fuentes cercanas a la protectora.

La protectora y decenas de activistas en redes sociales han iniciado una fuerte campaña contra la adjudicación de la gestión del refugio, convocando incluso una protesta ciudadana para este viernes. Desde el consistorio insisten en que se va a cumplir estrictamente la ley de Bienestar Animal, que el refugio seguirá teniendo supervisión pública, a cargo de los técnicos municipales, y que habrá programas de voluntariado con los animales que se irán implementando junto a la nueva gestión. Por lo pronto, en vísperas del cambio, parece haberse desatado una guerra entre el Ayuntamiento, la protectora y la nueva adjudicataria.

El gobierno valenciano elimina las referencias a las políticas LGTBI en los presupuestos del área de Diversidad. El Ejecutivo que preside Juanfran Pérez Llorca, profundamente dependiente de Vox para seguir al mando, omite las menciones al colectivo en los detalles de los programas presupuestarios, que describen las ayudas y subvenciones a entidades sociales. Si bien el importe en ayudas apenas varía, la denominación de sus propósitos queda totalmente gris.

El partido ultra ya advirtió en las Corts Valencianes de sus condiciones para aprobar las cuentas que sostienen al PP. Es el primer examen de Pérez Llorca al frente del Ejecutivo tras lograr superar la investidura, convenciendo a Vox de darle su apoyo al dimitir Carlos Mazón. En la primera sesión que abordó la presentación de los presupuestos, la comparecencia de la vicepresidenta Susana Camarero, Vox apuntó que no toleraría rastros de “ideología progre” en las cuentas públicas.

La comparativa de los presupuestos de 2025 y el proyecto de 2026 evidencia los cambios en la dirección general de Diversidad, que gestiona Stephane Soriano en el departamento que depende de la vicepresidencia primera. En 2025 existía una línea de subvenciones cuyo objetivo era “Dar apoyo a programas y actuaciones dirigidas a conseguir la igualdad de las personas LGTBQ+ en todos los ámbitos, especialmente en aquellos que se consideran prioritarios en la Estrategia Valenciana per a la Igualtat LGTBIQ+”, que en el proyecto de 2026 pasa a cubrir el apoyo “a programas y actuaciones dirigidas a conseguir la igualdad efectiva de todas las personas”.

Otra línea que se renombra es la S0334, Servicios especializados en el ámbito LGTBI+, dotada con 1,6 millones de euros, que incluía el servicio Orienta y el Espai de la Memòria LGTBIQ+ se convierte en “servicios especializados en igualdad” y pasa a contar con 715.000 euros. En estas cuentas, la línea abarca los “servicios especializados para ofrecer el servicio de atención, asesoramiento y apoyo a personas que requieran acompañamiento especializado en materia de igualdad”, una fórmula mucho más genérica. El recorte en esta línea de subvenciones pone en riesgo los servicios, cuyas entidades gestoras llevan meses denunciando su desaparición. De hecho, el proyecto de l'Armari agoniza desde que el pasado año la Generalitat anunciara que asumiría la gestión directa. El director general ya ha tenido varios encontronazos con las principales entidades que defienden los derechos LGTBI+, a propósito del Orgullo y de la gestión de fondos públicos.

Sin embargo, en el detalle de los objetivos de la dirección general sí figura la “Programación y ejecución de acciones que tengan por objeto promover la igualdad del colectivo LGTBIQ+”, tanto como objetivo como problemática a afrontar. Todas las transferencias de la dirección general de Diversidad, que superan los 14 millones, se realizarán por el régimen de concurrencia competitiva.

Estas cuentas incorporan la Oficina Valenciana de Inclusión, anunciada por Camarero hace meses, y que la ultraderecha también ha puesto en el punto de mira. Para este recurso, un servicio de atención a migrantes, se han presupuestado 915.000 euros en régimen de concurrencia competitiva, destinados a entidades sin ánimo de lucro. El partido ultra presentó en las Corts una proposición no de ley de tramitación urgente en la que afirma que “contar con iniciativas que fomenten y faciliten el efecto llamada no es algo prioritario para los valencianos”. Hay también previstos 350.000 euros en programas de diversidad de las universidades valencianas.

En su comparecencia, la vicepresidenta primera y titular de Igualdad subrayó “el compromiso de este Consell con las políticas de igualdad, la lucha contra la violencia sobre la mujer y la diversidad, con un presupuesto total de 86 millones de euros, que permite ampliar recursos y derechos”. Pero ni el discurso ni las cifras convencen a la oposición. “El gobierno del PP y de Pérez Llorca ha borrado a las personas LGTBI del presupuesto. Para ellos no existimos”, considera el diputado de Compromís Francesc Roig, que cree que “Pérez Llorca solo tiene un objetivo que es mantenerse como candidato a las próximas elecciones y le da igual lo que tenga que hacer para conseguirlo. Es un paso más después del recorte de las leyes LGTBI que vimos en los últimos presupuestos”.

El parlamentario hace un llamamiento a una marcha del Orgullo reivindicativa: “Podrá borrarnos del presupuesto, podrá borrarnos de las políticas públicas, pero no nos podrá borrar de las calles ni de la sociedad valenciana. Por eso el próximo día 20 llenaremos las calles de Valencia de orgullo reivindicativo ante este nuevo ataque a la igualdad, y en 2027 llenaremos las urnas para acabar con este gobierno homófobo”, señala en declaraciones a elDiario.es.

El govern valencià elimina les referències a les polítiques LGTBI en els pressupostos de l'àrea de Diversitat. L'Executiu que presideix Juanfran Pérez Llorca, profundament dependent de Vox per a continuar al capdavant del Consell, omet les mencions al col·lectiu en els detalls dels programes pressupostaris, que descriuen les ajudes i subvencions a entitats socials. Tot i que l'import de les ajudes a penes varia, la definició dels seus objectius queda completament diluïda.

El partit ultra ja va advertir a les Corts Valencianes de les seues condicions per a aprovar els comptes que sostenen el PP. És el primer examen de Pérez Llorca al capdavant de l'Executiu després d'aconseguir superar la investidura, convencent Vox perquè li donara suport després de la dimissió de Carlos Mazón. En la primera sessió en què es va abordar la presentació dels pressupostos, durant la compareixença de la vicepresidenta Susana Camarero, Vox ja va apuntar que no toleraria rastres d'“ideologia progre” en els comptes públics.

La comparativa entre els pressupostos de 2025 i el projecte de 2026 evidencia els canvis en la Direcció General de Diversitat, que gestiona Stephane Soriano en el departament dependent de la Vicepresidència Primera. El 2025 existia una línia de subvencions amb l'objectiu de “donar suport a programes i actuacions dirigides a aconseguir la igualtat de les persones LGTBIQ+ en tots els àmbits, especialment en aquells que es consideren prioritaris en l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat LGTBIQ+”, mentre que en el projecte de 2026 passa a donar suport a “programes i actuacions dirigides a aconseguir la igualtat efectiva de totes les persones”.

Una altra línia que canvia de denominació és la S0334, Serveis especialitzats en l'àmbit LGTBI+, dotada amb 1,6 milions d'euros, que incloïa el servei Orienta i l'Espai de la Memòria LGTBIQ+, i que passa a denominar-se “serveis especialitzats en igualtat”, amb una dotació de 715.000 euros. En aquests comptes, la línia inclou els “serveis especialitzats per a oferir el servei d'atenció, assessorament i suport a persones que requerisquen acompanyament especialitzat en matèria d'igualtat”, una fórmula molt més genèrica.

La retallada en aquesta línia de subvencions posa en risc tots dos serveis, les entitats gestores dels quals fa mesos que denuncien la seua desaparició. El director general ja ha protagonitzat diversos enfrontaments amb les principals entitats que defensen els drets LGTBI+, arran de l'Orgull i de la gestió dels fons públics.

No obstant això, en el detall dels objectius de la Direcció General sí que figura la “programació i execució d'accions que tinguen per objecte promoure la igualtat del col·lectiu LGTBIQ+”, tant com a objectiu com a problemàtica a afrontar. Totes les transferències de la Direcció General de Diversitat, que superen els 14 milions d'euros, es realitzaran mitjançant el règim de concurrència competitiva.

Aquests comptes incorporen l'Oficina Valenciana d'Inclusió, anunciada per Camarero fa mesos i que l'ultra dreta també ha posat en el punt de mira. Per a aquest recurs, un servei d'atenció a migrants, s'han pressupostat 915.000 euros en règim de concurrència competitiva, destinats a entitats sense ànim de lucre. El partit ultra va presentar a les Corts una proposició no de llei de tramitació urgent en què afirmava que “comptar amb iniciatives que fomenten i faciliten l'efecte crida no és una prioritat per als valencians”. També hi ha previstos 350.000 euros per a programes de diversitat de les universitats valencianes.

En la seua compareixença, la vicepresidenta primera i consellera d'Igualtat va subratllar “el compromís d'aquest Consell amb les polítiques d'igualtat, la lluita contra la violència contra les dones i la diversitat, amb un pressupost total de 86 milions d'euros, que permet ampliar recursos i drets”. Però ni el discurs ni les xifres convencen l'oposició.

“El govern del PP i de Pérez Llorca ha esborrat les persones LGTBI dels pressupostos. Per a ells no existim”, considera el diputat de Compromís Francesc Roig, que creu que “Pérez Llorca només té un objectiu, que és mantindre's com a candidat a les pròximes eleccions i li és igual el que haja de fer per aconseguir-ho. És un pas més després de la retallada de les lleis LGTBI que ja vam veure en els últims pressupostos”.

El parlamentari fa una crida a una marxa de l'Orgull reivindicativa: “Podrà esborrar-nos dels pressupostos, podrà esborrar-nos de les polítiques públiques, però no ens podrà esborrar dels carrers ni de la societat valenciana. Per això el pròxim dia 20 omplirem els carrers de València d'orgull reivindicatiu davant aquest nou atac a la igualtat, i el 2027 omplirem les urnes per a acabar amb aquest govern homòfob”, assenyala en declaracions a elDiario.es.

La gestió del centre d'adopció d'animals de València s'ha convertit en una gran i inesperada polèmica política. Unes pesquises de la Guàrdia Civil per un suposat tràfic il·legal d'animals, unides al canvi de gestió de la protectora Modepran a una unió d'empreses de control de plagues, han desencadenat el malestar a la ciutat, amb encreuaments d'acusacions davant el canvi imminent al refugi públic.

A partir d'aquest divendres, una unió de diverses empreses dedicades al control de plagues i espècies invasores es farà càrrec dels dos centres municipals que alberguen animals, el d'espècies exòtiques i el d'animals domèstics. El primer, al barri de Natzaret, era de gestió municipal directa des del seu origen; el segon, situat a Benimàmet, portava 15 anys a càrrec de la protectora d'animals Modepran. El canvi, fruit d'un concurs públic per adaptar-se a la legislació vigent, ha desencadenat una onada de crítiques contra el govern del PP i Vox que encapçala María José Catalá, encara més tenint en compte que una de les empreses ha sigut objecte d'investigacions pel tracte als animals.

La personació dels agents del Seprona a l'Ajuntament de València ha acabat d'obrir la caixa dels trons. Aquest dimecres, a tres dies del canvi de gestor, un equip del servei de medi ambient i protecció animal entrava al consistori per reunir-se amb el responsable de Benestar Animal, Juan Carlos Caballero. Els agents acudien a demanar informació sobre una investigació oberta de la qual ni el Cos ni el consistori han volgut facilitar detalls. Fonts de l'institut armat només han confirmat que els agents s'han reunit “per recaptar informació sobre un assumpte”.

Segons ha pogut saber elDiario.es, els agents han actuat arran d'una telefonada, l'origen de la qual encara es desconeix, fet que podria desembocar en una denúncia formal per un possible cas de tràfic il·legal d'animals que assenyalaria la protectora. El regidor del ram, Juan Carlos Caballero, nega a preguntes d'elDiario.es que el consistori haja presentat cap denúncia contra la protectora.

Des de Modepran afirmen no tindre coneixement de cap investigació, ni haver rebut requeriments ni peticions d'informació, alhora que asseguren estar molt tranquils perquè “no hi ha res a ocultar” i afirmen que el canvi de gestió previst per a aquest divendres es farà “amb calma i normalitat”.

Fonts del consistori apunten que s'han produït més reunions amb el Seprona durant aquest mandat i emmarquen la cita d'aquest dimecres en una sèrie de trobades de col·laboració. Ni hi ha cap investigació a l'Ajuntament, ni s'han endut documentació, ni hi ha hagut registres, assenyalen. Només han acudit a demanar informació, indiquen aquestes fonts. La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, únicament va informar aquest dimecres que els agents van acudir arran d'una denúncia.

Un contracte de cinc milions encallat

El canvi en la gestió dels refugis es deu a un concurs públic, un procés que fa anys que està encallat. Fins ara, el refugi de gossos i gats de Benimàmet s'ha gestionat mitjançant un conveni caducat fa anys, un model al qual els serveis jurídics han posat objeccions. Des de llavors, el consistori abona mensualment les factures de les despeses a la protectora, uns 52.000 euros mensuals, que ha continuat prestant el servei de recollida i atenció amb un ampli equip de voluntaris.

El govern de Compromís i el PSPV va intentar traure a concurs el refugi, però la convocatòria va quedar deserta. Amb el canvi de color polític al consistori, PP i Vox van tornar a iniciar el tràmit i, aquesta vegada, es van presentar dues ofertes: la UTE Athisa Medi Ambient-Adda Ops i la mateixa Modepran. Pel camí, l'any 2023, es va aprovar la Llei de Benestar Animal, que ha obligat a modificar-ne els termes i adaptar-los.

La UTE Athisa Medi Ambient (Andalusia) i Adda Ops (Castelló) va resultar adjudicatària en un concurs públic. Va obtindre la millor puntuació davant de la protectora Modepran, l'única opció alternativa en aquest procés. Athisa, dedicada al control de plagues, disposa d'un servei de recollida i protecció dels animals abandonats i extraviats i gestiona altres huit refugis a Espanya. Adda Ops és una constructora que també presta serveis de control de fauna, centrada en coloms, senglars i espècies invasores.

La nova adjudicatària és una aliança de dues empreses dedicades al control de plagues i espècies invasores, que també gestionen altres refugis a Espanya. La protectora les acusa de tindre processos oberts per maltractament animal. La Guàrdia Civil va obrir un expedient a Athisa per la gestió del refugi de la Badia de Cadis arran d'una denúncia veïnal.

El contracte abasta el “servei de gestió integral de recollida, acollida, atenció veterinària i manteniment dels animals als centres municipals d'animals abandonats del municipi de València, amb la finalitat d'exercir les competències municipals atribuïdes per la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, i la Llei 2/2023, de 13 de març, de protecció, benestar i tinença d'animals de companyia i altres mesures de benestar animal”.

Tot i els seus 15 anys d'experiència, la protectora no va obtindre la millor puntuació. El seu punt fort és el coneixement del refugi de Benimàmet, centrat en gossos i gats, però els informes consideren que no descriu adequadament el projecte per al centre de Natzaret (dedicat a les espècies exòtiques) i que, en general, la seua redacció és “confusa” pel que fa a les mesures de seguretat. En la valoració tècnica, Modepran va obtindre 16,65 punts i la UTE, 25.

La protectora ha intentat paralitzar per totes les vies administratives el contracte. Primer va recórrer al Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals, que el va suspendre cautelarment però finalment va autoritzar continuar amb el procés. Després d'aquesta decisió, Modepran ha acudit al jutjat contenciós administratiu per intentar revertir l'adjudicació i apunta a irregularitats en el procés, segons denuncien fonts pròximes a la protectora.

La protectora i desenes d'activistes a les xarxes socials han iniciat una intensa campanya contra l'adjudicació de la gestió del refugi, convocant fins i tot una protesta ciutadana per a aquest divendres. Des del consistori insistixen que es complirà estrictament la Llei de Benestar Animal, que el refugi continuarà tenint supervisió pública, a càrrec dels tècnics municipals, i que hi haurà programes de voluntariat amb els animals que s'aniran implantant juntament amb la nova gestió. De moment, en vigílies del canvi, sembla que s'ha desencadenat una guerra entre l'Ajuntament, la protectora i la nova adjudicatària.

Agentes del Servicio de Protección de Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se han personado este miércoles por la mañana en el Ayuntamiento de València “para recabar información sobre un asunto”, según ha confirmado a elDiario.es el instituto armado, que no ha detallado a qué se refiere el caso.

Según ha podido saber esta redacción, los agentes se habrían dirigido a las dependencias de la Concejalía de Bienestar Animal que gestiona el portavoz del grupo popular, Juan Carlos Caballero, en una reunión que al parecer tenían agendada y que por el momento no se ha requisado documentación. Las mismas fuentes aseguran que la investigación no es contra el Ayuntamiento.

Aunque por el momento no han trascendido más detalles, todo apunta a que el asunto podría estar relacionado con la protectora Modeprán. Al parecer, el Seprona también se habría dirigido a otros ayuntamientos con los que habría colaborado la protectora.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha comentado que el Seprona “a instancias de una denuncia ha entrado al Ayuntamiento a pedir información sobre unas cuestiones que tienen que ver con una empresa que gestiona para el propio Ayuntamiento”.

Fuentes de Modeprán han asegurado a este periódico que no tienen constancia de ninguna denuncia contra la entidad, que están muy tranqullos porque “no hay nada que ocultar” y que el cambio de gestión previsto para este viernes se hará “con calma y normalidad”.

Como ha informado este periódico, el refugio de animales de València pasará a estar gestionado por una alianza de empresas dedicada al control de plagas. Este viernes se hará efectivo el cambio en la gestión de los dos refugios municipales, que hasta la fecha habían ido de la mano de la protectora Modeprán, encargada en los últimos 15 años.

Variedad: Valencia. Origen: Sudáfrica. La entrada de cítricos extracomunitarios, fruto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Sudáfrica, es una de las mayores amenazas al campo valenciano. El Acuerdo de Asociación Económica UE-SADC, vigente desde 2016, ha disparado las importaciones de cítricos sudafricanos en casi una década, con un aumento de un 83% en total. Lo hace además a principio de temporada, presionando los precios de la naranja valenciana a la baja y lastrando la campaña año tras año.

Es en este contexto en el que el eurodiputado de Compromís Vicent Marzà realizó una visita a Sudáfrica la pasada semana. Marzà es miembro de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) y acudió como representante para “fiscalizar” el cumplimiento de los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y su socio, un país cada vez más potente a nivel comercial, pero también profundamente desigual. Marzà señala que la alarma por del sistema de detección de plagas para los cítricos que proceden de Sudáfrica ha saltado en 640 ocasiones, pese a los escasos controles realizados. El eurodiputado lo enfoca como un problema de salud pública, pero también de derechos de los trabajadores: según ha podido constatar, se emplean pesticidas que en la Unión Europea están prohibidos por ser cancerígenos y “se vulneran los derechos humanos de las trabajadoras”. El eurodiputado mantuvo un encuentro con representantes de las trabajadoras citrícolas, en el marco de una serie de reuniones con ministros y responsables de las comisiones de comercio.

Marzà se desplazó a Ciudad del Cabo con las reivindicaciones de La Unió de Llauradors i Ramaders, que han trabajado con el eurodiputado antes del viaje. Entregó una serie de puntos en las reuniones con la delegación de la UE y con los responsables sudafricanos, como el tratamiento en frío obligatorio de los cítricos para eliminar plagas como la Thaumatotibia leucotreta o la Phyllosticta citricarpa. Entre 2016 y 2025 se han registrado 640 interceptaciones fitosanitarias en la frontera europea. No es un riesgo residual, es un problema estructural, señalan los valencianistas.

De igual modo, afirma Marzà, los controles fitosanitarios en frontera deben reforzarse, especialmente durante los picos de importación. La reciprocidad de condiciones es una línea roja, subrayan. La tercera demanda es que no se solapen las temporadas; el calendario arancelario preferencial del acuerdo coincide exactamente con el inicio de la campaña mediterránea, y el eurodiputado pide revisar ese mecanismo para que la entrada masiva de cítricos sudafricanos no destruya los precios en el momento más crítico del año para el campo valenciano. Sudáfrica, recuerdan desde el entorno del eurodiputado, ha denunciado tres veces a la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio por restricciones fitosanitarias a sus exportaciones de cítricos. Es una cuestión que genera mucha tensión, apuntan.“Precisamente porque hay una relación estratégica nueva en construcción, es el momento de resolver esto bien”, señala Marzà, que subraya: “No podemos construir una asociación justa para Sudáfrica que al mismo tiempo sea injusta para los agricultores valencianos”.

El representante valencianista hace referencia al Clean Trade and Investment Partnership (CTIP), un nuevo instrumento de la Comisión Europea centrado en la transición energética, las materias primas críticas y el desarrollo industrial, que vendrá acompañado de un paquete de 4.700 millones de euros. “El CTIP debe ayudar al desarrollo industrial de Sudáfrica y a la transición verde y social. No puede ser un mecanismo que reactive el modelo colonial de extraer y exportar. Tiene que fijar empleo de calidad en origen”, explica Marzà, que sitúa al país africano, socio preferente, como algo que “nos da una posición de partida, pero no nos regala nada. Ellos quieren que el CTIP sirva para que el valor añadido se quede en su país, no solo para que se lleven materias primas en bruto”.

El eurodiputado se reunió con el viceministro de Comercio, Industria y Competencia, Zuko Godlimpi y con el jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos de la Presidencia, Rudi Dicks uno de los arquitectos de la Operation Vulindlela, el gran paquete de reformas estructurales del gobierno de unidad nacional. También se vio con los presidentes de las comisiones parlamentarias de Comercio, Energía y Recursos Minerales, que le trasladaron el mismo mensaje: el acuerdo ha de ser una palanca de desarrollo industrial.

La delegación también se reunió con sindicatos, activistas de justicia ambiental y ONG sudafricanas en Johannesburgo, con un discurso que, según trasladan los valencianistas, se aleja bastante del optimismo de las cumbres. El eurodiputado quiere trasladar dos ideas a las negociaciones del CTIP: la mejora en las infraestructuras de transporte público -la población trabajadora de Sudáfrica gasta un 60% de su sueldo en desplazarse hasta su lugar de trabajo- y el acceso al agua potable: “No podemos llegar aquí solo a hablar de nuestros intereses en minerales o en cítricos. Tenemos que preguntarnos qué tipo de desarrollo queremos apoyar y para quién”, señala.

Los refugios de animales de València pasarán a estar gestionados por una alianza de empresas dedicada al control de plagas. Este viernes se hará efectivo el cambio en la gestión de los dos refugios municipales, que hasta la fecha habían ido de la mano de la protectora Modepran, encargada en los últimos 15 años.

El Ayuntamiento sacó la licitación a concurso de los centros de Benimàmet y Natzaret tras más de una década de concesión, y la vencedora fue la UTE Athisa Medioambiente-Adda Ops, que estará a cargo hasta 2029. Athisa, dedicada al control de plagas, tiene un servicio de recogida y proteccion de los animales vagabundos y abandonados y gestiona otros ocho refugios en España. Adda Ops es una constructora que también presta servicios de control de fauna, centrada en palomas, jabalís y especies invasoras. La UTE recibirá cinco millones de euros para hacerse cargo de los animales bajo protección, unos 400 en el refugio de Benimàmet, entre perros y gatos en el centro y en casas de acogida.

El Ayuntamiento de València dispone de dos centros de acogida de animales de titularidad pública: el centro de Benimàmet, para perros y gatos, y el de Nazaret, para los animales exóticos. Mientras que el segundo centro ha sido de gestión directa desde su puesta en funcionamiento, el centro de Benimàmet ha contado con la colaboración de una protectora de animales.

La protectora Modepran se quedó a unas décimas en la puntuación y recurrió el contrato al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que finalmente autorizó seguir con el proceso. Tras esta decisión, Modepran ha acudido al juzgado de lo contencioso para tratar de revertir la contratación, y apunta a irregularidades en el proceso, según denuncian fuentes cercanas a la protectora, que apuntan que una de las empresas que se hará cargo tiene denuncias por maltrato animal en otros refugios de España.

El cambio de una asociación sin ánimo de lucro a una empresa tendrá gran impacto. De entrada, los voluntarios que acudían a la protectora no saben si el viernes podrán volver a ver a los animales a los que cuidaban. La protectora tiene una red de más de 200 personas que se turnan para pasear a los canes, una estructura “mínima” para permitir que hagan actividades y socialicen de forma controlada una o dos veces por semana. A diario hay entre 10 y 30 personas para pasear a los animales, cifra que se incrementa los fines de semana y se reduce en los días laborables. Ello supone que hay perros que no salen en tres días, explica un voluntario a elDiario.es, que teme que con la nueva gestión esta opción desaparezca.

Al margen está la cuestión laboral. La empresa que asume el servicio deberá decidir si subroga o no a los trabajadores del refugio, que a día de hoy no tienen confirmado que vayan a seguir trabajando. En las redes sociales, los vecinos de la ciudad han estallado contra la decisión del Ayuntamiento y llenan los posts del consistorio de comentarios contra la privatización del servicio. Con todo, a partir de este viernes la UTE comenzará a operar.

La coalición Compromís pide al Ayuntamiento que frene la decisión. “Dejar en manos de empresas que se dedican profesionalmente al control de plagas la gestión de los centros de acogida de los animales abandonados de la ciudad es una burla al buen gobierno y a la garantía de una mínima sensibilidad en un ámbito sensible como es este”, apunta la concejala Gloria Tello, ex responsable de Bienestar Animal, que urge “a evitar esta situación usando todos los instrumentos legales y técnicos que existen”.

El Ayuntamiento defiende que los refugios seguirán estando bajo supervisión de los técnicos municipales y afirma que se realizará un “estricto” cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal. El consistorio asegura además que se van a incrementar los recursos y recuerda que se ha aumentado el presupuesto para las instalaciones y las zonas de esparcimiento de los animales.

El contrato, afirma el consistorio, ofrece por primera vez un servicio de atención veterinaria las 24 horas y una unidad de hospitalización. Tambiŕn se incrementan los programas de voluntariado, señalan en un comunicado.

La ciutat de València tindrà un segon parc Gulliver a l'antic llit del Túria, una versió 'mini' del projecte infantil construït als anys noranta. L'alcaldessa de València, María José Catalá, va anunciar este dilluns el projecte El Lilliput de Gulliver com una “continuació” del gran parc situat al costat del Pont del Regne i una “fita” dins del Jardí del Túria, ubicat en esta ocasió entre el Pont de les Arts i el Pont de les Glòries Valencianes.

Certament, l'obra serà una versió lil·liputenca de l'emblemàtic parc. El projecte presentat tindrà 8,3 metres d'altura, una superfície total que supera els 6.000 metres quadrats i uns 2.300 metres quadrats de superfície jugable, amb aforament per a 250 persones. Es planteja com un parc de jocs vertical, apunta el consistori. El gegant construït fa més de 30 anys té 9 metres d'altura, 70 de llarg —la figura de Gulliver jeu en horitzontal— i una superfície que supera els 60.000 metres quadrats.

El parc va ser un projecte conjunt entre l'Ajuntament de València, governat aleshores pel PSPV de Clementina Ródenas, i la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme que encapçalava Andrés García Reche, també socialista, en una idea que va sorgir arran d'una visita al taller de l'artista faller Manolo Martín. Va ser una aposta per destinar un tram de l'antic llit al joc dels menors, amb l'oposició del PP i d'Unió Valenciana. Van arribar a afirmar que el material podria ser combustible i nociu per als menors. En este parc, ja emblemàtic a la ciutat, van participar l'historietista Sento Llobell i l'arquitecte municipal Rafa Rivera.

L'obra anirà a càrrec de l'Institut Valencià d'Oncologia, que costejarà els treballs i cedirà la infraestructura a la ciutat, fruit del conveni d'ampliació del centre hospitalari. La peça central del conjunt és una escultura de 8,3 metres d'altura, de fibra de vidre d'alta densitat, que representa Gulliver assegut i que es pot recórrer tant per l'exterior com per l'interior, assenyala el consistori. A diferència del Gulliver original, que està tombat, esta figura està dreta i “actua simultàniament com a escultura, infraestructura de joc i fita paisatgística”. Res a veure amb el Gulliver original.

Segons ha explicat l'alcaldessa en la presentació, els xiquets i les xiquetes podran escalar per la seua estructura, travessar túnels interiors, recórrer diferents nivells, creuar passarel·les elevades i gaudir de múltiples tobogans integrats en la mateixa figura. “Serà —ha explicat María José Catalá— una experiència de joc vertical, immersiva i tridimensional. I al voltant d'esta gran figura es desenvoluparà un conjunt d'espais inspirats en els viatges de Gulliver, amb llibres gegants, arquitectures fantàstiques, torres, muralles i altres elements que convertiran tot el parc en una gran aventura temàtica i completa”. Una proposta que, segons la imatge gràfica, tampoc respecta l'estètica del Gulliver original, malgrat que pretén ser-ne la continuació.

El termini previst per a la redacció del projecte és d'un mes, i l'execució de les obres es calcula en sis mesos més. L'equip tècnic, integrat per experts urbanistes, paisatgistes i enginyers agrònoms i civils, ha comptat amb la participació de Miguel Santaeulàlia en l'àmbit artístic.

L'Ajuntament de València pagarà any i set mesos després els serveis extraordinaris de la Policia Local durant la dana i les jornades posteriors a l'emergència. La Junta de Govern Local va aprovar divendres passat una despesa de 42.900 euros en concepte de “gratificacions per serveis extraordinaris” a desenes d'agents i comandaments que van participar en els operatius, malgrat que la capital no va enviar agents als municipis veïns fins quatre dies després de les inundacions.

El consistori abonarà 34.600 euros als agents, més 8.300 en cotitzacions a la Seguretat Social, per hores extres des del 29 d'octubre, dia de la dana, fins al 15 de novembre de 2024. Per cada operatiu de nou hores, el comissari principal cap i els comissaris principals percebran 548,39 euros; els comissaris, 506,03 euros; els intendents, 456,65 euros; els inspectors, 436,26 euros; els oficials, 396,46 euros i els agents percebran 373 euros per operatiu extraordinari. Segons l'acord de l'Ajuntament, cada hora de treball es remunera amb entre 41 i 60 euros, en funció del rang.

En la relació de serveis extraordinaris amb motiu de la dana només consten 70 uniformats —bona part d'ells comandaments— prestant servei el 29 d'octubre. El comissari principal cap, José Vicente Herrera, va realitzar serveis extraordinaris ininterromputs durant els 15 dies, alguns amb torn doble, segons figura en el càlcul. No consta cap altre comissari principal amb serveis extraordinaris el dia de la dana —sí un el dia 30, el responsable de la USAP— i només un comissari en aquella mateixa jornada del 29 d'octubre, així com un intendent i set inspectors. La resta, fins als 68 uniformats, són oficials i agents.

En l'informe del Servei de Policia Local que justifica l'import, elaborat al maig de 2025 i incorporat a l'acord, es recull que “en el període de temps comprès entre els dies 29 d'octubre i 15 de novembre de 2024, ambdós inclosos, tots i cadascun dels serveis extraordinaris amb motiu de la DANA deriven d'actuacions inajornables en situació d'emergència, que tenen per objecte el funcionament dels serveis públics essencials i imprescindibles per a garantir la vida i la seguretat de les persones, sent desenvolupats amb coneixement del CECOPAL constituït i consten en la base de dades del Servei de Policia Local”. El mateix informe assenyala que el protocol horari “no fa distinció entre els serveis extraordinaris diürns, nocturns o festius”, sinó únicament en funció de la categoria professional. Posteriorment es va demanar ampliar el període de serveis extraordinaris fins al 21 de gener de 2025.

Els agents només es veuran recompensats econòmicament i no amb hores lliures. Segons consta en el document, un mes abans el servei de Personal va apuntar que “no s'estima convenient la compensació horària” al personal de l'Ajuntament pels serveis extraordinaris, “donada la situació de necessitat que els genera (...) ja que causaria un greu detriment quant a la prestació dels serveis que dites unitats tenen encomanats”.

L'actuació de la Policia Local de València durant la dana va ser criticada internament per agents, comandaments i sindicats. L'Ajuntament no va enviar agents als municipis afectats de l'Horta Sud fins al 2 de novembre, després de quatre dies centrant els esforços en la pedania de la Torre, dins del terme municipal de la capital.

Entre les pedanies valencianes de la Torre, Castellar i Forn d'Alcedo es van trobar 17 víctimes mortals. Durant els quatre primers dies, molts agents van acudir a l'Horta Sud com a voluntaris, organitzats pel seu compte i doblant torns, i van traslladar el seu malestar a les seccions sindicals. També ho van fer els que es van quedar treballant a la ciutat, que van criticar una actuació descoordinada i un avís tardà. Posteriorment, des de la Prefectura es va explicar que era necessari organitzar el trànsit perquè no col·lapsaren les vies de la ciutat, amb la meitat sud de l'àrea metropolitana devastada.

L'empresa que gestiona el Festival de Les Arts de València, cancel·lat este dissabte abans d'arrancar la segona jornada, va vendre milers d'entrades sabent que l'esdeveniment podia ser suspés si se superaven els límits de soroll establits en la normativa municipal. Una sentència dictada el març passat i una clàusula del contracte amb la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA), recinte on el festival s'ha celebrat durant una dècada, advertien de la possibilitat de cancel·lar l'esdeveniment si es presentava una denúncia per superar els decibels permesos per la normativa. En concret, la clàusula establia que, si en la primera jornada del festival es certificava un excés de decibels, la segona quedaria suspesa.

Les medicions realitzades per la Policia Local de València divendres, durant la primera jornada, van acreditar que se superaven “en excés” els llindars permesos en moments puntuals. Si la norma estableix un màxim de 80 decibels —el llindar sonor tolerable—, els agents que van efectuar les medicions van detectar registres de 88, 91 i 96 decibels en tres escenaris. També ho va certificar la unitat de la Policia Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana.

L'informe policial remés a la direcció de la Ciutat de les Arts i les Ciències, que va provocar la suspensió, conclou que “no s'han respectat les limitacions dels equips limitadors-registradors previstes en la documentació acústica”. I això malgrat les queixes massives del públic durant la primera jornada per problemes de so, que van obligar diversos artistes a disculpar-se i que també van acabar assenyalant l'Ajuntament de València, governat per PP i Vox, per les limitacions imposades. El consistori no autoritza esdeveniments a la Ciutat de les Arts i les Ciències, però la sentència del març passat l'obliga a adoptar mesures que garantisquen el descans del veïnat i li recorda que ha de fer complir les ordenances municipals sobre soroll.

La mateixa organització explica en el seu comunicat que un mes abans la promotora va traslladar dos festivals a un altre emplaçament, l'Estadi Ciutat de València, després de conéixer la sentència sobre els esdeveniments al recinte. L'organització va carregar contra el consistori, al qual acusa de falta de diàleg, i també va atribuir la denúncia a “uns pocs veïns” —46, concretament—, publicant fins i tot la seua adreça exacta en xarxes socials, per anunciar que no hi hauria una segona jornada. “Eixa voluntat de trobar solucions queda demostrada amb el trasllat d'altres esdeveniments de la nostra promotora, com Love The 90's i I Love Reggaeton, a l'Estadi Ciutat de València. No obstant això, ens produeix una enorme tristesa i frustració comprovar que, durant tot este procés, no hem tingut l'oportunitat de mantindre una reunió amb l'Alcaldia de l'Ajuntament de València ni amb responsables municipals per estudiar conjuntament possibles alternatives que permeteren garantir el futur del festival a la ciutat”, assenyala el comunicat.

La mercantil House of Music Festivals, filial de The Music Republic i participada pel fons KKR, va subscriure un contracte amb la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA), empresa pública de la Generalitat Valenciana, en el qual s'incloïa una clàusula que permet suspendre el certamen si se superen els límits acústics permesos. En concret, segons ha informat CACSA a elDiario.es, la mencionada clàusula advertia que, si en la primera jornada es constatava la superació dels límits establerts en l'ordenança municipal, la segona quedaria suspesa.

El contracte deia textualment: “En cas que durant la celebració de l'esdeveniment l'autoritat competent alce acta, formule denúncia, dicte requeriment o adopte qualsevol mesura de control per presumpte incompliment de la normativa vigent en matèria de soroll, contaminació acústica o protecció de la salut pública, així com quan existisca una resolució administrativa o judicial, ferma o executiva, que determine la superació dels nivells sonors autoritzats, l'existència de riscos per a la salut pública o qualsevol altre incompliment de les condicions acústiques exigibles a l'esdeveniment, CACSA podrà, a la seua exclusiva discreció i, si escau, cancel·lar la segona jornada de l'esdeveniment”, diu la clàusula, segons informa El Confidencial.

Dos elements de pes a l'hora d'organitzar un festival d'estes característiques, que aplega més de 20.000 persones.

Per què va decidir l'organització tirar endavant l'esdeveniment? Segons assenyala a aquest diari, perquè en les proves prèvies i durant el festival “es comptava amb complir la normativa”. De fet, expliquen fonts de l'organització, en les medicions realitzades divendres durant el festival, a les façanes confrontants, “es van obtenir exactament els mateixos resultats que els dies anteriors a la celebració de l'esdeveniment”. Aquestes fonts insisteixen que els nivells registrats a les façanes eren els permesos, encara que l'informe de la Policia Local remés a l'Ajuntament recull valors superiors en alguns moments.

En l'escrit del festival no s'esmenta la clàusula subscrita amb CACSA, sinó que s'atribueix a l'empresa pública i a l'Ajuntament la decisió. Efectivament, l'Ajuntament, en el marc de les seues competències i en compliment del que disposa la sentència judicial, va remetre un requeriment a CACSA el passat 6 de juny en què se li advertia que s'havia certificat que en la primera jornada no s'havien complit els límits legals de decibels, per la qual cosa s'ordenava que procedira a suspendre el festival.

L'organització assenyala que ha treballat amb la Generalitat per mantindre el festival “tot trobant un equilibri” entre la festa i el descans veïnal, i que, paral·lelament, ha tractat de buscar una altra ubicació, a més d'incorporar solucions acústiques per respectar la normativa. Arran de la suspensió, l'esdeveniment habilitarà un canal per retornar el 50% dels abonaments i els imports sobrants de les polseres amb què es paguen les consumicions. Segons les mateixes fonts, es retornarà la meitat de l'import, ja que s'ha celebrat el 50% de l'esdeveniment i el procediment habitual és retornar la part proporcional no gaudida quan aquest se suspén per causa major.

“Els promotors coneixien les regles del joc”

Aquest dilluns, el regidor d'Urbanisme i Llicències de València, Juan Giner, manifestava que el que ha fet el consistori és complir la normativa. La sentència del març passat obliga l'Ajuntament a garantir-ne el compliment i el descans del veïnat, fins i tot revocant autoritzacions si és necessari. “Els promotors coneixen perfectament el contingut de l'ordenança i les regles del joc”, ha apuntat Giner, que ha considerat que els “veritables perjudicats” han sigut els assistents.

La sentència possibilita revocar autoritzacions

El març passat, el jutjat contenciós administratiu número 8 va condemnar l'Ajuntament de València a indemnitzar 46 veïns per danys morals derivats del soroll dels festivals a la Ciutat de les Arts i les Ciències i de la discoteca situada al seu terrat. El magistrat titular va considerar acreditat que els nivells de soroll registrats als domicilis dels veïns van superar “àmpliament els màxims permesos per la normativa” en concerts i festes durant els anys 2022 i 2023. També va determinar que l'Ajuntament ha d'“adoptar les mesures necessàries, inclosa la revocació d'autoritzacions o la reubicació d'esdeveniments o activitats, per impossibilitar definitivament la vulneració dels drets fonamentals dels demandants”.

El Ayuntamiento de València pagará año y medio después los servicios extraordinarios de la Policía Local durante la dana y las jornadas posteriores a la emergencia. La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado viernes un gasto de 42.900 euros en concepto de “gratificaciones por servicios extraordinarios” a decenas de agentes y mandos que participaron en los operativos, pese a que la capital no envió agentes a los municipios colindantes hasta cuatro días después de las inundaciones.

El consistorio abonará 34.600 euros a los agentes, más 8.300 en cotizaciones a la Seguridad Social, por horas extra desde el 29 de octubre, día de la dana, hasta el 15 de noviembre de 2024. Por un operativo de 9 horas, el comisario principal jefe y los comisarios principales percibirán 548,39 euros; los comisarios, 506,03 euros; los intendentes, 456,65 euros ; los inspectores, 436,26 euros; los oficiales, 396,46 euros y los agentes percibirán 373 euros por operativo extraordinario. Según el acuerdo del Ayuntamiento, cada hora de trabajo sale a entre 60 y 41 euros, en función del rango.

En la relación de turnos extraordinarios con motivo de la dana solo aparecen 70 uniformados -buena parte de ellos mandos- prestando el servicio el 29 de octubre. El comisario principal jefe, José Vicente Herrera, realizó servicios extraordinarios ininterrumpidos los 15 días, algunos con turno doble, según figura en el cálculo. No consta ningún otro comisario principal con servicios extraordinarios el día de la dana -sí uno el día 30, el responsable de la USAP- y solo un comisario en la misma jornada del 29 de octubre, así como un intendente y siete inspectores. El resto, hasta los 68 uniformados, son oficiales y agentes. Gran parte de los agentes no se incorporó hasta días después.

En el informe del Servicio de Policía Local que justifica el montante, elaborado en mayo de 2025 e incorporado al acuerdo, se recoge que “en el periodo de tiempo comprendido entre los días 29 de octubre y 15 de noviembre de 2024 ambos inclusive, todos y cada uno de los servicios extraordinarios con ocasión de la DANA, derivan de actuaciones inaplazables en situación de emergencia, que tienen por objeto el funcionamiento de los servicios públicos esenciales e imprescindibles para garantizar la vida y la seguridad de las personas, siendo desarrollados con conocimiento del CECOPAL constituido y constando en la base de datos del Servicio de Policía Local”. El mismo informe señala que el protocolo horario “no hace distinción entre los servicios extraordinarios diurnos, nocturnos o festivos”, solo en función de la categoría profesional. Posteriormente se pidió ampliar el periodo de servicios extraordinarios hasta el 21 de enero de 2025.

Los agentes solo se verán recompensados económicamente y no con horas libres. Según consta en el documento, un mes antes, el servicio de Personal apuntó que “no se estima conveniente la compensación horaria” al personal del Ayuntamiento por los servicios extraordinarios, “dada la situación de necesidad que los genera (...) ya que causaría un grave detrimento en cuanto a la prestación de los servicios que dichas Unidades tienen encomendados”.

La actuación de la Policía Local de València durante la dana fue criticada internamente por agentes, mandos y sindicatos. El Ayuntamiento no envió agentes a los municipios colindantes hasta el 2 de noviembre, tras cuatro días en la pedanía de La Torre, dentro del término municipal de la capital.

Entre las pedanías valencianas de La Torre, Castellar y Forn D'Alcedo se encontraron 17 víctimas mortales. Durante los cuatro primeros días muchos agentes acudieron a l'Horta Sud como voluntarios, organizados por su cuenta y doblando turnos, y trasladaron el malestar a las secciones sindicales. También los que se quedaron trabajando en la ciudad, que criticaron una acción descoordinada y un aviso tardío. Posteriormente, desde Jefatura se explicó que era necesario organizar el tráfico para que no colapsaran las vías de la ciudad, con la mitad sur del área metropolitana devastada.

La ciudad de València tendrá un segundo parque Gulliver en el antiguo Cauce del Túria, una versión 'mini' del proyecto infantil levantado en los años noventa. La alcaldesa de València, María José Catalá, anunció este lunes el proyecto El Lilliput de Gulliver como una “continuación” del gran parque junto al Puente del Reino y un “hito” dentro del Jardín del Túria, ubicado en esta ocasión entre el Pont de les Arts y el Pont de los Glòries Valencianes.

Ciertamente, la obra será una version lilliputiense del emblemático parque. El trabajo presentado tendrá 8,3 metros de alto, una superfície total que supera los 6.000 metros cuadrados y unos 2.300 metros cuadrados de superfície jugable, con aforo para 250 personas. Busca ser un parque de juegos vertical, apunta el consistorio. El gigante construido hace más de 30 años tiene 9 metros de altura, 70 de largo —la figura de Gulliver descansa en horizontal— y una superfície que supera los 60.000 metros cuadrados.

El parque fue un proyecto conjunto entre el Ayuntamiento de València, gobernado entonces por el PSPV de Clementina Ródenas, y la Generalitat Valenciana, a través Conselleria de Industria, Comercio y Turismo que encabezaba Andrés García Reche, también con los socialistas, en una idea que emanó de la visita al taller del artista fallero Manolo Martín. Fue una apuesta por enforcar un tramo del antiguo cauce para el juego de los menores, con la oposición del PP y de Unió Valenciana. Llegaron a afirmar que el material podría ser combustible y dañino para los menores. En este parque, ya emblemático en la ciudad, participaron el historietista Sento Llobell, el arquitecto municipal Rafa Rivera

La obra correrá a cargo del Instituto Valenciano de Oncología, que costeará los trabajos y cederá la infraestructura a la ciudad, fruto del convenio de ampliación del centro hospitalario. La pieza central del conjunto es una escultura de 8,3 metros de altura, de fibra de vidrio de alta densidad, que representa a Gulliver sentado, y que se puede recorrer tanto por el exterior como por el interior, señala el consistorio. A diferencia del Gulliver original, que está tumbado, esta figura está erguida y “actúa simultáneamente como escultura, infraestructura de juego e hito paisajístico”. Nada que ver con el Gulliver

Según ha explicado la alcaldesa en la presentación, los niños y niñas podrán escalar por su estructura, atravesar túneles interiores, recorrer distintos niveles, cruzar pasarelas elevadas y disfrutar de múltiples toboganes integrados en la propia figura. “Será –ha explicado María José Catalá– una experiencia de juego vertical, inmersiva y tridimensional. Y alrededor de esta gran figura se desarrollará un conjunto de espacios inspirados en los viajes de Gulliver, con libros gigantes, arquitecturas fantásticas, torres, murallas y otros elementos que convertirán todo el parque en una gran aventura temática y completa”. Una propuesta que, según la imagen gráfica, tampoco respeta la estética del Gulliver original, pese a que pretende ser su continuación.

El plazo previsto para la redacción del proyecto es de un mes, y la ejecución de las obras se calcula en otros seis meses. El equipo técnico, integrado por expertos urbanistas, paisajismo, ingenieros agrónomos y civiles, ha contado con la participación en el plano artístico de Miguel Santaeulalia. 

La empresa que gestiona el Festival de Les Arts de València, cancelado este sábado antes de arrancar su segunda jornada, vendió miles de entradas sabiendo que el evento podría ser suspendido si se superaban los límites de ruido establecido en la normativa municipal. Una sentencia emitida el pasado marzo y una cláusula en el contrato con la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), recinto en el que se lleva celebrando una década el festival, advertían de la posibilidad de cancelar el evento si se recibía una denuncia por superar los decibelios permitidos en la normativa. En concreto, la mencionada cláusula establecía que si en la primera jornada del evento se certificaba el exceso de decibelios, la segunda quedaría suspendida.

Las mediciones realizadas por la Policía Local de València el viernes, durante la primera jornada, acreditaron que se superaba “en exceso” los umbrales permitidos en momentos puntuales. Si la norma establece un máximo de 80 decibelios —el umbral de sonido tolerable—, los agentes que realizaron las mediciones detectaron 88, 91 y 96 en tres escenarios. También lo certificó la unidad de Policía Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana.

El informe policial remitido a la dirección de la Ciudad de las Artes, que provocó la suspensión, concluye que “no se han respetado la limitación de los equipos limitadores-registradores previstos en la documentación acústica”. Y eso pese a las quejas masivas del público durante la primera jornada por el sonido, que obligaron a varios artistas a disculparse y terminaron por señalar también al Ayuntamiento de València que gobiernan PP y Vox por las limitaciones. El consistorio no autoriza eventos en la Ciudad de las Artes (CACSA), pero la sentencia del pasado marzo le obliga a adoptar medidas que garanticen el descanso de los vecinos y le recuerda que debe hacer cumplir las ordenanzas municipales sobre ruidos.

La propia organización explica en su comunicado que un mes antes la promotora trasladó dos festivales a otro emplazamiento, el estadio del Levante UD, tras conocer la sentencia sobre los eventos en el recinto. La organización cargó contra el consistorio, al que acusan de falta de diálogo, y también atribuyó la denuncia a “unos pocos vecinos” —son 46, concretamente—, publicando su dirección exacta en redes sociales, para anunciar que no habría una segunda jornada. “Esa voluntad de encontrar soluciones queda demostrada por el traslado de otros eventos de nuestra promotora, como Love The 90’s e I Love Reggaeton, al Estadi Ciutat de València. Sin embargo, nos produce una enorme tristeza y frustración comprobar que, durante todo este proceso, no hemos tenido la oportunidad de mantener una reunión con la Alcaldía del Ayuntamiento de València, ni con responsables del Ayuntamiento para estudiar conjuntamente posibles alternativas que permitieran garantizar el futuro del festival en la ciudad”, señaló el festival en un comunicado.

La mercantil House of Music Festivals, filial de The Music Republic, participada por el fondo KKR, suscribió un contrato con la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), empresa pública de la Generalitat Valenciana, en la que se incluía una cláusula que permite suspender el certamen si se supera la acústica permitida. En concreto, según ha informado CACSA a elDiario.es, la mencionada cláusula advertía de que si en la primera jornada se constataba la superación de los límites establecidos en la ordenanza municipal, la segunda quedaría suspendida.

El contrato decía textualmente, según informa El Confidencial: “En caso de que durante la celebración del evento la autoridad competente levante acta, formule denuncia, dicte requerimiento o adopte cualquier medida de control por presunto incumplimiento de la normativa vigente en materia de ruido, contaminación acústica o protección de la salud pública, así como cuando exista resolución administrativa o judicial, firme o ejecutiva, que determine la superación de los niveles sonoros autorizados, la existencia de riesgos para la salud pública o cualquier otro incumplimiento de las condiciones acústicas exigibles al evento, CACSA podrá a su sola discreción y en su caso a cancelar la segunda jornada del evento”. Dos cuestiones de peso a la hora de abordar una organización de tal calibre como un festival que reúne a más de 20.000 personas.

¿Por qué decidió la organización seguir adelante con el evento? Según señala a este diario, porque en las pruebas previas y durante el festival “se contaba con cumplir la normativa”. De hecho, explican fuentes de la organización, en las mediciones que se realizaron el viernes durante el festival, ·en las fachadas colindantes, se obtuvieron exactamente los mismos resultados que los días anteriores a la celebración del evento“. Estas fuentes insisten que en fachada los niveles eran los permitidos, aunque el informe de Policía Local remitido al Ayuntamiento recoge momentos superiores.

En el escrito del festival no se menciona la cláusula suscrita con CACSA, sino que se atribuye a la empresa pública y al Ayuntamiento la decisión. Efectivamente, el Ayuntamiento, en el marco de sus competencias y en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia judicial, remitió un requerimiento a CACSA el pasado 6 de junio por el que se le advirtió de que se había certificado que en la primera jornada no se habían cumplido los límites legales de decibelios, por lo que se ordenaba que procediera a la suspensión del festival.

La organización señala que ha trabajado con la Generalitat para mantener el festival “encontrando un equilibrio” entre la fiesta y el descanso vecinal, y que, en paralelo, ha tratado de buscar otra ubicación, además de incorporar soluciones de sonido para respetar la normativa“. En vista de la suspensión, el evento abrirá un canal para devolver el 50% de los abonos y los sobrantes de las pulseras con las que se pagan las consumiciones. Según las mismas fuentes, se devolverá la mitad del importe, puesto que se ha celebrado el 50% del evento y el procedimiento habitual es el de devolver la parte proporcional no disfrutada del mismo cuando se suspende por causa mayor.

“Los promotores conocían las reglas del juego”

Este lunes, el concejal de Urbanismo y Licencias de València, Juan Giner, manifestaba que lo que ha hecho el consistorio es cumplir con la normativa. La sentencia del pasado marzo obliga al Ayuntamiento a garantizar su cumplimiento y el descanso de los vecinos, llegando a revocar autorizaciones si es necesario. “Los promotores conocen perfectamente el contenido de la ordenanza y las reglas del juego”, ha apuntado Giner, que ha considerado que los “verdaderos perjudicados” han sido los asistentes.

La sentencia posibilita revocar autorizaciones

El pasado marzo, el juzgado número 8 de lo contencioso condenó al Ayuntamiento de València a indemnizar a 46 vecinos por daños morales derivados del ruido de los festivales en la Ciudad de las Artes y la discoteca de su azotea. El magistrado titular consideró acreditado que los niveles de ruido registrados en los domicilios de los vecinos superaron “ampliamente los máximos permitidos por la normativa” en conciertos y fiestas durante los años 2022 y 2023. También falló que el Ayuntamiento debe “adoptar las medidas necesarias, inclusive revocación de autorizaciones o reubicación de eventos o actividades, para imposibilitar definitivamente la violación de los derechos fundamentales de los demandantes”.