Prop de 36.000 persones en només dues jornades i milers d'assistents als diferents concerts de la seua gira de comiat. La Fúmiga, un dels grups valencians amb més èxit de les últimes dècades, es va acomiadar aquest dissabte al Roig Arena demostrant la capacitat de convocatòria de la música reivindicativa en valencià. Un panorama que contrasta amb el veto a la música en valencià de les institucions governades per PP i Vox, que han desterrat per complet la llengua pròpia dels escenaris que reben diners públics.

La banda d'Alzira fa anys que ompli recintes i festivals a Espanya. Van arreplegar el testimoni de l'escena valenciana homenatjant La Gossa Sorda, Txarango, Aspencat i Obrint Pas, primer com a xaranga local i després amb nom propi, portant la música en valencià i el discurs de reivindicació de la llengua per tot arreu.

Malgrat el gran èxit entre el públic, el grup ha quedat apartat de la programació cultural on governen PP i Vox, que han carregat contra la banda en diverses ocasions. Tal vegada la raó és la mateixa: unir la música popular amb un discurs en defensa d'una llengua en amenaça constant. Muixerangues, pasdobles com Amparito Roca o les albaes de Pep Gimeno 'El Botifarra', símbols de la cultura valenciana, van completar el mosaic de l'últim adeu del grup.

El 2021, l'Ajuntament de València, aleshores governat per Compromís, va contractar el grup per als Concerts de Vivers, les Nits de Vivers el 2023 i la preselecció de les falleres majors el 2022. El PP va portar aquest últim contracte a l'Agència Antifrau amb l'argument que s'havia contractat “a dit” una empresa i per la diferència entre el que es va pagar pel concert —14.520 euros— i el que va cobrar el grup —prop de 6.000—. Fa tot just dues setmanes, l'Ajuntament de València, ara amb el PP, va contractar el grup de pop cristià Hakuna per al tancament de l'any jubilar: la contractació del concert ronda els 40.000 euros —entre la part tècnica i l'artística— i la fundació que gestiona el grup percep 14.900, com ja va informar elDiario.es.

Des de 2023, amb el PP a l'alcaldia i Vox a la Regidoria de Festes, els grups en valencià han quedat totalment apartats de la programació. La mateixa banda ha denunciat que pràcticament estan vetats als municipis on governa la ultradreta i que no han rebut suport del Govern autonòmic ni formen part de cap circuit cultural sota la gestió de PP i Vox. En els seus últims concerts gratuïts en municipis, agrupacions locals del PP han denunciat que el grup “ataca” el partit i “adoctrina”, com va dir el representant del PP de Mislata, i fins i tot un diputat de Vox va afirmar en una tertúlia de ràdio que la banda “no és nostra” pel contingut de les seues lletres o la seua posada en escena, posant de manifest la seua percepció de la cultura i la identitat. Malgrat aquest desterrament, el grup va reunir en el seu últim adeu, en un recinte privat, més de 36.000 persones que, malgrat la incomoditat de Vox, continuen cridant País Valencià.

Cerca de 36.000 personas en solo dos jornadas y miles de asistentes a los distintos conciertos de su gira de despedida. La Fúmiga, uno de los grupos valencianos con más éxito de las últimas décadas, se despidió este sábado en el Roig Arena demostrando la capacidad de convocatoria de la música reivindicativa en valenciano. Un panorama que contrasta con el veto a la música en valenciano de las instituciones que gobiernan PP y Vox, que han desterrado por completo la lengua propia de los escenarios que reciben dinero público.

La banda de Alzira lleva años llenando recintos y festivales en España. Recogieron el testigo de la escena valenciana homenajeando a La Gossa Sorda, Txarango, Aspencat y Obrint Pas, primero como charanga local y después con nombre propio, llevando la música en valenciano y el discurso de reivindicación de la lengua por todos los rincones.

Pese al gran éxito entre el público, el grupo ha sido apartado de la programación cultural donde gobierna PP y Vox, que ha cargado contra la banda en varias ocasiones. Tal vez la razón sea la misma: aunar la música popular con un discurso en defensa de una lengua en constante amenaza. Muixerangas, pasodobles como Amparito Roca o les albaes de Pep Gimeno 'El Botifarra', símbolos de la cultura valenciana, completaron el mosaico del último adiós del grupo.

En 2021 el Ayuntamiento de València, entonces gobernado por Compromís, contrató al grupo para los Conciertos de Viveros, les Nits de Vivers en 2023 y la preselección de las falleras mayores en 2022. El PP llevó este último contrato a la Agencia Antifraude bajo el argumento de haber contratado “a dedo” a una empresa y por la diferencia entre lo que se pagó por el concierto (14.520 euros) y lo que cobró el grupo (cerca de 6.000). Hace apenas dos semanas, el Ayuntamiento de València, ahora con el PP, contrató al grupo de pop cristiano Hakuna para el cierre del año jubilar: la contratación del concierto ronda los 40.000 euros (entre la parte técnica y la artística) y la fundación que gestiona el grupo percibe 14.900, como ya informó elDiario.es.

Desde 2023, con el PP en la alcaldía y Vox en la concejalía de Fiestas, los grupos en valenciano han quedado totalmente apartados de la programación. La propia banda ha denunciado que prácticamente están vetados en los municipios en los que gobierna la ultraderecha y no han recibido apoyo del Gobierno autonómico, no forman parte de ningún circuito cultural bajo la mano de PP y Vox. En sus últimos conciertos en municipios, gratuitos, agrupaciones locales del PP han denunciado que el grupo “ataca” al partido y “adoctrina”, como dijo el representante del PP de Mislata, e incluso un diputado de Vox dijo en una tertulia de radio que la banda “no es nuestra” por el contenido de sus letras o su puesta en escena, poniendo de manifiesto su percepción de la cultura y la identidad. Pese al destierro, el grupo reunió en su último adiós, en un recinto privado, a más de 36.000 personas, que, pese a la incomodidad de Vox, siguen gritando País Valencià.

El escultor Miquel Navarro (Mislata, 1945), uno de los artistas valencianos más reconocidos, ha fallecido este domingo en su domicilio de Mislata a los 81 años. El autor, reconocido por obras populares como El Parotet o La Pantera Rosa, visibles para miles de de ciudadanos que a diario transitan la capital valenciana, será despedido este lunes en su museo de Mislata en una capilla ardiente junto a sus obras, y enterrado en el cementerio de Siete Aguas junto a su madre.

Navarro era uno de los mayores representantes de la Nueva Escultura Española. Fue Premio Nacional de Artes Plásticas en 1986, Premio Nacional de la Asociación de Críticos de Arte ARCO 95 y era académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Su obra se ha podido ver en museos internacionales como el Guggenheim de Nueva York y Bilbao, el Pompidou de París, la Fundación Lambert en Bruselas o el Reina Sofía de Madrid.

El escultor inició su carrera como pintor, tras formarse en la Escuela de Bellas Artes de València, pero a partir de los setenta comenzó a centrarse en la escultura. Definió su estilo inicial como expresionista. Poco después, en 1980, se dio a conocer en la escena internacional con una exposición en el Guggenheim de Nueva York. Desde principios de esta década, Miquel Navarro extiende su actividad al diseño de escenografías, como en los dos grandes montajes para las obras Vente a Sinapia y Absalón en el Teatro Español de Madrid, según señala el Reina Sofía en su biografía. Realizó obras emblemáticas e intervenciones en espacios históricos con su 'Territori humà', que “viene a ser el modo en el que el hombre parcela su espacio para vivir”, en palabras del propio artista.

Cercano el 1974 surge su primera Ciudad, un conjunto de elementos modulares, repetitivos y de formas geométricas, agrupados en composiciones que simulan el entramado urbano y generan paisajes que se distribuyen espacialmente a modo de instalación escultórica. Esta sería una constante en su obra, muy conectada con el territorio y la complejidad de los espacios que se habitan; son creaciones que “se basan en el predominio de la percepción compleja del espacio”, señala el complejo museístico.

El Ayuntamiento de Mislata, localidad natal de Navarro, expresa sus condolencias a la familia del artista y le ha situado como “una figura clave” de la localidad por la influencia de su casa taller y por “su legado artístico”. “Su obra, su compromiso con el arte y su vinculación con Mislata dejan una huella imborrable en nuestra ciudad y en la cultura valenciana”, señala el consistorio, que decreta tres días de luto por su pérdida.

Los socialistas valencianos homenajean a las víctimas del franquismo en el Paredón de Paterna, coincidiendo con el día de Todos los Santos y pedirán que sea declarado Lugar de la Memoria por el Gobierno de España.

El PSPV-PSOE ha organizado un acto este domingo de homenaje y recuerdo a las víctimas con asocisciones de memoria y los candidatos del partido a las elecciones generales por València. Junto al Paredón, el alcalde de Paterna y candidato al Senado, Juan Antonio Sagredo, ha anunciado que el Ayuntamiento iniciará el expediente para conseguir el reconocimiento y la protección de este espacio como forma de reparación y memoria para las víctimas. Los socialistas buscan así la máxima protección del Paredón para evitar que pueda ser destruido.

Sagredo ha destacado que, desde 2015, con el Ejecutivo socialista al frente del Ayuntamiento, se han abierto más de 80 fosas, recuperado más de 1.600 cuerpos e identificado más de 200 en el cementerio municipal. “Están bien las palabras, también los eslóganes, pero lo más importante es gobernar para las personas, en este caso para las familias”, ha afirmado el dirigente.

La cabeza de lista al Congreso del PSPV-PSOE por València a las elecciones generales, Pilar Bernabé, ha reivindicado en el mismo acto la memoria de las víctimas de la represión franquista y de los militantes socialistas fallecidos.

Durante el homenaje, organizado por la dirección provincial del partido, ha recordado a quienes sufrieron el exilio y la represión y ha reivindicado el derecho a votar el próximo 29 de noviembre de los exiliados. El acto se ha desarrollado con una ofrenda floral y el depósito de coronas de laurel por parte del PSPV-PSOE de Paterna y de Juventudes Socialistas, así como con las intervenciones de Matías Alonso, presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de València; Johana Gómez, representante de Joves Socialistes de Paterna; Rafa García, presidente del PSPV-PSOE de la provincia de València; Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna y candidato al Senado, así como de Pilar Bernabé.

Bernabé ha acudido al homenaje desde su memoria familiar, apunta el partido: “Vengo a Paterna como nieta. Nieta de los que perdieron la guerra. De los que se quedaron sin casi nada y, aun así, no dejaron que les arrebataran la dignidad”, ha afirmado ante el Paredón de España, donde ha recordado que “se siguió fusilando mucho después de que acabara la guerra”, según informan fuentes del partido.

En su discurso, ha reivindicado la labor de Leoncio Badía, el joven republicano obligado a enterrar a los fusilados que ayudó a las familias a recuperar a sus seres queridos dejando, junto a algunos cuerpos, pequeños frascos de cristal con sus nombres.

Bernabé ha advertido del “riesgo de retroceder en las políticas de memoria” y ha defendido que las familias que todavía buscan a sus seres queridos puedan conocer su paradero.

Sobre las elecciones del 29 de noviembre, ha señalado que “va de que ninguna familia vuelva a hacer la maleta por miedo. Y de que las que todavía esperan sepan, por fin, dónde llevarles flores”, y ha manifestado que la única forma de no perder el rumbo es “mirar de dónde vinimos”.

“Hoy, los que jamás olvidaremos, recordamos a los que se marcharon, a las que resistieron y a los que aquí les arrebataron la vida. Mientras los recordemos, ese amor seguirá vivo. Tenemos razón. Y, esta vez, la razón no va a perder”, ha concluido.

La noche de Halloween en València, marcada por la convocatoria Blocus en la ciudad, se salda con más de medio millar de identificados y de un centenar de actas levantadas. El dispositivo de la Policía Nacional, operativo hasta las 6 de la mañana de este domingo, terminó con 431 personas identificadas; 22 detenidos por diversos delitos de salud pública, hurto, estafa o quebrantamiento; 104 actas de droga, 12 por tenencia de armas y tres actas por otros motivos.

El dispositivo de la Policía Local de València, desplegado en puntos estratégicos del centro de la ciudad, la zona más comercial, realizó 105 identificaciones y levantó 3 actas por drogas, una por pirotécnia y la incautación de un arma simulada, dos pasamontañas y cuatro máscaras intervenidas. Durante la noche se realizaron 300 servicios en la ciudad de todo tipo (seguridad, tráfico o humanitarios), según informan fuentes municipales.

Los balances no detallan cuántas intervenciones tuvieron que ver con la convocatoria Blocus, que lleva días preocupando a los comerciantes. Fruto de ese miedo el centro de la ciudad permaneció blindado en la tarde del sábado, con calles semivacías y buena parte de los comercios cerrados. El Ayuntamiento atribuye a la fuerte presencia policial la ausencia de actos vandálicos durante la tarde; no se produjo ningún daño a los comercios.

Esta semana la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a cuatro personas en Valencia relacionadas con el movimiento Blocus, entre ellos su presunto cabecilla, un joven de la localidad de Picanya. Con anterioridad se detuvo a un joven en Alfafar acusado de compartir instrucciones sobre cómo fabricar explosivos y generar disturbios. El sábado se detuvo a otro joven por difundir mensajes para acceder a otras redes sociales en las que se compartía contenido relacionado con los disturbios. El arresto se produjo en las inmediaciones de la Plaza de Toros, donde se había fijado la convocatoria. Se trata de un menor de 16 años, presunto responsable de la difusión inicial en redes sociales de los carteles donde se animaba a otros a unirse al movimiento “Blocus Vlc” a través de un código QR. Los dos primeros detenidos, el joven de Picanya y el de Alfafar, ya están en prisión provisional y sin fianza.

La sociedad valenciana llora a las víctmas de la dana dos años después. Cerca de 3.500 personas han acompañado a los familiares de las 234 víctimas mortales del 29 de octubre de 2024 en la manifestación por el segundo aniversario de la riada.

Una marcha recorre el centro de la ciudad en una tarde complicada. La lluvia, el luto por el accidente de Urda y el llamamiento a no acercarse al centro por la convocatoria de Blocus generan un ambiente tenso en la capital valenciana.

Gran parte de los asistentes visten de negro en señal de duelo, con los nombres de las víctimas, y paraguas en mano han recorrido el centro histórico, de la Plaza de la Reina hasta la Plaza del Ayuntamiento.

Un amplio dispositivo policial ha acompañado a la manifestación, que coincide con la llamada a los disturbios de Blocus.

Las víctimas reclaman la dimisión del Gobierno autonómico que dirige Juanfran Pérez Llorca y que cuenta con consellers con competencias durante la dana, como José Antonio Rovira y Susana Camarero.

“El gobierno valenciano no ha hecho más que poner trabas en la investigación, a las comisiones de investigación, al juzgado y a la prensa durante dos años. Dos años donde, además, ha protegido y premiado a Mazón. Pero no solo a él, el resto de consejeros y consejeras han sido reubicados en lo que se anunciaba como el nuevo modelo de Gobierno. Y ahora, continúan haciéndolo y se recompensa su dejadez encabezando las listas electorales. Querían que sus ataques y abandono nos agotaran. Pero no lo han conseguido ni lo conseguirán”, señalan las asociaciones en el manifiesto.

València se blinda este fin de semana ante la posibilidad de convocatorias no comunicadas que puedan derivar en disturbios como los sucedidos el pasado fin de semana en Barcelona. Tras cinco detenciones, entre ellos un acusado de ser el impulsor de Blocus en España, la ciudad tiene preparado un amplio dispositivo policial para garantizar la seguridad. Este fin de semana convergen la celebración de Halloween, la manifestación por el segundo aniversario de la dana, la acampada de vivienda y varios conciertos con las convocatorias no comunicadas del movimiento 'Blocus' en España.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha presidido junto a la alcaldesa de València, María José Catalá, la junta local de seguridad en la que se ha analizado el dispositivo policial que se desplegará el sábado. La alcaldesa ha pedido a los ciudadanos que eviten el centro de la ciudad por precaución. El jefe de Policía de València también ha suspendido su salida a un congreso internacional prevista este viernes por el dispositivo.

“La Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento vamos a una, tenemos la misma preocupación y vamos a trabajar conjuntamente con la Policía Local, Bomberos y Guardia Civil en el área metropolitana”, ha señalado Llanes, quien también ha asegurado que habrá seguridad privada en los comercios, organizada y coordinada con el dispositivo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se ha preparado un dispositivo “contundente” y “proporcionado”.

El delegado del Gobierno ha destacado el trabajo previo “intenso” y “muy elevado” que “está dando sus frutos”, en referencia a las cinco detenciones de jóvenes vinculados con el canal, y ha asegurado que la preocupación fundamental es “que la ciudadanía se sienta segura, que haya tranquilidad y que haya un dispositivo suficientemente dotado”.

Por ello, ha explicado que el dispositivo estará integrado por un refuerzo de Policía Nacional y Guardia Civil en el área metropolitana, efectivos de Policía Local, Bomberos y seguridad privada.

Llanes ha apuntado que sería “magnífico” que mañana no ocurriese nada en la calle, pero ha advertido que el dispositivo policial ya está puesto en marcha y que durará “todo lo que sea necesario, hasta que tengamos la seguridad suficiente de que no se van a producir altercados”, ha concluido.

El Ayuntamiento de València, gobernado por María José Catalá, saca adelante sus últimos presupuestos del mandato. El pleno de octubre ha dado luz verde a la aprobación provicional de las cuentas públicas, con el apoyo del PP y Vox, y de los dos concejales expulsados del partido ultra a los que mantiene con competencias de gobierno. Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero han avanzado en el debate que apoyarían las cuentas públicas, dos días después de su salida del grupo municipal, por “coherencia” con “los principios, ideas y valores con los que fuimos elegidos”, y finalmente han dado su voto favorable al proyecto presupuestario, que marca una cifra récord en la ciudad.

Vox comunicó la expulsión de los dos concejales, ambos investigados en distintas causas judiciales, el pasado martes. Badenas está investigado por la entrada en el Sindicato de Estudiantes de València, grabada y denunciada en Fiscalía, y Herrero por delito de odio a raíz de una serie de publicaciones con tinte xenófobo. Los dos ediles han sido también expulsados del grupo municipal y actualmente son concejales no adscritos, pero no han perdido sus competencias de gobierno -Patrimonio municipal y Responsabilidad patrimonial, respectivamente-. Los ediles ya fueron expulsados cautelarmente en 2025 y readmitidos en el grupo, aunque la investigación interna continuó.

Los ediles han asegurado que su expulsión se debe a conflictos internos en el partido. Badenas ha asegurado que se enteraron por el secretario municipal del Pleno —aunque publicó un vídeo en sus redes sociales explicando su expulsión el mismo martes—. El que fuera portavoz de la formación ultra ha apuntado que, entre otras cuestiones, se les afeó estar al lado de una concejala socialista en un minuto de silencio contra la violencia machista —por protocolo municipal, ha dicho—, “haber asistido a un acto que ha realizado Iván Espinosa de los Monteros, o asistir a una cena en Rivas Vacíamadrid con compañeros y amigos para hablar de aficiones o ideas comunes”.

Los grupos de la oposición han subrayado la posición de tránsfugas de Badenas y Herrero y se lo han afeado a la dirigente popular. “¡Cómo han de ser de indecentes para que Abascal los expulse de Vox! Y, aun así, Catalá no tendrá ningún problema en contar con sus votos, porque no tiene ningún inconveniente en llegar a acuerdos con personas racistas, homófobas y deshonestas”, ha afirmado Papi Robles, portavoz de Compromís. Para Robles, la expulsión no va acompañada de ningún cambio real en la manera de gobernar: “Cuando se trata de mantener el poder, parece que todo vale”.

Las cuentas aprobadas este viernes tienen un mes para salir a exposición pública y volver al pleno. Si Catalá logra amarrar a los dos díscolos de Vox, las cuentas se aprobarán de manera definitiva.

La política és una professió amb un elevat grau d'incertesa, però els canvis que ha viscut el Govern valencià del PP en tan sols tres anys són una cosa inaudita. El van promocionar a so de bombo i platerets com un govern estable, “el govern dels millors”, però a penes queden supervivents polítics d'aquells que van jurar el càrrec el juliol de 2023 juntament amb Carlos Mazón. El líder popular va formar un Executiu amb nou titulars: Susana Camarero, Vicente Barrera, Ruth Merino, José Luis Aguirre, José Antonio Rovira, Elisa Núñez, Salomé Pradas, Nuria Montes i Marciano Gómez. D'ells, només tres continuen en el govern i només en queda un amb les competències intactes: Marciano Gómez, el conseller de Sanitat, que ja va formar part del Govern valencià amb Eduardo Zaplana. Malgrat el qüestionament de la seua gestió —llistes d'espera, derivacions a la sanitat privada, els negocis de la seua família i les denúncies per falta de transparència en les dades públiques—, és l'únic conseller que no ha patit una crisi de govern.

La remodelació de Juanfran Pérez Llorca escomesa aquest dijous dona lloc al sisé Executiu valencià del PP d'aquesta legislatura, que ha anat incorporant i destituïnt consellers cada any. Pérez Llorca ha unificat les conselleries de Justícia i Serveis Socials després del cessament d'Elena Albalat, que passa a encapçalar les llistes al Congrés del PP de Castelló per al pròxim 29N. Albalat no ha estat ni un any en el càrrec: va ser nomenada després de la investidura de l'actual president, el desembre de 2025, encara que ja havia sigut secretària autonòmica del ram davall el comandament de Susana Camarero. Segons la reestructuració escomesa i publicada aquest dijous en el DOGV, les competències de Serveis Socials passen a la Conselleria de Justícia, que dirigeix Núria Martínez.

Tot apunta que aquesta remodelació no serà l'última de la legislatura. Si l'actual vicepresidenta primera, Susana Camarero, també titular d'Habitatge i Igualtat, és finalment senadora, haurà de deixar la Generalitat Valenciana. El PP ha triat la número dos del Consell i exresponsable de Serveis Socials com a cap de llista al Senat per la circumscripció de València, en unes llistes que comparteix amb l'exconseller d'Agricultura de Vox, José Luis Aguirre. Tots dos tenen en comú ser dos dels rostres que van formar part del Consell de Mazón, encara que Camarero està entre els més veterans. Aguirre va ser destituït el juliol de 2024 a conseqüència de la ruptura de Vox amb el PP, juntament amb Vicente Barrera —vicepresident segon i conseller de Cultura— i Elisa Núñez —consellera de Justícia i Interior, amb competències en Emergències—.

Fruit d'aquesta ruptura, marcada pels de Santiago Abascal a tot Espanya, va arribar la primera remodelació del Consell. A les 12 hores de la crisi, Mazón va nomenar un nou Executiu: les competències en Emergències i Justícia van passar a Salomé Pradas, que fins aleshores s'havia encarregat de Medi Ambient, i tres mesos després va gestionar la dana, una actuació que encara està en instrucció judicial i per la qual tant ella com el seu secretari autonòmic, Emilio Argüeso —exnúmero dos de Serveis Socials—, es troben investigats. En aquella remodelació es va elevar Vicente Martínez Mus, fins aleshores director general de Costes, a conseller de Medi Ambient, i el portaveu del PP, Miguel Barrachina, a titular d'Agricultura.

Després de la dana es va produir el cessament fulminant de l'aleshores consellera de Turisme, Núria Montes, que va negar als familiars de les víctimes l'accés al recinte habilitat per a la inspecció dels cadàvers. També el de Salomé Pradas, que ara exerceix l'advocacia. Montes va ser substituïda per Marian Cano, que actualment continua en el càrrec, i es va incorporar a l'Executiu el militar retirat Francisco José Gan Pampols, en una vicepresidència creada per a la reconstrucció, sense estructura pròpia. Ruth Merino va deixar de ser portaveu i es va quedar només amb les competències d'Hisenda, i la responsabilitat de ser la veu del Consell va passar a Susana Camarero. La conselleria de Pradas es va dividir en dos departaments: Justícia i Emergències. Per al primer es va incorporar Nuria Martínez; per al segon, Juan Carlos Valderrama, tots dos amb la mateixa responsabilitat dos anys després.

El novembre de 2025, pocs dies abans de dimitir, Mazón va escometre una altra reestructuració: va cessar Francisco José Gan Pampols, que va assegurar que la seua tasca consistia a pilotar la reconstrucció després de la dana. El president de la Generalitat dimitiria unes setmanes després, després de mesos de pressió popular i d'un rebuig visible en el funeral d'Estat. La seua marxa va sacsejar el PP, que va haver d'afanyar-se a trobar un relleu. A principis de desembre, Juanfran Pérez Llorca, fins aleshores portaveu del PP a les Corts —en substitució de Miguel Barrachina—, va prendre possessió del càrrec.

Pérez Llorca va compondre el seu Executiu al desembre amb tres incorporacions: José Díez com a conseller de Presidència, departament de nova creació; Mari Carmen Ortí per a Educació i Elena Albalat per a Serveis Socials. Ortí va rellevar José Antonio Rovira en aquesta cartera, i el qüestionat titular d'Educació va passar a ocupar la Conselleria d'Hisenda i Ocupació. Merino, fins aleshores a Hisenda, va eixir de l'Executiu i hi va tornar a entrar 15 dies després com a secretària autonòmica de Relacions amb la Unió Europea. El titular de Sanitat, Marciano Gómez, no ha vist alterades les seues competències en aquests tres anys.

La política es una profesión con elevado grado de incertidumbre, pero los cambios que ha vivido el Gobierno valenciano del PP en tan solo tres años son algo inaudito. Lo promocionaron a bombo y platillo como un gobierno estable, “el gobierno de los mejores”, pero apenas quedan supervivientes políticos de aquellos que juraron el cargo en julio de 2023 junto a Carlos Mazón. El líder popular formó un Ejecutivo con 9 titulares: Susana Camarero, Vicente Barrera, Ruth Merino, José Luis Aguirre, José Antonio Rovira, Elisa Núñez, Salomé Pradas, Nuria Montes y Marciano Gómez. De ellos, solo tres siguen en el gobierno y solo queda uno con sus competencias intactas: Marciano Gómez, el conseller de Sanidad, quién ya formó parte del gobierno valenciano con Eduardo Zaplana. Pese al cuestionamiento de su trabajo -listas de espera, derivaciones a la sanidad privada, los negocios de su familia y las denuncias por falta de transparencia en los datos públicos- es el único conseller que no ha sufrido una crisis de gobierno.

La remodelación de Juanfran Pérez Llorca acometida este jueves da a luz al sexto Ejecutivo valenciano del PP esta legislatura, que ha ido subiendo y bajando los consellers cada año. Pérez Llorca ha unificado las consellerias de Justicia y Servicios Sociales tras el cese de Elena Albalat, que pasa a encabezar las listas al Congreso del PP de Castellón para el próximo 29N. Albalat no ha estado ni un año en el cargo: fue nombrada tras la investidura del actual president, en diciembre de 2025, aunque ya había sido secretaria autonómica del ramo bajo el mando de Susana Camarero. Según la reestructuración acometida y publicada este jueves en el DOGV, las competencias de Servicios Sociales pasan a la conselleria de Justicia, que dirige Núria Martínez.

Todo apunta que esta remodelación no será la última de la legislatura. Si la actual vicepresidenta primera, Susana Camarero, también titular de Vivienda e Igualdad, es finalmente senadora, deberá dejar la Generalitat Valenciana. El PP ha escogido a la número dos del Consell y ex responsable de Servicios Sociales como cabeza de lista para el Senado por la circunscripción de Valencia, en unas listas que comparte con el exconseller de Agricultura de Vox, José Luis Aguirre. Ambos tienen en común ser uno de esos rostros que formaron el Consell de Mazón, aunque Camarero está entre las más veteranas. Aguirre fue cesado en julio de 2024 como consecuencia de la ruptura de Vox con el PP, junto a Vicente Barrera —vicepresidente segundo y conseller de Cultura— y Elisa Núñez —consellera de Justicia e Interior, con competencia en Emergencias—.

Fruto de esta ruptura, marcada por los de Santiago Abascal en toda España, llegó la primera remodelación del Consell. A las 12 horas de la crisis, Mazón nombró un nuevo Ejecutivo: las competencias en Emergencias y Justicia pasaron a Salomé Pradas, que hasta la fecha se había encargado de Medio Ambiente, y tres meses después gestionó la dana, cuya acción está todavía bajo instrucción judicial y tanto ella como su secretario autonómico, Emilio Argüeso (ex número dos de Servicios Sociales) se encuentran investigados. En esa remodelación se elevó a Vicente Martínez Mus, hasta entonces director general de Costas, como conseller de Medio Ambiente, y al portavoz del PP, Miguel Barrachina, como titular de Agricultura.

Tras la dana se produjo el cese fulminante de la entonces consellera de Turismo, Núria Montes, quien negó a los familiares de las víctimas asistir al recinto habilitado para la inspección de los cadáveres. También el de Salomé Pradas, que ahora ejerce la abogacía. A Montes la sustituyó Marian Cano, que actualmente sigue en el cargo y se incorporó al Ejecutivo el militar retirado Francisco José Gan Pampols, en una vicepresidencia creada para la reconstrucción, sin estructura propia. Ruth Merino dejó de ser portavoz y quedó solo con las competencias en Hacienda, y la responsabilidad de ser la voz del Consell pasó a Susana Camarero. La conselleria de Pradas se dividió en dos departamentos: Justicia y Emergencias. Para el primero se incorporó Nuria Martínez; para el segundo, Juan Carlos Valderrama, ambos con la misma responsabilidad dos años después.

En noviembre de 2025, pocos días antes de dimitir, Mazón acometió otra reestructuración: cesó en el cargo Francisco José Gan Pampols, quien aseguró que su tarea consistía en pilotar la reconstrucción tras la dana. El presidente de la Generalitat dimitiría unas semanas después tras meses de presión popular y de un visible rechazo en el funeral de Estado. Su marcha sacudió el PP, que tuvo que afanarse en encontrar un relevo. A principios de diciembre, Juanfran Pérez Llorca, hasta entonces portavoz del PP en las Corts (en sustitución de Miguel Barrachina), tomó posesión del cargo.

Pérez Llorca compuso su Ejecutivo en diciembre con tres incorporaciones: José Díez como conseller de Presidencia, departamento de nueva creación; Mari Carmen Ortí para Educación y Elena Albalat para Servicios Sociales. Ortí relevó a José Antonio Rovira en esta cartera, y el cuestionado titular de Educación pasó a ocupar la conselleria de Hacienda y Empleo. Merino, hasta entonces en Hacienda, salió del Ejecutivo y volvió a entrar a los 15 días como secretaria autonómica de Relaciones con la Unión Europea. El titular de Sanidad, Marciano Gómez, no ha visto alteradas sus competencias en estos tres años.

La radiotelevisió pública valenciana suma altres 133.000 euros a la factura per les emissions dels festejos taurins. La xifra respon als contractes subscrits durant el mes d'agost per a la cobertura de quatre corregudes de bous o de rellonejadors, només una de les quals en territori valencià. En total, la cadena pública ha confirmat haver destinat més d'1,2 milions d'euros des de l'any 2025 a la cobertura de les novillades.

En una resposta parlamentària remesa a Compromís, la televisió pública indica que durant el mes d'agost es van emetre quatre novillades: el 20 d'agost a Ciudad Real, el 23 a Cuenca, el 28 d'agost a la fira de Casas Ibáñez (Albacete) i el 29 d'agost a Requena, l'única en territori valencià.

En el cas de Ciudad Real, el cost dels drets d'emissió va ser de 30.000 euros, als quals es van afegir 3.458,46 euros corresponents a la producció i posada a disposició del senyal audiovisual, IVA al marge. La televisió pública no indica en la resposta parlamentària amb quina empresa es van contractar els treballs de producció ni a quina firma s'abonen els drets d'emissió, que sol ser la titular de les places de bous. Sovint, com ha anat informant elDiario.es, també s'ha de pagar a les televisions autonòmiques que produeixen el senyal, com ha sigut el cas de Telemadrid a la Fira de Sant Isidre.

El 23 d'agost de 2026 es va retransmetre la correguda de rellonejadors celebrada a Cuenca, en el marc de la Fira de San Julián. El cost dels drets d'emissió va ser de 30.000 euros, més 3.458,46 euros per la producció i posada a disposició del senyal audiovisual. El cost contractual total va ascendir a 33.458,46 euros, més IVA, indica la resposta parlamentària.

El 28 d'agost de 2026 es va emetre la correguda de bous de la Fira de Casas-Ibáñez, a Albacete, que celebrava el seu 150 aniversari. L'adquisició dels drets d'explotació va tindre un cost de 25.000 euros i la producció i posada a disposició del senyal, de 8.272,20 euros. Així, el cost va ser de 33.272,20 euros més IVA.

Finalment, el 29 d'agost, la televisió pública va retransmetre la correguda de bous de la Fira de Requena. El cost dels drets d'explotació va ser de 25.000 euros i el de la producció i posada a disposició del senyal, de 8.272,20 euros, segons indica la resposta parlamentària. El cost contractual ascendeix a 33.272,20 euros sense comptar l'IVA. En total, impostos inclosos, la cadena pública va pagar 161.488,20 euros en un mes per quatre retransmissions.

La diputada de Compromís María Josep Amigó, autora de les preguntes, apunta que resulta “vergonyós” que en un any i mig s'hagen destinat més d'1,2 milions d'euros de diners públics a corregudes de bous en À Punt, la majoria de les quals de festejos de fora del territori valencià, “mentre en la nostra televisió es margina la indústria audiovisual valenciana”.

Amigó considera que “la direcció d'À Punt, controlada absolutament pel govern del PP, està convertint la radiotelevisió pública en un nou Canal 9, amb manipulació, mal ús dels diners públics, contractacions per als amiguets de sempre i degradació contínua de la programació”. Compromís presentarà més preguntes parlamentàries per a fiscalitzar la televisió, assenyalen fonts de la coalició.

La radiotelevisión pública valenciana suma otros 133.000 euros a la factura por las emisiones de los festejos taurinos. La cifra responde a los contratos suscritos en el mes de agosto para la cobertura de cuatro corridas de toros o rejones, solo una de ellas en territorio valenciano. En total, la cadena pública ha confirmado haber destinado más de 1,2 millones de euros desde el año 2025 para la cobertura de las novilladas.

En una respuesta parlamentaria remitida a Compromís, la televisión pública indica que durante el mes de agosto se emitieron cuatro novilladas: el 20 de agosto en Ciudad Real, del 23 en Cuenca, el 28 de agosto en la feria de Casas Ibáñez (Albacete) y del 29 de agosto en Requena, la única en territorio valenciano.

En el caso de Ciudad Real, el coste de los derechos de emisión fue de 30.000 euros, a los cuales se añadieron 3.458,46 euros correspondientes a la producción y puesta a disposición de la señal audiovisual, IVA al margen. La televisión pública no indica en la respuesta parlamentaria con qué empresa se contrataron los trabajos de producción ni a qué firma se abonan los derechos de emisión, que suele ser la titular de las plazas de toros. A menudo, como ha ido informando elDiario.es, se ha de pagar también a las televisiones autonómicas que realizan la señal, como ha sido el caso de Telemadrid en la Feria de San Isidro.

El 23 de agosto de 2026 se retransmitió la corrida de rejoneadores celebrada en Cuenca, en el marco de la Feria de San Julián. El coste de los derechos de emisión fue de 30.000 euros, más 3.458,46 euros por la producción y puesta a disposición de la señal audiovisual. El coste contractual total ascendió a 33.458,46 euros, más IVA, indica la respuesta parlamentaria. El 28 de agosto de 2026 se emitió la corrida de toros de la Feria de Casas-Ibáñez, en Albacete, que celebraba su 150 aniversario. La adquisición de los derechos de explotación tuvo un coste de 25.000 euros y la producción y puesta a disposición de la señal, de 8.272,20 euros. Así, el coste fue de 33.272,20 euros más IVA.

Por último, el 29 de agosto, la televisión pública retransmitió la corrida de toros de la Feria de Requena. El coste de los derechos de explotación fue de 25.000 euros y el de la producción y puesta a disposición de la señal, de 8.272,20 euros, según indica la respuesta parlamentaria. El coste contractual asciende a 33.272,20 euros sin contar el IVA. En total, impuestos incluidos, la cadena pública pagó 161.488,20 euros en un mes por cuatro retransmisiones.

La diputada de Compromís María Josep Amigó, autora de las preguntas, apunta que resulta “vergonzoso” que en año y medio se hayan destinado más de 1,2 millones de euros de dinero público en corridas de toros en À Punt, la mayoría de ellas de festejos de fuera del territorio valenciano, “mientras en nuestra televisión se margina la industria audiovisual valenciana”. Amigó considera que “la dirección de À Punt, controlada absolutamente por el gobierno del PP, está convirtiendo la radiotelevisión pública en un nuevo Canal 9, con manipulación, mal uso del dinero público, contrataciones para los amiguitos de siempre y degradación continua de la programación”. Compromís presentará más preguntas parlamentarias para fiscalizar la televisión, señalan fuentes de la coalición.

El agitador ultra Vito Quiles cancela su acto en la Universitat de València previsto para este miércoles. El joven ha publicado en sus redes sociales que suspende su visita debido al accidente de tren de Toledo.

La Universitat de València se blinda ante la llegada del agitador ultra Vito Quiles por temor a que se den altercados como los sufridos el pasado lunes en Bilbao. El campus ha cerrado algunos accesos y precintado las puertas principales para controlar la entrada de personas ajenas al campus. En las instalaciones de su institución vecina, las del campus de la Universitat Politécnica, también se han tomado medidas similares con el cierre de los accesos al parking.

La Policía Nacional lleva días trabajando en el dispositivo de seguridad ante las concentraciones no comunicadas previstas en València, tanto la de Vito Quiles como la convocatoria 'Blocus' del próximo sábado. La Policía Nacional cuenta con los medios necesarios y su despliegue será proporcionado a las circunstancias, apuntan fuentes de la Delegación del Gobierno.

Las instituciones académicas informaron al personal, alumnado y profesorado del cierre de los accesos por motivos de seguridad. En el caso de la UPV, permanecerán cerrados los aparcamientos de la ETS de Ingeniería de Telecomunicación, (P4A), Pabellón Deportivo (P6A) y edificio Nexus (P6B). También se cerrarán las puertas exteriores de acceso de vehículos K, L, M, N, N1, P y R, así como la puerta peatonal O.

La televisió pública valenciana À Punt esmena el seu error i programarà dos avanços informatius per al pròxim dissabte, data en què se celebra la manifestació pel segon aniversari de la dana. L'octubre de 2025, la televisió va decidir emetre un programa de corregudes de bous històriques mentre se celebrava una manifestació multitudinària, que pocs dies després va derivar en la dimissió de Carlos Mazón com a president de la Generalitat Valenciana. L'emissió va provocar fortes crítiques i una crisi reputacional de la cadena que es manté fins ara.

La cadena pública ha aprovat aquest dimarts la graella de programació per a la resta de la setmana. Durant el dijous 29 d'octubre, aniversari de la dana, hi haurà dos programes sobre la tragèdia: un episodi de Crònica de la reconstrucció i un documental sobre els voluntaris. La programació de la nit encara està per determinar, segons ha pogut saber elDiario.es.

Per al dissabte, quan està prevista una manifestació convocada per les associacions de víctimes i damnificats, la televisió pública realitzarà dos avanços informatius d'un quart d'hora, a les 18 hores i a les 19 hores. Els avanços interrompran la programació, que preveu emetre la pel·lícula Siete mesas de billar francés.

La manifestació convocada està prevista a les 18 hores, amb eixida des de la plaça de la Reina de València i un recorregut fins a la plaça de l'Ajuntament. Les associacions de víctimes denuncien que la reconstrucció és insuficient i no atén el criteri científic, i continuen exigint, mes rere mes, responsabilitats polítiques i judicials a l'expresident Carlos Mazón, que continua sent aforat pel fet de ser diputat autonòmic.

La televisión pública valenciana À Punt enmienda su error y programará dos avances informativos para el próximo sábado, fecha en la que se celebra la manifestación por el segundo aniversario de la dana. En octubre de 2025 la televisión decidió emitir un programa de corridas de toros históricas mientras se celebraba una manifestación multitudinaria, que pocos días después derivó en la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana. La emisión provocó fuertes críticas y una crisis reputacional de la cadena que se mantiene hasta la fecha.

La cadena pública ha aprobado este martes la parrilla de programación para el resto de la semana. Durante el jueves 29 de octubre, aniversario de la dana, habrá dos programas sobre la tragedia: un episodio de Crònica de la reconstrucciò y un documental sobre los voluntarios. La programación de la noche aún está por determinar, según ha podido saber elDiario.es.

Para el sábado, cuando está prevista una manifestación convocada por las asociaciones de víctimas y damnificados, la televisión pública realizará dos avances informativos de un cuarto de hora, a las 18 horas y a las 19 horas. Los avances interrumpirán la programación, que prevé emitir la película Siete mesas de billar francés.

La manifestación convocada está prevista a las 18 horas, con salida desde la Plaza de la Reina de Valencia y un recorrido hasta la Plaza del Ayuntamiento. Las asociaciones de víctimas denuncian que la reconstrucción es insuficiente y no atiende al criterio científico, y siguen exigiendo, mes tras mes, responsabilidades políticas y judiciales al expresidente Carlos Mazón, que sigue siendo aforado por ser diputado autonómico.

El Ayuntamiento de València encarga a Pavasal construir una infraestructura específica para colocar las luces de Fallas o Navidad en la Calle Colón, la gran vía comercial de la ciudad. El consistorio que dirige María José Catalá ha aprobado un contrato menor, adjudicado a la empresa que ya está realizando las obras de remodelación, para que levante una “infraestructura municipal específica que permita la instalación de iluminación festiva sin necesidad de utilizar elementos de propiedad privada”.

El contrato tiene un valor de 5.000 euros más IVA y al proceso solo se presentaron dos empresas, IMESAPI y PAVASAL. Según el expediente, las obras deben estar concluidas en el plazo de un mes desde el día siguiente a la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.

La infraestructura se levantará “mediante la ejecución de las cimentaciones, arquetas, canalizaciones y demás unidades de obra necesarias para la colocación de soportes destinados a sustentar los elementos decorativos”, según el contrato.

PAVASAL ya realiza las obras de reasfaltado y cambio de aceras en la Calle Colón, presupuestadas con dos millones de euros y que deben culminar para la campaña de Navidad. Es la firma que también acomete las remodelaciones de la Avenida Pérez Galdós y la Gran Vía Marqués de Túria. La firma construirá también un parque infantil en el cauce del Túria, con temática de obra civil, que será un regalo para la ciudad.

Vox expulsa a Juanma Badenas y Cecilia Herrero, sus dos concejales de València investigados por varias causas. El grupo de extrema derecha da de baja definitivamente al que fuera su portavoz, ahora investigado por colarse en la sede del Sindicato de Estudiantes, y a la concejala investigada por delito de odio a raíz de unos mensajes racistas en redes sociales.

Badenas ha comunicado en sus redes sociales que “por decisión del partido” ha dejado de ser militante de Vox. Lo ha hecho el mismo día que el partido presentaba sus listas en Valencia, en un vídeo grabado junto a su antigua sede. Los ediles no dejarán su acta como concejales y serán expulsados también del grupo municipal de Vox, según figura en la previa del pleno.

El orden del día del pleno municipal previsto para este viernes lleva la decisión de pasar a los concejales al grupo de no adscritos. La expulsión del partido llega en pleno debate por los presupuestos, proyecto que el gobierno de María José Catalá aprobó la semana pasada y que necesita de los votos de los dos concejales díscolos para tener la mayoría necesaria. Actualmente los ediles tienen competencias en Patrimonio Municipal y Responsabilidad Patrimonial. La alcaldesa debe decidir si mantiene a los tránsfugas con competencias de gobierno o los expulsa.

Badenas ya fue suspendido temporalmente por un expediente abierto en 2025, que provocó su salida del equipo de gobierno y finalmente culminó con su readmisión. Su expulsión es consecuencia de este expediente, según apuntan fuentes del partido. El exportavoz de Vox recuerda en un vídeo que fue Ignacio Gil Lázaro, actual cabeza de lista por Valencia, quien le propuso incorporarse al partido ultra.

Fuentes del partido de Santiago Abascal señalan que el Gobierno Municipal “mantiene su compromiso con los valencianos y garantiza la continuidad y la estabilidad de la acción de gobierno. Prueba de ello es el Presupuesto municipal de 2027, que se someterá a aprobación en el mismo Pleno del 30 de octubre”.

El Gobierno valenciano del PP, respaldado por Vox, va eliminando todas las referencias al cambio climático de su estructura administrativa. Comenzó renombrando las consellerias y eliminando organismos, y poco a poco ha ido bajando en el escalón administrativo para suprimir esta denominación.

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publica este martes la orden que desarrolla el Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, que incluye cambios en la denominación de los departamentos. Uno de ellos es el de la Subdirección General de Cambios Meteorológicos Extremos y Educación Ambiental, que sustituye a la de Cambio Climático y Educación Ambiental.

A este departamento le corresponden los trabajos de planificación, dirección y coordinación de las políticas relacionadas con “los cambios meteorológicos extremos”, como “impulsar actuaciones y proyectos de mejora de la capacidad adaptativa del territorio, de los sectores sociales y económicos a los impactos meteorológicos extremos”, las políticas de cambio climático de la Unión Europea, iniciativas de soberanía energética o “incorporar la perspectiva climática en la actividad planificadora de las administraciones públicas”.

La conselleria que dirige Vicente Martínez Mus queda así sin referencias al cambio climático en su estructura. Se habla en cambio de “impactos climáticos”, “cambios meteorológicos extremos” o “adaptación a los nuevos escenarios climáticos”. Este departamento ha vivido varias variaciones desde que en 2023 el PP alcanzara la Generalitat Valenciana en virtud de un acuerdo con Vox. La ultraderecha ha hecho bandera contra las políticas climáticas y ese discurso se ha ido asumiendo por el PP, que criticó el Pacto Verde Europeo pese a haberlo respaldado en Bruselas.

El pasado abril se publicó el Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) de esta conselleria, que tiene rango de vicepresidencia tercera, que dibujaba las líneas principales. Este martes se ha publicado la orden que detalla la letra pequeña de la conselleria, donde aparecen los cambios de las subdirecciones generales. En la anterior versión, una orden de marzo de 2024, sí existía una Subdirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental.

A la Marina de València no paren de sorgir conflictes pels immobles. I no precisament en les zones residencials. El recinte creat per a la Copa de l'Amèrica i reconvertit en un dels principals enclavaments d'oci de la capital valenciana s'ha convertit en l'escenari del pols entre els hostalers i l'Ajuntament de València arran del venciment dels contractes dels locals. Primer el conflicte va escalar entre els restaurants situats al costat del port esportiu, a l'ombra del Veles e Vents, i ara ha esclatat a l'edifici amb què es va identificar la Copa Amèrica.

Els hostalers no volen anar-se'n del Marítim, el barri on han consolidat els seus negocis. L'Ajuntament de València va acordar el passat setembre acudir als tribunals per a desallotjar l'empresa que gestiona el restaurant del Veles e Vents, La Sucursal, el contracte de la qual va véncer el 7 de setembre després d'una pròrroga d'un any, però els responsables es neguen a abandonar el local. La Unió Temporal d'Empreses entre Heineken España, S.A. i Rescorval, S.L. —ara UTE Rescorval, SL (Grupo La Sucursal) - Interpreta Cultural Projects, SL— gestiona l'espai des que el 2015 va subscriure el contracte amb el Consorcio Valencia 2007, ja liquidat, i va demanar una pròrroga excepcional fins a gener de 2027 o fins que s'adjudicara un nou contracte, a més d'un tancament ordenat. El consistori va denegar aquesta petició i les al·legacions posteriors; la pretensió de l'Ajuntament és que el recinte passe a ser gestionat pel Palau de Congressos. Al Veles e Vents se celebren desenes d'actes mensuals i és el lloc que sol triar la jet-set conservadora valenciana per als seus esdeveniments, com els actes polítics de Francisco Camps, que aspira a encapçalar el PP valencià.

A finals de setembre, l'empresa va oferir a l'Ajuntament un pagament per a mantindre la possessió de l'edifici mentre es resolen les discrepàncies entre les parts. La firma es compromet a pagar 44.000 euros mensuals, l'equivalent al cànon que havien pagat, durant els primers deu dies de cada mes, mentre mantinga la possessió de l'edifici.

L'Ajuntament ha acceptat l'oferta i ha facilitat un número de compte perquè s'hi facen els ingressos, encara que adverteix que “el pagament oferit no implica tàcita reconducció, pròrroga ni cap reconeixement per a cap de les parts”. El pagament, segons cita la resolució avançada per Valencia Plaza i a la qual ha tingut accés elDiario.es, “s'ofereix com a contraprestació per l'ús de l'Edifici” des de la data de venciment del contracte. La resolució la firma el regidor de Contractació i Grans Projectes, José Marí Olano, a qui el consistori va encarregar les negociacions amb el Consorci per a la seua dissolució.

A La Marina de València no dejan de salirle conflictos por los inmuebles. Y no precisamente en las zonas residenciales. El recinto creado para la Copa Amèrica y reconvertido en uno de los mayores enclaves de ocio en la capital valenciana se ha convertido en el escenario del pulso entre los hosteleros y el Ayuntamiento de València, a cuenta del vencimiento de los contratos en los locales. Primero el conflicto escaló entre los restaurantes junto al puerto deportivo, a la sombra del Veles e Vents, y ahora ha estallado en el edificio por el que se identificó a la Copa América.

Los hosteleros no quieren irse del Marítim, el barrio en el que han afianzado sus negocios. El Ayuntamiento de València acordó el pasado septiembre acudir a los tribunales para desalojar a la empresa que gestiona el restaurante del Veles e Vents, La Sucursal, cuyo contrato venció el 7 de septiembre tras una prórroga de un año, pero los responsables se niegan a abandonar el local. La Unión Temporal de Empresas entre Heineken España, S.A. y Rescorval, S.L. (ahora UTE Rescorval, SL (Grupo La Sucursal) - Interpreta Cultural Projects, SL), gestiona el espacio desde que en 2015 suscribiera el contrato con el Consorcio Valencia 2007, ya liquidado, y pidió una prórroga excepcional hasta enero de 2027 o hasta que se adjudicara un nuevo contrato además de un cierre ordenado. El consistorio denegó esta petición y las alegaciones posteriores; la pretensión del Ayuntamiento es que el recinto pase a ser gestionado por el Palacio de Congresos. En el Veles e Vents se celebran decenas de actos mensuales y es el lugar que suele escoger la jet set conservadora valenciana para sus eventos, como los actos políticos de Francisco Camps, que aspira a encabezar el PP valenciano.

A finales de septiembre, la empresa ofreció al Ayuntamiento un pago para mantener la posesión del edificio mientras se resuelven las discrepancias entre las partes. La firma se compromete a pagar 44.000 euros mensuales, equivalente al canon que venían pagando, durante los primeros diez días de cada mes, mientras mantenga la posesión del edificio.

El Ayuntamiento ha aceptado la oferta y ha facilitado un número de cuenta para que se realicen los ingresos, aunque advierte que “el pago ofrecido no implica tácita reconducción, prórroga ni reconocimiento alguno para ninguna de las partes”. El pago, cita la resolución adelantada por Valencia Plaza y a la que ha tenido acceso elDiario.es, “se ofrece como contraprestación por el uso del Edificio” desde la fecha de vencimiento de contrato. La resolución la firma el concejal de Contratación y Grandes Proyectos, José Marí Olano, a quien el consistorio encargó las negociaciones con el Consorcio para su disolución.