Ante el objetivo de debilitarnos, Podemos Zaragoza, que tuvo un apoyo muy tibio en la configuración de la plataforma municipalista, ha de dar pasos adelante dentro de Zaragoza en Común y tomar un mayor protagonismo con el fin de que el cambio que empezó a gestarse en 2015 se fortalezca.

Pese a esa lucha, desigual por los medios de la codiciosa oligarquía zaragozana, debemos pasar a la ofensiva, ser ambiciosos y no conformarnos con los 80.000 votos de 2015: hay que vencer recelos y atraer sectores más diversos mediante un proyecto que sitúe a todas las personas y su bienestar en el centro de la acción política, que apueste por un modelo económico, laboral, urbanístico y medioambiental radicalmente distinto y que recupere el control y la gestión de los servicios públicos esenciales.

Sólo desde planteamientos que puedan ser cultural y políticamente asumidos por la ciudadanía, podemos ganar. Esas ideas y planteamientos deberán ser asumidas por el resto de partidos si quieren desbancarnos algún día del gobierno. Y en ese momento, ya habremos ganado.

En ‘Abrir Podemos, Cambiar Zaragoza’ creemos que son 3 los ejes de actuación sobre los que desarrollar las mayorías sociales para los próximos 15 ó 20 años:

- La mejora de los indicadores de salud como objetivo central de la atención a nuestros vecinos y vecinas proponiendo un cambio en el paradigma de lucha contra la pobreza.

Aunque un Ayuntamiento no tiene competencias en materia sanitaria sí tiene muchas posibilidades de actuar sobre la mejora de la salud de sus habitantes, pudiendo mantener programas contra el tabaquismo, la obesidad o el sedentarismo. No sólo es una forma de concienciar, sino de generar ciudad en torno a objetivos globales de salud que redundan en su bienestar físico implicando a todos los agentes comunitarios que actúan en los barrios.

Es en el cambio de paradigma en la lucha contra la pobreza donde más podemos hacer por mejorar la calidad de vida y la salud de las personas. La pobreza es una de las causas más fuertes de mortalidad prematura en todo el mundo, más que el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, la hipertensión, la obesidad o la diabetes. Sin embargo, la pobreza no se tiene en cuenta como factor en ninguna de los planes de salud. Al no abordar un problema estructural y centrarse en factores individuales como la obesidad o el tabaquismo, la mejora de la salud de la población más empobrecida es limitada.

Pobreza y la desigualdad están intrínsecamente unidas a muchas enfermedades: desnutrición u obesidad por acceso a peores alimentos, enfermedades respiratorias ligadas a pobreza energética, problemas reumáticos provocados por humedades, mayor incidencia de enfermedades mentales, mayores consumos de alcohol, drogas o tabaco, trabajos precarios con mayor accidentalidad, mayor riesgo de sufrir enfermedades de transmisión sexual… La pobreza y la desigualdad matan, y es algo que se hace patente dentro de la nuestra ciudad: los barrios más ricos tienen una esperanza de vida hasta 12 años superior a la de los barrios con rentas más bajas.

Acabar con la desigualdad en Zaragoza supondría millones de años de vida ganados y con una mejor calidad de vida. Pocos objetivos más ambiciosos puede tener una fuerza política que éste. Además implicaría, en el medio plazo, un ahorro importante para los presupuestos sanitarios.

La generación de energía eléctrica renovable es la gran oportunidad económica para Zaragoza y Aragón. De toda la energía que se consume en Aragón, apenas el 28 % procede de energías renovables, siendo junto al carbón, las únicas que no tenemos que importar. Más de 575 millones de euros se gastan cada año en Aragón en productos derivados del petróleo básicamente para la automoción, dinero que va íntegramente a los países productores de petróleo y los intermediarios.

Para atraer inversión y crear empleo en el sector energético de las renovables se debe producir un aumento considerable de la demanda y de las necesidades de energía eléctrica, siendo la movilidad lo apropiado porque es una tecnología ya madura. Una progresiva renovación de la flota de vehículos de gasolina por eléctricos debería generar demanda para que se pueda invertir en el sector.

Con un adecuado plan de transición a la movilidad eléctrica y en un periodo de unos 15 años, los más de 575 millones anuales en productos petrolíferos que importamos podríamos producirlos en Aragón, con el impulso que supondría en el empleo, el crecimiento económico y el asentamiento de población en territorio apropiado para generar energía renovable por su extensión y climatología.

Sin embargo, los avances tecnológicos anticipan la desaparición de miles de puestos de trabajo en la industria o en el transporte de mercancías y viajeros… estimándose en 1 de cada 2 de los actuales. Tenemos que promover planes de generación de otros puestos de trabajo y de reconversión de determinados sectores productivos, en especial en el mundo de la creación (donde plataformas como Netflix o Spotify están revolucionando la comercialización de contenidos o la industria de los videojuegos que tiene más volumen de negocio que la automovilística).

También es necesario tener debates amplios y proponer medidas acerca de los tiempos y reparto de trabajo, de las pensiones, de la renta básica… así como las relacionadas con los derechos laborales. Derechos que hoy en día ya están en peligro por los modelos laborales que impulsan empresas como Deliberoo o Uber entre otras y que también provocan afecciones a otros sectores tradicionales como el de los taxistas u hosteleros

Durante las últimas décadas hemos visto cómo la mayor parte de servicios esenciales del Ayuntamiento de Zaragoza se externalizaban a empresas justificándose mediante el dogma neoliberal de que lo privado siempre es más eficiente que lo público.

De esta manera, servicios como el transporte público (55 millones de euros anuales que se le pagan al grupo Avanza), la limpieza pública (35 millones a FCC), la recogida de residuos (16,6 millones a FCC), la depuración de las aguas (en manos de Veolia y hasta hace poco de DRACE, una filial de ACS) o el mantenimiento de los parques y jardines (14 millones entre FCC y Umbela) se encuentran gestionados por la empresa privada, principalmente por multinacionales que condicionan la prestación del servicio a obtener el máximo beneficio económico.

De ahí que, ante los procesos de remunicipalización abiertos por el gobierno de Zaragoza en Común, haya habido una reacción empresarial usando todos los medios a su alcance (mediáticos, políticos y judiciales) para pararlos, ya que solo la remunicipalización nos liberará de perder esta auténtica sangría de recursos públicos.

Porque considero que la mejor manera de vencer es convencer y que los proyectos verdaderamente transformadores no se realizan ni en 4 años ni por una única fuerza política, considero que mi candidatura a la Secretaría General de Podemos Zaragoza es la única que marca un camino de futuro para el trabajo político de Podemos en la ciudad, trabajo que se pondría a disposición del resto de fuerzas del cambio con las que podamos confluir en Zaragoza en Común y por lo que pido el voto para “Abrir Podemos, Cambiar Zaragoza”.

*Guillermo Lazaro, candidato a la Secretaría General de Podemos Zaragoza

No sólo es el trato personal del presidente de Aragón hacia el alcalde de Zaragoza, al que se niega a recibir desde hace ocho meses, ni las descalificaciones continuas como las que se han visto en la última campaña y que han llegado hasta el ataque personal. El mayor desprecio viene por querer resolver la situación económica de la DGA a costa de los zaragozanos, obviando que el agujero que arrastra el Ayuntamiento de la capital es consecuencia directa de la gestión del propio Fernando Gimeno.

En este año el primer compromiso incumplido ha sido el relativo a la Ley de Capitalidad. El ejeano manifestó su intención de aprobarla en el primer semestre de este año sin que a estas alturas haya siquiera un proyecto de ley elaborado por Ejecutivo aragonés. Y eso que el Ayuntamiento elaboró uno con consenso de todos los grupos y que se firmó el pasado mes de noviembre.

El presupuesto de la Comunidad no recogió cantidad alguna para el desarrollo de la ley (salvo una enmienda que pudo introducir Podemos), lo que manifestaba el ánimo del Ejecutivo autónomo de no dotarla suficientemente, lo que en la práctica viene a suponer que la ley nacería muerta.

Mientras Gimeno, como consejero de Economía en el Ayuntamiento, reclamaba 150 millones al Gobierno de Rudi, desde su actual responsabilidad niega cualquier cifra en una lógica que sólo se entiende desde quien lleva instalado en las instituciones desde hace más de 30 años y no le importa pasar de defender una cosa a la contraria por intereses meramente partidistas. Solo las competencias impropias que el Ayuntamiento asume por dejación de funciones de la DGA, le vienen a suponer a los zaragozanos cerca de 100 millones de euros, 1 de cada 7 euros de su presupuesto.

Otro de los asuntos incumplidos por el Ejecutivo de Lambán es el pago de la deuda que el Gobierno de Aragón mantiene con Zaragoza por el tranvía.

Rudi dejó sin pagar cerca de 25 millones de los años 2013 y 2014 y, pese a la promesa de Gimeno de que se abonaría en enero, siete meses después de su compromiso (modificación de créditos incluida) se continúa debiendo lo de 2015 para sumar un total de 40. Encontrar titulares del ahora consejero aragonés sobre la reclamación de esta deuda en la época que llevaba las cuentas del consistorio es muy sencillo y contrasta la beligerancia que mostraba entonces con la pasividad que demuestra para hacerle frente ahora.

El esfuerzo responsable del Ayuntamiento de adelantar ese dinero ha supuesto que la Sociedad del Tranvía no incurriese en suspensión de pagos, pero implica que, o el Gobierno de Aragón cumple ya con su parte o el Ayuntamiento quedará en una situación todavía más delicada de la que se encuentra.

En una deseperada búsqueda de recursos económicos, Lambán aprobó el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) para la ciudad de Zaragoza sin negociación alguna con el municipio. Un impuesto destinado a sablar los bolsillos de los vecinos y vecinas zaragozanas para seguir manteniendo las oscuras obras de depuración de la época de Marcelino y el PAR, algunas cuestionadas judicialmente.

Sin auditarse todas esas obras, tal y como se comprometió el PSOE, se nos amenaza con triplicar el coste del recibo del agua para que las cuentas le cuadren a Gimeno aunque le terminen descuadrando a todas las familias zaragozanas.

Este impuesto tuvo que ser recurrido ante el Tribunal Constitucional por diputados de Podemos e IU, tras el voto negativo de los partidos que sostienen al Gobierno Lambán y que impidieron que la ciudad lo pudiera presentar. Otra vez más, los intereses partidistas prevalecieron frente al de las familias y empresas zaragozanas.

La actitud de Lambán hacia Pedro Santisteve solo viene a hablar de la educación del primero y de su responsabilidad cuando actúa más como hooligan de su partido que como presidente de todos los aragoneses. Sin embargo, los hechos de su primer año de gobierno hablan por sí mismos acerca de cual es el trato del Gobierno aragonés hacia la ciudad donde reside la mitad de la población: no paga lo que debe a Zaragoza, incumple los compromisos con Zaragoza y utiliza el dinero de las familias zaragozanas para cuadrar sus cuentas.

Tras constatarse otro fracaso en el objetivo del ascenso, el presidente Christian Lapetra, en vez de pedir perdón a la afición, lanzó una petición de ayuda al Ayuntamiento de Zaragoza ligando la viabilidad económica de la Sociedad Anónima Deportiva a que se recupere el convenio que Zaragoza en Común paró tras entrar en el Gobierno municipal.

Dicho convenio comprometía la cesión de La Romareda por nada más y nada menos que 75 años, teniendo que acometer el Ayuntamiento, además, la reforma del campo sin recibir ninguna contraprestación la ciudad más allá de un canon casi simbólico en base a la inversión que debería acometerse (unos 45 millones). Ese expediente se tramitó en apenas 15 días y a un mes de las elecciones de una manera extrañamente rápida y con la única oposición, en plena precampaña, de Zaragoza en Común.

La posición del equipo de Gobierno de Zaragoza ha sido clara: por un lado estudiar las afecciones reales que La Romareda tiene, habiendo encargado un estudio que estará terminado el mes que viene. Por otro, se ha estado conversando con el club para que fuera éste, de la manera menos gravosa para sus intereses, el que sufragara la remodelación del campo de fútbol de manera que no le costase nada a la ciudad y que la misma participara de los posibles beneficios que el campo podría tener.

Y la posición es la misma que cuando nos presentamos a las elecciones: el dinero público, escaso, tiene que ser bien gestionado y tiene que tener como prioridad la atención a las familias más perjudicadas por la crisis. O La Romareda se reforma sufragada por el Real Zaragoza y la implicación de otras administraciones o el Ayuntamiento únicamente podrá acometer el arreglo básico para garantizar la seguridad de la instalación.

En contra de lo manifestado por el Presidente de Aragón, Javier Lambán, Zaragoza en Común, por convicción y por respeto a sus votantes, ha mantenido una posición nada ambigua en este tema cumpliendo lo prometido en la campaña de hace un año.

Un presidente que vuelve a insinuar ayuda de la DGA hacia la sociedad deportiva Real Zaragoza. ¿Ayuda como la prometida paga extra a funcionarios que no llega? ¿O como pagar las becas de comedor a los colegios?

O un presidente que obvia que la pesadilla que vive el zaragocismo se origina por la intervención de su predecesor, Marcelino Iglesias, facilitando la llegada de otro Iglesias, Agapito. Cuestión que, ante el impago de la deuda que mantiene el Real Zaragoza ya ha supuesto para las arcas públicas 2,5 millones de euros tras avalarse la misma. El mismo Agapito que ha sido condenado por mantener negocios con miembros de ese gobierno como Carlos Escó en uno de los escandalos de corrupción más importantes de estas tierras, el caso Plaza.

En un deporte profesionalizado y en el que las sociedades anónimas deportivas son las protagonistas, un fracaso deportivo y de gestión como el protagonizado por el Real Zaragoza no puede asumirse desde lo público. Menos, como forma de desviar la atención sobre los gestores de esa sociedad que ni siquiera han pedido perdón a los aficionados.

El Zaragoza fue un gran club, con importantes títulos y que paseó el nombre de la ciudad por muchos campos de Europa. Esos títulos y triunfos se debieron a una adecuada planificación deportiva y no a buscar negocio rápido. Se debieron a una buena gestión de los fichajes y no a la gestión de locales comerciales o de restauración. Se debieron a una implicación de los jugadores y no a la búsqueda del pelotazo urbanístico.

O los gestores del Real Zaragoza reflexionan y su prioridad vuelve a ser el proyecto deportivo y no la remodelación del estadio, o el Zaragoza no logrará el ascenso a Primera División que es el único camino que garantiza la viabilidad económica del equipo en el corto, medio y largo plazo.